junio 17, 2008

Calderón promulga amplia reforma que instituye la justicia oral en México

México, 17 jun (EFE).- El presidente mexicano, Felipe Calderón, promulgó hoy una reforma constitucional sobre justicia penal y seguridad pública para adoptar un sistema acusatorio con juicios orales, reforzar el combate al crimen organizado e instaurar la presunción de inocencia.

La reforma, que hoy entra en vigor, posibilita que cualquier sospechoso de pertenecer al crimen organizado sea detenido hasta 80 días sin presentación de cargos en su contra, lo que ha sido criticado por grupos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW), que considera excesivo ese plazo.

Durante el acto de promulgación, Calderón calificó la nueva norma como "quizá la más relevante reforma realizada al sistema penal" que ha tenido México "en mucho tiempo".

El país adopta desde ahora un sistema penal acusatorio que se irá introduciendo paulatinamente con juicios orales y procesos simplificados, en los que un juez conducirá las audiencias y presenciará la presentación de pruebas y alegatos de las partes implicadas.

El sistema penal mexicano actual se basa en lo que contenga el expediente de un caso, el único documento que tiene el juez para dictaminar.

"La etapa de investigación de los delitos será mucho más ágil y deberá ser mucho más profesional", indicó Calderón, para quien la reforma constituye "un paso fundamental para que México prospere como una Nación de leyes y de libertades".

La nueva normativa también otorga facultades de investigación a las distintas corporaciones policiales, que actuarán bajo la conducción de las Procuradurías (fiscalías), hasta hoy las únicas habilitadas para indagar delitos.

Asimismo, la reforma introduce en el Código Penal los conceptos de "flagrancia" y de "delincuencia organizada", así como su tratamiento procesal, y cambia los términos de "reo" por "sentenciado", y "readaptación" por "reinserción".

Por otra parte, las víctimas de los delitos tendrán derecho a recibir asesoría jurídica, colaborar en las investigaciones, obtener atención médica y psicológica, exigir la reparación del daño y mantener en secreto su identidad y sus datos personales.

La extinción de dominio en favor del Estado en bienes del crimen organizado decomisados por las autoridades y la creación de centros especiales de reclusión para narcotraficantes también están contemplados en la nueva ley.

Además, se instituye el Sistema Nacional de Seguridad Pública para capacitar a los agentes policiales y establecer reglas para su selección y evaluación.

"Estamos decididos a ganar la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado", enfatizó Calderón.

A su vez, el secretario de Gobernación (Interior), Juan Camilo Mouriño, destacó que el problema "de la inseguridad pública no se resolverá sólo con mayores recursos, con más policías o con mejores leyes", sino con "una mayor participación de la sociedad" y una "cultura de la legalidad".

Para reducir la carga del sistema judicial, la reforma establece medios alternativos de solución de controversias civiles o comerciales para que se manejen por fuera del ámbito penal.

La nueva legislación también busca fortalecer la "defensoría pública" para que las personas de escasos recursos tengan acceso a una defensa más eficiente y profesional.

El diputado César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, recordó que actualmente en el país "más de 90.000 personas están privadas de su libertad sin sentencia condenatoria".

Inconstitucional, llamar “presidente legítimo” a AMLO: IFE

El uso de esa frase denosta a una de las instituciones del país considera el proyecto de dictamen de la Secretaría Ejecutiva del instituto, el cual tendrá que ser aprobado por el Consejo General.

Notimex / La Jornada On Line

México, D.F. El uso de la frase "presidente legítimo" en referencia a Andrés Manuel López Obrador contraviene la Constitución y denosta a una de las instituciones del país, determinó la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE).

El uso de esa frase por parte del PRD y PT tiene por objeto restar autoridad o desconocer la validez jurídica del nombramiento de quien formal y materialmente ostenta el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, desconociendo la decisión emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral, expuso.

En el proyecto de dictamen que se someterá el miércoles a consideración del Consejo General del IFE se propone ordenar al PRD y al PT que se abstengan de incluir la frase "presidente legítimo de México" u otra similar en relación con López Obrador en spots de radio y televisión que transmitan en tiempos oficiales.
El proyecto plantea también imponer una multa de 525 mil 900 pesos al PRD y 368 mil 130 pesos al PT por la transmisión de spots en los que ambos partidos se refirieron a Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, en dichos términos.

Declara SCJN válido nuevo régimen de pensiones del ISSSTE

El Informador

Continuará análisis de amparos

En una votación preliminar, ocho de 10 ministros presentes en la discusión de los amparos contra la ley del ISSSTE consideraron que las normas que establecen el nuevo régimen no son retroactivas

México.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válido el régimen de pensiones y el sistema de cotización de los trabajadores contenido en la nueva ley del ISSSTE, al rechazar la propuesta del ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En una votación preliminar, ocho de 10 ministros presentes en la discusión de los amparos contra la ley del ISSSTE consideraron que las normas que establecen el nuevo régimen no son retroactivas, al igual que el procedimiento para la transición entre un sistema y otro que respeta "íntegramente" los derechos de los derechohabientes.

En este sentido, quienes se opusieron a la propuesta de Ortiz Mayagoitia señalaron que lo dispuesto por el Artículo 10 transitorio de la nueva ley permite a los trabajadores en activo elegir entre dos opciones y por otra parte, no afecta a los jubilados.

Además coincidieron en que los trabajadores que empezaron a cotizar después del 1 de abril de 2007 estarán sujetos a la nueva legislación, por lo tanto tampoco existe aplicación retroactiva de la ley, debido a que nunca estuvieron sujetos al régimen anterior.

El lunes, el presidente de la Corte propuso declarar inconstitucionales las disposiciones que tienen que ver con el aumento de cuotas, años de servicio y edad de retiro para gozar de una pensión, ya que violaban el principio constitucional de irretroactividad en la aplicación de la ley.

Sin embargo, los integrantes del alto tribunal desecharon esa propuesta que argumentaba que "sacar" de un régimen a los trabajadores para incluirlos en otro violaba el principio de irretroactividad de la ley, pues dañaba derechos adquiridos con anterioridad a la promulgación de la nueva ley.

Juan Silva Meza, quien respaldó la propuesta de Ortiz Mayagoitia, dijo que comparte la convicción del presidente de que el sistema anterior de pensiones constituye un derecho adquirido por los trabajadores, lo que también se violenta con la nueva cotización mediante cuentas individuales.

Enfatizó que son "derechos de los trabajadores del Estado y de sus familias que no pueden disponerse por el legislador", pues el Artículo 123 constitucional establece las bases mínimas de seguridad social, y nunca se deben rebasar los límites constitucionales.

En contraparte, Sergio Valls Hernández dijo que el régimen de pensiones anterior no contiene derechos adquiridos, sino expectativas de derechos de los trabajadores, y que el aumento de las cuotas, no viola la garantía de retroactividad, pues no existe el derecho adquirido "para pagar siempre sobre una base o tasa".

Ramón Cossío Díaz puntualizó que la disyuntiva no debe centrarse en un problema de comparación entre el régimen anterior y el nuevo, sino determinar si este sistema de pensiones "satisface las bases mínimas de constitucionalidad".

A su vez, Mariano Azuela sostuvo que a los trabajadores "no les afecta en nada la ley. No les afecta lo que ya tenían", pues aseguró que antes la cuota que se les descontaba estaba destinada al pago de las pensiones de los jubilados, y ahora se aplicará de forma directa a las cuentas individuales.

En tanto, Sergio Salvador Aguirre Anguiano se sumó a las opiniones de la mayoría y recalcó que los cambios sobre el sistema de pensiones "son en beneficio de los burócratas", pues se conserva la responsabilidad del Estado, acorde a las posibilidades financieras del instituto.

Margarita Luna Ramos, ministra ponente del proyecto que propone negar el amparo contra el nuevo sistema de seguridad social, explicó que el aumento de cuotas, edad de jubilación y la antigüedad laboral no es un problema de retroactividad, sino un cambio de sistema pensionario.

De igual manera, subrayó que en caso de insuficiencia económica o quiebra de las compañías aseguradoras, el Estado dispone de mecanismos para la protección de los derechos de trabajadores, y que los contratos mercantiles surgidos entre asegurado y aseguradora se pueden dirimir por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La Suprema Corte continuará con el análisis de diversos temas sobre los amparos contra la nueva ley del ISSSTE, como la interpretación de las opciones para elegir entre el anterior sistema de pensiones y el cambio al nuevo régimen, relacionado con la modalidad de la transición.

La consulta popular y el efecto Bizancio

Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
La Crónica de Hoy

¿Se acuerda el lector de las presiones que hubo para que la reforma energética no se aprobara sin una discusión amplia sobre sus capacidades y sus posibles efectos? Como mínimo, le pasará por la mente la toma de las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados.

¿Puede el lector hacer un resumen de lo discutido hasta hoy en los foros que, para el efecto, organizó la Cámara de Senadores? Si es capaz, lo felicito, porque es uno de los poquísimos ciudadanos que los ha seguido atentamente.

¿Y qué es lo que ahora está en boca de analistas y opinadores varios? ¿Los matices introducidos por los técnicos y los desacuerdos sobre la capacidad de Pemex de generar, por sí solo, los recursos y la tecnología necesarios para continuar como palanca del desarrollo nacional? No. Lo que se comenta es la validez o no de la consulta popular que pretenden organizar el PRD, Marcelo Ebrard y/o Andrés Manuel López Obrador.

En otras palabras, los opositores a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, si bien no están ganando la discusión sustantiva, sí están triunfando en la batalla por la agenda.

Esto nos lleva a dos cosas. La primera es preguntarnos por qué. La única respuesta plausible es por las fallas de comunicación de parte de quienes apuestan por la reforma. Distintas encuestas dejan ver que, mientras más informada está la población sobre el contenido de la reforma, más tiende a apoyarla (con la excepción de la posible concesión a privados de proyectos de tubería). Sin embargo, el gobierno federal ha buscado una política de propaganda simplista, que no está dirigida a informar y que no tiene como objetivo a los ciudadanos indecisos.

Estas fallas se traducen en una tendencia decreciente a la aprobación de la reforma y a una mayor permeabilidad hacia la propaganda contraria a ella. El uso político de la propuesta de consulta popular sirve para reafirmar la creencia de que hay grupos interesados en que la población no sea tomada en cuenta para esta sustantiva decisión.

No importa que la consulta no sea parte de la legislación vigente. Tampoco que en la esencia de la democracia representativa esté la delegación de poderes (el ciudadano delega la toma de decisiones en sus representantes en congresos y gobiernos). Mucho menos, que la lógica referendataria lleva casi siempre a la simplificación y a la polarización. A la gente le gusta escuchar que va a ser tomada en cuenta.

A todos los actores políticos les queda claro que, sin elementos vinculantes, los resultados de cualquier consulta popular son, estrictamente, un arma de propaganda arrojadiza. Por eso, una parte del estira y afloja político de los últimos días ha sido limitar (o expandir, según el caso) el alcance de la que el PRD tendrá en sus manos en los próximos meses.

Lo extraño es que el acotamiento de la consulta ha querido ser regional. Que sólo se haga en los más pocos bastiones perredistas que sea posible, para que de esa forma sea desnudada en su carácter propagandístico. Es de preverse que así termine siendo, con fraseo y organización provenientes del contrapoder local —que al fin y al cabo sigue siendo poder—; que, bajo esas condiciones, la reforma sea rechazada por la mayoría y que, a partir de ahí, tengamos una segunda generación de dimes y diretes (que si es la voz del pueblo, que si sólo la de unos cuantos acarreados, etcétera).

En ningún momento los promotores de la reforma se han planteado la conveniencia de seguir explicándola. Ni parecen tener una estrategia para que los resultados del ejercicio propagandístico les sean menos adversos. Más allá de los bemoles de la propuesta energética, me queda claro que el resultado es distinto si en los susodichos bastiones el rechazo gana por 60 a 40 o si gana por 90 a 10. Al gobierno de Felipe Calderón parece darle lo mismo: va derecho y no se quita.

El segundo tema es que, como ya metieron la consulta popular sobre el petróleo a la agenda, los perredistas y sus aliados tienen que buscar la manera de legitimarla, aunque sea ex post. Que no sea tan obvio su carácter propagandístico, pues.

Para el caso, ya están calentando motores en el Legislativo. Como cada vez que lo exige la coyuntura, aparecen proyectos para discutir figuras como el plebiscito y la revocación de mandato. Hay que hacer creer que esos temas siempre han estado en el ánimo de la discusión política. No le hace que, en la más reciente propuesta de reforma del Estado, hayan sido arrinconados al cajón de las ocurrencias.

Podría darse una discusión interesante; entre otras cosas, porque así podrían desterrarse muchos mitos acerca de la democracia directa (en lo personal, creo que el único referéndum legítimo es el revocatorio de leyes establecidas y aún así subrayo que dividen a las sociedades). Lo malo es que la mayoría de los argumentos estarían basados, como es inveterada costumbre nacional, en las necesidades y conveniencias del momento, no en el interés colectivo.

Imagino que este nuevo debate se traslapará con el de la reforma energética, y las transformaciones a Pemex podrán seguir en el sueño de los justos (o de los empresarios).

Dice la leyenda que cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio se llevaba a cabo una animada discusión sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Me suena.

'Reformas' por Paco Calderón

¿A falta de información, “coyotes”?

Gabriela Cuevas Barrón
gabrielacuevasbarron@hotmail.com
Orden del día
El Universal

I. ¿Quién es responsable de la corrupción? Durante mucho tiempo los trámites con nuestros gobiernos han sido complicados y regidos por la corrupción. Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, el año pasado se realizaron en México 197 millones de actos de este tipo relacionados con los servicios públicos.

El DF es la segunda entidad más corrupta de nuestro país, debido a algunos malos gobiernos, pero también a que los ciudadanos toleramos la corrupción. La falta de información y la costumbre hacen que los capitalinos den mordidas o contraten coyotes o gestores para realizar sus trámites.

II. ¿Medio millón por un trámite gratuito? Hace algunas semanas acudió a la delegación Miguel Hidalgo un ciudadano muy disgustado: el gestor que contrató le solicitó medio millón de pesos para pagar una supuesta mordida por un trámite de desarrollo urbano. Más allá de los impuestos establecidos en la ley, el coyote aseguraba que la única manera de obtenerlo era pagar para “agilizar” el proceso.

Afortunadamente el ciudadano no se dejó engañar. Acudió a la delegación, y para su sorpresa, el trámite no sólo era gratuito, sino que ya estaba en la Ventanilla Única, la oficina donde se ingresan todos los trámites de las delegaciones. Cuando confrontó al gestor, éste reconoció que no necesitaba dinero para recibir el trámite, pero de igual modo exigía la cuota de la mordida bajo la amenaza de quedarse con el comprobante del mismo. Finalmente, el ciudadano obtuvo su trámite sin necesidad de pagar a ningún intermediario —coyote o gestor— por el servicio.

III. ¿Qué puede hacerse? El primer paso es conocer de propia mano los requisitos del trámite que va a realizarse, consultándolos directamente en las oficinas de la dependencia pública, a través de internet o en las leyes correspondientes. En segundo lugar, hay que acudir personalmente a realizar los trámites, ya que los gestores abusan de la mala fama del gobierno y de la falta de conocimientos de los ciudadanos para estafarlos.

Por último, y quizás lo más importante, es necesario denunciar ante las autoridades cualquier acto ilícito. Es momento de que los mexicanos demos un paso decisivo para acabar con la corrupción.

Asuntos generales:

Estimado lector: en Miguel Hidalgo todos los miércoles son Miércoles Ciudadanos y se brinda asesoría e información. Visita www.miguelhidalgo.gob.mx

Además de diputados, faltistas

Yuriria Sierra
Nudo Gordiano
Excélsior

He de reconocer algo: a los legisladores les hemos dicho cualquier cantidad de adjetivos, desde flojos e inútiles hasta nacos y ridículos; a uno que otro le damos crédito cuando su trabajo coincide para el que fueron colocados en su escaño; pero hoy, sin temor a equivocarme, me atrevo a calificarlos, a todos, como mentes inteligentísimas. He aquí mis razones:

Ayer, mi compañera Érica Mora publicó, en este mismo diario, el reporte de inasistencias de la Cámara de Diputados y que da muestra del ritmo con el que se mueve el país. Resulta que, de las 26 sesiones ordinarias (pocas si se toma en cuenta que, según la Constitución, un periodo de sesiones no puede durar más de seis meses), registró la nada invisible cantidad de 644 inasistencias; ya sabe, permisos que nuestros finísimos legisladores se dan para irse de vacaciones (que argumentan sumamente necesarias; agotados claro, de asaltar, tomar y apoltronarse en la tribuna), desayunos (según ellos con el fin de asentar acuerdos y ya se sabe que sin huevitos rancheros la nación nomás no arranca) o enfermedades (porque desconocen que la pereza no es un padecimiento y sí un pecado capital). Por ley, estas faltas deben estar monitoreadas y evidenciarse en el poco decoroso salario que reciben por el trabajo que realizan (aunque no lo realicen).

Y aunque esta es una razón para sacar el diccionario de sinónimos y llamarles sinvergüenzas de todas las maneras posibles, mi argumento para decir: “¡Qué bárbaros, qué listos son!”, radica en que, a sabiendas de su posición para crear (y abusar de, o violarlas sin pudor) las leyes, todo lo tienen resuelto para que ese descuento no se refleje en su recibo de fin de mes.

Según un acuerdo (aprobado por ellos, claro), las únicas razones que tienen para faltar al Congreso son enfermedad o caso fortuito (obviamente, no definido). Así que, con un justificante médico, se salvan de no recibir completos sus 152 mil pesos mensuales. Como en la secundaria: consíguete un doctor que te haga el paro…

Evidentemente, ellos no tienen que hacer las kilométricas filas a las que la mayoría de los mexicanos se someten para pedir que el IMSS (o, en este caso, el ISSSTE) les otorgue su incapacidad laboral, pues los legisladores están en condiciones de conseguir un justificante al por mayor y así salirse con la suya. El reporte de inasistencias presentado da razón de reportes médicos que, con la sola firma del médico, son aprobados, sin dar especificación alguna de que la “enfermedad” amerite la inasistencia.

En un periodo de sesiones tan fracturado, debido a las hazañas del Frente Amplio Progresista, el PRD se llevó la medalla de oro al sumar 491 faltas; la de plata fue para los naranjas de Convergencia con 67 y la de bronce a los trabajadores del PT, con 46. Y aunque el castigo correspondiente ya debió haberse efectuado, Ruth Zavaleta, a quien le correspondía ordenarlo, prefirió delegar esa responsabilidad a los demás integrantes de la Mesa Directiva que preside y, hasta hoy, no ha pasado nada.

Lo que resulta revelador es que el top ten de los faltistas está compuesto, curiosamente, por diputados integrantes del Frente Amplio Progresista. ¿Listos, gandallas o muy ocupados en las actividades del Pejelagarto?

Addendum. Aprovechando su visita de ensueño por el reino español, el presidente Felipe Calderón se dio tiempo para otorgarle una entrevista al diario español El País. En ella, Calderón habló de su reforma energética y sus propuestas para que México produzca biodiesel con el fin de evitar que se sufra una crisis como la que actualmente se vive en la “madre patria”. También sobre las elecciones en Estados Unidos: “Hasta no ver, no creer”. Donde Barack Obama, el demócrata, presenta las propuestas más amigables en materia de inmigración; esto debido a la constante de hablar mucho en campaña y el escaso actuar cuando llegan a la Casa Blanca. Pero lo más relevante fue que admitió, frente a su entrevistador, que el Estado cuenta con los elementos constitutivos de delito en el caso del góber precioso, Mario Marín y la periodista Lydia Cacho, aunque la Suprema Corte no los haya visto.

Esto es de lo más sobresaliente en la visita de Estado a territorio español, de ensueño, porque la mayoría de lo recibido fueron elogios, aunque aquí nos estemos haciendo bolas…

La nota fue una farsa

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

La puntada que se botó el sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia contiene algunos de los más valiosos elementos que hacen suculento el oficio periodístico, a saber en este caso: conflicto, trascendencia, oportunidad, prominencia, magnitud y humor.

Conflicto, porque generó la farsa de que el gobierno de Felipe Calderón, a través del INAH, había ofendido gravemente al perredista Marcelo Ebrard al “negarle” la entrada al Alcázar del Castillo de Chapultepec (prominencia); trascendencia y magnitud porque pretendía un “debate” de la iniciativa petrolera montado en la mentira de que sólo iba a tratar “asuntos laborales”, y oportunidad porque el petróleo es el gran tema nacional de hoy.

Lo hilarante es que el sindicato del INAH fue mero patiño del verdadero promotor del foro: el Mexicano de Electricistas… ¡con Marcelo como “invitado especial”!

Por fortuna, Ebrard supo a tiempo que el Instituto negó el Alcázar con el sólido argumento del engaño y, en vez de contribuir al despiporre, pudo aprovechar mucho mejor el día.

Calderón no volverá al Congreso “hasta 2012”

Francisco Garfias
Arsenal
Excélsior

El presidente Calderón podría no volver a pisar el Congreso de la Unión hasta que entregue la banda presidencial en 2012. Los cambios al artículo 69 de la Ley Suprema, consensuados por las cúpulas parlamentarias del PAN y del PRI, dejan abierta esa posibilidad.

Estas modificaciones, incluidas en la agenda del periodo extraordinario de sesiones que se inicia esta semana, eliminan la obligación que tiene el titular del Ejecutivo de asistir a la apertura, el primero de septiembre de cada año, para entregar su Informe de Gobierno. Dejan claro, también, que el Presidente de la República estaría obligado a comparecer ante los legisladores únicamente si alguna de las dos cámaras así lo solicita. La fecha se fijaría de acuerdo con la agenda del mandatario.

Priistas y panistas tienen mayoría en el Congreso. De ellos depende si se convoca al Ejecutivo. Las cúpulas parlamentarias de esas dos fuerzas políticas están de acuerdo en que, si no hay condiciones para que el Presidente comparezca sin que el Congreso se convierta en un circo, el primer mandatario simple y sencillamente no será llamado.

El coordinador de los diputados del PRI, Emilio Gamboa, es de los convencidos de que Calderón no volverá a las cámaras sino hasta 2012. “Los perredistas no lo van a dejar entrar”, asegura. Héctor Larios, coordinador del PAN, confirmó a este espacio el acuerdo al que llegó con el PRI.

Los cambios al formato del Informe le quitan a los perredistas la posibilidad de jalar reflectores durante ese acto, como lo vienen haciendo desde la década de los noventa. Los pronósticos podrían cambiar, si el amarillo logra una mayoría en la elección de diputados federales de 2009.

Las encuestas, sin embargo, han devuelto al PRD a sus niveles históricos de 15 por ciento. Las divisiones internas hacen difícil un pronóstico más optimista para el sol azteca en 2009.

* * *

Otro tema que ocupa y preocupa a Gamboa es la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El último año de la Legislatura, el cargo le toca al PRI. Cinco son los gallos que juegan por la silla que actualmente tiene la perredista Ruth Zavaleta: César Duarte, Chihuahua; Adolfo Mota, Veracruz; César Camacho, Estado de México; Marco Bernal, CNOP, y Arnoldo Ochoa, actual vicepresidente de la Mesa. Los cinco tienen padrino.

Gamboa ya habló con los gobernadores involucrados. Les pidió que no intervengan en el proceso. No quiere trasladar los pleitos internos en el PRI a su grupo parlamentario. Las cábalas internas se inclinan por Mota y Camacho. Al primero, sin embargo, lo ven muy “verde” y no tiene ascendencia sobre el grupo parlamentario. El segundo es bien visto por el grupo, pero trae el sello Peña Nieto.

* * *

Junto con su afiliación al PAN, Miguel Ángel Yunes sacó el hacha de guerra en Veracruz. El durísimo tono del discurso del director del ISSSTE causó escozor en el Palacio de Gobierno de la entidad. “Me quiere poner a pelear con el Presidente de la República”, se quejó el gobernador veracruzano, Fidel Herrera, en charla con este espacio.

El pasado domingo, en Veracruz, el flamante panista acusó a Herrera de atacar el Presidente de la República “sin razón alguna” y con el único argumento de que está más preocupado por las elecciones de 2009 que por los asuntos sustantivos del país.

“Lo que más ofende a Veracruz es la agresión que se hace al Presidente cuando está fuera de la patria, porque es un Presidente que apoya con todo a Veracruz”, subrayó Yunes en su discurso. Y buscó amarrar navajas: “Probablemente lo que faltó es que lo invitaran (a Fidel) a la gira, en lugar de a Peña Nieto”.

El gobernador asegura que Yunes puso en su boca cosas que no ha dicho del Presidente. “Vino en plan de camorra, es un porro”, reviró. Fidel, además, dice que la afiliación del ex priista a Acción Nacional es un acto, no sólo de provocación, sino anticipado de campaña.

Reiteró: “Ni vísperas anticipadas ni activismo desbocado fuera de tiempo. Así como en el deporte, alguien les va a sonar en el fuera de lugar y los va a expulsar. Lo dije por él (Yunes), pero ya es urbi et orbi”.

* * *

Hace apenas unos días, algunos legisladores se rasgaron las vestiduras por las declaraciones de Felipe Calderón, en España, en el sentido que las cuestiones ideológicas o las políticas dominaban el debate sobre la reforma energética y que su propuesta ni siquiera se ha discutido seriamente.

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI, le dio ayer la razón al Presidente. “En México es muy difícil desideologizar una discusión respecto del petróleo. Yo creo que el petróleo no nada más es energía, sino símbolo…”, declaró ayer, en Washington, donde asiste al Foro de Norteamérica, que organiza el Consejo de Asuntos Mundiales.

Economía Informal

Macario Schettino
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

El origen

En otras ocasiones hemos hablado acerca de las fallas que tiene la economía mexicana, y también sobre los repartos de culpas que hacen los políticos, y muchos académicos, entre las diferentes formas que se han utilizado para administrarla
Sin embargo, este tema no parece dejarnos, y por ello quisiera hablar nuevamente sobre el asunto, a ver si sirve de algo.

Durante mucho tiempo se ha calificado muy bien el periodo llamado “industrialización vía sustitución de importaciones”, que incluye al famoso desarrollo estabilizador. México creció, desde 1946 hasta 1970 a un ritmo ligeramente superior a 3% por habitante cada año, con una inflación inferior a 5%. De esos 25 años, es a la segunda mitad a la que se le llama desarrollo estabilizador, porque así le puso Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda durante esa docena de años. Sin embargo, no hay una gran diferencia en la política económica de esa segunda mitad del periodo con la anterior, en donde tanto el crecimiento como la inflación fueron muy similares. Tal vez la diferencia más interesante esté en las dos devaluaciones ocurridas en la primera mitad, en 1948 y en 1954. En la segunda mitad, no hay devaluaciones, aunque sin duda esto se debe a que la devaluación de 1954 es la única que se decidió, que no nos cayó de pronto, abriendo un espacio de crecimiento sin devaluación que se aprovechó en las siguientes dos décadas.

Por razones que todavía no me quedan del todo claras, a estos años se les llamó “milagro económico mexicano”. No me queda claro porque no hay nada milagroso en el crecimiento con baja inflación en ese periodo. Prácticamente todos los países del mundo occidental hicieron exactamente lo mismo: crecer sin inflación. Y muchos de ellos lograron crecer más rápido que México, por cierto.

El origen de ese cuarto de siglo extraordinario tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial y las decisiones que se tomaron a nivel internacional para evitar un nuevo conflicto. Digo que es extraordinario ese periodo porque no podemos encontrar, en la historia de la humanidad, otro cuarto de siglo con crecimiento y baja inflación.

El crecimiento económico sostenido es algo que los humanos conocemos desde fines del siglo XVIII, y no en todos los países. Antes de esa época, no había forma de crecer, porque la producción dependía fundamentalmente de la tierra, de manera que para producir más había que tener más terreno, y eso implicaba obtenerlo a la fuerza, normalmente. Así, tal vez sólo en los mejores momentos del Imperio Romano, justo alrededor del inicio de nuestra era, puede uno encontrar una época en que se logra producir más, gracias a la obtención de más tierras, sin que los precios subieran. Pero es un caso complicado de analizar, y no se puede comparar con facilidad con la economía moderna.

El crecimiento sostenido es, creo, inseparable del capitalismo. Es precisamente este nuevo sistema económico (nuevo para el siglo XVIII, es claro) lo que permite que grandes regiones del mundo puedan producir cada vez más, es decir, puedan generar más valor agregado. Indudablemente, este sistema económico altera la vida que tenían las personas antes. Las relaciones sociales alrededor de la producción se modifican de manera profunda, como Carlos Marx atisbó en su momento, e intentó explicar. Estos cambios no necesariamente resultan dañinos, aunque hay la creencia que así es. Tan no han sido dañinos, que los seres humanos vivimos indudablemente mejor (y más tiempo) que hace 200 años. Todos, pero algunos mucho mejor que otros, y es esto lo que hace al capitalismo poco atractivo. Es decir, se le atribuye al sistema económico una desigualdad profunda, lo que es un error.

El problema que el capitalismo hace evidente es la gran diferencia entre quienes no tienen nada y quienes tienen éxito en este sistema. Mientras que los primeros no mejoran en nada, los exitosos pueden acumular cantidades absurdas de dinero, que si lo medimos así, supera lo que tenían los reyes en la Edad Media, por poner un ejemplo. Sin embargo, es también el capitalismo el que permite la existencia de muy grandes grupos de población que no están en los extremos, y que nunca antes fueron numerosos. Si quiere usted llamarle a ese grupo “clase media”, está bien.

Así, si la desigualdad la medimos incorporando a estos grupos de en medio, resulta que hay una clara disminución durante el capitalismo. Pero si medimos sólo los extremos: de un lado a Carlos Slim, Warren Buffet o Bill Gates, y del otro a los intocables de la India, o a los negros de Darfur, o a algunos grupos indígenas en América Latina, el asunto parece obsceno.

Este sistema, con todos sus defectos, tuvo 25 años de oro, que son los mismos en que a nosotros nos fue bien. Cómo ocurrió eso, y por qué dejó de ocurrir, lo platicamos el jueves.

Calderón y las derechas

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

“No me considero de derechas”, dice el presidente mexicano Felipe Calderón al diario El País, durante su gira por España. Es el mismo Presidente que derrota por un pelo a su contendiente de izquierdas en las elecciones de 2006 y que decide iniciar su gobierno diciendo que va a rebasar a sus adversarios “por la izquierda”, es decir por lo que nunca ha sido su partido ni se espera que sea él.

La obsesión por no ser de derecha es típica de la derecha. Una larga hegemonía del discurso de la izquierda ha impuesto en muchas culturas políticas de Occidente la noción de que ser de derecha es reprobable –reaccionario, cerrado, tradicionalista— y ser de izquierda admirable –progresista, abierto, moderno.

La historia del siglo XX no emite veredictos tan tajantes. Exhibe por igual a la derecha y a la izquierda como capaces de producir horrores: Hitler y Mussolini, Stalin y Mao.

En todo caso, el presidente Calderón parece tomado por una obsesión típica de la derecha: no ser encasillado como gente de derecha.

No sé qué gana con ese afán, pero sé que, si se lo tomaran al pie de la letra, desconcertaría e incluso asustaría a muchos de los votantes que lo eligieron en el 2006.

Los votantes de Calderón no fueron votantes que se consideren de izquierda, sino cohortes de otras franjas de la sociedad.

Esas franjas refieren por igual al ámbito de influencia de la Iglesia católica; al mundo empresarial, que incluye a los medios masivos y a muchos trabajadores de cuello blanco; también, sobre todo, a un tejido complejo de jóvenes educados y clases medias emergentes, ajenas al discurso pobrista de la izquierda y beneficiarias de la estabilidad económica de la última década.

Naturalmente, el presidente de México tiene que gobernar para todos los mexicanos y persuadirlos de que su empeño es universal, tarea pendiente sobre todo en el flanco izquierdo de su sociedad, que lo impugna y desconoce.

Pero no es el mejor camino vestirse con ropas ajenas. Felipe Calderón es el Presidente de todos los mexicanos y debiera serlo a fondo sin rubores ideológicos por pertenecer a la derecha o a la izquierda, porque en México, como en el mundo, ni todas las derechas son reaccionarias ni todas las izquierdas son progresistas.

En todo caso, la tarea de Calderón sería convencer al país de que la corriente que él representa es más progresista o más deseable para México que la izquierda que se le opone, y actuar, y hablar, en consecuencia.

Calderón está perdiendo en la opinión publicada

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

Con la llegada de la democracia al país, han proliferado los opinadores que no sólo ofrecen una interpretación de lo que está pasando, sino que califican a los gobernantes y les recomiendan qué hacer. Se trata de la opinión publicada: los analistas que opinan en los medios sobre el acontecer público nacional. Con gran ingenio, Jorge Castañeda la ha rebautizado como la comentocracia (siendo él mismo un miembro destacado de ella). Pues bien, por razones profesionales, me toca leer y escuchar lo que están pensando mis colegas opinadores cada día. Las posturas suelen ser bastante plurales, pero en las últimas semanas he notado una ola de opiniones desfavorables a Calderón. Dominan las críticas a su gobierno. Parecería que el Presidente está perdiendo en la opinión publicada. ¿Debería preocuparse?

Si uno acepta la tesis de la cascada, pues sí: el Presidente debería preocuparse. De acuerdo con esta teoría, lo que piensa la opinión publicada acaba por caer en cascada a la opinión pública, es decir, a la gente común y corriente. Según esto, los ciudadanos forman sus respectivas opiniones a partir de lo que leen o escuchan de los “expertos en la materia”. Y una ola desfavorable al Presidente en la opinión publicada se vería reflejada, en un futuro no muy lejano, en una caída en las tasas de aprobación que tiene el mandatario en la opinión pública.

Sin embargo, también es posible que a Calderón le ocurra como a Fox: que sea muy criticado entre los opinadores profesionales, pero muy popular entre la población. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué la opinión publicada no tiene la influencia que se espera en la opinión pública? La respuesta merece una tesis doctoral. Yo adelanto tres hipótesis.

La primera es que los análisis de los opinadores se ven eclipsados por la gran cantidad de spots gubernamentales que hay en los medios. México es un país muy peculiar en este sentido. Los gobiernos trasmiten miles de spots publicitarios para vender la idea de que están trabajando arduamente por el bien del país. Se presumen grandes logros con el fin último de apuntalar la popularidad de los gobernantes, incluida la del Presidente.

Una segunda hipótesis puede ser que exista una huella presidencialista entre los mexicanos. Muchas veces he escuchado que alguien no está de acuerdo con la manera en que gobierna un Presidente pero lo apoya porque es el Presidente. Durante tantos años se cuidó la imagen presidencial que hoy persiste una especie de fe ciega en el mandatario. Los opinadores pueden criticarlo todo lo que quieran pero el Presidente tiene una especie de escudo en las mentes del público.

Tercera hipótesis: a lo mejor al Presidente no le está yendo tan mal como dicen los opinadores. La gente percibe algo diferente. Pongo un ejemplo. Hace unos días se reunió Calderón con centenares de altos mandos de su gobierno. De acuerdo con varios de los presentes, el Presidente estuvo espléndido en motivar al equipo de trabajo. Los analistas, en cambio, lo interpretaron como un regaño. Otro ejemplo. En su gira por España, Calderón mencionó de pasada el debate en el Senado sobre la reforma petrolera. Los opinadores lo interpretaron como una crítica que mostraba la desesperación del mandatario con el tema. Dos opinadores presentes en la gira, Jorge Fernández Menéndez y Ciro Gómez Leyva, afirman que Calderón nunca criticó ni descalificó el debate. Pero aquí ya se había armado tal revuelo que el propio Presidente “se desdijo de lo que nunca dijo”, en palabras de Gómez Leyva.

El hecho es que Calderón, como Fox, está perdiendo en la opinión publicada. Falta ver si, también como el guanajuatense, esto no se refleja en la opinión pública.

El EPR tiene quien le escriba

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

El pasado viernes 13 de junio, el EPR difundió un par de comunicados dedicados a un servidor. Es imposible contestarlos en su totalidad, tanto por lo extensos como por la falta de un hilo lógico entre todos sus capítulos y porque las especulaciones seudosociológicas y sicológicas de las que intenta hacer gala no tienen respuesta posible. Pero sí se deben especificar algunos puntos: mis críticas al EPR se basan en un punto central. No existe razón alguna para que una organización o grupo realice acciones armadas en México con el fin de tratar de hacerse con el poder. El EPR cae en hechos delincuenciales cuando implementa lo que denomina guerra popular prolongada.

Las diferencias de concepción, que hacen al EPR algo tan lejano a la sociedad, son innumerables. Si alguna vez hubieran leído a quienes idearon esa concepción de lucha política y militar (como los vietnamitas) se hubieran enterado de que la misma no está concebida para enfrentar a gobiernos democráticos. No es difícil, hubieran podido leer el libro del ChéGuevara, Guerra de guerrillas, un método, para saberlo. Y en México tenemos gobiernos democráticos, elegidos por voto popular, un sistema en el que participan todas las fuerzas, desde la derecha hasta la izquierda, y eso se aplica lo mismo al gobierno federal panista que al del DF perredista que al de Nuevo León del PRI. Hay un Congreso, funcionan (con todas las imperfecciones que se quiera admitir) las instituciones legislativas y las judiciales y plantear en ese contexto la lucha armada y mantener la misma lógica política durante décadas, como si nada hubiera cambiado en el país, es por lo menos una muestra de ignorancia.

Que, además, convierte ese accionar en hechos delincuenciales: dice el EPR que sus acciones son de autodefensa: pues no lo fueron ni el asesinato de los guardias de La Jornada hace años ni el bombazo en el estacionamiento de Plaza Universidad ni los ataques, con su secuela de civiles, militares y policías muertos, en Tlaxiaco y la Crucecita, en Oaxaca, en 1996 (acción que por cierto buscaba presionar al EZLN para no avanzar en los Acuerdos de San Andrés). Tampoco lo fueron los bombazos del año pasado en los ductos de Pemex. Dicen que no realizan secuestros, pero éstos siguen produciéndose y se encuentra plenamente documentada su participación en muchos, desde el de Alfredo Harp hasta el de Joaquín Vargas, pasando por el de Arnoldo Martínez Verdugo. Hablan de unidad, pero son más los militantes de grupos antagónicos y disidentes que han sido ajusticiados entre sus distintas corrientes que los caídos de esa organización en enfrentamientos con agentes de seguridad. Dicen que no tienen nada que ver con la APPO y otras organizaciones sociales y sus dirigentes están encabezando parte de esas movilizaciones. Afirman que tienen una dirigencia colectiva y que no hay decisiones personales, sin embargo, desde hace años el control de la organización se la disputan tres familias. Hoy mismo hay una profunda división entre los grupos oaxaqueños y los del centro del país y, en última instancia, sus documentos manifiestan que se gobiernan a través del centralismo democrático, lo cual implica una dirección vertical. Apuntan que todos sus militantes son parte de la estructura política y militar de la organización y puede ser cierto, por su debilidad estructural, aunque lo cierto es que el tipo de organización en la que trabajan tiene siempre un ala política, una militar y una legal.

Nunca he dicho que el EPR sea una organización del narcotráfico, pero sí que algunos de sus grupos y militantes han tenido ligas con éste, sobre todo en Guerrero y, particularmente, la escisión que conocemos como ERPI. Y esa posibilidad se acrecienta en la misma medida en que su concepción de la violencia y de las zonas de operación se superponen con la de los grupos del narcotráfico.

No creo que sea útil ni necesaria una supuesta negociación que no involucre la aceptación del EPR de convertirse en una organización política más que dispute, respetando las reglas del juego democrático, el poder por las vías legales, cuando éstas se encuentran abiertas para todos los que quieran participar en ellas. No creo que sea necesaria una negociación con el fin de establecer el paradero de dos de sus dirigentes presuntamente desaparecidos porque, como hemos dicho en éste y otros espacios, independientemente de la actividad que desarrollen, es obligación del Estado establecer qué sucedió con esas personas y, si cometieron delitos, iniciarles un proceso legal y juzgarlos. Y, si alguien los secuestró, sea o no desde el gobierno, el caso también debe ser castigado. Y el EPR tiene que aportar los elementos para esa investigación: no lo han hecho y esperan que el Estado, no sólo esclarezca qué sucedió con esos dos militantes, sino que, además, lo haga sin que se den, ni al Estado ni a los medios, los datos básicos para la indagatoria, incluida la acusación de que fueron secuestrados.

No sé si somos dos, tres o diez los periodistas que investigamos lo que sucede con el EPR, pero en todo caso la insistencia de ese grupo en calificar cualquier opinión que no les guste como parte de un andamiaje gubernamental y de inteligencia para intentar descalificarlos, es una muestra más de paranoia, ignorancia e incapacidad en cuanto a sostener un debate real. Y, finalmente, como preguntan en su comunicado, sí, he tenido, como muchos, familiares, amigos y conocidos que, en Argentina, Uruguay y Chile, sufrieron persecución, tortura y muerte por las dictaduras militares que asolaron a la región en los años setenta. Precisamente por eso sé de qué se trata una dictadura y en qué se diferencia de un gobierno democrático. Hoy México es la antítesis de lo que se vivió en esos años en América Latina. Y sé que la democracia, la libertad, los derechos individuales y los civiles van de la mano con la lucha política legal, no con juegos de guerra que terminan siendo manipulados por fuerzas más poderosas. Como ocurre hoy con el EPR.

Batalla por el Castillo

Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio

Perdón, pero la patria no tiene madre. Florestán

El sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia había solicitado a su director, Alfonso de Maria y Campos, el Castillo de Chapultepec para una reunión de trabajo en la que, se sabría después, se efectuaría un foro energético convocado por el SME, y con Marcelo Ebrard, una nueva autoridad en el tema, de invitado especial.

Pero ayer por la mañana estalló la batalla por su Alcázar entre las autoridades del INAH y su dirigente sindical, Cristina Gutiérrez Colín, quien acusó a De Maria y Campos de impedir el ingreso del jefe de Gobierno del Distrito Federal a dicho baluarte por haber golpeado mucho al gobierno federal, dijo, lo que desmintió el mismo titular del INAH, quien respondió que ni siquiera había hablado ayer con la dirigente sindical, por lo que no pudo haberle prohibido lo que dice que impidió: el acceso de Ebrard al Castillo.

"El foro energético, declaró, sólo está en la imaginación de quienes fraguaron esta calumnia".

Agregó que dicho Alcázar había sido solicitado para una reunión sindical, no para un foro energético convocado por el SME.

A esto, el gobierno de Ebrard, que ya había cancelado su asistencia por la prohibición, cometió un error propio de ese gobierno federal al engancharse en el conflicto ajeno cuando, a través de su subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, expresó por escrito su preocupación por la decisión tomada, ya no por De Maria y Campos, como denunció la lideresa sindical, sino por el director administrativo del INAH, arguyendo lo que su director había negado: que ya se habían dado los permisos correspondientes al sindicato electricista para el foro energético.

En su texto, después de irse por la argumentación partidista, remató con el promo legítimo: El temor al debate y la discusión pública dejan ver una censurable tendencia autoritaria.

Así, Ebrard se metió en un conflicto ajeno que hizo suyo, lo que en política es un error que no había cometido.

Retales

1. MADRINA. Se investiga qué hacían escoltas oficiales en el violento enfrentamiento que sostuvieron, ya en la madrugada y a las puertas del Baby'O de Acapulco, con otros guardaespaldas de un importante empresario mexiquense. ¿Serían las de un senador panista? ¿O no iban con él?;

2. Y NADA. Ayer se cumplieron tres meses de las elecciones del PRD, el 16 de marzo, para renovar sus dirigencias, sin resultados ni visos. El cochinero quedó oculto tras la estrategia de foros y consulta, que les ha funcionado. Ahora, los mismos que no pudieron culminar su proceso interno anuncian una encuesta nacional; y

3. CORRAL. Javier Corral no ha presentado su renuncia al cargo que tiene en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Podría llegar a una posición en el IFE para la regulación de los medios, que es en lo que están.

Nos vemos mañana, pero en privado.

Al Zócalo

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

Cuando acabe el show de la reforma petrolera y la Suprema Corte diga —porque lo tendrá que decir— que es constitucionalmente válida, ¿qué nuevo pretexto sacarán los que quieren tirar al gobierno, para hacer marchas, plantones y sentones?

Sugiero uno: la defensa del Correo.

El gobierno entreguista de Calderón sigue los pasos de sus antecesores, y con tal de servir a quienes le ayudaron a cometer el fraude y financiaron su campaña, les permite violar la Constitución para su provecho personal.

Distinguidos juristas que se han puesto en contra de la reforma petrolera —por inconstitucional— y en favor de la “consulta nacional” —por constitucional— tendrían en el Correo una nueva oportunidad de seguir lavando pecados anteriores, escondidos en sus clósets.

Sí, la defensa del correo es una causa sólida.

El capítulo I, artículo 25, párrafo cuarto de la Constitución, establece lo siguiente:

“El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.”

¿Y qué dice el párrafo cuarto del 28 constitucional?

Especifica: “Las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas, correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.

Ahí está. Incluso dice “correos”, en plural y con minúscula.

Ese es el pretexto para plantones, marchas, resistencia civil, toma de tribunas, referéndum y huelga nacional para que se vaya el ilegítimo y entre el legítimo.

Y también es un buen pretexto para nuevos guiños culposos de juristas distinguidos hacia los que sí muerden (no vaya a ser que algún día lleguen al poder).

¿Cómo es posible que Calderón permita que se viole la Constitución con los correos que los particulares utilizan libremente sin pasar por las empresas del Estado?

¿Cómo es posible que un sector estratégico, específicamente mencionado por la Constitución en su artículo 28, esté virtualmente privatizado?

¿Y saben quién es uno de los que le quita al Estado esa función estratégica de otorgar el servicio de correos?

El mismísimo Carlos Slim.

Duros contra él. Y contra muchos otros.

Es que Slim, un empresario abusivo desde cuando reconoció a Calderón como Presidente, tiene un sitio llamado Prodigy, que es una conexión con Telmex para navegar en internet y mandar y recibir correos.

Empresas trasnacionales, como yahoo, hotmail, gmail y otras han usurpado al Estado en esa función.

Seguro que a través de esas empresas Calderón distribuyó parte de su propaganda negra en contra del proyecto alternativo de nación que era un rayo de esperanza para México en 2006.

¡Ajá! Por eso les deja las manos libres para que hagan negocios con correos: les está pagando favores.

Es más, ¿saben cuánto le están robando al Estado mexicano, que es decir al pueblo, esas empresas que violan la Constitución?

Es cosa de sumar la cantidad de correos electrónicos que circulan mensualmente en el país, que son miles de millones, y multiplicarlos por lo que entraría a las arcas públicas si esas cartas se enviaran a través del correo que administra el Estado.

Saqueadores.

Los vendepatrias dicen que para los ciudadanos es mucho más económico mandar una carta por el correo electrónico que le proporcionan empresas privadas, en lugar de hacerlo por el lento, costoso y obsoleto mecanismo que tiene el Estado.

Pero, compañeros, si el gobierno se decidiera a apoyar en serio al correo, área estratégica para el desarrollo nacional, ¿cuánto dinero entraría al Estado?

El gobierno espurio no lo hace porque, si invierte en el correo para hacerlo eficiente, entonces sus patrones nacionales y transnacionales dejarían de ganar millonadas.

Al correo lo debilitaron deliberadamente para que ganen dinero los ricos, y transnacionales como Federal Express, DHL, UPS y otras.

No permitamos que Felipe Calderón viole la Constitución y deje el correo a sus amigos magnates.

Todos al Zócalo.