junio 25, 2008

Indígena mexicana es expulsada de pueblo y amenazada de muerte tras lucha por alcaldía

México, 24 jun (EFE).- La autoridad municipal de una comunidad indígena de Oaxaca expulsó a Eufrosina Cruz, a quien hace ocho meses le impidió aspirar a la alcaldía de este pueblo mexicano por el hecho de ser mujer, denunció hoy la afectada.

La mujer, que desde entonces protagoniza una campaña en favor de los derechos de las indígenas, ha incumplido en varias ocasiones la expulsión para visitar a sus familiares en el pueblo, lo que ha hecho que reciba reiteradas "amenazas de muerte".

Los hechos sucedieron el pasado 11 de mayo en la comunidad de Santa María Quielogani, habitada por unos 1.600 indígenas de etnia zapoteca y que se encuentra en una región montañosa del sureño estado de Oaxaca, relató hoy Cruz ante un grupo de periodistas en la Cámara de Diputados mexicana.

"En la comunidad se levantó un acta de autoridad municipal donde me desconocen como ciudadana", lamentó Cruz en una rueda de prensa.

La decisión de la asamblea de la comunidad contra ella se concretó un día antes de que varios diputados federales visitaran Quiegolani para conocer un centro que sirve de lugar de reunión para las mujeres que simpatizan con la disidente.

"En ese cuarto nadie nos amenaza, nadie nos dice que estamos locas", al contrario de lo que sucede afuera, donde "por alzar la voz te expulsan de tu comunidad", expresó Cruz en defensa del centro.

Añadió que ha denunciado estos hechos ante los responsables de derechos humanos del estado de Oaxaca.

Reiteró que continuará reivindicando el derecho de las indígenas a participar en la vida política de sus comunidades, al señalar que esa lucha "es parte del precio" que tienen que pagar como mujeres para obtener la libertad.

El caso de Eufrosina Cruz saltó a los medios de comunicación en noviembre del año pasado, cuando los caciques de su aldea retiraron las papeletas con su nombre de una votación para elegir al alcalde del pueblo.

El argumento con el que justificaron su acción fue que los "usos y costumbres" tradicionales por los que se rige la aldea no permiten a las mujeres ni votar ni ser votadas para ocupar un puesto en la asamblea de la comunidad.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos recoge el derecho de los pueblos indígenas de México a regirse de acuerdo a sus normas tradicionales, pero también establece la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de participar en procesos políticos.

"Los 'usos y costumbres' no pueden contravenir los derechos elementales", manifestó el diputado Christian Castaño, del gubernamental Partido Acción Nacional (PAN), sentado junto a Cruz en la comparecencia.

Lo sucedido en la elección del alcalde fue el inicio de una campaña liderada por Cruz, que con 11 años se escapó de su casa para evitar que la casaran con un hombre mayor, aprendió español y se convirtió en una profesional.

Hasta la fecha su logro más importante ha sido que el Congreso local de Oaxaca aprobara en abril pasado una reforma que obliga al sistema de "usos y costumbres" a respetar el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas en procesos políticos.

Las mujeres gobiernan únicamente en el 3,8 por ciento de los 2.439 municipios mexicanos, según datos de 2006 proporcionados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La desvergüenza de un delegado

Francisco Garfias
Arsenal
Excélsior

La ovación estalló apenas apareció Francisco Chíguil en la puerta de salida de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. “¡No estás solo..! ¡No estás solo..!”, coreaban centenas de personas que se dieron cita en la calle de Donceles para apoyar al jefe delegacional de la Gustavo A. Madero.

El obradorista había sido llamado a cuentas por la tragedia en la discoteca News Divine, pero en vez de respetar el duelo de las familias de las víctimas, resolvió transformar su comparecencia ante comisiones, en un vergonzoso acto de apoyo político a su persona.

Las mantas y los carteles que levantaban los acarreados hablaban por sí mismos: “Apoyo total al jefe delegacional”, “La solución es la investigación, no la destitución”; “Chíguil, la GAM te apoya”; “Chíguil es inocente, no manda operativos”; “Chíguil es un hombre caval (sic) y trabajador…”

Aunque afuera del recinto se desarrolló un mitin político, adentro, con los asambleístas, le fue de la patada. Tres diputados le pidieron su renuncia —Jorge Schiaffino, del PRI; Ezequiel Retis, del PAN, y Agustín Castilla, del PAN—, pero nanay. “No voy a renunciar a la confianza de los que me eligieron”, justificó. ¡Ah, pero eso sí!, se comprometió a que si encuentran pruebas de que recibió un solo peso del dueño de alguno de los muchos antros de la delegación, “me separaré del cargo”. Como si en las mordidas se dieran recibos.

Una y mil veces le preguntaron las razones por las cuales la discoteca de la muerte seguía abierta, a pesar de las múltiples denuncias de vecinos y padres de familia de que operaba en condiciones irregulares, y una y mil veces evadió la respuesta. Lo suyo fue un rosario de excusas.

* * *

El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, quien a solicitud del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, realiza la “investigación de la investigación” en el caso de la discoteca News Divine, se reunió el lunes con el procurador del DF, Rodolfo Félix, y con el secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega. Les pasó un mensaje a los dos funcionarios locales de alto rango: “Esta es una investigación independiente, fundada en la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal”.

¿Les habrá quedado claro?

* * *

A Francisco Guerrero, recién ungido consejero electoral del IFE, le quieren hacer la vida de cuadritos. Algún resentido divulga la versión de que no es elegible porque fue consejero del PRI. Nos dicen que anda alborotando a aspirantes que quedaron fuera, para promover un juicio de protección de los derechos ciudadanos en contra de quien también fue ex coordinador de asesores de Enrique Jackson.

Buscamos a Guerrero para preguntarle sobre las acusaciones que se le hacen. “Es falso, no soy consejero político del PRI. Lo fui en 1999-2000, la ley establece que son cuatro años. No ocupo ningún cargo partidista y tampoco he sido dirigente. Todo esto no es más que una bola de humo lanzada por los que no están contentos con la definición. Fui validado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y por el IFE. El propósito es desacreditarme”, puntualizó.

* * *

El caso de los 33 cubanos rescatados por un comando armado en la carretera es todo un misterio. ¿Quiénes eran? ¿Por qué armar un operativo de esa envergadura para desaparecerlos y reaparecer a 18 de entre ellos ya en Estados Unidos? ¿Iba alguien muy importante de la disidencia? ¿Algún agente?

En círculos diplomáticos se comenta con sorpresa la molestia que provocó entre los gringos la decisión del gobierno mexicano de dar a conocer la lista de los 18 reaparecidos en territorio de la Unión Americana, 17 de los cuales fueron liberados inmediatamente.

Para que no quede duda, va la lista de los 33: José Alfredo Morales Hidalgo, Víctor Antonio Méndez Ramírez, Arnaldo Alberto Oviedo, Yosmary Lorenzo Perera, Yoel Mejías Falcón, Eddy Manuel Villasante, Fernando Ramírez Torres, José Leonel Martínez Pérez, Víctor Delgado Prieto, Andrés Delgado González, Alejandres Jorín Falcón, Ramón Barrios Mederos, Pedro Dieppa Vega, Arnaldo Alarcón Brizuela, Manuel Dayron Fernández, Daniel Osvaldo Santillana (menor de edad).

Pero también, Ronald Jesús Naranjo Hasty, Arcisiny Azahases Piloto, Francisco Reiner Cabrera, Alberto Rivera Fundora, Orlando Boan Govea, Leonardo Santana Ramos, Yamilet Fonseca Chávez, Roberto Olvera Vasallo, Bárbara Vasallo Camijo, Rolando Torres Vega, Flavia Amelia Olivera Vasallo (menor de edad), Daniela Santillana Fonseca (menor de edad), Iván Luis Toms Canlor, Ana Milagros Mújica Cruz, Félix Reynel Santillana, Idael Fejera Díaz y Luis Adolfo Vázquez Morgado.

Así o más pendejos

Jairo Calixto Albarrán
Política Cero
jcalixto@milenio.com
Milenio

Esto fue lo primero que se me ocurrió al ver la imagen de un abultado y empeñoso grupo de policías que siempre vigilan enfrascados en el cumplimiento de una orden terminante: no dejar salir a nadie. Y con la misma vocación con la que configuran nudos gordianos en las esquinas cuando se acomiden a regular el tráfico, armaron una impenetrable muralla humana para que la clientela en el interior del New´s Divine (es increíble que con ese nombrecito digno sólo de un travesti de medio pelo, las autoridades no hubieran cerrado antes el antro, no tanto por infringir todas las leyes, sino por el notable mal gusto de su razón social) para hacer más excitante la experiencia del aplastamiento.

Quizá la tragedia haya sido cuajada por una concatenación de fatalidades, pero la falta de criterio del cuerpo policiaco no tuvo precio.

Claro, no se puede todo: extorsionar, tortear jovencitas y tener sentido común.

Pero estemos tranquilos, en México el más pelón se hace trenzas y los chimuelos mascan vidrio. Por eso en el drama de la Nueva Atzacoalco todos aquellos que pusieron en firme su pequeña pero muy sentida contribución para que el caos y el desorden se cebaran sobre un antrazo de mala muerte, ya se autodenominaron inocentes. Nadie, ni autoridades, funcionarios, policías, padres de familia, ni los dueños del local, ni la chamaquiza que abarrotó aquel páramo reguetonero, aceptan con humildad el granito de arena con el que participaron en tamaña carnicería.

Todos se hacen profundamente patos y al unísono corean el si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui.

Quizá sea el momento de evocar a Edipo rey, que, al tener conocimiento de la naturaleza crispante de las barrabasadas que había cometido sin auténtico conocimiento de causa, antes que exculparse por ignorar los designios del oráculo de Delfos, lo primero que hizo, atormentado por sus demonios internos, fue sacarse los ojos. No lloriqueó, no solicitó abogados, no se amparó ni declaró como Joel Ortega aquello de que su buen nombre no sería empañado por este enojoso asunto. O sea, pobre, nadie le dijo que, pase lo que pase, su nombre ya está profusamente enlodado.

Sófocles no está de moda. Mientras los involucrados nadan de a muertito en su chapoteadero de pretextos, Edipo vaga ciego y desterrado de Tebas.

Nomás falta que nos digan que de los 19 errores cometidos en el operativo en las Novedades de la Divinidad sólo uno era de muerte: tapar a piedra y lodo la única salida de emergencia.

Las otras víctimas de la tragedia del antro

Raúl Rodríguez Cortés
rrodriguezangular@hotmail.com
Gran Angular
El Universal

Apenas ocurrida el viernes la tragedia del News Divine, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, atribuyó a los dueños de la discoteca haber creado tal pánico por el altavoz que fue inevitable la fatal estampida durante el operativo policial que ahí se realizaba contra la venta de bebidas alcohólicas a menores, la distribución de drogas y la prostitución. El lunes, a primera hora, se apresuró a rendir cuentas a la ALDF, y mostró a sus diputados un video de lo ocurrido en ese antro de la delegación Gustavo A. Madero y reconoció algunos errores cometidos en el operativo.

Ortega, es cierto, actuaba oportunamente pero ignoraba u ocultaba lo que se desveló ayer, los 19 errores enumerados por el procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, con los que señaló a la policía capitalina como la principal responsable de la tragedia al realizar un desalojo y a la vez bloquear la salida.

Acaso por soslayar su inevitable responsabilidad política en estos hechos, Ortega olvidó desde el lunes —antes de que se documentaran los errores en que incurrió la fuerza pública que comanda— aprovechar la oportunidad para poner su renuncia en la mesa de los diputados locales o al menos hacer pública la decisión de separarse del cargo hasta la conclusión de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Eso, sin duda, habría facilitado el esclarecimiento de los hechos y promovido la percepción ciudadana de una actuación valiente y correcta desde el punto de vista de su responsabilidad y proyecto políticos.

Quizás usted piense que ese hubiera sido el suicidio, el fin de sus aspiraciones de contender en 2012 por la jefatura del GDF. Pero es muy probable que sea exactamente al contrario. Presentar la renuncia habría merecido un reconocimiento ciudadano que más temprano que tarde se habría traducido en un crecimiento político favorable a su proyecto; y hubiera facilitado al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, operar con márgenes más amplios, esta primera gran crisis de su administración.

Pero Ortega optó por no evidenciar con toda claridad las culpas operativas que sin duda alguna le corresponden a otros, pero que no lo liberan de su responsabilidad política, y de ribete decidió hacerlo como si él no hubiera sido el delegado en GAM cuando un subordinado suyo, el hoy diputado federal del PRD Andrés Lozano, entregó el más reciente permiso de operación del fatídico antro.

Igual responsabilidad política es imputable al jefe de gobierno Ebrard y al delegado en GAM, Francisco Chíguil. Éste cree, con pedestre cachaza, que la evadirá con acarreados como los que llevó ayer a la ALDF para gritar su supuesta inocencia. Aquél se blindó de inmediato desviando hacia su secretario de Seguridad Pública la mayor carga de responsabilidad y pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal una investigación imparcial que será cotejada con la que realiza la Procuraduría de Justicia capitalina.

Si Ortega hubiera puesto en la mesa su renuncia, sus atributos políticos personales habrían crecido notoriamente al permitirle a Ebrard negociar la sustitución de un cargo que, por mandato constitucional, corresponde designar al Presidente de la República. Y en las actuales circunstancias, el jefe de gobierno queda en una disyuntiva política desfavorable, ya que prácticamente deja en manos de Felipe Calderón —el adversario político al que ni siquiera reconoce como Presidente— la decisión de cesar al jefe de la policía del DF y designar a alguien que seguramente será una cuña en el equipo del mandatario capitalino. De otra manera, Ebrard tendría que negociar con el Presidente un nombramiento y, al hacerlo, otorgaría implícitamente el negado reconocimiento a la Presidencia de Calderón.

Si Ortega hubiera presentado su renuncia, sobre todo se habría deslindado de la corrupción galopante en amplios círculos del perredismo que nos gobierna y que permite la existencia de este tipo de antros que no sólo corrompen a menores, sino que adolecen de las condiciones mínimas de seguridad para su operación.

Pero no ha renunciado. Cada minuto que pasa en esta crisis crecen las posibilidades de que sea cesado.

News Divine: los otros crímenes

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Las autoridades capitalinas tardaron por lo menos 48 horas en comprender la profundidad de la crisis que les ha generado la muerte de 12 personas, entre ellas ocho menores de edad, en la tardeada de la discoteca News Divine, en la delegación Gustavo A. Madero. No se trató sólo de un operativo policial marcado por la negligencia y la brutalidad contra jóvenes que no estaban cometiendo delito alguno, sino de la exposición pública de todo un estilo de gobernar negligente y, en muchas ocasiones, corrupto.

Las imágenes distribuidas y los testimonios de los sobrevivientes y los vecinos no dejan lugar a duda sobre la responsabilidad de las fuerzas policiales capitalinas en la muerte de los jóvenes. Los dueños del lugar podrán haber violado los reglamentos, pero no provocaron esas muertes: las provocaron los policías que intervinieron sin ningún sentido lógico, orquestaron un operativo dirigido contra los jóvenes, no contra los dueños del local y que, por eso, impidieron que los muchachos salieran del lugar. Jóvenes a quienes persiguieron, golpearon, robaron y vejaron. La idea era castigarlos a ellos, no a los dueños que venían trabajando con impunidad desde hace años.

Ello lo demuestra, además, la declaración del diputado perredista Andrés Lozano, quien fue el responsable jurídico y de gobierno de la delegación Gustavo A. Madero, mano derecha del actual jefe de policía, Joel Ortega, y quien renovó el permiso para la operación del News Divine en 2002. Andrés Lozano aceptó haber renovado ese permiso sin realizar ninguna inspección, pero en su descargo dijo que lo hizo porque había “orden” de renovar todos los permisos de las discotecas y los giros de esa naturaleza. ¿Quién dio la orden, la delegación o el gobierno capitalino? Porque quien la haya dado estaba violando en forma flagrante la ley y renovando en automático las licencias de los llamados giros negros, sin ninguna inspección de por medio, casualmente a unos meses de las elecciones de 2003. Si lo que dice Lozano en su descargo es verdad, existe una responsabilidad directa y mayor, del entonces delegado Joel Ortega o de quien era su jefe, Andrés Manuel López Obrador.

Se ha presentado como argumento, lo hicieron el mismo Andrés Lozano y las actuales autoridades capitalinas, que no existen inspectores suficientes para revisar este tipo de negocios: a cada inspector, se lamentan, le tocan 166 lugares. Parece demasiado, pero no lo es: para asegurarse de que existen las medidas sanitarias y de seguridad es suficiente con una inspección y ésta no tiene por qué hacerse día con día. Asumiendo que esa sea la cifra real que le toca a cada inspector estamos hablando de que, aun cuando hicieran sólo una inspección diaria, podrían revisar cada local por lo menos dos veces al año. Y una inspección al día, para alguien que supuestamente trabaja ocho horas, no debe ser un esfuerzo demasiado intenso. Pero es peor aún, porque este local ya tenía denuncias previas y, sin embargo, seguía funcionando sin problemas. ¿Quién es el responsable?

Uno de los capítulos indignantes de todo esto son las violaciones cometidas contra los jóvenes incluso después de los hechos ocurridos dentro del local. Fueron perseguidos, golpeados, robados, detenidos: los testimonios de las jovencitas desnudadas “para su revisión”, haciéndolas poner en pose y girar para los agentes en las oficinas del Ministerio Público que las observaban, es tan indignante como la declaración del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, al decir que son ellas las que tienen que demostrar que eso realmente sucedió. Por suerte, el tema está en manos de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que encabeza Emilio Álvarez Icaza y está decidida a participar a fondo en la investigación de los hechos y ya ha comenzado a recabar todos los testimonios.

Pero también es indignante un argumento que han comenzado a manejar desde el domingo en el gobierno capitalino. Dicen que en realidad la responsabilidad es de los padres que permitieron a los jóvenes participar en esa fiesta. Es un argumento fascistoide. Los jóvenes no estaban en un lugar perdido y clandestino a las tres de la mañana: se encontraban en su colonia, en una tardeada en un local cuyo funcionamiento estaba permitido por las autoridades. El operativo se desarrolló a las cinco y media de la tarde, quienes había dentro del local eran jóvenes menores de edad que estaban festejando el fin del curso. Puede ser que se hayan vendido bebidas alcohólicas, mas lo cierto es que el lugar abrió a las cuatro y se llenó a las cinco y, en media hora de consumo, resulta difícil de asumir que el alcohol haya sido el responsable de los hechos. Y los testimonios surgidos demuestran que, sobre todo, se vendió cerveza. Dentro del lugar, entre la concurrencia, había agentes “encubiertos” que estaban en comunicación con sus jefes (y ahora resulta que los alcoholizados eran esos personajes) y sabían perfectamente cómo estaban las cosas y el hacinamiento en ese sitio, un espacio eminentemente popular, cuyo cover era de apenas 25 pesos. ¿Quién no ha ido a una tardeada a festejar un fin de curso?, ¿de qué son responsables los padres? Un informe del Gobierno capitalino deslizaba, como si fuera un pecado, que una de las jóvenes víctimas era hija de una mujer que trabajaba en un table dance e incluso que entre el público había teiboleras. ¿Qué tiene que ver?, ¿qué hace diferente el hecho de que fueran bailarinas o hijos de obreros?, ¿existe algún argumento más racista y discriminador?

Hasta ahora se ha buscado, de todas formas, deslindar a altas autoridades de su responsabilidad o hacer recaer ésta en funcionarios menores. Igual ocurrió con el incendio del Lobohombo y con la muerte de los policías en Tláhuac, donde participaron muchos de los mismos protagonistas de esta historia indignante de violencia y discriminación, protagonistas más preocupados por su futuro político que por la ciudad y sus habitantes.

¿Control de la inflación?

Arturo Damm Arnal
arturodamm@prodigy.net.mx
La Crónica de Hoy

Las autoridades monetarias decidieron aumentar la Tasa de de Interés Interbancaria, a 1 día, de 7.50 a 7.75 por ciento, con el fin de inducir una alza en las tasas de interés, con el objetivo de contener las presiones alcistas sobre los precios, que han llevado la inflación de 3.76, en diciembre pasado, a 5.28 por ciento, durante la primera quincena de mayo, por arriba de la meta de inflación que es de 4.00 puntos porcentuales. ¿Cuál es la lógica que hay detrás? La explico.

Si aumentan las tasas de interés, sobre todo las pasivas, el ahorro se vuelve más atractivo, razón por la cual se desincentiva el consumo, lo cual se traduce en una menor demanda por bienes y servicios, lo cual contiene (ojo: contiene, no elimina) las presiones alcistas sobre los precios, evitando así (por lo menos a corto plazo) un mayor repunte en la inflación. Hasta aquí la lógica (mayores tasas = mayor ahorro = menor consumo = menores presiones sobre los precios) es impecable. El problema es que la lógica no llega hasta aquí, yendo más allá.

En primer lugar hay que tener presente que las presiones inflacionarias se han originado, sobre todo en México, no por el lado de la demanda, sino por el de la oferta, en concreto por los costos de producción, consecuencia del aumento en los precios del petróleo y los alimentos, razón por la cual la reducción en la demanda que pueda traer consigo el aumento en la tasa de interés contiene, pero no elimina, las presiones alcistas sobre los precios. Y entre contener y eliminar hay una gran diferencia.
En pocas palabras: un menor consumo, suponiendo que realmente se dé, no eliminará, ni el aumento en el precio del petróleo, ni el incremento en los precios de los alimentos, de tal manera que las presiones inflacionarias, contenidas, persistirán, razón por la cual tarde o temprano saldrán.

En segundo lugar hay que ir más allá de lo dicho en el segundo párrafo, y preguntarnos, una vez que ha aumentado el ahorro, y que el mismo, con el fin de aprovechar la mayor tasa de interés, se ha depositado en los bancos, ¿qué harán los bancos con una mayor cantidad de dinero a su disposición? La prestarán, ¡y mal harían si no lo hicieran!, de tal manera que lo que unos (los ahorradores) dejaron de gastar, otros (los deudores) lo gastarán, dándose una recomposición de la demanda, pero no una reducción del consumo.

Cierto: al aumentar la tasa pasiva (la que se le paga a los ahorradores) también aumentará la tasa activa (la que se le cobra a los deudores), y si lo primero puede incentivar una mayor oferta de crédito, lo segundo puede desincentivar su demanda, generándose así una situación de sobreoferta de préstamos, que los bancos corregirán con una baja en las tasas, lo cual generará menor ahorro, y más consumo de parte de los ahorradores, a la vez que mayor demanda por crédito y, por lo tanto, mayor consumo de parte de los deudores.

La conclusión es clara: al menos que una parte del dinero que normalmente se intercambia por mercancías se atesore (se meta en una caja de zapatos y se esconda debajo del colchón, de tal manera que nadie lo gaste), y dada una cierta cantidad de dinero, la demanda por bienes y servicios será cuantitativamente la misma, pudiendo darse, ante los cambios en las tasas de interés, una recomposición de la misma (que unos gasten menos para que otros gasten más), pero no una reducción general del consumo.

Dicho lo anterior, no puedo dejar de preguntarme si el aumento en la tasa de interés es, realmente, una medida antiinflacionaria.

Joel

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Joel Ortega es un buen servidor público, un buen policía y una buena persona. Es inteligente y comprometido. Un error, sin embargo, está por tirar al vacío su trabajo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Un error que costó la vida de 12 personas que no tendrían por qué haber muerto.

Pero más allá de la responsabilidad de Joel por confiar en un subalterno torpe, tocar un botón equivocado o apagar una pantalla que debería estar prendida, conviene preguntar de quién es la estrategia de lanzar así a la policía contra los jóvenes. Ya en el Zócalo, el fin de semana previo, la tragedia había asomado la cabeza.

Me dijo el lunes Rosario Robles, la ex jefa de Gobierno del DF, que hay una concepción equivocadísima al pensar que los jóvenes son, per se, delincuentes en potencia: “No puede ser que se meta a la policía cuando están ellos de por medio. Si el ambiente está lleno de jóvenes, no se puede echar una moneda al aire para ver qué cae. Ahí están las consecuencias fatales. Si estaban consumiendo drogas y alcohol es por el fracaso de la sociedad. Ellos no son los responsables, no se les puede ver así. Esa es una concepción de otros tiempos que nada tiene que ver con la izquierda”.

Tiene toda la razón. Hay pruebas de sobra para saber que se trató de un operativo mal planeado y peor operado. Pero ¿de quién es la estrategia de ir a cazar jóvenes casi niños?

Dudo que sea de Joel. Sin embargo, él, el jefe, tendrá que asumir las consecuencias. Y pagar. Bien dice Julián Andrade que el oficio policiaco es miserable: recompensas mínimas, riesgos y costos muy altos. Son las reglas del juego.

Si el presentimiento es la sombra del destino que se acerca, la de Joel es negrísima. Qué pena. Pero esta vez falló.

Hipocresía en la izquierda

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

Por más que le den vueltas y quieran escurrir su responsabilidad, lo ocurrido el viernes en News Divine fue un homicidio masivo cometido por la autoridad del Distrito Federal en contra de jóvenes inocentes.

Cuando en 1971 grupos de Halcones manejados por el gobierno de la capital reprimieron una manifestación y mataron a cerca de 40 jóvenes, la izquierda habló y llegó a la conclusión de que fue un “genocidio”.

¿Cómo se le llamará a lo ocurrido el viernes, cuando la autoridad capitalina provocó la muerte de muchachos, menores de edad varios de ellos, por el solo hecho de ser jóvenes y ser pobres?

La comparación la hago por el vergonzoso y revelador silencio que ha guardado la prensa de izquierda ante esta masacre de muchachos, cuyo único motivo para la represión fue estar en un antro, en el que algunos bebían cerveza.

El operativo no fue contra el antro.

De haber sido así, bastaba un inspector para clausurarlo.

El ataque fue a los jóvenes, por el solo hecho de serlo.

¿Qué dibujan ahora los aguerridos caricaturistas que suelen hacer mofa de todas las pifias de las autoridades que no pertenecen al PRD?

¿Qué dice ahora esa prensa que se asume defensora de los derechos humanos y llega a inventar homicidios y tortura de una anciana en Veracruz, Ernestina Ascencio Rosario, para culpar de ello al Ejército?

¿Dónde está la señora Rosario Ibarra de Piedra, supuesta adalid en contra de los abusos del poder?

La señora Ibarra sólo defiende los derechos humanos cuando los perjudicados son los de su bando político, y calla cuando los homicidas son sus compañeros de ruta.

La izquierda ha pisoteado todos los principios que dice enarbolar.

Lo que hizo el gobierno del Distrito Federal el viernes en la colonia Nueva Atzacoalco fue un acto de intimidación contra los jóvenes, jóvenes pobres, que culminó en una masacre.

Ni la ultraderecha ha cometido acciones así donde gobierna.

Estos son peores.

Tomaron la filosofía represiva del 68: había que intimidar a los jóvenes con toda la fuerza del gobierno.

Aunque en esta ocasión no había ningún movimiento político que retara a las autoridades capitalinas. Sólo eran unos escuincles que tomaban cerveza en una tardeada.

¿Dónde están, pues, quienes protestaban y han llevado ante organismos internacionales los abusos de la policía del Estado de México en Atenco?

Ahí los policías reaccionaron con brutalidad a una agresión de los macheteros del lugar que los persiguieron con garrotes y patearon a policías en el suelo.

Aquí ningún joven puso resistencia, y los mataron por asfixia.

Si querían darle un escarmiento al dueño, ¿cómo mandan una tropa de granaderos a taponar las salidas del antro, golpear a muchachos y vejar a niñas en la agencia del Ministerio Público?

Insisto, aquí hay un asunto de clase: el operativo lo hicieron con esa saña contra jóvenes y adolescentes que tienen muy pocas posibilidades de defenderse.

Nunca se hubieran atrevido —y qué bueno que no lo hagan— a asfixiar a muchachos y desnudar a niñas, menores de edad, por un operativo en un antro donde van los hijos de los altos funcionarios del gobierno capitalino.

El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, dijo que hay unos 150 antros de riesgo extremo.

Si ya lo sabía, ¿por qué permitió un operativo en uno de ellos, si conocían el riesgo de muerte que implicaba?

También afirma el jefe de Gobierno que las indemnizaciones las debe pagar el dueño del local, pues “sobre ellos va a recaer la acción del gobierno de la ciudad”.

¿Por qué elude Ebrard su responsabilidad, como lo hizo en Tláhuac?

Si el lugar estaba operando, es porque tenía permiso. Y el permiso se lo dio la delegación.

Además, insisto, el operativo criminal no fue contra el antro, sino contra los jóvenes.

Fue la policía la que taponeó, deliberadamente, las salidas del local.

Eso se llama, por lo menos, homicidio.

Un homicidio masivo que desnuda la hipocresía de los que se llaman de izquierda, pero se ponen de parte de la autoridad cuando ésta es de su partido… y financia sus actividades.

Es la ética, estúpidos

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

¿Quién de Ebrard, Ortega o Chíguil ha pedido perdón a una sociedad agraviada?
¿Cuál de ellos ha puesto su cargo a la ratificación de una consulta?


A cinco días de la “tragedia del antro”, la atención mediática va rumbo a la guillotina; que si caerán o no las cabezas de Marcelo Ebrard, de Joel Ortega o de Francisco Chíguil.

Y por supuesto que ninguno de ellos cree que la trágica muerte de 12 personas —nueve jóvenes— es razón suficiente para dejar el cargo, sea de elección popular, sea de designación. Y muy lejos de un elemental sentido autocrítico, de izquierda, en los tres casos, cual moderno Nerón en el Coliseo, reclamaron la cabeza de los vasallos que habrían incumplido su responsabilidad y punto. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Culpables Ebrard, Ortega o Chíguil? ¿¡Por favor, a quién se le ocurre tal dislate!?

Lo cierto es que en las gradas del moderno Coliseo —en el espectro mediático de prensa, radio y televisión— se produce una singular discusión entre los que piden la caída de las tres cabezas de la cosa pública —Ebrard, Ortega y Chíguil, en tanto responsables jerárquicos— y los que defienden al “hombre bueno”, al “buen político”, al “gobernante eficaz”.

El jefe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y el delegado en Gustavo A. Madero ya dijeron que no, que ellos no se van, ¡claro!, porque ellos están limpios. Los culpables, como siempre, son “los de abajo”. Dice orondo Marcelo Ebrard que van a esperar el resultado de las investigaciones para evaluar la responsabilidad de su amigo Joel Ortega.

Otros más, en cambio, argumentan que el jefe de Gobierno es “un buen político”, que Joel Ortega es “un buen hombre” y que Chíguil es “un buen delegado”, todo en medio de cargadas, aplaudidores y plañideras que revolotean en el Coliseo mediático.

Pero a todos o a casi todos se nos olvida —o queremos mantener ojos y oídos cerrados— que en tanto jefe del GDF, secretario de Seguridad Pública y delegado de Gustavo A. Madero, Ebrard, Ortega y Chíguil tienen una responsabilidad política, ética y social frente a los mandantes que los eligieron —en el caso de Marcelo y de Francisco— y ante los que sirve el funcionario público de nombre Joel.

No se trata de discutir y/o defender si son “buenos hombres”, “ciudadanos ejemplares”, “políticos serios” o “profesionistas habilidosos”. Seguramente cumplen con creces todas esas cualidades. Pero resulta que los mandantes que los eligieron —a Ebrard y a Chíguil— les entregaron el mandato para defender los bienes y las vidas de los propios mandantes. A Joel Ortega —más que a sus jefes Felipe Calderón y Marcelo Ebrard—, el Estado le entregó el uso de la fuerza, la policía del DF, para defender a los mandantes, no para acabar con la vida de una docena de ellos. En los tres casos, más allá de sus jerarquías, no cumplieron, les fallaron a los mandantes.

En el fondo, la discusión no puede seguir en torno a si una, dos o tres cabezas son capaces de saciar la sed de sangre de un Coliseo mediático —siempre insaciable—, sino si políticos, gobernantes, servidores públicos y mandatarios ostentan sus cargos bajo el rigor de la ética y el servicio público. Si esas fueran las premisas que mueven a Ebrard, Ortega y Chíguil en sus respectivas responsabilidades públicas, ya habrían renunciado. Pero al no renunciar confirman que esos cargos son sólo trampolines políticos y de poder. Por eso no hacen bien su trabajo.

Pero además existen dos interrogantes fundamentales que exhiben una profunda carencia de ética. ¿Quién de los tres ha pedido perdón a la sociedad agraviada a la que gobiernan, representan o sirven? ¿Por qué no preguntan en una consulta, como la petrolera, si luego de la “tragedia del antro” los habitantes del DF quieren que sigan gobernando y sirviendo?

Y si las razones éticas parecen poca cosa para que renuncien los tres presuntos implicados —en tanto cabezas de un cuerpo corrupto e ineficaz—, existen evidencias claras de una endémica ineficacia.

Dice Ebrard que continuarán los operativos, pero bien hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que el jefe de Gobierno es incapaz de entender que el operativo se hace necesario porque fallan otros engranes que obliguen a los empresarios a cumplir. Si están bien aceitados esos engranes, no se necesitan operativos. Dice Ortega que falló la policía. ¿Qué quiere decir eso? Que desde hace años su trabajo ha sido malo al frente de la policía. Dice Chíguil que la GAM no tiene culpa alguna, que todo era legal en el antro. ¿Qué quiere decir eso? A la vista de todos, que es un mentiroso. La ética tampoco se le da a esa izquierda.

EN EL CAMINO

La cabeza que al parecer ahora sí rodará será la de Napito, el líder minero prófugo que desde Canadá quiere seguir mangoneando al gremio.

Ebrard: las cabezas, hoy

Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio

No es bueno tomar la verdad a la ligera. Florestán

Ayer por la tarde me encontré a un Marcelo Ebrard muy afectado por la tragedia del antro de la delegación Gustavo A. Madero, tanto que lo vi dispuesto, como parte ya de una estrategia, a pedirle al presidente Calderón, de acuerdo con la ley, que cese a Joel Ortega como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal y nombre otro a propuesta suya.

Luego se me redujeron las dudas al punto de desaparecer, cuando conocí que, a esa misma hora, el procurador Rodolfo Félix Cárdenas había dado a conocer en conferencia de prensa una relación de 19 errores cometidos por la policía en el operativo, policía a cargo de Ortega, y difundía un video grabado, pero también editado, por personal del delegado de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, que le fue ocultado al mismo secretario de Seguridad Pública, quien lo conoció por los medios.

Y no sólo eso.

La noche de la tragedia, Ortega me había declarado que el dueño del antro había provocado el pánico y la estampida al hacer el anuncio por el sistema local, lo que también desmintió el procurador Félix Cárdenas.

En la entrevista de ayer, Ebrard no culpó a Ortega, pero tampoco lo exculpó. Señaló los errores de la policía a su cargo, entre otros el no haberse hecho del sonido local y haber taponado las salidas.

Dio a conocer, también, que en el transcurso de este miércoles recibiría las conclusiones de las investigaciones realizadas por su Procuraduría y Contraloría para anunciar sus decisiones, básicamente, la salida o no de Ortega, que ayer por la tarde tuvo una larga reunión con su jefe.

Esta es la crisis más grave por la que ha atravesado Ebrard en su larga carrera como servidor público, con el agravante de que, a diferencia del pasado, ahora no tiene a nadie encima, él es la última instancia de lo que se ha desmarcado al convertirse en árbitro que sanciona y no en parte que puede ser sancionada.

Veremos el siguiente paso y si Calderón cae en su estrategia.

Retales

1. CAMPAÑA. John McCain se entrevistará con el presidente Calderón en Los Pinos el jueves 3 de julio. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos hará campaña en México y hablará con la comunidad estadunidense. Solicitó también reunirse con Genaro García Luna y el procurador Eduardo Medina Mora;

2. PENSIONES. Este viernes se podría hacer un anuncio clave en Los Pinos sobre las reformas a las pensiones del IMSS, cuya carga representa seis puntos del PIB; y

3 ¡ÓRALE! Desde su grandilocuencia, el senador panista Ricardo García Cervantes acusó a los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de actuar como amos de hacienda, señores de horca y cuchillo que deciden las cosas, en lo que incluyó a su coordinador, Pablo Emilio Madero.Nos vemos mañana, pero en privado.

La Suprema Corte: ni dócil ni silenciosa

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

William O. Douglas, quien fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, tenía toda la razón cuando decía: “Nosotros, los que tenemos la palabra final, podemos hablar suave o airadamente. Podemos buscar desafiar o fastidiar, pero no podemos ser dóciles o silenciosos”. Efectivamente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene la última palabra, no puede esconderse. Su papel es hablar aunque deje descontenta a una de las partes. Y eso es exactamente lo que estamos pidiendo 15 ciudadanos a los 11 ministros de la SCJN: que hablen. Que resuelvan nuestro amparo. Que se comporten a la altura de un verdadero tribunal constitucional. Que entiendan la importancia de su institución para la consolidación de la democracia. Que no utilicen tácticas propias de un juez de barandilla para salirse por las ramas.

Quizás ingenuo, yo pensaba que cualquier ministro de la Suprema Corte estaría encantado de tener frente a sí un amparo como el que presentamos en contra de la reforma constitucional en materia electoral. Para mí se trata de un manjar jurídico, filosófico y político. Un platillo que cualquier abogado en el máximo tribunal quisiera analizar y resolver. De esos casos que se leen en los libros de derecho y ciencia política porque hicieron historia. Y es que lo que está en discusión son valores básicos de nuestra sociedad democrática:

1. ¿Puede un artículo constitucional (el 41) limitar un derecho humano como la libertad de expresión consagrada en otro artículo constitucional (el sexto)?

2. ¿Puede obligar la Constitución a que un ciudadano se asocie a un partido político para poder expresar su opinión en espacios de radio y televisión?

3. ¿Se vale tener ciudadanos de primera, los que están en los partidos y pueden expresar sus opiniones en spots radiofónicos y televisivos, y ciudadanos de segunda que tienen prohibido hacerlo en esos espacios?

4. ¿Pueden el Congreso federal y los congresos locales, hoy dominados por tres partidos políticos, cambiar la Constitución a su antojo y limitar derechos humanos sin que haya una institución, como la Suprema Corte, que revise el cambio e incluso lo anule? ¿Podría mañana enmendarse la Constitución para legalizar la esclavitud o proscribir una religión determinada?

Como puede verse, lo que está en juego es mucho y de sustancia. La SCJN, al resolver nuestro amparo, tendría que entrar al fondo de estos cuatro asuntos. Sería muy grave que mandara el mensaje de que no está dispuesta a discutir temas serios que desecha con tácticas jurídicas cuestionables.

Los ciudadanos que nos amparamos estamos preocupados de que así podría ocurrir. Por eso, ayer, emitimos un comunicado de prensa para exigir que los ministros de la SCJN no obstruyan nuestro derecho a una justicia pronta y expedita. Y es que tenemos elementos que nos preocupan y nos llevan a pensar que el amparo podría ser desechado de un plumazo. Nos preocupa que la SCJN haya, primero, atraído el caso a su jurisdicción cuando un Tribunal Colegiado estaba a punto de entrar al fondo del asunto y emitir un veredicto. Nos preocupa que los ministros, para decidir en bloque sobre la reforma electoral, agreguen nuestro amparo a otras demandas sobre el mismo tema pero que difieren de nuestro planteamiento. Nos preocupa que la SCJN esté dilatando su resolución para luego alegar que ya es muy tarde en hacer cambios porque el proceso electoral ya comenzó. Nos preocupa que hasta ahora no haya una deliberación pública de los temas fundamentales que aquí se están planteando.

La SCJN tiene en sus manos un caso histórico. Esperamos que los ministros no pasen a la historia por dóciles y silenciosos.