septiembre 20, 2008

El regateo y la tormenta

Ivonne Melgar
Retrovisor
Excélsior

Cauteloso y desconfiado, el calderonismo le apostó a sus cuadros políticos y a una alianza con el priismo legislativo.

Bajo esa estrategia, el segundo gobierno del PAN trazó planes para desmontar la idea de que los acuerdos políticos eran imposibles y aplicar un plan sin precedentes en la confrontación a las bandas delictivas.

Hasta hace poco, la jugada funcionó bastante bien. Con el motor tricolor, se aprobaron las reformas en pensiones, la hacendaria, la electoral y la de seguridad. Y en el tema del combate al crimen organizado, la percepción social crecía a favor de un gobierno dispuesto a todo, incluso a utilizar el concepto de guerra.

Los problemas comenzaron sin embargo en este 2008, cuando en el arranque de su gestión como secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, no logró sortear con éxito las impugnaciones del PRD por presunto conflicto de intereses entre sus tareas políticas y los negocios familiares.

La apuesta de la confianza en los cuadros políticos del presidente Felipe Calderón quedó averiada. Y el PRI se sumó al cuestionamiento del principal interlocutor del gobierno frente a la oposición, particularmente a través de su legislador más importante, el jefe de la bancada en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.

En ese contexto, la iniciativa de reforma petrolera ya no corrió la misma suerte que las anteriores, aun cuando en Los Pinos formularon una propuesta sujeta a las condiciones que el priismo había puesto para sacarla adelante.

Si bien el freno del proceso legislativo en el tema energético representa un tropiezo para el calderonismo, esto pasó a segundo plano ante el trato que su supuesto aliado político, el PRI, le dio a la ola de violencia agudizada en los últimos meses.

Justo cuando el gobierno debía cumplir con el segundo informe, la crítica tricolor alcanzó su mayor tono porque a la descalificación de la estrategia en seguridad, sumó aquella frase del senador Beltrones de que se trataba de una administración de “cuates y de cuotas”.

Y, sin embargo, ya Calderón había echado a andar el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el que por cierto no participaron los partidos políticos, sino únicamente sus representantes legislativos, aunque en esa firma del 21 de agosto, brillaron por su ausencia justamente los priistas.

Aun cuando los ajusticiamientos, decapitados, narcomantas y enfrentamientos siguieron manifestándose con gravedad, el gobierno federal encontró en el cumplimiento de ese acuerdo un nuevo instrumento de negociación política y de búsqueda de la credibilidad ciudadana, hasta que las granadas de Morelia dejaron al descubierto el tamaño del problema.

Si algo hay unánime ahora es la conciencia de que a partir del 15 de septiembre el asunto del crimen organizado escaló a un grado de violencia para el cual no había apartado ni compromiso alguno dentro del acuerdo ni leyes y mucho menos capacidad de respuesta en las instituciones.

Se llama terrorismo y basta el telegrama solidario enviado este viernes por el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero para entender que es eso y que si le tenemos miedo al término, no habrá valentía posible en el enfrentamiento de sus ejecutores.

Como toda situación límite, el hecho y su condena no admiten medias tintas ni regateos. Y en términos formales, digamos que nadie se quedó sin pasar lista. Lo hicieron los congresos, la Corte y los partidos. Deploraron y prometieron respaldo a las instituciones.

No obstante, pasada la paja retórica, la semana que termina deja al descubierto de qué profundidad es la fractura de la apuesta calderonista en una alianza con el PRI ahora desmantelada por el espejismo electoral.

Porque ese partido ha resuelto capitalizar la compleja coyuntura en beneficio de su expectativa de convertirse en primera fuerza legislativa para 2009.

Y todavía más: le está regateando a la institución presidencial incluso el formalismo de una mera declaración de papel, de las que mueren con el periódico de ayer.

Eso es lo que ocurrió este jueves en la víspera de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública para evaluar y ratificar el pacto posible del acuerdo. Calderón invitó a comer a las dirigencias de los ocho partidos políticos. Si el PRI, el PAN y el PRD habían suscrito una condena conjunta, comprometiéndose a fortalecer las instituciones de la República para enfrentar, “sin fisuras, al crimen organizado”, en Los Pinos se pensó que era momento de traducir esa palabra en un cierre de filas.

El perredista Guadalupe Acosta Naranjo se disculpó por mantener la distancia dictada por el pejismo. Y a su negativa se adhirió la del PT y Convergencia.

El resto acudió. Germán Martínez del PAN, Beatriz Paredes del PRI, Jorge Emilio González del Verde Ecologista, Alberto Begné de Alternativa y Jorge Kahwagi de Nueva Alianza. Entre la sopa y el guisado, nadie dijo no a la idea de poner en blanco y negro el compromiso colectivo en torno a la unidad reclamada por el gobierno para aplicar la fuerza del Estado. Pero llegada la hora de la digestión, el priismo optó por el silencio.

Cero pronunciamientos.

Simultáneamente, en la casona de Xicoténcatl, sin la virulencia de días anteriores, el senador Beltrones llenaba el hueco con el anuncio irónico de que su grupo parlamentario pediría una audiencia con el Presidente: “Queremos preguntarle directamente qué necesita y qué es lo que podemos hacer en el Senado para ayudar a que México salga adelante”.

En su declaración a los medios, avizoró el sonorense que “la tormenta que viene nos impactará en el futuro”. Debe ser. Sobre todo porque a estas alturas el gobierno federal no parece decidirse a balconear el doble juego del supuesto aliado. Y como con el foxismo, por la vía de los hechos, el presidente va solo. Esta vez la idea de que sí habría un PAN acompañando al gobernante, es una pretensión que hace agua.

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