julio 03, 2008

Ingrid Betancourt se reune, después de 7 años, con sus hijos

BBC Mundo

'Ingrid' por Paco Calderón

Insulza: "El fin de las FARC ha comenzado"

SANTIAGO (AFP) - El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, afirmó este jueves que tras la liberación de la político franco-colombiana, Ingrid Betancourt, el fin de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha comenzado.

"El fin de las FARC ha comenzado, porque éste es un golpe duro para ellos, porque han perdido legitimidad y gente", dijo Insulza, entrevistado desde Madrid por Televisión Nacional de Chile.

"Ha sido una operación notable y exitosa y que, lo más destacable, es que se realizó sin ninguna baja. Esto demuestra que el camino de la paz en Colombia está en marcha", agregó el ex ministro chileno.

El secretario general calificó además como un éxito personal del presidente colombiano, Alvaro Uribe, la operación de rescate.

"Es algo que además de ser del Ejército, de los colombianos, de mucha gente, es un éxito de él, personal", señaló en otra entrevista con la Radio Cooperativa de Santiago.

La ex candidata presidencial Ingrid Betancourt fue rescatada el miércoles desde la selva colombiana en un operativo incruento junto a otros 14 prisioneros, después de permanecer por más de seis años secuestrada por las FARC.

Ledger y su “escalofriante” recreación del Joker

El Economista

Gary Oldman, quien encarna al comisionado Gordon, compara su actuación con la de Nicholson en "Atrapados sin salida" o la de Pacino en "Tarde de perros".

Beverly Hills.- La sexta cinta de Batman viene repleta de luminarias de la talla de Gary Oldman, Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Maggie Gyllenhaal y Aaron Eckhart, pero es el fallecido Heath Ledger quien atrapa en “The Dark Knight” por su “escalofriante” papel.

“Desde el primer momento en que trabajé con él me dije: “Mierda, ¡este chico es bueno! Heath es demasiado escalofriante”, dijo el celebrado actor Gary Oldman, que a sus 50 años interpreta al audaz comisario James Gordon, un incondicional de Batman-Bruce Wayne, en la piel de Bale.

Oldman comparó la construcción del “Guasón” por parte de Ledger con “actuaciones grandiosas como las de (Jack) Nicholson en “Atrapados sin salida” (”One flew over the cuckoo’s nest”), Al Pacino en “Tarde de perros”, obras de 1975 que les valieron sendas nominaciones al Oscar que se terminó llevando Nicholson.

Heath Ledger, fallecido en enero en Nueva York a los 28 años por una sobredosis accidental de medicamentos, es “The Joker” (El Guasón), una versión del conocido villano con rasgos muy personales e intensos por parte de este actor al que sus compañeros recuerdan con nostalgia y admiración.

Esta segunda cinta sobre el superhéroe bajo las órdenes de Christopher Nolan (”Batman begins”, “Memento”) se estrenará en Norteamérica el 18 de julio.

“Lo más triste es estar aquí y hablando sobre su muerte”, lamentó Oldman repitiendo casi al unísono con el resto del elenco en un hotel de Beverly Hills: Ledger obtendrá una nominación póstuma al Oscar por su actuación, una rareza que tiene como único precedente a Peter Finch en 1977, quien además resultó premiado con la estatuilla a Mejor Actor por “Network” (1976) .

“Carismático no es suficiente, se necesita una nueva palabra para carismático, aunque es un término bastante especial para definirlo. Ya saben, probablemente va a tener su nominación al Oscar”, incluso cuando la Academia no contempla este tipo de películas para su elección, apostó Oldman.

Christian Bale tampoco escatimó elogios sobre su contraparte en “Dark Knight”, aunque tajante y con mirada esquiva se esforzó por destacar el desempeño artístico del coprotagonista de “Brokeback Mountain” sin revelar detalles íntimos del actor durante el rodaje.

“Me encanta la dinámica entre El Guasón y Batman, él lo complementa en la esencia de que al final tiene de verdad un desafío muy pesado por la forma en la que El Guasón lo enfrenta. Con otros actores uno no encuentra eso, con Heath y su compromiso con el personaje hizo que fuera increíblemente fácil el trabajo”, opinó Bale que a sus 34 años regresa como el Batman de Nolan.

Nolan, el joven director británico que realiza sus cintas con la producción de su esposa Emma Thomas, comentó que “para el papel de The Joker necesitaba a un actor fenomenal, pero que además no le tuviera miedo a asumir un papel ícono”.

“Heath creó algo realmente original. Es sensacional, va a sacudir a la gente”, dijo el cineasta de 37 años, que filmó esta historia de más de dos horas en Chicago y Hong Kong, con escenas de vértigo gracias a tomas con cámaras IMAX y escalofriante por la maldad de “El Guasón” y “Harvey-Dos Caras”, en la piel de Aaron Echkart.

Ambos actores protagonizan escenas desbordantes en efectos especiales.

“Pasé momentos grandiosos con Heath. No lo conocía tan bien, pero compartimos mucho y la entrega que le dio al personaje fue extraordinaria”, dijo Echkart, enfatizando que fuera del set Ledger era un tipo divertido que hablaba de su hija Matilda, nacida de su relación con la actriz Michelle Williams.

Maggie Gyllenhaal, que encarna a la bella fiscal Rachel dividida entre el amor de Bruce (Batman) y Harvey Dent-Dos Caras, elogió a su amigo sobre todo en términos profesionales.

“Creo que lo que hizo en la película es extraordinario, insólito, y raro, y sobre todo para los actores más talentosos y veteranos (…) Aún en el plató asustaba mucho”, dijo la actriz que reemplazó a Katie Holmes, intérprete del mismo personaje en “Batman Begins” (2005).

Oldman aclara: “Porque se murió, la gente quiere historias oscuras como que estaba muy obsesionado con el personaje, que se contaminó con “El Guasón”, que no podía dormir y todo este tipo de Christian Bale en el trabajo, “con todo respeto, pero era más divertido salir con Heath”.

¿Operativo o cacería?

María Teresa Priego
Opinión
El Universal

Las autoridades decidieron bloquearles la salida. Los encerraron. Como a delincuentes de alta peligrosidad. Para que no se les fuera ni uno solo

Cuerpos adolescentes tendidos en la banqueta. Un casi niño. Sin su camisa. “Adriana no te duermas”. Los gritos. Atrapados. Una tardeada. Llegaron por ellos. 200 adultos al acecho. Sin intención de dañar. Claro. “Representantes del orden público”.

El gerente detuvo la música. Les hizo saber del operativo. Tantos eran menores de edad. Quizá sin permiso. Ya era suficiente para temblar. Los muchachos salían, los subían a un camión. No previeron suficientes para transportarlos. “Las autoridades” decidieron bloquearles la salida. Los encerraron. Como a delincuentes de alta peligrosidad. Para que no se les fuera ni uno solo. Obediencia debida.

Supongo que de esa “meticulosidad” dependía el “éxito” del operativo. La única “meticulosidad” que se permitieron. Como si nadie supiera que el encierro y la vivencia de estar atrapado en una multitud, son dos de los más drásticos detonadores de pánico para los seres humanos. Dice Proceso que, además, les apagaron la luz. La muerte llegó. “Las autoridades” la convocaron. Los videos en EL UNIVERSAL son insoportables. Las fotos. Los jóvenes aterrados luchando por salir. Policías inmóviles. Mirando. ¿Qué es un operativo? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es la diferencia —si bloquean la entrada— entre un operativo y una cacería? Entre un joven que quizá infringe la ley y una presa. Robots en uniforme. Obediencia debida.

Afirma Álvarez Icaza que en los operativos en “zonas de altos ingresos el contraste no puede ser mayor”. (Proceso) La policía encerró a sus pares de clase. Como antes. Como siempre. Una parte de “la autoridad” —sociópatas empoderados— humillaba a las/los adolescentes desnudas/os. ¿Quiénes son policías? ¿Cómo los contratan? ¿Cuántas entrevistas tienen antes de ser aceptados? ¿Quién se las hace? ¿Pasan por exámenes sicológicos? ¿Qué les enseñan?

¿Alguna de esas adolescentes bailó en el zócalo con Ebrard? ¿Cuáles son los contenidos reales de ese vals clasista y oscuro del que habla Álvarez Icaza? Ebrard tiene que responder: “Lo que sucedió corresponde a un patrón generalizado de las corporaciones policiacas de la ciudad”, “Violencia institucionalizada contra los jóvenes”, “Criminalización de la pobreza”. Por la dignidad de las víctimas. Por sus vidas que ya no son. Por respeto al dolor de sus familias. Por el futuro. Esperamos. Una respuesta. Ante la intolerable inhumanidad del “error”.

Ingrid

Yuriria Sierra
Nudo Gordiano
Excélsior

Seis años. Ya nos irá contando —si así lo decide— los horrores del encierro. Los horrores de la violencia, la tortura, el abuso y el miedo, de las infamias que se escudan en “la ideología”, las inhumanas heridas del concepto “justiciero”, la brutalidad que se justifica en la fenomenología idiota y animal de “lucha”… De las secuelas del mando absurdo, el poder atroz, el discurso putrefacto… Ya nos irá contando…

Porque alguna vez levantó sus manos para pedir el voto de los colombianos, esas mismas que también alzó, y seguramente con más fuerza, para pedir, implorar, por su vida. Manos atadas y que fueron enfermando poco a poco, que iban perdiendo fuerza para atar un cabello que logró llegar a la cintura; manos que tocaban su rostro cada día más delgado y dejaban frágil su cuerpo vulnerable ante la fuerza de la naturaleza y del hombre, de esos hombres que le habían quitado lo único que la da valor a la vida: libertad. Manos que ayer pudieron abrazar de nuevo y sin cadenas.

Fue en un camino de San Vicente, cerca de Florencia, capital de Caquetá, en Colombia, donde Ingrid Betancourt había sentido esa libertad por última vez en seis años. Ella, junto con Clara Rojas, su compañera de fórmula electoral, fueron secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como resultado del fin del diálogo de paz entre ese grupo guerrillero y el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana.

Testigos que alguna vez también formaron parte del grupo de secuestrados, aseguran que fueron al menos cinco los intentos de escape que protagonizó Ingrid Betancourt. Esos mismos testigos dicen que, como resultado de esos intentos, los guerrilleros la encadenaron a un árbol y, sin zapatos, ella perdía esperanzas de huir.

Intentos fallidos del gobierno galo, pedían la libertad de Betancourt, ciudadana francesa gracias a su matrimonio con Fabrice Desoye, diplomático francés, pues ella en realidad nació en Bogotá en 1961.

La liberación de varios de sus compañeros en aquellos campamentos guerrilleros hacía pensar que Betancourt recuperaría su vida en cualquier momento, pero la espera no terminaba. En octubre del año pasado envió una carta a su madre, donde denotó su desesperación: “Aquí la vida no es vida, es un desperdicio lúgubre de tiempo”.

Varias fueron las ocasiones en que se habló de su estado de salud. También, 2007 nos regaló imágenes de ella, donde se veía el paso del tiempo, de la tristeza y la desesperación. Se le veía sin color, con ojeras, y el rostro que da la desesperanza, ese rostro que no habla, pero dice tanto.

Vio, tan lejos y tan cerca, la liberación de su compañera Clara Rojas, quien durante el cautiverio dio a luz a un niño, Emmanuel, cuyo padre, se presume, es miembro de la guerrilla. También vivió aquel primero de marzo donde perdió la vida Raúl Reyes, segundo mando de las FARC, y que nos regaló la historia, hoy todavía incompleta, de la mexicana Lucía Morett. Escuchaba a lo lejos la disposición al diálogo del gobierno de Nicolas Sarkozy para lograr su liberación y las diferencias diplomáticas de ese episodio. Pero todo lo hacía en silencio.

Sin embargo, ayer tuvo oportunidad de ser escuchada. Acostumbrada a esconderse ante la presencia de helicópteros en el aire, logró darse cuenta que en esta ocasión esa presencia tenía un objetivo: regresarle su libertad.

Así, gracias a un operativo que ella misma calificó como impecable (pues no fue disparado un solo tiro), Ingrid Betancourt recuperó el color de su piel, la fortaleza en sus manos y su libertad. Junto con ella, 14 rehenes más fueron liberados; se encontraban a 72 kilómetros de la población de San José del Guaviare, al suroeste de Colombia.

A pocas horas de esto, Sarkozy da una conferencia de prensa, acompañado de los hijos de Betancourt, y anuncia la salida de un vuelo a Colombia, con la intención de reunir a la familia; él califica esta liberación como “el fin de un trauma de seis años”.

¿Qué sigue ahora? Para el gobierno de Álvaro Uribe vienen los pasos precisos con miras a darle fin a este conflicto. Esta liberación se convierte en el mayor golpe, en 44 años, dado a esa organización. Según Betancourt, sin duda, viene el intentar recuperar su vida después de esos lúgubres dos mil 323 días que estuvo en manos de las FARC y, por lo pronto, viene el momento de reencontrarse con su madre, que la esperó en el aeropuerto de Bogotá. Por fin puede olvidarse de ver sólo selva y de utilizar sus brazos como lo hizo alguna vez.

La operación Jaque, impecable cirugía que volvió a la vida, no sólo a Ingrid Betancourt y a los rehenes rescatados. Impecable cirugía que le devuelve la salud a la política latinoamericana: hoy vemos que puede no ser rehén de la violencia, el crimen, el terror… Desde aquí, una amplísima felicitación a Álvaro Uribe, por regresarle al concepto de “Estado” lo que hace tanto tiempo le han ido secuestrando: la dignidad…

La crisis de los 70

Macario Schettino
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
Economía informal
El Universal

Hacemos esto porque llevamos ya años de discusiones bastante estériles acerca de si el origen de nuestros problemas es el neoliberalismo o el populismo, o de si el culpable de todo fue Salinas o alguien más

Durante las últimas dos semanas hemos comentado con usted acerca de la manera en que la economía mexicana se construyó durante el siglo XX, para poder entender por qué seguimos sin avanzar

Hacemos esto porque llevamos ya años de discusiones bastante estériles acerca de si el origen de nuestros problemas es el neoliberalismo o el populismo, o de si el culpable de todo fue Salinas o alguien más.

Muy brevemente, le recuerdo que al reconstruir el país, después de la violencia que llamamos Revolución Mexicana, el entorno internacional no era favorable al capitalismo, que entró en su peor crisis a fines de los años 20, justo cuando nosotros decidíamos qué hacer. En la década siguiente, el sistema político más popular en todo el mundo fue el corporativismo, una especie de “tercera vía” basada en el modelo de Mussolini. Una gran cantidad de países intentaron construir un régimen político bajo esa lógica, y entre ellos, nosotros.

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se estableció un acuerdo internacional que conocemos bajo el nombre del lugar en que se negoció: Bretton Woods. Ese acuerdo permitió los mejores 25 años de la historia económica mundial. Desafortunadamente, América Latina no participó plenamente de ese proceso, y aunque logramos crecer a buen ritmo, no logramos nada parecido a un “milagro mexicano”, como se acostumbra creer. El país más exitoso de América Latina fue Brasil, por razones que no son del todo claras, pero que pueden depender mucho de su inmensa dotación de recursos, que le permitió crecer con el mismo esquema agotador que usamos los demás países latinoamericanos, pero sin llegar nunca al límite, como sí nos pasó a los demás.

Para mediados de los 60, cuando Brasil empezó a crecer muy rápido, los demás países latinoamericanos nos enfrentamos al agotamiento de nuestras economías. Sin embargo, los gobiernos autoritarios de ese entonces no consideraron la posibilidad de corregir el rumbo. Todos ellos optaron por un camino mucho más fácil: contratar deuda.

A principios de los 70 se derrumba el sistema de Bretton Woods, y el dólar se devalúa, dando inicio a una espiral inflacionaria. Para 1973, se suma a este proceso el embargo petrolero de los países árabes. La inflación y el alto precio del petróleo provocan que los bancos de los países industrializados necesiten colocar sus recursos en algún lugar. Justo lo que necesitaban los gobiernos autoritarios de nuestros países: dólares para poder mantener un crecimiento ficticio.

Así hacen todos, incluyendo a México. Aunque el endeudamiento de nuestro país inicia en el gobierno de Díaz Ordaz (1964-1970), es a partir de Luis Echeverría que se pierde todo control. Para fines de su sexenio, no hay con qué cubrir los excesos y ocurre una devaluación brusca, como no había pasado en 20 años. La inflación ya estaba por encima de 20%, y los aranceles y permisos de importación nos hacían una economía prácticamente cerrada. Fue sólo porque se descubrió Cantarell en esos años que México tuvo una segunda oportunidad, que el siguiente presidente, José López Portillo, se encargaría de desperdiciar.

Echeverría quería convertirse en un nuevo Cárdenas, y reprodujo lo más posible las decisiones del general, dos generaciones después. Y si las medidas de Lázaro Cárdenas fueron equivocadas, pero muy lógicas en su momento, las de Echeverría eran equivocadas y absurdas. Pero lo más sorprendente es que López Portillo no lograse entender que por ese camino no había salida. Así, a pesar de contar con los inmensos recursos de Cantarell, lo que se decidió fue hacer exactamente lo mismo que nos había llevado al agotamiento.

Dicho de otra manera, no se abren las fronteras, se cierran más; no se promueve la competitividad, sino que se financia la incompetencia; no se crean nuevas oportunidades, sino que se siguen utilizando las mismas de siempre, que estaban ya totalmente agotadas. Así, el país contrata deuda por más de 50 mil millones de dólares (la cuarta parte de la economía de entonces, para que lo ponga en contexto), sin crear absolutamente nada. Así, cuando en 1982 resulta que no podemos pagar los intereses de la deuda, nos damos cuenta de que México sólo exporta petróleo, y además importa todo tipo de productos: desde maíz hasta azúcar, pasando por lo que usted pueda imaginar. El agotamiento del modelo, que ocurrió en 1965, había logrado extenderse por más de 15 años, de forma que cuando finalmente se hunde, el hundimiento es total.

Acto represivo

Francisco Garfias
Arsenal
Excélsior

Pablo Gómez no se anda con rodeos. “En el News Divine se violaron los derechos humanos. Fue un acto represivo de la policía contra los jóvenes que estaban allí. No debe repetirse de ninguna manera”, admitió, con franqueza y valor, el controvertido senador del PRD.

Hizo el reconocimiento luego de que le recordamos la cascada de reproches que le han llovido, no sólo a él, sino a otros izquierdistas que navegan con la bandera de los derechos humanos (Rosario Ibarra, Elena Poniatowska, Jesusa Rodríguez…) y protestan rabiosamente cuando se excede la policía federal, pero que en el caso de la discoteca de la muerte, donde la brutalidad fue de la capitalina, prefieren guardar silencio.

-¿Repetirías en tribuna lo que me acabas de decir?, preguntamos.

-Por supuesto que sí, respondió el legislador.

No tardamos mucho en constatarlo. En el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente, el diputado de Convergencia José Luis Aguilera Rico tenía agendado un punto de acuerdo que exhortaba a investigar y fincar responsabilidades por los excesos u omisiones de la autoridad en el operativo que provocó la muerte de 12 personas en el News Divine.

Era la oportunidad que esperaban los panistas para poner al PRD contra la pared. El senador azul José González Morfín no la dejó pasar. Solicitó que el tema se tratara como de urgente y obvia resolución. El coordinador de Convergencia, Alejandro Chanona, intentó mandar el asunto a comisiones, sin discutirlo en tribuna. Fracasó. Sólo los legisladores del FAP, minoritarios en la Comisión Permanente, se opusieron a que el asunto se discutiera allí mismo.

Después de que Gustavo Enrique Madero, coordinador de los senadores del PAN, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que investigue si existieron hechos violatorios de las garantías individuales en el operativo realizado por la policía del Distrito Federal en el News Divine, Pablo subió a tribuna para señalar:

“La Corte se puede tardar dos años en averiguar lo que ya sabemos: en el Divine se violaron los derechos humanos, en el Divine hubo un acto policiaco represivo en contra de un millar de jóvenes que no son delincuentes, pero con la política de prevención del narcomenudeo que existe en este país, y que ustedes apoyan, todo posible consumidor de drogas es un delincuente potencial”.

Pero hasta la franqueza de Gómez tiene límites. Éstos quedaron establecidos cuando González Morfín le preguntó lo que sintió cuando Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, felicitó a Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública capitalino, y jefe de los policías que participaron en el trágico operativo.

“No conozco eso de la felicitación”, evadió el senador del PRD, pero más adelante dijo, en relación con Joel Ortega: “Yo entiendo que la oposición en la ciudad pida la cabeza de todos nosotros, lo entiendo, pero eso tampoco resuelve nada, síganla pidiendo. Yo no quisiera que, si hubiera responsabilidad del jefe de la policía, quedara impune, pero yo no quisiera tampoco que firmáramos la sentencia de un jefe policiaco, así no más porque es quien sea”.

n Fueron por lana y salieron trasquilados. La máxima puede aplicarse al amparo que interpusieron los autollamados partidos emergentes —la chiquillada, para ponerlo en los términos del Jefe Diego Fernández de Cevallos—. La Suprema Corte de Justicia no sólo rechazo el amparo que interpusieron en contra de la prohibición de hacer coaliciones con los partidotes bajo un mismo emblema, sino se apresta para declarar ilegal la llamada “cláusula de la vida eterna”, que permite a las agrupaciones políticas mayores transferirle voto, a aquellos partidos de la chiquillada con los que tengan alianzas, para que alcancen el 2% que requieren. “Ya no saben cómo desistirse del amparo”, nos dice una voz autorizada.

n “¿Veracruz?, está esperándome”, presumió, muy orondo, el senador Juan Bueno Torio, cuando le preguntamos cómo andan las cosas en su estado, de cara a la elección de gobernador de 2010. Ya más serio, comentó que el hecho de que Miguel Ángel Yunes, ex priista, se haya sumado a la contienda por la candidatura del PAN, le puede complicar las cosas al blanquiazul. El legislador explicó que será muy difícil que el voto duro del PAN vaya al director del ISSSTE.

n “Ni que fuera yo un pendejo…”, así respondió Agustín Basave, secretario técnico de la luego desaparecida CENCA, cuando le preguntamos sobre las acusaciones que le formularon ex trabajadores de esa Comisión, vinculados con su predecesor, el priista Alberto Aguilar Iñárritu, en el sentido de que los corrió con el argumento de que necesitaba las plazas para colocar a gente de Ruth Zavaleta. “Es una estupidez y una mentira del tamaño del Anáhuac, nunca hablé con ellos; me quieren amarrar navajas con Ruth Zavaleta”, aseveró.

Nadie asume la responsabilidad política

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

“Todos los responsables de las muertes en la discoteca News Divine serán castigados” dijo ayer el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard. Pero, ¿qué se entiende por responsabilidad y qué por castigo?: porque la cultura de la responsabilidad, la formación ética y política, difiere con las latitudes. Veamos. París, Francia, primero de julio. El general Bruno Cuche, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra de ese país, el más alto cargo militar galo, presentó su dimisión, que fue inmediatamente aceptada por el presidente Nicolás Sarkozy. Según la prensa local, al general Cuche, un hombre de enorme prestigio y que se retiraría con todos los honores en agosto, “no le quedaba otra alternativa”, luego de que el domingo pasado, en una exhibición en el lejano cuartel del tercer regimiento de paracaidistas de infantería de marina en la localidad de Carcasona, un soldado se equivocó de cartuchos y en lugar de los de salva utilizó balas reales. El saldo fue de 17 civiles heridos, ninguno fallecido, que habían sido invitados al lugar para ver la exhibición de ese grupo militar. El sargento responsable ya ha sido acusado de homicidio involuntario. Y el general Cuche decidió presentar su renuncia. El general afirma en su carta que, “en tanto que jefe militar, pretendo asumir plenamente las responsabilidades que me fueron confiadas por el presidente de la República”. Y renunció. El Elíseo la aceptó inmediatamente y emitió un comunicado donde no agradece las décadas de servicio del general y dice que “el presidente de la República espera que los ejércitos saquen todas las conclusiones en cuanto a su organización y su funcionamiento”. El ministro de Defensa, Hervé Morin, un civil, afirmó que el general asumió que los hechos concernían a su responsabilidad directa y que “optó personalmente por renunciar sin que nadie se lo hubiese solicitado”.

Vamos a México, DF, el mismo primero de julio y cuando ya se cumplieron más de diez días de la muerte de 12 personas, casi todas adolescentes, a las cinco y media de la tarde en la discoteca News Divine. El jefe de Gobierno capitalino, al mismo tiempo que decía que esperaría los informes de la Comisión de Derechos Humanos del DF y de la Contraloría Interna, para sancionar a los responsables de los hechos, reivindicaba y confirmaba, en un acto público, a Joel Ortega, como secretario de Seguridad Pública y jefe de los mandos que realizaron el operativo. Quien hace la investigación, el procurador Rodolfo Félix Cárdenas, sigue librando órdenes de aprehensión a policías de cada vez más bajo nivel, pero a ninguno de los mandos de la corporación, ni mucho menos de la Procuraduría. El único de un perfil relativamente alto es Guillermo Zayas, encargado del operativo, quien dice que él no tenía esa responsabilidad, sino funcionarios de la Procuraduría capitalina. Ésta se supone, entonces, que se investiga a sí misma. Zayas se exculpa diciendo, además, que en el nuevo comando unido de la Unipol no hay todavía manuales de procedimiento y que, por lo tanto, no se puede saber quién es el responsable. Y, también, presenta como argumento de su defensa el mismo documento que utilizó el ahora procurador, hace cuatro años, para defender a Marcelo Ebrard, entonces secretario de Seguridad Pública del DF, cuando fueron asesinados por una turba, en Tláhuac, ante la indiferencia de la policía y de las autoridades locales, dos policías federales y un tercero quedó malherido. Félix Cárdenas rechaza que Zayas utilice sus mismos argumentos de defensa de antaño, diciendo que viola “sus derechos de autor”.

Se asegura que se esperará la investigación de la Comisión de Derechos Humanos del DF para determinar otras responsabilidades, pero lo cierto es que Emilio Álvarez Icaza, ante la comisión creada para el tema en la Asamblea Legislativa, ha dicho que no está contando con la colaboración plena de la Procuraduría capitalina (que quiere tener el monopolio de la investigación), particularmente, del Ministerio Público 50 y, por lo menos hasta la noche del martes, no se le había enviado, siquiera, el expediente de la indagatoria. Tampoco las fotografías tomadas ilegalmente, donde también habían sido trasladados de manera ilegal, en el sector Pradera de la SSP-DF, los jóvenes detenidos. Más grave aún: el ombudsman capitalino sostuvo que existen presiones muy fuertes tanto sobre servidores públicos como a víctimas, para que no presten su testimonio. Incluso, Álvarez Icaza aseguró que varios de esos testimonios se darán a conocer en forma anónima, aunque la Comisión sí tiene identificados a los denunciantes, para evitar represalias de las partes involucradas.

En realidad lo que se confunde son las responsabilidades penales con las civiles y ambas con la responsabilidad política. Por ejemplo, ¿es Guillermo Zayas responsable de homicidio doloso (o sea que con dolo permitió la muerte de las 12 personas), su testimonio para deslindarse es absurdo, pero, dirigió el operativo y, entonces, cuál es su verdadera responsabilidad penal? ¿Por qué esas mismas responsabilidades no se amplían a otros mandos de la SSP-DF y de la Procuraduría capitalina? ¿Por qué el dueño del local está preso, acusado de corrupción de menores y de homicidio culposo y quienes otorgaron los permisos de operación, los renovaron e inspeccionaron el local y lo dejaron seguir funcionando, no tienen ningún cargo en su contra? ¿Cómo pueden las distintas autoridades capitalinas de alto rango acusar a los mandos medios y bajos y no asumir sus respectivas responsabilidades?

No dudo de que Marcelo Ebrard, Rodolfo Félix Cárdenas o Joel Ortega sean hombres honestos y entregados a su labor, pero, ¿ninguno asume su responsabilidad, aunque fuera retóricamente? Quizá lo que sucede es que no están hechos, todo lo indica, de la misma pasta que el general Bruno Cuche.

Que se rindan, y si Chávez los quiere, que se los lleve

Fran Ruiz
fran@cronica.com.mx
La aldea global
La Crónica de Hoy

"Nos dedicamos al terror para nada”. Este podría ser el epitafio de la muerte anunciada de las FARC, en fase terminal tras la muerte de sus dos líderes —Tirofijo y el abatido Raúl Reyes— y la liberación de Íngrid Betancourt, gracias a la arriesgadísima apuesta del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de confiar en un ejército especializado y no ceder ni un milímetro al chantaje terrorista.

El paisaje previo a la derrota final es el de una serie de comandos en huida que han abandonado el “socialismo o muerte, venceremos” por un patético “sálvese quien pueda”, donde unos desertan, otros matan a sus jefes para cobrar recompensa y otros son intimidados a punta de pistola por sus compañeros para que permanezcan en una lucha armada en la que no cree casi nadie.

Todavía le queda al nuevo jefe de las FARC, Alfonso Cano, rehenes para presionar con sus vidas al gobierno de Uribe y, sin duda, todavía tiene capacidad para cometer atentados, matar y volver a secuestrar, pero la realidad es que esa guerrilla está acorralada por el ejército, repudiada por la sociedad colombiana e ilegalizada y proscrita por la comunidad internacional.

A este extremo han llegado las FARC tras un annus horribilis que presagia el fin de un movimiento armado revolucionario que se convirtió, con el paso de los años, en una vulgar organización terrorista dedicada al narcotráfico, por más que militantes de la izquierda radical, desde la refugiada Lucía Morett hasta su protector Daniel Ortega, sueñen todavía en su capacidad para convertir a América Latina en un espacio revolucionario y socialista.

No hay más que ver los resultados de la revolución chavista, puestos en marcha en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, para comprobar cómo se imponen el autoritarismo y la censura por encima de la democracia.

Sus mandatarios hablarán, tras la liberación de Betancourt, de un triunfo para la paz, pero no olvidemos que todavía está por verse hasta qué punto Hugo Chávez financió una organización considerada terrorista por todos menos por su gobierno y el de sus aliados.

Quizá oliendo la debacle inminente, el venezolano trató de corregirse hace unas semanas declarando que la lucha armada en Latinoamérica ya no tiene sentido. Así que, si así lo dice el jefe, las FARC deberían liberar a los rehenes, rendirse y, si Chávez los quiere acoger para sus planes en Venezuela, que se los lleve; en Colombia nadie los quiere.

Inquietos intelectuales

Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
La Crónica de Hoy

Los 15 ciudadanos, todos ellos dedicados a tareas intelectuales, que en diciembre pasado solicitaron un amparo contra uno de los puntos de la reforma constitucional en materia electoral, se han inconformado porque la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto acerca de esa petición. La justicia debe ser expedita, desde luego. Pero no puede dejar de tomarse en cuenta que existen pasos y plazos judiciales que en ese caso apenas se han venido cumpliendo. Primero, el amparo ha debido ser admitido por el juez ante el que se presentó. Más tarde, la Suprema Corte resolvió estudiar si le daba entrada, o no, a ese y otros amparos similares. En eso están los magistrados. Sin embargo con motivo de la queja de Los Quince las cadenas nacionales de televisión desataron una nueva andanada de estrépito y distorsiones contra la Suprema Corte, a cuyos integrantes no les perdonan la decisión que hace un año desbarató la ley Televisa.

Habitualmente perspicaces y siempre respetables, Los Quince intelectuales inconformes con un aspecto específico de la reforma constitucional no han parecido estar interesados en las consecuencias políticas de ese reclamo. No les han inquietado los nada desinteresados respaldos que esa causa ha encontrado en los consorcios comunicacionales. Tratándose de ciudadanos tan inteligentes y atentos a los asuntos públicos, esa coincidencia tendría que estarles preocupando pero no parece que ocurra así. Apenas ayer, en Milenio, Héctor Aguilar Camín publicó un claro deslinde respecto de Televisión Azteca en donde se ha dicho que la reforma constitucional convierte a México en una dictadura o algo así.

Resulta demasiado esquemático suponer que todo asunto que concite el aplauso de Televisa y Televisión Azteca resulta, solo por eso cuestionable y sospechoso. Pero en este caso vale la pena preguntarse por qué esos consorcios, que han conculcado, expropiado y acaparado como ningún otro organismo o institución la libertad de expresión en este país, ahora respaldan a quienes están convencidos de reivindicar esa libertad. Esa es una implicación que Los Quince promotores de la demanda de amparo todavía no explican.

La reforma constitucional promulgada en noviembre pasado establece que solamente la autoridad electoral podrá ordenar la transmisión de propaganda en radio y televisión, utilizando para ello el tiempo del cual dispone el Estado en esos medios. Ni los partidos, ni organización o persona alguna, podrán comprar tiempos, para esos fines, en los medios electrónicos.

A Los Quince ciudadanos les parece que la imposibilidad para comprar espacios de propaganda en radio y televisión conculca su libertad de expresión. Se refieren a la adición, incorporada a uno de los nuevos apartados del artículo 41 constitucional, que establece:

“Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”.

Como sosteníamos aquí mismo, el pasado jueves 3 de enero, los espacios de discusión e información seguirán existiendo en medios de toda índole, y desde luego también en televisión y radio. La libertad para expresarse en ellos no varía, porque nunca ha dependido de la posibilidad de comprar tales espacios. Desde hace más de una década la legislación electoral prohíbe a los particulares la compra de propaganda de esa índole en medios electrónicos. Lo que hacen ahora la reforma constitucional y las adiciones al Código Electoral es señalar sanciones a quienes infrinjan esa taxativa.

La demanda de amparo de Los Quince padece numerosas imprecisiones y exageraciones. Tomemos por ejemplo uno de los párrafos, acotado por el farragoso tono del alegato jurídico, en donde sintetizan algunas de sus posiciones y que aparece en la página 69 de su solicitud de amparo: “desde el momento mismo en que el artículo 41 constitucional reformado modifica los valores superiores de la democracia deliberativa y limita a los hoy quejosos el ejercicio libre de su autonomía para expresarse, informar y generar la discusión pública sobre los temas que interesan a la sociedad; desde el momento mismo en que el citado artículo 41 reformado impone a los quejosos la obligación inmediata de abstenerse de contratar espacios en los medios de comunicación masiva, radio y televisión, en los que promuevan el debate público sobre la dirección social y donde prevalezcan los principios más que los intereses; y desde el momento mismo en que la reforma constitucional desalienta el ejercicio democrático, en tanto que éste exige la deliberación libre y pública sobre los méritos de las políticas a adoptar en el ámbito público; resulta que esta modificación constitucional altera y frustra el derecho humano a la libre expresión de las ideas y, por consecuencia, del derecho a informar”.

La democracia deliberativa supone espacios y libertad, pero también condiciones de equidad para la discusión pública. El apartado que inquieta a Los Quince, lejos de trastocar los valores de esa democracia los solidifica. Se trata de que el peso del dinero de quienes podrían contratar espacios en radio y televisión no se convierta, como ya ha sucedido en México, en un factor disruptivo de tal equidad.

A los quejosos no se les limitan sus posibilidades de expresión en ningún medio. Lo único que no podrán hacer es pagar dinero por opinar en medios electrónicos. De hecho, varios de los demandantes se encuentran en la situación inversa: a ellos las televisoras o radiodifusoras les pagan por opinar. Así, y qué bueno, seguirá ocurriendo.

El ensortijado lenguaje jurídico del párrafo antes citado conduce a serios resbalones conceptuales. La reforma constitucional no impone una “obligación inmediata” sino una restricción, que no es lo mismo. Y en los espacios que no se podrán contratar podría haber no solo mensajes edificantes y nobles sino, antes que nada, de acuerdo a la experiencia mexicana reciente, contenidos muy lejanos de los principios democráticos.

Sin embargo, debido a esa sustitución de la precisión jurídica por la ambigüedad retórica, el alegato de Los Quince vuelve premisa —sin haberla demostrado—una de sus presuntas conclusiones: “la reforma constitucional desalienta el ejercicio democrático”. Si ese ejercicio dependiera de la capacidad de los particulares para pagar anuncios en televisión y radio indudablemente estaríamos ante una situación grave. Pero lo que hace la reforma constitucional es liberar al sistema político de la dependencia creciente que ha experimentado respecto de los medios electrónicos.

Por eso, sostener que la mencionada modificación “altera y frustra” la libre expresión de ideas no solamente es, por decirlo de manera leve, exagerado. Además coloca a quienes suscriben ese documento al borde de una lamentable abdicación intelectual. La mayor parte de Los Quince firmantes de esa demanda son ciudadanos que han tenido enormes méritos por su quehacer intelectual, es decir, por la elaboración y propagación de ideas con inteligencia y calidad expresiva. Es una pena que demeriten indirectamente ese notable trabajo al sostener que la falta de spots en televisión y radio impedirá la circulación de ideas en la sociedad mexicana: como si las ideas y la creatividad que varios de ellos mismos han aportado a la cultura y la deliberación mexicanas pudieran reducirse a 20 segundos en televisión. Tampoco la información que requiere la sociedad mexicana depende de los anuncios políticos pagados por particulares.

El apartado constitucional impugnado por esos ciudadanos prohíbe la contratación de propaganda en medios electrónicos pero no es del todo claro si solamente durante campañas electorales, o en todo momento. El jurista Pedro Salazar, en un acucioso texto que apareció en Nexos de mayo, explica ese flanco equívoco de la reforma del año pasado.

Otro tema, que Los Quince no impugnaron en su demanda de amparo aunque varios de ellos lo han mencionado como si formase parte de ella, es la proscripción, consecuencia de la misma reforma, a las expresiones que en la propaganda de los partidos “denigren a las instituciones y a los propios partidos”. La ambigüedad de esa disposición ha llevado a la autoridad electoral a excederse al calificar los anuncios de varios partidos políticos.

Precisar si la prohibición para contratar propaganda en medios electrónicos es permanente o solo en épocas de campañas y definir los alcances de la denigración entre partidos, podrían ser dos temas que acoten, sin trastocarla, la reforma constitucional en materia electoral. Lamentablemente Los Quince impugnadores de uno de los temas de esa reforma, tan puntillosos como han sido, no se han preocupado de esos otros aspectos.

ALACENA: Gabriel Sosa Plata

Intolerantes ante una mirada crítica que no los favorece como quisieran, algunos directivos y empleados del Grupo Imagen desataron una andanada de descalificaciones contra el maestro Gabriel Sosa Plata, prestigiado profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y uno de los más laboriosos analistas de las telecomunicaciones y los medios en nuestro país. El martes de la semana pasada, en su columna de El Universal, Sosa Plata se refirió a las irregularidades que precedieron, hace dos años, a la venta de los derechos de transmisión del Canal 28. En aquel tiempo la injerencia de Marta Sahagún y su marido para propiciar esa transacción fue comentada en numerosos medios.

Al día siguiente, miércoles 25, el director de Grupo Imagen, Ernesto Rivera, envió a ese periódico una carta en donde, lejos de hacer precisiones a la información publicada por ese investigador, intentó desacreditarlo debido a la relación profesional que un hermano de Gabriel Sosa Plata tuvo con el gobierno anterior. Y ese día en Excélsior, diario propiedad de Imagen, en un texto tan vergonzoso que fue retirado y modificado en el sitio web de ese periódico, la comentarista Yuriria Sierra también eligió la vía del ataque personal contra dicho académico.

La seriedad de Sosa Plata, verificada en sus libros y ensayos, en la meticulosidad de sus textos periodísticos y en el respeto que se ha ganado durante años, no se vulnera con esos infundios. En Grupo Imagen hay comunicadores responsables y profesionales. Otros, lamentablemente, prefieren la alharaca y la intolerancia para responder ante opiniones y datos que no les gustan.

Matar a los pobres

Ricardo Rocha
Detrás de la noticia
El Universal

Hay una aceptación fatal de que es “natural” que ocurran ciertos crímenes por los escenarios de miseria en que se producen

Es por desgracia un deporte nacional. Tan sólo en los años recientes son numerosos los casos de matanzas contra mexicanos pobres: en junio de 1995, 17 campesinos fueron masacrados por la policía estatal de Guerrero en el vado de Aguas Blancas; dos años después, en Acteal, Chiapas, fueron asesinados 45 indígenas tzotziles entre niños, niñas, hombres y mujeres, siete de las cuales estaban embarazadas; de 2005 a la fecha están documentadas las ejecuciones de una decena de campesinos ecologistas y sus hijos menores, sobre todo en la sierra de Petatlán, en Guerrero; también perviven en el dolor de la memoria otras matanzas como las de El Charco y El Bosque en Chiapas o la de Agua Fría en Oaxaca.

Todas conllevan denominadores comunes: la brutalidad despiadada con que los asesinatos fueron cometidos; la injusticia o la justicia a medias en cada proceso; la eventual participación de agentes armados federales o estatales o, de plano, soldados. La misma violencia contra quienes han sido asesinados en retenes militares, que con las muertas de Juárez, las trabajadoras sexuales violadas en Castaños, Coahuila, o el infame caso de doña Ernestina Ascensio en Zongolica. Cierto, algunos de estos crímenes han provocado grandes escándalos en la opinión pública nacional. Sin embargo, hay una suerte de aceptación fatal de que es “natural” que ocurran estas cosas por los escenarios de miseria en que se producen. En pocas palabras: eso les pasa por ser pobres.

Así, estos hechos vergonzantes se dan en gobiernos de todo signo. Pero los olvidos llegan pronto. Y no se atienden jamás las causas profundas de estas desgracias. Por supuesto que la pobreza misma. Pero también dos mal enraizados sentimientos que solemos encubrir y disfrazar en este país: una profunda discriminación hacia los pobres y un feroz racismo hacia los indígenas. Por ello, ha resultado “natural” el desastre minero en el que 65 trabajadores quedaron sepultados para siempre por toneladas de roca y tierra, pero también por la negligencia y rapacidad de Minera México, que cuenta con todo el apoyo de las autoridades federales. Igualmente fue “normal” el aplastamiento de los de Atenco en 2006, que incluyó macanizas despiadadas, violaciones y vejaciones tumultuarias y hasta la muerte de un niño de 14 años.

En contraste, nos enteramos hace poco del operativo quirúrgico que hubo en Bandasha. Una discoteca para gente bien situada en Bosques de las Lomas sobre la que había denuncias de venta de alcohol y drogas a adolescentes. En lo que más parece una crónica de sociales se describe la llegada puntual de un centenar de agentes vestidos pulcramente de civil y equipo médico, que se apersonaron con todo comedimiento para detener muy amablemente a meseros y barmans acusados de corrupción de menores. El propio boletín oficial no tiene desperdicio: “Con estricto apoyo a los derechos fundamentales de los clientes, los servidores públicos que llevaron a cabo el operativo los conminaron a abandonar la discoteca a todos aquellos que acreditaran su personalidad con una credencial de identificación”.

Me queda claro que los policías y soldados están entrenados para golpear y matar. Ahora incluso nos enteramos de que en el municipio panista de León los entrenan también para torturar. Lo que no sé es si los preparan para ser cuidadosos y amables con los ricos y güeritos, y todo lo salvajes que quieran con los prietos y pobres, como ellos, por cierto.

Lo que es indiscutible es que Bandasha no fue lo mismo que New’s Divine.

Una crisis que se vuelve inmanejable

José Carreño Carlón
Agenda del debate
El Universal

Liderazgo de Ebrard, comprimido entre mando de AMLO y autonomía de Ortega
La guerra entre ‘Procu’ y jefe policial puede pasar de las filtraciones a algo más


La fragmentación del gobierno del DF, el estilo de liderazgo de Marcelo Ebrard y su precaria relación con el presidente Felipe Calderón —a quien legalmente le debe dar cuenta del manejo de la fuerza pública de la capital— han conducido a la prolongación de una crisis que se está volviendo inmanejable en la medida en que el jefe de Gobierno no acierta a poner orden en su gabinete de seguridad.

Tras las muestras de aplomo y compasión con las víctimas de los primeros días, el jefe del GDF inició una caída que no cesa, a punto de completarse la segunda semana de indecisiones, contradicciones y choques internos en el gabinete local.

Hace una semana Ebrard ya había perfilado en dos funcionarios la responsabilidad política del desastroso operativo policial en la delegación Gustavo A. Madero. El jefe delegacional aceptó su separación del cargo, pero el secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, se habría negado, para enseguida declararle la guerra al procurador de Justicia defeño, en respuesta al informe ministerial que incriminó al jefe policial.

Luego, el propio Ortega estableció comunicación directa con la Presidencia de la República, que Ebrard no reconoce por disposición de Andrés Manuel López Obrador. Y esta semana el propio Ebrard sorprendió con un reconocimiento a Ortega que se leyó como exoneración, sólo para al día siguiente declarar que son totalmente contrarios a su política y convicciones operativos como el del New’s Divine, responsabilidad del mismo Ortega.

Policías al grito de guerra

Como lo muestran los primeros estudios de opinión tras la tragedia, el liderazgo de Ebrard se ha encogido. Aparece comprimido, de un lado, por el mando de AMLO, y del otro, por la autonomía de Ortega, a quien se identifica con su homólogo en el gabinete de Calderón.

Y no van mejor las cosas en el establecimiento de las responsabilidades penales. Ayer el juez pudo haber echado abajo o no la extravagante consignación por homicidio doloso hecha por la Procuraduría local contra el coordinador de las policías capitalinas en la delegación Madero, Guillermo Zayas. Pero en todo caso la hábil defensa de éste ha dejado en claro que, si Zayas es culpable, también lo es, con las mismas bases, Marcelo Ebrard de los linchamientos de Tláhuac en 2004.

A la debacle del liderazgo de Ebrard pueden seguir otras peores. La guerra intestina en su gabinete de seguridad, entre un procurador y un jefe policial que tienen mando sobre importantes efectivos armados, hace temer que sus embestidas podrían pasar en cualquier momento de las filtraciones en los medios a algo más.

Por lo pronto, con sus judiciales y preventivos en guerra por imponer su versión de la tragedia, Ebrard se ha visto impedido de cumplir en dos semanas el primer requisito de manejo de crisis y restauración de liderazgo: realizar un ejercicio inequívoco de rendición de cuentas sobre lo que pasó y anunciar las soluciones de raíz a los problemas aflorados.

Cero en manejo de crisis

Tampoco lo han dejado cumplir el otro requisito básico: asumir las responsabilidades institucionales y establecer con claridad las que les corresponden a sus subordinados y a los demás.

En este trance se han violado todos los principios de comunicación en situaciones de crisis:

a) Sólo informar de hechos, no especular con lo que podría pasar o haber pasado. Y hace una semana se citó a conferencia de prensa del jefe de Gobierno y se filtró que allí se anunciaría la separación del secretario de Seguridad Pública, la que finalmente Ebrard no pudo obtener ni anunciar.

b) Sólo dar versiones institucionales congruentes. Y las de su procurador y su secretario de Seguridad siguen en confrontación.

c) Contar con un vocero único. Y lo único que ha abundado son declarantes oficiales en permanente contradicción.

Las tres “c” de Álvaro Uribe

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

El operativo para liberar a 14 secuestrados por la guerrilla colombiana le salió perfecto al presidente Álvaro Uribe.

Puso en juego las tres “c” que debe tener un político: cabeza, corazón y cojones.

La acción del presidente Uribe no sólo fue un triunfo para su país, sino que también ganaron la libertad, la vida y la democracia.

Los testimonios brindados ayer por Ingrid Betancourt, secuestrada durante seis años y cuatro meses por las FARC, encadenada y a la intemperie en la selva durante todo ese tiempo, son sobrecogedores.

Su drama, que es el de más de seis mil secuestrados por las FARC y tres mil 240 asesinados por esa organización, debe servir de lección para quienes en México aún adoran a ese tipo de “izquierda”.

Conmovedor fue cuando Ingrid Betancourt dijo, en sus primeras palabras ante la prensa: “Confiemos en nuestro ejército, estamos del lado de los buenos”.

Ese es el mérito del presidente Álvaro Uribe.

Como lo dijo Jorge Fernández en la emisión vespertina de Imagen Informativa, Uribe es un presidente con sentido de Estado y absoluta claridad de quién es el enemigo de las libertades y de las reglas del juego democrático.

Actuó en consecuencia y ganó una partida crucial contra la narcoguerrilla que durante décadas ha sembrado el terror en Colombia.

Uribe ha sabido concientizar a la mayoría de los habitantes de su país acerca de cuál es el enemigo.

Cómo sería útil para México que pudiéramos decir que en la batalla contra el narcotráfico, “confiemos en nuestro ejército, que estamos del lado de los buenos”.

Si no se actúa en México de manera decidida contra los narcotraficantes, vamos rumbo a convertirnos en un narcoestado y vamos a perder el país.

Un sector de la izquierda en México, que en mala hora se ha hecho llamar izquierda, coquetea con los narcotraficantes al exigir el retiro inmediato del Ejército, le inventa crímenes que no cometió y defiende a la narcoguerrilla de las FARC.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen presencia en nuestro país.

Hay células suyas en universidades públicas y en la Zona Metropolitana del Valle de México, fundamentalmente en las colonias dominadas por el Frente Popular Francisco Villa.

Trabajan con los “círculos bolivarianos”, que son pequeñas agrupaciones seguidoras de la “revolución” que impulsa el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

¿Qué van a decir y a escribir y a editorializar ahora que el mundo conoce lo que son y han sido esos campos de concentración en la selva colombiana?

Afortunadamente, ayer Álvaro Uribe desnudó a sus enemigos.

Desnudó a quienes han tenido amenazado a un extraordinario país como lo es Colombia.

Desnudó, incluso, a quienes asesinaron a su padre luego de secuestrarlo en la finca que tenía.

Bien por Uribe.

Bien por Colombia.

Y si alguna duda quedaba de la clase de tiranuelos que son esos que se hacen llamar “bolivarianos”, “luchadores de izquierda”, ahí están los testimonios de Ingrid Betancourt y los demás liberados.

Encadenados en la selva, a la intemperie.

Sometidos a humillaciones y malos tratos, los secuestrados dijo Ingrid Betancourt querían el rescate: “No importa que muriéramos en el intento: preferíamos un segundo de libertad, a morir ajusticiados por la guerrilla”.

Eso dijo ayer quien fue candidata presidencial de centro izquierda y viajó voluntariamente a la zona que el ex presidente Pastrana le regaló a las FARC, para ofrecerles diálogo, apertura y paz.

A Pastrana le respondieron con más guerra.

Y a Ingrid Betancourt le respondieron con su secuestro.

Ella pagó con seis y medio años de su vida la ingenuidad temeraria de su vocación pacifista.

Al hablar ante la prensa, ayer, dijo: “Pienso en todos los secuestrados (todavía quedan alrededor de 700) y en los que han muerto en manos de la guerrilla: abuelitas, mujeres embarazadas, niños…”, y se le quebró la voz.

Bueno, ahí están las FARC, exhibidas y, en buena medida, derrotadas.

Después de oír esos testimonios, ¿qué fachada le queda ahora a esa guerrilla para presentarse ante el mundo?

¿Cómo van a hacer sus defensores y aliados en México para justificar esos campos de concentración en la selva?

Ojalá que sirva la lección: esas son las FARC.

Nunca más. Y en México, menos.

Zayas: preso político del GDF

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

El procurador del DF construye peligrosa bomba de tiempo
Poder Judicial y Derechos Humanos, “tapaderas” potenciales

WEBLOG: http://blogs.eluniversal.com.mx/laotra/

No sólo entre el gremio de penalistas, sino una buena parte de integrantes del Poder Judicial del DF asegura que en el caso New’s Divine, Rodolfo Félix, el procurador capitalino, se “dispara al pie” o de plano “escupe para arriba”. ¿Por qué?

Porque al acusar de homicidio doloso a Guillermo Zayas, el propio Félix no sólo echa abajo su tesis del caso Tláhuac, sino que confirma que el jefe de Unipol en GAM es un preso político del gobierno de Marcelo Ebrard, junto con otra docena de policías acusados del mismo delito.

Bueno, hay quienes incluso dicen que el procurador “se dispara a los dos pies”, ya que hoy hace el ridículo al consignar a Zayas y compañía por homicidio doloso —cuando todos saben que es imprudencial y terminará en mero abuso de autoridad—, y en los próximos seis meses hará de nuevo el ridículo cuando ‘en apelación’ el juez de la causa concluya que, en efecto, se trató de homicidio imprudencial.

Claro, todo eso se debía cumplir siempre y cuando el Poder Judicial del DF no se preste al “cochinero” que se arma desde la Procuraduría, y que incluye fuertes presiones al Tribunal de Justicia del DF —como ocurrió en tiempos de AMLO en el caso Ahumada—, para hacer posible la persecución política de la que es víctima Zayas. Pero hay más. Todos saben que sobre la cabeza de Rodolfo Félix pende la responsabilidad latente de que por una venganza pueda ser asesinado el ex “superpolicía”, o alguno de los otros uniformados consignados.

Por eso —porque el procurador construye una bomba de tiempo que podría estallar en la cara de todos, especialmente en la de Ebrard—, no son pocos los penalistas y especialistas del Poder Judicial del DF que recomiendan que el de Zayas y los policías consignados por presunto homicidio doloso debe ser litigado con el jefe de Gobierno, en donde se resuelven los asuntos políticos, no en los tribunales.

Y es que para los conocedores del caso están claras las etapas que ha llevado a cabo el GDF para el control de daños. En la parte administrativa ya despidió a los mandos supuestamente implicados; en la cara política intenta obligar a que se meta el gobierno federal; en la arista penal, ya metió a la cárcel a Zayas y a 20 policías, y en la vertiente de derechos humanos espera que la CDHDF le sirva de tapadera.

Pero hay minucias que echarían abajo ese diseño y que aparecen en el libro Caso Tláhuac, de Félix Cárdenas, hoy procurador del GDF. Se trata, como todos saben, de la defensa de Ebrard en ese vergonzoso episodio. Dice el libro en sus páginas 19 y 20: “El ‘deber general’ que tiene la policía de evitar delitos no basta para estimar que todo el policía que no impide un determinado delito, aun y cuando pueda hacerlo sin riesgo personal, cometa delito de omisión impropia, pues el deber general que tiene la policía de prevenir y perseguir delitos y en ello, de proteger la integridad de las personas, como sus bienes, no la hace responsable de los delitos que no logra impedir”.

El asunto es más claro en la pág. 47: “El deber que tiene la policía de evitar delitos no es suficiente, sin más, para entender que todo policía que no impide, aun pudiendo hacerlo sin riesgo personal, un determinado delito, comete dicho delito por omisión. Al policía que decide no impedir un robo cuando podría, no ha de considerarse autor de dicho robo, si no tuvo nada que ver con su preparación ni con su ejecución. Será responsable de incumplimiento de su deber, pero no del delito de robo”.

Así, pues, los especialistas que analizan de cerca el caso aseguran que al acusar de homicidio doloso a Guillermo Zayas —y no de imprudencial—, el procurador Félix Cárdenas no sólo convirtió en preso político al otrora “superpolicía”, sino en chivo expiatorio de un escándalo en el que son responsables tanto la PGJDF como la SSP del DF. Es decir, por la vía del montaje político —del que Ebrard sabe harto—, se busca un culpable para exonerar a los de casa y calmar a fieras del coliseo mediático.

Y si el Tribunal de Justicia del DF no se presta a ese circo —de lo cual no existen garantías—, Zayas será absuelto de homicidio culposo en no más de seis meses, y purgará una condena por homicidio imprudencial no mayor a 18 meses de cárcel. Pero falta el informe de la CDHDF, potencial tapadera final del escándalo. ¿Por qué existen dudas al respecto?

Un seguimiento elemental de la relación entre la CDHDF y el jefe del GDF —desde el 5 de diciembre de 2006— deja ver una cordialidad preocupante para algunos —que se refuerza por elogios públicos de Emilio Álvarez Icaza a Marcelo Ebrard— y porque del gobierno de AMLO al de Ebrard, el presupuesto de la CDHDF saltó de 80 millones a 280 millones. ¿Se prestarán el Poder Judicial del DF y la CDHDF a ser tapaderas? Al tiempo.

El modelo de Newell

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

A Roberto Newell le gusta argumentar con los números por delante. El economista es actualmente el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, una organización no gubernamental y apartidista “cuyo objetivo es recomendar políticas públicas que sean factibles y que tengan un impacto cuantificable y significativo sobre la competitividad de México”. Newell participó el 26 de junio en los foros sobre la reforma petrolera en el Senado y, fiel a su costumbre, con los números por delante, presentó su postura.

Para Newell, las cuatro determinantes de la renta petrolera son el precio del bien, la cantidad producida, la inversión requerida y el momento en que se vende. Con estos cuatro factores hizo un modelo de valuación con distintos escenarios. En el escenario inercial, donde no cambian ninguna de las condiciones actuales, “el valor presente de la renta petrolera es casi equivalente al valor actual del Producto Interno Bruto (PIB)”. Pero, como la producción cae, “la contribución de Pemex al sostenimiento de las finanzas públicas también declina. La situación fiscal se hace delicada en 2012. Para esas fechas la pérdida acumulada del gobierno será alrededor de 20 mil millones de dólares. En este contexto, el hueco tendrá que llenarse con mayor deuda o mayores impuestos”.

El modelo inercial de Newell lleva a una conclusión contundente: “Actuar con lentitud y parsimonia tiene enormes costos para el país. Para que la urgencia quede clara conviene dimensionar el costo de más demoras. Cada año que pase sin reformas cuesta 100 mil millones de dólares. Mientras el debate permanezca sin resolverse, perdemos tiempo que vale oro. A los precios actuales, por cada barril que dejamos de extraer al día, dejamos de recibir 100 dólares diarios. Esto representa 36 mil 500 dólares al año por barril. Bajo estas condiciones, demorar aún más los cambios requeridos es inaceptable e irresponsable”.

Según Newell, la reforma petrolera debe sentar las bases para, por un lado, sostener la plataforma de producción de Pemex en tres millones de barriles diarios y, por el otro, reponer las reservas de petróleo hasta llegar en 2012 a una tasa de restitución de 100 por ciento. Una reforma de estas características incrementaría la renta petrolera a 117% del PIB actual equivalentes “a poner a trabajar mil 800 dólares en la cuenta de ahorro de cada mexicano”. Además, se resolvería la crisis fiscal que se avizora para 2012, se fortalecería la balanza de pagos, Pemex tendría la solvencia para pagar la deuda que debe y se elevaría la tasa de crecimiento de la economía en alrededor de un punto porcentual. En conclusión, Newell recomienda que el Congreso apruebe la minirreforma propuesta por el gobierno como un “primer paso fundamental para modernizar el sector energético”.

En un artículo de esta semana en Proceso, Jenaro Villamil reporta que son “agentes de trasnacionales los que avalan la propuesta calderonista” de reforma petrolera. Menciona que Newell trabajó para la consultora McKinsey. También dice que Adrián Lajous, ex director general de Pemex (quien también participó en el foro petrolero del Senado con una de las mejores ponencias), es actualmente miembro del directorio de Schlumberger y asesor de McKinsey. Los datos son correctos. ¿Y qué tienen de malo? ¿Acaso su historia laboral los descalifica para dar una opinión objetiva? Por el contrario. Yo trabajé unos años en McKinsey y puedo asegurar que si algo se aprende en esta empresa es que las recomendaciones tienen que estar sustentadas por análisis empíricos. Que los números hablen. Como los que presentó Roberto Newell en el Senado.