agosto 07, 2008

Cadena perpetua a secuestradores, pide Calderón

Excélsior / Notimex

LLama el presidente a un alto a la impunidad "los mexicanos exigen que más allá de banderas políticas, nos unamos para luchar contra la delincuencia".


Ciudad de México.- El presidente Felipe Calderón anunció que este jueves enviará “una atenta solicitud” al presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se retome el dictamen de la iniciativa que envió en marzo del año pasado.

“Con el mismo fin, he decidido enviar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y así se analice en dicha Cámara la propuesta de mi gobierno para penalizar el secuestro con mayor fuerza incluida la cadena perpetua”, explicó.

En un mensaje dirigido desde la Residencia Oficial de Los Pinos, señaló que el gobierno propone elevar la pena máxima de prisión y que en algunas modalidades del secuestro se imponga como pena máxima la prisión vitalicia.

“Cadena perpetua para secuestradores que sean o hayan sido integrantes de instituciones de seguridad pública”.

“Cadena perpetua para quien secuestre a menores de edad o personas incapaces”.

“Cadena perpetua para quienes lesionen, mutilen, torturen y lastimen gravemente o priven de la vida a las víctimas”.

'Enroquecimiento inexplicable' por Paco Calderón

'Enroquecimiento inexplicable' por Paco Calderón

Ebrard se equivoca

Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio

Desde lejos las cosas no se ven mejor, sólo más distantes. Florestán

Pekín, China.- Desde que venía hacia el redescubrimiento de esta nueva China, traía el tema del secuestro de Fernando Martí, de cuyo desenlace me enteré en cuanto aterricé.

Y no he podido procesarlo.

Yo que crucé la línea del tiempo para sumergirme en lo que sería el aislamiento de unos Juegos Olímpicos, y más en este que es un nuevo continente, el continente chino, me quedé atrapado en la canallada de ese crimen, lo que me ha impedido desarrollar en este espacio a lo que venía aquí.

No he podido contarle, por ejemplo, cómo el Comité Olímpico Internacional, por razones desconocidas, le perdonó al gobierno chino todo lo que le perdonó y que no ha tolerado de nadie: régimen sin libertades, carencia de derechos fundamentales, opresión de Estado y partido sobre la persona y, en algo más material, el nivel de contaminación, de lo que hasta los que viven de eso y han sido laureados con un Nobel, y de la paz, como Al Gore, han guardado silencio, mirando hacia otro lado.

Tampoco me he podido ocupar del asombro que produce ver esta nueva China en su ruta alucinante hacia su modernización, que pasa por su occidentalización. Menos de lo que se espera de estos juegos y el efecto innegable que tendrá por su apertura, controlada, pero apertura al fin y al cabo, al mundo moderno y libre.

Y si no he podido hablar de este presente y de este futuro impredecible, que para eso es futuro, ni hablar de recorrer los comparativos: cómo fue la Olimpiada de México con la carga del 68, desde la Revolución de Mayo en París con la caída de Charles de Gaulle, hasta el aplastamiento con los tanques soviéticos de la Revolución de Terciopelo en Praga, o los asesinatos de Martin Luther King y de Robert Kennedy en Estados Unidos o nuestra propia historia de sangre en la plaza de Tlatelolco.

No, no he podido porque me ha sido imposible desentenderme del caso, y menos cuando veo cómo Marcelo Ebrard se equivoca y confronta al Presidente con el tema de la inseguridad a raíz del secuestro y muerte de Fernando Martí; y se equivoca porque no está enfrentando al Presidente sino a la sociedad lastimada por ese crimen que retrata la inseguridad.

Y es que es un error hacer de un reclamo social un punto de enfrentamiento con la misma sociedad, y es más error porque lo que dice es verdad: hay más coordinación entre los aparatos de seguridad de su gobierno y los del federal, que la que existe entre los de éste.

Ebrard, pues, se equivoca porque ante un crimen que ha indignado a la sociedad ha hecho un discurso partidista, y cuando lo que la mayoría quiere es comprensión y soluciones y no pendencias partidistas, choca con el Presidente.

Por eso digo que se equivoca, y al hacerlo se equivoca con todos, y nos ofende.

Nos vemos mañana, pero en privado.

Crímenes intolerables

Ricardo Rocha
Detrás de la noticia
El Universal

No se perdona ni se puede siquiera explicar la muerte inhumana de seres inocentes: niños y jóvenes

Dado este título, cabría suponer que admito que hay crímenes tolerables. No. Lo que quiero decir es que en el mapa delincuencial del país, en el interminable recuento de sangre que parece no tener fin, hay de crímenes a crímenes.

Y es que aun con su extrema crueldad —y aunque no se justifiquen—, sí se explican las matanzas entre bandas del narcotráfico y las que se dan entre narcos y policías: una batalla feroz entre adultos armados, entrenados y conscientes de sus oficios de alto riesgo. Hasta las cabezas sin cuerpo y los cuerpos sin cabeza son el resultado de una guerra frontal.

En cambio, lo intolerable, lo que no se perdona, lo que no se puede siquiera explicar, a menos que entremos en las tinieblas de la irracionalidad absoluta, es la muerte inhumana de seres inocentes: niños y jóvenes ejecutados con una frialdad escalofriante, séase por venganza o por dinero.

Tan sólo en los días recientes dos de estos casos nos estremecen el alma. El primero en Ciudad Guzmán, Jalisco, donde seis miembros de una familia fueron masacrados en una reproducción local de A sangre fría de Truman Capote: sometidos, atados y con el tiro de gracia todos, excepto un joven de 17 años que había sido secuestrado meses antes. Un crimen múltiple rodeado de suspicacias, sobre todo porque la casa fue vendida a Félix Bautista Lugo y su esposa Carmen hace menos de tres meses por el actual secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, quien fue alcalde de Ciudad Guzmán y luego gobernador de Jalisco.

Pero más allá de especulaciones lo que más horroriza de este episodio es que los asesinos hayan ejecutado despiadadamente no sólo a los adultos sino a dos niñas, Magali y Mayra, de apenas ocho y siete años de edad. ¿Puede alguien suponer qué mente descompuesta es capaz de ordenar un crimen así? ¿Es posible concebir que haya quienes se atrevan a jalar del gatillo para matar criaturas?

El otro caso que ahora nos conmueve es igualmente desgarrador: Fernando Martí, un jovencito —un niño— de apenas 14 años de edad fue secuestrado hace dos meses por una banda que se hizo pasar por AFI en un falso retén. Quienes luego de matar a su chofer y herir a su escolta pidieron a su familia un rescate descomunal. Aunque falta por aclarar ciertos detalles se dice que la exigencia original fue de varios millones de dólares, y que los padres pagaron millones de pesos y hasta publicaron un desplegado reclamando vivo a su hijo: Fernando fue asesinado —no se sabe cómo— hace ya 30 días y su cuerpo apenas descubierto.

No conozco a nadie de la familia Bautista Campos en Ciudad Guzmán. Conozco en cambio al papá de Fernando, Alejandro Martí. Lo tengo no sólo por empresario brillante y exitoso sino por hombre bueno y sensible. Nos presentó un amigo común y luego yo le presenté a otros con quienes me pedía conversar sobre la marcha del país. Hoy yo no sabría qué decirle ni sobre el país ni sobre el dolor. Como no sea que supongo que no puede haber pérdida más grande y contra natura que la de un hijo. Y que aunque no pueda inventar palabras suficientes quisiera que Alejandro y Mati me sintieran cerca de ellos.

En cuanto al país, y aunque todavía no pueda descifrarlo, sí tengo que decir que para desgracia de todos sigue sumido en la corrupción y la impunidad. Porque tan abominables son estos crímenes como un hecho intolerable: en los dos casos hay agentes judiciales, federales y policiales involucrados. Así que la pregunta obligada es: ¿qué autoridad federal, estatal o municipal tendrá el valor de detener a sus propios asesinos?

Ni una lágrima

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

El tema de la pena de muerte amenaza con instalarse en el debate nacional. Nuestra imaginación colectiva no da para más. De un lado se escucharán voces rabiosas; del otro, estadísticas y corrección política. Nada nuevo. Y así, seguramente, se irá disipando el sentimiento de agravio colectivo por Fernando Martí.

El martes ejecutaron en Estados Unidos a alguien que nació en territorio mexicano, un señor de apellido Medellín. El gobierno de México y el Tribunal de La Haya protestaron: lo tenían que hacer. Las buenas conciencias se rasgaron las vestiduras recordando que el hombre no es Dios para matar a su semejante. Retomo un extracto del testimonio de los familiares de las dos niñas (Jennifer Ertman y Elizabeth Peña, 14 y 16 años) violadas y asesinadas en 1993 por ese señor Medellín y tres compañeros (Cantú, Pérez, O’Brien) de una banda conocida como Blancos y negros:

“Las violaron repetidamente durante más de una hora y se vanagloriaron de arrancarles sangre virgen (…) Después de violarlas empezaron a ahorcar a Jennifer con su propio cinturón. Cuando Medellín decía “la puta no se muere”, el cinturón con el que trataban de ahogarla, del cual jalaba un joven de cada lado, se rompió. Por eso tuvieron que ahorcarla con sus propias manos. Después saltaron encima de ella y le rompieron las costillas, querían asegurarse que estuviera muerta. Elizabeth, severamente golpeada, les suplicó que la dejaran ir. Les prometió que se dejaría violar…”. Corto. Creo que no tiene caso seguir.

¿Pena de muerte? Está casi empíricamente solventado que no resuelve el problema de la delincuencia y el crimen, que no vale lo que cuesta. Pero de mi parte, ni una lágrima por Medellín. Ni una por los miles de medellines, presos o libres.

La política, una actividad con prestigio a la baja

Guillermo Velasco Barrera
gvelascob@gmail.com
Ls Crónica de Hoy

Un profesor universitario con el que me une una gran amistad, me contó una anécdota que ayuda como preámbulo al tema que en esta ocasión quiero abordar. Me dijo que, en cierta ocasión al estar en Madrid por motivos de trabajo, sostuvo una conversación con un taxista durante un trayecto. El chofer le preguntó sobre el motivo que lo traía a la capital española. Mi amigo le dijo que llevaba a cabo una investigación sobre la reputación de los políticos. Esta persona, tan solo escuchar lo anterior aseveró: “yo cuando quiero insultar a alguien le llamo político”.

La aseveración de esta persona refleja un sentir muy generalizado hacia la clase política, la cual según diversas investigaciones no goza de una muy buena reputación en la mayoría de las democracias, por más consolidadas que se encuentre éstas. En cualquier conversación informal, en la que se aborda el tema de la política, las valoraciones que se hacen de los políticos y los gobernantes suelen ser negativas. Diversos investigadores se han dado a la tarea de encontrar respuestas a lo que parece una verdad de Perogrullo: los políticos no gozan de una buena imagen en la mayoría de las sociedades. El libro The princes´s new clothes. Why do australians dislike their politicians?, editado por Burchell y Light en el año 2002, en la Universidad de Sidney, recogió diversas tesis sobre las causas de falta de confianza en los políticos. De forma más reciente, Francisco Rubiales, en su libro Políticos, los nuevos amos, desvela la actuación de muchos hombres del poder, que mediante la manipulación y el engaño —sostiene— han sometido a pueblos enteros.

La Encuesta Mundial de Valores, promovida por el sociólogo Ronald Inglehart, y aplicada en varios países desde la década de los ochenta, ha mostrado sistemáticamente que, el prestigio de los partidos políticos se encuentra muy por debajo de otros colectivos, y que la confianza en éstos es muy inferior a la que existe en otros gremios. Tales datos nos podrían llevar a la conclusión simplista y cómoda de que los políticos son los únicos responsables de los males que aquejan a nuestra sociedad. No pretendo exonerar a muchos gobernantes que, con su conducta, han contribuido a lesionar la confianza en la política toda y han desvirtuado el quehacer humano más noble al que se puede aspirar que es el de trabajar por el bien común, pero creo que el descrédito indudable de la política y los políticos debe analizarse con profundidad, lo que implica comprender los diversos factores que inciden en éste.

Autores como Dominique Wolton y Alain Minc, han aludido al papel de los medios de comunicación en el descrédito de la política, lo que les ha acarreado críticas importantes, por un sector como el de los medios, poco susceptible en términos globales a la autocrítica. El supuesto rol de los medios como “guardianes de la sociedad”, ha llevado a excesos importantes. El “Watergate”, que derivó en la dimisión de Richard Nixon, se ha puesto como ejemplo del papel de los medios de comunicación para investigar y exhibir la ilegalidad de los gobernantes. Al respecto habría que recordar que, “Garganta profunda” (Mark Felt), enemigo político de Nixon, filtró la información a The Washington Post, por lo que nunca existió un trabajo de investigación para descubrir el espionaje perpetrado por el Partido Republicano. Pero más allá de este caso, que por otro lado hay que reconocer exhibió una conducta ilegal desde el poder, los años posteriores al “Watergate”, se caracterizaron por un ataque encarnizado al gobierno norteamericano por parte de los medios, que contribuyó, no tan solo al desprestigio de los gobernantes, sino al de los propios medios.

Joseph Nye, investigador en Harvard, en un artículo al que tituló “The Media and Declining Confidence in Government”, apunta que en 1964, tres cuartas partes del público norteamericano manifestaban tener una gran confianza en el gobierno federal y que en el año 1996, sólo una cuarta parte se manifestó en este sentido. Nye sostiene algo que si bien parecería una obviedad, parece olvidarse en el análisis recurrente sobre la percepción que se tiene de los políticos. La gran mayoría de las personas en cualquier sociedad, no tiene acceso directo a la clase política, por lo que normará su opinión sobre ésta con base en lo que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, difundan sobre los políticos y los gobernantes. El papel intrusivo, la descalificación y la calumnia, han contribuido a generar en la sociedad una visión negativa sobre los políticos.

Lo anterior no supone que los medios renuncien a su rol como contrapeso al poder político y a su labor de escrutinio del rol de los gobiernos. Sin embargo, tal tarea implica responsabilidad, equilibrio y profesionalismo. Lucrar con el escándalo, privilegiar el sensacionalismo sobre la información sustentable y verificable, genera sin duda mayores audiencias, pero contribuye al descrédito global de la política, lo que no es conveniente para ningún país. La serie televisiva El privilegio de mandar, que logró niveles de rating espectaculares a costa de la mofa de la clase política mexicana, es un claro ejemplo de lo anterior. La ficción llega a confundirse con la realidad. La valoración de la audiencia tras cada programa de la serie referida, fue que la política en su conjunto es una verdadera cloaca, en la que solo caben rufianes, corruptos e incompetentes. Esta caricaturización de la política, puede derivar en una sociedad de cínicos, que desalienta toda forma de participación y mina la confianza en la autoridad, independientemente del partido del que provenga.

La política, una actividad con prestigio a la baja

Guillermo Velasco Barrera
gvelascob@gmail.com
Ls Crónica de Hoy

Un profesor universitario con el que me une una gran amistad, me contó una anécdota que ayuda como preámbulo al tema que en esta ocasión quiero abordar. Me dijo que, en cierta ocasión al estar en Madrid por motivos de trabajo, sostuvo una conversación con un taxista durante un trayecto. El chofer le preguntó sobre el motivo que lo traía a la capital española. Mi amigo le dijo que llevaba a cabo una investigación sobre la reputación de los políticos. Esta persona, tan solo escuchar lo anterior aseveró: “yo cuando quiero insultar a alguien le llamo político”.

La aseveración de esta persona refleja un sentir muy generalizado hacia la clase política, la cual según diversas investigaciones no goza de una muy buena reputación en la mayoría de las democracias, por más consolidadas que se encuentre éstas. En cualquier conversación informal, en la que se aborda el tema de la política, las valoraciones que se hacen de los políticos y los gobernantes suelen ser negativas. Diversos investigadores se han dado a la tarea de encontrar respuestas a lo que parece una verdad de Perogrullo: los políticos no gozan de una buena imagen en la mayoría de las sociedades. El libro The princes´s new clothes. Why do australians dislike their politicians?, editado por Burchell y Light en el año 2002, en la Universidad de Sidney, recogió diversas tesis sobre las causas de falta de confianza en los políticos. De forma más reciente, Francisco Rubiales, en su libro Políticos, los nuevos amos, desvela la actuación de muchos hombres del poder, que mediante la manipulación y el engaño —sostiene— han sometido a pueblos enteros.

La Encuesta Mundial de Valores, promovida por el sociólogo Ronald Inglehart, y aplicada en varios países desde la década de los ochenta, ha mostrado sistemáticamente que, el prestigio de los partidos políticos se encuentra muy por debajo de otros colectivos, y que la confianza en éstos es muy inferior a la que existe en otros gremios. Tales datos nos podrían llevar a la conclusión simplista y cómoda de que los políticos son los únicos responsables de los males que aquejan a nuestra sociedad. No pretendo exonerar a muchos gobernantes que, con su conducta, han contribuido a lesionar la confianza en la política toda y han desvirtuado el quehacer humano más noble al que se puede aspirar que es el de trabajar por el bien común, pero creo que el descrédito indudable de la política y los políticos debe analizarse con profundidad, lo que implica comprender los diversos factores que inciden en éste.

Autores como Dominique Wolton y Alain Minc, han aludido al papel de los medios de comunicación en el descrédito de la política, lo que les ha acarreado críticas importantes, por un sector como el de los medios, poco susceptible en términos globales a la autocrítica. El supuesto rol de los medios como “guardianes de la sociedad”, ha llevado a excesos importantes. El “Watergate”, que derivó en la dimisión de Richard Nixon, se ha puesto como ejemplo del papel de los medios de comunicación para investigar y exhibir la ilegalidad de los gobernantes. Al respecto habría que recordar que, “Garganta profunda” (Mark Felt), enemigo político de Nixon, filtró la información a The Washington Post, por lo que nunca existió un trabajo de investigación para descubrir el espionaje perpetrado por el Partido Republicano. Pero más allá de este caso, que por otro lado hay que reconocer exhibió una conducta ilegal desde el poder, los años posteriores al “Watergate”, se caracterizaron por un ataque encarnizado al gobierno norteamericano por parte de los medios, que contribuyó, no tan solo al desprestigio de los gobernantes, sino al de los propios medios.

Joseph Nye, investigador en Harvard, en un artículo al que tituló “The Media and Declining Confidence in Government”, apunta que en 1964, tres cuartas partes del público norteamericano manifestaban tener una gran confianza en el gobierno federal y que en el año 1996, sólo una cuarta parte se manifestó en este sentido. Nye sostiene algo que si bien parecería una obviedad, parece olvidarse en el análisis recurrente sobre la percepción que se tiene de los políticos. La gran mayoría de las personas en cualquier sociedad, no tiene acceso directo a la clase política, por lo que normará su opinión sobre ésta con base en lo que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, difundan sobre los políticos y los gobernantes. El papel intrusivo, la descalificación y la calumnia, han contribuido a generar en la sociedad una visión negativa sobre los políticos.

Lo anterior no supone que los medios renuncien a su rol como contrapeso al poder político y a su labor de escrutinio del rol de los gobiernos. Sin embargo, tal tarea implica responsabilidad, equilibrio y profesionalismo. Lucrar con el escándalo, privilegiar el sensacionalismo sobre la información sustentable y verificable, genera sin duda mayores audiencias, pero contribuye al descrédito global de la política, lo que no es conveniente para ningún país. La serie televisiva El privilegio de mandar, que logró niveles de rating espectaculares a costa de la mofa de la clase política mexicana, es un claro ejemplo de lo anterior. La ficción llega a confundirse con la realidad. La valoración de la audiencia tras cada programa de la serie referida, fue que la política en su conjunto es una verdadera cloaca, en la que solo caben rufianes, corruptos e incompetentes. Esta caricaturización de la política, puede derivar en una sociedad de cínicos, que desalienta toda forma de participación y mina la confianza en la autoridad, independientemente del partido del que provenga.

Una vez más, la corrupción policial del DF

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

La red de corrupción de las policías capitalinas, sobre todo las relacionadas con la Judicial, resulta ya inocultable. Desde tiempo atrás se suceden las denuncias sobre la corrupción y el involucramiento de esos cuerpos policiales en el narcotráfico, el narcomenudeo y los secuestros. Las investigaciones sobre el secuestro y el asesinato de Fernando Martí sólo han vuelto a poner al descubierto una trama que ya había sido denunciada una y otra vez y que las autoridades capitalinas ignoraron sistemáticamente. Hoy parecen persistir en el error.

El problema no es, como lo dijo Ebrard, que la Procuraduría y la policía capitalinas se coordinen más o menos con las instancias federales (lo cual tampoco es verdad si vemos, simplemente, cómo la PGJDF ocultó información sobre el secuestro del joven Martí a las fuerzas federales). El problema fundamental es que, con el capricho absurdo de no reconocer al gobierno federal, el capitalino no puede coordinarse adecuadamente ni en ése ni en ningún otro ámbito. El problema parte de la cabeza del gobierno capitalino y es responsabilidad, en forma directa, de Marcelo Ebrard. Si el jefe de Gobierno no actúa de forma institucional, si no acepta que su administración es parte del Estado mexicano y como tal se conduce, lo demás sale sobrando. Si, para colmo, está más preocupado en 2012 que en gobernar a la ciudad, las cosas se complican aún más. Si en esa lógica de no reconocimiento al gobierno federal y de destape adelantado, cada cosa que sucede en la capital del país la percibe como una amenaza personal y tiende a proteger a los suyos, se trate del News Divine o del asesinato de Fernando Martí, la situación resulta insostenible. Eso es lo que está sucediendo: debemos insistir, es la política la que maneja y controla la seguridad, y la política en el DF está puesta a disposición de una causa partidaria, no de la ciudadanía. Y estos son los resultados.

Peor aún porque, como decía ayer Pablo Hiriart, el jefe de Gobierno está rodeado, en las áreas de seguridad, de corruptos. Y los hechos lo confirman: en el caso News Divine, las muertes devinieron del interés de los jefes policiales en detener y extorsionar a los jóvenes y a sus familiares. No había ninguna otra razón para detenerlos a ellos y no a los responsables de supuestamente vender cerveza a menores. En el mismo caso, aún no se termina de investigar qué sucedió con la corrupción de las autoridades que permitieron, fuera de toda norma, que el News Divine siguiera funcionando con normalidad. Es verdad: Joel Ortega, Rodolfo Félix Cárdenas y Francisco Chíguil ya no están en sus cargos, ¿ pero quién tocó la trama de corrupción que existe debajo de ellos?

En el caso de Fernando, la suma de datos es demoledora: los secuestradores son parte de la policía capitalina. Trabajan en ella desde hace años. Uno de ellos, José Luis Romero Ángel, había sido designado, apenas el jueves anterior, jefe del especializado grupo F63, responsable de la seguridad del aeropuerto capitalino y toda la zona metropolitana cercana a él. Ya había trabajado en este sitio con anterioridad, lo mismo que el otro policía detenido y muchos de quienes están bajo investigación. Las denuncias sobre el modo de operación de esta banda se presentaron desde hace cuatro años. Y, en todos los casos, muchos de los mismos involucrados han terminado resultando quienes participaban en las investigaciones. Nunca hubo resultados de esas pesquisas. Esa banda se nutría de la base de datos del Gobierno capitalino. Y si tenían tanto peso e influencia en el aeropuerto de la ciudad y en su zona conurbada, no sería descabellado pensar que muchos de los crímenes allí cometidos (desde la operación del narcotráfico y la trata de personas, hasta los secuestros y los asesinatos) tuvieran relación con ese grupo. Ahora bien, es muy difícil pensar que toda esa trama, con una protección de años, pudiera realizarse, mantenerse y crecer sin protección en unas instancias de poder mucho más altas.

Dos historias confluyen con la muerte de Fernando. En el supuesto atentado del 12 de febrero, frente a las instalaciones de la SSP-DF, los detenidos están relacionados con la compra y venta de celulares robados. En el asesinato del jefe de la Policía Federal Preventiva, Édgar Millán, los principales implicados también tenían relación con la compra y venta de celulares robados e incluso por esa vía se llegó hasta ellos. Con un dato adicional: según dijimos aquí en su momento, Millán fue asesinado por la investigación que estaba llevando a cabo sobre las redes de operación del crimen organizado en el aeropuerto capitalino y su zona aledaña, investigación en la que diferentes policías aparecían como directamente involucradas. Ahora sabemos que algunos de los jefes policiales del DF en la zona del aeropuerto eran parte de la banda de secuestradores y que con ellos operaba otro personaje, también detenido, que se dedicaba a la compra y venta de celulares robados. Millán se habría topado con éstos y otros grupos de policías criminales. Por eso tuvieron acceso a la información sobre su movilidad y pudieron ejecutarlo.

Al momento de escribir estas líneas no hemos podido confirmar que, como lo publicó El Universal, el custodio Christian Salmones Flores sobrevivió al ataque de los secuestradores y ello fue ocultado para que coadyuvara en las investigaciones. El hecho es que el joven Fernando fue asesinado inmediatamente después de que eso ocurriera. En otras palabras, como Salmones estaba vivo, mataron a la víctima. Y la filtración sobre ese hecho sólo podía provenir del más alto nivel policiaco: y resulta que el detenido Romero Ángel era un cercano colaborador del jefe de la Unidad Antisecuestros de la policía capitalina, Jesús Jiménez Granados. ¿Necesita más evidencias el gobierno capitalino para comprender la magnitud de la corrupción en sus entrañas?

Zozobra: la devastación de la confianza

José Carreño Carlón
Agenda del debate
El Universal

El sacrificio del niño Martí, luz sobre miles de víctimas de la inseguridad
O habla ahora la sociedad civil o “calla en la mutilación de la metralla”


La agenda de la semana refuta el reproche a los medios de que se ocupan de las tribulaciones o los éxitos de los actores sociales prominentes, a costa de la atención de los sufrimientos y las luchas de la gente común. Porque la centralidad mediática alcanzada por el sacrificio del niño Fernando Martí ha lanzado luz sobre los padecimientos de los mexicanos de todas las clases sociales ante el descontrol de la seguridad pública.

El drama de esta familia asociada al carisma institucional de Deportes Martí puso en el centro de la atención pública el crecimiento exponencial del secuestro de personas —de las más diversas condiciones sociales— y la identidad de los criminales como miembros de las policías, en este caso, las del DF. Pero además trajo a las mentes de audiencias y lectores la situación límite en que viven en nuestro país millones de seres humanos expuestos al asalto y a la muerte en sus casas y en las calles, en el entorno de las más variadas y brutales formas de extorsión policial.

Sin duda, la relevancia social de las personas es uno de los principales factores que agregan valor a las noticias. De allí la intensidad con que los medios colocaron el dolor de la familia Martí a la cabeza de la agenda de la conversación y el debate públicos. Pero de allí también los fuertes efectos simbólicos que desencadenó en la colectividad la destacada exposición de las circunstancias en que se produjo este acto de barbarie.

La alta visibilidad del padre de la víctima, Alejandro Martí, su liderazgo social y su compromiso con una serie de causas buenas, le dieron una impactante visibilidad al crimen. Aquí deja de ser un eufemismo la jerga policial que clasifica este hecho entre los “secuestros de alto impacto”, porque ha sido devastador —y lo será todavía más con el correr de los días— el impacto en la confianza pública la colocación de estas realidades en el primer plano de la preocupación de las personas y de las familias.

Las imágenes de Fernando Martí en su último viaje a la escuela terminarán de instalarse en el imaginario colectivo. Y todo aquel que se tope con un retén de fuerzas públicas tenderá a ver en él un dispositivo de secuestro ante el cual no sabrá si enfrentarlo, tratar de huir o simplemente encomendar el alma al cielo. Y por esta vía, todo agente policial —e incluso todo exponente gubernamental— llegará a ser sospechoso de pertenecer a las bandas que han creado esta zozobra social. Porque la pregunta más escuchada desde el sábado en la esfera pública nacional es: “¿Hasta dónde habrán llegado las complicidades?”.

En nada contribuye a construir respuestas convincentes a esa pregunta el descubrimiento de ayer de que está vivo el escolta de Fernando que la Procuraduría del DF dio por muerto el día del secuestro. Como tampoco aporta nada a restaurar la confianza la foto, circulada también ayer, del jefe de Gobierno del DF entregándole su ascenso como comandante de la Policía Judicial al sospechoso mayor del crimen, unos días después de consumado el secuestro.

La centralidad de la tragedia de la familia Martí pone a su vez en el centro de las percepciones públicas una zozobra asumida como hundimiento de la confianza social en las autoridades, como fracaso de las instituciones y como símbolo de la inquietud de una población que se percibe gravemente amenazada.

“La impotencia invade a la sociedad civil”, lamenta un mensaje de Alfredo Harp e Isabel Grañén. Pero del encauzamiento que se dé a la indignación y la consternación dependerá establecer si estamos en camino de “El retorno maléfico” de la Zozobra de López Velarde, “al edén subvertido que se calla/en la mutilación de la metralla”. O si —como parecería haber condiciones— surge un elocuente movimiento social de unidad contra la delincuencia y sus redes infiltradas en las instituciones.

Son las que hay

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

El hecho de que un agente judicial antisecuestros de Jalisco y un comandante de la Procuraduría del DF puedan ser (no han sido procesados) los autores, el primero de la matanza de la familia Campos Cárdenas, y el segundo del secuestro y asesinato del niño Fernando Martí, ha provocado explicables pero generalizadoras críticas a “las policías”.

Sin embargo, justo es reparar en que fueron las propias corporaciones en que trabajaban los detenidos las que realizaron las aprehensiones y las mismas han dado a conocer los indicios que tienen para investigarlos ministerialmente.

La desconfianza en las instituciones legalmente establecidas cuando alguno (o muchos) de sus integrantes delinque a nada conduce.

Descalificar “en paquete” diluye las responsabilidades y absuelve a los culpables de carne y hueso.

Las instituciones constitucionales de seguridad pública y seguridad nacional son las únicas con que se cuenta.

Se les debe fortalecer, no demoler porque no hay opción.

Pena de muerte, jugar con fuego

Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
La Crónica de Hoy

El atroz asesinato del joven Fernando Martí y de su chofer ha suscitado una extendida y justa exasperación. A pesar de encontrarse atemorizada y maltratada, la sociedad mexicana no ha perdido la capacidad de indignación ante crímenes como éste.

La repulsa a tales hechos es al mismo tiempo exigencia para que no queden impunes. Pero como a la ineficiencia de las autoridades judiciales y al enfrentamiento político de los gobernantes (reiterado ahora en el inoportuno cuan torpe diferendo entre el presidente de la República y el jefe de Gobierno del DF) se añade la aparentemente fundada presunción en la culpabilidad de elementos policiacos que habrían sido responsables de esos y otros crímenes, el reclamo social tiende a convertirse en búsqueda desesperada de remedios contra una criminalidad que a todos nos inquieta.

En estas circunstancias la única respuesta admisible, por parte de las autoridades, tendría que ser la persecución y la aprehensión de esos y otros delincuentes que perpetran crímenes similares. El reproche de Felipe Calderón, por indignado que resulte, de la misma manera que la autodefensa de Marcelo Ebrard ceñida a la retórica pero ayuna de resultados, son irritantes y hasta ofensivos para una sociedad que cada vez se encuentra más ajena de los desacuerdos partidarios.

El papel de los gobernantes con responsabilidad pública y de los políticos con visión de Estado tendría que consistir en ofrecer respuesta, sin dejar de admitir errores e insuficiencias. Pero lejos de tener líderes capaces de ofrecerle opciones, en circunstancias difíciles como éstas, los ciudadanos se extravían en la confusión. Por eso hay quienes desempolvan el viejo y tantas veces rechazado expediente de la pena de muerte.

La mano dura es recurso de las sociedades desesperadas. Cuando un dirigente político propone medidas como esa, es porque tiene vocación totalitaria o simplemente porque se trata de un demagogo. Pero aprovecharse del arrebato y la intranquilidad de la gente es jugar con fuego.

A eso están apostando personajes como el líder de los diputados priistas, Emilio Gamboa Patrón, y la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega. Junto con ellos y otros correligionarios suyos se levantan conocidas y ávidas voces conservadoras, tanto en los liderazgos empresariales como en los medios de comunicación. A la pena de muerte la ven como solución drástica y mítica, como si no bastasen siglos de experiencia que documentan sus muchos riesgos, sus contradicciones fundamentales y la ineficacia que implica.

Hasta hace tres años en México existía formalmente la pena de muerte. La Constitución preveía ese recurso extremo para castigar la traición a la patria, el parricidio, el homicidio alevoso, así como “al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. La sola enumeración de esos delitos indicaba el carácter obsoleto de la pena capital que desde 1929 había sido suprimida del Código Penal, por lo cual la disposición constitucional carecía de reglamentación.

El 17 de marzo de 2005 el Senado de la República aprobó la modificación del artículo 22 de la Constitución Política para terminar con la pena de muerte en México. En el debate con ese motivo, legisladores de todos los partidos coincidieron en celebrar la abolición de ese castigo.

Adalberto Madero, del PAN, dijo que “la pena capital resulta injusta e inmoral, ya que contraviene el principio sustancial del derecho natural. Esto es, que nadie tiene el derecho a privar de la vida a un semejante”.

Rutilio Cruz Escandón, del PRD: “La institución encargada de la impartición de justicia es humana y, por tanto, falible; por lo cual la imposibilidad de retrotraer o detener los efectos de la sentencia constituye un elemento fundamental para negar cualquier posibilidad de aplicación de dicha pena”.

Antonio García Torres, del grupo parlamentario del PRI: “La pena de muerte es el castigo más cruel, inhumano y degradante, y una violación del derecho a la vida nadie tiene el derecho de privar de la vida a otro y menos el Estado en la aplicación de una sanción”.

Juan Manuel Oliva, del PAN: “Si bien el Estado está legítimamente facultado para sancionar a quienes realicen conductas consideradas como delitos que atentan contra los bienes jurídicamente tutelados, tal facultad no debe implicar violaciones a los derechos humanos, entre ellos y en forma relevante el derecho a la vida y a la rehabilitación del infractor. Por demás, la pena de muerte se ha comprobado no ha logrado disminuir la tasa de criminalidad en aquellos estados (22) que aún la mantienen”.

Sadot Sánchez Carreño, del PRI: “Habremos de clausurar definitivamente la tentación en la que puede incurrir el Estado para privar de la vida a un hombre”.

La votación, como corresponde a una reforma constitucional, fue nominal. En la página 114 del Diario de los Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (LIX Legislatura, año II, número 18, jueves 17 de marzo de 2005) aparece registrado el voto, a favor de ese dictamen, del entonces senador Emilio Gamboa Patrón.

Solamente dos senadores, los priistas Joaquín Cisneros y Yolanda González, votaron contra esa reforma aunque no dieron razón alguna para ello. Gamboa Patrón y 78 legisladores más apoyaron la cancelación de la pena de muerte.

Tres meses más tarde, el 23 de junio, al aprobar esa propuesta del Senado, los diputados federales respaldaron el dictamen que indicaba: “sociólogos y criminólogos coinciden en argumentos consistentes que concluyen: cada día hay más evidencias de que la aplicación de la pena de muerte no logra disminuir la tasa de criminalidad; presentan estadísticas de diversos países que acreditan que en aquellos estados en que se aplica la pena de muerte no desciende la tasa de criminalidad, ni en comparación cronológica interna ni en comparación con estados en los que se prohíbe tal pena. Cada día son más los estudios que acreditan que la disminución de la tasa de criminalidad es y sólo puede ser consecuencia de la atención a sus causas, de múltiple naturaleza, que impulsan al individuo a atentar contra sus semejantes y de su convivencia ordenada y pacífica”.
De aquella legislatura formaba parte Ivonne Ortega, como diputada por el II distrito de Yucatán.

La deliberación de esa reforma al artículo 22 constitucional siguió el trayecto que requieren las modificaciones a la Carta Magna y una vez aprobada por los congresos estatales, fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005. Desde entonces el artículo 22 establece: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

Todavía en febrero de 2007, el Senado aprobó una declaración en donde asegura: “Los mexicanos consideramos a la pena de muerte como un castigo cruel y aberrante que atenta contra el derecho humano esencial que es la vida”.

La pena de muerte existía entonces en 69 países y había sido abolida o nunca fue ejercida en 128 naciones. Sin embargo, según Amnistía Internacional solamente en 2005 hubo, en el mundo, 2,148 ejecuciones de las que se tuvo noticia. “La cifra es alarmante si se toman en cuenta los numerosos instrumentos internacionales que proscriben dicha práctica”, consideró el Senado mexicano. Y aún más: “No existe ningún argumento legal ni moral capaz de justificar que como sociedad humana privemos de la vida a otros seres humanos, y es por ello que debe rechazarse la aplicación de la pena de muerte, toda vez que implica un enfoque draconiano y totalitario a la prevención del crimen”.

Esa declaración sostenía: “La pena de muerte constituye una violación al derecho humano más esencial, como es el derecho a la vida. Por ende, la aplicación de la pena de muerte no puede ser concebida por ningún motivo como una sanción de la justicia penal ni como un medio legítimo para combatir el crimen y la delincuencia. Para tales efectos, la respuesta sensata no estriba en la severidad, sino en la real y oportuna aplicación de las mismas. Para evitar la comisión del delito, resulta ser más eficaz la lucha contra la impunidad que la propia gravedad de las penas”.

Proponer que el país y su legislación involucionen para que exista la pena de muerte, resulta irresponsable. No es distorsionando sino cumpliendo con la aplicación de la justicia como podremos atajar a los criminales y castigarlos. Personajes del PRI como el diputado Gamboa y la gobernadora Ortega se desdicen de principios y decisiones que antes habían suscrito, no porque de pronto hayan descubierto en la pena de muerte una eficacia que nadie ha logrado documentar, sino para montarse en la cresta de la oleada de indignación que hoy conmueve a la sociedad. Antes, a esas conductas se les denominaba oportunistas. Ahora habrá quien las considere políticamente correctas.

“No saquen raja política”

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, llamó ayer a “no sacar raja política” de la ola de inseguridad y de los casos más dramáticos de secuestros que se han vivido en la ciudad.

¿Qué quiere decir eso?

¿Quiere decir que no se señale a su gobierno por la actuación gansteril de los policías capitalinos que provocaron la muerte de nueve adolescentes y jóvenes en la discoteca News Divine?

¿Pretende que no haya ningún costo político para su gobierno por ese acto criminal, perpetrado por sus policías, que buscaban dinero del dueño del local y de los jóvenes detenidos sin justificación?

¿Pide que no se le cargue a la cuenta de su administración el hecho de que la banda de secuestradores que plagió y mató a un niño y a su chofer, esté integrada por miembros de la Procuraduría de Justicia del DF?

La negligencia de su gobierno, que cobra vidas humanas, ¿no es motivo para que los ciudadanos lo castiguen políticamente?

¿Qué quiere decir Ebrard con eso de “no sacar raja política” de la inseguridad y del secuestro?

Ya llevamos 11 años con el PRD al frente del gobierno de la capital y los resultados en seguridad pública están a la vista de todos.

Ellos iban a “limpiar” el cochinero de la corrupción en las policías, decían en sus campañas políticas, y miren nada más qué bonita manera de limpiar.

Ellos iban a garantizar la seguridad de la población porque no eran corruptos, decían.

Y resultaron, además de corruptos, ineptos.

Eso, desde luego, tiene un costo político.

Al menos en una democracia así es.

Sólo en una dictadura los gobernantes cometen errores y realizan acciones criminales y exigen a la población que no los castigue políticamente por su actitud. No necesitan rendir cuentas.

Resulta desconcertante el llamado de Ebrard a no politizar la actuación ilegal de las policías a su cargo, pues si algún partido ha sacado raja de la ilegalidad es precisamente el suyo.

El PRD en la capital, y concretamente el ala del PRD en la cual se alinea Ebrard, es la que ha usado la ilegalidad y la inseguridad para alimentarse políticamente.

Cuando Ebrard se inscribió en la contienda interna del PRD para competir contra Jesús Ortega por la candidatura a jefe de Gobierno del DF, uno de los intelectuales más lúcidos que hay en el país, Fernando Escalante, escribió:

“Para no ir muy lejos, me refiero al registro de la candidatura de MarceloEbrard, este fin de semana pasado. Lo acompañó un grupo de asambleístas, algún delegado, y cada uno puso a ‘su gente’ en la calle para improvisar un mitin de apoyo al candidato; hubo gente que recibe apoyos del gobierno local, hubo también representación de taxistas irregulares, piratas, que son una organización extrañísima por donde se le mire. Habrá después, como ha sido siempre, las adhesiones de ambulantes, microbuseros, invasores, colonos, el Frente Popular Francisco Villa, la Nueva Tenochtitlán. No hay motivo para sorprenderse. El gobierno municipal tiene recursos administrativos indispensables para mucha gente: licencias, permisos, autorizaciones, derechos de uso de suelo, calificación de terrenos, tiene también becas, plazas temporales, subsidios, contratos; el gobierno municipal está a cargo de la calle, con el margen de arbitrariedad que ofrece la vida cotidiana”.

Bueno, el PRD y sus gobernantes, ¿no han sacado raja política de todas y cada una de esas arbitrariedades que controlan, manejan y maman?

¿No han alimentado su movimiento contra el gobierno y las instituciones con dinero de los giros negros, de la extorsión a antros, de diezmos en licitaciones de obra pública, de las redadas ilegales contra jóvenes..?

Y ahora Ebrard hace un llamado para que no le vayan a pasar la factura política por el comportamiento delictivo de sus judiciales.

Sí, sus judiciales, los que él usó para repartir volantes a favor de la “consulta” que buscaba torpedear la reforma petrolera.

Los judiciales que usó para que, en el marco de esa consulta, salieran a la calle a obtener datos privados de las personas, a las que se pidió nombre, domicilio, teléfono y número de celular, como lo ordenó la circular 101/DEA/272808, firmada por Miguel Amelio Gómez, jefe general de la Policía Judicial del Distrito Federal.

Sorprende, pues, el llamado del jefe de Gobierno.

Cárdenas, AMLO y la propuesta del PRD

Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
El Universal

Cuando se le pregunta a la gente del ingeniero si va a aceptar que López Obrador le dé el visto bueno a la iniciativa, de inmediato responden: “Claro que no”

A los legisladores del PRD que impulsan una posición menos radical de su partido en la discusión energética, les quedó claro que quien puede ayudar a que el perredismo tenga una propuesta propia y definida en una iniciativa de ley se llama Cuauhtémoc Cárdenas.

Por eso, los congresistas del sol azteca buscaron al ingeniero y le pidieron su apoyo para aterrizar un texto formal que represente la posición, los aleje de la imagen de partido radical y sin propuestas, y de paso evite que PAN y PRI se vayan solos y los excluyan de la negociación del tema petrolero en el Congreso.

La propuesta de reforma energética del PRD está muy avanzada y la trabajan conjuntamente los coordinadores parlamentarios y el ingeniero Cárdenas. Se espera que la próxima semana la concluyan y la presenten formalmente ante el Congreso el 15 de agosto.

Se empezó a trabajar en la iniciativa perredista, justo cuando Guadalupe Acosta armó la mesa de negociación con Germán Martínez y Beatriz Paredes, en un intento por alejar al PRD del radicalismo en el tema petrolero.

En las oficinas de la Fundación para la Democracia, el equipo de diputados y senadores del PRD trabaja con un grupo de expertos coordinados por Cuauhtémoc Cárdenas. Tienen reuniones cada lunes y por las oficinas de la calle de Guadalajara han desfilado para arrastrar el lápiz y revisar avances los coordinadores parlamentarios Javier González y Carlos Navarrete.

Los perredistas tuvieron que recurrir a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano porque es quien ha estudiado y conoce más a fondo el tema energético. Además, durante los foros para discutir la reforma en el Senado, su ponencia fue de las más claras y contundentes sobre las inconsistencias de la propuesta del presidente Felipe Calderón; tanto que en un extraño desplante, el dirigente del PAN, Germán Martínez Cázares, prefirió salirse del recinto senatorial y abandonar el debate, con lo que evitó confrontarse con los argumentos de Cárdenas.

Al menos en el ala moderada del PRD, ya entendieron que por más que, aunque se asuma como cabeza de la lucha contra la privatización de Pemex, Andrés Manuel López Obrador no trae un proyecto aterrizado que se pueda transformar en iniciativa de ley, y su propuesta es mucho más limitada.

Cuando se le pregunta a la gente del ingeniero si va a aceptar que López Obrador le dé el visto bueno a la iniciativa, de inmediato responden: “Claro que no”.

La pregunta es porque el martes pasado el Frente Amplio Progresista aprobó sus comisiones de trabajo y su agenda para la elaboración de su iniciativa energética, y en ella establece que el 19 de agosto le presentan la propuesta a Andrés Manuel para que la revise. ¿Será la misma propuesta que elaboran los congresistas y Cárdenas o habrá, para variar, dos iniciativas irreconciliables en el PRD?

Las reuniones del FAP se llevan a cabo en la casa de Ifigenia Martínez, cada viernes a partir del 8 de agosto, para revisar los avances de las nuevas comisiones, una de ellas encabezada por el priísta Manuel Bartlett y el ex consejero del IFE, Jaime Cárdenas, para dictaminar en contra las iniciativas de reforma energética del PRI y del PAN; la Comisión de Política Energética será coordinada por Ifigenia junto con Javier Jiménez y Luis Linares; la Comisión de Redacción de las Reformas estará a cargo de Arnaldo Córdoba, Carlos Tello y Eduardo Navarrete.

¿AMLO va a aceptar sin chistar la propuesta de Cárdenas? ¿El ingeniero permitirá que su antiguo pupilo apruebe o desapruebe el proyecto? O estaremos por ver un encontronazo más entre los caudillos.

NOTAS INDISCRETAS… El panista Javier Corral Jurado se comunicó con esta columna para precisar que él no piensa renunciar, en ningún caso, a su militancia de muchos años en el PAN y que lo que analiza es su permanencia o salida como integrante del CEN blanquiazul, lo cual definirá pronto. De su relación con Germán, el ex senador aclara que es “de amigos” pero difiere de las posiciones que está tomando el partido bajo su mando y, en concreto, con la alianza con Elba Esther Gordillo. Pidió Corral que se precisara también que algunas de las expresiones que se le atribuyeron en la columna del jueves 31 de julio no las pronunció literalmente en su discurso, entre otras, la que señala que “a Germán se le llena la boca diciendo que va a guanajuatizar al país”, que efectivamente no aparece en su texto… Los dados mandaron escalera doble. Buen tiro.