La SSP DF dijo que el mitin no tuvo mayores incidentes
Reforma
Staff
Ciudad de México (30 julio 2006).- Los cálculos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP DF) y de la Policía Federal Preventiva (PFP) en torno a la asistencia de simpatizantes perredistas al mitin en el Zócalo convocado por Andrés Manuel López Obrador, no tienen ninguna concordancia.
La corporación capitalina aseguró cerca de las 16:00 horas que al mitin acudieron más de 2 millones de personas, mientras que cuatro horas más tarde la Policía Federal estimó en 180 mil a los asistentes.
La SSP DF informó que no hubo mayores incidentes durante el mitin y que hubo 125 atenciones en el Zócalo por parte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), y sólo una persona requirió traslado a un hospital por una posible fractura de pierna.
La dependencia capitalina no dio mayores detalles de su conteo.
Por su parte la PFP informó que su estimación se calculó con el número de vehículos utilizados para ingresar al Distrito Federal, y de la capacidad de la Plaza de la Constitución, así como de las calles aledañas para recibir a los contingentes de simpatizantes.
Alejandro Martínez, comisionado de la PFP, dijo que para esta marcha se trasladaron a la Ciudad de México 2 mil 370 vehículos entre camiones y camionetas de carga, con un promedio de 40 personas cada uno.
Sin embargo, y pese a la enorme diferencia de cifras, autoridades de la PFP rechazaron que con su cálculo se trate de caer en una confrontación de cifras, con los organizadores del mitin y el Gobierno del Distrito Federal.
julio 30, 2006
Juárez contra AMLO
Enrique Krauze
Reforma
30 de julio de 2006
"Yo me inspiro en ese gran Presidente, Benito Juárez..."
Andrés Manuel López Obrador,
Ocotlán, Jalisco, 2 de junio de 2006.
La renovación del Poder Ejecutivo Estatal en Puebla en 1867 dio pie a un conflicto postelectoral. En los comicios celebrados a fines de ese año contendieron Rafael J. García (gobernador interino que renunció al puesto para participar, y resultó el ganador), Ignacio Romero Vargas y el general Juan N. Méndez. La elección fue puesta en tela de juicio porque, desobedeciendo a la autoridad militar, el general Méndez se había marchado a la Sierra de Puebla a lanzar su candidatura sin solicitar permiso al Ministerio de Guerra. La intención de la inconformidad era dar tiempo al general Méndez para presentar en orden su renuncia a aquel Ministerio y contender, de nueva cuenta, con todas las de la ley. El Congreso del Estado de Puebla declaró nulos los comicios.
Aun cuando el ganador, Rafael J. García, era un viejo amigo de Benito Juárez, no logró que el Presidente interviniera en modo alguno en la resolución soberana del Congreso estatal (órgano supremo que calificaba de manera final e inapelable las elecciones). Ante la protesta personal de García, Juárez se limitó a apostillar: "Enterado con sentimiento de lo que pasa en el estado con motivo de las elecciones. Con tal de que no se use de las vías de hecho, creo las cosas podrán irse arreglando." (Nota autógrafa de Juárez en la carta que le dirigió Rafael J. García desde Puebla el 29 de noviembre de 1867.) Tras la celebración de las nuevas elecciones, se refrendó el triunfo de García. El Congreso del Estado de Puebla lo declaró gobernador constitucional, y él tomó posesión de su cargo el 16 de febrero de 1868. Sin embargo, en la región serrana de Puebla, lugar de origen de Méndez, se presentaron algunos amagos de rebelión impulsados por el candidato perdedor y quizá relacionados con otros movimientos subversivos (muy comunes en la época) como el encabezado en la capital por el general Miguel Negrete. En ese momento, el presidente Benito Juárez apeló a los inconformes a respetar la elección ya sancionada por el Congreso del Estado:
"Hoy, que ya se ha electo el gobernador, es un deber de todos aceptar al escogido, sea el que fuere, sin pretender apelar a las armas y sin promover escándalos de ninguna especie, pues las leyes tienen para todo el remedio sin necesidad de apelar a la fuerza." (Juárez al general Juan Francisco Lucas. México, febrero 19 de 1868.)
Al mismo tiempo, y siempre apegado a la ley, Juárez recomendó al nuevo gobernador de Puebla respetar el derecho de petición y prestar oídos a las quejas provenientes de los pueblos de la Sierra. Los inconformes argumentaban la desatención de la Legislatura a sus reclamaciones sobre trámite de las actas de elección:
"Es necesario demostrar con hechos que no tiene empeño la Legislatura del estado, ni interés particular de ningún género, en desoír las peticiones de los pueblos y debe, por lo mismo, recibir las actas de todos los distritos para resolver la cuestión en los términos que señala la ley. Nadie tendrá después el derecho de quejarse porque todos aceptarán el mandato de la ley ..." (Carta de Juárez al gobernador Rafael J. García, México, 25 de abril de 1868.)
En este contexto de protestas en la Sierra de Puebla, Juárez respondió a una misiva enviada desde Zacatlán por Vicente Márquez, personaje que tenía mando de tropas y había sido acusado de rebelión. En su carta a Juárez, Márquez le había manifestado su adhesión. El 25 de mayo de 1868, Juárez le responde dando crédito a la profesión de lealtad, pero acto seguido lo reconviene en términos claros y terminantes: "Los pueblos -apunta el Presidente- están cansados ya de escándalos estériles y ... desean conservar inalterable la paz, sin la cual no habrá progreso posible para el país." Por eso rechazaban a los "revoltosos", cuyo único propósito era "medrar en la revolución". El Presidente agregaba que la Legislatura debía recibir todas las actas y llegar a una resolución. Pero a partir de ese momento -señala con firmeza- "creo también que deben todos respetar esa resolución, sea cual fuere, porque, de otro modo, jamás se hará efectivo entre nosotros el mandato de la ley". Juárez deseaba que se respetaran "las autoridades legalmente constituidas, porque de otro modo no habrá gobierno posible en nuestro país". La carta concluía con una frase memorable:
"Jamás podrá verificarse, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, una elección, sea cual fuere, que sea igualmente agradable para todos; pero deber es y deber sagrado aceptarla, cuando cuenta con la sanción y el voto de la mayoría; de otra manera, serán una farsa entre nosotros, el principio democrático y el Gobierno republicano."
La vía del derecho triunfó sobre las vías de hecho. Privó el mandato de la ley. La resolución soberana del Congreso local se respetó. Rafael J. García fue gobernador constitucional del estado de Puebla durante el período 1868-1869.
Reforma
30 de julio de 2006
"Yo me inspiro en ese gran Presidente, Benito Juárez..."
Andrés Manuel López Obrador,
Ocotlán, Jalisco, 2 de junio de 2006.
La renovación del Poder Ejecutivo Estatal en Puebla en 1867 dio pie a un conflicto postelectoral. En los comicios celebrados a fines de ese año contendieron Rafael J. García (gobernador interino que renunció al puesto para participar, y resultó el ganador), Ignacio Romero Vargas y el general Juan N. Méndez. La elección fue puesta en tela de juicio porque, desobedeciendo a la autoridad militar, el general Méndez se había marchado a la Sierra de Puebla a lanzar su candidatura sin solicitar permiso al Ministerio de Guerra. La intención de la inconformidad era dar tiempo al general Méndez para presentar en orden su renuncia a aquel Ministerio y contender, de nueva cuenta, con todas las de la ley. El Congreso del Estado de Puebla declaró nulos los comicios.
Aun cuando el ganador, Rafael J. García, era un viejo amigo de Benito Juárez, no logró que el Presidente interviniera en modo alguno en la resolución soberana del Congreso estatal (órgano supremo que calificaba de manera final e inapelable las elecciones). Ante la protesta personal de García, Juárez se limitó a apostillar: "Enterado con sentimiento de lo que pasa en el estado con motivo de las elecciones. Con tal de que no se use de las vías de hecho, creo las cosas podrán irse arreglando." (Nota autógrafa de Juárez en la carta que le dirigió Rafael J. García desde Puebla el 29 de noviembre de 1867.) Tras la celebración de las nuevas elecciones, se refrendó el triunfo de García. El Congreso del Estado de Puebla lo declaró gobernador constitucional, y él tomó posesión de su cargo el 16 de febrero de 1868. Sin embargo, en la región serrana de Puebla, lugar de origen de Méndez, se presentaron algunos amagos de rebelión impulsados por el candidato perdedor y quizá relacionados con otros movimientos subversivos (muy comunes en la época) como el encabezado en la capital por el general Miguel Negrete. En ese momento, el presidente Benito Juárez apeló a los inconformes a respetar la elección ya sancionada por el Congreso del Estado:
"Hoy, que ya se ha electo el gobernador, es un deber de todos aceptar al escogido, sea el que fuere, sin pretender apelar a las armas y sin promover escándalos de ninguna especie, pues las leyes tienen para todo el remedio sin necesidad de apelar a la fuerza." (Juárez al general Juan Francisco Lucas. México, febrero 19 de 1868.)
Al mismo tiempo, y siempre apegado a la ley, Juárez recomendó al nuevo gobernador de Puebla respetar el derecho de petición y prestar oídos a las quejas provenientes de los pueblos de la Sierra. Los inconformes argumentaban la desatención de la Legislatura a sus reclamaciones sobre trámite de las actas de elección:
"Es necesario demostrar con hechos que no tiene empeño la Legislatura del estado, ni interés particular de ningún género, en desoír las peticiones de los pueblos y debe, por lo mismo, recibir las actas de todos los distritos para resolver la cuestión en los términos que señala la ley. Nadie tendrá después el derecho de quejarse porque todos aceptarán el mandato de la ley ..." (Carta de Juárez al gobernador Rafael J. García, México, 25 de abril de 1868.)
En este contexto de protestas en la Sierra de Puebla, Juárez respondió a una misiva enviada desde Zacatlán por Vicente Márquez, personaje que tenía mando de tropas y había sido acusado de rebelión. En su carta a Juárez, Márquez le había manifestado su adhesión. El 25 de mayo de 1868, Juárez le responde dando crédito a la profesión de lealtad, pero acto seguido lo reconviene en términos claros y terminantes: "Los pueblos -apunta el Presidente- están cansados ya de escándalos estériles y ... desean conservar inalterable la paz, sin la cual no habrá progreso posible para el país." Por eso rechazaban a los "revoltosos", cuyo único propósito era "medrar en la revolución". El Presidente agregaba que la Legislatura debía recibir todas las actas y llegar a una resolución. Pero a partir de ese momento -señala con firmeza- "creo también que deben todos respetar esa resolución, sea cual fuere, porque, de otro modo, jamás se hará efectivo entre nosotros el mandato de la ley". Juárez deseaba que se respetaran "las autoridades legalmente constituidas, porque de otro modo no habrá gobierno posible en nuestro país". La carta concluía con una frase memorable:
"Jamás podrá verificarse, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, una elección, sea cual fuere, que sea igualmente agradable para todos; pero deber es y deber sagrado aceptarla, cuando cuenta con la sanción y el voto de la mayoría; de otra manera, serán una farsa entre nosotros, el principio democrático y el Gobierno republicano."
La vía del derecho triunfó sobre las vías de hecho. Privó el mandato de la ley. La resolución soberana del Congreso local se respetó. Rafael J. García fue gobernador constitucional del estado de Puebla durante el período 1868-1869.
An Anti-Democracy Campaign
Editorial
The Washington Post
Saturday, July 29, 2006; A18
• Mexico's presidential loser takes a lesson from Joseph Stalin.
ANDRES MANUEL López Obrador's attempt to win Mexico's presidential election with populist promises and posturing was a failure: He repelled Mexicans who don't want their country to drop out of the 21st century, blew a large lead in the polls and ended up losing by a narrow margin to Felipe Calderón. Now Mr. López Obrador has launched a second populist campaign -- this time in an attempt to overturn Mexico's fragile democracy. On Sunday he will preside over the third mass rally he has staged in Mexico City since his 200,000-vote loss was announced by the electoral commission this month; aides say he will urge his followers to undertake acts of disruption. His clear aim is to force the country to install him as president -- whether or not the votes or the legal means exist to do so. "I am the president of Mexico," he declared on television last week.
It is difficult to overstate the irresponsibility of Mr. López Obrador's actions. Until the late 1980s, Mexico was an authoritarian state in which presidential elections were routinely rigged. Then the country's political elite, including Mr. López Obrador's party, came together to agree on a momentous political reform. An independent federal elections institute and federal electoral tribunal were created; over the past decade they have had an impressive record of impartiality and professionalism, even as candidates from once-persecuted opposition parties, including Mr. López Obrador, have won victory after victory. Mexico is still working on some of the institutional foundations of a democratic society, but the electoral authorities were a success story and a model for other nations trying to move from fake to real elections.
Mr. López Obrador is doing his best to destroy that achievement. He has made wild charges of manipulation and fraud against the federal elections institute, without offering any tangible proof; international and independent Mexican observers detected no such abuse. He has demanded that the tribunal, which has until September to rule on challenges to the election, order a full recount of the votes, even though the law does not provide for one. A filing made by his campaign to the tribunal revealingly quoted Joseph Stalin: "It is those who count the votes who decide everything."
In fact, Mr. López Obrador is betting that the threat of chaos in Mexico will sway the seven members of the tribunal to overrule or annul the votes of 42 million citizens, regardless of legal niceties or the actual vote count. His advocates point out that a similar campaign stopped an attempt by his opponents in Congress and the current government to exclude him from the presidential race last year. That maneuver -- which we strongly opposed -- failed when President Vicente Fox wisely and responsibly backed down. Now Mr. López Obrador is making his own attempt to bend a brittle system to his purposes. He, too, should stop.
© 2006 The Washington Post Company
The Washington Post
Saturday, July 29, 2006; A18
• Mexico's presidential loser takes a lesson from Joseph Stalin.
ANDRES MANUEL López Obrador's attempt to win Mexico's presidential election with populist promises and posturing was a failure: He repelled Mexicans who don't want their country to drop out of the 21st century, blew a large lead in the polls and ended up losing by a narrow margin to Felipe Calderón. Now Mr. López Obrador has launched a second populist campaign -- this time in an attempt to overturn Mexico's fragile democracy. On Sunday he will preside over the third mass rally he has staged in Mexico City since his 200,000-vote loss was announced by the electoral commission this month; aides say he will urge his followers to undertake acts of disruption. His clear aim is to force the country to install him as president -- whether or not the votes or the legal means exist to do so. "I am the president of Mexico," he declared on television last week.
It is difficult to overstate the irresponsibility of Mr. López Obrador's actions. Until the late 1980s, Mexico was an authoritarian state in which presidential elections were routinely rigged. Then the country's political elite, including Mr. López Obrador's party, came together to agree on a momentous political reform. An independent federal elections institute and federal electoral tribunal were created; over the past decade they have had an impressive record of impartiality and professionalism, even as candidates from once-persecuted opposition parties, including Mr. López Obrador, have won victory after victory. Mexico is still working on some of the institutional foundations of a democratic society, but the electoral authorities were a success story and a model for other nations trying to move from fake to real elections.
Mr. López Obrador is doing his best to destroy that achievement. He has made wild charges of manipulation and fraud against the federal elections institute, without offering any tangible proof; international and independent Mexican observers detected no such abuse. He has demanded that the tribunal, which has until September to rule on challenges to the election, order a full recount of the votes, even though the law does not provide for one. A filing made by his campaign to the tribunal revealingly quoted Joseph Stalin: "It is those who count the votes who decide everything."
In fact, Mr. López Obrador is betting that the threat of chaos in Mexico will sway the seven members of the tribunal to overrule or annul the votes of 42 million citizens, regardless of legal niceties or the actual vote count. His advocates point out that a similar campaign stopped an attempt by his opponents in Congress and the current government to exclude him from the presidential race last year. That maneuver -- which we strongly opposed -- failed when President Vicente Fox wisely and responsibly backed down. Now Mr. López Obrador is making his own attempt to bend a brittle system to his purposes. He, too, should stop.
© 2006 The Washington Post Company
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