septiembre 08, 2008

El Estado de excepción

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

La semana pasada, miembros del Ejército tomaron el control del municipio de Cárdenas, en Tabasco, el segundo más importante de la entidad, en una región que está siendo azotada en forma inclemente por el narcotráfico. En la operación, fue detenido el secretario de Seguridad Pública del municipio, un grupo de policías municipales y por lo menos cinco mandos policiales ligados al crimen organizado. Todas las armas están siendo revisadas y todos los policías deben pasar por un examen de control de confianza. Mientras tanto, mandos militares tendrán el control de seguridad del municipio.

Hace unos días un comando ingresó un sábado en la noche en el poblado de Creel, en Chihuahua. Horas antes, narcotraficantes de dos grupos diferentes habían participado en una carrera ilegal de caballos. Uno de ellos, obviamente, perdió. Envió cinco camionetas con sicarios al pueblo para buscar y ejecutar a dos de sus contendientes. La policía local se limitó a cuidar el paso de los sicarios que llegaron a una fiesta de 15 años donde encontraron a sus rivales y los mataron junto con 11 personas más, la mayoría de ellos menores de edad, incluido un bebé de un año que, al igual que todas las otras víctimas, recibió un tiro de gracia. Horas después la localidad fue tomada por elementos militares y federales, se desarmó y se detuvo preventivamente a todos los policías locales de la zona. En los hechos el control del poblado quedó en manos de fuerzas federales.

En los últimos días en Reynosa, Tamaulipas, se han dado distintos enfrentamientos, a partir de un fuerte decomiso de drogas y armas realizado la semana pasada. Reynosa es el corazón del tráfico de drogas en esa zona fronteriza, y durante años el narcotráfico ha mandado, puesto y quitado autoridades, e intervenido incluso en muchos procesos políticos y electorales. En las últimas semanas pareciera que la labor de inteligencia ha rendido algunos frutos y, en los hechos, las fuerzas federales han tomado el control de la seguridad del municipio y de otras zonas fronterizas. Algo similar ha sucedido en Ciudad Juárez, donde al tomar el control las fuerzas federales y pasar por los controles de confianza a las policías locales descubrieron que la mayoría de ellos no tenía ninguna posibilidad de aprobarlos. Y antes ocurrió en Tijuana, aunque los conflictos entre la Procuraduría local y el general Sergio Aponte Polito impidieron que se fuera mucho más allá de lo deseado. En su momento sucedió en regiones de Michoacán y Guerrero. Comienza a intentarse en Sinaloa, con limitaciones (la primera intervención seria que intentaron las fuerzas federales empezó con una solicitud de cateo a 49 domicilios y todas fueron negadas por distintos jueces). Y lo mismo acaba de ocurrir con dos operativos, uno mucho menos conocido, en el DF, que desarticuló una banda ligada al narcomenudeo y a Los Zetas y a partir de ese operativo el mucho más conocido en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, que desarticuló a una célula de más de 20 personas del cártel de La Familia, con origen en Michoacán y con una fuerte penetración en el Estado de México, Guanajuato y el Distrito Federal. Esa banda se dedicaba, además, al secuestro: dos personas fueron liberadas durante el operativo.

La lista podría seguir, pero también podría ser la demostración de que, además de hacerlo de facto, se debe comenzar a pensar seriamente, en los puntos neurálgicos de la lucha contra el crimen organizado, y como dice la Constitución en su artículo 29 ante cualquier caso que “ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” en suspender “las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”. Ello debe hacerse, como también dice la Carta Magna en el mismo artículo “por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo”. Es una decisión, dice la Constitución, que debe adoptar el Presidente de la República, de acuerdo con secretarios de Estado, la PGR, y con aprobación del Congreso. Y agregaríamos nosotros, con el acuerdo de los gobiernos estatales afectados.

No se trata de una suspensión generalizada (la Constitución dice con toda claridad que pueden ser suspendidos derechos de acuerdo a las necesidades y el desafío) ni en todo el país. Debe ser quirúrgica, debe tener tiempos limitados y objetivos precisos. De alguna manera de eso se trató en los operativos que se iniciaron con esta administración. Pero gracias a ellos ya se sabe que no hay un segundo piso: que en los puntos neurálgicos de la lucha contra la delincuencia organizada, las policías locales no son, en muchos casos, aliadas, sino adversarias. Y ello lleva, incluso, a que los policías honestos, estatales o municipales, sean neutralizados o ejecutados. No se puede depurar a la policía cuando, como ha ocurrido, en algún municipio se descubre que más de 90% de sus miembros no pasan los controles de confianza. En ese caso la palabra no es depuración, sino una verdadera refundación policial. Y eso sólo puede lograrse a partir de una intervención externa precisa, con derechos plenos y objetivos concretos basados en acuerdos políticos explícitos entre las autoridades federales y las locales. Colocando en todos las casos las cartas sobre la mesa, a la vista de la sociedad.

Sin duda, sería deseable avanzar hacia mecanismos de seguridad más centralizados. Pero si no se puede construir una policía nacional (como Colombia, Chile o la mayoría de las naciones europeas), sí se puede intervenir para atacar los puntos neurálgicos y pasar a centralizar esos esfuerzos, por lo menos con cada uno de los estados de la República. Sin intervención directa, legal y legítima y sin una centralización real de los recursos y posibilidades, lo que queda es la dispersión, ante un adversario que sí sabe y puede centralizar sus propios esfuerzos desestabilizadores.

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