agosto 27, 2008

Pena de muerte por Paco Calderón

Socialdemocracia tricolor

José A. Crespo
Horizonte político
Excélsior

Giovanni Sartori clasificó muy bien al PRI como partido hegemónico, es decir, uno que monopolizaba esencialmente el poder, pero compartiendo el escenario político con otros partidos para barnizarse de cierta legitimidad democrática. Además, lo catalogó un partido pragmático, a diferencia de aquellos que tenían un compromiso vital con una ideología específica, como lo era el Partido Comunista de la Unión Soviética. La ideología de la Revolución Mexicana, de la que el PRI se proclamó heredero directo, abarcaba la mayor parte del espectro ideológico, a partir del pensamiento de sus héroes y sus caudillos: el liberalismo de Madero, el agrarismo de Zapata, el laborismo de Obregón o el socialismo de Cárdenas. Sólo los extremos a la derecha y la izquierda quedaron fuera de las posibilidades ideológicas del PRI (y reservaron tales extremos a su oposición, por ejemplo, la Unión Nacional Sinarquista, el PAN, el Partido Comunista Mexicano y otras formaciones de izquierda marxista). Eso le brindó gran capacidad de adaptación ideológica, interna y externa. Internamente, cada mandatario podía diseñar su respectivo programa dentro de ese amplio espectro, a despecho del que hubieran seguido sus antecesores (primero el hombre, luego el programa). Y, externamente, el PRI pudo adaptarse a las grandes tendencias económicas del mundo o de la región, como el Estado benefactor, el desarrollismo latinoamericano o el neoliberalismo de las últimas décadas del siglo (que Carlos Salinas de Gortari quiso y aún quiere disfrazar como “liberalismo social”).

El PRI sigue gozando de sus rasgos pragmáticos que le permiten navegar a conveniencia por distintas aguas ideológicas. Al perder el poder en el año 2000, se hallaba aún instalado en el neoliberalismo tecnocrático, lo que para muchos tradicionalistas de ese partido explica la razón de su alejamiento con respecto a la ciudadanía, y su consecuente derrota electoral. Por eso en la XVIII Asamblea, la de 2001, el PRI renegó públicamente del neoliberalismo y dijo regresar al viejo nacionalismo revolucionario. Pero los priistas han percibido, correctamente, que ni el nacionalismo revolucionario ni el neoliberalismo son ya buenas banderas electorales, de cara a 2009 y 2012. De ahí su reciente proclamación como socialdemócratas.

De alguna manera los priistas han observado que hay un importante sector de electores que aspira al surgimiento en México de una socialdemocracia al estilo europeo, lo que aquí jamás ha existido. Pero, contrariamente a lo dicho por algunos dirigentes tricolores, la socialdemocracia no es una actualización del nacionalismo revolucionario. La socialdemocracia fue resultado de una adecuación estratégica y de la moderación ideológica del marxismo tradicional en Europa, al percatarse muchos militantes de que en sus respectivos países sería poco menos que imposible provocar una revolución comunista (los pioneros fueron los alemanes). Por lo cual, la nueva meta consistió en competir y ganar dentro de los cauces electorales, lo que exigía dejar de lado la hoz y el martillo y la dictadura del proletariado, para captar el importante sufragio del centro izquierda.

Ese no es, evidentemente, el origen ideológico del ideario priista. Más bien sus fundadores se basaron en esquemas antagónicos en lo ideológico, pero convergentes en su ángulo organizativo: Calles se inspiró en el fascismo italiano y Cárdenas en el bolchevismo soviético. El corporativismo priista se inspiró en esos modelos orgánicos. Quien sí pudo seguir y desarrollar una vía socialdemócrata fue la izquierda histórica de origen marxista, al aceptar, después de 1979, el reto de la democracia electoral. En esas estaba cuando se le cruzó en el camino la escisión del PRI en 1988, con la cual dos años después fundó el PRD. Pero, en virtud de que los dirigentes más importantes de partido venían del PRI (Cárdenas, Muñoz Ledo, López Obrador), fue el nacionalismo revolucionario el que logró imponerse como ideología predominante. Difícilmente puede considerarse al PRD como expresión de la socialdemocracia moderna. Nunca lo ha sido y se ve difícil que evolucione hacia allá y menos ante la profunda crisis que hoy lo pone al borde de la ruptura. Tampoco puede ya esperarse demasiado del Partido Alternativa Socialdemócrata, que eligió esa doctrina como eje de su identidad. Pero al ver la forma en que resuelven sus pugnas internas (con métodos no precisamente democráticos), muchos de sus electores se muestran decepcionados y difícilmente le refrendarán su apoyo.

Así pues, hay un espacio en el centro izquierda que nadie ha podido ocupar plenamente y que el PRI intenta hoy ocuparlo, dado que necesita poner mayor distancia programática con el PAN, su verdadero rival en los próximos comicios. Claro, una cosa es que el PRI se proclame socialdemócrata y otra muy distinta que los electores que simpatizan con esa corriente ideológica así lo crean. Es probable, pues, que los votantes socialdemócratas no sufraguen por el PRI pese a la nueva y atractiva envoltura del tricolor. Pero hay muchas otras razones que pueden llevar a varios electores (sean de centro derecha o centro izquierda) a sufragar por el PRI, como es la enorme falta de oficio político del PAN y sus gobiernos (una rica veta que el PRI ya empezó a explotar electoralmente), así como su claudicación democrática. Cuenta también, desde luego, el nuevo radicalismo del PRD, sus estrategias extrainstitucionales, su falta de unidad interna y su rezago ideológico. Y ello le abre al PRI buenas expectativas para 2012, pero antes falta ver si la disputa por las candidaturas (incluida la presidencial, desde luego), no le provoca las fisuras que hoy logra evitar.

¿Qué nos pasó?

Alfonso Zárate
Usos del poder
El Universal

¿Cuándo empezamos a aceptar como “normales” los excesos de nuestras autoridades?

¿Por qué habría de ser diferente? ¿Por qué tendríamos que vivir en un ambiente sano, de tranquilidad y prosperidad, cuando hemos hecho todo para ensuciar nuestras casas, calles, bosques y ríos… cuando la cultura social premia la holgazanería, la especulación y la delincuencia… cuando hemos construido una de las sociedades más desiguales del planeta?

¿Por qué habría de ser diferente si detrás de los éxitos —social, político o empresarial— se multiplican las historias de trampas y cochupos, y son raros los ejemplos de esfuerzo, disciplina y creatividad?

La degradación moral, ambiental, social, no surgió de repente. Una cultura permisiva a la corrupción alentó los abusos y la hipocresía. Los gobernantes que simulan que gobiernan no son menos patéticos que los empresarios que simulan que emprenden cuando en realidad han fincado sus fortunas en la especulación y el tráfico de influencias, o que los trabajadores que simulan que trabajan pero que hacen todo al a’i se va, o que los maestros que simulan que enseñan a alumnos que simulan que aprenden.

¿Cuándo empezamos a aceptar como “normales” los excesos de nuestras autoridades? Las historias son muchas y vienen de mucho tiempo atrás. En los últimos 100 años las narraciones se multiplican: el capitán Huerta, hijo del usurpador, comprando armamento con sobreprecios que escandalizaban al embajador alemán en México; los negocios al amparo del poder de los generales revolucionarios —Obregón, Abelardo L. Rodríguez, Aarón Sáenz y un largo etcétera— o de los abogados que los reemplazaron a partir de Miguel Alemán.

“Que roben pero que salpiquen”; “la amistad se demuestra en la nómina”; “el que no tranza no avanza”; “no les pido que me den, nomás que me pongan donde hay”… son frases de la picardía mexicana que reflejan la cultura dominante: un país de cínicos.

A lo largo de muchos años, la sociedad hizo de la corrupción un activo. Por eso resulta un descaro que hoy algunos priístas reclamen la falta de resultados en el combate a la delincuencia del gobierno federal, cuando lo que ocurre hoy son polvos de aquellos lodos; cuando muchos de los capos de hoy fueron, en los mejores años del PRI, comandantes de las corporaciones policiales; cuando los casos más escandalosos de delincuencia —las ejecuciones, los secuestros, los feminicidios— competen al orden común y ocurren en entidades como Chihuahua o Tamaulipas, gobernadas por priístas.

Una sociedad agraviada, un país secuestrado, no puede aceptar que no haya alternativas. Pero seguiremos mal en la medida en que, como infantes, pongamos la culpa en “los otros” y no asumamos la parte que nos toca.

La clase gobernante —políticos, ministros religiosos, hombres de negocios, dirigentes sindicales— está ante la oportunidad de lavarse la cara. El acuerdo suscrito el jueves 21 de agosto, en Palacio Nacional —reunión inédita en la que se establecieron compromisos puntuales con responsables y fechas límite para su cumplimiento—, puede ser un punto de quiebre si cada uno o, al menos, la mayoría decide dejar la pachorra, la indolencia y hacer lo que les toca. Pero puede llevar, igualmente, a una frustración mayor si los responsables hacen como que hacen pero en la realidad, por irresponsabilidad, complicidad o miedo, pactan con las bandas y regresan a lo suyo, simular.

¿Y si no pueden y no renuncian?

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Si no pueden con la seguridad renuncien, dijo Alejandro Martí a los gobernantes.

Su fórmula, basada en si los gobernantes pueden o no pueden con la inseguridad, conduciría probablemente a la renuncia masiva de todos los gobernantes en funciones que hay en la República, del Presidente a los alcaldes.

No ha sido ni será el caso y la fórmula, por tanto, no funciona como camino para llamar a cuentas a los responsables. Los exhibe, pero no los obliga.

La fórmula es un llamado a la conciencia, la honradez o la simple vergüenza de los gobernantes. Todo eso hace falta para hacer las cuentas, decir “No puedo” y renunciar al cargo.

Pero nadie ha hecho hasta ahora esas cuentas, nadie ha dejado el puesto y todos tienen lo que tenían antes de la increíble confesión de parte sobre las omisiones en materia de seguridad contenidas en los 75 puntos del Acuerdo Nacional firmado la semana pasada.

Si quitamos el instrumento de la renuncia por vergüenza de incumplimiento, ¿qué nos queda a los ciudadanos para exigir a los gobernantes que hagan su trabajo?

Pocas cosas, todas indirectas y poco ejecutivas, que llevan tiempo y demandan paciencia. La fundamental de ellas son las elecciones, que nos permiten castigar al partido cuyo gobernante fracasó en seguridad y premiar al que fracasó menos. Esta herramienta funcionará mejor entre más alta y compartida sea por los ciudadanos la demanda electoral de seguridad y la evaluación de lo hecho y lo no hecho en la materia como criterio de voto.

Para ello el tema de la seguridad debe mantenerse en el primer lugar de exigencia en la opinión pública. Los medios son en esto el factor central, el mayor instrumento de presión por la seguridad pública que hay en el país. (El siguiente puede ser el observatorio ciudadano previsto en el Acuerdo).

Pero los medios son olvidadizos, carecen de unidad de propósito porque los guía el acontecer atrabiliario, impredecible, de las noticias. Ojalá fueran capaces de un pacto de presión continua en materia de seguridad, hasta volverla obligatoria en la conciencia de todos.

Mucho tendrán que cambiar nuestros medios para no hacer lo que han hecho antes: quitar el dedo del renglón cuando pasa la crisis de conciencia pública.

¿Dejaremos de gritar y presionar una vez más? Probablemente. Y como se ve, no hay muchas opciones.

Hay que tomar entonces la que sí hay y seguir diciendo hasta que el clamor sea por lo menos una molestia o una estridencia intolerable: si no pueden, que se vayan.

El nuevo Informercial

Yuriria Sierra
Nudo Gordiano
Excélsior

Hace unos años, cuando el Presidente de México tenía que rendir su Informe anual de Gobierno, toda la atención se centraba en él. Las calles del Centro Histórico se cerraban, los canales de televisión unían sus transmisiones y todo, absolutamente todo, estaba puesto para chutarnos un aburridísimo discurso de más de tres horas.

Más insufrible era porque lo que se decía nos hacía pensar que se trataba de un país distinto del que el susodicho gobernaba. Hablaban de incremento en los servicios de salud, mejor educación, aumento del poder adquisitivo y de la defensa del peso frente al mercado mundial. Todo eran resultados, buenos deseos y compromisos apenas para salir del paso y hacer como que se estaba consciente de lo que se debía hacer. Hasta lágrimas vimos asomarse de algunos ojos que gobernaron al país.

Todo era una cuasi perfecta ceremonia armada para colocar al Presidente casi al nivel de un monarca. Aunque no había caravana real, sí había vehículos acondicionados para que el funcionario saludara a sus plebeyos gobernados en este caso—, mensajes de bienvenida y la famosa réplica (la respuesta al Informe) apenas alcanzaba para reconocer los logros y darle un pequeñísimo jalón de orejas por compromisos no cumplidos. Ya con Salinas y Zedillo se fue acabando el día de las complacencias, pero el formato jamás cambió.

Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia, la ceremonia perdió completamente su caché, su glamour palaciego y, principalmente, interés de casi todos. En eso tuvo que ver el mismo Fox, a pesar de que rompió los protocolos con cosas tan simples como preferir saludar primero a sus hijos que a los miembros del Congreso...

Pero, sobre todo, esta pérdida de interés estuvo provocada por las trifulcas partidistas que pocos beneficios han traído. De repente, la transmisión del Informe presidencial se redujo a unos cuantos canales siempre que no significara la interrupción de la telenovela o la película o el programa de concursos, que sí atrapaban la atención de la mayoría de los mexicanos. Simplemente, el mandatario ya no tuvo rating.

El Informe comenzó a realizarse cada vez con menos protocolo, mismo que también fue mermado por varios episodios con alma perredista, que daban algunas notas cuando interrumpían las palabras del Presidente, en esas ganas de protagonizar una izquierda por ellos mismos, hecha quién sabe qué cosa.

Todo esto fue acorralando el formato del Informe que vimos durante más de 70 años. El país sus habitantes y los funcionarios que lo manejan, provocaron, de a poco, que el Informe fuera literalmente eso, un gran número de hojas entregadas por escrito, esto gracias al papel que jugó la oposición y que logró que finalmente se oficializara un cambio al formato.

Todo esto viene a cuento porque, en junio pasado, el Senado de la República dio su aprobación para que, a partir de este año, el informe de trabajo de la Presidencia se realice con un nuevo formato:

1. El Presidente ya no necesita hacer acto de presencia, bastará con enviar su informe al Congreso.

2. La famosa respuesta de los miembros del Congreso que venía después de las palabras del mandatario, también desaparece. Se creó la “pregunta parlamentaria” que no son sino dudas sobre lo que el Informe del Ejecutivo contenga.

Los legisladores tendrán un plazo máximo de 15 días, para estudiar el contenido del Informe y, dentro de ese mismo plazo, deberán enviar sus preguntas. También podrán citar a miembros del gabinete para que comparezcan en caso de ser necesario y siempre bajo protesta de decir verdad.

Así, este año no nos olvidaremos del formato tradicional y del adquirido hace tiempo: el primero, que estaba lleno de protocolo y, el otro, el que nos daba un poco de show.

Hasta ahora entendieron que el único informe que pueden darle a la población radica en resultados y no en tecnicismos que muchas veces ni ellos comprenden.

La mala noticia es para aquellos con problemas a la hora de conciliar al sueño: han perdido un soporífero ya tradicional. Ahora deberán conformarse con las cápsulas que Felipe Calderón ha decidido darnos por entregas de aquí al próximo primero de septiembre… Aunque, para ser honestos, no sabemos qué tanto aguante el rating ocho minutos de gran comercial presidencial... Tal vez tendrían que contratar a los productores de los infomerciales que, de tan envolventes, logran venderle aspiradoras a quienes no tienen alfombra, gatos a los asmáticos o feromonas a las abuelitas… Tal vez, con un buen formato y producción para el Informe(rcial), compremos un México que todavía no existe…

Sociedad y seguridad

Ricardo Pascoe Pierce
Analista político
ricardopascoe@hotmail.com
El Universal

Históricamente, las autoridades en México no tienen ni el hábito ni la inclinación de considerar la opinión de la sociedad a la hora de asumir sus decisiones. Y esta actitud se vio refrendada por la realidad: dado a que nunca ha existido una sociedad civil activa y exigente, fuera de pequeños y coyunturales movimientos, la autoridad podía ignorar o considerar reclamos emanados de la sociedad con relativa displicencia y autoritarismo. A pesar de ello, aseguran, discursivamente, interpretar y representar fielmente las necesidades del pueblo.

Fue en torno a la transición política que se empezó a escuchar la demanda de que se tomara el pulso y la opinión de la “sociedad” antes de tomar decisiones sobre los grandes temas nacionales. De esto se empezó a hablar hace menos de 10 años. Pero, a decir la verdad, el abismo existente entre la clase política reinante (de todos los colores) y los reclamos de la sociedad civil es de gran calado.

Por ello hubo tanta molestia en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública para con los conceptos que vertiera Alejandro Martí, al recomendar la renuncia de todo funcionario que no estuviera a la altura de las exigencias para asegurar la gobernabilidad y la paz del país. Detrás de esas palabras se oculta una verdad siniestra: la sociedad desconfía de sus autoridades e, incluso, estima que una parte de ellas son cómplices de la delincuencia.

Alfredo Harp Helú lo había dicho antes y lo reitera: nada cambiará si no existe (o si se niega a reconocer) una activa participación de la sociedad en la articulación de demandas y el cumplimiento de la autoridad. El fracaso del Estado mexicano ha sido demoledor, y que la sociedad perciba impunidad, corrupción y complicidad de autoridades panistas, perredistas y priístas con facetas de la delincuencia no podría desmoralizar más a la comunidad. Lo dicho por Martí caló hondo y molestó. No creo que esa haya sido su intención. Pero el público ahí reunido no podría ser menos tolerante: ante el agobio de problemas aparentemente sin solución, las autoridades reaccionan con sordera.

Sin la sociedad como acompañante solidario, las autoridades no podrán derrotar al problema de seguridad nacional número uno: la delincuencia. Si el Estado quiere derrotar esta amenaza, tendrá que escuchar la voz de la sociedad y actuar en consecuencia. Si no lo hace, el Estado y la delincuencia organizada se fundirán en un solo cuerpo, irreconocible para los mexicanos, y se propinará una gran derrota de nuestra cultura y sociedad. Y puede suceder.

¿Llegó la hora de tirar a Calderón?

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

No veo cómo la “propuesta ciudadana para la reforma energética” presentada por los senadores del FAP, bendecida por el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo que abandera López Obrador, y que hoy ingresará al Congreso, pueda ser la base de la reforma de Pemex.

Se necesitaría que el PAN abandonara los puntos esenciales de la iniciativa del presidente Calderón (dinero privado en ductos, almacenamiento, refinación y exploración), o que el PRI desechara la Iniciativa Beltrones y se convenciera de que, después de todo, la propuesta de López Obrador es la mejor para sanar y proyectar a Pemex.

Son dos fórmulas improbables. Por eso pienso que si el PAN y el PRI se deciden a sacar una reforma como la que han esbozado (no importa si es profunda o light, o si cuenta con algunos votos del PRD o el FAP), el lopezobradorismo asaltará las tribunas y se lanzará a las calles. Y esta vez lo hará sin concesiones.

Si la insurrección lopezobradorista calcula que la crisis de terror por los crímenes y secuestros, así como las pobres expectativas de una mejoría económica, tienen al gobierno de Calderón en su punto más débil desde diciembre de 2006, podría calcular también que este es un excelente momento para la acción. Para ir a fondo.

Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del FAP, subrayó la semana pasada en entrevista con Georgina Morett, que ha llegado la hora de poner en marcha la “reconstrucción institucional”. La explicó así: “Primero se tiene que acabar con el gobierno de Calderón, luego tiene que surgir un gobierno interino; si eso ocurre después de diciembre, va a durar cuatro años; si es antes, duraría 18 meses”.

Porfirio no es el único que lo piensa. Ni el único que lo está diciendo.

Silvia no es responsable de la impunidad

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Silvia Vargas Escalera se une a la larga lista de jóvenes, de hombres y mujeres, que son víctimas del secuestro. Hija del profesor Nelson Vargas y de Silvia Escalera, su caso es más triste aún, porque desde hace 11 meses sus secuestradores no han dado pruebas de vida de la joven de escasos 18 años, y desde semanas después de su retención, también en la mañana, a plena luz del día en el sur de la ciudad, cuando iba a su escuela, no se han vuelto a comunicar con su familia. Ahora su madre ha realizado un esfuerzo desesperado para retomar el contacto con los secuestradores. No queda sino desearle de todo corazón que pueda volver, como ella pide, a abrazar a su hija.

Habrá que ver cuál es la prueba que le depara el destino a Silvia, pero el hecho, lo cierto, es que la industria del secuestro se ha vuelto como una infección que está contaminando al cuerpo social y cada día aparecen más casos, mayor información, más familias que reconocen que, desde hace semanas o meses, no saben dónde están sus seres queridos o, si los han recuperado, tampoco han optado por hacer la denuncia. Sólo en estos días he recibido información, de la gente, de unos 40 secuestros en Tampico, una decena en Monterrey, innumerables en Tabasco, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Baja California y, por supuesto, tanto en el Distrito Federal como en el área conurbada de la Ciudad de México, donde se cometen aproximadamente 60% de los casos que son denunciados. Impresiona la magnitud de la información, incluso si se asume que se trata de una pálida muestra de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Sin contar la llamada cifra negra, los secuestros que no son denunciados o aquellos que denominan exprés, las autoridades federales reciben, aproximadamente, dos denuncias diarias de secuestros en algún lugar del país. La cifra es brutal.

Tan brutal como el número de preliberaciones. Hay autoridades que tienen razón: han detenido a numerosos secuestradores y desarticulado bandas, pero resulta que sólo en el último año se han ordenado 200 preliberaciones de secuestradores, luego de cumplir condenas fijadas en 19 o 20 años, sólo en tres o cuatro. Y vuelven a la calle, en su mayoría a delinquir y secuestrar. Cuando se habla de la pena perpetua, que como han dicho muchos especialistas no es la solución al problema del secuestro, lo que se está mencionando es precisamente establecer una condena tan firme que ninguna autoridad pueda otorgar una liberación anticipada por ese delito. Hoy las penas son muy altas, pero con el sistema de la preliberación, los secuestradores, salvo excepciones, vuelven a la calle luego de tres a cinco años de reclusión real.

A la gran mayoría de ellos se les pierde la pista. Muchos otros se suman a ese número: el tiempo para pasar del robo de autopartes o de actividades pandilleriles a dedicarse al secuestro es, en promedio y según cifras oficiales, de aproximadamente un año. En 12 meses un joven pasa de robar estéreos o romper ventanas a secuestrar a gente. Muchos puntos de la llamada “tolerancia cero” pueden ser discutibles e incluso poco aplicables a nuestra realidad, pero no nos deberíamos apartar de un principio: si no comienzan a ser registrados y castigados todos los delitos sin excepción, desde el más pequeño, se genera un ambiente de impunidad que lleva a los delincuentes a avanzar cada vez más rápido hacia formas superiores de criminalidad.

Eso origina, a su vez, un fenómeno más perverso: atrás quedaron los tiempos de las bandas profesionales del secuestro. Cada vez son más quienes incursionan en ese delito tan grave y doloroso, nada más para hacer dinero rápidamente. Cada vez más, también, terminan siendo personas del entorno de la víctima quienes participan de alguna manera en esos hechos. La conjunción de los dos fenómenos es lo que está elevando la violencia en los secuestros y el número de víctimas que no regresan con sus familiares: nos encontramos con secuestradores amateurs, educados en la violencia callejera, que lastiman a sus víctimas simplemente para obtener una información que no suelen tener antes o que si la tienen es por alguien del entorno y, entonces, debido a esa conexión piensan que pueden ser descubiertos. Y son así cada vez más quienes pagan con agresiones, mutilación o con la vida ese círculo de impunidad. Si a eso le sumamos que, en muchas ocasiones (las autoridades insisten en que no son tantas como en la percepción ciudadana), policías o miembros de cuerpos de seguridad participan en los mismos grupos de delincuentes, la situación se agrava.

Hay mecanismos policiales y de seguridad que pueden reducir drásticamente el número de secuestros y deberían comenzar a aplicarse. Algunos son parte de los acuerdos signados el jueves y otros no. La obligación de investigar estos casos, aunque no exista denuncia previa, parece imprescindible; la claridad sobre a quién y cómo recurrir, también; la concentración de los casos en grupos muy especializados (y otra vez se deben recordar las experiencias exitosas, como las de Sinaloa en el gobierno de Juan S. Millán o las del grupo antisecuestros de la AFI a finales del sexenio pasado) que eviten las filtraciones de información hacia los delincuentes. Incluso la prohibición de negociar rescates o la congelación de cuentas y bienes de las familias de las víctimas han sido medidas tomadas en muchos países y que han funcionado adecuadamente. Pero todo eso servirá de poco si los delitos, desde el más pequeño hasta el más grande, no son castigados, en tiempo y forma y, peor aún, cuando en los casos que son de cárcel, los delincuentes, los secuestradores, reciben el beneficio de una preliberación, que los deja en las calles luego de cumplir penas ridículas.

Pero de todo eso Silvia Vargas no tiene la culpa. Ojalá pronto pueda regresar con los suyos.

¿Qué más?

Luis de la Calle
El Universal

Perspectiva de las causas del crimen

El diseño de políticas públicas en esta materia debe considerar un marco analítico riguroso, fundamentado en estudios y que rebase las acciones sólo mediáticas

Para concluir esta secuencia de notas que he dedicado a este tema en las últimas semanas, quisiera en esta ocasión presentar un resumen de algunos de los principales factores que podrían explicar el cambio en el crimen de acuerdo con el análisis económico empírico reciente.

Lo que reporto es el resultado obtenido en estudios que consideran varios países y un periodo relativamente largo, lo que permite derivar resultados más consistentes. En este sentido, lo que estos estudios sugieren es que un determinado factor tiene más o menos poder explicativo de la variable en análisis, generalmente medida como la tasa de homicidios y/o robo.

Si se considera el modelo fundamental en esta literatura, de Becker y que comenté en mi columna anterior, estaríamos enfatizando el papel de factores disuasivos como el aumento en las penas, la misma pena de muerte, el aumento en la cantidad y calidad de policías y la tasa de encarcelamientos, entre otros. Al respecto habría que mencionar que después de casi cuatro décadas de análisis empírico no existen resultados concluyentes y robustos.

En algunos países y para ciertos puntos en el tiempo resultan útiles como factores explicativos, pero no pasan una prueba más estricta. Incluso en muchos casos los resultados resultan aberrantes respecto a lo esperado. Desde luego que esto no implica que deben descartarse o que no pudiesen ser útiles bajo circunstancias muy particulares para una sociedad. Simplemente que por sí solos no arrojan las correlaciones sistemáticas esperadas, unos en mayor medida que otros.

Otro conjunto de factores incluye variables como cambios demográficos, nivel educativo y aspectos culturales (en particular nivel de participación en grupos religiosos que afecten la moral y ética de la sociedad). De nueva cuenta, los resultados son poco alentadores al no encontrarse patrones sistemáticos para diversos países y periodos largos de tiempo.

Factores económicos como los ritmos de crecimiento económico o la inequidad en la distribución del ingreso son candidatos fuertes en esta literatura. Si bien no podemos hablar de una posición unánime en la disciplina, creo yo que existen bastantes trabajos serios y rigurosos que sugieren cómo estas variables ayudan a explicar los cambios en la incidencia criminal en muchos países en el tiempo, por lo que los resultados son más alentadores. En particular recomiendo revisar un trabajo reciente de Fajnzylber y otros publicado en 2002 en la European Economic Review, en la que se enfatiza el poder explicativo de estos factores en el comportamiento de la tasa de homicidios para un grupo amplio de países.

Otros dos factores que son muy interesantes y se les ha dado creciente importancia en los estudios recientes, pero que por obvias razones provocan una acalorada polémica, se refieren al narcotráfico en términos de un endurecimiento de la lucha y prohibición contra las drogas, así como a la aprobación de legislaciones que favorecen el aborto.

En el primer caso el argumento enfatiza dos efectos relevantes. El endurecimiento de la lucha contra el narcotráfico provoca una radicalización en los mecanismos de resolución de conflictos entre distintos grupos por la lucha del mercado, aumentando los homicidios, mientras que por el otro lado, al provocar esto un aumento importante en el costo implícito para esta actividad, algunos cambian de giro como el robo o el secuestro. El poder explicativo de esta variable ha resultado alto y sistemático para una amplia muestra de países.

En el caso del segundo, el argumento es que la legalización del aborto disminuye la probabilidad de hijos indeseados, muchos de ellos candidatos a futuros delincuentes. El poder explicativo de este factor es más débil comparado con el anterior, pero para algunos países como Estados Unidos ha provocado una amplia literatura que vincula la legislación de los 70 y la disminución en el crimen en los 90.

Existen muchos trabajos, pero una versión sencilla de este argumento está en el libro Freakonomics de Levitt y Dubner (2005) que fue un best seller. En todo caso, como señalo, este es un tópico en particular altamente polémico. Finalmente, desde luego que el marco institucional que induce a corrupción e impunidad es otro candidato importante. Sin embargo, la gran dificultad en la medición de estas variables ha limitado mucho el análisis empírico, por lo que existen muy pocos trabajos y pocos resultados.

Esta no es una lista exhaustiva, ni tampoco un descarte de acciones, sólo que hay que tener presente que algunas actúan de manera parcial, por lo que debe pensarse en un esquema que incluya el corto y el largo plazos.