noviembre 26, 2007

"AMLO quería ser el mártir, por eso nunca negoció"

José Luis Ruiz
jose.ruiz@eluniversal.com.mx
El Universal
Lunes 26 de noviembre de 2007

Coautor de ‘La diferencia’, Rúbén Aguilar asegura que mutiló capítulo del desafuero

Vicente Fox Quesada estaba tan dispuesto a negociar el asunto del desafuero con Andrés Manuel López Obrador, que hasta le ofreció el avión presidencial para que lo llevara de la ciudad de México a Guanajuato, y recibirlo, incluso, en su rancho de San Cristóbal, para tratar de manera personal el caso, que para ese 23 de abril de 2005 tenía en vilo al país, recuerda el ex vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar.

Ese día, narra, el entonces presidente había escuchado los argumentos de sus más cercanos colaboradores para que diera marcha atrás al tema del desafuero. Estaban en su rancho de Guanajuato, sentados en una gran mesa colocada en el verde y bien cuidado jardín que se encuentra frente a la casa de los Fox. A esa hora ya habían degustado platillos mexicanos, carnitas, tostadas y guacamole.

El propio mandatario sacó a cuenta que el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, le había comentado el interés de López Obrador de dialogar, y que la idea lo entusiasmaba. Así lo relata, en entrevista con EL UNIVERSAL, el propio Aguilar, coautor con Jorge G. Castañeda del libro La Diferencia: Radiografía de un sexenio.

Frota sus manos y luego entrecierra los ojos para arrancar los primeros recuerdos al tiempo. Deja fluir las ideas y da detalles de la forma como el entonces presidente le pide que hable con José Agustín Ortiz Pinchetti, ex secretario de Gobierno del tabasqueño, para que le dé el mensaje de Fox. “El presidente Fox comentó que el gobernador de Nayarit le afirmó que había voluntad de López Obrador de negociar. Entonces se dijo que si existía tal cosa, busquémosla, y quien tenía una relación más cercana con Ortiz Pinchetti era yo. Entonces le hablé y le dije que teníamos información de parte del gobernador de Nayarit, de que habría voluntad de diálogo de López Obrador, y que el presidente tenía la misma voluntad, que de ser posible se vieran ese mismo día, y que si había necesidad, o Fox viaja a la ciudad de México o le manda el avión (presidencial) para que venga al rancho, y se dé la negociación”.

Asegura que en esa reunión se valoró cualquier cosa que abonara a la posibilidad de desactivar la situación del desafuero, y que entonces se buscó esa salida. “Y en ese marco, si alguien decía que hay voluntad de diálogo, si López Obrador quiere dialogar, el presidente también”, agrega.

Ese día en el rancho San Cristóbal estuvieron, confirma, Eduardo Sojo, secretario de Economía; Ramón Muñoz, jefe de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental; Daniel Cabeza de Vaca, consejero jurídico; Manuel Espino, dirigente nacional del PAN, y casi con certeza, recuerda, Gerardo Priego, ahora diputado federal panista. Y que al mediodía se incorporó el secretario de Gobernación, Santiago Creel; su asesora María Amparo Casar, y él, quienes llegaron a bordo de un helicóptero del Estado Mayor Presidencial.

“José Agustín me regresa la llamada unos 20 minutos después de que le hice la propuesta… Me dice que López Obrador no ha pedido el diálogo, que no, de eso no hay nada, y eso fue todo. Bueno, le dije, está bien, gracias José Agustín”, relata. Asegura que la conversación fue “brevísima”, de entre tres y cuatro minutos.

Luego del recuerdo, arremete contra el tabasqueño: “El que no quería negociar nunca era López en su lógica de hacerse el mártir…y a este país que le fascinan los mártires, le cuesta (al país) reconocerse como triunfador, se identifica más con la víctima. Me parece que esa siempre fue la estrategia. Acepta que esta parte de la historia no fue incluida con detalle en el libro porque al momento se “cercenar” los capítulos para reducirlos de 40 mil a 10 mil palabras cada uno, se dejaron fuera episodios que de alguna manera se conocían.

—Sin duda que es relevante, pero en ese momento había otras muchas cosas que tuvimos que quitar. Ahorita, lo que produjo el ponerlo en primera plana en EL UNIVERSAL y la reacción, cobra un sentido que es más relevante de lo que nosotros pensamos (Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda). De hecho, esa reunión la platicamos entre renglones, pero la cortamos. Se contaba eso —en el esquema de las 40 mil palabras—, de cómo a las once de la noche salíamos en el helicóptero de regreso (Creel, Amparo Casar y el propio Rubén Aguilar), ya con la negativa de AMLO.

—Puedo confirmar como lo dijo EL UNIVERSAL que la expresión fue: “¡Lástima!, se pierde una muy buena oportunidad”. Y que si hubiera aceptado López se acaba ahí todo el relajo.

El viernes, este diario publicó parte de este episodio, cuando conoció que estaba incluido en el libro La Diferencia. Aguilar explica ahora que fue editado, “cercenado”, por los autores del texto. Y sobre la revelación, el ex vocero presidencial afirma: “La vida pública no tiene secretos, la vida privada y la vida íntima debe ser respetada. La vida pública debe ser transparentada siempre”.

Asegura que en ese momento, Fox tenía algo clarísimo: “Que López Obrador jamás iría a la cárcel y que esa foto que él quería jamás se la daría”. Pero justifica la negociación: “Estaban en juego dos valores: el valor de la aplicación estricta de la ley y del derecho, y el valor de la democracia”.

Hugo Chávez, hacia una dictadura histérico-sentimental

Claudio Lomnitz
Excelsior
Noviembre 26, 2007

El gobierno de George W. Bush ha hecho daños incalculables. Su política exterior ha sido criminal, su política económica, ruinosa y, su política interna, antidemocráctica. Pero nada de eso justifica que sectores importantes de la izquierda apoyen a voz en cuello a cuanta figura autoritaria “antiimperialista” emerja en el escenario mundial. Hoy está por pasar la hora en que la izquierda pueda deslindarse de Hugo Chávez. Urge que recapacite.

Las reformas constitucionales que Chávez va a promover el próximo 2 de diciembre son la culminación de un proceso que conduce inexorablemente a la dictadura. Chávez podrá ser presidente vitalicio y tendrá los medios para imponerse a cualquier poder local. Pero, aún así, parece necesario realizar el trabajo laborioso de convencer a la izquierda chavista de lo radicalmente equivocada que ha sido su opción. Como contribución a esa tarea, ofrezco algunas máximas.

1. Soberanía popular sin mediaciones, igual a dictadura. Las enmiendas a la Constitución manifiestan una verdadera obsesión con la soberanía nacional, mancomunada a una idea vaga de “poder popular”: “El pueblo —dice el nuevo artículo 136— es depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.”

Esta idea —que tiene un parecido superficial con los fueros de los pueblos en tiempos de la independencia, pero está emparentada con las organizaciones de manzana en Cuba— solapa un problema fundamental: la idea misma de “soberanía popular” fue siempre contradictoria, y por eso pide un sistema complejo de instancias de mediación, para evitar la dictadura.

Ser soberano quiere decir ser autónomo. Pero “el pueblo” ha sido siempre heterónomo, y no autónomo, y lo será también en la Venezuela del “socialismo del siglo 21”. Esto se debe a que el pueblo no tiene nunca una voluntad única —tiene en su seno demasiada desigualdad y diversidad para eso— y si la voluntad “del pueblo” queda reducida a una sola, quedan siempre en entredicho una serie de voluntades individuales y de grupo, generadas por desigualdades entre ricos y pobres (la nueva Constitución venezolana no elimina la propiedad privada ni iguala el sueldo de Chávez al de un barrendero), entre poderosos y débiles (tampoco termina con cadenas de mando en el interior de la burocracia), amén de las desigualdades tradicionales entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, etc. La soberanía popular es, desde su origen, una idea que requiere toda una estructura de mediaciones y resguardos a los derechos de las minorías, para evitar el totalitarismo. La afirmación simple de una soberanía popular, hecha realidad en la figura del plebiscito, es el trasfondo de la dictadura, como lo mostró Carlos Marx en el Dieciocho brumario.

2. El sentimentalismo desenfrenado del líder significa que el régimen tiene su base política en el lumpenproletariado y el ejército. El sentimentalismo se expresa en prácticamente cualquier aspecto del gobierno chavista y no sólo en la incontinencia verbal de su líder. Así, por ejemplo, el nuevo artículo 307 de la propuesta constitucional declara que “se prohíbe el latifundio por ser contrario al interés social”. De acuerdo, pero el artículo no define qué es un latifundio y eso lo convierte en un artículo sentimental. O bien, el 320: “El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social”. Excelente. Pero no dice cómo. Otra vez es sentimental. El artículo 112: “El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la mayor suma de felicidad posible”. Vámonos a Venezuela. Pero antes de hacer las maletas, aclaren: ¿cuál es el algoritmo que se va a utilizar para calcular la felicidad nacional? Una última, el artículo 90 declara que la jornada laboral será de seis horas diarias. Me encanta, pero: ¿qué pasa en el año 2013, cuando Brasil entre al mercado petrolero y los precios del petróleo caigan o cuando el mundo productivo invierta en formas de energía alternativa? Otra cosa: ¿qué hace el taxista o el vendedor ambulante para hacer valer su derecho constitucional de trabajar seis horas? ¿Acaso la economía informal no es mayoritaria en la hermana república?

Toda la enmienda constitucional está cargada de principios elevados que sólo podrán ser puestos en práctica de modo discrecional. El poder discrecional, envuelto en el sentimentalismo de las buenas intenciones, es lo que se llama “cesarismo”: pan y circo.

3. La economía del llamado “socialismo del siglo 21” es una economía rentista. La obsesión por la soberanía nacional es un reflejo fiel de una economía rentista, la fórmula venezolana no podrá ser exportada a ningún país con una economía diversificada (incluidos México y Brasil).

4. El escándalo internacional, envuelto en banderas patrioteras, sirve para endurecer la represión interna. Es el punto que une a Chávez y a Ahmadinejad con George W. Bush. La soberanía y la seguridad nacional son el pretexto de la dictadura.

Claudio.lomnitz@gmail.com

Calderón: un acierto y un error

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excelsior

El sábado se cumple el primer año de gobierno de Felipe Calderón. Al respecto, el Presidente, en un discurso frente a la comunidad libanesa, admitió que su administración había tenido “aciertos y errores”, lo cual es poco común que lo diga un político ya que generalmente presumen los logros y soslayan los yerros. Calderón, sin embargo, no entró en detalles. Hubiera sido muy interesante conocer la opinión que tiene el Presidente de cuáles han sido sus aciertos y cuáles sus errores. A continuación presento lo que yo considero como uno de los logros cardinales de su administración y una de sus principales equivocaciones.

Un acierto: la reforma del ISSSTE

En marzo, el Presidente negoció y logró la aprobación en el Congreso de una nueva Ley del ISSSTE. Dicha reforma fue importantísima para terminar con la idea de que en México prevalecía una parálisis legislativa en temas trascendentales. Esta noción había permeado en la sociedad desde 1997 cuando el PRI perdió por primera vez en su historia la mayoría en la Cámara de Diputados y el país se movió a un gobierno dividido donde el partido del Ejecutivo ya no tenía los votos necesarios para reformar las leyes. Al sacar adelante la reforma del ISSSTE, Calderón revirtió esta idea y mandó el mensaje de que sí puede haber acuerdos entre el Presidente y el Congreso para resolver problemas públicos tan apremiantes como el de las pensiones del sector público.

Además, gracias a la reforma, se calcula que el gobierno se ahorró una cantidad de dinero nada despreciable. Y es que el déficit actuarial de las pensiones del ISSSTE, traídas a valor presente neto, representaban 50% del Producto Interno Bruto (PIB). Con la nueva ley este déficit cayó al 30%, lo cual representa un ahorro equivalente a veinte puntos del PIB.

Debido a que el ISSSTE no tenía una reserva financiera para enfrentar estas pensiones, el gobierno federal tenía que subsidiar año con año las jubilaciones. Ya en 2006 este subsidio representó lo equivalente a 0.41% del PIB y la perspectiva era que continuaría creciendo exponencialmente. Con la reforma, la administración de Calderón podrá contener la hemorragia de recursos públicos que se iban a subsidiar las pensiones.

Aunque alrededor de veinte mil trabajadores del ISSSTE se ampararon en contra de la ley y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría declararla inconstitucional en ciertos puntos, la reforma fue un gran logro de Calderón en su primer año de gobierno. En este tema, Calderón tomó al toro por los cuernos, lo cual contrasta con la decisión de congelar los precios de los energéticos que vende el sector público.

Un error: congelar los precios

A finales de septiembre, el Congreso aprobó una minirreforma fiscal que incluía un nuevo impuesto a las gasolinas. Los medios, en ese momento enojados con el gobierno por la reforma electoral que prohibió la compra de espacios publicitarios por parte de los partidos, bautizaron el incremento a las gasolinas como “el gasolinazo”, a pesar de que el aumento era más bien marginal y entraría en vigor de manera paulatina. Esta coyuntura se combinó con un aumento en el precio del pan derivado de un incremento en los precios internacionales del trigo. En los medios apareció la imagen de un gobierno insensible que iba a imponer el “gasolinazo” después del “bolillazo”.

Los legisladores le solicitaron al Presidente que pospusiera la entrada en vigor del nuevo tributo a las gasolinas endosándole por completo el costo político del incremento a Calderón. Y el Presidente, preocupado por el declive de su popularidad en las encuestas, anunció que su gobierno no sólo retrasaría la entrada en vigor del impuesto a la gasolina sino que congelaría los precios de los combustibles, el gas LP y la electricidad. De esta forma, Calderón, por razones políticas, intervino en la economía. Y eso es una medida típicamente populista.

Por donde se vea es un error. A lo mejor tiene rendimientos en el corto plazo pero a un precio muy alto. Para empezar, Calderón va a tener que pagar dos veces los costos políticos de la reforma fiscal. Lo pagó en septiembre cuando su popularidad cayó y lo va a tener que pagar una vez más en enero cuando entre en vigor la reforma en un momento donde los precios suelen crecer en lo que se conoce como la cuesta de enero.

Pero además, con esta decisión para mantener su popularidad, el Presidente revirtió una práctica muy saludable para las finanzas públicas que ya se había instituido en el país: que los precios de los energéticos se fueran ajustando gradualmente para que no se rezagaran por la inflación. Una mala decisión porque como escribió Carlos Elizondo: “Dificultará enormemente subir los precios de los energéticos el año entrante. Si éstos pueden bajar por la generosa voluntad del gobierno, cuando suban será por la perversa mano del Presidente […] Hay pocas formas más tontas de gastar los impuestos que seguir subsidiando tarifas […] En nada mejora subsidiar aún más el precio de la electricidad. En el caso de la gasolina, estamos vendiendo por debajo del precio internacional e importamos más del 30 por ciento del consumo nacional […] Ésta es la tentación de los políticos: gobernar para la encuesta de hoy y olvidarse de los problemas del mañana”.

Efectivamente, Calderón, como buen político que es, demostró su rostro populista congelando los precios y generando así un problema al futuro. Este año, la medida le costará al erario entre siete mil y nueve mil millones de pesos, de acuerdo con los directores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y queda pendiente ver cómo el gobierno eventualmente descongelará los precios para no seguirlos subsidiando.

Cofipe: al diablo con las instituciones

Jorge Fernández Menéndez
Razones
noviembre 26, 2007
Excelsior

Muy pocos debates han sido tan mal enfocados por los más diversos actores que el derivado de las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). El presidente Calderón ha intervenido con dos discursos que no han contribuido a esclarecer la situación y sí a establecer mayor confusión. Se trató de discursos incluso contradictorios entre sí y, además, que desmentían con sus actos lo que se estaba diciendo en el papel. No se puede avalar la autorregulación y al mismo tiempo reclamar regulación. ¿Cuál es el concepto de responsabilidad, hasta dónde llega el de libertad para el Ejecutivo? Si el Presidente se equivoca, mucho más errados están los legisladores con una reforma que constituye un evidente retroceso en casi todos los sentidos, al anular en el Cofipe incluso muchos de los aspectos positivos de la reforma constitucional, como reducir el costo de las elecciones. Según están planteando las cosas, habrá más spots que antes y el costo va a ser superior: sólo la central de medios que tendrá que crear el IFE para ocuparse plenamente de sus nuevas responsabilidades, según están planteadas, superará los mil millones de pesos anuales, una cifra mayor a la que dicen los legisladores que ahorraron. Pero eso no es lo más grave: las nuevas reformas son inconstitucionales en muchos ámbitos, van a generar una multitud de amparos y violentan la relación con los otros poderes de la Unión y la autonomía de los tres niveles de gobierno.

Argumentan los legisladores que se trata de documentos preliminares. Puede ser, pero nada indica que hayan hecho cambios sustanciales a los mismos e incluso tan sólo el que se estén planteando seriamente la discusión de esos capítulos, nos debe dejar con la duda sobre la calidad legislativa y el espíritu democrático de nuestros diputados y nuestros senadores.

Algunos analistas e incluso algunos medios escritos no lo ven así: se alegran de que hayan sido afectados con la publicidad electoral los intereses de las dos grandes televisoras y en menor medida de otros medios electrónicos, incluso que les coloquen limitantes serios y eso, para ellos, hace buena la reforma. Deben haberse sorprendido cuando resultó que las limitantes se establecerán también para el periodismo escrito, según los documentos preliminares. Otros, al contrario, exigen absoluta libertad y que nadie se involucre en ningún tipo de contenidos.

La verdad está en otra parte. Aunque algunos capítulos de la reforma a la Constitución, en materia electoral, son errados y abusivos, establecen una norma, una ley que debe ser respetada. Pero lo que resulta inaceptable es que se imponga (y en eso se equivocan tanto el presidente Calderón como los legisladores) por la vía de instituciones que no tienen atribuciones para ello. Es inadmisible que se plantee que un consejero del IFE puede ser removido, acusándolo de ineptitud o negligencia, por la decisión de un controlador designado por el Congreso, o sea, por los partidos que deben ser juzgados y arbitrados por el IFE (sobre todo cuando en la reforma constitucional se establecía que ese contralor sólo tendría atribuciones en torno al manejo presupuestal del Instituto); que desde esa instancia se decida cuáles deben ser los lineamientos para los noticiarios de radio y televisión o que desde allí se decida si se cometieron o no violaciones a la ley electoral.

En el primer caso, es evidente que esa figura del contralor sometido a su vez a la Cámara de Diputados, acaba con cualquier asomo de real autonomía del IFE. Imaginemos, por ejemplo, que, en la UNAM, la Secretaría de Educación Pública designara a un contralor con atribuciones para destituir al rector, a los miembros de la Junta de Gobierno o a los directores de facultad: sería inadmisible. Imaginemos algo similar en el Banco de México, con el Congreso o el Ejecutivo designando a un contralor que pueda apercibir o destituir al gobernador o a los vicegobernadores. Y que, además, se le otorga a los miembros del Banco de México la atribución de poder decidir, si no cumplieron con la política monetaria que ellos implantaron, clausurar una institución financiera, sin pasar por ningún otro canal legal. Eso es lo que están haciendo con el IFE: quitándole la autonomía y permitiéndole establecer sanciones internas y externas que no entran ni deben entrar dentro de sus atribuciones.

Es lógico que, si se cometen violaciones a la ley, aunque esa ley sea imperfecta o retrógrada, el caso sea juzgado. Pero no pueden ser juicios sumarios, como se plantea, ni los lugares para realizarlos son el IFE ni la nueva Contraloría del Instituto ni la Cámara de Diputados: porque ninguno de los tres tiene atribuciones para ser ministerio público. Si un ciudadano comete un delito electoral es juzgado por la fiscalía especial para delitos en ese ámbito. Los medios, por ejemplo, no tendrían por qué recibir otro tratamiento: si alguien comete un delito electoral o si la autoridad electoral presume que así fue, que sea juzgado por la instancia pertinente y tenga derecho de audiencia y de defensa, con base en las leyes y las instituciones judiciales. Si no se quiere recurrir a la fiscalía especial, ahí está la Cofetel, otro órgano que podría establecer sanciones si se violaran las normas de concesión de los medios. Pero eso no lo pueden decidir los partidos o un IFE controlado por ellos.

Soy de quienes creen que la autorregulación es más útil que las regulaciones excesivas, pues éstas siempre se convierten en armas de censura. Pero creo que se pueden y deben establecer ciertos márgenes de regulación. Lo que no se puede hacer es convertir a los jugadores en árbitros y, además, impedir a los aficionados y a los especialistas siquiera discutir su gestión. Si el Presidente y el Congreso se ufanan de respetar las instituciones, no tendrían por qué enviarlas al diablo.