agosto 14, 2008

Más sal a la herida

Román Revueltas Retes
Milenio

Son verdaderamente desgarradores los testimonios de esos padres, esos hijos o esos maridos que, habiendo sufrido el indecible trance de tener a un familiar secuestrado –y luego de que tres o cuatro canallas lo hayan ahorcado o matado a golpes—, se preguntan todavía si hubieran debido negociar el rescate con la policía o, por el contrario, con alguna de las empresas privadas que se dedican a tan inquietante negocio. En uno u otro caso la suerte está echada. No hay nada que hacer: donde había un rehén sólo queda un cadáver, una monstruosa fatalidad, un hecho tan inexorable como devastador. Pero a esta gente, como si no hubiera conocido ya el más descomunal y enloquecedor de los dolores, le sigue atormentando una duda, una pregunta estremecedora en sus dimensiones y consecuencias: ¿hice lo correcto? Un cuestionamiento sobre la actuación propia que te puede perseguir por el resto de la existencia y que, curiosamente, surge a raíz de un debate público: nuestras “autoridades” nos avisan de que en el caso de un secuestro lo mejor es recurrir inmediatamente a los servicios de la policía mexicana. No sólo eso: la intromisión de particulares no haría más que dificultar la negociación y poner en peligro a la víctima.

Luego de recibir tan puntuales advertencias, nos toca a nosotros poner las cosas en su lugar: una persona de bien, un simple mortal, no debería afrontar jamás un dilema tan desmedido. No hay razón alguna, en estos tiempos y en un país que se pretende civilizado, por la cual un individuo soberano deba tomar decisiones de tal calibre siendo que la primerísima obligación del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ésa es la tarea, ésa es la asignatura pendiente y ésa es, a la vez, la gran derrota que está viviendo nuestra sociedad. Todo lo demás –las admoniciones y los consejos— sale sobrando. Nadie merece cargar indefinidamente una cruz que no le toca. En lugar de culpabilizar a las víctimas habría que hablar de las responsabilidades y las obligaciones que nuestros gobernantes han dejado de asumir. Han fabricado, por acción y omisión, un país podrido. Un país donde te asesoran sobre qué mano te van a cortar.

La fiscal sin rostro

Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio

Los gobiernos sólo entienden a gritos, no con silencios. Florestán

Hace unos días fui testigo, atónito, de cómo la fiscal antisecuestros de la Procuraduría General de la República daba una entrevista de televisión de espaldas, ocultando el rostro, por la inseguridad en que se vive y el temor a la acción de las delincuentes.

En ese momento me quedó claro hasta donde ha crecido el problema, la orfandad de la sociedad ante una autoridad que no da la cara, y la fuerza del crimen organizado que hace que una fiscal se oculte, y me pregunté si a partir de este referente tendría que dar el Noticiero como ella, también de espaldas, al fin que todos corremos los mismos riesgos, aunque no con los mismos esquemas de protección y seguridad que les brinda el Estado y que todos les financiamos, hasta el de las esposas cuando van al salón de belleza y los hijos cuando salen de reven.

La presentación de esta fiscal, cuya identificación no me atrevo a dar por protección suya -pero sé que su nombre de pila, o clave, es Nicandra- mandó un decepcionante mensaje a la sociedad de temor, debilidad de las instituciones y fuerza de la delincuencia, cuando lo que se tiene que transmitir es una expresión de decisión y fuerza que se anula con esa exposición de espaldas.

La lectura de la ocurrencia, o de la estrategia, no lo sé, fue terrible, pues más que darle la espalda a la delincuencia, cuando se le debe dar la cara, se le dio a la sociedad, que presenta el rostro todos los días, dejándola indefensa, inerme.

Mal, muy mal deben estar las cosas, peor de lo que pensamos, desde el momento en que la fiscal de secuestros de la PGR se escuda en ese anonimato, cuando su función es darle la cara a este gravísimo delito que se encuentra en su peor momento y fuera de control.

Retales

1. Y SE QUEJAN.- Juan Camilo Mouriño tuvo ayer una serie de reuniones a puerta cerrada con diputados, en San Lázaro. A la salida los legisladores, contra su costumbre, evitaron a los reporteros diciendo que más tarde la Secretaría de Gobernación enviaría un comunicado, como ocurrió. Es decir, de lo que sucede en la Cámara de Diputados informa la Secretaría de Gobernación. Y luego se quejan;

2. FUTURO.- Hay quienes adivinan el nuevo destino del citado Mouriño: líder de la próxima bancada en esa Cámara de Diputados. Dicen que así, el presidente Calderón se haría de un secretario de Gobernación, y Mouriño de una plataforma para la sucesión panista; y

3. SANDÍA.- El planteamiento de María Elena Morera para que se reúnan el Presidente y Ebrard, que aquél ya aceptó, debería ser aprovechado por éste, que lo condicionó. Contaría a su favor, a pesar del pejismo del que parece seguir siendo rehén. Marcelo sabe que esto se trata de construir mayorías, no minorías, por más beligerantes y cercanas que sean.

Nos vemos mañana, pero en privado.

Marcha del 30: la agenda de la ciudadanía

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

La marcha del próximo 30 de agosto, una marcha silenciosa, ciudadana y nocturna, destinada a exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión garantizar el derecho mínimo de la sociedad, que es la seguridad, está encaminada a ser una de las grandes jornadas cívicas, equiparable a aquella marcha de junio de 2004 contra la inseguridad. Allí estaremos y ojalá un movimiento similar pueda realizarse en todas las ciudades del país, para exigir, con toda razón, un ¡ya basta!, a la delincuencia y a las autoridades.

Pero debemos aprender también de lo sucedido hace cuatro años. Entonces, la marcha fue despreciada por el Gobierno del DF, encabezado por López Obrador, quien la calificó de un movimiento de pirrurris. Fue, una vez más, una muestra de la soberbia y el autoritarismo de un personaje lejano de cualquier convicción realmente democrática. En buena medida sucedió poco y nada en el DF porque, pese a ser el centro de la actividad delincuencial, el entonces jefe de Gobierno lo tomó como una acción política en su contra y la corrupción policial siguió sin ser molestada hasta el día de hoy. Como el ambiente de confrontación entre López Obrador y el gobierno de Fox estaba en uno de sus puntos más altos, los intereses políticos paralizaron a los legisladores, a los partidos y a los gobernantes. Hubo innumerables discursos, iniciativas, desgarramiento de vestiduras y pocos cambios realmente significativos. Incluso los movimientos en los funcionarios responsables de la seguridad, Marcelo Ebrard en el DF y Alejandro Gertz Manero en el ámbito federal, se dieron por razones que nada tenían que ver con la exigencia ciudadana.

Ello no le quita, al contrario, trascendencia, a esa marcha que ha entrado en la historia como la mayor movilización ciudadana sin intervención de partidos políticos de la historia reciente del país. Con todo lo que ello implica. Para la marcha convocada el día 30, los partidos parecen haber aprendido la lección. Hoy, el Gobierno del DF, no descalifica a los ciudadanos y asegura que apoyará cualquier movilización social. Los dirigentes partidarios, incluidos los legisladores, se apresuran a decir que participarán “a título individual”. La manifestación ha sido implícitamente respaldada por el gobierno federal. Nadie en su sano juicio podrá estar en contra de la misma.

Por eso mismo, esa marcha, además de cuidar su organización, debe tener, a diferencia de la de 2004, objetivos mucho más concretos. En 2004, el documento que surgió de ella y de las distintas organizaciones que participaron, contenía prácticamente todo un programa de seguridad pública, con algunos capítulos muy acertados, otros más discutibles, varios urgentes y unos más para el mediano y el largo plazos: eran muchas acciones que no estaban, además, colocadas claramente en un orden de prioridades. Eso permitió a los gobiernos y a los legisladores tomar algunas cosas, declarar acerca de otras, anunciar proyectos o iniciativas sobre muchas de ellas y a la postre hacer muy poco.

Ojalá los organizadores de la marcha del 30 aprendan de lo sucedido. En el ámbito de la seguridad hay muchísimo por hacer, pero si se va a exigir, se debe comenzar por los eslabones que permitirán arrastrar toda la cadena. Y hoy, en buena medida, eso no sucede, aunque sin duda sea necesario, debido al aumento de las penas o el establecimiento de la pena de muerte a los secuestradores, aunque es una medida que concita, ante la indignación popular, innumerables adherentes. El tema pasa por la corrupción de las policías y la impunidad en los delitos. Se debe actuar en tres frentes simultáneamente: depurar a las policías y hacer que los gobernantes, a diferencia de lo que ocurre hoy, se hagan responsables de la integridad de los funcionarios que ellos mismos designan para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hoy, si un gobernante, federal, de los estados, del DF o de los municipios, designa a un mando policial o de seguridad y éste resulta ser un corrupto, no paga precio alguno, ni político ni legal. La depuración de las policías debe ir de la mano con la corresponsabilidad en ella de las autoridades. Si no es así, suele quedar como una promesa más en el papel. En el ejecutivo debe haber, en lo local y lo federal, una verdadera transformación del Ministerio Público, que además le quite el monopolio de la investigación y le dé a las víctimas la posibilidad de intervenir en el proceso. Allí, en el MP, se terminan perdiendo muchos de los hilos del combate al crimen, cuando se supera la barrera de la corrupción policial. Y, en el Congreso, como lo dijo el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, se deben establecer leyes claras y concisas que permitan a los jueces aplicarlas sin caer en zonas grises y en dilaciones. El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad en ese sentido.

Hay muchísimo más por hacer y en buena medida se trata de acciones netamente políticas, de gobernabilidad del país, de los estados, las ciudades, los municipios, que deben acompañar este proceso. Pero ese es un ámbito donde la decisión debe pasar por las autoridades: se trata de su responsabilidad, lisa y llanamente. En los capítulos de depuración policiaca, de cambios en los ministerios públicos, de simplificación del sistema legal, se puede actuar con rapidez y exigir a las autoridades acciones concretas y en el corto plazo. Quizá, para el día 30, habría que exigir cuatro, cinco, cosas muy concretas, que no admitan margen para la dilación ni para que caigan las propuestas en el juego de los políticos. Las aceptan o no.

Quizá, también, el gobierno federal, en primer lugar y en todo caso los locales, podrían asumir, antes de esa fecha, los compromisos y las decisiones de gobernabilidad que le den un contexto mucho más favorable a la movilización ciudadana.

Los verdaderos peligros

Javier Corral Jurado
El Universal

Presenté hace un par de semanas el libro que Manuel Espino Barrientos, ex jefe nacional del Partido Acción Nacional (PAN), ha publicado en editorial Planeta bajo el título Señal de alerta: advertencia de una regresión autoritaria.
EL UNIVERSAL había conseguido con anticipación el texto y adelantó algunos pasajes que causaron cierto furor en el partido y en el gobierno, lo que generó que el autor y la editorial apresuraran su lanzamiento al mercado. Se inició una especie de satanización del texto, aun sin conocerse cabalmente su contenido.

Ideológicamente no comparto muchas de las ideas y las posiciones de Manuel Espino. A él la gente, y no sólo yo, lo ubican a la derecha del PAN y a mí a la izquierda. O mejor dicho, conservador a él y a mí liberal. Pero me gustó la idea de expresar en un ejercicio crítico, y en un marco de civilidad y no de zalamería —como supone serlo la presentación de un libro—, nuestras coincidencias y diferencias sobre el momento que viven el PAN y el país.

Espino ha colocado centralmente en la mira de su libro al senador Manlio Fabio Beltrones, de quien conoció sus métodos y manejos cuando éste era gobernador de Sonora, y él, jefe estatal del PAN en ese estado.

Con esa experiencia de haber enfrentado al que el autor presenta como “heredero de la peor tradición político-policiaca que aún entre los autoritarios del pasado se considera dura”, es absolutamente comprensible que cuestione e impugne el papel de definidor de la agenda legislativa que el gobierno del presidente Calderón le ha conferido. Que se le permita actuar como la última palabra en las reformas estructurales del país, ya sea para posponer la reforma de medios o bien para que ahora la reforma energética que se discuta sea la iniciativa Beltrones, con la cual entre otras cosas quiere ni más ni menos que nombrar a todo el directorio de Petróleos Mexicanos.

Dice Manuel que ese sí, Beltrones, sería un peligro para México, y es donde centra su advertencia de regresión autoritaria por el encumbramiento que se le otorga desde el gobierno a un político que no milita en el interés público, sino en estrictos cálculos de beneficio personal y de grupo. Coincido con Espino en que el reforzamiento del poder de Manlio, o de personajes como la profesora Elba Esther o Romero Deschamps no prestigian al gobierno de Calderón.

Sin embargo, creo absolutamente que las mayores amenazas de regresión autoritaria están en el reforzamiento que actualmente se da a los poderes fácticos, en el sometimiento a las televisoras, en la connivencia con los monopolios, en el riesgo de que el PAN caiga en el pragmatismo y el electorerismo que tanto criticaron los fundadores, de que reproduzca el modelo de subordinación priísta al Presidente en turno; que no le importe hacer alianzas hasta con el diablo por ganar una elección.

Política y delito: Ayuda de memoria, 3

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

En diciembre de 1982 el nuevo Presidente, Miguel de la Madrid, decide cortar de tajo con la policía que hereda del gobierno previo.

Clausura una cueva mayor, la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), durante años en manos de Francisco Sahagún Baca, ex miembro de la Brigada Blanca, comandante de las confianzas del policía de las confianzas del Presidente López Portillo, Arturo Durazo Moreno.

Sahagún Baca es hombre extravagante, suele pasear a sus invitados por los separos llenos de la DIPD para explicar sus métodos. A uno le dice: “Yo he matado a muchos hijos de la chingada, pero a ninguno que no lo mereciera”.

El Presidente De la Madrid echa a la calle a los comandantes de la DIPD. El año siguiente se registra el mayor aumento de delitos de la estadística negra del país.

Los economistas lo atribuyen a la crisis económica por las devaluaciones del 82. Los conocedores saben que el aumento se debe a los policías expulsados del paraíso.

Ese paraíso es la administración policiaca del hampa, mediante la cual los comandantes pagan un tributo de seguridad pública al gobierno, que regresa un tributo de impunidad a los comandantes.

En 1983, con la clausura de la DIPD, se pierden los dos tributos. Los comandantes pasan de ser mitad policías y mitad hampones a la redonda intemperie del crimen, intemperie propicia pues, desde que ellos dejan de controlar el hampa, no hay quien los controle a ellos en su nuevo paraíso, que es el hampa.

Lo poco o mucho que hay de eficacia y experiencia policial en el país esta en aquellos comandantes duales, que reprimen el delito con la mano izquierda y lo protegen con la derecha.

Hay quien dice que la eficacia de la policía está rota desde entonces en México, porque los que cortaron el nudo gordiano del crimen dentro del Estado no tuvieron un nudo de repuesto: junto con el crimen policiaco cortaron la policía que había.

Se dice también que el gobierno no ha tenido desde entonces ni policía eficaz ni control eficaz de sus policías, como si la historia quisiera decirnos que no hay policía eficaz si no tiene un pie en el hampa.

El hecho es que, una vez cortado el nudo del crimen policiaco, asunto de drenaje nacional, indigno de estadistas, el gobierno pudo dedicarse al verdadero problema de estadistas que en su opinión aqueja a la República: la crisis económica.

Pero entonces, el narco tocó la puerta.

Los disparates de Lorenzo Meyer

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

Lorenzo Meyer, quien hace años tuvo prestigio académico, se ha convertido en un disparador de falsedades y ocurrencias en prensa, radio y televisión.

Con pesar, no exento de preocupación, hay que decirle a él y a quienes habitualmente lo leen o escuchan que el doctor Meyer ya no está entre nosotros los mortales.

Lo oí el domingo por la noche hablar sobre el tema de los secuestros recientes que, según él, “tocaron el corazón de las élites políticas y económicas” del país, como si fuera un asunto de clases sociales.

Pero dejemos el tema secuestros y veamos algunas perlas de lo que Lorenzo Meyer escribe en sus colaboraciones en el diario Reforma, específicamente en el tema petrolero.

En su columna del 13 de marzo apuntó:

“Se podría decir que (con la iniciativa del presidente Calderón) nos encaminamos a recrear el modelo anterior a la expropiación cuyo objetivo era exportar en función de los intereses externos”.

¿Cuáles intereses externos?

Es México el que durante el primer semestre del presente año ingresó a sus arcas 25 mil millones de dólares por exportaciones de petróleo.

Si le hacemos caso al doctor Meyer, para no satisfacer la demanda de países consumidores habría que cerrar la llave y renunciar a eso que sus amigos perredistas dicen defender: la renta petrolera.

Lo que escribió Meyer no tiene ni pies ni cabeza.

O sea, habría que dejar de exportar petróleo para, de esa manera, evitar que funcionen los automóviles y las industrias de los capitalistas del resto del mundo.

Y si no exportamos petróleo, ¿qué hacemos?

¿Lo guardamos?

¿Esperamos a que baje el precio internacional o a que se desarrollen fuentes alternativas de energía para extraerlo y venderlo cuando esté barato?

En esa columna, Meyer escribió: “En buena medida la relativa tranquilidad que caracterizó el cambio de guardia en Los Pinos se ha pagado quitándole recursos a Pemex y asignándolo no sólo (¡oh!, escándalo) a los programas sociales, sino sobre todo a los gobernadores”.

A Meyer se le olvida algo que él repite con acierto, pero no se acuerda a la hora de escribir: Pemex y el petróleo son de la nación.

El dinero que genera Petróleos Mexicanos no le pertenece a esa empresa, sino a todos los mexicanos. Por eso se usa en el presupuesto de la Federación.

Por cierto, de los últimos cuatro presupuestos —que asignan el destino de los ingresos petroleros—, tres han sido votados favorablemente por el partido con el cual simpatiza Meyer, el PRD.

En la columna del 3 de abril, Meyer escribió: “De esta manera (con la reforma propuesta por el Ejecutivo) aseguraría que el gran capital petrolero internacional pueda ser no sólo participante en la producción y transporte de gas, petróleo y refinados, sino también un poderosísimo aliado económico y político de aquellos que le abrieron la puerta a la riqueza petrolera mexicana… a costa de una tajada de la renta petrolera”.

Lo primero que debería saber el profesor Meyer, o por lo menos no olvidarlo a la hora de sentarse a escribir porque de seguro sí lo sabe, es que en refinación y en transporte no se genera “renta petrolera”.

Y en la propuesta que envió el Presidente al Congreso tampoco se comparte la renta petrolera. Son contratos de desempeño. Es igual que ahora y que siempre: se contrata a empresas privadas para que colaboren en tareas de exploración. Lo que cambia es que se propone pagarles de acuerdo con sus resultados.

Lamentablemente, la iniciativa del gobierno se quedó corta, porque sí debería plantear la asociación con empresas extranjeras para exploración y extracción de crudo y eso de ninguna manera convertiría a esas empresas en “aliadas políticas” de ninguna élite.

¿Acaso los que gobiernan Cuba son aliados políticos de las empresas españolas, noruegas, británicas y holandesas que exploran y extraen en territorio cubano?

Hugo Chávez anunció, ante José Luis Rodríguez Zapatero, que pronto invitaría a la española Repsol a participar en la explotación de la cuenca de crudo pesado más grande del mundo, que está en su país.

¿Eso hace del régimen de Chávez un aliado político del capital transnacional español o del gobierno de Zapatero?

Puros disparates, por decirlo de una manera suave.

Pero hay otros peores, que veremos mañana.

Vasconcelos en la mira

Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
El Universal

Un ex fiscal antidrogas, que trabajó al lado del ex subprocurador, lo dice así de llano: “En tres minutos, fuera del gobierno, lo liquidan”. Se sabe de al menos dos atentados frustrados en su contra

La tensa espera de una decisión desde Los Pinos mantiene a José Luis Santiago Vasconcelos en el limbo. Ya renunció públicamente a su cargo de subprocurador de Asuntos Internacionales y Jurídicos de la PGR, pero no se va físicamente de la posición por una razón tan sencilla como macabra: no puede quedar sin la protección de un cargo público porque su vida corre peligro y está amenazada por los narcotraficantes.

Un ex fiscal antidrogas, que trabajó al lado de Vasconcelos, lo dice así de llano: “En tres minutos, fuera del gobierno, lo liquidan”. Se sabe de al menos dos atentados frustrados en contra del que fuera encargado de la lucha antidrogas en el sexenio foxista; uno de ellos el 18 de diciembre pasado, cuando cinco sicarios al servicio de El Chapo Guzmán, que preparaban una emboscada cerca de su domicilio, fueron detenidos con armas de alto poder, en el sur de la ciudad, por patrulleros de Seguridad Pública local.

Dos opciones analizan en la casa presidencial para Santiago Vasconcelos: enviarlo como subsecretario o coordinador jurídico a alguna dependencia federal, o mandarlo, como él pide, a una posición diplomática o de agregaduría a cualquier ciudad de EU. Lo que descartan completamente en PGR son las versiones de que podría ser nombrado “fiscal antidrogas”.

Vasconcelos sabe que en el país del norte es donde estaría más seguro. Sus contactos de alto nivel con la DEA, el Departamento de Estado y el Pentágono, junto con la información que posee del narcotráfico, le garantizarían que, además de la protección del gobierno mexicano, pudiera sentirse cobijado por las instancias estadounidenses con las que colaboró ampliamente en los últimos años.

No es casual que en el año y medio que ejerció como subprocurador jurídico de la PGR se concretara la extradición de 170 narcotraficantes, varios de ellos capos de primer nivel, la mayoría de los cuales fueron entregados a Washington por el gobierno mexicano.

Cuando fue nombrado primer titular de la poderosa SIEDO, en 2003, José Luis Santiago tuvo el aval no sólo de los militares mexicanos con los que tiene fuertes nexos, sino también de Washington y la DEA, a donde fue a cabildear su nombramiento.

Nombres como Osiel Cárdenas, Amado Carrillo, Juan García Ábrego, Héctor El Güero Palma, Joaquín El Chapo Guzmán o Benjamín Arellano Félix, al que detuvo en marzo de 2002, están en la larga lista de criminales, enemigos o conocidos, del ex subprocurador en su trayectoria de 20 años en la PGR. ¿Qué esperan para darle un cargo que le brinde protección?

NOTAS INDISCRETAS... Ver a Manuel Bartlett codo a codo con la izquierda que antes combatió desde el viejo sistema, no sólo es surrealista; también provoca comentarios y murmuraciones dentro del PRI, donde hay voces que cuestionan que el ex gobernador poblano trabaje con Andrés Manuel López Obrador y el FAP en su propuesta energética. Bartlett se defiende argumentando que la comisión que encabeza es “heterogénea, no partidista”, y acuden expertos, académicos e intelectuales de distintos signos. “Nadie me ha llamado para decirme qué voy a decir, ni tampoco que debo de apoyar la propuesta de Beltrones”, dice y no duda de su militancia ni cree traicionar al PRI porque defiende, afirma, el “nacionalismo energético”. Eso sí, Bartlett confirma que irá como delegado del PRI de Puebla a la Asamblea Nacional priísta el 22 de agosto en Aguascalientes donde, advierte, dará pelea contra la iniciativa presentada por Manlio Fabio. “Espero que no actúen como gánsters tratando de silenciar voces en la Asamblea, que haya tribuna libre y permitan la discusión”, lanza el ex secretario de Gobernación... Un caso más que cuestiona los métodos del Ejército en el combate al narcotráfico se dio en la comunidad zapoteca de Santiago Lachivia, Oaxaca, el pasado 5 de agosto. Unos 120 campesinos que salieron a hacer labores para el tequio se encontraron con militares que hicieron disparos al aire para detenerlos; la gente se asustó, corrió y empezó el tiroteo con saldo de dos muertos y un herido. Esos hechos fueron denunciados ayer en la tribuna de la Comisión Permanente por el senador oaxaqueño Adolfo Toledo, quien pidió que la Sedena investigue y detenga a los responsables, además de demandar la intervención de la CNDH… Dos alcaldes mexiquenses, Adrián Fuentes, de Huixquilucan, y José Luis Durán, de Naucalpan, violaron flagrantemente la ley electoral al promocionar sus nombres en publicidad de sus recientes informes de gobierno. ¿Y el IFE? Bien, gracias… Los dados mandan serpiente. Falló el tiro.

Frutos de una tragedia

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Alejandro Martí se desgarra:

“Me levantaron a mi hijo gentes disfrazadas…”.

Lógico, supuso que los depredadores eran lo que parecían, efectivos de la AFI, y por esto no acudió a la policía.

Con encomiable entereza dada la inconmensurable pena de quien perdió a su hijo a manos de secuestradores homicidas, confíó esta reflexión:

“... Pero sí quiero decir, con gran orgullo y con una gran fe renovada en nuestras instituciones, que cuando acudí a la policía me trataron de tal forma que me arrepentí de no haber ido; de acudir a ellos el segundo o tercer día; de no haberlo hecho desde el principio...”.

No es para su consuelo, pero Alejandro debe saber que la muerte de su hijo ya dio vida a una incipiente, impostergable reestructuración de las policías.

La tragedia de este padre y su familia (como muchos y muchas otras) está dando inclusive para que Marcelo Ebrard se deje de remilgos y trate con Felipe Calderón y otros jerifaltes un complejo problemón de Estado, y se comience a liberar del secuestro rollero en que lo tiene su predecesor.

Kryptonita para Ebrard

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

Ayer, en este espacio, decía que, como la kryptonita para Superman, el tema de inseguridad está debilitando la imagen del presidente Calderón en la opinión pública. Pero está afectando mucho más a la del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

La más reciente encuesta telefónica de Ulises Beltrán, levantada el 6 y el 7 de agosto, revela que el secuestro y el asesinato de Fernando Martí generó en la población un incremento en el sentimiento de inseguridad. Beltrán preguntó en su encuesta: “Con lo que usted sabe o ha escuchado de este secuestro y asesinato en el DF, ¿a quién atribuye usted más la responsabilidad de que este joven haya sido secuestrado y asesinado?” Veinte por ciento de la población con teléfono que vive en la capital contestó que al gobierno de Felipe Calderón; 39% al de Marcelo Ebrard en el DF y 26% respondió que ambos. Debido a la participación de policías locales en el crimen, se culpa más a la administración capitalina por lo ocurrido.

No sorprende, entonces, la caída en picada en la popularidad de Marcelo Ebrard. Mucho más que la de Calderón que fue de cinco puntos porcentuales. El encuestador reporta: “La aprobación con la manera de gobernar del jefe de Gobierno se deteriora nueve puntos y ahora los capitalinos con teléfono en su vivienda se dividen entre quienes están en desacuerdo con su manera de gobernar 50% y quienes están de acuerdo 47 por ciento. La desaprobación es una de las más altas registrada para los gobernantes del PRD en la capital (sólo superada por 58% de desaprobación de Alejandro Encinas en septiembre de 2006 por los plantones en la avenida Reforma y el Zócalo del DF)”.

No sólo eso, también hay una percepción de que Ebrard ha perdido el control sobre los asuntos de la ciudad. Cuando se le pregunta a la gente con teléfono en la capital, “con lo que usted sabe, ¿cree que el gobierno de MarceloEbrard tiene las riendas de la Ciudad de México o las cosas se están saliendo de su control?”, 75% contesta que se le han salido de control. Para comparar este dato, durante el conflicto postelectoral de 2006, 72% de los capitalinos pensaba que las cosas se le habían salido de control al entonces jefe de Gobierno, Alejandro Encinas. Hoy, después del secuestro y el asesinato del joven Martí, el indicador es peor. Hoy solamente hay 21% de defeños que piensa que Ebrard tiene las riendas de la ciudad.

En las encuestas Ebrard ha perdido más popularidad con el caso Martí que con el del News Divine. Al igual que Calderón va en picada, pero a una velocidad mayor. A los dos gobernantes les está afectando el clima de inseguridad en la opinión pública. Es como aventar una bolsa llena de porquería a un ventilador. La porquería sale proyectada hacia todos lados ensuciando a todos los que están alrededor. Lo mismo sucede con una percepción generalizada de inseguridad: ensucia la imagen de todos los gobernantes, aunque en este caso está ensuciando más a Ebrard que a Calderón.

La caída en la popularidad de ambos gobernantes explica toda la saliva que han vertido ambos para tratar de apaciguar los ánimos ciudadanos. Han sido muchas palabras y grandes promesas, pero poca sustancia. Gasas dirigidas a parar la hemorragia en la imagen de los gobernantes en la opinión pública. Sin embargo, si ambos gobiernos no implementan soluciones de fondo al problema y aumenta la percepción de inseguridad, su popularidad seguirá debilitándose. Como Superman con la kryptonita.

Marcelo, la mezquindad como política

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

¿Por qué Ebrard se niega a un encuentro privado con el Presidente?

Muy lejos de la concepción elemental de estadista, peleado con la muy básica definición de mandatario del GDF, y esgrimiendo argumentos que niegan la política y a quien se asume como político, Marcelo Ebrard confirmó ayer su calidad de nanopolítico.

Y es que ante el reclamo de María Elena Morera y Alejandro Martí para que los dos más influyentes gobernantes en México mantengan una relación directa para atender los grandes problemas nacionales y de la capital del país, el presidente Felipe Calderón reaccionó de inmediato con una respuesta positiva de encontrarse con el jefe de Gobierno del DF, en tanto que en uno más de sus lances aniñados, Ebrard dijo que sí acudiría a una reunión colectiva entre los gobernadores y el presidente Calderón.

Pero que ni se les ocurra, Ebrard no está dispuesto a una reunión a solas con el presidente Calderón. No sólo confirma su carácter de nanopolítico —ratifica que no está dispuesto a cumplir con el 122 constitucional—, sino que en el extremo hasta reniega de su carácter de mandatario del GDF; en pocas palabras, depositario del mandato de los ciudadanos del Distrito Federal. La mezquindad como política, si es que la mezquindad puede ser política.

¿Por qué Ebrard se niega a un encuentro privado con el Presidente?

Se puede argumentar lo que se quiera; que Calderón es un presidente espurio, que es jefe de un gobierno políticamente ilegítimo, que hizo fraude en 2006, que Calderón le cae gordo a Ebrard, que el mero saludo de Calderón le provoca urticaria al jefe de Gobierno, y hasta que los brujos que le adivinan el futuro al señor Ebrard le recomendaron alejarse de Calderón, no vaya a ser la de malas, lo que gusten.

Pero resulta que Ebrard es jefe de Gobierno del DF no porque se haya sacado la lotería —a pesar de que le regalaron la candidatura y buena parte de los votos—, sino porque es depositario del mandato de los habitantes capitalinos. Y resulta que el mandato ciudadano está por encima de los intereses personalísimos de Marcelo.

En el fondo, cuando Ebrard asegura que “no hay razón que justifique una reunión privada” con el Presidente, confirma que está lejos de ser un estadista, que no se asume como mandatario de los capitalinos, camina en sentido contrario a la política y les da la razón a quienes lo motejan como un político aniñado, berrinchudo, caprichoso que se queja porque la leche está caliente, fría, porque es mucha leche, poca leche…

Cuando Marcelo dice que sí se reúne con el Presidente, pero en un encuentro colectivo con todos los gobernadores —en casi dos años de gobernante se ha negado a todo encuentro de esa naturaleza—, en realidad, nos engaña con la verdad; no le interesa asumir su responsabilidad, su obligación, no le importa el mandato de los ciudadanos. En el juego de palabras al estilo cantinflesco, hasta se avienta la puntada de proponer una cumbre de gobernadores con el Presidente. Todo para enmascarar su niñería de no encontrarse en privado con Calderón. ¿Qué le importa a Marcelo, si todo lo anterior no le interesa?

Le gana la mezquindad política, el odio, la víscera, porque Ebrard, igual que su patrón y que un sector radical del PRD, no digiere ni va a digerir la derrota electoral de 2006. ¿Y por qué ese resentimiento que lleva al grupo amloísta y marcelista a olvidarse de los ciudadanos? La respuesta es elemental. Porque ni Marcelo, ni su patrón, ni los radicales son demócratas.

Los demócratas saben ganar y saben perder; saben ser oposición leal, saben colocar el interés ciudadano y de las mayorías por sobre los intereses personales. Y nada de eso hacen Marcelo y menos su jefe, AMLO. Y encima, con respuestas como la de Ebrard, el jefe de Gobierno pretende tomarnos el pelo a los ciudadanos, los mandantes, sus verdaderos patrones, a los que debe no sólo el cargo, sino un buen gobierno y la correspondiente rendición de cuentas. ¿Y con ese comportamiento de niño berrinchudo, el señor Marcelo Ebrard quiere ser presidente?

Tiene razón Ebrard cuando propone involucrar a toda la República en temas como el del narcotráfico. Pero también quienes reclaman que en la capital, asiento de los poderes federales, se produzca una comunicación intensa, fluida, permanente, capaz de coordinar acciones y reaccionar de manera conjunta frente al crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro. Lo demás —los juegos de palabras, las reuniones de la República al estilo de López Portillo— no es más que insultantes cantinfleadas de Marcelo.