junio 30, 2008

DF: la crisis perfecta

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

La crisis perfecta, como la llamó en su columna Vianey Esquinca, es una magnífica definición de lo que sucede en el DF desde hace diez días. Y, cuando hay una crisis, cada declaración, cada intento de salir adelante, puede hundir más a quien lo intenta. “El único conflicto de la ciudad son los 12 muertos”, dijo el sábado, en una muestra de sensibilidad y sentido político, el secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila: estaba impulsando, otra vez, en plena crisis, la consulta petrolera. El viernes, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente provisional del PRD, había exigido al presidente Calderón y al dirigente del PAN, Germán Martínez, que mostraran pruebas (sic) de la responsabilidad del gobierno capitalino en los hechos del News Divine (doble sic). Guillermo Zayas, ex responsable de la Unipol en la Gustavo A. Madero y ex jefe de Homicidios de la Procuraduría capitalina, a quien el procurador de la ciudad, Rodoldo Félix Cárdenas, acusa de haber “matado” a las 12 personas en la discoteca, asegura ser inocente y que se le ha convertido en un chivo expiatorio, por los hechos. Es un viejo enemigo del procurador y nadie entiende, si realmente ordenó el operativo, cómo pudo hacerlo tan mal.

El procurador tiene un problema grave: los 106 jóvenes detenidos, incluidas las 35 jovencitas, fueron entregados al Ministerio Público más de cuatro horas después de su detención. ¿Dónde estuvieron durante esas horas? Detenidos ilegalmente en oficinas sectoriales de la SSP-DF, donde fueron golpeados, vejados, robados, fotografiados a pesar de ser menores de edad y, las muchachas, de 13 a 17 años, desnudadas y fotografiadas por supuestos funcionarios de la SSP-DF y de la Procuraduría. El gobierno capitalino ya tiene identificados a los responsables de esos hechos. ¿Los consignará por la totalidad de estos delitos?, ¿quiénes y cuántos son los responsables de esa suma de ilícitos?, ¿hasta dónde llega la responsabilidad?

El News Divine tenía sus papeles en regla, el único problema es que el local violaba toda normatividad. Entonces, ¿por qué se le dieron los permisos y cómo se le renovaron? El tema termina involucrando a quien era, en 2002, cuando fueron renovados esos permisos, delegado en la demarcación, el ahora secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, y a su hombre de mayor confianza, el ahora diputado Germán Lozano, quien era entonces director Jurídico y de Gobierno y quien, la semana pasada, para justificar la renovación de los permisos, aseguró que lo había hecho porque tenía orden de renovar, sin revisión, todos los de los giros negros. Como ya hemos dicho, si es así, alguien cometió un delito. La pregunta resulta sencilla: ¿quién le dio a Lozano esa orden? Porque, quien haya sido, estaba violando la ley. Y el tema llega hasta el día de hoy, pues es evidente que ése y otros giros negros han seguido funcionando, con muchos o pocos inspectores. Y no se ha hecho absolutamente nada para evitarlo.

Tampoco el operativo se dirigió a los dueños de ese local, sino contra los jóvenes. Eso ha quedado más que claro con los testimonios y los videos de lo sucedido. El interés no era clausurar un local que estaba violando las normas y los reglamentos, sino detener a la mayor cantidad posible de jóvenes menores de edad. ¿Qué esperaban encontrar en ese operativo realizado a las 5:30 de la tarde, en un local abarrotado de menores?, ¿buscaban a algún jefe del narcotráfico, de la piratería, del comercio informal? No, simplemente querían dar un escarmiento a jóvenes que estaban disfrutando, como podían, de la tarde del fin de curso en su escuela. Las muertes se produjeron porque quisieron esperar a los autobuses, para tener más detenidos, a pesar de que, como se puede ver en los videos, los jóvenes no estaban cometiendo delito alguno al momento del operativo. Y, una vez detenidos, los llevaron ilegalmente a cuarteles de la SSP-DF. Eso es doblemente criminal.

El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, asegura, y en eso tiene razón, que ha hecho enormes esfuerzos por los jóvenes, que les ha dado el mayor sistema de becas del país. Cierto, pero la criminalización de los jóvenes no se erradica con las becas de 500 o 700 pesos (en un sistema que, además, sería oportuno, ante lo sucedido, que Ebrard revise cómo y a quién se le están otorgando), sino con una renovación completa de la forma de ejercer el poder. Un sistema que se implantó desde el año 2000, con el inicio del mandato de López Obrador y estuvo marcado, desde entonces, por todo tipo de arbitrariedades, sin tener a la ley por norma. Si el funcionario más cercano al jefe de Gobierno era visto embolsándose millones y no pasaba nada; si el secretario de Finanzas se jugaba miles de dólares en Las Vegas y no sucede nada; si la Suprema Corte ordenaba respetar un amparo de un particular y no ocurre nada; si las obras podían otorgarse, violando las normas, por adjudicación directa, a los empresarios amigos y no acontecía nada, ¿por qué tendría que suceder algo ahora? El delegado con licencia de la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, un hombre cercanísimo, por cierto, a Bejarano, lo dijo claramente: con López Obrador, no se hubiera visto obligado a renunciar, López lo hubiera defendido. Podríamos ir más allá: el mismo López Obrador, que no se ha dignado decir una palabra sobre lo ocurrido, ya hubiera sostenido que se trataba de un complot donde la víctima sería él y no los jóvenes fallecidos. Paradójicamente, quizás exista algo así en contra de Ebrard, pero armado por sus enemigos internos, entre ellos, los que hubieran defendido a Chíguil. Y quizá también, si quiere, si no se derrumba o se queda sin fuerzas, puede ser la oportunidad de Ebrard para acabar con una forma de ejercer el poder que generó esta crisis perfecta.

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