julio 31, 2006

Mensaje de Felipe Calderón Hinojosa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

30/7/06



Muy buenas tardes, en virtud de que la audiencia que me fue concedida por el Tribunal fue una audiencia no abierta a los medios de comunicación, habíamos solicitado ciertamente una audiencia publica pero comprendemos cabalmente las razones el Tribunal, me voy a permitir leer antes ustedes puntualmente lo que expresé ante los 7 magistrados del Tribunal Federal Electoral esta mañana al filo de las 12:00 horas.
Ciudadana y ciudadanos Magistrados:

Agradezco enormemente la oportunidad de poder exponer ante Ustedes nuestros puntos de vista respecto de la elección presidencial que están calificando y aportar elementos que conduzcan a la expedición de la declaratoria de validez de la elección.

He venido aquí personalmente, porque quiero refrendar con mi presencia mi plena confianza en la ley y en las instituciones, incluido el Tribunal Federal Electoral, porque sé que en cada uno de ustedes hay plena conciencia de la repercusión histórica de su resolución. Porque sabemos que dicho fallo que ustedes emitan quedará registrada en la historia y será revisado una y otra vez por las generaciones de mexicanos que nos siguen. Porque sé que cualquiera de ellos que lo revise sólo podrá decir que es una resolución apegada a Derecho y por lo mismo sirvió al pueblo de México en un momento en que la vía de la ley y la de las instituciones estaba puesta a prueba.

Soy un mexicano que cree en la democracia y que está perfectamente convencido de que las diferencias entre los mexicanos, son naturales. Que la pluralidad no sólo no debilita sino que enriquece la vida nacional. Pero que tiene que resolverse por medios pacíficos y no por medios violentos cualquier diferencia que haya entre mexicanos. Que deben resolverse conforme a la legalidad y no conforme a la presión que pueda ejercerse y mucho menos por medios hostiles. Por la vía de las instituciones y no por la vía de las movilizaciones.

Toda mi vida he luchado porque existan elecciones libres y se respete la voluntad de los ciudadanos. Ese ha sido un ideal que ha definido y moldeado al México moderno y una de las principales razones de la lucha del Partido Acción Nacional.

Para mi fortuna he podido participar en la paulatina edificación democrática del país, desde la configuración del primer Tribunal Electoral que con alcances limitados dio ya entonces rumbo a la certeza legal que México necesitaba. Me tocó aprobar como legislador la reforma constitucional que terminó con los Colegios Electorales, marcados por la auto calificación y el interés de los partidos políticos en el Congreso.

Me enorgullece haber seguido en el curso de mi vida a hombres como el que hoy me acompaña Luis Héctor Álvarez, que fue perseguido, amenazado, incluso encarcelado en la lucha democrática. De hombres como él aprendí que había que buscar la democracia en México por medios democráticos aunque nuestro medio fuera profundamente antidemocrático. Luchar de manera no violenta en un entorno terriblemente violento.

Hoy lo que buscamos es lo mismo, aunque en condiciones muy distintas. Buscamos que se respete el voto que los mexicanos emitimos el dos de julio. El voto de los indígenas, el de las amas de casa, el de los trabajadores, el de los profesionistas, el de los padres de familia, el voto de todos, el voto de ustedes, el voto mío.

Hoy México tiene que hacer una definición esencial, si quiere ser una Nación democrática, ordenada y con capacidad de construir su futuro con dignidad y justicia.

La definición no es si la elección fue limpia o no. Esa es una valoración que ustedes harán con claridad y nuestros argumentos no sólo han sido expuestos ya por mis compañeros sino el pueblo de México los conoce: El voto fue libre, tuvimos la elección más competida, pero también la más vigilada y la más participativa de la historia de México. Tuvimos la elección presidencial más democrática. Tampoco la definición principal que debemos hacer es acerca de quien ganó la elección: El cómputo de votos realizado por los ciudadanos arroja una diferencia a nuestro favor que parece pequeña pero que no lo es. Un cuarto de millón de votos. En Alemania la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de tan sólo 6 000 votos. En Italia de menos de 5000. En Costa Rica de 14 000 votos, donde por cierto no hubo un recuento de votos como se ha dicho.

Ganamos además en las encuestas de salida, en todos los ejercicios de conteo rápido realizados el día de la elección, incluyendo el conteo rápido realizado por el propio Instituto Federal Electoral y que no se dio a conocer el 2 de julio sino después. Ganamos según el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Es una irresponsabilidad haber iniciado la descalificación de la elección cuestionando el PREP, para que tres semanas después simple y sencillamente se reconociese que no hubo fraude cibernético por parte de quien esta impugnando la elección.

Ganamos por supuesto en el Cómputo de votos realizado en los Consejos Distritales Electorales. Ganamos también la mayoría relativa en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, ganamos la elección del Congreso, una elección que, por cierto, nadie ha impugnado, a pesar de haberse realizado en las mismas casillas electorales y recibida la votación por las mismas personas.

Ciudadana y ciudadanos Magistrado:

La definición que México debe tomar no es si la elección fue democrática o no fue democrática. Sí lo fue. Tampoco quien ganó esa elección. Nosotros la ganamos. La definición es si las diferencias que tenemos los mexicanos al respecto se van a resolver con movilizaciones y presiones, o con razones y con la ley en la mano. Si puede más la fuerza y la amenaza que la ley y la autoridad electoral. Si 42 millones de votos pueden suplantarse con campamentos y movilizaciones.

Nosotros creemos en la fuerza de la ley. Porque la ley tiene la fuerza de los pacíficos. Crememos en la fuerza de la razón, y no en la razón de la fuerza. Por eso hoy estoy aquí, por eso hoy estamos aquí, dando nuestras razones y no fuera de aquí, dando rienda suelta a la sinrazón.

La elección fue democrática

El proceso electoral que culminará con la calificación de validez de este Tribunal ha sido sin duda uno de los más competidos en la historia, pero al mismo tiempo de más democráticos, transparentes y equitativos.

Los candidatos recorrimos el país sin límites y sin cortapisas. Los medios de comunicación estuvieron abiertos a todas las expresiones políticas y dieron testimonio de la pluralidad en que vivimos los mexicanos. Se han realizado monitoreos constantes que dan constancia de ello. Es más, en materia de cobertura noticiosa, el candidato de la Alianza por el Bien de Todos fue el más y mejor cubierto en los noticieros de radio y televisión en todo el país. También fue el que mayor número de anuncios contrató en televisión

En suma, las elecciones federales para renovar el Poder Legislativo de la Unión y la Presidencia de la República fueron limpias, libres y democráticas. Así lo atestiguaron casi un millón de ciudadanos que fueron funcionarios de casilla y casi un millón y medio de representantes de casilla entre ellos cientos de miles representando al candidato que ha impugnado la elección presidencial. No es justo con esos ciudadanos que, sin aportar una sola prueba en un solo caso, se diga que esos millones de mexicanos fueron comprados o corrompidos. Es una ofensa que ni los ciudadanos ni México merecen.

La jornada electoral fue no sólo fue limpia sino ejemplar según lo atestiguaron los observadores nacionales y extranjeros acreditados y todos los partidos y candidatos a la Presidencia de la República lo reconocimos públicamente así el 2 de julio antes de conociera el resultado electoral.

Se ha argumentado que la elección fue inequitativa. La verdad es que no es así. La Coalición por el Bien de Todos fue la opción política que dispuso un mayor volumen de recursos públicos derivados de las prerrogativas a las que legítimamente tenían derecho. Ello se vio reflejado en el gasto electoral y en los medios de comunicación. Mi partido ha exhibido al respecto varias pruebas que sé que serán debidamente valoradas por el Tribunal, y entre otras las siguientes:

Primero el estudio de "Porción de Audiencia" o "share of voice", realizado por la empresa más acreditada del mundo IBOPE, que demuestra que la publicidad de la Alianza por el Bien de Todos tuvo el mayor porcentaje de audiencia entre el electorado. Esto es perfectamente consistente con el monitorio final de medios de comunicación realizado por el Instituto Federal Electoral y que no fue impugnado por la Coalición por el Bien de Todos, en dicho monitoreo se expresa que la Coalición del PRD fue la que contrató el mayor número de spots televisivos, es decir un total de 319 mil 155 segundos de anuncios, más 296 mil 498 segundos en programas televisivos, para un gran total de 615 mil 653 segundos de televisión contra tan sólo 277 mil 108 del Partido Acción Nacional.

Y lo digo con toda seguridad señores magistrados. Ni la campaña presidencial de 1988, ni la de 1994, ni siquiera la del 2000 registraron el nivel de competencia y presencia equilibrada de todos los partidos y candidatos. En pocas palabras, la campaña no sólo fue equitativa sino que fue la elección presidencial más equitativa de las que se hayan realizado en México.

Por otra parte, los candidatos pudimos debatir, frente a frente, nuestras ideas y propuestas. Es la primera vez que se realizan dos debates presidenciales al que hayan podido asistir todos los candidatos a la Presidencia de la República, sin excepción, y no sólo los punteros. Los debates son por su propia naturaleza oportunidades que igualan a los candidatos en condiciones de expresión ante los electores. Y si no tuvimos más debates, fue por una razón muy simple: porque el impugnante candidato del Partido de la Revolución Democrática se negó tajantemente a ello e incluso declinó participar en el primero. Eso también provocó que comenzara a perder la confianza del electorado.

También se invoca la presencia del presidente de la República en mi favor. Déjenme decirles señores magistrados que eso no es así. Más allá de que en cualquier democracia el gobernante no pierde su carácter de ciudadano e incluso su propia filiación partidaria, a grado tal que en muchos países lo común es que el gobernante sea líder de su partido, en el caso de esta elección no hay un solo elemento que permita afirmar que la actuación del Presidente de la República haya estado al margen de la ley. Es más, por primera vez en la historia de México el Presidente de la República no participa en un solo acto del candidato y del partido al que pertenece. Por lo demás, no hay prueba alguna que demuestre como es posible que la comunicación a la que está obligado el Estado afecte la libertad del ciudadano para emitir su voto.

El Presidente de la República ha sido el funcionario más acotado desde la historia del México moderno. Incluso aceptó someterse al llamado Acuerdo de Neutralidad, a través del cual suspendió durante los 40 días anteriores a la jornada electoral y en el transcurso de la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programas de obra pública o de promoción de imagen personal en todos los medios de comunicación.

Se invoca como causal de nulidad el decir que los programas federales de beneficio social fueron utilizados en mi favor. Eso es rotundamente falso. Falso porque no se exhibe ninguna prueba y falso porque ni siquiera se surte una elemental relación de causa a efecto entre tales programas y la votación en mi favor. En efecto, los programas públicos por una parte estuvieron protegidos mediante acuerdos para el blindaje electoral entre la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales, los gobiernos de los Estados, el Gobierno Federal y el Instituto Federal Electoral y se contó para ello con apoyo del Programa de Nacionales Unidas para el Desarrollo, que protegían a tales programas de cualquier participación o sesgo electoral.

No existe ninguna prueba ni siquiera en casos aislados de casillas y ya no digamos alguna prueba generalizada de que el voto a favor mío o de nadie fuese condicionado a obtener precisamente los beneficios de dichos programas, es decir nadie fue obligado para obtener el beneficio de dichos programas a emitir el voto en favor mío ni de ningún otro candidato. El candidato de la Coalición de la Coalición de Todos obtuvo la mayoría de los votos emitidos en 153 de los 200 municipios con mayor índice de marginación y con mayor cobertura de programas sociales, mientras que el PAN sólo alcanzó mayoría en 20 de ellos. Es decir, no hay una relación de causa a efecto, entre programa social y resultado electoral.

A mayor abundamiento, en el recurso principal en el Distrito 15 del Distrito Federal, impugnado por el PRD, cuyo caso se ha asumido como emblemático o recurso madre, no existen siquiera beneficiarios del programa de Oportunidades o del Seguro Popular. Independientemente de lo absurdo de pretender dar por probados hechos, pruebas y alegatos llevados a cabo ante casillas y consejos electorales distintos, es decir, como fueron distintas las autoridades del Distrito 15 y los 299 Distritos restantes del país, ¿De qué manera incidieron los programas del gobierno federal en nuestro triunfo en el Distrito 15, si no existen ahí esos programas? Este sólo hecho bastaría para ver como el argumento cae por su propio peso.

En cuanto a la jornada electoral, es importante subrayar que fue una jornada verdaderamente civica. Se instaló el mayor número de casillas en todo el país. Prácticamente todas, salvo once, en más de 130 mil fueron instaladas y sin incidentes relevantes. A lo largo del día no hubo más que expresiones de elogio para su organización y para la participación ciudadana. Cabe recordar que los funcionarios de casilla fueron escogidos al azar por insaculación y bien decía el ex consejero presidente del IFE, José Woldenberg que no creía que todos los mexicanos nacidos en enero fueran corruptos. El voto además fue vigilado por representantes de los partidos políticos, incluyendo cientos de miles de la Coalición por el Bien de Todos.

Y para que el Tribunal garantice la soberanía popular expresada en el voto, sus resoluciones deberán hacerse con estricto apego a derecho se trata de una materia de Derecho Publico no de Derecho Privado, y precisamente por la enorme trascendencia política que tienen para la vida del país, el Tribunal no puede apartarse de la ley en un asunto de tal magnitud. El camino de la ley es el único posible.

El cómputo de votos debe regirse precisamente con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores. A este habrá que agregar el respeto a la participación de los ciudadanos en la función estatal de la organización de las elecciones federales consagrada en la Constitución y en particular la participación de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla y de los Representantes de partidos.

El principio de certeza se cumple en el cómputo mismo de los votos el día de la casilla y el día de la elección. Ahí la observación respecto de cómo se distribuyen las boletas electorales, como se vota en secreto, como se deposita el voto en urnas transparentes, como se cuentan los votos sigue siendo un principio de inmediatez en tiempo y lugar que debe respetarse. Ese no es sólo el espíritu, sino también la letra de la ley. Porque no hay otro momento ni otro lugar en el que los votos están mejor vigilados y mejor contados.

En cualquier caso, respetaré y apoyaré lo que en esta materia resuelva este honorable Tribunal Federal Electoral.

Déjenme en todo caso comentarles desde mi experiencia porqué la legislación mexicana es tan clara y ha dado tanto énfasis a la validez del cómputo realizado en la casilla y porque el artículo 247 de la ley electoral reserva para casos excepcionales el recuento, la razón es histórica y me tocó vivirla desde la oposición: Porque generalmente el fraude electoral incluía también y fundamentalmente la alteración de paquetes electorales. Así le ocurrió infinidad de veces a nuestro partido, desde 1939.

Pero para darle mayor objetividad a mi argumento no evocaré casos que involucren directamente a mi partido, sino al partido que pide el recuento, el Partido de la Revolución Democrática. Remito a Ustedes a los testimonios de la elección intermedia en Michoacán, en 1989, que constan en las actas de la autoridad electoral de Michoacán y que fueron también recogidos por la prensa, entre ellos por el periodista Pascal Beltrán del Río en su libro Michoacán, ni un paso atrás. Editorial Proceso.

En él se dice por parte del dirigente perredista Fidel Marín que la alquimia era muy tradicional, básicamente los: "Básicamente los tacos, los robos de urnas y la alteración de paquetes electorales."

En aquella elección, en mi estado, los perredistas grabaron conversaciones realizadas durante la madrugada del 3 de julio, las cuales formaron parte de una operación para revertir resultados en el I distrito electoral, con cabecera en Morelia.

Las comunicaciones fueron interceptadas en Morelia, Tarímbaro, Cuitzeo y Santa Ana Maya. Auxiliares electorales del gobierno tenían el objetivo de llevar los paquetes electorales al Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública, con el fin de alterar su contenido antes de que llegaran al comité distrital electoral, cosa que lograron.

En 12 casillas instaladas en La Huerta, El Recreo y Presa El Rosario, entre otros, el PRI consiguió casi la mitad de los 9 mil votos que obtuvo oficialmente en la demarcación electoral.

En otro Distrito, en el XVIII, el PRI sacó 4 mil votos de sus 10,500 en sólo 6 de las 83 casillas. En 4 de esas casillas, las poblaciones no rebasan los 265 habitantes.

Fueron estos casos los que llevaron a todos los partidos políticos, desde luego el PAN y también el PRD a darle validez formal al acta de escrutinio de las casillas y a reducir la apertura y el recuento a los casos excepcionales que se establece en la ley, de ahí que en las sucesivas reformas incluida la vigente, votada por el PRD, se le dio plena validez al computo de casillas con miras a evitar el fraude cometido a través de la alteración de paquetes electorales.

El ultimo revisado por el Tribunal Federal Electoral fue en el caso de Tecpan de Galeana, Guerrero, donde el Pleno del Tribunal, aprobó la ponencia en donde con toda razón dio validez al acta de escrutinio de la casilla que favorecía al PRD aún por encima del recuento ordenado por la autoridad estatal electoral que favorecía al PRI

Señora y señores magistrados:

Vengo aquí porque creo en la ley, en la paz y en la razón. Porque es aquí y no en la calle donde debe calificarse la elección.

Gracias por esta oportunidad. He venido porque quiero decirles, con absoluta tranquilidad de conciencia que gané limpiamente la Presidencia de la República.

No fue fácil. Tuve muchos obstáculos incluso hasta para ser candidato. Tuve adversarios poderosos, muy carismáticos. Pero gané limpiamente. A pulso. Y no permitiremos que esos votos emitidos por millones y millones de mexicanos se cancelen por la demagogia y la sin razón que acabaría no solo con una elección democrática sino con el futuro del país.

Lo único que tengo de valor, en serio, para dejarles a mis hijos es mi buen nombre. Es en lo personal lo más valioso que tengo que heredarle y vengo a defenderlo. Pero no sólo eso. También quiere heredarles un México democrático, un México seguro, un México justo y limpio. Un México donde por encima de nuestras diferencias podamos respetarnos.

Por eso vengo a expresarles mi confianza y mi apoyo. Sé que estarán a la altura del momento histórico de México como ya lo estuvieron los ciudadanos.

Por mi parte tengan la seguridad de que seguiré contribuyendo a fortalecer las instituciones democráticas y a establecer desde el gobierno de la República todas las garantías para que cada día se fortalezca más le trabajo del Tribunal y de sus integrantes.

Y no es difícil lo que hay que hacer. Es una decisión muy difícil por su relevancia pero fácil de tomar, simple y sencillamente hay que seguir con decisión lo que la ley dice. Simple y sencillamente hay que reconocer la decisión que ya tomaron los ciudadanos, hay que respetar lo que ya se y se hizo bien por ellos, sólo hay que respetar el voto que ya se emitió, y hay que declarar Presidente Electo a quien ya los mexicanos eligieron.

México está en sus manos. Y que la Patria reconozca la emisión de un fallo apegado a derecho, a la justicia y a la democracia. Muchas gracias.

¿Método o locura?

Denise Dresser
Reforma
31 de julio de 2006

"Aquellos que los dioses quieren destruir, primero enloquecen", escribió Eurípides. Y muchos que observan a Andrés Manuel López Obrador piensan que ha enloquecido. Que ha perdido la cordura. Que se le ha caído un tornillo y aunque convoque a millones en el Zócalo, ha perdido toda oportunidad de encontrarlo. Porque gran parte de lo que hace va en contra de su aspiración presidencial. Porque gran parte de lo que dice hace imposible cumplirla. Si en realidad su objetivo es llegar a Los Pinos, su comportamiento de las últimas semanas dificulta que algún día llegue allí. Toda acción entraña -lógicamente- consecuencias, y las de AMLO corren en sentido contrario de alguien que quiere, alguna vez, gobernar al país.

Basta con imaginarse el siguiente escenario: ¿Y si el Trife ordenara un recuento total o parcial de los votos y López Obrador fuera declarado el ganador? Lograría ser Presidente pero le resultaría extraordinariamente difícil conducir al país. Lograría arribar a Palacio Nacional pero le resultaría imposible generar consensos desde allí. Porque en México -como en cualquier otro sistema capitalista a nivel mundial- existen actores clave para el funcionamiento de una economía, y en las últimas semanas AMLO se ha dedicado a alienarlos a todos. Con las protestas en Walmart. Con el bloqueo a la Bolsa Mexicana de Valores. Con el llamado al boicot de productos estadounidenses. Con las declaraciones intempestivas de Jesús Ortega contra el Consejo Coordinador Empresarial. Con la posibilidad de marchas que bloqueen carreteras y cierren aeropuertos. Con el uso de la palabra "insurrección" y la amenaza de fomentarla.

Todas esas posturas son políticamente correctas pero estratégicamente erróneas. Todas esas palabras movilizan a grupos incondicionales pero asustan a quienes no lo son. Con ellas AMLO va erigiendo obstáculos en su camino a la Presidencia en vez de desmantelarlos. Como ha argumentado el experto en transiciones democráticas, Adam Przeworski, para ganar y gobernar en una economía de mercado, la izquierda se ve obligada a domesticarse. A des-radicalizarse. A combinar las demandas de redistribución con los imperativos de la acumulación. A aceptar las reglas básicas del juego mientras intenta reformarlo. Porque no puede llegar al poder y usarlo de manera eficaz de otra manera, dadas las constricciones que coloca el capital, para bien y para mal. Esos inversionistas que requieren seguridad; esas compañías multinacionales que necesitan certeza; esas empresas pequeñas y medianas que exigen predecibilidad. La posición antisistémica de AMLO sólo tiene sentido si ya renunció a la posibilidad de liderear ese sistema que tanto odia.

Porque de lo contrario, está actuando de manera contraproducente. Está haciendo y diciendo todo para asegurar que no será Presidente nunca. O de serlo, gobernará con demasiados factores reales de poder en contra como para no producir una confrontación mayor y dañina para su propia causa. Grupos empresariales que le dieron el beneficio de la duda y ahora se lo retirarán. Miembros potenciales del gabinete con credibilidad internacional que se rehusarán a formar parte de él. Compañías globales en busca de nuevos sitios para invertir que borrarán a México de su lista, ante la incertidumbre que se vislumbra allí. Banqueros que prestaban poco y con altas tasas de interés, que ahora lo harán menos y cobrando más. Miles de electores moderados que ya se arrepintieron de su voto. Elites sociales como las que asistieron a la boda de Marcelo Ebrard, y que de seguir las cosas como van, no volverán a ser fotografiadas en público con él.

Quizás esto no le preocupe al equipo de AMLO pero debería. Quizás esto no le quite el sueño a los perredistas más recalcitrantes pero ojalá lo hiciera. Porque al privilegiar la táctica inmediatista están olvidando la estrategia de largo plazo. La de ir ganando y consolidando posiciones para una izquierda creíble, confiable, que entiende cómo funciona una economía y lo que se debe asegurar -en México y en cualquier parte- para que lo haga bien. La de poner primero a los pobres con políticas públicas viables, que combinen la responsabilidad del Estado con los requerimientos del mercado. La de un líder con la credibilidad suficiente para atemperar los excesos del capitalismo, sin acabar con él. La de ser un Presidente eficaz, más allá de ser un Presidente legítimo.

Esas tareas ineludibles para cualquier dirigente en un mundo globalizado, que su propia tribu sabotearía. Millones de mexicanos legal y pacíficamente empujados a la radicalización y empujando a AMLO a que gobierne así. Todos los miembros de su base dura -a los cuales ha ido enardeciendo- declaración tras declaración. Esos 2 millones de personas que salen a marchar para derrocar al sistema y de ser Presidente, esperarán que lo haga. Con resultados rápidos y cambios tangibles. Encarcelando a Luis Carlos Ugalde y a los consejeros del Instituto Federal Electoral. Exiliando del país a los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Nacionalizando a Televisa y a Reforma. Clausurando todas las fábricas de Sabritas del país. Cerrando la Bolsa Mexicana de Valores y exigiendo que las empresas mexicanas encuentren otras forma de capitalizarse. Demandando que Walmart ponga fin a sus operaciones en México.

Porque ésas serán las demandas que emergerán del movimiento confrontacional que López Obrador está contribuyendo a crear, ¿o no? Ésas son las decisiones de política pública que fluyen de las posturas políticas que los perredistas han promovido últimamente, ¿o no? Propuestas cuyo objetivo no es construir al nuevo país sino destruir a los viejos enemigos. Planteamientos que erigen muros contra la izquierda en lugar de contribuir a su aceptación.

Y por ello se vuelve lógico pensar que la apuesta de AMLO es otra. Ya no la Presidencia de la República sino la conciencia combativa y crítica y radical del país. Ya no Palacio Nacional sino la plaza pública. Ya ni siquiera el recuento de todos los votos, sino la esperanza de que el Trife deseche esa posibilidad. Para entonces poder afirmar que todo fue un fraude, que todo está corrompido, que todo el sistema es un asco. Para poder dedicarse entonces a lo que sabe hacer mejor: pelear, combatir, movilizar. Pasar a la historia como el hombre que quiso ser Presidente, pero prefirió ser piedra en el zapato. Para ser reconocido en los libros de texto gratuito como otro de los revolucionarios que tanto admira. Y demostrar, como lo sugiere Shakespeare en Hamlet, que "Aunque esto sea una locura, hay método en ella".

Un mes por delante

Salvador O. Nava Gomar*
La Crónica
Domingo 30 de Julio de 2006

El TRIFE tiene un largo mes para resolver las impugnaciones derivadas de la elección. Mientras tanto, hoy domingo, tendremos el acarreo partidista más grande de nuestra historia, que, a falta de argumentos, pretende gravar con repeticiones un fraude inexistente, legitimidad sin ley, y el confuso eufemismo de adjudicarse el derecho de arrebatar lo que se cree no puede pertenecer a nadie más que al redentor.

Están orgullosos de sus marchas. Consideran que les confirman una razón que sólo ellos entienden. Pareciera que a más marchantes mayores posibilidades de regresar el pasado; más fuerza de convencimiento frente a los magistrados, más anulaciones para el adversario… más votos.

El candidato perdedor, que se dice ganador, pretende influenciar al Tribunal para que altere aquello que no logró en las urnas. Dice que Calderón será espurio porque no cuenta con la mayoría (sic), y hace de su minoría una fantástica cuenta regresiva que según sus resultados suponen más. Equivale lo anterior a creer que dos suman más que tres… Dice también que Calderón no tiene autoridad moral. Ello supone, en su lógica inversa, que él sí tiene porque así se desprende de su proyecto alternativo de Nación: no políticas públicas diferentes, no reformas a la legislación, no innovación gubernativa. No. Una Nación diferente: legitimidad para los pobres sobre los ricos; para el pueblo sobre los pirrurris; para la izquierda pura sobre la derecha mefistofélica.

Entre la vulgaridad y la puntada está su nueva acusación: “Facciosos”. La declaración es torpe si se considera que son justamente los facciosos de la historia los que han hecho marchas en contra de la legalidad; vulgar porque es falsa; puntada porque emana de la ocurrencia.

Fue una tristeza Horacio Duarte en la sesión del Consejo General del IFE. El buen defensor del desafuero que carga a cuestas con el PRD en la escalada imposible de la meca electoral cayó también en la vulgaridad. Con actas electorales en mano (lo que implica un delito para quien las sustrajo) ofendió a los consejeros electorales, empezando por su presidente, achacando que deberían avergonzarse y pegar dichas actas en las puertas de sus casas. El debate democrático cedió su lugar a la rabieta de la sinrazón. No podían faltar sus correligionarios entrando por la fuerza al recinto. Todo para nada, el IFE ha concluido su tarea, toca ahora al Tribunal.

Desde luego que hay errores lógicos y humanos en la elección: 130,477 casillas multiplicadas y sumadas por 2,500 funcionarios del IFE, el millón de ciudadanos que laboró por la patria ese domingo, más los representantes de los partidos, dan posibilidades de error en la misma proporción de los votos obtenidos: no alteran los resultados. Hay poco que litigar.
AMLO dilapida de su capital político. Olvida que no obtuvo catorce millones de votos furibundos, sino que la mayor parte de ellos fueron de ciudadanos flotantes que le creyeron, y que así deshoja su margarita. Borges lo hubiera incluido en su Historia Universal de la Infamia, pues sinrazones generan desencuentros conciudadanos y erosión institucional. Hace daño. No para.

El Tribunal resolverá con base en las normas. Si no gusta que presenten iniciativas para llenar las lagunas de la legislación electoral, pues ni el IFE (autoridad administrativa) ni el TRIFE (autoridad jusrisdiccional) tienen margen de maniobra para satisfacer las extraviadas peticiones de nulidad sustentadas en periódicos.

La buena es que sólo falta un mes y algunas asambleas informativas (mega acarreos). La mala es que vendrá un sexenio con un molesto zumbido antidemocrático y locuaz al oído del moderno Leviatán que buscará la reconstrucción nacional.

* El autor es Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac México Sur