mayo 08, 2006

Pepe Cárdenas entrevista a Oscar Mario Beteta en relación a amenzas recibidas

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Las mentiras de López Obrador en el Distrito Federal...

Otra mentira comprobada de un insigne priista ahora presidente del PRD: Leonel Cota

Recibe Radio Fórmula amenaza de muerte contra Óscar Mario Beteta

Oscar Mario BetetaRedacción
La Crónica
2006-05-08

El periodista Oscar Mario Beteta, titular del noticiero matutino de Radio Fórmula, recibió amenazas de muerte de parte de un sujeto que dijo pertenecer a un grupo de sicarios de Los Zetas y que se comunicó vía telefónica a la radiodifusora.

La llamada ingresó la semana pasada al multilínea 01800 800 09 70 y el mismo tipo advirtió que además secuestrarían a la esposa e hijo del comunicador.

Alrededor de las 12:00 horas, durante la transmisión del programa Todo para la Mujer, por el teléfono se escuchó una voz amenazadora de un hombre que aseguró pertenecer a la organización de Los Zetas:

“El día de hoy viajamos 30 integrantes de Los Zetas a la ciudad de México, porque vamos a secuestrar a la esposa de Oscar Mario Beteta y a su hijo, pero también lo vamos a matar”.

La operadora pidió a esa voz identificarse, pero la respuesta fue: “¿qué me cree pendejo o qué? Sólo dígale que es de parte de Tony Tormenta, él sabe muy bien quién es. Ya estamos hartos de sus comentarios contra López Obrador; dígale que se prepare”.


En Tamaulipas se dice que Tony Tormenta es hermano de Osiel Cárdenas y capo de la Plaza de Matamoros.

La multilínea 01 800 por la que entró el telefonema, no registra el número del cual se llama, pero la voz mencionó que estaba “en Tamaulipas”.

De esta amenaza ya fue enterada la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República, a través de sus direcciones de Comunicación Social.

Sin sustento legal estatizó AMLO 12 mil 500 predios

Raymundo Sánchez
La Crónica
2006-05-08

Sin argumentos legales sólidos, ni una partida presupuestal para pagar indemnizaciones como lo establece la ley en la materia, Andrés Manuel López Obrador emprendió desde el inicio de su gobierno una agresiva política de expropiación de predios e inmuebles que alcanzó un total de dos millones 900 mil 660.36 metros cuadrados divididos en 12 mil 581 lotes.

El avalúo de todos estos predios, según expertos, es de al menos unos 14 mil 503 millones 301 mil 800 pesos, a razón de cinco mil pesos el metro cuadrado en promedio.

Esta política de expropiación de predios fue operada de manera silenciosa por el tabasqueño, pues nunca fue dada a conocer en público, por lo que tomó por sorpresa a los propietarios de los predios a quienes se arrebató su patrimonio. Fueron a la brava.

En la mayoría de las expropiaciones efectuadas, el tabasqueño determinó argumentar como utilidad pública la edificación de viviendas, aun cuando dentro de las doce causales en la ley de Expropiación ésta no figura.

A lo mucho, se señala el “beneficio de la colectividad y el mejoramiento de centros de población y de sus fuentes de vida”. Sin embargo, en este caso no se beneficia a la colectividad sino a determinados grupos.

En la mayor parte de los casos, según se desprende de una revisión de los decretos expropiatorios, el gobierno ni siquiera contaba con avalúos de las propiedades de las que se apropió.

Por todo lo anterior, actualmente el gobierno capitalino, a través de la Consejería Jurídica, enfrenta 88 amparos en su contra y 51 recursos de revocación.

Esta política de expropiaciones se dio en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.

En el primer mes de su gestión (diciembre de 2000) López Obrador expropió 59 lotes que abarcan, en su conjunto, nueve mil 643.38 metros cuadrados. Fue sólo el inicio, pues las expropiaciones fueron apareciendo, en cascada, en las gacetas oficiales, órgano de información de la administración capitalina.

En todo el año siguiente (2001), López Obrador expropió dos mil 68 lotes con una superficie total de 416 mil 636.97 metros cuadrados; en 2002, cinco mil 227 predios con una extensión de un millón 97 mil 822.85 metros cuadrados.

En 2004, cuando estallaron los videoescándalos de su administración y se abrió el proceso judicial en su contra, precisamente por no acatar una orden judicial que ordenaba regresar a sus propietarios el predio El Encino, la administración de López Obrador redujo las expropiaciones a mil 557 terrenos con un área de 321 mil 746.49 metros cuadrados.

En su último medio año de gestión (enero-julio de 2005), López Obrador estatizó 321 mil 746.49 metros cuadrados, distribuidos en mil 454 lotes.

La Consejería Jurídica informó a Crónica que de los 88 amparos presentados hasta febrero pasado contra las expropiaciones, 58 ya han sido concluidos y 30 se encuentran en trámite. Sin embargo, no detalló cuántos se resolvieron a favor del despojado.

De igual forma, indicó que de los 51 recursos de revocación interpuestos en la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, 15 están concluidos y 36 en trámite.

Falta de previsión. De acuerdo con especialistas para llevar a cabo expropiaciones, los gobiernos deben contar con la previsión presupuestal suficiente. Sin embargo, en el DF, esto no se tomó en cuenta.

En el presupuestos de egresos del Distrito Federal no existe una partida para pagar las indemnizaciones, las cuales podrían ascender a casi nueve veces la cantidad a la que se condenó a pagar a López Obrador en 2003, por el Paraje San Juan.

Copa el GDF con carteles pro López 60% de mupis

Alejandra Sánchez Inzunza
La Crónica
2006-05-08

El Gobierno del Distrito Federal atiborró más del 60 por ciento de los mupis, propiedad de la empresa Equipamientos Urbanos de México (Eumex), con propaganda pro Andrés Manuel López Obrador, es decir, unos mil 407 de los dos mil 500 que tiene la firma en toda la ciudad de México.

En menos de 72 horas la administración de Alejandro Encinas realizó un “operativo” en el que abarrotó las principales vialidades de la capital con anuncios que defienden al candidato presidencial de la Alianza por el Bien de Todos, sin haber notificado previamente a la firma.

Por el despojo ejecutado por las autoridades contra Eumex, el gobierno se ahorró al menos seis millones 650 mil pesos por colocar sus anuncios, pues, determinó quitar a la empresa la explotación y operación de esos inmuebles cuya renta para publicidad es de dos mil 500 pesos mensuales por unidad.

Actualmente hay cerca de dos mil 500 mupis en la ciudad, de los cuales, 155 fueron retirados, y mil 407 ya han sido ocupados por propaganda del GDF, informó el representante legal de la compañía, Eduardo Macías.

La leyenda: “¿Por qué buscas el negrito en el arroz? Que no te digan mentiras, las cosas bien pensadas siempre dan de qué hablar”, suplió la publicidad pagada por decenas de clientes del grupo español en cientos de parabuses ubicados en avenidas como Insurgentes, Chapultepec, Palmas, Revolución, Tlalpan y Mariano Escobedo.

Sin efectos legales, revocación de permiso a la empresa

La revocación del Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), con la cual, el Gobierno del DF se ha valido para retirar cientos de carteles de publicidad colocados por la empresa Equipamientos Urbanos de México (Eumex), no tiene efectos legales: la administración local rescindió un permiso que ya no era válido. El dos de abril de 1997, Servicios Metropolitanos (Servimet) firmó un nuevo convenio con la firma española el cual permite la explotación de dos mil 500 mupis en el Distrito Federal por un lapso de 10 años.

El documento en poder de Crónica, suplió al PATR firmado entre la paraestatal y Eumex, y por tanto, todavía sigue vigente.

Se autoriza el otorgamiento de un permiso administrativo temporal revocable a título oneroso en favor de Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. para instalar de mil 500 a dos mil 500 cobertizos en diferentes ubicaciones de la ciudad, apunta el oficio.

La revocación del permiso administrativo otorgado a Servimet fue respecto al convenio de 1994, el cual quedó insubsistente con la firma, tres años después, del nuevo documento.

Así lo indicaron fuentes del Gobierno capitalino y de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario, quienes con base en este documento aceptaron que la administración local revocó un permiso que ya no era vigente. (A.S.I.)

En diversos desplegados, la administración capitalina inició una campaña que busca revertir los “siete pecados de la capital” —nombrados así por el Partido Acción Nacional— como crítica a los errores cometidos durante los gobiernos de López Obrador y Alejandro Encinas.

Esta campaña promueve las finanzas “sanas”, la “reducción” de la contaminación y la creación de empleo en la ciudad a raíz del gobierno perredista del tabasqueño.

Según Macías la disposición del gobierno de realizar su campaña con fines políticos y electorales a través del mobiliario de Eumex constituye una violación a ley, la cual prohibe propaganda en publicidad exterior.

De hecho, el contrato firmado entre Eumex y Servimet dice en el inciso J que la empresa no puede instalar publicidad del tipo político.

“Nosotros siempre nos mantuvimos al margen de la política y lo primero que ellos hicieron es una campaña descarada para defender a López Obrador”, dijo el abogado.
El representante jurídico de la empresa acusó al GDF de violar un amparo al quitar de manera violenta los anuncios de sus mupis de piedra.

Aseveró que el gobierno capitalino incurrió en una inejecución de sentencia al apropiarse de los muebles.