mayo 16, 2008

Paco Calderón

Informe forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia

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15 de mayo de 2008 BOGOTÁ (Colombia) - INTERPOL ha presentado hoy los resultados del análisis forense de ocho pruebas instrumentales, consistentes en otros tantos ordenadores y equipos informáticos decomisados a las FARC, que ha realizado después de que Colombia, uno de sus 186 países miembros, le hiciera llegar una petición de ayuda el pasado mes de marzo.

El Secretario General de esta organización internacional, Ronald Noble, ha comunicado a los altos mandos policiales de Colombia que el equipo de INTERPOL de especialistas en investigación informática forense no descubrió “evidencias de modificación, alteración, añadidos o supresión” en los archivos de usuario de los tres ordenadores portátiles, las tres llaves USB y los dos discos duros externos decomisados con ocasión de una operación antiterrorista y antidroga efectuada por Colombia en un campamento de las FARC el 1 de marzo de 2008.

"Tras el pormenorizado y exhaustivo análisis forense que hemos realizado de cada una de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC, y tras el estudio de todas las evidencias examinadas por nuestros especialistas, INTERPOL concluye que no se produjo ninguna falsificación ni alteración de los datos contenidos en dichas pruebas instrumentales tras su decomiso por las autoridades colombianas, practicado el 1 de marzo de 2008", declaró el Sr. Noble.

En otras conclusiones importantes del informe se confirma que los especialistas en investigación informática forense de la policía judicial de Colombia respetaron los principios reconocidos internacionalmente para el manejo de pruebas electrónicas desde el momento en que, el 3 de marzo de 2008, recibieron las pruebas instrumentales. Sin embargo, al acceder directamente a las pruebas para visualizar y descargar su contenido entre el 1 y el 3 de marzo, los funcionarios de la unidad antiterrorista colombiana que primero intervinieron en el lugar de los hechos no respetaron los principios de esta índole aplicables en circunstancias ordinarias. Los especialistas de INTERPOL verificaron que ese acceso directo y esa descarga no afectaron al contenido de ninguno de los archivos de usuario de las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas.

"En las operaciones policiales que se efectúan en todo el mundo es corriente que las primeras unidades policiales que llegan al lugar de los hechos accedan directamente a las pruebas electrónicas decomisadas en lugar de hacerles copias protegidas contra la escritura. En particular, las unidades antiterroristas consideran que hay que obtener y analizar las pruebas inmediatamente para evitar el próximo atentado. En una de sus tres recomendaciones INTERPOL propone que la policía dedique más tiempo y más recursos a la formación de los funcionarios que primero intervienen en el lugar de los hechos para limitar ese tipo de situaciones, por ejemplo cuando dichos funcionarios deben decidir entre acceder directamente a las pruebas decomisadas o arriesgarse a que se produzca un nuevo atentado", añadió el Sr. Noble.

En el informe de INTERPOL también se resalta que el cometido de su peritaje técnico no es en absoluto evaluar la exactitud o las fuentes del contenido de las pruebas instrumentales.

Los especialistas de INTERPOL, sirviéndose de avanzadas herramientas de investigación forense, han determinado que las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas contienen más de 600 gigabytes de datos, entre los que hay 37.872 documentos escritos, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes, 22.481 páginas web, 7.989 direcciones electrónicas, 10.537 archivos multimedia (de sonido y vídeos) y 983 ficheros cifrados.

En palabras sencillas, se puede decir que este volumen de datos corresponde a 39,5 millones de páginas de Microsoft Word y, si todos los datos incautados estuviesen en formato Word, a un ritmo de 100 páginas por día, se tardaría más de 1.000 años en leerlos. Para descifrar los 983 archivos cifrados los especialistas de INTERPOL conectaron diez ordenadores entre sí y los hicieron funcionar todos a la vez permanentemente durante dos semanas.

“Se solicitó a INTERPOL asistencia técnica en esta investigación porque, al ser la mayor organización policial del mundo, se encuentra en una situación única para proporcionar a cualquiera de sus 186 países miembros un análisis independiente, objetivo y especializado, lo que ha quedado claramente demostrado con la presente investigación”, indicó el Sr. Noble.

“La participación de INTERPOL a petición expresa de uno de sus países miembros ha dejado patente que puede conseguir los mejores recursos y conocimientos especializados del mundo para satisfacer las necesidades, tanto nacionales como internacionales, de los organismos encargados de la aplicación de la ley”.

A principios de marzo el Secretario General de la Organización se ofreció asimismo a entrevistarse con los mandos policiales de Ecuador y Venezuela para tratar este asunto, y reiteró este ofrecimiento en el mes de abril cuando se reunió con los jefes de las Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL de Bogotá, Quito y Caracas, que de hecho fue la primera reunión en la que participaban representantes de las fuerzas del orden de estos tres países desde que se decomisaron los ordenadores y equipos informáticos de las FARC.

“En ningún momento ha tenido INTERPOL ningún interés personal en el resultado de las conclusiones, salvo determinar la verdad y darla a conocer. Como consta claramente en el informe publicado hoy, la realización de la investigación informática forense se ha hecho con el respaldo de la Organización de Estados Americanos y ninguno de sus 186 países miembros se ha opuesto a ello”, declaró el Sr. Noble.

Además de seguir avanzando en sus iniciativas mundiales contra el terrorismo y los delitos transnacionales clásicos, INTERPOL ha recibido frecuentes peticiones de ayuda para suministrar conocimientos especializados en otras investigaciones delicadas, entre otras el escándalo en torno al programa de la ONU “Petróleo por Alimentos” y la investigación en curso sobre el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, perpetrado en 2005.

Calderón tiene el apoyo

Ciro Gómez Leyva
La historia en breve
Milenio

Apenas el viernes se apuntó aquí que, en vista de que se vivía el momento más oscuro en el año y medio de guerra contra la adaptación mexicana del terrorismo, que es el crimen organizado asociado al narcotráfico, se requería más que nunca de un líder que se agigantara. De alguien que, sobre todo, supiera qué decir en esta circunstancia.

No sé si el Comandante en Jefe, Felipe Calderón, se agigantó. Dudo que la construcción de sus discursos haya sido muy afortunada (en especial cuando solicitó a los medios no caer en el juego del terror). Pero su “¡Ya basta!”, repetido varias veces, fue una arenga que no quedó en el vacío. Conmovió. Promovió adhesiones.

La más significativa, quizá, la del senador Manlio Fabio Beltrones, quien el miércoles fijó lo que, supongo, es el sentimiento de la mayoría de los priistas: en este combate no se le puede regatear apoyo al Presidente de la República.

Muy pocos en la pavorosa crisis de mayo han salido a preguntar si la estrategia es la correcta, o si se va ganando la guerra. Calderón tiene el apoyo político y, me dicen por ciertas encuestas, también el ciudadano. El momento, pues, parece idóneo para que le suba la moral a su gente, su tropa, sus mandos. Y para que le dé forma a un acuerdo que sume voluntades, precise prioridades y métodos, y facilite la toma de decisiones extraordinarias.

¿Qué más necesitarían hacer el Ejército y las policías? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos estatales y municipales? ¿Qué los jueces y magistrados? ¿Qué los senadores y diputados? ¿Qué los banqueros y financieros? ¿Qué, incluso, los medios?

El Comandante en Jefe tiene la palabra. No es hora de vaguedades. La narrativa nacional no puede quedar en manos de terroristas.

¡Ni un paso atrás! y... ¡Ni un paso adelante!

Francisco Martín Moreno
exonline.com

Nuestra sociedad está mucho más desarrollada y avanzada que la clase política mexicana, la que está destruyendo a pasos agigantados al país.

Hace unos días, durante una entrevista que amablemente me hizo Eduardo Ruiz Healy, afirmé que López Mateos había sentenciado aquello de que en materia de petróleo nacionalizado, ¡ni un paso atrás!; a lo que él, con agudeza política, agregó que tampoco ¡un paso adelante..!

Cuando asistimos a la época de las grandes alianzas y de la globalización; cuando el mundo abre sus puertas a la inversión extranjera, recursos frescos para generar riqueza y empleos, y en Europa se derrumban las fronteras para favorecer la expansión y la consolidación de la Unión Europea; cuando en el orbe se vive un momento de apertura y oxigenación, México se amuralla, se cierra, se aísla, perdiéndose en discusiones estériles cuando las respuestas de la experiencia internacional están a la vista de todos, salvo a la de quienes se niegan a ver, a escuchar y a razonar porque su interés no radica en reformar la industria petrolera mexicana, sino en aumentar su capital político entre los ignorantes y los ociosos, que serruchan la rama sobre la que están sentados mientras entonan cantos frívolos y suicidas, sin anticipar el final que les espera.

¿Cómo se llama aquel que niega lo evidente..? ¿Por qué ignorar la experiencia cubana con Repsoll y otras tantas compañías petroleras asociadas? ¿Y la Noruega, con sus 350 mil millones de dólares de reservas gracias a una explotación inteligente y compartida, una vez establecidas las reglas del juego por el gobierno? ¿Por qué no estudiar el experimento brasileño que, en un sola década, logró que Petrobras se ubicara entre las primeras cinco compañías del ramo en el mundo, con un éxito notable en lo referente a la captación de divisas y a la generación doméstica de riqueza? ¿Los brasileños son menos nacionalistas que los mexicanos? ¿Y los españoles? ¿Y los ingleses? ¿Por qué los demás sí pueden y México se encuentra empantanado en el tema?

La respuesta es muy sencilla: nuestra sociedad está mucho más desarrollada y avanzada que la clase política mexicana, la que está destruyendo a pasos agigantados al país, desde el momento en que es incapaz de llegar a acuerdos prácticos para construir un mejor presente y un mejor futuro. ¿Cómo olvidar cuando, tan sólo el sexenio pasado, el Congreso de la Unión fue incapaz de decidir qué horas eran en México y tuvo que ser la Corte de Justicia, la facultada para determinarlo? Las encuestas revelan, con meridiana claridad, que la nación está a favor de la apertura, de la explotación inteligente del patrimonio energético de México, sin traumatismos indígeno-nacionalistas suicidas. Nosotros le llevamos una gran delantera al gobierno.

Lo curioso del caso es que no son los representantes populares quienes se oponen a la evolución de México, aun cuando muchos de ellos sean también suicidas inconformes con el progreso social, sino que son los diputados plurinominales, los que nunca fueron elegidos ni nombrados por la nación para ocupar una curul y devengar una dieta, los que perjudican al pueblo con sus posiciones irresponsables, fanáticas, obnubiladas y confundidas.

Dichos diputados plurinominales son los mismos que continúan resentidos porque los españoles engañaron a los indígenas cambiándoles sus joyas de oro por meras cuentas de vidrio sin ningún valor material. Son los mismos que no han podido superar el despojo que sufrimos cuando, otros extranjeros, nos robaron la mitad del territorio nacional. Son los mismos que, dominados por una xenofobia fanática, prefieren la muerte antes que compartir una riqueza que nosotros no podemos explotar por incapacidad económica y tecnológica.

Está a la vista que Pemex es la única empresa petrolera en el mundo que se encuentra quebrada, a pesar de representar un monopolio energético. Está a la vista que los millones de mexicanos sepultados al día de hoy en la miseria no se han visto beneficiados por la explotación estatal del oro negro. Está a la vista que Pemex, sálvese el que pueda, ha sido una magnífica cantera de bandidos que se ha enriquecido con el patrimonio de los mexicanos. Resulta incuestionable que el gobierno mexicano ha sido un pésimo empresario y que Pemex, operado por priistas, panistas o perredistas, invariablemente será el mejor ejemplo mundial de putrefacción e ineficiencia administrativa y, sin embargo, a pesar de todo lo anterior y de poder constatar la experiencia petrolera internacional, los mexicanos continuamos esperando a que la clase política acabe de destruir este país.

A México le espera la quiebra financiera y la efervescencia social si no se lleva a cabo la reforma energética, dado que 40% del presupuesto federal de egresos depende de las exportaciones petroleras, mismas que están amenazadas por el agotamiento irresponsable de los pozos… La sociedad mexicana observa el debate petrolero como si asistiera a la fiesta de los toros: abuchea, chifla y aplaude, pero no participa mientras escucha: en materia petrolera no daremos ni un paso atrás, pero tampoco uno adelante…

fmartinmoreno@yahoo.com

Aplaude OCDE reforma educativa de Calderón

(EFE) París.- El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, subrayó hoy que la reforma educativa presentada ayer por el presidente mexicano, Felipe Calderón, es "uno de los más importantes anuncios" que se han hecho en política social en un país cuyos resultados en ese terreno están en la cola del mundo desarrollado.

Gurría declaró que la Alianza para la Calidad Educativa anunciada ayer por Calderón "es una señal muy importante que augura (...) que podemos entrar en una nueva etapa de competitividad".

Subrayó que su contenido "es totalmente consistente" con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuya recomendación prioritaria para el funcionamiento de los sistemas educativos es: "evaluación, evaluación, evaluación".

"Evaluación de los alumnos, de los maestros, de las escuelas", argumentó tras referirse a uno de los elementos clave de la reforma: la selección de los profesores se hará por concurso, como ya es habitual en muchos otros países de la organización.

El secretario general destacó que ante el reto que plantea la reforma tiene "mucho interés" y "mucha emoción" en tanto que mexicano, porque gracias a ella "aseguramos" que en el terreno de la competencia internacional "seamos más interesantes porque habrá una mano de obra mejor preparada".

Gurría avanzó que el próximo mes una delegación de alto nivel de la OCDE se desplazará a México para ver "cómo podemos apoyar mejor este proyecto", y a ese respecto indicó que su país "conoce muy bien los instrumentos que tenemos", con programas que abordan desde el cuidado de los bebés de las madres trabajadoras a la formación universitaria.

Recordó que en los informes PISA de evaluación del nivel de los escolares realizados por la OCDE México no sólo está en la cola de los 30 países miembros, sino que también hay otros Estados en desarrollo que participan en ese ejercicio que "están por encima".

"Estamos perdiendo espacios, estamos perdiendo oportunidades", alertó, antes de mostrarse confiado en que el dispositivo presentado por el Gobierno mexicano permitirá "al menos" no aumentar la brecha.

Gurría también hizo hincapié en que "se requiere un gran consenso" para llevarlo adelante, y puso el acento en que al proyecto ha empezado a andar con la adhesión de los principales colectivos implicados.

La Alianza para la Calidad Educativa pretende mejorar la enseñanza de niños y jóvenes y se sustenta en cinco ejes: modernizar la infraestructura de las escuelas, elevar la calidad de los maestros, reforzar los programas de becas, desarrollar las capacidades de los alumnos y consolidar la evaluación como instrumento para subir el nivel.

¿Quién diablos es Lucía?

Salvador Garcia Soto
El Universal

De figura menuda, de ojos encendidos detrás de sus gafas cuadradas y voz que habla con pasión, Lucía Morett es un personaje que desata tormentas. Unos la tachan de “estudiante subversiva” y le atribuyen maquiavélicos planes para iniciar en México un movimiento armado asesorado directamente por las terroristas de las FARC; otros la ven como una joven idealista y de convicciones sociales que, por ingenuidad y por la inquietud propia de su edad, se relacionó con el Movimiento Bolivariano y eso la llevó a entrar en contacto con la guerrilla colombiana.

La historia de esta joven mexicana, una de las tres sobrevivientes del ataque del Ejército de Colombia al campamento de las FARC en territorio de Ecuador, habla, ciertamente de una chica de convicciones, que desde muy joven se involucró con movimientos sociales radicales, lo mismo con el EZLN que con el Movimiento en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.

Antes de ser conocida por su presencia en el campamento atacado ilegalmente por las fuerzas colombianas, Lucía ya era una vieja conocida de los servicios de inteligencia mexicanos y en el CISEN la tenía ubicada, junto con varios de los jóvenes mexicanos que murieron en aquel ataque, como “simpatizante de las FARC”.

Mientras en México las opiniones sobre su figura se dividían, y lo mismo era defendida por un sector que la consideraba “víctima”, que atacada por otros como “peligrosa”, el caso de Lucía se volvió incluso tema a nivel continental. A las acusaciones de “terrorista” que vino a hacerle a nuestro país el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se opuso la defensa a ultranza del bloque de países latinoamericanos cercanos al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y en Nicaragua, su presidente Daniel Ortega le dio trato casi de “heroína” de la causa bolivariana.

Desde que ocurrió aquel ataque al campamento de las FARC, la joven Morett ha vivido de todo. Primero el gobierno ecuatoriano le ofreció asilo en calidad de testigo. La administración de Rafael Correa le ofreció quedarse en este país el tiempo que quisiera hasta su recuperación y que colaborara como testigo protegido, por lo que le darían un trato especial porque consideraban que su vida corría peligro.

Pero el miércoles pasado el caso de Lucía dio un vuelco total: el mismo gobierno de Ecuador que antes le ofrecía protección, ahora la acusó de “delitos contra la seguridad del Estado” y pidió su extradición para juzgarla en su país. Se le decretó a la joven mexicana “prisión preventiva” y se inició contra ella un proceso penal que, de encontrarla culpable, podría llevarla pagar una pena de hasta 12 años de prisión en Ecuador.

La difusión de un video por parte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, donde la joven aceptaba que había llegado al campamento con una autorización de las FARC, y otro video más donde se muestra a los jóvenes mexicanos recibiendo instrucción militar en el campamento donde se encontraba el número dos de la guerrilla colombiana, Raúl Reyes, desencadenaron las acusaciones penales contra Lucía Morett.

Si ya era muy difícil para Lucía justificar su presencia en el campamento de las FARC, y en varias ocasiones habían sido evidentes sus contradicciones y la poca consistencia de sus argumentos, su situación ahora es más que complicada. Inicialmente la joven mexicana manejó la versión de que iba para trabajar sobre su tesis de licenciatura; después habló de que participaba en un programa de intercambio humanitario, y al final, en el interrogatorio que se difundió en el video, habla más bien de una invitación de la guerrilla colombiana.

La pregunta que surge es ¿por qué el gobierno de Ecuador cambió su posición y, si tenía elementos, ¿por qué tardó tanto en formular acusaciones contra Morett?

El ataque colombiano a la célula de las FARC en territorio ecuatoriano ocurrió el primero de marzo pasado; más de 70 días después la Fiscalía ecuatoriana anuncia que solicitará su extradición, ya que Lucía se encuentra desde el 16 de abril en Nicaragua, bajo la protección del presidente Daniel Ortega, quien incluso le ofreció la ciudadanía nicaragüense.

¿Por qué finalmente fue el gobierno de Ecuador y no el de Colombia el que hizo las acusaciones contra la estudiante mexicana? El presidente Álvaro Uribe ya había acusado públicamente a Lucía Morett y a los jóvenes mexicanos muertos de ser “terroristas” y “cómplices” de la guerrilla en su país, pero extrañamente el gobierno colombiano nunca presentó una denuncia ni solicitud de extradición.

Incluso la televisión y la radio de Colombia han cuestionado severamente la credibilidad de las versiones de Morett, donde ella aseguraba que los militares la acosaron, que la querían sacar de Ecuador para llevarla a Colombia, aunque al final se llevaron sólo cadáveres. Si los colombianos tenían tantos elementos para sostener la culpabilidad de la estudiante mexicana ¿porque su gobierno se quedó de manos cruzadas y se limitó a vociferar y a provocar en territorio mexicano?

Y en medio de todo esto, ¿no sería bueno que el gobierno mexicano dijera algo?, que dejara la ambigüedad y fijara una posición clara sobre el tema Morett. Es obvio que el gobierno del presidente Felipe Calderón no está de acuerdo con lo que hizo Lucía, al igual que muchos mexicanos, pero ¿por qué no lo dice abiertamente?

¿Quién es finalmente Lucía Morett? ¿Merece ser enjuiciada y encarcelada en otro país? ¿Qué hay detrás del cambio repentino de posición en el gobierno de Ecuador? ¿Concederá el gobierno de Nicaragua la extradición para que la juzgue la justicia ecuatoriana? ¿Debe el gobierno mexicano apoyarla en su defensa?

Preguntas en la mesa. La palabra es de ustedes.

Unos por necesidad, los otros por legitimidad

Jorge Fernández Menéndez
Razones
exonline.com

Lo importante no siempre resulta lo más impactante en los medios, en la sociedad ni tampoco en el mundo político y el empresarial. Llama la atención que un espacio del que se podrá sacar poco y se hablará mucho, como el foro sobre la reforma petrolera, tenga tanta atención de los medios, mientras que la reforma educativa anunciada ayer no ocupe, para analizarla, debatirla, apoyarla u oponerse, el más amplio de los espacios.

De la segunda jornada del foro petrolero hay poco que decir: el detalle, por ejemplo de que Claudia Sheinbaum, presente una propuesta sobre el tema de López Obrador que contradice a la que López Obrador calificó pomposamente como un proyecto alternativo de nación hace apenas dos años. Eso, en realidad, no es novedoso: lo es que la ex funcionaria levante la bandera de un comité anticorrupción en Pemex (¿para eso no serviría una verdadera contraloría interna, como la que tiene cualquier gran empresa?) y sea la misma que reconoció que sabía que el esposo, Carlos Ímaz, recibía sobornos, según dijo él, o era el chantajista, según comentó Carlos Ahumada, de parte del gobierno capitalino, como todos lo vimos en una serie de videos inolvidables. O que la propia Claudia Sheinbaum fuera la responsable de las obras viales del DF en el gobierno de López Obrador, contratando casi todas las obras por adjudicación directa siempre al mismo grupo de empresarios que, casualmente, después resultaron los principales financistas de la campaña de López Obrador. Por cierto, en estos días, el gobierno capitalino deberá responder a las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación sobre presuntos malos manejos por aproximadamente 15% de los gastos de dos de esas obras, el distribuidor vial de San Antonio y el llamado segundo piso del Periférico. Pero la señora Sheinbaum, portavoz de López Obrador, propuso crear un comité anticorrupción en Pemex.

Mientras eso ocurría en el apagado foro de la reforma petrolera, se presentaba la propuesta de reforma educativa. ¿Qué incluye la reforma? Propuestas aterrizadas y tangibles. Se propone, en muy escueta síntesis, modernizar las escuelas y el sistema educativo. Se remodelarán antes del final de sexenio 22 mil escuelas, será entregado equipo de cómputo y acceso a internet a 135 mil escuelas, de forma tal que por lo menos tres de cada cuatro alumnos tengan acceso a la red. Habrá equipo de cómputo para los maestros que demuestren su capacidad en el manejo de la informática. Otras 50 mil escuelas tendrán modelos nuevos de administración, con participación directa de la sociedad. Se pondrá especial atención en 37 mil escuelas en zonas de alta incidencia delictiva; habrá cinco mil 500 de tiempo completo; 21 mil con horarios flexibles y 33 mil con horarios especiales.

Se plantea también la profesionalización de la carrera magisterial: las nuevas plazas se van a someter a concurso; se crearán y se concentrarán esfuerzos en escuelas de alto nivel, donde se va a canalizar a los mejores maestros; habrá estímulos para la elevación del nivel de los docentes. Se va a establecer un ambicioso programa de becas a todos los grados. Se impartirá la enseñanza del inglés desde preescolar. Y va a existir un mecanismo de evaluación permanente, con control externo, para todos los rangos, desde los directores hasta los alumnos, pasando por los maestros.

Es la mayor reforma educativa desde aquella, que terminó en pésimos resultados, realizada por Luis Echeverría. Y es el mayor esfuerzo por llevar al máximo las posibilidades de reforma a las necesidades de la gente, desde la remodelación de las escuelas hasta el acceso a la computación y la internet para maestros y alumnos, pasando por la enseñanza obligatoria desde el nivel más básico del idioma inglés.

Hace ya tiempo, en este espacio hemos insistido en que una reforma de estas características era imprescindible, pero también en que, para llegar a ella era necesario un acuerdo que involucrara a las autoridades y al sindicato de maestros. Esa reforma, hoy, por lo menos en el papel, en los compromisos asumidos, es una realidad y, para ello, fue necesario un largo trabajo político de Josefina Vázquez Mota y la participación activa del sindicato, comenzando por Elba Esther Gordillo. Podrán gustar o no la funcionaria o la líder sindical, pero, más allá de los discursos, la posibilidad de reforma en el sistema es lo que podrá permitir una reforma en el sindicato: no es al contrario, nunca lo ha sido. Será a partir de estos cambios, sobre todo de la evaluación, la capacitación, los premios por formación y desempeño, los concursos por méritos y capacidad de las plazas, como se podrá mejorar el desempeño magisterial. Era necesario un acuerdo de largo plazo, aunque ambas provinieran de experiencias y vidas completamente diferentes, entre Vázquez Mota y Gordillo, para llegar a una reforma real. Ahora viene lo más complejo, convertirla en realidad, pero tanto de los gobiernos como del sindicato parece existir voluntad cierta de sacarla adelante: unos saben que la necesitan para paliar un grave problema estructural. Los otros, con el fin de equiparar su poder con su legitimidad social.

Estas son las reformas necesarias: esperemos que no surjan voces que argumenten que la enseñanza del inglés o la formación en sistemas de cómputo o el acceso a internet debilita la soberanía nacional y las tradiciones del pueblo mexicano. O que demanden que no haya concursos para las plazas de maestros o exijan que los estímulos se distribuyan a todos por igual. O que no haya evaluación independiente. Pero ya nos equivocamos: ayer mismo la Coordinadora magisterial, el CNTE, llamó a un paro nacional para oponerse a la reforma. Y esos son los que se llaman revolucionarios y encabezan la disidencia en el magisterio.