Cerrar la llave

Pedro Ferriz
El búho no ha muerto
Excélsior

Analicemos por otro ángulo el tema del secuestro. Todos tenemos claro que esta problemática deriva de la corrupción, polarización social y pobreza. Realidades que han ido de la mano en nuestra forma de ser, hacer y convivir. Una parte —no sé de qué tamaño— que ve su condición económica y compara abismales diferencias, trata de acortar distancias de forma dramática, por la vía de una negociación forzada… y no existe manera más extrema de agilizar el proceso, que arrebatando a aquel que tiene el recurso, algo o alguien que a su potencial víctima, le resulte de extremo valor. Después… intercambiar aquello valioso por dinero, resultará extremadamente sencillo. Te arrebato a alguien, entrañablemente tuyo y me compensas con dinero, para ansiosamente recuperarlo. Pero ¿qué pasaría si aquel que arrebata supiera que su víctima monetaria está imposibilitada de compensarlo por limitaciones impuestas por el Estado? Es decir… si hubiera candados legales, inhibidores de hacer operaciones bancarias o de otros instrumentos financieros. La idea es que una entidad monetaria, pueda inferir, que su cliente pudiera estar pretendiendo retirar parte de su patrimonio, vía una negociación forzada por terceros. Si alguien que tiene un comportamiento conocido, llega mañana a su banco para retirar de sus cuentas, una cantidad desproporcionada. Pide prestado a un banco una cifra desesperada. Busca un recurso de manera desbocada… Entonces las leyes financieras podrían echar a andar “mecanismos fríos” que hicieran imposible el recurso. Entiendo que resultan fríos para aquella familia que necesita el dinero de forma desesperada… Pero también resultará evidente, para quién o quiénes, lo quieren arrebatar. Que todos sepamos que es imposible acceder a cantidades desproporcionadas de dinero en efectivo, bajo un esquema de supervisión del Estado Mexicano. “Quiero retirar un recurso que es mío”. —La respuesta del Estado— “¿Para qué lo quieres?” La víctima le miente por las circunstancias. “Para comprar una casa” —La respuesta del Estado— “Necesito que el vendedor de la casa que quieres, me extienda una evidencia escrita de que te la va a vender”… y así apretar, complicar un camino simple, hasta hacerlo un Vía Crucis. Mi propuesta es, involucrar al sistema financiero mexicano, en el drama del secuestro. Si México ha sido históricamente un estado interventor en nuestra potencial productividad… ¿Por qué no puede ser inquisitivo a la hora de protegernos? Inhibidor de nuestras libertades, en aras de proteger seguridades que van por encima de una voluntad individual para ejercerlas. Nadie quiere pagar por un secuestro. La idea que mueve al fenómeno es que se fuerza al individuo a realizar algo de manera coercitiva.

Sé que la discusión reciente, ha llevado a sociedad y gobierno a la búsqueda de soluciones inhibitorias del secuestro. Penas más fuertes. Intentos de erradicar la impunidad. Formas para depurar los cuerpos policíacos y de impartición de justicia… y eso está bien. Pero los caminos son muy largos, peligrosos o inútiles. No podemos acabar mañana con la impunidad. Entiendo que no debemos aplicar la pena de muerte, indiscriminadamente. Acabar con la corrupción de nuestras policías o agentes judiciales de manera súbita, es más difícil que pretender que mañana se nos aparezca ¡la Virgen de Guadalupe en el Zócalo! Hacer tortuosa, complicada, burocrática la entrega de un dinero a quien se ve forzado a entregarlo a su vez, es una línea digna de explorar, ahora que las soluciones apremian… Ahora que el tejido social se ha rasgado inevitablemente.

Quiero salir a matar...

Luis González de Alba
La Calle
Milenio


Dicen voces muy sensatas, y con razón, que la ley no puede igualarse a los delincuentes y emplear sus métodos. Como no soy cuerdo ni sensato no impondría la pena de muerte a los secuestradores, por inútil, pues primero hay que atraparlos, y se escapa impune 96 por ciento de los delincuentes. Lo que reinstalaría es la guerra sucia: al escaso 4 por ciento lo mataría, haría videos de sus torturas y quemaría las casas de sus putas madres.

No lo hago por dos razones: 1. Temor a la ley. 2. Temor a equivocarme. Ya una chusma enardecida, azuzada por provocadores del EPR, linchó a tres policías y quemó vivos a dos en Tláhuac. Así concluyó la trayectoria de Ebrard al frente de la policía capitalina: destituido luego de que argumentara incapacidad para llegar a donde habían llegado hasta las televisoras.

Nuestro problema con la delincuencia no es la falta de rigor en las leyes, sino la total impunidad del crimen. Y la impunidad se da por dos razones: 1. Impericia abyecta de la policía. 2. Corrupción y contubernio con el crimen. De la policía salen a nutrir las filas del hampa, y en el hampa contratan nuestras autoridades a los policías. Es el círculo de hierro que nos tiene en manos de la delincuencia. El PRI lo creó; el PRD, al fin PRID, lo usa a fondo para obtener carne de mitin e ingresos.

Es una mentira vil contra los pobres la que propala con descaro El Loco López: que la política económica ha empobrecido al país al grado de lanzar a los más humildes a sobrevivir del asalto y el secuestro. Es una postura repulsivamente derechista de quien se dice (y le creen) de izquierda. En todo asalto y secuestro hay policías o ex policías bien armados, tecnología, dinero invertido.

Eso ocurre porque la blandenguería lacrimosa ha prosperado desde 1968: la oratoria pobrista que enseñamos los sesentayocheros arraigó con furor en un país tan profundamente estúpido que ha hecho su más alto héroe a quien llevaba por nombre Águila que Cae… y cayó. No interesa el águila que asciende: es la que cae abatida la que arranca solidaridad, y en esa tierra bien abonada nuestra prédica floreció.

Impusimos en 68 nuestro derecho a marchar por las calles en manifestaciones pacíficas, ahora se pueden bloquear avenidas y carreteras cada que un grupo político (o de vecinos) se enoja por algo.

Hemos gritado a los cuatro vientos que no tiene la culpa el delincuente sino el que lo hace, ¿y quién lo hace si no es el sistema social?, lloriquean. Violo y mato porque fui niño golpeado… pero muchos golpeados no violan ni matan. No es hambre la que lleva a exigir seis millones de dólares por un jovencito de 14 años cuyo padre logró levantarse, de vender uniformes deportivos a llenar el país con tiendas Martí y gimnasios. Lo mataron porque sobrevivió el único testigo, lo cual nadie sabía… salvo los más altos mandos policiacos del DF, cómplices del crimen.

“¡No me importa –chilló Alice–. Eres tú la que no entiendes nada. Ya me han contado todas las malditas infancias desgraciadas que estoy dispuesta a escuchar. La gente no para nunca… Personalmente, pienso que las infancias desgraciadas son el gran engaño, la gran excusa…”. Doris Lessing (Nobel 2007): La buena terrorista.

Los más robados no son los ricos, como sugiere con perverso colmillo El Loco López, sino los pobres: los asaltan en el camión, en el paradero, en calles sin vigilancia porque los policías están repartiendo volantes contra la inversión de capitales (aunque nadie desea invertir donde le pueden asesinar al hijo), los mata la policía de Ebrard en la disco para pobres.

Los melindres ya alcanzan límites de risa. Nos merecemos lo que nos está ocurriendo. Lo hemos estado pidiendo a gritos. Cada que justificamos maestros que se niegan a hacer exámenes, alumnos que exigen paso automático a las escuelas, luego al empleo y por último a la jubilación; cada que aceptamos un bloqueo de calles o argumentamos que “al delincuente lo hacemos”, cavamos un poco nuestra propia tumba, la de nuestros seres queridos. Debería ser delito esa apología del crimen diseminada por sociólogos.

El gobierno federal está absorto en el combate contra la droga. Pero no es la droga, sino su prohibición lo que produce la guerra de pandillas, la corrupción de la policía y las enormes utilidades. Si aceptamos el derecho de los adultos a meterse cuanto les venga en gana, podremos dirigir esas fuerzas contra la delincuencia que invade ya todas nuestras instituciones.

Igual de vacío que en 2004

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Hace ya más de cuatro años, después de la marcha contra la inseguridad que se realizó el 27 de junio de 2004, se presentaron innumerables propuestas para mejorar la seguridad pública y en particular atacar el fenómeno del secuestro, que tenía entonces índices tan altos como ahora. Sólo en el Congreso se presentaron ocho grandes iniciativas destinadas a avanzar en esas reformas. El entonces presidente Fox ofreció una amplia propuesta que la mayoría de los legisladores y de los partidos consideraron insuficiente, pero que contenía algunos capítulos importantes para transformar el trabajo de las policías, de los ministerios públicos y del sistema judicial. También se aumentaban las penas a los secuestradores. Entre los partidos, Convergencia fue el que presentó una propuesta con algunos capítulos controvertidos, pero sin duda era la de mayor sustancia. En el plano político, poco después de la marcha, dejó la Secretaría de Seguridad Pública federal Alejandro Gertz Manero, debido a un fuerte enfrentamiento con el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Y no pasó nada. En 2005 y 2006 bajaron un poco las tasas de secuestros, que volvieron a repuntar en 2007, hasta volver a llegar a niveles récord en este 2008.

Ahora la historia parece volver a repetirse sólo que con algunos, no demasiados, actores diferentes. Tras el secuestro y la muerte de Fernando Martí vuelven a manejarse todo tipo de propuestas, pero, en los hechos, nadie hace nada. El tema legislativo, aunado en este caso a las políticas estatales y municipales es el más grave. El presidente Calderón había enviado al Congreso, hace ya un año y siete meses, como parte de una amplia iniciativa de seguridad, la propuesta de aumentar penas a los secuestradores. Nunca fue atendida, no recibió ni siquiera la oportunidad de ser discutida en comisiones del Senado, la Cámara de origen. Con la muerte del joven Martí, el tema volvió a la palestra y el presidente Calderón reenvió esa propuesta ahora a la Cámara de Diputados. E inmediatamente, de casi todos los sectores políticos se afirmó que era insuficiente y, mientras unos pedían la aplicación de la pena de muerte, otros consideraron que las penas mayores no inhiben a los secuestradores y se recordó, como si no lo supiéramos, que 98% de los delitos quedan impunes. Lo mismo se dijo en 2004 y al año siguiente los partidos ya estaban demasiado preocupados en las elecciones como para ponerle atención al tema de la seguridad.

Por supuesto que la sola iniciativa de aumentar las penas contra los secuestradores es insuficiente. Pero lo que termina siendo indignante es que no se haga nada. El hecho es que el gobierno federal presentó una iniciativa hace año y medio y no fue siquiera debatida. Yo no sé si la propuesta de Calderón era buena o mala, suficiente o insuficiente, pero sí sé que los legisladores ignoraron los temas relativos a la seguridad (la mayor preocupación de la ciudadanía y lo que tendría que ser la base sobre la cual se debe construir cualquier Estado moderno) porque estaban ocupados con su respectiva agenda política, incluidos reformas electorales, políticas y debates petroleros inútiles, cuando la toma de tribunas les dejaba tiempo para otras cosas. Es de pena ajena que nos digan ahora que las iniciativas son insuficientes o serán inoperantes si no las discutieron y no legislaron en algún sentido. Nadie les pide que aprueben leyes que consideran insuficientes, pero sí que las debatan, las modifiquen si así lo creen pertinente y que armen en forma legal al Estado, para combatir a la delincuencia. Y como no lo hicieron en 2004, tampoco lo están haciendo ahora.

Ese vacío se profundiza cuando nadie quiere responsabilizarse de lo que sucede. En la semana todo el mundo trató de diluir su responsabilidad en la seguridad pública, adjudicando a las autoridades federales la exclusividad de la misma. Sin duda, el gobierno federal tiene responsabilidad en lo que está ocurriendo, pero 96% de los delitos que se cometen en el país son del ámbito local, incluidos los secuestros. Las fuerzas policiales de los estados y las de los municipios representan 95%, aproximadamente, de los efectivos policiacos totales y sus recursos son infinitamente mayores que los de los federales. En realidad, tenemos, contando esos efectivos de los estados y de los municipios, un policía por cada 200 habitantes. Sólo las del DF son más, en número y equipo, que todas las fuerzas policiacas federales sumadas. Y no puede ser que los gobernadores, los presidentes municipales y sus respectivos dirigentes partidarios, ante la creciente inseguridad, sólo miren para otro lado y pidan mayor participación de fuerzas federales. Pero como el manejo de las policías es útil y redituable para los mandatarios locales, tampoco quieren deshacerse del control de ellas. Quieren tener sus policías, sus presupuestos y sus prerrogativas, pero no asumir ninguna de sus responsabilidades. Ésas, las transfieren al ámbito federal. Pero cuando se habla de poner a las policías bajo un mando único, cuando menos en ciertos ámbitos de operación, por supuesto se oponen y piden mayor presupuesto para sus respectivas fuerzas de seguridad que, en la mayoría de los casos, son completamente ineficientes. Que se puede tener una política antisecuestro eficaz en el ámbito estatal lo demostró, el sexenio pasado, Juan S. Millán, en Sinaloa, con una fuerza operativa especial para ello. La experiencia acabó con esa administración.

Mucho debe cambiar en el ámbito federal para atender la seguridad pública y, sin duda, sólo los aumentos de penas, son insuficientes. Pero si los legisladores, los partidos, los gobernadores y los presidentes municipales no asumen que este desafío también los involucra y no actúan con responsabilidad ante él, será imposible detener la avalancha de la inseguridad.

La guerra

Macario Schettino
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

El bien público por excelencia es la seguridad de la sociedad frente a sus enemigos. La guerra es el peor estado posible, en el que no sólo hay sufrimiento y desgracia, sino que no es posible esperar ayuda de otros, es el reinado de la desconfianza y la miseria humana.

Se libra una guerra contra los enemigos de la sociedad, y no hay otra salida que ganarla. No hay paz posible mientras los enemigos no sean derrotados, porque ellos no descansarán hasta habernos despojado de todo. Para hacerlo, harán uso de todas las bajezas imaginables, intimidar, corromper, asesinar.

Derrotar al enemigo no implica eliminarlo, sino dejarlo inerme. No sólo porque eliminarlo puede resultar mucho más complejo, sino porque la sociedad que se rebaja al nivel de sus enemigos ha sido vencida. Derrotar al enemigo significa que la sociedad sea capaz de dotarse de las armas necesarias para ello. No los individuos que la forman, sino la sociedad en su conjunto.

No hay mejor arma que la aplicación de reglas claras a toda la sociedad. Cuando alguien está fuera de las reglas, la sociedad se ha roto, y es presa fácil de sus enemigos, que serán quienes evaden su aplicación. Toda regla implica un castigo cuando no se cumple. Nadie más obligado a cumplir esas reglas que quien debe aplicarlas. Castigo ejemplar a quienes, debiendo aplicarlas, violan las reglas sociales.

Pero no existe victoria posible si las reglas están mal hechas, mal aplicadas, plagadas de impunidad y con una sociedad dividida. Y tenemos esta situación porque así la construimo. Cosechamos lo que sembramos por décadas, con reglas hechas para privilegiados (no nada más ricos), que no se aplicaban sino cuando convenía.

¿Queremos seguridad? Acabemos con la extralegalidad que mantiene vivo al corporativismo. Acabemos con la discrecionalidad de gobernadores, con la farsa de no cobrar impuestos, con cuerpos policiales de risa, con MP criminales, con jueces venales, con la administración legal corrupta.

¿Qué hace falta? Decisión, dinero y tiempo. Tiempo ya perdimos bastante; dinero, de más impuestos para todos. La decisión es lo difícil. ¿Pueden los políticos dejarse de agravios inventados, de politiquería, de soberanías ficticias? ¿Pueden o no? La sociedad tiene que ganar la guerra, cambiando líderes si es necesario. ¿Ya es necesario?

Secuestros: reacción inmediata de García Luna

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Este lunes inaugura la Secretaría federal de Seguridad Pública una división de 300 agentes para atender los secuestros, con cinco unidades especiales regionales.

La nueva instancia respaldará a las autoridades locales en el país, con atención especial donde se ha incrementado ese delito.

Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención de la SSP, dice que la división, con equipos móviles, aéreos y terrestres de reacción inmediata, estará en “alerta permanente”.

No es casual que el anuncio provenga de la dependencia que encabeza Genaro García Luna, quien conformó en la PGR la Agencia Federal de Investigación, la mejor de todas las corporaciones policiacas que operan en el país: contabilizada su actuación hasta abril del año pasado y a partir de 2001, sus agentes especializados en secuestros rescataron a 879 personas y detuvieron a 657 secuestradores. Ese mes, Dane Schiller publicó en The New York Times una entrevista-corte de caja con Facundo Rosas, de los más avezados funcionarios de Inteligencia con que a la sazón contaba México, en la que se resaltaba que no sumaban entonces 20 (menos de 2 por ciento) las víctimas que terminaron asesinadas por sus captores.

Por esto mismo, es de tomar muy en cuenta lo que dice Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención de la SSP: los intermediarios privados (como los negociadores iniciales del frustrado rescate de Fernando Martí) no sólo ponen en riesgo la vida de las víctimas, sino complican el combate al crimen que el Estado está obligado a librar, ya que carecen de la infraestructura informática y los equipos técnicos y humanos con que cuenta el gobierno federal.

Y es que, en aras de su propia conveniencia y en vez de recurrir a los que más pueden hacer, lo primero de que suelen asegurarse los “expertos” particulares es de que no se informe a las autoridades, con lo cual (¡al margen del destino del secuestrado!) sólo alientan la peste de la impunidad.

Las nuevas unidades de la SSP tienen los recursos, los agentes especializados (sólo quienes aprueban rigurosos exámenes de control de confianza), y se asegurarán inclusive de que los secuestradores encarcelados no sigan delinquiendo.

Qué bueno que los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, Ruth Zavaleta y Santiago Creel, respectivamente, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, urjan al rediseño, desde una real perspectiva de Estado, de la seguridad pública.

Mejor aún que García Luna eche a andar desde hoy las nuevas unidades regionales.

En tanto se ven los resultados, conviene por lo pronto saber que lo más riesgoso es recurrir a negociadores privados.

Pese a justificados prejuicios, no hay de otra: debe acudirse, pero en chinga, a la policía.

Indicador Político

Carlos Ramírez
El financiero

Cambio, impotencia, unión.
Harp: de 1994 a 2008, peor.

El desplegado del banquero Alfredo Harp Helú como denuncia por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí llevó implícita una lectura oculta: se trata del texto de un empresario que fue secuestrado en 1994 y tuvo la suerte de ser liberado.

Por tanto, su alegato es algo más que el sentimiento de solidaridad con un amigo y socio. Se trató del reclamo de un empresario a las autoridades por su incapacidad para combatir el flagelo del secuestro. En casi tres lustros, los gobernantes se la han pasado peleando, disputando parcelas de poder, desconociéndose unos a otros, mientras la sociedad quedó a merced del crimen organizado.

La seguridad de los ciudadanos es la principal tarea del Estado. Si el Estado es el monopolio de la fuerza, lo es para defender a los ciudadanos de los enemigos externos, pero también de los internos. Por eso cuando ocurren hechos en donde funcionarios del Estado son parte del crimen organizado, entonces el fracaso es del Estado y de los gobernantes. Porque se estaría en una situación que sería absurda si no fuera, antes, reveladora del colapso del Estado mexicano: la gangsterización del Estado, el Estado delincuente, el Estado criminal, fase superior del Estado incompetente.

El relato dramático de Harp exhibió la incapacidad de las autoridades y mostró que los responsables de las áreas policiacas y judiciales no sólo han sido rebasadas sino penetradas por la delincuencia. Y la sociedad se encuentra indemne, sin defensa, ante esta complicidad del poder. Ya no se trata de leyes o de operativos, sino de reconocer que el legado del régimen priista fue la fusión de intereses de gobernantes y delincuentes como parte de la estructura del poder y que la alternancia partidista en la presidencia de la República y la construcción de un nuevo régimen no pasa por la pena de muerte o la prisión perpetua, sino por el rediseño del concepto de autoridad y por la reestructuración completa de los sistemas judicial y policiaco. Y ahí han fracasado el PAN y el PRD como alternancia del PRI.

El texto de Harp exhibe la impotencia del ciudadano ante la delincuencia y el fracaso de las autoridades:

"Aquel padre (el empresario Alejandro Martí) pidió asesoría; no sabía cómo actuar ante tal situación. En realidad nadie lo sabe, porque en esas circunstancias las posibilidades de actuar son nulas. Buscó por todos los medios la manera de que su hijo volviera, se hincó ante las autoridades, pidió auxilio a la policía, visitó las oficinas de los procuradores y a los altos mandatarios, rogó a Dios mañana y noche, deseó cambiar su vida por la de su pequeño.

"Por fin, recibieron una llamada. Quien hablaba no quería entrevistarse con el jefe de familia, pero el padre espetó: "dígame, aquí estoy"; creía estar preparado para todo. El comunicante informó que habían encontrado el cuerpo de una persona en la cajuela de un coche y había que reconocerlo.

"No entraré en detalles de aquel hecho de horror, el cuerpo llevaba varias semanas metido en una bolsa de plástico, era irreconocible. Por la dentadura se logró identificar al muchacho de 14 años al que le había sido arrancada la vida, despojada debido a la desgracia que azota a nuestro país. Sí, a un niño inocente que tuvo la mala fortuna de pasar frente a unos sicarios por casualidad.

"Póngase usted en los zapatos de aquellos padres, que desean que nadie llegue a sentir lo que ellos pasaron en los últimos 50 días. Piense que nadie en este país está exento de que le suceda algo parecido. Este crimen es un atentado contra cada familia de México y cada uno de sus habitantes. La muerte de ese muchacho significa la descomposición social a la que hemos llegado, la lloramos todos los mexicanos que tenemos hijos y los que no los tienen. Todos nos unimos al dolor de aquella familia que también es la nuestra.

"México no merece esta realidad ni que la vivan las próximas generaciones. Es urgente un cambio. La impotencia invade a la sociedad civil. Unámonos para exigir que nuestras autoridades de los tres poderes de la Unión, de los estados y municipios trabajen decidida y coordinadamente contra la delincuencia y en favor de la seguridad de las personas, para que en el corto plazo todos los mexicanos podamos vivir tranquilos."

El documento de Harp y su esposa termina con dos palabras contundentes: impunidad y ya basta.

Sin embargo, la politización de la realidad lleva a situaciones de absurdo. Como el secuestro y asesinato de Fernando Martí fue en el DF e involucró a policías capitalinos como parte de la banda responsable, entonces la impunidad se cubre con el manto de la complicidad: un columnista escribió un texto marcado por el resentimiento social para defender al perredista Marcelo Ebrard, haciendo hincapié en el hecho de que en el caso Martí hubo dos pobres -el chofer y el guardia- muertos. Por tanto, llevó el asunto al tema de la lucha de clases.

Lo grave del caso Martí es que mostró la parte más censurable del asunto: la complicidad de policías con la delincuencia fue un legado del régimen priista pero revalidado por gobiernos de PAN y PRD. El enemigo está en casa, no en las cárceles o en las leyes.

AMLO: pobreza y delincuencia

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

A propósito de la ola de inseguridad que azota al país, López Obrador dijo que el problema seguirá mientras haya tanta pobreza.

Hay que disminuir la pobreza, desde luego. Y es tarea urgente, por elemental justicia, pero no porque ahí esté la causa de los secuestros, los asesinatos y el narcotráfico.

Lo que dice López Obrador es tan ruin como afirmar que los pobres son delincuentes por naturaleza.

De ahí se explica la actuación de las autoridades capitalinas, seguidoras de López Obrador, en contra de jóvenes de escasos recursos en la discoteca News Divine, donde murieron asfixiados nueve de ellos.

Como eran jóvenes y adolescentes pobres, los discípulos de AMLO creen que eso los etiqueta como delincuentes y los trataron como tales: a la delegación, sin orden de un juez y sin motivo alguno.

Adentro de la discoteca, encerrados y muertos por asfixia.

Adentro del Ministerio Público, humillados, robados y extorsionados.

Son pobres, ergo, son delincuentes, según la filosofía de López Obrador.

Chiapas es de los estados con menor índice de delitos en el país, y es el más pobre.

¿Pobreza es igual a delincuencia?

Claro que no. La delincuencia se genera por la impunidad y por esa “hermandad” que hay entre autoridades y delincuentes.

Una de las plazas donde la “hermandad” tiene mayores espacios y prosperidad es precisamente el Distrito Federal, donde existen los mayores niveles de bienestar en el país.

Aquí, y en otras entidades, el enemigo está en casa.

El comandante José Luis Romero Ángel, presunto cerebro de los secuestros y los crímenes en el DF que han sacudido al país en días recientes, fue ampliamente reconocido por otra víctima suya como autor de su secuestro... ¡en 2003!

Fernando Ruiz sostiene que fue secuestrado en octubre de 2003 por la banda del comandante Romero Ángel, por lo que se abrió la averiguación COY-1T3/1852/03-10.

Cinco años después, el comandante de la PGJDF acumuló premios, promociones y hasta el ascenso como jefe del perímetro del aeropuerto un par de días antes de que se desatara la ola de repudio en contra de los secuestros que él presuntamente cometía.

¿Por qué se le promovió como comandante en jefe de un grupo especial de la PGJDF, adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si sabían que estaba en la “banda de La Flor”?

Esa “hermandad” viene operando desde hace muchos años, al cobijo de los gobernantes capitalinos que dijeron que iban a “limpiar” el cochinero en las policías del Distrito Federal.

No lo limpiaron. Se metieron al cochinero, porque les sirve.

Va otro ejemplo:

La PGR detuvo en junio de 2004 a una banda de secuestradores a la que le seguía la pista desde hacía tiempo, por su peligrosidad y porque se asentaban en el DF como los capos de la industria del secuestro. La encabezaba César Gómez Enríquez, alias El César o El Diputado.

¿Por qué pudieron ese sujeto y su banda, conocida como Los Cobras, escalar tan rápido a la cúspide de las bandas de secuestradores en el Distrito Federal?

Porque operaban cobijados por autoridades del gobierno capitalino.

Gómez Enríquez tenía escolta de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

Y no sólo él, también su familia tenía escolta proporcionada por la Judicial capitalina.

La escolta oficial a este secuestrador se otorgó mediante oficio fechado el 5 de agosto de 2002, según se anota en la investigación 8520207.

Pero eso no era todo. La banda de secuestradores que encabezaba El César o El Diputado la integraban cuatro policías de élite de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, además de un agente antisecuestros de la Policía Judicial capitalina.

De esa banda era, y fue capturado por la PGR, Marco Polo Cervantes Hernández, subdirector adscrito a las Fuerzas Especiales del Grupo Cobra de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, quien era el responsable de la logística de la organización criminal.

La PGR siguió la pista y pudo capturar a más miembros de esa organización: cayeron Francisco Alberto Martínez y David López León, éste, policía del Grupo Alfa de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

El último en caer de esa banda fue Janeth Nicanor Rojas, también del Grupo Cobra de la SSP del DF, acusado de participar en la intercepción y detención de las víctimas.

¿Qué tiene que ver la pobreza con todo esto?

El problema está en las autoridades.

Sanar al país

Lydia Cacho
Plan B
El Universal

La justicia no es venganza, sino orden moral. ¿Quién nos lleva de la mano a sanar al país mientras juegan a la guerra?

Encendemos la radio, tres personas fueron acribilladas en Tamaulipas; cambiamos de estación; el hijo de un empresario fue encontrado muerto luego de haber sido secuestrado. En internet encontramos que la agencia de noticias CIMAC fue asaltada en la ciudad de México, se llevaron todo, las reporteras estaban investigando las violaciones y feminicidios de mujeres indígenas en la sierra de Zongolica. En Chihuahua tres niñas más fueron asesinadas. Los diarios dan el recuento de acribillados del día. Estamos saturados de violencia, de gritos de guerra.

La sociedad mexicana vive sumida en el miedo, la indefensión y la rabia. Emilio Gamboa Patrón, adalid de la justicia diferenciada, en defensa del padre del joven asesinado, en su investidura de líder del Congreso, exige pena de muerte para los secuestradores. Otra diputada pregunta en voz baja ¿sólo para quienes secuestran ricos o también para los que secuestran y matan niñas y mujeres pobres en Ciudad Juárez? Un diputado le dice que no sea políticamente incorrecta, puede ofender a la familia del joven asesinado. Ella no minimiza la pérdida de los dueños del emporio Sports City, señala que hace años la clase política no se había pronunciado tan indignada por un delito cometido contra una persona. En su enojo la gente pide pena de muerte, más poder a la policía (negando su probado poder de corrupción). La violencia genera más violencia, y hasta el Presidente está movido por el miedo y la rabia. Cada tanto la sociedad se rebela contra un caso, marcha, denuncia, grita ¡basta ya! Y luego vuelve a la vida de siempre. Las familias a llorar sus pérdidas, algunas emigran a tierras más seguras.

Yo prefiero preguntarme ¿por qué cada vez más mexicanos están dispuestos a matar y dañar a sus compatriotas? ¿Cómo llegamos hasta aquí? A convertirnos en una patria llena de ira, de sed de venganza, profesionales del crimen. No podemos olvidar que es responsabilidad de las autoridades detener la violencia, no fomentarla. Felipe Calderón debe saber que promover una cultura de guerra, de te matan o matas, tendrá consecuencias sociales de largo plazo.

Un secuestrador mata a un niño, la sociedad pide que lo maten a él. Y lo pide porque detrás de su sed de venganza está el miedo de que el próximo secuestro sea en su familia, en un ser querido. Pero habrá otro secuestrador, y otro más. Mientras eso sucede descubrimos que cuando no entendemos el miedo, elegimos convertirnos en agresores. Y la violencia generada desde el poder, produce más opresión. La guerra deviene en más miedo, en más violencia. Más opresión, genera más rabia, más delincuencia. México es un gato que se persigue la cola dando círculos. No acabamos de comprender que los verdaderos enemigos de México son la pobreza, la desigualdad, el abuso del poder político que coarta la libertad individual y colectiva, y la falta de oportunidades para que millones de personas le encuentren sentido a sus vidas. Sabemos que el sistema de justicia necesita ser renovado integralmente, los buenos proyectos contra la impunidad sobran. México no sanará con más violencia. La justicia no es venganza, sino orden moral. ¿Quién nos lleva de la mano a sanar al país mientras ellos juegan a la guerra?

Seguir la pista del dinero

Leonardo Curzio
Analista político
El Universal

La cadena perpetua para secuestradores es una salida efectista. Es sabido que en México el problema central no estriba en la duración de las penas, sino en dos factores que ineludiblemente ponen en entredicho el funcionamiento del Estado.

El primero tiene que ver con la remotísima posibilidad de cumplir una pena, sea ésta baja o eterna. Además, en caso de que se aprobara un endurecimiento de las penas, un problema indirecto salta a la vista y es la incapacidad práctica de que los encarcelados, así sea para la eternidad, no desplieguen desde un reclusorio sus actividades. Buena parte de las extorsiones y de los secuestros de alto impacto se planifican desde las prisiones. La propuesta de endurecer las penas no es otra cosa que echar el polvo debajo de la alfombra.

El segundo factor estructural reside en la participación de los cuerpos de “seguridad” en las bandas que practican el secuestro. De las 23 bandas desmembradas en los últimos años, por lo menos 16 tenían entre sus integrantes a agentes de alguno de los niveles de gobierno. En una estadística manejada de manera oficiosa por expertos colombianos, México ocupa el primer sitio a nivel mundial en secuestros en los que participan policías. En otras palabras, las fuerzas de seguridad de nuestro país son más peligrosas para la seguridad que el EPR. Dicho de otra manera, ¡es como si tuviéramos a las FARC dentro del Estado!

Entiendo que para un gobernante debe ser desesperante el saber que debe ofrecer resultados y que los propios instrumentos de los que dispone son en gran medida la fuente del problema. Algo así como si la difusión de una epidemia tuviese como origen las jeringas de un hospital. Pero no hay más camino que seguir por la ruta de profesionalización y el establecimiento de procedimientos unificados así como controles más severos sobre el dinero. Más que pensar en cadenas perpetuas o penas de muerte, hay que golpear a los criminales en el dinero.

¿Dónde se lavan los millones de los secuestros? No hay salidas cortas a este problema, creer eso es demostrar o que se perdió el rumbo o que nunca se tuvo un diagnóstico claro del problema.

México unido contra las tres crisis

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Pacto nacional es ahora la demanda. Comienzan a pedirlo los políticos y supongo que lo deseará una mayoría de ciudadanos. Sería el saldo benevolente del caso Fernando Martí y otros que tienen conmocionada y herida a la sociedad.

¿Pacto?

Sí, un acuerdo que congele el encono. Porque a la crisis de la inseguridad están por sumarse un nuevo capítulo insurreccional del lopezobradorismo en defensa de la soberanía petrolera, la patria, bla, bla, bla, y una peligrosa ansiedad provocada por el alza en los precios de productos básicos. Sé que son peras y manzanas. Pero la conjunción de las tres crisis aterra.

Lo económico podría enfrentarse con estrategias de costos y beneficios; México tiene experiencias exitosas en el pasado no muy lejano. Lo de Pemex, con acuerdos PRI, PAN, PRD, que hoy no se ven tan complicados como hace cuatro meses.

Y parece que también en el endemoniado problema de la inseguridad, con instituciones (ejecutivas, legislativas, judiciales y sociales) inútiles, penetradas, incapaces de cumplir su responsabilidad, no queda más que apostar por un acuerdo de extrema urgencia, que revise y corrija males, quistes, tumores. Y que parta del principio de que no es la hora de la demagogia (pena de muerte, cadena perpetua), sino de diagnósticos fríos, ideas renovadoras y acciones posibles y prontas.

El aval, seguimiento y auditoría de este esfuerzo para frenar al crimen tendría que quedar en manos de algunas de las mejores organizaciones sociales. Propongo, por muchas razones, a México Unido Contra la Delincuencia.

Sería pavoroso que se empalmaran más asesinatos, más secuestros, más miedo, paranoia, carestía, desabasto, prejuicios, supersticiones y revanchismos políticos.

Para allá vamos.

Entre el mercado y el Estado

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

La aeronáutica civil es un caso económico fascinante. Por un lado, se trata de un negocio que, como cualquier otro, se rige por las leyes de la oferta y de la demanda. Pero, por el otro, tiene características que obligan a una regulación por parte del Estado. En todo el mundo, el éxito y el fracaso económico de las aerolíneas se rigen por un delicado equilibrio entre el mercado y el Estado. México no es la excepción, y lo estamos viendo.

¿Por qué el Estado?

Los aviones que transportan gente y mercancías utilizan el espacio aéreo que, por definición, no le pertenece a nadie y, por tanto, tiene que ser administrado por la autoridad que representa a la sociedad. En otras palabras, las aerolíneas lucran explotando un bien público. Corresponde al Estado repartir las concesiones de quién puede volar y a qué rutas.

Además, la aviación civil puede afectar negativamente a terceros. No sólo por la contaminación que genera sino porque una seguridad deficiente puede perjudicar a tripulantes, pasajeros y la población en tierra que no quiere que le caiga un avión encima.

La utilización de un bien público con fines comerciales y la posible generación de externalidades negativas obligan a que la aeronáutica civil esté regulada en todo el mundo. La pregunta es hasta dónde. ¿Cuántas concesiones deben otorgarse? ¿Cuántas regulaciones de seguridad y contaminación debe haber? ¿Hasta dónde el mercado y hasta dónde el Estado?

La apertura de la industria en México

Hasta hace poco, el modelo de aviación civil mexicana era el de un monopolio estatal. Una empresa propiedad del gobierno federal, Cintra, controlaba las dos principales aerolíneas que tenían más de 80% de participación del mercado nacional: Mexicana y Aeroméxico. El modelo funcionaba razonablemente bien gracias a que las tarifas eran muy altas comparadas con los estándares internacionales. Un boleto de México a Tampico podía costar más que uno de México a Nueva York.

A finales del sexenio pasado, el gobierno finalmente cambió el modelo estatista a uno de mayor competencia de mercado. Por un lado se otorgaron nuevas concesiones para volar. Así entraron varias empresas de las denominadas de bajo costo. Por el otro, el gobierno privatizó Mexicana (adquirida por Grupo Posadas) y Aeroméxico (comprada por un grupo de inversionistas liderado por Banamex).

El nuevo modelo competitivo funcionó de maravilla para los consumidores. En diciembre de 2005, por ejemplo, un boleto redondo México-Monterrey costaba alrededor de tres mil 200 pesos. Ocho meses después, en agosto de 2006, ya con el nuevo modelo, la tarifa había caído 53% y alcanzado los mil 500 pesos. Había terminado el monopolio estatal de Aeroméxico y Mexicana. Para el primer trimestre de 2008, Aeroméxico tenía una participación de mercado de 27%, Mexicana de 25% y las nuevas aerolíneas de bajo costo 30% (el resto las pequeñas aerolíneas que existían en las época monopolista de Cintra).

Pero se vino un problema

Todo iba viento en popa para los consumidores de la aeronáutica civil. Sin embargo, los precios del petróleo se dispararon al alza y con ellos el de la turbosina, principal insumo de las aerolíneas. De acuerdo con un reporte de Aeroméxico, “el precio del combustible en el primer trimestre de 2007 fue 53% superior con respecto a lo observado en el mismo periodo del año anterior. En los últimos cuatro años, el precio del combustible se ha triplicado”.

En todo el mundo, los altos precios de la turbosina han generado que las aerolíneas suspendan ciertas rutas que no eran rentables y han dejado a poblaciones enteras sin conexión aérea. También ha existido un acelerado proceso de consolidación de la industria: varias empresas se han unido para enfrentar la nueva estructura de costos. Asimismo, se han observado múltiples quiebras de aerolíneas en diversos países.

En México, las aerolíneas ya hicieron lo primero: suspendieron ciertas rutas o bajaron las frecuencias. Pero en lugar de que hayamos visto quiebras o consolidaciones, se ha dado un proceso de competencia desleal. De acuerdo con fuentes de Aeroméxico, las líneas de bajo costo han buscado liquidez financiera a través de la preventa de boletos a la par de disminuir sus partidas de mantenimiento y suspender los pagos que tienen que hacerle al gobierno para operar sus concesiones. Las empresas cobran por adelantado pero no pagan ciertas partidas que otras aerolíneas sí sufragan. Según la fuente citada, el gobierno estaba tolerando “que empresas insolventes se mantuvieran de manera artificial”.

La solución

Algunas voces dentro de la industria (el director general de Aeroméxico, por ejemplo) han dicho que la solución es que el Estado subsidie a la turbosina, como se hace con la gasolina y el diesel. Pero si el subsidio a estos combustibles es absurdo porque beneficia a las clases media y alta que son las que poseen automóviles, resultaría aún más absurdo subsidiar la turbosina que beneficia al 5% de la población mexicana que viaja en avión.

No, la solución no pasa por subsidiar la turbosina sino por un equilibrio delicado entre el mercado y la regulación estatal. El gobierno debe fomentar la competencia con bajas barreras de entrada para los interesados en participar en la industria, pero también debe asegurar que la competencia sea pareja entre los jugadores procurando, a la vez, estándares internacionales en materia de seguridad y contaminación.

En las últimas semanas el gobierno finalmente ha resuelto suspender la licencia para volar a todas aquellas empresas que estaban realizando una competencia desleal. Esto permitirá, como está ocurriendo en todo el mundo, que en México también haya quiebra de aerolíneas insolventes y/o la fusión de empresas. Incluso, si ahora lo permite la Comisión Federal de Competencia Económica, la de Mexicana con Aeroméxico. Sin duda vienen semanas fundamentales que definirán el futuro de la aviación civil del país.

Oportunidad perdida

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

El presidente Calderón desperdició un momento único para poner el tema de la seguridad en el centro de la República. Su decisión de aumentar las penas a secuestradores parece demagogia legal.

No estamos frente a un problema de leyes, sino frente a un problema de organización y desempeño policiaco: mala organización, criminal desempeño.

Piénsese en este dato: 16 de las 23 bandas de secuestradores desmanteladas durante el gobierno de Calderón tenían entre sus miembros al menos un policía o un ex policía municipal, estatal o federal. (Crónica, 10/8/08).

Los poderes de la República no tienen poder sobre sus policías. Las policías incuban en sus filas el crimen que deben prevenir. Es entendible que las policías sean ineficaces en su lucha contra el crimen, pero es intolerable que sean su origen. ¿Qué hacen los gobernantes mientras sus policías delinquen?

¿Se buscan medidas legislativas eficaces? Póngase pena de cárcel al incumplimiento de la frase que todos los gobernantes pronuncian al ocupar su cargo: cumplir y hacer cumplir la ley. Hágase delito imputable el incumplimiento de este compromiso. Entonces el combate al crimen y la aplicación de la ley se volverán prioridad de los gobernantes.

No pretendo tanto. Hubiera querido sólo que el Presidente convocara a gobernadores y alcaldes a una deliberación pública y a un compromiso explícito de seguridad para sus ciudadanos. Y que el compromiso empezara por la limpia de las corporaciones policiacas de todo el país y terminara por la eliminación de los obstáculos que les impiden coordinarse.

La seguridad pública no mejorará mientras los gobiernos locales sean la cuna de impunidad que son. Alcaldes y gobernadores sólo son capaces de castigar cinco de cada cien homicidios que se cometen en sus jurisdicciones. Gobiernan sobre verdaderos santuarios de impunidad.

El gobierno federal tiene sus propios santuarios, como lo demuestran el auge y la guerra del narco. Pero en materia de seguridad, la federación no puede sola ni es la responsable única: la mayor parte de los delitos que afrentan a la ciudadanía son del fuero común, deben resolverlos los gobernadores y los alcaldes.

La incandescencia de la última semana contra la inseguridad fue un momento propicio para convocar a los responsables a cumplir su responsabilidad, una oportunidad única, cabalmente desperdiciada, para restablecer el compromiso público de los gobernantes con la tarea esencial que han olvidado y que es la seguridad de sus ciudadanos.

Dalí define el arte

Jacobo Zabludovsky
Bucareli
El Universal

—Me dijeron, maestro, que Salvador Dalí va a ir a México…

—Ah, quizá se lo han dicho, pero ya puede usted decir seguro que no iré porque las estrellas están en contra y cada día me gusta menos viajar y no puedo cambiar mis cosas de tipo mágico.

—Pero que lo habían contratado para pintar un gran mural en un edificio de 60 pisos y que le habían pagado muy bien…

—Tampoco. Estuve en contacto con un señor que me propuso varias ideas; yo voy a hacer contraproposiciones, pero prefiero no hablar de proyectos que son prematuros porque es la manera de que nada se arregle.

—¿Si la cantidad de dólares fuera mayor, sus estrellas cambiarían?

—No, no, tampoco. Para trasladarme a viajar soy in-co-rrup-ti-ble. Ahora, me gustaría hacer algo, sería un gran honor lo que me propusieron porque me gustaría mucho hacer algo en el corazón de México, por la razón, muy sencilla, de que con todo el respeto que tengo a los artistas de gran talento de México, el arte mexicano no me gusta absolutamente nada, sobre todo lo que hacen moderno, ¿no?, lo que hacen todos los muralistas. Usted sabe muy bien que a mí las pinturas que pasen de los límites de un cuadro de caballete ya encuentro que son un desastre, o sea, lo máximo que se puede hacer en pintura es lo que hizo Velázquez, Las meninas y Las lanzas, esos son los cuadros que considero ya más grandes. Pero, además, todo lo que un pintor no sea capaz de decir en algunos centímetros cuadrados como ese cuadro que ahora mirábamos, es que ya no vale la pena de quererlo decir. Y naturalmente esos grandes murales que hacen en México son completamente opuestos a lo que yo haré si hago una cosa por México. Además, al señor Suárez, que es quien hizo esta sugerencia, le dije que si hago algo para México, haré lo contrario no solamente de lo que se ha hecho en México, sino lo contrario de lo que todo el mundo espera. Y me parece que la idea le interesó más porque hay que contar siempre con el masoquismo de los interesados y estamos más o menos citados en París. Pero ya le digo, no quiero hablar de ese proyecto porque no hay absolutamente nada, nada de concreto.

—¿Usted no conoce a ningún pintor mexicano?

—Sí, sí, casi a todos. Conocí a Diego Rivera, que es el que me gusta menos de todos, pero a todos los otros también. Respeto mucho a las personas que son de un gran talento artístico, pero la pintura de los murales mexicanos es absolutamente todo lo que está más fuera de la órbita daliniana. Sabrá usted que lo que a mí me gusta es Rafael, Vermeer y Velázquez. Y los murales, incluso la cosa esa maravillosa que pintó Miguel Angel, pues a mí no me hacen ni frío ni calor. El Juicio final de Miguel Ángel para mí nunca me ha producido la más pequeña impresión; en cambio, La hilandera de Vermeer, que no es más grande que eso, y que representa ú-ni-ca-men-te y ex-clu-si-va-men-te una que hace puntas, una chica que hace puntas, que está clavando en el cosmos un alfiler que ni siquiera se ve, porque se ve nada más que el gesto de clavar ese alfiler, pero que se ve que en este momento escoge en el cosmos un lugar pequeño como la punta de un alfiler, eso es lo que a mí —no me emociona, porque nada me emociona, pero qué va, con mi punto de vista de la cosmología monárquica y del ácido desoxirribonucleico— me llega a producir, sin emoción, lá-gri-mas de in-te-li-gen-cia.

—Maestro, y Millet…

—Ah, Millet es un pintor de quinto orden pero muy estimable porque en sus cuadros hay una especie de erotismo latente que únicamente en los tiempos modernos, la sicología moderna, el sicoanálisis es capaz de poder descubrir e investigar.

—Maestro, la última vez que hablamos con usted, en el Saint Regis, en Nueva York, me dijo usted que había descubierto el secreto de la tercera dimensión basado en san Narciso de Gerona.

—Eso es exacto. Tiene muy buena memoria; justamente, como que no me había hablado de mis actividades actuales no le había hablado de eso, pero me llevo este año en mis equipajes un cuadro que no es más grande que una tarjeta postal, dos cuadros, casi como el de Vermeer, casi idénticos pero que están destinados a ser vistos a través de una lente como uno solo, y ese un solo cuadro será absolutamente estereoscópico. Naturalmente, ese descubrimiento de las imágenes estereoscópicas vino en mi mente a través de ese glorioso santo que es el patrón de las moscas y el patrón de la provincia de Gerona, san Narciso.

—¿Maestro, usted cree que de veras Dalí tiene alguna importancia?

—¿Cómo?

—¿Dalí tiene importancia verdaderamente?

—No respondo a eso porque no hay nadie en el mundo que no reconozca que tengo una tremenda importancia.

La conversación anterior es parte de la entrevista que le hice a Salvador Dalí en diciembre de 1971 en su casa de Por Ligat, España.