junio 12, 2006

López Hablador (¿Qué más puede hacer?) Miente

Hildebrando, la cortina de humo

Pablo Hiriart
La Crónica
Lunes 12 de Junio de 2006

Ya se vio por qué López Obrador no quería debatir.

Lo de que estaba diez puntos arriba y no lo necesitaba, o que se encontraba muy ocupado recorriendo el país porque él “no le apuesta a la telera”, era pretexto.

En el debate del martes confirmó lo que aquí tanto machacamos: López Obrador no quería confrontar sus ideas con las de sus adversarios porque es un candidato tremendamente frágil.

Él grita en los discursos, y sus clientelas de la plaza pública y de los medios de comunicación le aplauden diga lo que diga.

Era chistoso y ocurrente en las conferencias matutinas como jefe de Gobierno, donde más que una fuente tenía una corte de periodistas que lo cuidaban como escoltas.
Es hábil para escabullirse en las entrevistas, donde la cortesía impide poner contra la pared a un candidato presidencial.

Pero en un debate de iguales, como el del martes, López Obrador quedó de su exacto tamaño.

Apagado, repetía de memoria su catecismo de nosotros los de abajo contra ustedes los de allá arriba.

Pero no resistió la prueba de las críticas directas y fundamentadas, como las que le hicieron Felipe Calderón y en menor medida Roberto Madrazo.

El López Obrador de la noche del martes fue totalmente diferente al de su campaña.

¿Dónde quedó el político echado para adelante que miraba para abajo a sus contendientes porque según él mentían para dañarlo?

En el debate al tú por tú, López Obrador lució indefenso.

Al no poder contestar a las críticas, mostró que está negado para la pluralidad.

Así son los autoritarios. Sólo se sienten cómodos con sus incondicionales, pero son incapaces de contrastar ideas en un debate con reglas.

Para disipar los efectos de su derrota, los aliados de López Obrador le dieron un vuelo inusitado al caso de la empresa Hildebrando.

Una truculenta historia construida a manera de salvavidas para rescatarlo del naufragio del debate.

Delante de los demás candidatos y de cara a la nación, López Obrador se quedó callado cuando le dijeron que llevó al Distrito Federal al primer lugar nacional de corrupción, según Transparencia Internacional, capítulo México.

En realidad, hizo bien en no abrir la boca.

En correspondencia, Calderón tuvo la delicadeza de no insistir. Pero habría sido interesante oír que le preguntaran por el dinero que les cobran, a manera de mordida, a los 100 mil vendedores ambulantes afiliados a organizaciones afines al PRD.

O que le cuestionaran por la cuota de 600 pesos al mes que las organizaciones perredistas le cobran a cada uno de los 60 mil taxis pirata de la capital. Son 36 millones de pesos al mes: ¿a dónde va ese dinero?

Que le hubieran preguntado ¿qué pasó con el negocio de terrenos a cambio de puentes en Santa Fe?

Con eso hubiera sido suficiente, para no entrar en el caso Bejarano, Gustavo Ponce y otros allegados suyos.

Pero ni lo elemental que le preguntaron —el reporte de Transparencia Internacional— pudo contestar.

No dijo ni pío cuando Madrazo expuso que el narcomenudeo creció 760 por ciento en los primeros cuatro años de su gobierno en la capital del país.

Se quedó callado cuando Felipe Calderón le echó en cara que tiene archivada como información confidencial por diez años en un fideicomiso toda la documentación respecto del distribuidor vial de San Antonio y de los segundos pisos del Periférico.
No pudo decir nada ante las cifras que ponen al Distrito Federal en último lugar en generación de empleos en toda la República, durante su gobierno.

¿Qué iba a decir?

Es que en lugar de los 800 mil empleos que, según dice en su propaganda, creó cuando fue jefe de Gobierno, hizo todo lo contrario:

Entre 2000 y 2005 en el Distrito Federal, entre puestos eventuales y permanentes, fueron creados apenas cuatro mil 778 empleos, de acuerdo con las tablas estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La tasa de creación de empleos, del orden del 0.21 por ciento, es casi nula y resulta 10 veces inferior a la media nacional. En promedio, es cien veces menos que la tasa de creación de empleos en Querétaro, Tabasco, Coahuila, Baja California Sur, Chihuahua, Campeche y Quintana Roo.

Y si hablamos de empleos permanentes, el gobierno de López Obrador en lugar de crear los 800 mil que dice, en realidad destruyó 73 mil 206 puestos de trabajo, con lo que vuelve a estar en el cuadro de las medallas como la segunda entidad que más empleos perdió en todos el país.

Durante el debate del martes López Obrador intentó una leve defensa cuando le dijeron que con su administración el DF cayó al último lugar en desarrollo económico.

Contestó que el bajo crecimiento es un problema general en el país y que a fin de cuentas es el gobierno federal el que tiene las herramientas para impulsarlo.

Sí, el gobierno federal es clave en el crecimiento general de la economía, pero los gobiernos estatales son los encargados de crear condiciones para atraer inversión productiva.

Por alguna razón el Distrito Federal fue, en el periodo 2000 a 2004, la única entidad del país que registró un índice de crecimiento económico negativo: menos 1.75 por ciento, de acuerdo con las cifras más recientes del INEGI.

Y por alguna razón, también, un estado como Durango creció en ese mismo periodo 16.06 por ciento. O Quintana Roo, que creció 18.74. Campeche a 13.27. Nuevo León a 11.46, o Chiapas a 10.28.

El crecimiento económico promedio en las entidades del país fue de 6.0 por ciento.

Muy por encima del DF que fue, como ya apuntamos, de menos 1.75 por ciento.

Con esos datos duros, es obvio que López Obrador no podía dar respuesta alguna.

Y se entiende también por qué no quería ir al debate. Y por qué le fue mal.

Callado se tuvo que quedar ante la afirmación de que en el Distrito Federal, en su gobierno, la delincuencia creció como nunca.

Con López Obrador el DF pasó a ocupar el primer lugar nacional en crecimiento de la delincuencia. Mudo se quedó ante eso el candidato presidencial del PRD.

Luego dijo, vagamente, que la delincuencia en el país es producto de la pobreza. O sea, en su lógica, los pobres son delincuentes por definición.

Si así fuera los índices más altos de delitos en el país los encontraríamos en Oaxaca y en Chiapas. Y da la casualidad de que esas dos entidades reportan los indicadores de delitos más bajos de toda la República.

Se quedó mudo cuando Felipe Calderón le cuestionó su publicitado apego a la austeridad. No pudo explicar por qué Nico, su chofer, tenía un sueldo neto superior a los 70 mil pesos mensuales.

Después del debate volvió a aparecer el López Obrador de siempre.

Se fue al zócalo donde estaban sus partidarios y le volvió el alma al cuerpo.
Alzó los brazos como si hubiera ganado.

De nueva cuenta volvió a gritar: “¡creyeron que iban a cenar pichón, pero les salió un gallo!”.

Claro, el grito fue cuando ya no tenía a sus contendientes enfrente ni nadie que lo cuestionara.

El país lo había visto perder. Agazapado, indeciso, sin ideas. Perdió.

phiriart@cronica.com.mx

Encuesta de El Universal

Extorsión, robo y chantaje en la campaña de AMLO

Documentos en poder de El Economista revelan que cuando AMLO era Jefe de Gobierno se decidió obtener dinero con qué financiar su campaña, inflando los presupuestos de la obras públicas y robándose los sobre costos.

Luis Enrique Mercado
El Economista
12/06/2006 07:56

Los gastos de campaña de Andrés Manuel López Obrador estarían financiados con dinero ilícito obtenido a través de la extorsión, el chantaje y el saqueo que el gobierno perredista hace en la ciudad de México.

Documentos en poder de El Economista revelan que cuando López Obrador era Jefe de Gobierno de la ciudad se decidió obtener dinero con qué financiar su campaña presidencial, inflando los presupuestos de la obras públicas y robándose los sobre costos; chantajear a los proveedores del Gobierno del Distrito Federal a cambio de recibir obras públicas y extorsionar a vendedores ambulantes, giros negros, taxistas y microbuseros y a la policía capitalina.

No obstante que algunos de los proveedores han amenazado con denunciar el chantaje, el gobierno de López Obrador pudo disuadirlos de que no lo hicieran.

La estrategia para buscar recursos adicionales a los del IFE con qué financiar las ambiciones políticas de López Obrador se inició en 2003.

En abril del de ese año, CSP (Claudia Sheinbaum Pardo) puso en blanco y negro la estrategia para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y estableció que habría que usar todas las fuentes de dinero de que dispone el Distrito Federal para conseguirlo.

El documento establece que una vez obtenido el dinero, “se deben buscar mecanismos para su aplicación de manera que no puedan ser contabilizados en los topes de campaña”.

El documento establece el perfil de quien debe manejar el dinero y las fuentes a utilizarse, está firmado sólo con las iniciales del autor y en esa misma forma identifica a los responsables de cada uno de los programas.

Documentos posteriores, suscritos por APM (Alberto Pérez Mendoza, actual Coordinador de Defensa del Voto de la Campaña de AMLO) y NMG (Nicolás Mollinedo Bastar, director de Logística de Campaña y amigo personal de AMLO) establecen responsables de cada uno de los programas, precisan las estrategias a aplicar y analizan los resultados obtenidos.
El documento suscrito por CSP, justifica la estrategia a aplicar con el argumento de que el candidato no posee recursos económicos requeridos para el cumplimiento de la meta, ya que aunque el IFE provee recursos económicos importantes, “nadie se atiene a la ley”. Y por la propia mecánica de las campañas electorales es indispensable contar con otra fuente de financiamiento.

CSP establece que esos recursos deben ser manejados de tal manera que no puedan ser contabilizados en los topes de campaña y por eso se sugiere que quien maneje los dineros “no debe estar en la estructura de gobierno, o debe estar en un nivel donde no pueda ser identificado”.

Se sugiere que tenga conocimientos financieros y de programación presupuestal, que sea muy disciplinado, que no sea ostentoso, que tenga una vida ordenada, que no beba ni sea fiestero, que tenga poca vida social y que se identifique plenamente con la causa.

El Economista investigó que quien cumplió con el perfil exigido fue Octavio Romero Oropeza, ganadero de Tabasco, muy amigo de AMLO y quien actuara como oficial mayor en el Gobierno del DF y quien se encarga del manejo de los dineros en la campara presidencial de la coalición Por el Bien de Todos.

CSP señala en su documento que para obtener recursos hay que “buscar proveedores afines y darles proyectos de obra (distribuidor vial, segundo piso de Periférico y Viaducto y otras vialidades, y pagarles a tiempo para que no incurran en gastos financieros y pedirles su apoyo económico en retribución”.

Sugiere identificar a los proveedores más proclives (sic), identificar a uno o varios y pedirles sobreestimaciones, facturación parcial y pagar el resto por fuera.

“Con algunos de ellos quedaremos en deuda; sin embargo, al llegar a la Presidencia se les recompensará con más proyectos”, dice CSP.

Luego enumera otras fuentes de recursos: giros negros, ambulantes del centro de la ciudad, hermandad de la policía, proyecto de vivienda popular, placas de taxis y microbuses, asociaciones de taxistas tolerados y funcionarios de gobiernos estatales y municipales afines.

Los responsables

Un documento, aparentemente posterior, ya que carece de fecha visible y sólo se identifica como Documento 9, Nota Informativa Confidencial, establece quiénes son los responsables de cada uno de los proyectos.

AMP (Alberto Pérez Mendoza, coordinador de defensa del voto de la campaña de AMLO) y CSP se encargaron de “disuadir” a las empresas constructores que cooperaron a fondo, pero que están dispuestas a testificar que sobrefacturaron y por ello, APM tiene que armar una lista de empresarios calificando su lealtad, preparar demandas por incumplimiento, hablar con el Maestro (aparentemente se refieren a Bernardo Batiz) para que asigne un Ministerio Público leal.

En materia de prensa el responsable CYC (César Yañez Centeno, actual vocero de la campaña de AMLO) debe vigilar que los informadores que “se beneficiaron con asignaciones resupuestales de promoción y que podrían voltearse en los últimos dos meses de la campaña”.

Por ello, debe hacer una lista de informadores calificando su lealtad, preparar información curricular y de su vida personal, independientemente de su lealtad, incluso reporteros de La Jornada; emprender acciones (no se dice cuáles), en contra de informadores enemigos, como Pedro Ferriz, Pablo Hiriart, Óscar Mario Beteta, Jaime Sánchez Susarrey y Ramírez.

Por su parte, MEC (Marcelo Ebrard Casaubón, candidato al gobierno del DF) debe enfrentar una bomba que les preocupa. Alejandra Barrios entró a la lista de diputados plurinominales con el apoyo de la CROC “y seguramente buscará vengarse por su encarcelamiento”. MEC tiene que introducir aliado al grupo de Barrios para disuadirla y no aceptar más apoyos del fondo (no se dice cuál).

MEC y JOM (Jesús Ortega Martínez, coordinador Político de la campaña de AMLO) debe buscar el apoyo de la hermandad de policía, por que necesita acallar diferencias internas, analizar el retiro del apoyo al grupo de Rafael Avilés en el control interno de la hermandad, verificar que el 40% de los ingresos se depositen en las cuentas blancas de la campaña.

Ellos mismos deben ocuparse del caso de los taxis piratas y ante la posibilidad de que existen denuncias, deslindar al PRD de grupos de taxista ilegales como Montaña y Pantera y de la Asamblea de Barrios.

APM recibió la encomienda de vigilar el tema de las aportaciones de los giros negros, “ya que a raíz de la denuncia del Sheraton se tiene información de que un grupo de la embajada americana está recabando información sobre cómo operan los giros negros”. Por ello, APM debe recabar información fehaciente que tenga Lenia Batres, directora general de Regulación de Transporte, de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi).

También APM se encargó de vigilar el progreso del programa de vivienda del INVI y destapar los malos manejos de aquellos que cada mes dan dinero a gente para asegurar vivienda que nunca llegará, analizar las denuncias presentadas ante el propio INVI y convencer a Bertha Elena Luján, contralora general del GDF, para blindar la información.

La evaluación

En octubre del 2004, en un documento titulado Seguimiento al fondeo de la campaña, APM (Alberto Pérez Mendoza) evalúa cómo les está yendo.

Comenta primero sobre los excedentes de las obras del segundo piso. “Fue un acierto que quedaran a cargo de CSP y no de Finanzas, que podría dejar documentos imprudentes por su perfeccionismo”.

Tienen un problema en ese momento, ya que uno de los proveedores más importantes a quien se le pidieron facturas por el doble, nunca estuvo de acuerdo y parece que quiere hablar con el Procurador de la República. “Es necesario disuadirlo”, concluye APM.

Sobre el Metrobús, señala que el estudio económico que se hizo del proyecto indica que habrá excedentes importantes.
Los permisos para giros negros dejan un excelente ingreso y sin riesgo, pues cada delegado asume su responsabilidad. Comenta de puño y letra: “algunos han abusado al tomar su parte”.

El otorgamiento de placas de microbuses, taxis y tolerados no ha sido un ingreso bueno “porque existen muchas manos en medio y hay muchos cabos sueltos”.

En el caso del ambulantaje, “los líderes están bien controlados por Bejarano-Padierna y aportan buena cantidad”.

La hermandad de la policía ha colaborado generosamente y el blindaje legal es absoluto a través de su asociación.

El programa de mejoramiento de vivienda del INVI ha sido un éxito. “Hemos entregado grandes cantidades de dinero a miembros activistas del partido y a personas físicas afines al proyecto, para remodelación”.

Los amigos


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