junio 03, 2006

AHORA SÍ que la tiene difícil Felipe Calderón.

Templo Mayor
F. Bartolomé
Reforma
Viernes 2 de junio

COMO SI estuvieran en un tianguis, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo han estado estos días ofreciendo -"bara, bara, lleve, lleve, pásele güerita"- su mercancía electoral con grandes descuentos.

CUANDO el "barchante" AMLO anunció que su propuesta era para los que ganan menos de 9 mil pesos mensuales, el "baisano" Madrazo se vio más generoso y ofreció exentar del ISR a los que ganan 10 mil.

CLARO QUE ninguno de los dos dijo que quienes ganan menos de 6 mil pesos desde hace mucho que están exentos del Impuesto Sobre la Renta.

LA APUESTA del priista y el perredista es que tanta generosidad les ayude a subir uno que otro puntito en las encuestas. Si sus propuestas son viables o no... ése es otro problema.

¿QUÉ LE QUEDA, entonces, a Calderón por hacer? Si quiere entrarle al tianguis de las promesas por los votos, pues a lo mejor tendría que ofrecerle exenciones a los que ganan menos de 20 mil pesos. O mejor ¡a los de 50 mil!, pa' que amarre.

Y YA DE PASO no sólo ofrecer descuentos en agua, gasolina y gas, sino también en boletos de cine, partidos de futbol, revistas porno y tacos de suadero.

Ésta es la historia política de Manuel Bartlett Díaz, ahora operador del voto a favor de Andrés Manuel López Obrador:

Carlos Ramírez
Indicador Político
El Financiero
www.indicadorpolitico.com.mx
http://twitter.com/carlosramirezh
http://carlosramirez2.blogspot.com
carlosramirezh@hotmail.com
Viernes, 2 de junio de 2006

• Bartlett: narco, crímenes, fraudes, CSG.
• AMLO, exculpación-bendición bíblica.


Cuando la PGR descubrió en 1985 que narcotraficantes portaban credenciales de la Federal de Seguridad firmadas por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, éste llamó al procurador Sergio García Ramírez para decirle que le urgía tener esas placas para iniciar una severa investigación. Una vez que llegaron a Bucareli, las credenciales simplemente desaparecieron.

El país estaba sacudido ese 1985 por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. El embajador estadounidense John Gavin amenazó con revelar la lista de funcionarios políticos y policiacos que protegían a narcotraficantes. La presión estadounidense obligó a Bartlett a encarcelar a jefes de la Federal de Seguridad, además de destituir a su director de policía política, José Antonio Zorrilla Pérez, y quitarle la nominación como candidato a diputado local por Hidalgo.

Un año antes, el 30 de mayo de 1984, el columnista Manuel Buendía cayó asesinado cuando se disponía a difundir nombres de policías y funcionarios vinculados al narcotráfico. Luego de varios años, el gobierno de Carlos Salinas encarceló a Zorrilla Pérez por el cargo de responsable del crimen del periodista. Dos datos quedaron en el aire: Zorrilla, le dijo Miguel de la Madrid a Jorge G. Castañeda para su libro La herencia, fue impuesto por Bartlett. Y al final, Zorrilla no fue el asesino de Buendía, pero su encarcelamiento permitió proteger a Bartlett de cualquier indagación judicial.

Por pertenecer a la burocracia de Gobernación, Bartlett participó en las complicidades de la "guerra sucia" contra la disidencia política. Al asumir la Secretaría de Gobernación en diciembre de 1982, también se quedó con los archivos de la represión y con la policía política represiva. El asesinato de Camarena Salazar fue hábilmente aprovechado por Bartlett para disolver la Federal de Seguridad y para crear la dirección de Investigación y Seguridad Nacional. Sin embargo, a la DFS de Bartlett le tocó parte de la represión criminal del Estado contra la disidencia política.

En julio de 1986, Manuel Bartlett Díaz fue el encargado de operar el fraude electoral en Chihuahua para impedir la victoria panista del candidato Francisco Barrio Terrazas y para imponer al priista Fernando Baeza. Uno de los brazos operativos en ese fraude fue Elba Esther Gordillo, entonces bajo el control político de Manuel Camacho Solís. El fraude fue tan escandaloso que varios intelectuales -como Carlos Monsiváis, Octavio Paz, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín- pidieron la anulación de las elecciones. En su libro La presidencia imperial, Krauze narra el encuentro de los intelectuales con Bartlett. Ahí Bartlett definió la política del "fraude patriótico": impedir por cualquier vía el ascenso de la derecha panista en Chihuahua. En 1992 el PAN de Barrio ganó la gubernatura.

Dos años después, en 1988, Bartlett fue el operador del fraude electoral para entronizar a Carlos Salinas en la presidencia. Bartlett era secretario de Gobernación, candidato presidencial perdedor y simultáneamente presidente de la Comisión Federal Electoral. Bartlett operó la caída del sistema -le confesó también De la Madrid a Castañeda en La herencia- para impedir la difusión de los primeros datos que daban como triunfador a Cuauhtémoc Cárdenas. La caída del sistema impidió el recuento democrático de los votos.

Hoy enemigo histórico del neoliberalismo, Bartlett fue uno de los corresponsables de las reformas neoliberales de Carlos Salinas de 1991-1993, primero como secretario de Educación Pública y luego como gobernador priista de Puebla en el periodo 1993-1999. La privatización del ejido ocurrió en 1992 y formó parte de la contrarrevolución priista. Nada dijo entonces Bartlett contra el neoliberalismo.

Peor aún, el primer gobierno del ciclo neoliberal fue el de Miguel de la Madrid, de diciembre de 1982 a diciembre de 1988. Ahí se reprivatizó el 34 por ciento de la banca expropiada, se comenzó a privatizar el sector paraestatal, se reformó el 28 Constitucional para disminuir el papel económico y social del Estado y se consolidó el grupo neoliberal de Carlos Salinas. En ese gobierno, Bartlett fue el cancerbero político como secretario de Gobernación y el encargado de imponer a Carlos Salinas como el continuador del modelo neoliberal y reprimir a los que rechazaban la neoliberalización.

Hoy, sin embargo, Bartlett quiere presentarse como el adalid del priismo antineoliberal, aunque desde Gobernación en 1982 le tocó controlar al PRI para la imposición de reformas, entre ellas el cambio de los documentos básicos en 1987 para finalizar el ciclo revolucionario e introducir el Plan Nacional de Desarrollo de De la Madrid-Salinas como el eje ideológico del PRI neoliberal. Bartlett no sólo no se opuso sino que su papel fue clave para modificar la ideología del PRI, para manejar políticamente la salida de Cuauhtémoc Cárdenas del partido y para fortalecer al grupo de Salinas encabezado por Manuel Camacho, Joseph-Marie Córdoba y Rogelio Montemayor.

Bartlett se quiere olvidar de ese pasado para conseguir la bendición de López Obrador. Pero ahí están los datos. Luego de que acusó a Córdoba de ser socio de Kamel Nacif, el exoperador salinista escribió una carta que fue publicada en Reforma el pasado 24 de marzo. En ella Córdoba narra cómo Bartlett le pidió a Salinas en noviembre de 1988, vía Córdoba, la PGR y se la dieron, pero luego Bartlett se arrepintió "porque temía por su vida". Pidió la SEP porque quería ser el Vasconcelos moderno y se la dieron. Luego pidió la gubernatura de Tabasco y Salinas se la concedió por dedazo, pero luego dijo que no porque ese estado era "un infierno climático y político" y pidió la gubernatura de Puebla porque le sentaba mejor el clima del altiplano. Por dedazo, el neoliberal Salinas le entregó la gubernatura. Y fue Córdoba precisamente quien operó su destape.

Hoy López Obrador acaba de lavarle la cara sucia a este Bartlett de la historia negra y roja del sistema priista.


(Lea el Diario de Campaña de Carlos Ramírez, todos los días desde las cinco de la tarde en www.lacrisis.com.mx o www.indicador-politico.com.mx.)

Encuesta GEA-ISA: Calderon 34 % - AMLO 26 %


Para ver el estudio completo haz click aquí.

Universidad para todos, trabajo para unos pocos

Jorge Fernández Menéndez
Excélsior, 2 junio
Razones

La mexicana es la economía 12 del mundo, sin embargo, nuestra competitividad está evaluada debajo del lugar 50 a nivel internacional. Uno de los capítulos decisivos para establecer la competitividad de un país pasa por la calidad de su educación. Según un reciente estudio de la OCDE, para que México alcance la calidad educativa de las naciones industrializadas, siguiendo la ruta actual, se requerirían 50 años: si se quiere alcanzar el nivel de nuestro más importante socio comercial, Estados Unidos, necesitaríamos 70 años. La calidad de nuestra educación se ha convertido en una traba para el desarrollo.

En muchas oportunidades hemos sostenido en este espacio que la posibilidad de que López Obrador alcance la Presidencia implicaría un regreso al pasado que en muchos sentidos resulta preocupante. Pero pocas cosas he visto con mayor preocupación como el mensaje que presentó ante los rectores de las universidades públicas, en el encuentro de la ANUIES, en Veracruz. No sé quién asesora en estos temas a López Obrador, pero lo dicho es, lisa y llanamente, una barbaridad: el candidato sostuvo que, de llegar a la Presidencia, pondrá fin a los rechazados en la universidad y el presupuesto de las universidades públicas ya no se condicionará a la calidad de la enseñanza, sino a la cobertura de su matrícula. Dijo más López Obrador: que él quisiera "que hubiera calidad en la enseñanza, pero en un país como el nuestro eso, aunque es importante, no es lo más urgente, lo más urgente es la cobertura". Fue más allá: que el principal punto que trató con los rectores fue eliminar la existencia de jóvenes rechazados porque la calidad se utiliza "como pretexto" para que no ingresen quienes reprueban el examen de admisión.

La intención puede ser buena: otorgarle mayor oportunidad a los jóvenes e incluso algunos dirían que serviría para sacarlos de la calle. Pero la propuesta de López Obrador provocaría daños irreversibles a nuestro sistema educativo y productivo, sería un golpe fatal a la competitividad del país y al futuro de esos jóvenes. Primero, ¿quién le dijo a López Obrador que todos ellos, sin excepción, deben y pueden ir a la universidad? En ningún país las cosas funcionan así: de la misma manera que no todos los jóvenes están capacitados para estudiar una carrera universitaria, no todos lo están para ser buenos técnicos u obreros. De nada sirve abrir las universidades públicas a todo el que lo desee: para estudiar una carrera universitaria se requiere un nivel de conocimientos y de capacidad determinados. Adicionalmente, si partimos de la base de que no debe haber rechazados y si López Obrador considera que el no aprobar los exámenes de ingreso es sólo un "pretexto", se debería concluir que lo mismo ocurriría con las evaluaciones a lo largo de su carrera. En otras palabras, con sólo ir a la universidad, cualquier joven estaría en condiciones de obtener por lo menos su licenciatura.

El problema no es la cobertura universitaria, sino la calidad. Las universidades públicas necesitan más presupuesto, pero con el fin de mejorar su calidad, competir en condiciones de equidad con las universidades privadas y poder darle a sus egresados mayores oportunidades en el mercado de trabajo. ¿Qué sentido tendría que todos los jóvenes pudieran ingresar a la universidad si, cuando concluyan sus estudios, el mercado de trabajo estaría cerrado para ellos?, ¿cree López Obrador que algún empresario va a contratar a un egresado de una universidad donde se pregona que la calidad de la enseñanza no importa?

Además, según López Obrador, construirá 30 nuevas universidades y 200 preparatorias, con un costo de 123 mil millones de pesos. ¿Con base en qué dice el candidato que las necesitamos? Hoy, casi 50% de los jóvenes de 15 años están fuera del sistema educativo y no por falta de espacios: abandonan sus estudios porque buscan un empleo y, como no existen las suficientes oportunidades en educación técnica y en oficios, terminan realizando las peores labores o emigrando a Estados Unidos. No necesitamos 30 universidades públicas más, como tampoco algunos cientos de miles de licenciados, en derecho, comunicación o sociología, adicionales: el país requiere una enorme cantidad de trabajadores calificados, de mejores técnicos en todos los oficios, para ellos sí hay mercado laboral. Si hubiera menos demagogia y mayor sentido común, esos recursos se deberían destinar a desarrollar, como en todos los países que han logrado su industrialización, universidades de alto nivel junto a una extensa, amplia, red de tecnológicos y escuelas que permitan aprovisionar el mercado con trabajadores que posean los conocimientos suficientes para desarrollar su labor en el mundo laboral actual. Hoy no requerimos más médicos de los que ya tenemos: necesitamos más enfermeras, más técnicos en el área médica, más personal que no estudie una carrera universitaria y pueda insertarse en el mercado de trabajo.

La propuesta de López Obrador, además, termina siendo profundamente elitista: solamente lograría deteriorar la calidad de las universidades públicas hasta hacerles imposible competir con las privadas, que por supuesto continuarán apostando a la calidad y a seleccionar a sus estudiantes y aprovisionando al mercado laboral de alto nivel. No es, finalmente, nada nuevo: un esquema similar utilizó Luis Echeverría después del 68, al masificar las universidades y decir que lo importante era la cobertura y no la calidad.

Los resultados fueron desastrosos y las universidades públicas terminaron perdiendo preeminencia ante las particulares. Es profundamente injusto para nuestras universidades públicas y para los jóvenes que no recibirán la educación que están buscando y una vez egresados no podrán trabajar en su carrera. La clave de la educación superior está en la calidad y, para darle oportunidades a los jóvenes, lo urgente es implementar un sistema educativo integrado al mercado laboral. Lo otro es demagogia pura.