agosto 25, 2008

Devuélvanme a mi hija y tendrán recompensa: madre de secuestrada

Fernando Martínez
El Universal
Ciudad de México
Lunes 25 de agosto de 2008

Silvia Escalera, esposa de Nelson Vargas, ofrece recompensa y da teléfonos y páginas para datos. Silvia Vargas Escalera, de 18 años, fue plagiada el 10 de septiembre de 2007


"Están a tiempo. Gánense el cielo, devuélvanme a mi hija y todos quedamos en paz", ese fue el mensaje que Silvia Escalera, esposa de Nelson Vargas, ex director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), emitió a los secuestradores que el 10 de septiembre de 2007 se llevaron a su hija, Silvia Vargas Escalera, de 18 años.

A las 11:30 de la mañana, la madre de la joven plagiada se presentó en Paseo de la Reforma, esquina con Circuito Interior, en donde en plena acera improvisó una conferencia de prensa, donde pidió a los representantes de los medios reproducir el mensaje de ofrecer una recompensa para quien le entregue a su hija, o en su caso, proporcione datos para dar con su paradero.

La mujer fue acompañada por su hijo menor de nombre Nelson Vargas Escalera y en un mensaje emotivo expresó a los plagiarios "por piedad les suplico que me devuelvan a mi hija. Lo único que me interesa es recuperarla. Quiero que sepan que el acuerdo sigue en pie, solamente devuélvanme a mi hija y ustedes tendrán su recompensa".

Y les recalcó: " de corazón no hay rencor ni odio. No habrá represalias y sí recompensa para quien nos dé informes precisos para dar con ella o para quien nos la devuelva".

Durante el mensaje también dejó entrever el hecho de que los presuntos secuestradores no han establecido comunicación hace algún tiempo con la familia Vargas Escalera y en ese sentido comentó "yo les pido a las personas que se la llevaron, que la cuidaron, que la han alimentado, que por favor establezcan contacto conmigo".

La familia afectada ofreció el número telefónico 01-800-31-96-96, así como la página electrónica www.silviavargas.com.mx y el correo electrónico silviavargas@silvargas.com.mx donde la gente interesada en la recompensa podrá hacer su llamada de forma confidencial y anónima.

Minutos antes de la conferencia se colocó un espectacular en un edificio ubicado en la contraesquina de donde tuvo lugar el acto. En él se lee "por favor devuélvanme a mi hija Silvia, serán recompensados" y aparecen el número telefónico y las direcciones de internet, además del retrato de la joven.

Las reformas que van más allá de la seguridad

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

No creo en las grandes reuniones de funcionarios, políticos, autoridades, como la solución a problemas tan específicos, por ejemplo, la seguridad pública. En el ámbito de la seguridad, igual que en el de la economía, para garantizar la estabilidad se deben acometer acciones que no siempre son las más populares y, por lo tanto, al analizarlas en un debate abierto están prácticamente destinadas a fracasar: algunos políticos pueden pensar en el futuro del país y sus exigencias, pero la mayoría termina pensando en qué costo tiene determinada medida para su imagen y su futuro personal.

Por eso, quizás, la reunión del jueves pasado del Consejo Nacional de Seguridad Pública pudo transitar, de un concurso de oratoria, a un ejercicio útil para la configuración futura del esquema de seguridad. Los acuerdos se habían establecido antes: probablemente con demasiada rapidez en algunos puntos, y se basaron en la recuperación de propuestas que fueron planteadas por la sociedad civil, en particular México Unido Contra la Delincuencia e incluso por los gobiernos y los legisladores que habían sido desestimadas, congeladas y hasta vetadas en los últimos años. Pero lo importante es que se hizo un trabajo intenso, real, antes de la reunión y, con ello, se impidieron los protagonismos y los discursos vacíos. Además, las intervenciones de María Elena Morera y sobre todo de Alejandro Martí pusieron el suficiente acento en la realidad, como para que ninguno de los funcionarios que allí estaban pudiera irse a su casa sin un cierto mal sabor de boca.

Hay muchos acuerdos, más de los que se pensaba e incluso más de los que en un primer encuentro se necesitaban. Sin embargo, es comprensible que también se lanzaran ahora medidas que tendrán un tiempo relativamente largo para concretarse, porque en septiembre los legisladores recibirán la propuesta de Presupuesto destinado a 2009 y deberán incluir estos acuerdos en él.

El tema del dinero, de los recursos económicos y los humanos, es fundamental. No importa que tengamos muchos más policías que varias de las naciones con índices envidiables de seguridad o que los recursos hayan crecido más de 500 por ciento en una década. Lo importante es que el sistema en ese ámbito tiene fallas e insuficiencias estructurales que lo hacen poco operable en las circunstancias de hoy, por lo menos para tener cobertura total del país, los estados y los municipios. Existe, a partir de la reunión, la posibilidad, seria, de unir el uso de los recursos con los resultados obtenidos. O sea, lograr que tanto el dinero como la operación sean medibles y verificables.

Si es así, un gran trecho se habrá recorrido, pero incluso faltará más. Gran parte del problema está en el diseño institucional, en los mecanismos de gobernabilidad. Cuando al inicio del sexenio de VicenteFox se decidió quitarle buena parte de sus labores sustantivas a la Secretaría de Gobernación, incluidas todas las relacionadas con la seguridad (en términos legales, en la reunión del Consejo del jueves, el secretario de esa dependencia era un invitado más, porque no es miembro del Consejo desde aquella desafortunada decisión), cuando se decidió convertirla en una suerte de secretaría política, en vez de avanzar hacia lo que tienen todas las democracias sólidas del mundo, un Ministerio del Interior que una las labores de seguridad con las de la gobernabilidad, desde entonces, todo el sistema comenzó a fallar.

Nadie duda de que el Estado mexicano requiere en forma urgente una centralización y verdadera coordinación de sus estructuras de seguridad, para hacerlas mucho más eficientes, pero es necesario, también, volver a pensar y a tomar medidas sobre las atribuciones de los poderes, la estructuración del gobierno, fuera de equívocos y fórmulas que se extraen como ocurrencias parciales de otros sistemas políticos. Hay quienes insisten en la ciudadanización de todo, menos de las elecciones y la verdadera disputa del poder, que queda en manos, exclusivamente, de los dirigentes partidarios que tutelan los derechos ciudadanos en ese ámbito.

El problema real, de fondo, no está en la inseguridad en sí, o que existan una Secretaría de Seguridad Pública, una Procuraduría, en que intervengan en el proceso los mandos militares y no siempre se pongan de acuerdo: ello es hasta lógico. El problema radica en que no existen verdaderas cadenas de mando y coordinación política entre esas instancias. Y lo mismo se repite en la relación del Ejecutivo federal con los estatales y, de éstos, internamente y con los municipios.

Qué bueno que se decida depurar a las policías; que existan protocolos de control de confianza unificados; una estrategia integral antisecuestros y antinarcomenudeo; registrar la telefonía celular; construir centros penitenciarios de máxima seguridad; que se avance en el otorgamiento de un documento nacional de identidad o se establezca una coordinación operativa mucho más rigurosa. Todo eso es positivo, importante y debe salir adelante. Pero en algún momento se topará con la gobernabilidad, el diseño y las capacidades de las instituciones.

No creo que antes de 2009 se pueda sacar adelante algo relacionado con la gobernabilidad (y qué mejor señal al respecto que la ausencia, un error desde todo punto de vista, de Manlio Fabio Beltrones, quien tanto insistió en la Reforma del Estado, y de Emilio Gamboa, en el encuentro del jueves). Pero los partidos y los legisladores deberán asumir que allí está, por encima de técnicas y estructuras de seguridad muy específicas, el corazón del problema: el poder se ha perdido, se ha diluido y, en las construcciones posreformas, se ha ido transformando en otra cosa, con muchos hilos sueltos, dispersos, que permiten que la delincuencia organizada o incluso muchos grupos de poder político o económico sean más fuertes y con mayor capacidad de operación que el Estado.

La inseguridad y esos caradura del PRI…

Juan Pablo Becerra-Acosta
jpbecerracostam@prodigy.net.mx
Milenio

El jueves pasado, en Palacio Nacional, un ciudadano les espetó a todos los gobernantes de México: “Señores, si piensan que la vara es muy alta, que es imposible hacerlo, que no pueden, renuncien. No sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”.

Observé los rostros de cada uno de los aludidos. Sus reacciones. Los gestos eran de circunstancia: aparentaban preocupación y empatía. Unos segundos después me quedé estupefacto: al concluir el reclamo ciudadano, todos los representantes del Estado (y por tanto responsables de la inseguridad que azota a la República)... ¡aplaudieron de pie! ¿Aplaudían a sí mismos por su incompetencia, o nomás por descaro? Carajo, pudieron haberse puesto de pie en silencio, quizá agachar la cabeza.

Los más caradura, desde luego, eran los priistas: ahí estaba, por ejemplo, el señor que gobierna Puebla, que mandó a sus policías… a secuestrar una periodista. Y los de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, o Nuevo León, donde campea la violencia. Y el del Estado de México, donde más secuestros hay, después del Distrito Federal. Al día siguiente, la dirigente nacional del PRI descalificaba el ultimátum ciudadano porque –decía– pedir la renuncia de quienes no hacen su trabajo pero sí cobran implica… “poner en riesgo la democracia”. Tal cual...

Qué se podía esperar de quienes desgobernaron durante más de 70 años con tal eficacia que, al entregar el poder, dejaron un desastroso país con cifras sobre delincuencia (datos del 2000) como éstas: 1.- 5.3 millones de delitos anuales, uno… cada 7.5 segundos. 2.- 8,800 asesinatos al año: uno… cada hora. 3.- 2,920 secuestros (exprés y prolongados) anuales: uno… cada tres horas. 4.- El PRI dejó un país donde de cada diez delitos, nueve quedaban impunes. 5.- De cada diez delitos, ocho eran perpetrados con violencia. 6.- Un país donde sólo 11% de los casos denunciados llegaba ante un juez. 7.- Y sólo 2% de los acusados ante un juez recibía condena...

En fin, los priistas dejaron un país delictivamente jodido. Tan jodido, que sigue jodido siete años y medio después. Y tardará largo tiempo en salir de su jodidez. Espero que los ciudadanos mantengan a los priistas muy lejos de Los Pinos mientras se compone el asunto. Que no crean que con vender mediáticamente el personaje del policía malo y duro (Beltrones), o el del bueno y bonito (Peña Nieto), van a regresar a la Presidencia. Los mexicanos no son tan imbéciles para tragarse esa comedia de muñecos. Espero...

Cinco apuntes sobre la impunidad en México

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

1. La impunidad es quizás el principal factor que promueve la criminalidad. De acuerdo con datos recientemente publicados por el Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC), de 100% de los delitos que se cometen en México, sólo 1.71% acaban en una consignación por parte del sistema de procuración de justicia. En otras palabras, la probabilidad de que un criminal acabe en la cárcel sujeto a juicio por el delito que cometió es de menos de dos por ciento. Y, de acuerdo con el CIDAC, la probabilidad de que un delito acabe en una sentencia condenatoria es de 1.24%. Con estas tasas de impunidad, no sorprende la gran cantidad de actos delincuenciales que hay en México. Lo que sorprende es que no haya más.

2. Hace poco un grupo de comentaristas comimos con un ejecutivo español de los medios de comunicación. Nos preguntó: “¿Cuántos políticos en México están en la cárcel por corrupción?” Nos pusimos a pensar. Salió el nombre de Mario Villanueva. Sin embargo, el ex gobernador de Quintana Roo está encarcelado por el delito de narcotráfico y no por enriquecimiento ilícito. Supongo que estirando un poco el concepto se puede argumentar que el narcotráfico es una forma de corrupción gubernamental. Pero no recordamos otro nombre más. Efectivamente, en México no hay políticos en la cárcel por corrupción. No se castiga este delito. En este rubro también hay una gran impunidad. Lo cual nos lleva a lo ocurrido el jueves pasado en Palacio Nacional. La clase política del país se reunió para prometer que ahora sí combatirían en serio a la delincuencia, lo cual pasa por atacar su principal causa que es la impunidad. ¿Acaso entre todos los firmantes del acuerdo no había ni un solo político corrupto? ¿Todos son impolutos? ¿No tendrían los políticos que dirigen este país que comenzar por castigar a los de casa? ¿No se mandaría un mensaje extraordinario a la sociedad cuando los mandos gubernamentales corruptos efectivamente terminen en la cárcel? Si la impunidad impera en la clase política no se puede esperar mucho de ésta cuando prometen combatirla fuera de casa.

3. El combate a la impunidad debe ser a todos los niveles. La comisión de delitos menores no puede quedar impune. Un criminal de poca monta que no es castigado va escalando su actividad delictiva. Si se roba un tapón de un automóvil y no pasa nada, luego roba un coche completo. Si no pasa nada, luego roba a las personas. Si no pasa nada, luego las secuestra. Si no pasa nada, luego las asesina. Por eso es muy importante castigar al crimen desde abajo. Para que un delincuente no pueda escalar su operación ilegal.

4. Si se ataca a los crímenes menores puede haber resultados en los crímenes mayores. Un lector de Chihuahua, el estado donde ha habido más ejecuciones este año, me da el siguiente ejemplo: “Los carros chocolate, todos estos carros sin placas que pueden ser usados para cometer cualquier delito y no ser identificados. ¿Has notado que en la mayoría de los casos de asesinato se han identificado este tipo de autos por testigos presenciales? Estos automóviles en su mayoría han sido localizados posteriormente para encontrarse que son autos robados. ¿Cómo saber la cantidad de autos robados que circulan en las calles si pueden circular sin placas por cualquier ciudad del estado? En Juárez la situación es peor porque pueden circular autos con placas de Estados Unidos. Una Tahoe con reporte de robo fue usada en la reciente masacre de Creel. Si no empiezan a controlar detalles como éstos, sólo les facilitan a los criminales su trabajo”. Tiene toda la razón. Surgen, entonces, preguntas que parecen obvias. ¿Por qué la policía en Chihuahua no detiene a los vehículos que no tienen placas? ¿Por qué se puede circular con tal impunidad por el estado en un coche que ha sido reportado como robado? ¿Acaso las autoridades chihuahuenses, abrumadas por los delitos mayores como el narcotráfico, desdeñan los crímenes menores como el robo de automóviles?

5. Otro lector me escribe: “El problema de la protección no es tan sencillo porque es una cuestión cultural. El pueblo no cree ni en la palabra de la ley ni en la protección judicial. La corrupción es tan endémica que no se puede confiar en la protección del Estado […] A pesar de los datos empíricos, soy optimista. Para mí es una cuestión generacional. La gente joven no es tan tolerante como sus padres”. A mí los argumentos culturalitas no me acaban de convencer, aunque tengan un toque de optimismo. Me resultan más convincentes los argumentos institucionales. Si la gente comete delitos no es porque culturalmente no crea en la ley. Más bien porque saben que las autoridades no aplican la ley, a menudo comenzando por ellas mismas. Tómese el caso de un habitante de Tijuana que no respeta la ley de su ciudad. Al manejar su automóvil, se pasa todos los altos que puede y excede la velocidad permitida. Sin embargo, este mismo individuo, en su mismo coche, cruza un puente de 200 metros a San Diego y ahí se comporta como un ciudadano ejemplar. Respeta los semáforos y el límite de velocidad. ¿Qué pasó? ¿Acaso por cruzar un puente cambió su cultura de la ilegalidad? No, lo que cambiaron fueron las instituciones encargadas de aplicar la ley. El individuo sabe que allá sí habrá consecuencias serias por no respetar las reglas. También sabe que acá, al sur del Río Bravo, sus faltas quedarán impunes. En el remoto caso de que un policía lo detenga, podrá utilizar sus influencias o dar una mordidita.

Fábricas del mal

Lydia Cacho
Plan B
El Universal

Un buen cuerpo policiaco precisa del equilibrio entre el entrenamiento técnico y la educación ética

Hace unos días impartí un taller ante un grupo de jueces, ministerios públicos y policías investigadores. Hablamos sobre explotación sexual infantil. Cuando comencé a enumerar los síntomas del agotamiento emocional que sufren quienes atienden a víctimas de delitos, todos asentían, como el paciente que ante una médica se atreve por fin a hablar de sus padecimientos. Gastritis, colitis nerviosa, insomnio, ansiedad, depresión, beber y comer compulsivamente, y una disminución de la libido.

Pregunté cuántos de ellos y ellas se llevaban en la mente a las víctimas de secuestro o de violación a casa, o cómo endurecen el corazón para no sufrir hasta enloquecer; la mayoría asintió. Miradas cansadas y algunos a punto de llorar; desde un juez de 60 años, hasta una ministerio público de 28 años. Esto me lleva a preguntar si las personas de quienes depende el sistema de justicia penal están sumidas en estados de miedo, depresión y ansiedad. ¿Cómo escalar ese impedimento para que sean efectivos y a la vez mantengan una salud emocional mínima?

Luego del secuestro y asesinato de Fernando Martí, los medios y parte de la sociedad se han volcado a exigir seguridad. Las peticiones desesperadas van desde la absurda solicitud de una policía militar, hasta cárceles especiales para secuestradores. Uno de los problemas radica en que para que el secuestrador llegue a la cárcel se necesita de una cadena de expertos que va desde quien responde al teléfono de emergencia, hasta la policía investigadora, pasando por el ministerio público y el juez. Por un lado prometen que habrá policías honestos, pero de 8 mil plazas que la SSPF abrió el año pasado, sólo 3 mil 500 personas acudieron a pedir trabajo como policías. Nadie quiere pertenecer a cuerpos de seguridad desprestigiados y desprotegidos. En el supuesto de que logren contratar a quienes se necesitan, el gran reto de las autoridades será asegurar que el propio sistema eduque a los cuerpos policiacos para hacer el bien como misión esencial.

Para que un policía se corrompa pasa por un proceso paulatino de agotamiento emocional sin contención, desensibilización, frustración por un sistema en el cual si atrapa a 10 criminales, sólo uno termina condenado. Le sigue el discurso de muchos: si mi jefe recibe dinero, ¿por qué yo no? Contrario a lo que suponemos, la mayoría de policías que se asocian con bandas criminales, pasa por un largo proceso que les lleva de haber creído que podrían hacer el bien de manera profesional, y hacer la diferencia para su comunidad, a juzgar que nada tiene remedio y que es mejor aliarse con los malos; ellos no solamente pagan mejor, también les dan sentido de pertenencia y les ofrecen protección.

La experiencia internacional nos demuestra que un buen cuerpo policiaco precisa del equilibrio entre el entrenamiento técnico para investigar, descubrir y detener a los criminales, y una educación ética apoyada por programas de salud mental. Sabemos que el miedo y la rabia son malos consejeros para la sociedad y las autoridades. La violencia genera más violencia, entrenar a los policías para hacer el mal, para ser crueles y desalmados, se revierte contra la sociedad. El odio genera odio. La paz y la ética fomentan el bien social. Mientras las autoridades no lo entiendan, seguirán promoviendo falsas promesas y fábricas del mal.

Compromisos sin costo

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

He releído los 75 puntos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 22 de agosto pasado. Vuelve a escandalizarme la cantidad de cosas fundamentales que no se han hecho, medidas que venimos oyendo, algunas, hace 20 años.

Los 75 puntos son una confesión de parte: los poderes de la República simplemente no han hecho lo que tenían que hacer. Prometen hacerlo ahora.

Algo se gana con ponerle plazos a los compromisos. Pero cuando se relee la formulación de la mayoría de los puntos, la ambigüedad salta a la vista.

Diez de los 28 compromisos del gobierno federal hablan de “fortalecer” esto y aquello: en cuatro meses, en seis meses, en un año o en tres años. ¿Pero cómo se mide “fortalecer”? ¿En qué consiste precisamente el compromiso de “fortalecer”? ¿Cuánto “fortalecimiento” es suficiente para decir que se ha cumplido?

Peor aún es el silencio respecto de qué sucederá en caso de que los distintos firmantes no cumplan con los compromisos del acuerdo.

No hay sanción al incumplimiento. Tampoco, salvo la creación de un Observatorio Ciudadano, señales de cómo se dará seguimiento a lo pactado.

El tema de la falta de sanción es característico. Abundan en nuestras leyes preceptos sin sanción.

Muchos de los derechos fundamentales que otorga la Carta Magna no son exigibles, ni tienen responsable por incumplimiento.

Los gobernantes juran al asumir su cargo “cumplir y hacer cumplir la Constitución”, pero no hay sanción prevista si fallan en su juramento.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad tampoco pone sanciones para el que no cumpla. Alejandro Martí, voz profunda y no protocolaria del acto, propuso que quienes no puedan cumplir con la tarea de dar seguridad renuncien al cargo.

Es la propuesta justa pero tiene un defecto implícito: se tendría que aplicar la sanción el propio responsable, lo cual sólo sucederá si el responsable quiere aplicarse la sanción, según su propio criterio.

Vimos al jefe de Gobierno de la Ciudad de México aceptar el reto de Martí, pero no aplicarse la sanción sugerida, sino diferirla para un futuro en que no habrá necesidad de aplicarla, pues el gobernante promete que cumplirá.

Los responsables de la seguridad pública no son los procuradores y los jefes de seguridad, son los gobernantes electos en todos los niveles.

Mientras el compromiso de los responsables con la seguridad no tenga metas medibles y sanciones claras por incumplimiento, la rendición de cuentas en la materia será un fantasma.

Operación Buitre

Pedro Ferriz
El búho no ha muerto
Excélsior

Enterados estaban de los pasos a seguir. La misión había sido planeada hasta en el más mínimo detalle. Entender las consecuencias que esto traería, aunque evidentes, no podían ser medidas. Infiltrar a un grupo especial de inteligencia del Estado, en el núcleo delincuencial más peligroso del país, era un riesgo medido, necesario, inteligente… vital para pegar en el centro de la turbulenta dinámica, que constante, arremete contra una sociedad amedrentada… ¡Harta! Había que intentarlo todo. La suma de acciones emprendidas en el pasado para perseguir delincuentes —después de hechos consumados— resultaba ridícula. Era como perseguir al aire. Una estrategia tan inagotable como impredecible. Extenuante. De un desgaste exponencial. No solo para el cuerpo policial, sino para la imagen de las instituciones, que con los segundos, perdían la confianza de la población civil. El “juego legal” había terminado. No quedaba otra, más que ponerse a su nivel. Ser parte de ellos. Conocer sus planes. Aplicar la prevención para corregir antes de su ejecución. Corroer por dentro. La misma estrategia que la delincuencia había aplicado con las autoridades. Lograron ser parte del gobierno. Compraron voluntades. Infiltraron a su gente en el aparato burocrático. Afiliaron policías, judiciales, ministerios públicos, alcaldes, procuradores, jueces. Después la ambición creció, hasta dominarlo casi todo. Parientes en los más altos niveles. La formación de un “Narco Estado”, estuvo a punto de ser real… ¡Un hecho!

El proyecto es ultra secreto. No hay para ello reuniones mediáticas. No se buscaron consensos en el Congreso. No hubo consulta popular para ver la conveniencia de hacerlo o no. Se trata del “Proyecto Buitre”. Localizar la carroña desde arriba y echar un clavado. ¡Ir por ella era la idea! Así nació. Del éxito del primer proyecto dependerían los demás. Hasta llegar a la magia de que los delincuentes dudaran de ellos mismos. Como ahora nosotros de la autoridad. “¿Quién nos ve con confianza?” Fue la pregunta que el Estado se hizo, para engarzar el Proyecto Buitre. “Hagamos lo exacto del otro lado”. Sembrar en el enemigo, lo mismo que nos aqueja… Es la tesis.

La primera vez que lo vio el Presidente, pensó que era una locura. Sintió que resultaba una oferta como del bajo mundo. Pensó que rebajarse a un proceso de infiltración al sub mundo del antivalor era ponerse al nivel de la delincuencia organizada. “¡Ese juego es ilegal!”... fue su primer comentario. “Nunca. No, en un millón de años”.

No pasó tanto tiempo para convencerse su error. ¡Había que hacer algo! Los mexicanos. La población civil en todos los rincones, empezó a buscar soluciones por medios propios. Escudarse y reaccionar ante la impunidad reinante, se dio simultáneo en arrebato. Delinquir se volvió atractivo y rentable. El riesgo de robar, matar, secuestrar, corromper, llegó a ser… casi cero. La frustración empujó al miedo. Los mexicanos “de a pie” le dieron vida a una repulsa tajante y brutal.

La debilidad de nuestra democracia. La evidente fragilidad estructural que encabeza el proyecto nacional. La desesperación del momento. Los buenos deseos mezclados con desorden, marcan la necesidad de hacer lo necesario. Lo que sea, con tal de ganar esta guerra crucial.

Nota: La Operación Buitre, no es real. Es producto de mi imaginación. Aunque… mereciera serlo. El tiempo apremia para dar resultados. Faltan 96 días para convencer. ¡El tiempo corre!

Escuela de impunidad y cinismo

Luis González de Alba
La Calle
Milenio

“La impunidad genera un vacío de autoridad que deja en la más terrible indefensión a los ciudadanos”, dice en Excélsior el pelele sacado del PRI para imponerlo al PRD como presidente nacional, Leonel Cota, con cinismo inaudito. ¿Impunidad? Veamos.

Apenas llegó al poder lo más atrasado del PRI y lo más lumpen del PRD, aliados como PRID, y la capital de México se hundió en su peor crisis de bandidaje, extorsión, secuestro, asesinato, robo, calles cerradas con bloqueos, vidrios rotos, muros rayoneados, jardines cubiertos de campamentos hechos de lonas y plásticos en protesta por Y o Z. Reinstalaron las desaparecidas redadas, las detenciones masivas sin flagrancia de un delito ni órdenes de aprehensión. El narcomenudeo aumentó 750 por ciento, impunemente. Si los sexenios de Echeverría y López Portillo se conocen como “la docena trágica”, la hegemonía del PRID en la capital es ya “la oncena trágica”… y falta.

Los pillos del PRID formalizaron complicidades con el hampa para reforzar el viejo corporativismo priista: sus ambulantes, protegidos porque dan carne de mitin, vendieron los productos del contrabando y del robo, droga nacional y colombiana. El derecho de amparo ciudadano contra actos de la autoridad, que el PRI evadía con triquiñuelas, fue derogado con sarcasmos: “Los jueces me hacen lo que el viento a Juárez”, fue lema de gobierno. Con impunidad y silencio de su coro de intelectuales acríticos (que hoy sugieren cumbres alternativas) han dejado esta cauda de delitos.

Sigue por completo impune la toma de Reforma, Juárez y el Zócalo por unos cuantos, apenas decenas, que durante meses dejaron en total indefensión a millones de ciudadanos del DF, perforaron el pavimento recién estrenado para clavar las costosas estructuras pagadas por Alejando Encinas con fondos públicos desviados sin vergüenza, y con total impunidad.

Con absoluta impunidad tomaron los legisladores del PRID la tribuna del Congreso para impedir nada menos que la toma de posesión del candidato declarado presidente electo según todos los procedimientos exigidos por la ley. Aún no sabemos ni los nombres de los delitos que cometen los miembros de un poder, el Legislativo, al tratar de impedir que otro, el Ejecutivo, asuma sus funciones.

Todos los partidos políticos, en impune colusión, pasaron sobre el mandato legal que declara inamovibles a los consejeros ciudadanos del IFE y descabezaron la institución más respetada por los mexicanos, según cualquier encuesta, y la única con prestigio en el extranjero. Impusieron en el IFE a los peleles de la partidocracia.

Para impedir el debate que iban a perder, los congresistas del PRID asaltaron las tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado, impidieron hablar a la institución cuya función es hablar y por eso se llama Parlamento, secuestraron con cadenas y candados el salón de sesiones, se mearon en las alfombras, durmieron sobre las curules arrancadas de su sitio para hacer barricadas, y declararon que para eso eran los dueños de la casa. Esos delitos siguen impunes.

Hoy, los mismos intelectuales que han guardado silencio ante todas estas impunidades; silencio ante los costos de los segundos pisos, cubiertos por un manto de diez años de impunidad; silencio ante la muerte de jóvenes asfixiados por un “operativo” sin más finalidad que la de esquilmarlos; silencios criminales, claman por el fin de la impunidad, mostrando el cobre de su protagonismo y oportunismo. Están contra la impunidad que los afecta, no la de sus protegidos. Piden autocrítica y no comienzan por sus dos años de silencio y complicidad, exigen “un panorama, un paisaje de todas las variedades de este flagelo” y no comienzan por una condena sin colusión a quien mandó “al diablo” las instituciones y desacató amparos de ciudadanos, añadiendo escarnio y burla al desacato, que recorre el país sin que sepamos con qué fondos vive y sin que le conozcamos empleo.

Éstas vaya que son impunidades, por eso me uno, con estos datos, al “panorama y paisaje de todas las variedades de ese flagelo”. Todas las variedades de impunidad. Comencemos por la de quien construyó su fama ocultando los precios de obra pública milmillonaria otorgada sin licitación, los segundos pisos, la realizó sin fondos asignados en el presupuesto, y ahora amenaza con secuestrar el Congreso si no se cumplen sus exigencias, igualito que en las terroríficas llamadas telefónicas del Mochaorejas.

Insuficiencia del derecho

Macario Schettino
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

El basamento de una nación moderna, democrática y productiva, es el estado de derecho. Si no hay un conjunto de reglas claras, aplicables a todos, que el Estado se encarga de hacer cumplir, ejerciendo el monopolio de la violencia legítima, no podemos construir mercados que funcionen adecuadamente. Si, en lugar de ello, tenemos grupos con reglas propias, el resultado es un sistema de rentas, de redistribución, y no de generación de riqueza, que no sólo nos impide crecer, sino que nos hace muy desiguales.

El grave problema de seguridad pública que sufrimos es un síntoma más de esa incapacidad de construir un cuerpo único de leyes y hacerlo cumplir. Un síntoma como otros tantos que interpretamos como problemas individuales, sin serlo: la incapacidad de crecer, la proverbial desigualdad, el inacabable racismo. Todos son resultado de un problema de fondo que no queremos enfrentar: un tramado institucional anacrónico, plagado de reglas especiales, de fueros.

Las reglas sobre las que México sigue viviendo fueron construidas por un régimen autoritario para mantener el poder. Se hicieron, desde el inicio, diferentes para distintos grupos. Además se hicieron para un país pequeño, manejable.

La inutilidad de nuestras reglas resulta no sólo de que no son iguales para todos, sino que además no pueden aplicarse en el volumen necesario. Se sabe que apenas un puñado de delitos denunciados puede seguir todo el proceso. Lo que no se entiende es que esto no lo pueden resolver los mismos que lo provocaron.

No sólo en México la ley es tortuosa, pero pocos países pueden alcanzar los niveles de ineficiencia que tenemos. Los procesos de procuración, impartición y administración de justicia requieren una revisión a fondo. Y no sólo por parte de abogados, sino fundamentalmente por profesionales de la organización y administración. Un análisis a fondo de los flujos de información, de la toma de decisiones, de las acciones a implementar, no puede ser realizado por abogados. Ésa no es su área de conocimiento.

El ejercicio de la justicia debe descansar en el derecho. Pero no sólo en él. Las mejores formas de administrar juzgados; de seleccionar, contratar y manejar policías; de administrar procesos judiciales, no las van a encontrar jamás los abogados. Es tema de otras profesiones y especialidades. Frente a los problemas que hoy vive México, el derecho es insuficiente. En su aplicación, requiere ayuda urgente de otros expertos. Y en el fondo, en la búsqueda del estado de derecho, nos urge ya aceptar que el país que construimos está fracasando.

Lo que ocurrió en Palacio Nacional

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

Lo que ocurrió el jueves 21 en Palacio Nacional fue mucho más importante que una “cumbre”, un “cónclave” o como se le quiera llamar a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad.

Es cierto que hubo algunas promesas repetidas y los mismos golpes de pecho de políticos-actores ante los resultados desastrosos de su grisácea indiferencia.

Ojalá esta vez se cumpla con lo que ahí se ofreció.

Pero lo diferente, lo más importante que hubo en esa reunión, fue la presencia de ciudadanos sin cargos ni aspiraciones políticas que, en voz de Alejandro Martí, le dijeron a la clase gobernante que está reprobada.

Se lo dijeron ahí, en Palacio Nacional.

Sin histrionismos ni exageraciones, Martí inauguró lo que debería ser una nueva era en las relaciones entre gobernantes y gobernados.

Basta de autoengaños.

Desde el jueves todo México sabe que si el Estado se deja rebasar por la delincuencia, también va a ser rebasado por la sociedad.

Los grupos políticos que de alguna manera usan a la delincuencia para financiar sus actividades, ahora saben que no están solos.

Un sector importante de la sociedad se les ha puesto enfrente.

El pasado jueves se vio que en la ciudadanía hay carácter y voluntad para evitar que el país caiga en manos de las hermandades entre autoridades y delincuentes.

De las palabras de Alejandro Martí se destacó esa parte en que dijo a las autoridades, de los distintos niveles de gobierno, que “si no pueden, renuncien”.

Desde luego fue lo más fuerte que se ha oído en Palacio Nacional en muchos años.

Pero no fue lo único importante que expresó Alejandro Martí.

Dijo también que “nuestro país está lleno de jóvenes recién egresados de las universidades que requieren el trabajo de ustedes y que estarían gustosos, con todo el entusiasmo de gente joven y limpia, nueva y no maleada, de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo”.

Eso es verdad y no sólo en la política.

Que se pague bien a los policías, con ascensos por méritos, y veremos cómo se abren espacios para que esa gente entusiasta, joven y limpia, tome gustosa el papel de proteger a la sociedad.

Que se sometan a concurso todas, absolutamente todas las plazas en el magisterio, y veremos cómo hay maestros jóvenes y preparados que le darían un vuelco a la pésima calidad de la enseñanza que hay en el país.

Que se abran espacios a las nuevas generaciones que quieren más al deporte que al dinero y al prestigio social y veremos cómo despierta ese enorme potencial competitivo que hay en los atletas amateurs.

Alejandro Martí preguntó, ante el secuestro y el asesinato de su hijo —y de muchos otros—, “¿quién es más culpable: el que deja hacer o el que hace?”

La respuesta es obvia, y ahí está el nudo de nuestras desgracias.

La autoridad que negocia la ley por conveniencia política, por miedo al fuerte, por imagen pública o por rutina, es la responsable de la degradación de toda la pirámide del Estado de derecho.

Por eso estamos como estamos.

Porque hay autoridades, muchas, que dejan hacer a las policías a cambio de réditos políticos: espionaje, extorsión, presión a los adversarios.

Hay autoridades, demasiadas, que usan a las policías para financiarse ellas, financiar a sus movimientos políticos o ambas cosas, a través del control (extorsión) de los giros negros, de los invasores de predios, de los traficantes de personas, de los narcomenudistas, de la piratería y el contrabando.

A cambio de esa complicidad con poderes políticos, las policías tienen carta blanca.

¿Quién es más culpable: el que deja hacer o el que hace?, preguntó Martí.

La respuesta es obvia en nuestra realidad: el que hace (el delincuente), lo hace porque lo dejan hacer (las autoridades).

Mienten quienes dicen que la indignación que llevó a la sociedad a expresar su voz en Palacio Nacional fue porque el secuestro y el asesinato de Fernando Martí “tocó el corazón de las élites”.

Todos los sectores sociales padecen los estragos de la delincuencia que no secuestra ni mata por hambre, sino porque hay autoridades que se lo permiten.

Martí abrió su intervención con referencias a la gente humilde que es asaltada para robarles la quincena en el pesero, a los albañiles que son despojados impunemente de su salario y al que le meten un tajo en el estómago para robarle el taxi.

Todo el México de trabajo se pudo identificar con las palabras de Alejandro Martí y con el dolor de su familia.

Eso es lo que les molestó a los integrantes de una minoría violenta que de alguna manera se hizo presente afuera de Palacio Nacional.

Esa minoría piensa que el país se debe descomponer aún más para quedarse con los despojos.

Piensa que con 20% de apoyo (palabras de Muñoz Ledo) les basta para formar un gobierno nacional y quedarse con la nación.

Le dio miedo a esa minoría.

Eran los dueños de la situación.

Iban solos.

Ya no.

El Leviatán impotente

Leonardo Curzio
Analista político
El Universal

La reunión del Consejo de Seguridad Pública celebrada el jueves en Palacio Nacional me recordaba plásticamente el cuadro de un pintor flamenco que retrataba una reunión de los Estados Generales. Moralmente resultaba reconfortante ver a todos los señores del poder, aquellos que rodeados de asesores, escolta y boato pontifican sobre el futuro del país, con caritas de “me lo estoy tomado en serio”, reconocer que no han podido con la inseguridad.

Todo el estamento que encarna el poder del Estado estaba en el banquillo del examinado anunciando que ahora sí se hará a fondo el trabajo que no se ha hecho. Un Estado impotente como el que se presentó el jueves sin disimulo ante la opinión pública debería someterse a una cura de humildad y empezar su camino de Damasco con una genuina voluntad de enmienda. No estoy seguro de que más allá de agachar la cabeza, los distintos actores que integran el sistema entiendan la profundidad de la crisis.

El PAN lleva ocho años gobernando el país sin tocar los más escandalosos privilegios ilegítimos y ante esta crisis pide no hurgar en el pasado. Perdón, pero no veo cómo pueda ser compatible un borrón y cuenta nueva con una cruzada moralizadora de todos los cuerpos de seguridad y justicia. En esa reunión se dieron cita actores institucionales y sindicales cuya simple presencia le resta vigor moral al propósito de enmienda. Seguimos revolcados en el mismo lodo y los corruptos hablan de honorabilidad como si fueran san Agustín. Por el lado del PRI vemos nuevamente grandes dosis de oportunismo político al cargar las tintas sobre el mal desempeño del gobierno de Calderón y omitiendo prudentemente que muchas de las entidades gobernadas por ellos tienen gobiernos desfondados por el hampa. Olvidan también que el último presidente priísta se fue lamentando en su último informe que los tres poderes del Estado habían fallado a los ciudadanos en su reclamo de seguridad. El PRD se muestra, como es habitual, dividido entre quienes tienen responsabilidad de gobierno y quienes, así se caiga el cielo, no hacen otra cosa que pensar en la silla presidencial que no ganaron.

La crisis de inseguridad no es producto del modelo económico, es el resultado de una grave crisis moral que el país no se ha atrevido a ver de frente.