septiembre 08, 2008

Detienen a líderes de banda que secuestró y asesinó a Fernando Martí

A Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias "El Comandante", se le identifica como líder de la organización. Trabajó en la desaparecida Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia y en la policía judicial.

Miguel Ángel Mancera, procurador general de Justicia del Distrito Federal, dijo: "se trata de una persona que perteneció a la desaparecida DIPD, sujeto que se maneja como una persona acaudalada y con facilidad para penetrar en los altos círculos sociales".

De acuerdo con la Procuraduría capitalina, hace un mes fue herido de bala, víctima de un atentado en el que integrantes de su propia banda intentaron asesinarlo, por lo que se encuentra bajo custodia en un hospital de la Ciudad de México.

También fueron detenidos y presentados Lorena González Hernández, encargada de la logística y operación del falso retén que detuvo a la víctima, y Marco Antonio Moreno Jiménez, quien robó el vehículo en el que apareció el cuerpo.

Las autoridades también presentaron a los hermanos Israel y Noé Cañas Ovalle, quienes vigilaban a La Familia y cuidaron a la víctima durante el cautiverio.

El jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, se comprometió a detener y consignar a todos los integrantes de la banda, promover el aseguramiento de sus bienes, descubrir y desmontar su red de protección, investigar y aclarar los casos en los que hayan participado y garantizar que sean recluidos en penales de alta seguridad.

Para ello, Ebrad se dijo dispuesto a trabajar con las instancias estatales y federales: "nuestro ánimo, nuestra decisión es actuar plenamente coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República y otras dependencias federales, así como de otras entidades federativas".

Los detenidos se encuentran bajo arraigo, en espera de ser consignados.

Un caso de galopante narcisismo

Román Revueltas Retes
Interludio
Milenio

El comportamiento de López Obrador se suele interpretar desde varios ángulos pero no es muy frecuente que se le analice a partir de la sicología siendo que prácticamente todas sus motivaciones tienen un componente claramente emocional.

El hombre, en su papel de gran justiciero, se ha arrogado una serie de atribuciones extraordinarias tales que el uso de un lenguaje que, hasta hace algún tiempo, no tenía cabida en el escenario de la política nacional. No es un mero hábito suyo, desde luego, sino una práctica calculada aunque muchas veces termine él mismo por pagar los platos rotos. No olvidemos que el respetable público le pasó factura tras de que mandara callar a la “chachalaca” Fox. Pero, justamente, Rayito no se dirige a un auditorio universal sino a esa fracción del electorado cautivada de antemano que le va a celebrar incondicionalmente sus gracejadas y sus excesos. Para mayores señas, tuvimos a sus seguidores, perfectamente dispuestos a acompañarlo en su gran ceremonia de coronación: el hombre, micrófono en mano, les preguntó si era el “presidente legítimo” de México, la muchedumbre bramó al unísono que sí y ahí terminó todo trámite democrático. A partir de ese momento, el caudillo se sintió colectivamente avalado, olvidándose de los millones de mexicanos que no votaron por él, de los pobres que simpatizan todavía con el PRI y de las encuestas que lo sitúan muy por debajo de Calderón. Hay aquí un rasgo inequívoco de narcisismo galopante: la realidad es como yo quiero que sea.

De ahí se deriva, con toda seguridad, una vocación de provocador que parecería casi suicida en las consecuencias que llega a tener. El personaje, sin embargo, no comete errores sino que sigue simplemente los pasos de su destino manifiesto: cada vez que se tropieza es porque sus adversarios le han armado la conspiración de turno. Lo acabamos de ver: no desautorizó a Muñoz Ledo, luego de que éste propusiera “terminar” con el Gobierno de Calderón. No. Dijo que todo era un “invento” de Los Pinos. Ah…

Nuestros patrióticos insurrectos están ofendidos

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Para mí era asunto cerrado cuando Porfirio Muñoz Ledo me dijo a mediados de semana que ni él ni el FAP proponían derrocar a Felipe Calderón, sino “sustituirlo democráticamente”. Pero ayer José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los cerebros y estrategas del lopezobradorismo, vitalizó la teoría de la conspiración, a la que vale dedicarle unas líneas postreras.

Escribió: “En varios periódicos ´nacionales’, en la televisión y en la radio se está ‘sembrando’ la acusación de que intentamos derrocar a Felipe Calderón. Esas denuncias no se sustentan en ningún hecho concreto. Son elaboradas por ‘plumíferos’ inteligentes, bien pagados y colocados en posiciones estratégicas. Cuando las derechas y el gobierno quieren provocar una reacción en la opinión pública coordinan esos ataques”.

¡Oooh!

Como supongo que soy uno de esos “plumíferos”, explico mi papel en el complot. Leí el jueves 21 la entrevista de Porfirio con Georgina Morett, en la que, con todas sus letras y aunque hoy le eche la culpa a nuestra compañera, llama al derrocamiento de Calderón. El domingo 24, Ortiz Pinchetti escribió que lo único que puede conmover a la derecha es una gran crisis, “y esta por desgracia está en curso”.

Relacioné las dos expresiones con la pertinaz arenga de López Obrador para tomar aeropuertos, carreteras, etcétera, y hacer de este septiembre uno verdaderamente “patrio”. Me pareció un asunto de interés periodístico y le dediqué un par de columnas. Algo dije sobre ello en la radio.

Pero ¡oooh!, ahora resulta que alguien me coordinó para que asumiera mi papel en la “prensa alcahueta”. Además de perdonavidas, fulleros, fantasiosos e ineficaces, nuestros insurrectos son jarritos de Tlaquepaque.

Patrióticos insurrectos ofendidos.

Felipe I

Pedro Ferriz
El búho no ha muerto
Excélsior

La atmósfera social que se respira, no se había sentido igual desde la Revolución Mexicana. Ese constante martilleo de confrontación, que con esmero promovió Andrés López en sus apetitos políticos, entretejió una plaga nociva que abraza el árbol frondoso de la ciudadanía. Unos contra otros. Resentimientos, envidia, cortedad de objetivos. La protesta como propuesta. Formas que han derivado a violencia derramada en las calles. Delincuencia que aprovecha la confusión. Valores que escasean. Aturdimiento. Este estado de cosas nos debe llamar a analizar nuestro mal. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué llegamos hasta aquí?...

Al caminar por Reforma, en medio de cientos de miles de personas, unidas al paso de ¡ya basta!, quise ver desde arriba nuestra situación… y llego a esta conclusión.

México vive una crisis orgánica. La rotura del presidencialismo que gobernó tres cuartos de siglo… Bien o mal. Intransigente como fue. Funcionó. Un orden propuesto por la imposición, hizo que las estructuras del poder operaran para bien de la armonía. Había límites. Nada rebasaba a la tolerancia del gran mentor. —Sé lo que está pensando—. Ese México no era democrático. Pero… ¿y éste, lo es?

Al romper con el pasado, en los linderos del siglo XXI, no hubo nada, ni nadie que ordenara una transición. Si alguien hubiera dicho en el año 2000 cuál era la propuesta de nuestra “hoja de ruta”. Tal vez hoy, todos sabríamos lo que hay que hacer. Faltó una voz de advertencia. “Acabamos de sepultar el presidencialismo y empezamos la era Presidencial”. La de un Presidente que respeta otras estructuras del poder. Pero que también es respetado por éstas. Una sociedad que reconoce un tránsito a la democracia. Pero que entiende para qué sirve. Pesos y contrapesos de una mayoría que define el rumbo… y que sabe que “alguien” está pulsando el timón.

¿Imaginan, después del ataque a las “Torres Gemelas”, que el Presidente Bush, queriendo poner en orden las estrategias de una defensa concertada… no lo hubieran dejado entrar al Congreso? ¿Dimensionan la cadena de efectos de una simple acción así? Hoy no habría en Estados Unidos, una sola torre de pie.

Denostar, menospreciar al conductor de una sociedad, devalúa al conjunto. La acción más importante que debe emprender Felipe Calderón, es la de ir por el rescate del respeto, reconocimiento y estatura de la imagen Presidencial. El camino más corto de nuestra sociedad para encontrar sosiego, será el que pase por el reconocimiento de esta necesidad. Un padre de familia, no puede ser ignorado por ésta. Sería la negación de un orden establecido. ¡El desgobierno!

Me niego a aceptar que el 15 por la noche, vaya a haber dos Gritos de Independencia. El auténtico y el espurio. Me niego a aceptar que el Congreso sostiene un diálogo de sordos. Esta convivencia vulgar que desprecia al civismo no el tolerable. La democracia también puede ser ignorante. Y si bien la palabra es excelsa, no ha de escudarse en el romanticismo de una definición inmóvil. Democracia es dinámica. Es tolerancia… pero también inteligencia en comunidad.

Pido intransigencia para acabar con el caos. Intransigencia significa: no transigir. No permitir lo imposible. Imposible es el secuestro. El asesinato. La impunidad. El robo. La ilegalidad toda… La corrupción.

¡Feliz “Mes de la Patria”! “Viva la Independencia” Aunque la Patria esté secuestrada y la Independencia… más lejos que ayer.

¿Barquito de cáscara de nuez?

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Hace dos domingos, Andrés Manuel López Obrador destapó uno más de los “explosivos” casos con que piensa celebrar este mes como “verdaderamente el de la Patria”.

Al hablar ante el Monumento a la Revolución, emplazó a sus adeptos a ir a la Plaza de la Constitución para que le oigan dar su Grito el 15 de septiembre, y denunció una supuesta “operación fraudulenta” en la compra de un buque de Petróleos Mexicanos.

Dijo tener “pruebas” de que en la Presidencia de Vicente Fox, con Felipe Calderón como secretario de Energía, Pemex solicitó autorización por 207 millones de dólares para adquirir un simple barco tanque petrolero y después una ampliación por 300 millones más.

En un principio, aseguró, el acuerdo fue para “la operación y el mantenimiento” de un buque, “pero terminaron adquiriendo un barco usado, con 28 años de antigüedad, que bautizaron como Señor de los Mares”, comprometiendo el pago de mil 135 millones de dólares, de los cuales 346.5 fueron para “gastos administrativos…”.

Con su interpretación de los dígitos contenidos en documentos, pidió a los legisladores del PRD-PT y Convergencia presentar una denuncia penal en contra de Vicente Fox y Felipe Calderón “por estos ilícitos cometidos durante su gestión”.

La verdad es que la información completa está en la cuenta pública 2007 que desahoga la Auditoría Superior de la Federación, donde constan datos que a López Obrador le escamoteó quien le hizo la maldad de chamaquearlo porque, en lenguaje técnico, la nave es una Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga que figura entre las cinco más grandes del mundo.

Si AMLO hubiera leído La Jornada del 20 de marzo de 2007, sabría que por estas fechas el barco estaba por almacenar 2.2 millones de barriles de los 12 millones que componen la reserva estratégica de México.

Pero el Señor de los Mares, en realidad, tiene capacidad para tres millones de barriles de petróleo (más o menos la producción mexicana diaria), que recoge, procesa (para estandarizarlo) y descarga. El puro casco fue adquirido en más de 200 millones de dólares por la empresa que ganó la licitación (concursaron 26, de las que al final sólo dos presentaron propuestas), y lo que Pemex comprometió fue el pago de 455 millones de dólares, que se vuelven 758 por el financiamiento a 180 meses, más el pago de servicios de operación y mantenimiento a un plazo de 15 años por un millón 751 mil dólares mensuales, más casi cuatro millones de pesos al mes. Total: lo que AMLO supone que Pemex ya pagó.

La de este barco-tanque-planta industrial, cuya operación económica sorprende a López Obrador como si se hablara de una trajinera de Xochimilco, es apenas una de las siete u ocho denuncias abracadabrantes con que se propone acompañar la explosión de los fuegos fatuos propios de septiembre.

El final de esta historia se delató en seguida tan decepcionante como los “grandes contratos” de Hildebrando Zavala y la “violación tumultuaria y asesinato” de la viejecita Ernestina.

El Estado de excepción

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

La semana pasada, miembros del Ejército tomaron el control del municipio de Cárdenas, en Tabasco, el segundo más importante de la entidad, en una región que está siendo azotada en forma inclemente por el narcotráfico. En la operación, fue detenido el secretario de Seguridad Pública del municipio, un grupo de policías municipales y por lo menos cinco mandos policiales ligados al crimen organizado. Todas las armas están siendo revisadas y todos los policías deben pasar por un examen de control de confianza. Mientras tanto, mandos militares tendrán el control de seguridad del municipio.

Hace unos días un comando ingresó un sábado en la noche en el poblado de Creel, en Chihuahua. Horas antes, narcotraficantes de dos grupos diferentes habían participado en una carrera ilegal de caballos. Uno de ellos, obviamente, perdió. Envió cinco camionetas con sicarios al pueblo para buscar y ejecutar a dos de sus contendientes. La policía local se limitó a cuidar el paso de los sicarios que llegaron a una fiesta de 15 años donde encontraron a sus rivales y los mataron junto con 11 personas más, la mayoría de ellos menores de edad, incluido un bebé de un año que, al igual que todas las otras víctimas, recibió un tiro de gracia. Horas después la localidad fue tomada por elementos militares y federales, se desarmó y se detuvo preventivamente a todos los policías locales de la zona. En los hechos el control del poblado quedó en manos de fuerzas federales.

En los últimos días en Reynosa, Tamaulipas, se han dado distintos enfrentamientos, a partir de un fuerte decomiso de drogas y armas realizado la semana pasada. Reynosa es el corazón del tráfico de drogas en esa zona fronteriza, y durante años el narcotráfico ha mandado, puesto y quitado autoridades, e intervenido incluso en muchos procesos políticos y electorales. En las últimas semanas pareciera que la labor de inteligencia ha rendido algunos frutos y, en los hechos, las fuerzas federales han tomado el control de la seguridad del municipio y de otras zonas fronterizas. Algo similar ha sucedido en Ciudad Juárez, donde al tomar el control las fuerzas federales y pasar por los controles de confianza a las policías locales descubrieron que la mayoría de ellos no tenía ninguna posibilidad de aprobarlos. Y antes ocurrió en Tijuana, aunque los conflictos entre la Procuraduría local y el general Sergio Aponte Polito impidieron que se fuera mucho más allá de lo deseado. En su momento sucedió en regiones de Michoacán y Guerrero. Comienza a intentarse en Sinaloa, con limitaciones (la primera intervención seria que intentaron las fuerzas federales empezó con una solicitud de cateo a 49 domicilios y todas fueron negadas por distintos jueces). Y lo mismo acaba de ocurrir con dos operativos, uno mucho menos conocido, en el DF, que desarticuló una banda ligada al narcomenudeo y a Los Zetas y a partir de ese operativo el mucho más conocido en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, que desarticuló a una célula de más de 20 personas del cártel de La Familia, con origen en Michoacán y con una fuerte penetración en el Estado de México, Guanajuato y el Distrito Federal. Esa banda se dedicaba, además, al secuestro: dos personas fueron liberadas durante el operativo.

La lista podría seguir, pero también podría ser la demostración de que, además de hacerlo de facto, se debe comenzar a pensar seriamente, en los puntos neurálgicos de la lucha contra el crimen organizado, y como dice la Constitución en su artículo 29 ante cualquier caso que “ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” en suspender “las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”. Ello debe hacerse, como también dice la Carta Magna en el mismo artículo “por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo”. Es una decisión, dice la Constitución, que debe adoptar el Presidente de la República, de acuerdo con secretarios de Estado, la PGR, y con aprobación del Congreso. Y agregaríamos nosotros, con el acuerdo de los gobiernos estatales afectados.

No se trata de una suspensión generalizada (la Constitución dice con toda claridad que pueden ser suspendidos derechos de acuerdo a las necesidades y el desafío) ni en todo el país. Debe ser quirúrgica, debe tener tiempos limitados y objetivos precisos. De alguna manera de eso se trató en los operativos que se iniciaron con esta administración. Pero gracias a ellos ya se sabe que no hay un segundo piso: que en los puntos neurálgicos de la lucha contra la delincuencia organizada, las policías locales no son, en muchos casos, aliadas, sino adversarias. Y ello lleva, incluso, a que los policías honestos, estatales o municipales, sean neutralizados o ejecutados. No se puede depurar a la policía cuando, como ha ocurrido, en algún municipio se descubre que más de 90% de sus miembros no pasan los controles de confianza. En ese caso la palabra no es depuración, sino una verdadera refundación policial. Y eso sólo puede lograrse a partir de una intervención externa precisa, con derechos plenos y objetivos concretos basados en acuerdos políticos explícitos entre las autoridades federales y las locales. Colocando en todos las casos las cartas sobre la mesa, a la vista de la sociedad.

Sin duda, sería deseable avanzar hacia mecanismos de seguridad más centralizados. Pero si no se puede construir una policía nacional (como Colombia, Chile o la mayoría de las naciones europeas), sí se puede intervenir para atacar los puntos neurálgicos y pasar a centralizar esos esfuerzos, por lo menos con cada uno de los estados de la República. Sin intervención directa, legal y legítima y sin una centralización real de los recursos y posibilidades, lo que queda es la dispersión, ante un adversario que sí sabe y puede centralizar sus propios esfuerzos desestabilizadores.

Pensarnos de nuevo

Macario Schettino
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

Tenemos problemas. Muchos. Y las soluciones que intentamos no funcionan. Es que no estamos entendiendo bien lo que ocurre: lo que vemos no son problemas, sino síntomas, y al atacarlos, no podemos corregir la verdadera enfermedad. Por eso llevamos un cuarto de siglo con experimentos fallidos. En las vísperas del (bi)centenario, estamos en el momento de revisar, seriamente, cómo construimos este país. Y será ahí en donde encontremos el origen de lo que llamamos problemas.

Nos quejamos de la inseguridad, con razón, pero sin sentido. La inseguridad es resultado de la impunidad: es posible delinquir sin riesgo. Y la impunidad se debe a una estructura ineficiente de procuración, administración e impartición de justicia, que proviene de una falla institucional: el pacto federal. Esta entelequia, que ha perdurado por décadas, en realidad sólo en dos ocasiones ha existido, y en ambas ha fracasado. Fue en 1846 cuando, por primera vez, las entidades se consideraron soberanas. De las 20 que existían entonces, una se separó de la Federación (Yucatán), y 12 más rechazaron apoyar la lucha contra la invasión estadounidense, incluido el estado de México, el más poderoso de entonces. Con sólo 7 entidades, el país tuvo que enfrentar al invasor, y fue derrotado.

Desde entonces, el federalismo fue un gran cuento, sólo en papel constitucional. No hubo gobernadores “soberanos” con Benito, ni con Porfirio, Obregón o Calles. Hubo hombres fuertes en la regiones, con los que los caudillos nacionales pactaban, y a los que manipulaban, pero el poder estaba en el centro. Y así fue también desde Cárdenas hasta Zedillo. Pero la caída del régimen de la Revolución, hace 11 años, abrió el espacio para un nuevo experimento federal. Hoy tenemos 32 virreyes, cada uno con más poder que el Presidente de la República, en tanto que no tienen Congreso independiente enfrente, ni Tribunal Estatal autónomo, ni transparencia, rendición de cuentas o vigilancia ciudadana.

Las entidades fracasan en la definición misma de la soberanía: no pueden garantizar la seguridad de sus habitantes, ni impartir justicia, ni pueden financiar bienes públicos con impuestos propios. No son capaces de nada, salvo de utilizar los dineros federales para los intereses políticos de los gobernadores.

Por dos siglos hemos sido incapaces de reconocer nuestros errores y corregirlos. Si se quiere un pacto federal, entonces hay que aplicar a cada gobernador los mismos contrapesos que hoy tiene el Presidente. Pero si estos virreyes no están dispuestos a ello, dejémonos de tonterías y cancelemos un pacto federal que nunca existió en los hechos, salvo cuando perdimos la mitad del territorio y hoy, que estamos perdiendo el futuro.

Dejá vú

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Ya vimos esta película, parece decir The economist (12/8/08), en su reporte sobre México: el presidente Calderón empieza bien pero pierde el vuelo, como Fox; puede perder la elección intermedia y terminar, como Fox, con un awkward goodbye: un adiós incómodo, o apurado, o que da pena, o todo eso.

La prensa crítica mexicana va mucho más allá de The economist. Lo menos que se lee aquí es que hay crisis económica, ingobernabilidad y corrupción rampantes, violencia incontenible.

Lo cierto es que desde hace algunos años, 15 o 20, hay pocas cosas que a la prensa mexicana le cueste menos y le dé más que criticar al Presidente.

Los periodistas arriesgan la vida cuando se meten con el narcotráfico; arriesgan su bienestar o sus ingresos cuando son periodistas locales y critican a los gobernantes locales. Pero el Presidente y el gobierno federal son blancos sin costo para el más modesto o el más influyente de los formadores de opinión.

Los intentos gubernamentales de ponerle precio a este banquete sin costo que la democracia antipresidencialista mexicana ha regalado a su prensa, suelen terminar en escándalo o en ridículo.

Por ejemplo, el ridículo de haber retirado una invitación a comer en Los Pinos a Carlos Marín, director de MILENIO, por una cabeza del diario que pareció inaceptable al Presidente o a sus colaboradores.

Así las cosas, decir que el Presidente va camino de repetir el no muy buen espectáculo de su antecesor, puede sonar a los oídos antipresidencialistas de nuestra opinión pública poco crítico.

Lo cierto es que una de las críticas más duras que pueden hacerse a Calderón es compararlo con Fox. No es el pronóstico fácil de una catástrofe de seis años sino el atisbo de una segunda oportunidad perdida por otros seis: el espectáculo ya visto de 12 años sin brillo, justo en la década resplandeciente de la inauguración de la democracia mexicana.

El awkward goodbye que empieza a cocinarse para el gobierno irá a la cuenta de Calderón, como fue a la de Fox, pero no será sólo su culpa.

Lo será también de un país que sector por sector no ha sabido en estos años desatar sus trabas, activar su economía, hacer eficiente su vida política camino a los cambios que necesita.

Se trata de un país que parece haber perdido el rumbo luego de haber conquistado la democracia. O que construyó su democracia como una manera de resolver sus profundos desacuerdos sobre el rumbo que debía seguir.

Y esto sí que es un problema a considerar. ¿Sabemos a dónde ir como país o queremos ir a partes distintas?

Como el borrachito del Periférico

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

Todos saben lo que hay que hacer, pero nadie se atrevió a dar el paso.

Ante la caída en la producción de crudo y la ausencia de nuevos yacimientos para sustituir lo que se ha agotado, el camino era modificar la Constitución a fin de que Pemex se asocie con empresas privadas o estatales para explorar en aguas profundas del Golfo de México.

El gobierno no se quiso arriesgar a que le rechazaran el proyecto con una andanada de calificativos que les iba a costar votos en las elecciones del próximo año.

Para el PRI, cuyos dirigentes más visibles tienen claro cuál es el camino para frenar la caída de la producción, la prioridad fue proteger su unidad interna y no exponerse a una división que les obstaculice su regreso a Los Pinos en 2012.

En el PRD también saben que es preciso asociar a Pemex con empresas privadas o estatales para ir a aguas profundas, pero tampoco se exponen a acelerar su división y mucho menos quieren cooperar al éxito de la actual administración federal.

Tanto el gobierno, el PRI y el PRD, han tomado como pretexto la Constitución para dejar de hacer lo que es preciso realizar con urgencia.

Es un absurdo mayúsculo frenar el progreso del país por no cambiar leyes.

Ante la caída en la producción mundial de crudo, que afecta particularmente a México, Trinidad y Tobago, Venezuela, Noruega, Vietnam, Arabia Saudita, Kuwait y Oman, esas naciones han optado por asociarse con empresas extranjeras para recuperar sus niveles de producción.

Incluso países como Vietnam y Trinidad Tobago han hecho reformas a sus respectivos marcos legales para permitir la inversión privada en la industria petrolera.

Aquí no lo hacemos por un argumento que se ha convertido en dogma: la Constitución lo impide.

Sí, lo impide, y por eso hay que modificarla para que se adecue a la realidad del año 2008 en materia de petróleo.

La Constitución no es el Corán, y eso lo saben los legisladores de todos los partidos políticos que la han modificado hasta para atender inquietudes personales, como fue la rebaja de años para poder ser senador.

Hay dos puntos que constituyen la realidad dramática de la industria petrolera nacional:

Uno: En junio de este año, nuestro máximo yacimiento, Cantarell, produjo un millón 051 mil barriles diarios de petróleo, mientras en el primer semestre de 2004 producía dos millones 152 mil barriles diarios.

Es decir, ha caído casi a la mitad, y si bien no se nota en las finanzas públicas por los elevados precios que ahora tiene el crudo, la disminución de la producción cintinúa y sólo hay reservas probadas para nueve años más.

Dos: El valor de nuestras importaciones de hidrocarburos crecen a una tasa de 76 por ciento anual y nuestra producción decae. Esto quiere decir, según expertos, que antes de concluir el presente sexenio se cruzarán las curvas de importaciones y exportaciones.

Para decirlo claramente, vamos a importar más de lo que exportamos. Nos convertiremos en importadores netos de hidrocarburos.

Durante los foros que sobre el tema organizó el Senado, quedó claro que aún hay reservas en aguas someras y en tierra firme, pero su extracción es altamente complicada y sólo entre el 6 y el diez por ciento de ese crudo es susceptible de transformarlo en reservas probadas.

¿Qué hay que hacer?

Lo que han hecho los demás países: asociarse con empresas privadas o estatales que tienen la tecnología y el capital para ir a aguas profundas.

Un pozo en aguas profundas tarda en madurar entre ocho y diez años, justo lo que nos queda en las reservas probadas. Por eso urge modificar el marco legal, aunque haya que reformar artículos de la Constitución.

Hay que encargar al sector privado la construcción de refinerías para producir en México lo que actualmente compramos en el extranjero.

¿Por qué no lo debe hacer Pemex?

Porque es muy caro, y el margen de utilidad (siete dólares por barril de petróleo transformado en gasolina) es incomparablemente menor al que genera la venta de petróleo (está cerca de 100 dólares el barril).

El dinero que haya disponible para la industria petrolera hay que orientarlo adonde está la mayor utilidad: producción de petróleo.

Eso hacen todos los países que tienen petróleo, menos México.

Es falso que haya una “tendencia mundial” a la estatización de la industria petrolera.

Nosotros somos los que vamos como el borrachito del Periférico, que piensa que todos los demás transitan en sentido contrario.

Capturan a líderes de banda que plagió a Fernando Martí

Notimex - La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) capturó a los principales líderes de la banda denominada "La Flor", responsable del secuestro y homicidio del menor Fernando Martí, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 1 de agosto.

En conferencia de prensa, el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que uno de los detenidos y arraigados es Sergio Humberto Ortiz Juárez, de 63 años, líder del grupo e integrante de la desaparecida Dirección de Investigación Policial.

La segunda persona detenida es Lorena González Hernández, quien de acuerdo con las investigaciones se encargó de diseñar la logística del falso retén policiaco que permitió interceptar y secuestrar al menor Fernando Martí en junio pasado.

"En resumen la PGJDF cuenta con la detención material de los principales operadores de esta peligrosa banda de secuestradores y además con información que nos puede llevar a realizar más detenciones en los próximos días", agregó.

Si quieren revocar, viene 2009

Leonardo Curzio
Analista político
El Universal

“La convulsión de una revolución… la puede soportar un país… lo que no soporta es el desgaste de su poder público… manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad.”
Indalecio Prieto

La revocación del mandato es un instrumento extremo del soberano para sacudirse el yugo de un gobierno opresivo o visiblemente ineficaz. La moción de censura es un instrumento parlamentario pensado para evitar vacíos de poder y evitar así la quiebra de una democracia.

El espíritu que alienta a estos instrumentos es constructivo o reconstituyente si se prefiere, no es destructivo. Al gobierno en una democracia se le releva en las urnas y estos instrumentos son intervenciones extraordinarias para evitar males mayores. No son, ni pueden ser, un instrumento de los partidos políticos para ampliar artificialmente el tiempo de las campañas electorales. La razón es simple y es que en toda democracia hay tiempos para competir y tiempos para construir bienes públicos.

La posibilidad de abrir el expediente de la revocación en el contexto actual equivale a establecer una campaña electoral permanente. Imaginar la revocación de mandato con la clase política que tenemos, abre un espacio para que una vez concluidas las elecciones, la fuerza política derrotada ocupe toda su energía —exigiendo probablemente recursos públicos y espacios en los medios de comunicación— para revocar el mandato del ganador.

Este país tiene elecciones intermedias del año próximo, y si fuese verdad que el gobierno de Calderón está en la calamitosa situación que los críticos señalan, sería sencillo construir una campaña electoral a partir de ese argumento y obtener la mayoría en la Cámara de Diputados a imagen y semejanza de lo que hicieron los demócratas con la señora Pelosi en las elecciones del 2006, cuando el poder presidencial de Bush tocaba fondo. Este país requiere de estabilidad y eficiencia, y para ello hace falta que el gobierno trabaje acicateado por la oposición; no necesitamos una reedición del siglo XIX en donde el derrocamiento de presidentes daba satisfacción a las facciones, pero nunca permitió edificar un Estado sobre bases sólidas.