Francisco GarfiasArsenal
Excélsior
El eufórico grito de una vecina de la delegación Gustavo A. Madero, provocado por el anuncio de que el procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, había puesto sobre la mesa su renuncia, descarriló la declaración que Marcelo Ebrard hacía en esos momentos sobre las decisiones alrededor del caso News Divine.
El jefe de Gobierno del DF retomó el discurso sin precisar que al titular de la PGJDF, al igual que a Joel Ortega, también se le aceptaba la renuncia. Eso generó confusión y una cascada de apresurados comentarios. Algunos hablaban ya de “justicia a medias”. ¿Por qué a Ortega sí y a Félix no?, preguntaban.
Pero Félix y Ortega ya están en la banca. Las dos renuncias fueron aceptadas. Ebrard cumplió su palabra. Esperó los resultados del valiente informe del ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, para tomar decisiones. No defraudó. La percepción generalizada es que el castigo alcanzó a los más altos responsables de su gabinete de seguridad y justicia.
Mucho tuvo que ver en este desenlace el Informe de Álvarez Icaza. Algunos sospechosistas auguraban que le iba a hacer el juego al GDF. Otros, escépticos, como el director del periódico El Centro, Salvador Camarena, temían que el ombudsman disparara lo que el clásico Bermúdez llama un tirititito. Y Camarena acabó por reconocer que fue un zambombazo. “La bola está en la cancha de Marcelo…”, comentó el prestigiado periodista, al finalizar el Informe.
El ombudsman hizo gravísimos señalamientos. “Se violaron los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres adultas. De ello son responsables autoridades que involucran a dos órdenes del gobierno local”, subrayó.
A la SSP la acusó de ocultar información y de obstaculizar deliberadamente la investigación de la CDHDF. A la PGJDF, de parcialidad, vejación a las jovencitas detenidas, mal trato a familiares, pero también de falta de exhaustividad en la investigación. Narró incluso que un agente del MP, ¡se tomó declaración a sí mismo!
Hubo un momento en que a Álvarez Icaza se le quebró la voz. Fue ya al final de su Informe. Hablaba, a los familiares de las víctimas, de lo que significa perder un hijo. Nos acercamos a preguntarle qué lo había sacudido. “Fue una combinación de profunda indignación y de profundo dolor”, explicó.
Y citó una conversación con algún funcionario de la CIDH de la OEA, en la que éste le hizo notar que no existe una palabra en español que describa la muerte de un hijo. “Cuando se pierde a uno de los padres se es huérfano; cuando se pierde a un cónyuge se es viudo o viuda; pero cuando se pierde un hijo no hay palabras que lo describan”, recalcó.
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Un extraño incidente sucedió ayer mientras Carlos Loret de Mola entrevistaba, en su programa Primero Noticias, a Guillermo Zayas, ex director de Unipol en la GAM, encarcelado por los trágicos sucesos en el News Divine. La comunicación se cortó y no hubo modo de recuperarla. El periodista insinuó al aire que hubo mano negra.
“Lo que Guillermo Zayas no sabe es cómo funcionan las tarjetas telefónicas. Hay que ponerles dinero. Son teléfonos públicos”, repuso, entre serio y mordaz, el subsecretario de Gobierno del DF, José García Ochoa, cuando el diputado local de Nueva Alianza, Xiúh Tenorio, se le acercó para preguntarle si la súbita interrupción fue un acto de censura.
García Ochoa contó allí mismo que habló con Hazael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario del DF, para comentarle el asunto y “ni siquiera vio la entrevista, iba en el coche”, dijo.
Antes de que se cortara la llamada con Loret, el principal inculpado en la tragedia del News Divine, Guillermo Zayas, alcanzó a decir que las declaraciones vertidas ayer por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal son “un teatro montado en mi contra”,
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Recibimos de las oficinas de Salvador Rocha Díaz, abogado de TV Azteca, un comentario sobre la decisión de la Corte de declarar inconstitucionales las fracciones II y III del artículo 354 del Cofipe, que sancionaba a las personas físicas y morales que contraten tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política.
El fallo deja abierta la posibilidad de que los ciudadanos contraten publicidad en los medios, sin problema, pero permite al IFE sancionar a los concesionarios que transmitan esa publicidad, hasta con 100 mil días de salario mínimo. “Ahora resulta que los medios, que sólo son el vehículo para que la ciudadanía se exprese libremente, podrán ser sancionados por el solo hecho de cumplir con su función”, dice el correo de Rocha.
Y advierte: “Será de vital importancia para nuestra democracia que los ministros de la Corte, al determinar la inconstitucionalidad de las sanciones previstas en el Cofipe, sean equitativos y eliminen también las multas a los medios de comunicación, pues estos son únicamente el vehículo para que todos los mexicanos ejerzan, sin cortapisas, el derecho a la libertad de expresión.”