Popularidad vs. legalidad

Por: Raúl Trejo Delarbre

Andrés Manuel López Obrador se encuentra tan engolosinado con la posibilidad de que le quiten el fuero, que ya escribió el discurso que espera leer en San Lázaro. Así se lo platicó ayer a Carmen Aristegui. Parece más preocupado por saber si la televisión nacional transmitirá la sesión en donde la Cámara de Diputados decidiría si el desafuero procede o no, que por la decisión que deba tomar, antes, la Sección Instructora.

El aplazamiento hasta pasado mañana para que esa Sección se reúna mantendrá el suspenso que tiene en vilo al mundo político. Más tiempo, difícilmente nutrirá de mejores elementos de juicio a los diputados de esa comisión. Pero dará mayores márgenes a la murmuración que encuentra espacio lo mismo en mentideros políticos que, sorprendentemente, en primeras planas como las de Milenio.

Muchos ciudadanos se oponen al desafuero. Entre ellos se encuentran desde quienes consideran que cualquier delito que pueda haber cometido se le debe dispensar a López Obrador por las posibilidades que tiene de ganar las elecciones presidenciales hasta los que, temerosos de una reacción violenta de los partidarios de ese personaje, exhortan a que no avance el proceso de desafuero.

En todos esos casos, los argumentos para descartar el desafuero son de índole política. Sin embargo, prácticamente nadie, desde el campo de quienes se han alineado tras los intereses del jefe de Gobierno, ha querido reconocer las implicaciones que, para la legalidad, tendría el rechazo al desafuero.

Si lo que se busca al mantenerle el fuero al jefe de Gobierno es evitar conflictos, o reconocer la simpatía que tiene de acuerdo con las encuestas, habría que decirlo con toda claridad. Sería preciso reconocer, con todas sus letras, que se busca una solución política a contracorriente del orden jurídico que tenemos.

Hay quienes, con recelo o sarcasmo, dicen que la legalidad se encuentra tan devaluada en nuestro país que más vale hacerla a un lado en este caso. Con ese argumento habrá que allanarnos, entonces, a una aplicación siempre discrecional, de acuerdo con la correlación de fuerzas políticas, de las disposiciones legales. Con posiciones similares se podrían dispensar los abusos de los macheteros de Atenco o incluso los crímenes en Tláhuac.

Entre quienes abogan por una solución política, al margen del orden jurídico, se encuentra don Javier Quijano Baz. A comienzos de septiembre pasado ese abogado publicó un estruendoso artículo en donde sostenía que quitarle el fuero a López Obrador equivaldría a un golpe de Estado. Entre otras varias, esa posición tan discutible encontró respuesta en esta columna, el 9 de septiembre.

En aquella ocasión señalamos que un golpe de Estado es algo tremendamente distinto al desafuero. Un golpe así, recordábamos, implica el empleo de vías ilegítimas para buscar el poder político mediante el desplazamiento, o la sustitución, de un gobierno o un gobernante con actuación de órganos del Estado y ruptura del orden constitucional.

Don Javier esperó 5 meses para replicar y el 14 de febrero pasado, en Milenio, intentó rebatir aquellas precisiones. A él le parece que el desafuero de López Obrador cumple con cada una de las condiciones que señalamos para un golpe de Estado —y que sintetizamos de varios textos de ciencia política—. El lunes pasado insistió en esa opinión en el noticiero del Canal 40.

Ese distinguido abogado se vuelve a equivocar. La declaración de procedencia es un mecanismo plenamente legítimo, previsto en la Constitución para que las faltas de los servidores públicos protegidos con fuero no queden sin sanción cuando la Cámara de Diputados así lo considere pertinente. No implica, desde luego, ruptura alguna del orden constitucional. Al contrario. (Don Javier, además, me identifica como “jurista y analista político”. Lo primero no lo soy, mi formación académica se encuentra en las ciencias sociales. Lo segundo, intento serlo pero cada vez tengo más dudas al respecto).

Llama la atención —y suscita profunda preocupación— que un abogado con el prestigio y la trayectoria de Quijano soslaye las condiciones jurídicas de este caso y reivindique una de las de carácter político. Para él, retirarle el fuero a López Obrador equivaldría a un golpe de Estado porque se trata de un personaje con gran aceptación en las encuestas y que puede ser Presidente de la República.

Esa argumentación es muy riesgosa. La suposición de que la popularidad y las posibilidades políticas de un ciudadano lo eximen de responder a la ley forma parte de la obnubilación colectiva que ha ocasionado la polarización en torno a este caso.

Así, mientras sus partidarios se confunden y los adversarios desesperan, López Obrador aguarda el momento en que podrá confirmarse como víctima de una conspiración que jamás pudo acreditar, pero que le resultó tan eficaz en el terreno de la propaganda.

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