Mauricio Merino
El Universal
4 de julio de 2007
La revolución que ahora propone López Obrador es la revolución de las conciencias. O mejor, de las buenas conciencias. Es decir, de las que están en favor de causas justas, calificadas siempre desde el mirador de quienes se oponen a los ricos y a los poderosos por razones morales previamente establecidas. ¿Qué razones? Dos fundamentales: la existencia de clases sociales divididas (y aun subdivididas) y la presencia de un gobierno espurio. Sobre esa base, el resto del discurso es diáfano: la conciencia moral a la que llama consiste en oponerse a esos dos hechos que resultan simplemente inaceptables.
Lo que llama la atención es que ese discurso no venga acompañado de la vieja parafernalia del marxismo, sino de invocaciones a la democracia, la libertad y la justicia, que forman parte del pensamiento liberal. Tampoco hay un llamado abierto a la violencia o la desobediencia, sino a la construcción de un movimiento que actúe por vías pacíficas y por redes de solidaridad social. Una revolución de las conciencias que tendría que suceder de abajo hacia arriba, en la lógica de las asambleas comunitarias que ya se han venido celebrando, según dice López Obrador, en 530 municipios del país. No hay una reivindicación precisa (más allá del agravio electoral) ni una sola bandera que reúna a todos de una vez, sino una larga lista que comienza, eso sí, con la necesidad de cambiar el modelo económico de la derecha que “deshumaniza todo”. Ni tampoco hay una agenda puntual de propuestas específicas para gobernar de otra manera, sino un conjunto de reacciones de índole moral (en el sentido señalado) contra la Ley del ISSSTE, la reforma fiscal, la prisión de Flavio Sosa, los salarios de los altos funcionarios o la salida del noticiario radiofónico de José Gutiérrez Vivó, colocado todo en el mismo plano.
En ese discurso que quiere levantarse como la conciencia moral de la nación, el Estado aparece como algo ambiguo. López Obrador habla del gobierno espurio, pero no alcanza a resolver la contradicción que hay (y que hubo siempre, desde la noche del 2 de julio) entre esa descalificación y el papel que juegan sus aliados políticos en el Congreso y en el Gobierno del DF. Todos llegaron a sus puestos en el mismo proceso electoral, pero unos son “espurios” y otros son legítimos. Éstos son víctimas y los otros victimarios, del mismo modo que el Estado es, al mismo tiempo, algo que debe ser protegido a toda costa como el propietario del petróleo y la energía de México, o atacarse frontalmente como el repartidor injusto de impuestos y salarios públicos. La ambigüedad se explica por la conciencia moral establecida: la riqueza del país nos pertenece a todos, pero la derecha se la queda o la reparte mal. Y sin Pemex y sin CFE, en el futuro ya no habría nada más que repartir.
Por otra parte, la democracia es importante, pero no la electoral. He aquí la pieza principal de la conciencia moral que se postula: dado que el sistema electoral produce fraudes, la alternativa es construir una forma diferente de participación a través de los militantes del gobierno “legítimo” de López Obrador que en un futuro próximo alcanzarán los medios para imponer su agenda propia.
Mientras tanto, la función de los partidos aliados a la causa no es únicamente “oponerse por oponerse”, sino defender al pueblo de la falsa conciencia que propaga la derecha con sus iniciativas. En este sentido, todo indica que los partidos de la izquierda no son parte del Estado ni gobiernan ni convalidan con su presencia y sus campañas el papel de los procesos electorales amañados, sino que son medios adicionales de un movimiento social que sólo puede ser construido por las organizaciones ciudadanas. Todo lo demás está vendido.
Desde ese punto de vista, la democracia electoral es enemiga de la conciencia moral de la nación, pues supone una competencia desigual entre opciones diferentes. Lo que significa que cualquier voto o cualquier punto de vista opuesto al código moral establecido tendría que ser corrupto, por vicio o por error. La democracia solamente cobraría sentido, en cambio, si el ejercicio del poder coincidiera con esa conciencia moral establecida. De modo que es necesario transformarla desde la base, con el trabajo cotidiano de los 5 millones de personas que López Obrador confía reunir en torno a su movimiento, al margen de los partidos, las elecciones y las instituciones.
Más allá de las sospechas que pueda generar la pureza del discurso, o de las dudas que despierte el sistema de reclutamiento a la nueva revolución de las conciencias, cuesta trabajo seguir el razonamiento hasta el final: si a pesar de todo consiguiera su objetivo, ¿cómo podría vincularse ese enorme caudal de voluntades con el ejercicio del poder, sin pasar de nuevo por la prueba de las urnas? ¿O acaso se trata de una lógica distinta, basada en el reclutamiento paulatino de una mayoría tan vasta que resulte innecesario convocar al voto? Visto con cuidado, el discurso de López Obrador corre el riesgo de deslizarse (si no es que ya lo hizo) del agravio contra Felipe Calderón hacia el encono contra la democracia misma. Cuando todos son culpables, menos los fieles propios, lo que se perfila no es un movimiento democrático, sino una iglesia.
Con o sin la conciencia moral de López Obrador, el país está metido en cambios que no serán cosméticos. Y el resultado práctico del discurso que encabeza no es la movilización, sino la inmovilidad de las izquierdas, y la ruptura con la única vía posible para llevarlas al poder político mediante la acumulación de votos. Mientras el líder borda códigos morales ante las multitudes, los partidos que lo siguen pierden electores y sus oposiciones negocian las verdaderas reformas por venir. Podrán ser calificadas como espurias, vendidas y corruptas, pero son las que definirán el perfil de México por muchos años más. Los mismos que podríamos lamentar la ausencia deliberada y obstinada (como pasó antes con un debate que se creía ganado) de las propuestas y la crítica institucional y democrática, de veras, de la izquierda mexicana.
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