agosto 28, 2008

'Narcopropaganda' por Paco Calderón

¿De verdad lo quieren tirar?

Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio

Sólo cuando deja de hablar comienza uno a escuchar. Florestán

Una de las estrategias centrales de Andrés Manuel López Obrador, en la que insistió una y otra vez tras su derrota electoral, fue la de impedir a cómo diera lugar que gobernara Calderón.

Eran los días del largo conflicto postelectoral, cuando el Tribunal Federal había reconocido la presidencia al candidato panista, y el perredista endurecía su postura.

Luego, en la etapa que siguió a la toma de posesión el 1 de diciembre de 2006, López Obrador dio la impresión, que aún la tengo, de que había tomado la decisión de aprender a vivir con Calderón en Los Pinos, pero sin reconocerlo, cada uno por su parte, cada uno con su presidencia, éste, la constitucional, aquél, la legítima.

Pero en tiempos recientes he registrado cómo algunos de los suyos han tratado de rebasarlo en la línea discursiva dura.

Algunos sensatos como Manuel Camacho Solís, que parece despegarse de esa posición, advirtiendo del enfrentamiento que viene, que lleva más allá de lo dialéctico, transportándolo a la calle, un espacio que como medio de lucha le es desconocido.

Otros, locuaces como Porfirio Muñoz Ledo, llamando a tirar a Calderón de la Presidencia para designar a un Presidente interino, él por supuesto, que conduzca al país a las elecciones de 2012.

Y en medio de estos disparos, López Obrador se mantiene en su línea, dejando la impresión de que el juicioso es él y los pasados los suyos.

No lo sé del todo, pero no hay mucho por dónde irse: o Camacho y Muñoz Ledo se han ido por la libre en ese ejercicio político de quedar bien con el líder, o el líder los ha enviado de avanzada de una nueva estrategia que, al final, resultaría vieja.

Retales

1. DALAI.- Fiesta ayer en la embajada de la República Popular China, ante la cancelación de la visita a México del Dalai Lama, y alivio en el Senado, que no sabía cómo resolver su visita, en la cancillería y en Los Pinos, porque se han ahorrado un factor de fricción con aquel gobierno. Hace dos meses, el presidente Calderón cumplió una visita oficial a China;

2. MESAS.- Hoy protestan sus cargos los presidentes de los órganos de gobierno legislativo. En la Cámara Diputados la mesa directiva es del priista César Duarte, y la Junta de Coordinación del perredista Javier González Garza. En el Senado, la mesa directiva es del panista Gustavo Madero, quien desplazó a Santiago Creel, y la Junta de Coordinación Política del priista Manlio Fabio Beltrones. En pleno año electoral, Calderón se queda sin posiciones de gobierno en San Lázaro, aunque recupera la mesa en Xiconténcatl; y

3. CONSEJO.- Un sector del PRD llama a Consejo Nacional este fin de semana. Pero como no han terminado de contar los votos del proceso del 20 de marzo, el otro frente dice que no cuentan con los delegados necesarios. A ver.

Nos vemos mañana, pero en privado.

Medios, seguridad, responsabilidad

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

En términos generales los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) y quienes trabajamos en ellos gozamos de un nivel de credibilidad y aceptación por encima de instituciones y gobierno, mucho más que legisladores y partidos. Sólo ese dato exigiría mucha mayor responsabilidad nuestra en el tratamiento de la información. No sólo que sea veraz sino también que sea un sustento para que la ciudadanía pueda tomar decisiones. Una sociedad informada será, cada vez más, una sociedad que actúa, exige, participa. Pero en muchas ocasiones en los medios no estamos actuando como deberíamos, particularmente en el tema de la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico.

No se trata de señalar a quienes aciertan o se equivocan en una labor cotidiana que necesariamente es falible, sino de analizar la corresponsabilidad que debemos asumir en estos temas. No estamos inventando nada nuevo: en Colombia, en la lucha contra los secuestros o el narcotráfico, todos los medios coincidieron en respetar a las víctimas o considerar, desde la línea política o ideológica que primara en cualquiera de ellos, que el narcotráfico era un enemigo de la sociedad, del país, de los medios. En Estados Unidos no hemos visto una sola foto de los cadáveres de las víctimas que surgían de los despojos de las Torres Gemelas: los medios, todos, se pusieron de acuerdo en que mostrar esos cuerpos desgarrados era un insulto a las víctimas, pero además eso precisamente buscaban quienes habían matado a miles, para generar miedo, incertidumbre, inseguridad. La información, en sí misma, las imágenes de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas, era tan impactante que no tenía sentido, además, mostrar cuerpos destrozados. Han pasado siete años y esas imágenes continúan guardadas en los archivos.

Quizá porque no hemos vivido, desde la Revolución y la guerra cristera, situaciones de tanta violencia, dramatismo y enfrentamiento contra la sociedad y las instituciones como los que estamos sufriendo en estos días, los medios no hemos terminado de comprender la magnitud de la responsabilidad. No hablo de censurar hechos, información, mucho menos, opiniones. Pero, ¿tiene algún sentido, fuera de darle publicidad gratuita a uno de los grupos del narcotráfico difundir en primera plana o en espacios noticiosos privilegiados el contenido de sus mensajes, sus mantas, sus amenazas?, ¿tiene sentido divulgar al detalle lo que dice una cartulina dejada junto a la cabeza de un decapitado?, ¿tiene sentido que, mientras cualquier organización civil que lucha por las mejores causas debe hacer un enorme esfuerzo para divulgar sus ideas y propuestas o pagar por ello, se le regalen portadas y espacios en los noticiarios a amenazas y acusaciones de grupos criminales, que han matado a más de cinco mil personas en menos de dos años, que secuestran, torturan, extorsionan?, ¿por qué contribuir a reproducir el clima de terror que necesita el crimen organizado para intimidar a la sociedad, las autoridades y los medios? No estoy hablando de ocultar ninguna información, pero una cosa es decir que se dejó una cartulina con amenazas junto a un cuerpo y otra divulgar, al detalle y con imágenes explícitas, el texto de las amenazas. ¿Tiene sentido reproducir entrevistas o declaraciones de supuestos miembros del narcotráfico, para denunciar alianzas, corrupciones, crímenes, sin poder identificar plenamente al denunciante, sin dejar en claro que es parte del mismo juego que denuncia y sin corroborar la información por otras fuentes? Por supuesto, son notas que venden, generan audiencia e incluso son valientes, pero no es un periodismo verosímil ni responsable.

En el ámbito de los secuestros ocurre algo similar. Es verdad, alguien puede “ganar” una nota anunciando que se produjo un secuestro que la familia de la víctima, o las autoridades, por las razones que sean, no quieren aún hacerlo público. El único detalle es que, con eso, muy probablemente, se pondrá en riesgo la vida de la víctima. ¿Es más importante ganar una nota que arriesgar la vida de una persona inocente? ¿Vale la pena, como ocurrió en estos días, con el caso del secuestro de la joven Silvia Vargas Escalera, especular, sin fuentes públicas, sobre pagos y mecanismos de rescate que, en lugar de coadyuvar a la libertad de la víctima, en realidad la pone en peligro, como insistieron sus familiares?, ¿qué se gana periodísticamente, además de un nota de primera plana que se muere al día siguiente?

Hubo una época en la cual, para desprestigiar a alguien, en el mundo político, el periodístico o el empresarial, sus enemigos lo acusaban de homosexual o de lesbiana, lo fuera o no. Afortunadamente, aunque no tanto como sería deseable, eso ha ido quedando en el olvido en la misma medida en que la sociedad estuvo más y mejor informada y ha ampliado sus criterios. Pero hoy lo de moda es acusar a cualquier enemigo de narcotraficante o de aliado de éstos. No dudo que en algunos casos sea verdad, pero, ¿no se tendría, antes de publicar una acusación de esas características, acudir a por lo menos alguna fuente adicional que la confirme? Y no hablo de reproducir información oficial, al contrario, se trata de hacer nuestra tarea, investigar y entregar, no sólo información oportuna sino también verosímil. Si le gusta o no a las autoridades, no es nuestro problema: nuestro compromiso es con la gente.

Hoy, cuando tanto se habla de corresponsabilidades en la lucha contra la delincuencia, o de la exigencia, legítima, de que se vaya quien no esté a la altura de la tarea en los gobiernos, los medios tendríamos que hacer nuestro correspondiente ejercicio de autocrítica para convertirnos en un pilar tan sólido en la lucha contra la inseguridad como en algún momento lo fuimos o intentamos serlo, en el empuje de la transición política.

¡Que se vayan todos!

Ricardo Rocha
Detrás de la noticia
El Universal

Supongo que usted se refiere al presidente. No, no, qué va. Los ministros, los gobernadores y los alcaldes

Era el grito de los argentinos en 2002 en los tiempos de Menem y Duhalde. Hablé con ellos lo mismo en sus bellas avenidas que en los arrabales de Buenos Aires: ¡Que se vayan todos!

Supongo que usted se refiere al presidente. No, no, qué va. ¡Que se vayan todos! Los ministros, los gobernadores y los alcaldes. ¿Y qué de los congresistas? ¡Que se vayan todos! Que se vayan también los magistrados de la Corte y los policías y los jueces. ¡Que se vayan todos! Ese era el reclamo de cientos de miles en toda Argentina. Lo mismo me dijeron intelectuales en un café, que mujeres de todas las condiciones o hasta los pibes de la clase alta que andaban despellejando las paredes de anuncios de cartón para conseguir algún dinero.

Allá el estallido social se produjo por la madre de todas las crisis económicas. Acá, aunque la economía tampoco anda nada bien, la motivación principal del hartazgo es otra: la peor crisis de inseguridad, injusticia, impunidad y criminalidad de que los mexicanos tengamos memoria.

Es probable que nunca lleguemos al extremo de exigir “¡Que se vayan todos!”. Pero también es posible que rebasemos ese límite. Por lo pronto la distancia se acorta y se sintetiza en la ya célebre exigencia de Alejandro Martí: “¡Si no pueden, renuncien!”, expresada en una apresurada sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública ante la descomposición del escenario social en la mayor parte del país.

Por supuesto que la intención mediática fue la de una imagen de cohesión y fortaleza de 50 notables para combatir —ahora sí— la violencia generalizada. Un evento desprovisto del elemento toral de la credibilidad por la sencilla razón de que varios de sus protagonistas están severamente cuestionados por abusos, tráfico de influencias y hasta sospechas de nexos criminales.

Hubo gobernadores ahí presentes en cuyos territorios se ha multiplicado la presencia del narcotráfico. No faltaron funcionarios que han encubierto investigaciones criminales o enriquecimientos inexplicables de sus antecesores. A ver: ¿hay alguna investigación oficial sobre la ostensible riqueza de Marta, Vicente y sus hijastros? ¿Se puede creer en un pacto firmado por el gobierno represor de Ulises Ruiz? ¿Es posible confiar en un compromiso de lucha contra el secuestro avalado por Mario Marín, el secuestrador de Lydia Cacho?

Seamos claros: el gran obstáculo para la justicia en México es el abuso sistemático del poder de los tres niveles de gobierno que usan a sus policías como ejércitos particulares y a los ministerios públicos, jueces y magistrados como gestores de sus intereses personales y políticos.

En sentido contrario, los hechos y declaraciones oficiales recientes confirman una realidad devastadora: en México hay una justicia para los ricos y los poderosos y otra para los pobres y los jodidos. Los gobiernos todos se movilizan por un secuestro notable y nadie mueve un dedo por el regadero de muertos entre los miserables. En cambio, se aplica la ley de modo inhumano y absolutamente desproporcionado en el caso de Ignacio del Valle, el de Atenco, a quien se le ha sentenciado oficialmente a 112 años de prisión por retener unas horas a funcionarios públicos, pero con la evidente venganza política por haberse opuesto a la construcción de un nuevo aeropuerto.

Ni una palabra sobre la miseria, la polarización social o el desempleo. Tampoco sobre los grandes beneficiarios del crimen organizado. Solamente una foto. Pero también una frase.

Un otoño para tirar a Calderón

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Referí ayer la frase expresada hace unos días por Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del FAP, en cuanto a que lo urgente es “la suspensión constitucional del mandato de Felipe Calderón”, o de lo contrario México se desmoronará: “Ya no hay solución, no va a terminar”.

El domingo, José Agustín Ortiz Pinchetti, otro de los cerebros y operadores finos de López Obrador, escribió: “Lo único que puede conmover a la reacción es una gran crisis; y esta por desgracia está en curso”.

Ortiz Pinchetti explicó que en una sociedad tan dividida es imposible ya el acuerdo político, y remató: “Serán los hechos duros, la terca realidad, la que obligará más temprano que tarde a una rectificación mayor a los reaccionarios que están en el poder”.

Quizá sólo sean palabras. Pero perfilan un pensamiento: como los problemas se propagan sin solución a la vista y no hay espacio para la política, el gobierno de Calderón tiene que caer por la vía de la movilización, la insurrección.

Parece una ruta lógica. El lopezobradorismo se ha desfondado y su perspectiva electoral es mísera. Su autovictimización, además, no conmueve. En cambio, el trance de la violencia y los secuestros, el desaliento económico del grueso de la gente y el escepticismo colectivo, se estarían alineando para favorecer la aventura de salir a las calles a derrocar “pacíficamente” al gobierno e iniciar la “reconstrucción institucional”.

Una reforma “que le quite Pemex a los mexicanos” sería un detonador ideal para intentar el asalto al Palacio de Invierno, a través de la toma de aeropuertos, carreteras, medios… No se requiere de millones de almas, sino de unas cuantas bien resueltas.

Lo veremos. El domingo salen a la calle. Y el lunes comienza un septiembre muy otoñal.

Ojo, no son los tres chiflados

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

Ahora es Manuel Camacho el que amenaza con violencia.

Ya lo habían hecho, con muy pocos días de diferencia, Porfirio Muñoz Ledo y López Obrador.

Sus convocatorias al derrocamiento del gobierno y el anuncio de no respetar las decisiones del Congreso, no son para minimizarlos.

Son demasiados avisos como para no tomarse en cuenta.

“Enfrentamiento si desoyen consulta, amaga Camacho”, cabeceó El Universal, diario donde escribe el ex jefe del Departamento del Distrito Federal.

Para Camacho, si el PRI y el PAN van a un “mayoriteo” en la reforma energética, entonces “vamos a restablecer los enfrentamientos y las movilizaciones en todo el país”.

A ver, a ver, Manuel Camacho: ¿usted va a ir a un enfrentamiento?

¿O va a mandar gente de las colonias populares a la calle para que se enfrenten a otros mexicanos mientras usted se entera de la gresca desde un confortable lobby bar?

Camacho, Muñoz Ledo y López Obrador están jugando con fuego.

Lo que dice Camacho es que, si no se hace lo que ellos quieren en materia energética, “vamos a restablecer los enfrentamientos”.

¿Qué es un mayoriteo? Haciendo a un lado el desparpajo del lenguaje críptico y despreciativo de algunos políticos, mayoriteo debe ser lo opuesto a minoriteo.

¿Qué quiere Camacho? ¿Minoriteo?

¿Que se haga la voluntad de una minoría por sobre la mayoría de los integrantes del Congreso? Eso es lo que quiere o, por lo menos, es lo que dice.

Esgrime su consulta ciudadana, en la que el FAP hizo las preguntas, el FAP hizo la propaganda y el FAP contó los votos… y no acudieron a las urnas 96% de los ciudadanos empadronados.

Además, ni siquiera han terminado de contar todos los votos de las mesas que ellos instalaron el 27 de julio.

En Oaxaca sólo han contado 55% de las mesas. En Puebla 74%, en Yucatán 73%, en San Luis Potosí 74% y en Veracruz 69%, entre otros estados. Ahí está su página, para quien quiera verla.

Ni eso pueden hacer de manera correcta: contar un puñado de votos en una consulta que ellos organizaron, ellos votaron y ellos contaron los sufragios.

¿En nombre de esa “consulta” van a restablecer los enfrentamientos si la mayoría del Congreso decide otra cosa?

Lo preocupante es que no solamente Camacho habla de salidas de fuerza.

El coordinador nacional del FAP, que agrupa al PRD, al PT y Convergencia, Porfirio Muñoz Ledo, explicó, en entrevista con Georgina Morett, que “el proyecto” es: “Primero se tiene que acabar con el gobierno de Calderón, luego tiene que surgir un gobierno interino”.

Agregó en esa entrevista que citamos aquí el viernes anterior: “Yo creo que la solución a corto plazo en el país es el gobierno interino. El movimiento de Andrés Manuel es de mediano plazo: tiene 20 o 22% de la población, con eso se puede hacer una transición. Pero lo urgente es la suspensión constitucional del mandato de Calderón”.

Son sus palabras. Dichas la semana pasada y ningún partido del FAP lo ha reconvenido por ese golpe anunciado.

En Chihuahua, este domingo, López Obrador dijo que no van a permitir que uno de los tres poderes del Estado funcione si no se hace lo que él quiere.

Dijo, en torno a la reforma petrolera: “A donde vayan (los legisladores) y hagan lo que hagan, nosotros vamos a impedir que se salgan con la suya”.

Agregó: “A donde vayan. Si priistas y panistas insisten en maniobrar para aprobar su reforma energética, se van a activar las movilizaciones a escala nacional y lo vamos a impedir”.

Dijo más: “Tampoco es un asunto que se vaya a definir en las cámaras del Congreso, esto es algo en lo que debe decidir todo el pueblo”.

Ahí están los tres.

¿Qué hacemos?

¿Hacemos como que no oímos nada?

¿Germán Martínez va a seguir azuzando a los panistas contra el PRI como “el enemigo”?

¿Beatriz Paredes va a seguir descalificando de por vida al PAN?

¿Van a continuar en su pleito mientras una minoría es encabezada por dirigentes rencorosos y frustrados que juegan a prenderle fuego al país?

El país está bajo amenaza. Y no es juego.

¿Qué quiere Camacho? ¿Minoriteo?¿Que se haga la voluntad de una minoría por sobre la mayoría de los integrantes del Congreso? Eso es lo que quiere, o por lo menos es lo que dice.

Lanzada del narco contra Calderón

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

El cártel de los Beltrán apunta a lo más alto: a derribar al Presidente
Juegan con fuego AMLO, Muñoz Ledo y Camacho, que apuestan a lo mismo


Acaso habrá que empezar a tomar en serio las advertencias que un día sí y otro también lanzan Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho y el propio Andrés Manuel López Obrador —verdadera labor de zapa—, para promover la caída del gobierno de Felipe Calderón.

Como si fuera un mero juego de palabras —sin duda irresponsable—, los políticos en cuestión no sólo apuestan a la caída de Calderón, sino que aseguran que su gobierno no llegará a las posadas y menos “cargará los peregrinos”. Temeraria venganza política a la vista de todos —que exhibe que la masa de la que están hechos los opositores aludidos es de lo más cuestionable en la política— y en la que hasta se barajan potenciales sustitutos del Presidente.

Pero del despropósito político promovido contra Calderón por Muñoz Ledo, Camacho y AMLO —respuesta locuaz e irresponsable, de odio elemental, que dan los aludidos a la derrota electoral—, ahora saltamos los peldaños de la guerra del narcotráfico y de la lucha de policías contra ladrones, para llegar a una inédita lanzada del narcotráfico nada menos que contra el presidente Felipe Calderón.

Es decir, que el poder fáctico, ilegal y terrorista del narco ya dejó atrás la lucha de sicarios contra policías de barrio, contra comandantes y jefes estatales policiacos; dejó atrás la lucha interna entre cárteles, las amenazas a alcaldes, gobernadores, legisladores y juzgadores, para lanzar sus baterías hasta lo más alto; nada menos que contra el jefe de las instituciones.

El martes se vivió un inédito en la feroz lucha del Estado contra el narcotráfico, cuando en el corredor del golfo de México que forman los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, aparecieron en sus capitales y ciudades de mayor importancia nada menos que 27 mensajes en narcomantas —en parques, jardines, avenidas principales—, en donde los hermanos Beltrán Leyva le hablan al presidente Calderón para acusarlo, junto con su gobierno, generales y políticos, de proteger al cártel de El Chapo Guzmán.

Pero más allá de la interpretación que harán los genios de la seguridad nacional del fenómeno mediático y de la campaña contra el presidente Calderón —por un poderoso grupo criminal formado de la reciente alianza de Los Zetas y los hermanos Beltrán Leyva—, el mensaje que queda entre los ciudadanos de a pie no resulta alentador. ¿Por qué? Porque en el ánimo colectivo queda la sensación de que el poder del crimen organizado es infinito al grado de hablarse de tú a tú con el mismísimo Presidente. Y frente a esa realidad, el resto de los mortales quedamos a merced de los criminales.

¿Qué lectura se puede hacer de la revisión de los 27 mensajes en cinco estados de la República? Un mensaje que asusta. Para esa alianza criminal el gobierno de Felipe Calderón es un aliado del cártel “de El Chapo Guzmán”. ¿Y eso qué?

Pues casi nada, que para Los Zetas y los Beltrán Leyva, el gobierno de Calderón, las instituciones que preside, no son vistos como los jefes del poder constituido, sino que ven al gobierno de Calderón como aliado de sus enemigos. En pocas palabras, que el gobierno y el Estado mexicanos, y su jefe, el presidente Calderón —y el resto de las instituciones—, no serían tratados como representantes del poder institucional y de la ley, sino como parte de otro cártel, del bando enemigo.

La guerra de Los Zetas y los Beltrán Leyva no sólo se concentrará en el combate contra El Chapo Guzmán, sino contra el gobierno federal, contra el presidente Calderón, contra las instituciones del Estado.

Pero además, la campaña mediática desplegada en todo el golfo de México por Los Zetas y los Beltrán Leyva, el contenido que los traficantes le imprimieron a los mensajes, y la definición del gobierno de Calderón, como aliado de El Chapo, nos deja ver no sólo logística, sino diseño estratégico y político, y que esa alianza entre Zetas y Beltrán estarían proponiendo la guerra directa y abierta contra el gobierno de Calderón y, al mismo tiempo, un señuelo de negociación.

Queda claro, según la estrategia desplegada por la alianza Zetas-Beltrán, que ese poder fáctico ilegal, criminal y del narcotráfico intenta lo mismo que otro poder fáctico, político que se mueve en la frontera de la ilegalidad y que se alimenta sólo del odio —más que una doctrina política—, y que lideran AMLO, Muñoz Ledo y Camacho. Por descabellado que se antoje, las alianzas políticas del FAP, por un lado, y Zetas-Beltrán Leyva, por el otro, le apuestan a derribar al gobierno de Calderón. ¿Y dónde queda el interés general de la nación? AMLO, Muñoz Ledo y Camacho juegan con fuego.