Raúl Cremoux
El Universal
14 de marzo de 2008
Pero si lo mismo pasó en la elección interna anterior. Lo calificaron de “inmundicia”. Se lanzaron pancartas, maldiciones y bofetones. Tuvieron que anular esos comicios y se vieron obligados a repetirlos.
El próximo domingo, todo así lo indica, el escenario volverá a repetirse. López Obrador está empecinado en que Encinas sea el soporte sobre el que girarán sus planes para 2009 y hasta 2012. Ahí están puestas las esperanzas del legítimo. Para ello se ha valido de lo que tanto le criticó a Fox; de lo que posteriormente, en las lágrimas de la derrota, calificó de intromisión ilegal y fraudulenta. Le pudo tanto que ahí, con el chillido de “¡Cállate, chachalaca!”, inició su tobogán electoral. Su batalla interna no es ideológica ni programática. Tanto Encinas como Ortega dicen querer lo mismo; el botín está en el grado de supuesta lealtad que uno y otro pudieran ofrecerle.
Para López Obrador, el partido es ahora la tabla de salvación e impulso que pudiera llevarlo, otra vez, a ser candidato a la Presidencia. Muestra que en Jesús Ortega, ese quien fuera su coordinador general de campaña, no está su mirada. En cambio, es en Encinas, quien tanto lo apapachó en el lamentable plantón de Reforma, donde descansan sus esperanzas. La estrategia es clara: si Ortega ganase la elección interna, AMLO no tendría la mesa para servirse cuanto quisiera ya que la distancia generada con la corriente chuchista cada día es mayor.
Con Encinas tendría la facultad de ser él mismo quien dispusiera las candidaturas en la renovación del Congreso federal. En consecuencia, la elección interna del PRD será definitoria en la suerte de AMLO… y de la izquierda toda.
Alejandra Barrales, la candidata obradorista en esas mismas elecciones, tiene la encomienda de ganar para hacer lo mismo en el territorio del DF y, con ello, remachar los límites que se le han impuesto a Marcelo Ebrard en sus aspiraciones mayores. Por todo esto, las irregularidades en esos comicios son tantas y tan abultadas.
Pareciera que las reglas tan estrictas que el PRD exige cuando se dan elecciones externas aquí en las internas no cuentan. Ya el Tribunal Electoral ha sancionado las inequidades, aunque el árbitro interno, Arturo Núñez, no las vea; ya las condenas que el candidato Ramírez Cuéllar ha hecho a las reiteradas intromisiones de López Obrador no son atendidas; ya las declaraciones del cuarto candidato Camilo Valenzuela sobre el reparto de despensas con leyendas alusivas a Encinas han sido ninguneadas.
Por todo ello, hay claros indicios y marcas evidentes de que el próximo domingo se llevará a cabo entre sospechas, amenazas y amagos violentos.
Todos los participantes llegan a esa contienda sabedores de que el proceso no ha sido limpio ni equitativo. Las formas así como los personeros vienen de fondos oscuros encabezados por la pareja Padierna y Bejarano; por masas corporativas capaces de insultar y agredir a quien les pida la consigna, de ofender y agredir a sus propios representantes, así se llamen Navarrete o González Garza. Desde el inicio los dados han sido cargados, y con ello, son precursores de los gritos que serán escuchados: “¡Voto por voto; casilla por casilla!”.
Quien gane conseguirá severas y extendidas acusaciones de ilegitimidad, y cuando ocupe la dirigencia del PRD bien podría ser calificado de espurio. Mal asunto para la izquierda mexicana, que no necesita de escándalos ni cochineros; malo porque el país requiere de ideas frescas, novedosas, populares que manifiesten otras posibilidades y otros proyectos enriquecedores de un escenario precario y viciado.
cremouxra@hotmail.com
marzo 14, 2008
Calderón afronta la primera crisis de su Gobierno en México
FRANCESC RELEA - México - 14/03/2008
El País
"No renunciaré", ha dicho tajante Juan Camilo Mouriño, el colaborador más estrecho del presidente mexicano, Felipe Calderón, acusado de tráfico de influencias. Pese a la rotundidad de sus palabras, la vida política del joven ministro de Gobernación de México, de 36 años, se extingue a fuego lento.
La fiscalía ha abierto una investigación para determinar si violó la ley, el Congreso se dispone a hacer lo propio, la presidenta de la Cámara de Diputados ha pedido su dimisión, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, busca defenestrarle a cualquier precio. El caso se ha convertido en la primera crisis del Gobierno conservador de Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN).
La popularidad de Mouriño está por los suelos, según la empresa de encuestas María de las Heras. El 85% de mexicanos consultados en un sondeo opina que lo que hizo es moralmente incorrecto, y el 68% piensa que debería dimitir. Pero, ¿qué hizo el ministro nacido en Madrid e hijo de un emigrante gallego, Carlos Mouriño Atanes, presidente y propietario del club de fútbol Celta de Vigo? Como apoderado legal de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar firmó siete contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), el gigantesco monopolio estatal, entre 2000 y 2003. El detalle que ha desatado el escándalo es que en aquella época Juan Camilo Mouriño era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, posteriormente, alto funcionario de la Secretaría de Energía, cuando el titular de este ministerio era Felipe Calderón.
Esta delicada información cayó en manos de Andrés Manuel López Obrador, líder del PRD y candidato presidencial derrotado en las controvertidas elecciones de 2006. Y éste ha ido suministrando en pequeñas dosis detalles de los contratos firmados por el empresario convertido en político, lo que le ha permitido recuperar protagonismo político en plena disputa interna en su partido, que el domingo próximo elegirá al nuevo presidente.
El renacer de López Obrador, que considera a Calderón como presidente ilegítimo producto de un fraude electoral, tiene que ver con la pésima política de comunicación del Gobierno, que ha reaccionado con una lentitud pasmosa. Mouriño ha puesto en manos de la fiscalía de la nación la documentación de los contratos, con la esperanza de salir airoso de la investigación. Tal vez lo logre, pero la opinión parece por ahora reacia a exonerarlo.
El País
"No renunciaré", ha dicho tajante Juan Camilo Mouriño, el colaborador más estrecho del presidente mexicano, Felipe Calderón, acusado de tráfico de influencias. Pese a la rotundidad de sus palabras, la vida política del joven ministro de Gobernación de México, de 36 años, se extingue a fuego lento.
La fiscalía ha abierto una investigación para determinar si violó la ley, el Congreso se dispone a hacer lo propio, la presidenta de la Cámara de Diputados ha pedido su dimisión, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, busca defenestrarle a cualquier precio. El caso se ha convertido en la primera crisis del Gobierno conservador de Felipe Calderón, del Partido de Acción Nacional (PAN).
La popularidad de Mouriño está por los suelos, según la empresa de encuestas María de las Heras. El 85% de mexicanos consultados en un sondeo opina que lo que hizo es moralmente incorrecto, y el 68% piensa que debería dimitir. Pero, ¿qué hizo el ministro nacido en Madrid e hijo de un emigrante gallego, Carlos Mouriño Atanes, presidente y propietario del club de fútbol Celta de Vigo? Como apoderado legal de la empresa familiar Transportes Especializados Ivancar firmó siete contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), el gigantesco monopolio estatal, entre 2000 y 2003. El detalle que ha desatado el escándalo es que en aquella época Juan Camilo Mouriño era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, posteriormente, alto funcionario de la Secretaría de Energía, cuando el titular de este ministerio era Felipe Calderón.
Esta delicada información cayó en manos de Andrés Manuel López Obrador, líder del PRD y candidato presidencial derrotado en las controvertidas elecciones de 2006. Y éste ha ido suministrando en pequeñas dosis detalles de los contratos firmados por el empresario convertido en político, lo que le ha permitido recuperar protagonismo político en plena disputa interna en su partido, que el domingo próximo elegirá al nuevo presidente.
El renacer de López Obrador, que considera a Calderón como presidente ilegítimo producto de un fraude electoral, tiene que ver con la pésima política de comunicación del Gobierno, que ha reaccionado con una lentitud pasmosa. Mouriño ha puesto en manos de la fiscalía de la nación la documentación de los contratos, con la esperanza de salir airoso de la investigación. Tal vez lo logre, pero la opinión parece por ahora reacia a exonerarlo.
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