agosto 22, 2008

'Tiempo pasado' por Paco Calderón

La mayoría se gana en las urnas y no con movilizaciones: Woldenberg

México, 22 Ago (Notimex).- El ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, dijo que es en las urnas donde se expresa la mayoría, por lo que exhortó a la izquierda a entender que a través de las movilizaciones no se logra ese objetivo.

Al participar en el foro "Reformas democráticas o insurrección civil", subrayó que las formas de lucha se pueden conjugar, pero se debe saber y establecer con claridad en dónde se expresa la mayoría, que es a través del voto.

"Lo que yo sostengo de manera enfática es que la mayoría se expresa a través de las urnas y es la voluntad de los ciudadanos la que la izquierda tiene que ganar", señaló.

Subrayó que la izquierda tiene un compromiso con la democracia, porque sólo bajo un régimen democrático la pluralidad política puede convivir y puede competir.

En el acto organizado por las fundaciones Socialdemócrata y Friedrich Ebert México, así como el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, también participó la diputada federal, Valentina Batres, del PRD.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) agregó que la oposición avanza en los objetivos democráticos y de mejora de la calidad de vida de la gente, lo que significa que ejerce su poder.

"Con el tiempo contado" por Fernando Llera

Compromisos

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

He escuchado ayer, con estupor, en los discursos del Consejo Nacional de Seguridad, la enorme cantidad de cosas que no se han hecho en esa materia.

Propongo un cuestionario infinitamente más modesto que los grandes compromisos contraídos ayer por el Presidente, los gobernadores y los municipales.

Si pueden hacer todo lo que prometieron ayer, podrán contestar estas preguntas:

1. ¿Atiende usted personalmente los problemas de seguridad de su ámbito de gobierno, o delega su atención en segundas manos?

2. ¿Cuántas horas de su tiempo de gobernante dedica usted a atender los problemas de seguridad de su ámbito de gobierno?

3. ¿Cuántas más dedicará a partir de ahora, como nuevo compromiso personal en la materia, después de la Cumbre Nacional de la Seguridad?

4. ¿Cuántos delitos contra la seguridad de los ciudadanos se cometen hoy en el ámbito de su competencia gubernativa?

5. ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos robos con violencia?

6. ¿Cuántos de estos delitos se castigan, es decir, cuál es el índice de impunidad vigente en su ámbito gubernativo?

7. ¿Cuánto ha mejorado o empeorado este índice desde que usted ocupa la posición de gobierno?

8. ¿Cuánto se compromete usted a reducir ese índice en el siguiente mes? ¿En los siguientes dos meses? ¿En los siguientes tres meses? ¿En los siguientes cuatro meses? ¿Cuál es su compromiso, en suma, para el cierre del año en curso?

9. En caso de que no cumpla su compromiso, ¿cuál sería su sanción?

10. En caso de notoria insuficiencia en el cumplimiento de su compromiso, ¿estaría usted dispuesto a pedir licencia y poner el cargo en otras manos?

El primer problema de la inseguridad es que no ocupa el primer lugar en la cabeza de los responsables, ni en su trabajo diario. Los responsables no son los procuradores, ni los secretarios de seguridad, sino los gobernantes de todos los niveles: el Presidente, los gobernadores, los presidentes municipales.

Nadie más tiene las facultades legales y los recursos públicos necesarios para la tarea. Y nadie sino ellos tienen la responsabilidad.

Otra cosa es que los gobernantes puedan borrar el tema de la seguridad de su agenda y terminar sus gobiernos sin que una omisión tan cardinal les cueste.

Esto es lo que tiene que cambiar profundamente en nuestra cultura política y en nuestra cultura gubernativa: el que no pueda garantizar la seguridad de los ciudadanos no debe mantenerse en su puesto de gobierno.

De la inseguridad a la ingobernabilidad

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Al momento de escribir estas líneas aún no concluye el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Lo que hemos visto hasta ahora confirma lo que se podía prever: no ha sido, no podía serlo, un suceso que pusiera un antes y un después en la lucha contra la inseguridad, pero tampoco ha sido, sólo, una competencia de discursos, aunque es imposible esconder los protagonismos de muchos de los actores principales.

En todo caso, por encima de los acuerdos alcanzados, existen elementos que no se pueden obviar: uno de los aspectos centrales es definir la obligatoriedad de los convenios para todos los que los suscriban. Los estados recibirán, a partir de los acuerdos de ayer, mayores atribuciones y responsabilidades. Como se acordó, tendrán que tener plazos para su cumplimiento, pero debe quedar en claro que ello será una obligación política y, de no cumplirse con los mismos, habrá costos que vayan más allá de la sanción moral o de la denuncia periodística.

Porque es un error concebir la crisis de la seguridad, según algunos lo sostuvieron, antes y durante la reunión, como un fracaso exclusivo del gobierno federal. Lo cierto es que, desde inicios de los años ochenta, se descuidó sistemáticamente la seguridad pública: se deterioró en la segunda mitad de López Portillo; prosiguió, con otro equipo para su operación, en el gobierno de Miguel de la Madrid; continuó deteriorándose con Carlos Salinas y 1993-94 fue la mejor demostración de ello; creció en forma ininterrumpida durante el gobierno de Ernesto Zedillo y terminó siendo mucho más preocupante aún durante la administración de Vicente Fox. Felipe Calderón tomó el gobierno, el primero de diciembre de 2006. en una situación crítica para la seguridad: por lo menos ocho estados se encontraban bajo un control virtual del narcotráfico, se había iniciado ya un periodo de violencia que se mantiene hasta hoy y muchas de las fuerzas policiacas de los estados y de los municipios estaban a la orden de los delincuentes, con gobernantes atrincherados en sus oficinas y sin deseos de participar en la lucha por recuperar la seguridad y el control de sus entidades.

Fue entonces cuando se tuvieron que lanzar los operativos que lograron recuperar espacios importantes. Sin embargo, no fue suficiente y no lo fue porque, por encima de errores o defectos de implementación, que los hubo y los hay, no existió un esfuerzo equilibrado de todas las instancias del Estado mexicano, a lo que se sumó la negligente actitud política de algunos mandatarios de no reconocer a las instituciones del Estado del que ellos forman parte. Y también porque, ante las dificultades, muchas autoridades locales consideraron más fácil dejar en manos del gobierno federal un proceso en el que imperaba más el temor que la responsabilidad.

¿En qué falló entonces el gobierno federal? Sobre todo en un punto: en los mecanismos institucionales internos de cooperación y en los instrumentos de gobernabilidad que los hicieran eficientes. Una demostración de ello fueron las divergencias entre las fuerzas policiacas federales y las militares, o una decisión que se trató de subsanar apenas esta semana, con la confirmación de que la Agencia Federal de Investigación sigue dependiendo de la PGR. Y no es que la idea de una policía centralizada fuera mala: el hecho es que, con las reformas aprobadas, ello terminó sin el suficiente sustento legal y, en vez de aumentar la eficiencia, lo que se incrementó, en ese aspecto, fue la confusión.

En todo caso se debería asumir que esta crisis de seguridad corre en forma simultánea con el inicio de un proceso electoral particularmente complejo, con la renovación del Congreso, seis gubernaturas, varias elecciones intermedias, entre ellas las del DF y el Estado de México. Como ya lo hemos podido comprobar, los partidos han iniciado el camino hacia los comicios y la confrontación dificultará los acuerdos: en todo caso, dependerá sobre todo del PAN y del PRI (e incluso del ala moderada del PRD) no sumar a la crisis de seguridad una crisis política. O, en otras palabras, no utilizar la seguridad como un argumento electoral, porque en ese sentido todos saldrán perdiendo. Ejemplos sobran: el Ejecutivo federal tiene, sin duda, responsabilidades, pero es innegable que en el DF y el resto del área metropolitana se dan 60% de los secuestros y ahí gobiernan el PRD, pero también el PRI y, en diversos municipios, el PAN. En ningún estado hay más asesinatos que en Chihuahua y ahí gobierna el PRI, como en Sinaloa, mientras que son perredistas las autoridades de Michoacán y Guerrero, en tanto que las panistas en Jalisco o Guanajuato, son ámbitos con una fuerte presencia de delincuentes. Si los partidos recurren al argumento de la inseguridad como arma electoral, lo único que van a ganar será una caída aún mayor de los grados de aceptación para todos ellos.

Pero no se trata sólo de inseguridad y política. La economía también juega un papel: según una encuesta de Roy Campos, que se dio a conocer en un encuentro de México Unido Contra la Delincuencia esta semana, la mayor preocupación de la población, a nivel nacional, sigue siendo la situación económica, por encima incluso de la inseguridad. Y, de la mano con ello, el índice de confianza del consumidor es el más bajo desde cuando éste comenzó a ser medido hace ya varios años. Si se suma la desconfianza económica al miedo generado por la inseguridad y a la falta de credibilidad originada por los políticos, tendremos una crisis potencial que va mucho más allá de los acuerdos del Consejo. Evitar esa confluencia crítica es el verdadero desafío que deberán enfrentar las autoridades que ayer se reunieron en Palacio Nacional. En otras palabras, lo que está en peligro es la gobernabilidad, tanto en el ámbito federal como en el local.

Bienvenidos al antropoceno

José Sarukhán
jose.sarukhan@hotmail.com
Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM
El Universal

Pocas generaciones, como la nuestra, han tenido el privilegio de transitar la frontera no sólo entre años y décadas —eso lo hacen muchas—, sino también entre siglos y milenios. Quienes transitamos el reciente cambio de milenio (algo que escasas generaciones han experimentado) podemos decir que somos la única generación en la historia de la humanidad que, además, ha transitado eras en el estricto sentido geológico del término.

Se trata del llamado antropoceno, nombre aplicado a la época presente por Paul Crutzen, coganador del Premio Nobel con Mario Molina y Sherry Rowland, y que muchos ecólogos, geólogos e historiadores de la ciencia han retomado.

Las diferentes unidades geológicas (épocas, periodos, eras) son reconocidas formalmente como resultado de un cambio producido en la Tierra por fuerzas geológicas y agentes de cambios evolutivos bien definidos y marcados. El elemento desencadenador de esta nueva era, apropiadamente llamada antropoceno, ha sido —como la raíz de la palabra sugiere— la actividad humana a partir de la revolución industrial, hace unos 300 años. Esta actividad ha desencadenado un proceso de extinción biológica potencialmente similar al ocurrido en cinco previas extinciones; el traslado de gigantescas masas de material sólido de los suelos de muchas regiones a ríos, lagos y al mar; el cambio severo de la química atmosférica y marina y de la temperatura atmosférica con sus consecuencias sobre las masas de hielo del planeta.

El proceso evolutivo mismo ha sido influido por todos estos cambios, que determinarán nuevos derroteros en el desarrollo futuro de la evolución. Probablemente lo anterior les suene a los estimados lectores como una historia inspirada en una película de Hollywood, pero cada una de estas modificaciones ha ocurrido en escalas y con efectos similares a los que se han registrado en eras geológicas del pasado.

La biosfera entera, desde la escala de los genes hasta la de los ecosistemas, y los factores físicos que controlan el ambiente, están influidos por la actividad humana. Esta influencia no se detiene en los aspectos anteriores; incide, y cada vez más, en los componentes sociales y económicos que afectan el desarrollo y el bienestar de la gente.

Estamos en la gestación de una genuina “tormenta perfecta” (no la que algunos políticos predicen ingenuamente) en la que están por coincidir la pérdida creciente de los sistemas ecológicos que mantienen la vida y el equilibrio del planeta, el cambio climático con todas sus consecuencias biológicas, sociales y económicas y una creciente y casi totalmente ignorada desigualdad social a escala planetaria. Algunos economistas y tecnólogos piensan que la crisis monumental que encaramos ayudará a prestar atención a los problemas ambientales y sociales, aminorando sus efectos sobre la sociedad y reduciendo la desigualdad.

Otros, más realistas, opinan que el cambio climático producirá impactos espectacularmente desiguales en distintas regiones y clases sociales reforzando, no mitigando, la desigualdad geopolítica y el conflicto social. Dos grupos humanos, con muy poca o ninguna voz en lo que se ha gestado hasta ahora y se está gestando para el futuro, serán las principales víctimas de esa tormenta perfecta: los pobres con los que en la actualidad compartimos el planeta, y las generaciones por nacer. ¿Podremos, con todo desenfado, decirles: ¡bienvenidos al antropoceno!?

Pacto anticrimen

Sergio Jiménez y Silvia Otero
El Universal
justicia@eluniversal.com.mx

Lanzan 75 compromisos; la delincuencia es tema de seguridad nacional, definen

Todos los niveles de gobierno se comprometieron ayer a una revolución institucional y legal para responder a los reclamos de la sociedad ante la espiral de violencia, y definieron a la delincuencia, en un acuerdo político sin precedente, como “un asunto de seguridad nacional”.


En un acto en Palacio Nacional, que se prolongó por más de tres horas, los representantes de los tres Poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de gobierno capitalino, los sindicatos, representantes de la Iglesia, empresarios, organismos civiles y medios de comunicación firmaron un pacto anticrimen de 75 compromisos que tiene plazos definidos para su cumplimiento.

“Esta no es una carta de buenas intenciones”, aseguró el presidente Felipe Calderón, quien acudió en calidad de invitado especial a una sesión del Consejo de Seguridad Nacional, que por sus características y participación se convirtió en una cumbre para lanzar una cruzada nacional contra la delincuencia.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, jugó audazmente con la demanda del empresario Fernando Martí, de que renunciaran los funcionarios, de no cumplir con sus compromisos. “En lo que hace al DF yo sí te acepto el reto”, afirmó. “Si no, en el caso de la ciudad hay un procedimiento de revocación del mandato, pues que se proceda”.