diciembre 16, 2008

¡Cambiemos de objetivo!

Armando Salinas Torre
Excélsior

A mi amigo Nelson Vargas.

Hemos recibido con profunda tristeza la confirmación del asesinato de Silvia Vargas Escalera. Sin duda alguna nos unimos al dolor que embarga a su familia, así como a sus oraciones por su descanso en paz.

A pesar de que existen muchos otros temas que debiéramos abordar, día a día la inseguridad que padecemos nos obliga a insistir en asuntos que debieran estar ya superados.

De manera insistente nos dicen que el índice delictivo ha disminuido algunos puntos porcentuales, como si se tratara de un indicador de la bolsa de valores, cuando dicha información no sólo es incorrecta, porque no refleja la realidad de las ciudades ni mucho menos tiene la sensibilidad de abordar este tema a partir de la ineficacia del sistema en su conjunto.

El número de denuncias no puede ser empleado como un indicador válido para medir la situación delictiva. Desde hace muchos años se ha demostrado, a través de otros instrumentos metodológicos, que dicha cifra únicamente refiere el número de personas que acuden a denunciar un hecho presumiblemente ilícito. Quienes nos hemos enfrentado al via crucis de presentar una denuncia podemos afirmar que se trata de uno de los trámites que genera molestia, coraje, frustración, entre muchos otros sentimientos, en vez de generar respaldo y seguridad para quien la formula.

Se ha dicho en muchas ocasiones también que, generalmente, sólo una persona de cada diez que han sido víctimas de un delito presentan su denuncia. De este diez por ciento, sólo uno por ciento de los casos llega a una sentencia condenatoria. Una simple conjetura se formula en el imaginario colectivo con respecto al nivel de impunidad y de inseguridad. No se trata de que todas las denuncias concluyan con una sentencia condenatoria, sino de contar con un diagnóstico real de la situación que, al igual que otros aspectos de la inseguridad, como son las deficiencias institucionales, nos conduzcan a las acciones estratégicas del Estado mexicano para generar confianza y seguridad a sus integrantes.

El Presidente de la República ha asumido de manera personal e institucional el liderazgo de la lucha contra el crimen organizado, empleando todos los recursos a su alcance y promoviendo, mediante reformas legales, el fortalecimiento de otros más. En un sistema de gobierno republicano y federal como es el nuestro, todos deben asumir sus responsabilidades y tender a cumplir la demanda de la sociedad. Este sistema no fue diseñado para escudar y proteger a ninguna persona que viole la ley y atente contra los derechos de la gente, sino para su protección misma y evitar los abusos del autoritarismo y el centralismo que victimizaban al mismo individuo.

La reciente reforma constitucional y las legales otorgan a las instituciones públicas mayores atribuciones para investigar, perseguir y sancionar a los delincuentes; sin embargo, será insuficiente si el Estado en su conjunto no lleva a cabo la transformación de la actitud de sus servidores públicos e instituciones, para responder a las demandas de la sociedad.

Se requiere que, ahora que nos encontramos en plena crisis, hagamos un esfuerzo de la dimensión de la misma, para que logremos desterrar corrupción, impunidad, indolencia y tantos otros vicios que han contribuido al sistema gubernamental en los diferentes órdenes de gobierno en perjuicio de la persona.

En muchas ocasiones se han planteado también las deficiencias de los sistemas de rendición de cuentas institucionales en nuestro país. Existen importantes resistencias al cambio porque se ponen en riesgo los privilegios de reducidos pero influyentes segmentos de la población. Es necesario que las mismas demandas de la sociedad se dirijan a construir los nuevos mecanismos de evaluación y seguimiento de las acciones y el resultado de las actividades del Estado mexicano.

Es insostenible que, a pesar de los muchísimas campañas para mejorar la atención ciudadana en todas las instituciones públicas, aún no se logre hacer sentir a las personas satisfechas en los trámites que formulan, ya no digamos para crear una nueva fuente de empleos, sino con el fin de denunciar el secuestro de un hijo, el robo, la violación o el homicidio de una persona.

Es indispensable que las instituciones transformen su actitud hacia el ciudadano, dejen de verlo como el objetivo de sus extorsiones, vejaciones y todas las conductas ilícitas que día a día se acumulan a las ya de por sí ocasionadas por la delincuencia común. La respuesta que estamos esperando los ciudadanos de parte de las instituciones no es sólo el recuento de las acciones hasta ahora ejecutadas, sino el índice de satisfacción ciudadana por los servicios públicos proporcionados con cargo al erario.

No existe sociedad en la que se carezca de la delincuencia, desafortunadamente hay la maldad en la condición humana, a la cual debemos sancionar por sus actos. Sin embargo, es inaceptable la doble victimización que se recibe por el Estado cuando se acude a denunciar las agresiones de que hemos sido ya víctimas.

Partiendo de la premisa de que la democracia no sólo está conformada por el sistema electoral, sino por la vigencia de los derechos de las personas, hablar de una democracia fallida podría ser exagerado, a pesar de ello, cada vez que observamos o sufrimos los lamentables acontecimientos que diariamente suceden, ello nos obliga a reflexionar sobre el riesgo que se cierne sobre nuestra frágil democracia.

Durante los últimos años se han otorgado mayores atribuciones a la autoridad, bajo el argumento de garantizar la seguridad pública y el orden público, pero se ha arriesgado la tutela de los derechos del individuo. Considero que debemos cambiar de objetivo estratégico de las instituciones de seguridad: proteger y defender los derechos de las personas.

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