septiembre 12, 2008

'Indocencia' por Paco Calderón

Pruebas, pruebas, pruebas

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

Cuando se dijo que Sergio Ortiz era el líder de la banda de La Flor, que secuestró y asesinó a Fernando Martí y a Jorge Palma Lemus, desde alguna oficina del Gobierno del Distrito Federal salió una andanada de filtraciones para ganar en los medios lo que debe probarse ante un juez.

Todos queremos que se resuelvan esos indignantes crímenes, pero no se puede aceptar la fabricación de culpables para tranquilizar a la sociedad y que las autoridades salven la cara.

Pruebas, pruebas y más pruebas serán las que validen o desvanezcan las presunciones.

Hace años, un subprocurador desquiciado, inventó la “tesis” de un segundo tirador en el caso Colosio.

Se dedicó a filtrar falsedades en los medios de comunicación que, como hoy, muchos asumieron esas filtraciones como verdades porque el escándalo vendía periódicos, aumentaba las audiencias o agradaba al gobierno en turno.

El desdichado al que acusaron, pasó dos años en Almoloya, le reventaron el tímpano en las torturas, y al final lo soltaron porque no tenía nada que ver en lo que el subprocurador Chapa Bezanilla le imputaba.

Ese mismo fiscal sembró un cadáver en el jardín de su inculpado, en el caso Ruiz Massieu, para impresionar a la sociedad con su eficacia, y después de las periciales en Estados Unidos resultó que todo fue un montaje.

Ahí se acabó de hundir el sistema de procuración de justicia en el país.

Se perdió toda credibilidad y el autor principal de esos montajes fue protegido y ahora es abogado de presuntos narcotraficantes.

Los medios de comunicación, no todos, evidentemente, tuvieron gran parte de responsabilidad en la descomposición de la procuración de justicia.

Muchos medios y comunicadores fueron responsables de la pérdida de credibilidad en la justicia.

Se prestaron a publicar y difundir cuanta filtración se les enviaba, sin investigar ni checar datos.

¿Vamos a volver a esos tiempos?

¿No es eso, precisamente, lo que se busca dejar atrás?

No a la impunidad. Y no a la fabricación de culpables.

Hasta ahora no sabemos si Sergio Ortiz es el cabecilla de la banda de La Flor.

Si lo es, o tuvo participación en secuestros y asesinatos, que lo refundan en Almoloya o en Puente Grande, pero que sea con pruebas sustentadas ante un juez, y no con filtraciones a los medios que después no se pueden sostener.

¿Por qué soltaron lo del Maserati que poseía uno de sus hijos, si es mentira?

¿Por qué filtraron que había un video en que aparecía Ortiz en la negociación con un secuestrado, si es mentira?

¿Por qué filtraron datos de que habían encontrado un álbum con fotos de secuestrados y hasta del Presidente, en poder de Ortiz, si es mentira?

¿Por qué filtraron el dato de la enorme riqueza de Ortiz y su familia, si es mentira?

¿Por qué filtraron la foto de Ortiz con su esposa e hijos, si contra estos últimos no hay acusación alguna y el menor de ellos ya perdió el empleo?

Marcelo Ebrard dijo que el movimiento del dinero, en el caso de esta persona Sergio Ortiz, es “una trama financiera muy interesante”.

¿Cuál es esa trama? ¿Se vale anunciarlo a la opinión pública y no decir por qué?

A los pocos días del fatídico desenlace del caso del joven Martí, se capturó a un comandante en jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal, José Luis Romero Ángel, como presunto autor del secuestro y asesinato del joven Fernando y su chofer, Jorge Palma Lemus.

Así se manejó en los medios y, en lo personal, no recuerdo un desmentido del gobierno capitalino sobre el caso.

Ahora se nos dice que Romero Ángel no está involucrado en el secuestro del que antes se le señalaba como autor intelectual.

Todo flota en un mar de dudas.

¿Se está protegiendo a Romero Ángel, como se protegió a los altos mandos involucrados en el crimen de nueve jóvenes y adolescentes en el caso News Divine?

Si se formulan preguntas como la anterior, no es con el ánimo de confundir, sino de aclarar un tema extremadamente delicado.

Ya son muchos años que en torno a asesinatos y secuestros se teje una nebulosa gris por donde se escapa la verdad.

En lo personal, creo en la honestidad de Marcelo Ebrard y del procurador Mancera en estos menesteres.

Pero nada garantiza que no estén rodeados de mafias que anidan ahí desde hace años y se protegen entre ellas.

Por esa razón es muy posible que el gobierno federal se haya precipitado en felicitar a la administración capitalina por el “hallazgo” del líder de la banda de La Flor.

Debió esperarse a las pruebas.

La sociedad también. Pruebas, pruebas, pruebas.

Cuando se dijo que Sergio Ortiz era el líder de la banda de La Flor, que secuestró y asesinó a Fernando Martí y a Jorge Palma Lemus, desde alguna oficina del Gobierno del Distrito Federal salió una andanada de filtraciones para ganar en los medios lo que debe probarse ante un juez.

Todos queremos que se resuelvan esos indignantes crímenes, pero no se puede aceptar la fabricación de culpables para tranquilizar a la sociedad y que las autoridades salven la cara.

Pruebas, pruebas y más pruebas serán las que validen o desvanezcan las presunciones.

Hace años, un subprocurador desquiciado, inventó la “tesis” de un segundo tirador en el caso Colosio.

Se dedicó a filtrar falsedades en los medios de comunicación que, como hoy, muchos asumieron esas filtraciones como verdades porque el escándalo vendía periódicos, aumentaba las audiencias o agradaba al gobierno en turno.

El desdichado al que acusaron, pasó dos años en Almoloya, le reventaron el tímpano en las torturas, y al final lo soltaron porque no tenía nada que ver en lo que el subprocurador Chapa Bezanilla le imputaba.

Ese mismo fiscal sembró un cadáver en el jardín de su inculpado, en el caso Ruiz Massieu, para impresionar a la sociedad con su eficacia, y después de las periciales en Estados Unidos resultó que todo fue un montaje.

Ahí se acabó de hundir el sistema de procuración de justicia en el país.

Se perdió toda credibilidad y el autor principal de esos montajes fue protegido y ahora es abogado de presuntos narcotraficantes.

Los medios de comunicación, no todos, evidentemente, tuvieron gran parte de responsabilidad en la descomposición de la procuración de justicia.

Muchos medios y comunicadores fueron responsables de la pérdida de credibilidad en la justicia.

Se prestaron a publicar y difundir cuanta filtración se les enviaba, sin investigar ni checar datos.

¿Vamos a volver a esos tiempos?

¿No es eso, precisamente, los que se busca dejar atrás?

No a la impunidad. Y no a la fabricación de culpables.

Hasta ahora no sabemos si Sergio Ortiz es el cabecilla de la banda de La Flor.

Si lo es, o tuvo participación en secuestros y asesinatos, que lo refundan en Almoloya o en Puente Grande, pero que sea con pruebas sustentadas ante un juez, y no con filtraciones a los medios que después no se pueden sostener.

¿Por qué soltaron lo del Maseratti que poseía uno de sus hijos, si es mentira?

¿Por qué filtraron que había un video en que aparecía Ortiz en la negociación con un secuestrado, si es mentira?

¿Por qué filtraron datos de que habían encontrado un álbum con fotos de secuestrados y hasta del Presidente, en poder de Ortiz, si es mentira?

¿Por qué filtraron el dato de la enorme riqueza de Ortiz y su familia, si es mentira?

¿Por qué filtraron la foto de Ortiz con su esposa e hijos, si contra estos últimos no hay acusación alguna y el menor de ellos ya perdió el empleo?

Marcelo Ebrard dijo que el movimiento del dinero, en el caso de esta persona Sergio Ortiz, es “una trama financiera muy interesante”.

¿Cuál es esa trama? ¿Se vale anunciarlo a la opinión pública y no decir por qué?

A los pocos días del fatídico desenlace del caso del joven Martí, se capturó a un comandante en jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal, José Luis Romero Ángel, como presunto autor del secuestro y asesinato del joven Fernando y su chofer, Jorge Palma Lemus.

Así se manejó en los medios y, en lo personal, no recuerdo un desmentido del gobierno capitalino sobre el caso.

Ahora se nos dice que Romero Ángel no está involucrado en el secuestro del que antes se le señalaba como autor intelectual.

Todo flota en un mar de dudas.

¿Se está protegiendo a Romero Ángel, como se protegió a los altos mandos involucrados en el crimen de nueve jóvenes y adolescentes en el caso News Divine?

Si se formulan preguntas como la anterior, no es con el ánimo de confundir, sino de aclarar un tema extremadamente delicado.

Ya son muchos años que en torno a asesinatos y secuestros se teje una nebulosa gris por donde se escapa la verdad.

En lo personal, creo en la honestidad de Marcelo Ebrard y del procurador Mancera en estos menesteres.

Pero nada garantiza que no estén rodeados de mafias que anidan ahí desde hace años y se protegen entre ellas.

Por esa razón es muy posible que el gobierno federal se haya precipitado en felicitar a la administración capitalina por el “hallazgo” del líder de la banda de La Flor.

Debió esperarse a las pruebas.

La sociedad también. Pruebas, pruebas, pruebas.

El Diamante de Marcelo

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

El 30 de marzo de 1994, justo una semana después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el fiscal del caso, Miguel Montes, se encerró en una habitación del hotel Lucerna de Tijuana con Emilio Islas, director de Interpol-México, a quien Montes le pidió que se hiciera cargo de la investigación policiaca.

Islas había pasado la noche en vela diagnosticando tres videocasetes. “Ya los vi muchas veces, no hay duda: están en diamante”, le dijo mientras dibujaba un rombo imaginario en la pantalla.

Según el Diamante de Islas, uno de los responsables de hacer valla en el mitin de Lomas Taurinas había bloqueado al general Domiro García, jefe de seguridad de Colosio. Pero Islas tenía más. Un hombre de unos 60 años le abría paso a un joven que se tiraba un clavado frente a Colosio para evitar que siguiera caminando. “Llamémoslo, por lo pronto, El Clavadista”, propuso. Y siguió. Descubrió a otro cómplice: “Llamémoslo El Lentes”. Y siguió. Era un complot. Cinco personas, por lo menos, habían ayudado a Mario Aburto.

Montes convocó a conferencia de prensa el 4 de abril para dar a conocer la sensacional noticia de la “acción concertada”. Pero las evidencias se empezaron a desmoronar, no eran lo que parecían. El 14 de julio, Montes concluía que Colosio había sido víctima de un asesino solitario. Nadie nunca volvió a creer nada en esta historia.

El procurador del DF, Miguel Ángel Mancera, me reconfirmó ayer que el caso de la captura de la banda de La Flor es sólido. Y que incluso la PGR lo está investigando también: “Coincidimos con ellos en varios nombres y en la temática del secuestro”.

Ojalá que lo presentado como un triunfo sensacional no termine siendo el Diamante de Marcelo.

“No lo será”, concluye Mancera. “Vamos a dar un resultado positivo. Aquí no hay chivos expiatorios”.

Más Castañedas

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

En un país donde muchas veces impera la pusilanimidad, sobre todo en la clase política, hay que admirar el arrojo de Jorge Castañeda. El ex canciller quiso seguramente todavía quiere ser Presidente de México en la pasada elección federal. Ningún partido lo apoyó, quizá por ser un político tan heterodoxo. Entonces decidió lanzarse como candidato apartidista a la Presidencia con base en su derecho constitucional a ser votado. Pero la ley secundaria sólo permite que los partidos registren candidatos. Por tanto, el IFE le negó el registro. Lejos de achicopalarse, Castañeda procedió a reclamar sus derechos al Poder Judicial. Sin embargo, en una lamentable decisión, la Suprema Corte de Justicia se negó a escuchar su caso aduciendo que, como asunto electoral, le correspondía resolverlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con un “pequeño” problema: un ciudadano común y corriente no puede demandar justicia a este Tribunal. Ergo, la ciudadanía no tiene vehículo judicial para litigar sus derechos político-electorales, como el de ser votado.

El ex canciller otra vez no se quedó con los brazos cruzados. Con base en la Convención Americana de Derechos Humanos, tuvo el arrojo de demandar al Estado mexicano en instancias internacionales. Primero en la Comisión Interamericana y luego en la Corte Interamericana. En días pasados, esta Corte finalmente dictó sentencia. Castañeda perdió en su alegato a favor de las candidaturas apartidistas, lo cual es una mala noticia para todos aquellos, como yo, que están a favor de ellas. La instancia judicial ratificó el monopolio que tienen los partidos de las candidaturas.

Sin embargo, Castañeda logró que la Corte Interamericana sentenciara al Estado mexicano por haber violado su derecho a la protección judicial. La consecuencia es que México “debe, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido”. Además, el Estado deberá publicar la sentencia en el “Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional” y pagarle a Castañeda sus gastos legales. “La Corte supervisará el cumplimiento íntegro” de la sentencia.

Quizá a muchos les desagrade la idea de que una corte internacional instruya a las autoridades soberanas de este país. A mí, por el contrario, me parece excelente que haya instancias externas adonde los ciudadanos puedan acudir a defender sus derechos humanos.

Castañeda tuvo el arrojo de demandar al Estado mexicano. En un rubro perdió, pero en otro ganó. Y con ello ganamos todos los ciudadanos que no teníamos acceso a la justicia en materia de derechos político-electorales.

México necesita más ciudadanos como Castañeda dispuestos a darse, en sus palabras, “una buena madriza” con el Estado. Yo agregaría el adjetivo legal a lo de la pelea. Fiel a su estilo, el ex canciller ha concluido que “se dice fácil haberle ganado por primera vez en la historia esas cosas al Estado mexicano, pero a ver quién es el otro guapo que lo ha hecho”. Ya veo a muchos poniéndose verdes del coraje por estas presunciones típicas de Castañeda. La realidad es que son irrelevantes. Lo que importa aquí es que un ciudadano dio la pelea legal con el fin de fortalecer a la democracia, y algo ganó en el camino para beneficio de todos los demás. Ojalá en este país hubiera más Castañedas dispuestos a dar estas luchas por sus derechos, incluso en instancias internacionales.

Volver al futuro

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

La modernidad que México requiere empieza por lo más viejo: un gobierno capaz de cumplir y hacer cumplir la ley, de garantizar las tres seguridades fundamentales de todo orden político: la seguridad física, la seguridad jurídica, la seguridad patrimonial de sus ciudadanos.

Este sólo propósito asumido y desarrollado a fondo bastaría para dar vida a un gobierno de dimensiones históricas: absoluta y deseablemente proyectado hacia el futuro.

La segunda modernidad que México necesita es una sólida economía de mercado, lo que supone una estructura legal e institucional que privilegie la productividad, levante las restricciones a la competencia y se abra a la innovación y a la inversión global.

La tercera modernidad que México requiere es un estado capaz de regular sus mercados y de reformar a fondo sus sistemas públicos de educación y salud para volverlos palancas de desarrollo personal y de equidad social.

En cuanto uno piensa en las resistencias que la realidad ofrece a cada una de estas cosas, la tarea de siquiera proponerlas se antoja ociosa y descabellada.

¿Aplicar la ley? ¿Abrir la economía? ¿Revolucionar nuestras escuelas, sanear nuestros hospitales? Ja, ja, ja.

¿Quién podrá vencer a los poderes reales que se oponen a todo eso y vencen al Estado y a la sociedad?

¿Quién frenará la delincuencia si es una guerra que no se puede ganar?

¿Quién acabará con los privilegios de los mayores negocios de México si tienen en un puño a las autoridades y a sus competidores?

¿Quién hará de nuestras escuelas y nuestros hospitales la base de los mexicanos productivos y globales del futuro?

La resignación vigente dice que no se puede mucho, que la mejor reforma es la posible. Seré el último en renegar de los cambios graduales o en decir que los cambios pequeños no arreglan nada. Los cambios pequeños son los únicos que arreglan algo. Nada avanza sino paso a paso.

Pero para crear hambre y certidumbre de futuro, los pasos pequeños deben de ir en la dirección correcta y la dirección debe ser clara y deseable.

Sentido de dirección es lo que falta en el ánimo público del país, es el asunto olvidado por nuestros políticos, al igual que por los medios y los líderes de opinión.

¿A dónde vamos, a dónde queremos ir? ¿Lo que sucede hoy nos acerca o nos aleja de donde queremos ir? ¿Debemos celebrarlo o combatirlo?

Hace falta una utopía medible y en mi opinión no puede ser otra que la medida de nuestra modernidad.

La canija sospecha

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

No tenemos elementos para desmentir la información de la Procuraduría capitalina en torno a las investigaciones sobre el secuestro y el asesinato de Fernando Martí. Pero, hasta ahora, no tenemos tampoco un solo dato duro que confirme sus informaciones. El manejo entre oculto y público, la mezcla entre la secrecía de la investigación y la filtración periodística sirve para ocupar a los medios y la opinión pública unos días, quizás hasta para distraerlos de las verdaderas investigaciones, pero no sirven para que, finalmente, la gente tenga confianza en las autoridades. Y éstas parecen empeñadas en actuar de manera que resulte imposible generar esa confianza.

Lo que está sucediendo en el caso Martí es una demostración de ello. Un día después de que apareciera el cuerpo del joven asesinado, en una conferencia de prensa fueron presentados dos agentes policiales capitalinos como parte fundamental de la llamada banda de La Flor: se trataba del comandante José Luis Romero Ángel y de Fernando Hernández Santoyo. El primero acababa de ser promovido por el propio jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y era el responsable de la seguridad de toda el área aledaña al aeropuerto capitalino. Se les vinculó con el secuestro y asesinato porque estuvieron tratando de indagar la situación del custodia de Fernando Martí que había sido dejado por muerto por los secuestradores. Pero con ellos, se dijo, se comenzaban a jalar los hilos para el desmantelamiento de la banda.

Casi simultáneamente, el mismo día de la firma de los acuerdos por la justicia y la seguridad en Palacio Nacional, era baleado, en el sur de la Ciudad de México, Sergio Ortiz, un agente de la después desaparecida Dirección de Investigaciones Políticas, que no sabemos cómo se ha mantenido económicamente en todos estos años. El hombre recibió varios disparos y fue internado con un tiro en la columna y en grave estado en un hospital del IMSS. No se ha explicado cómo y por qué la Procuraduría capitalina llegó a la conclusión de que era el jefe de la banda de La Flor y que el atentado había sido cometido por otra fracción de esa organización como consecuencia de diferencias internas. Se filtró que había sido identificado gracias a una denuncia ciudadana por la que incluso ya se había pagado una recompensa. Puede ser, pero nadie nos ha explicado por qué, después de tener más de un mes a este personaje en el hospital, repentinamente se supo que era el secuestrador más buscado del país. Para colmo, el hombre está en terapia intensiva, no puede hablar y por lo tanto no se cuenta siquiera con su declaración preparatoria. Su familia, en estos días, ha negado terminantemente que Sergio Ortiz tuviera algo que ver con estos hechos y argumenta que es un chivo expiatorio. Fuera de esas declaraciones, la familia no ha mostrado, tampoco, prueba alguna que exonere a este hombre de las acusaciones. El problema es que asumir que Ortiz es el jefe de la banda de La Flor se convierte casi en un acto de fe hacia las autoridades porque éstas no han proporcionado información que permita sustentar esa acusación. Es verdad, la investigación está en curso pero, entonces, ¿por qué divulgar datos a los que no se les puede dar seguimiento?, ¿para qué añadir “información”, que tampoco ha sido comprobada, que va desde la posesión de lujosos carros hasta de fotos o videos de secuestrados y actos de zoofilia?, ¿la información dura de la investigación no es suficiente para sustentar la acusación y necesita ser aderezada con “detalles” morbosos para los medios?

Lo mismo sucede con una mujer que fue clave en el operativo, según la PGJDF, Lorena González Hernández, de la cual durante dos largos días, las mismas autoridades federales estuvieron echándose la bolita de si era agente de la AFI o de la Policía Federal. Lo cierto es que estaba en tránsito de una a la otra, que permaneció durante años en esa corporación policial y que tenía un nivel de mando medio y un salario considerable, más de 40 mil pesos. Su familia también dice que es un chivo expiatorio e incluso argumentan que en los días del secuestro estaba en Cancún. No lo han podido comprobar: las autoridades dicen que fue identificada por el custodio que sobrevivió al secuestro. Pero a partir de eso se han filtrado informaciones que hablan de que era “el muro” de la organización, la “estratega”, la que “vejaba a las víctimas”. Puede ser, pero, ¿qué sentido tiene toda esa información si no se puede comprobar más allá de un acto de fe en los dichos de la autoridad?

La sospecha, aunque sea infundada, se alimenta de otros datos: el mismo día que se arraigaba a los nuevos detenidos, el propio procurador capitalino, Miguel Mancera, anunciaba que los primeros inculpados, el comandante José Luis Romero Ángel y Fernando Hernández Santoyo, en realidad no tienen nada que ver con la banda de La Flor y no hay datos que muestren que hayan intervenido en el secuestro del joven Martí. Pero, agregó, ambos permanecen detenidos porque se estima que no participaron en ése, pero sí en otros secuestros.

Entonces lo que tenemos es una investigación en la cual los primeros detenidos, presentados con bombo y platillos, resulta que por lo menos con ese caso no tenían nada que ver; en la cual un custodio dado por muerto por los secuestradores, resultó que estaba vivo y se convirtió así en un testigo clave; que el jefe de la banda está moribundo en un hospital desde semanas antes de que la autoridad lo identificara y no sabemos cómo llegaron a él ni él puede hacer declaraciones, y que otra de las principales acusadas no terminamos de saber bien a bien en qué corporación policial trabaja. Insisto: no tenemos elementos para desmentir a las autoridades, pero éstas tampoco aportan datos duros que permitan darle certidumbre a sus propios dichos. La sospecha siempre es canija.

En quién confiar

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Ayer se planteó aquí lo creíble de la versión de inocencia de la esposa y los hijos del hombre señalado como cabecilla de la banda de secuestradores y asesinos del niño Fernando Martí.

Del otro lado de la moneda, surgió ayer el dato de que el señor y la mujer a quien se le atribuye haber montado el retén para cometer el plagio también estaban siendo investigados por policías federales como probables compinches en otros crímenes de idéntica naturaleza.

Que subordinados del Presidente panista y del jefe perredista de Gobierno (que ni se saludan) conspiren para fabricar un chivo expiatorio se antoja tan imposible como impensable.

Los más obligados a saber juran y perjuran que la sospechosa está videograbada cuando sus cómplices le entregan una bolsa de dinero, y que a los pocos minutos de recibirlo llamó por teléfono a su presunto jefe.

Dicen también que la denuncia por “asalto” de que hablaron los familiares del “capo” fue levantada más de un mes antes del atentado que lo dejó parapléjico y enmudecido…

Dos versiones

Yuriria Sierra
Nudo Gordiano
Excélsior

1. Caso Martí

Fernando Martí, de 14 años e hijo del empresario Alejandro Martí, fue secuestrado, su familia pagó el rescate pero no obtuvo la liberación del menor, quien unas semanas más tarde fue encontrado muerto en la cajuela de un vehículo al sur de la ciudad.

Episodio que acaparó la atención de los medios, los reclamos de la sociedad se escucharon por todo el país, víctimas de delitos similares aparecieron para narrar su historia, víctimas anónimas vieron cómo las autoridades intentaron ponerse de acuerdo con el fin de repartir responsabilidades. Gobiernos de todos los niveles del país se reunieron, firmaron acuerdos y prometieron los primeros resultados en cuestión de días, 100 para ser exactos. Hoy, les quedan 79.

Una exigencia se escuchó en Palacio Nacional en aquella reunión sobre seguridad: si no pueden, renuncien. Medios informativos monitorean las acciones que realizan los cuerpos policiacos y las autoridades, para cumplir con la petición popular.

Sienten presión, ojos que los miran a todas horas y no les perdonarán un paso en falso o un punto menos en las expectativas que han fijado para sus compromisos.

Comienzan a caer, uno a uno, algunos delincuentes miembros de bandas delictivas, en su mayoría ligadas a secuestro. Logran ponerles esposas a miembros de la Policía Judicial vinculados con estas organizaciones.

Finalmente, caen miembros de la banda La Flor, acusada de perpetrar el secuestro y el homicidio del joven Martí. Sergio Ortiz Juárez, de 61 años, identificado como El Apá y también como el líder de esta organización. Pero se encuentra hospitalizado, debido a que fue herido en un incidente que no quedó claro.

Marcelo Ebrard anuncia que miembros de la banda La Flor han sido detenidos y serán llevados a penales de máxima seguridad: “Hicimos el compromiso de que no habrá impunidad y estamos cumpliendo”, dijo el jefe de Gobierno del DF.

Las autoridades capitalinas dicen contar con las pruebas necesarias para asegurar que Ortiz Juárez es la cabeza de la banda y el autor del crimen contra la familia Martí. Una doble vida: la oculta, como líder de La Flor, asiduo a un Sport City propiedad de la familia Martí y dónde supuestamente comenzó el nexo.

Aunque las pruebas no se han dado a conocer en realidad, las autoridades capitalinas aseguran estar a un paso de dar un golpe importante que, mediáticamente, funcionaría perfecto para quitar la presión que medios y ciudadanos tienen sobre ellos.

2. Caso Ortiz Juárez

Sergio Humberto Ortiz Juárez es asaltado por tres hombres y acude al Ministerio Público para denunciar el hecho, así como la pérdida de diez mil pesos y un par de identificaciones. Esto ocurre en julio, cuando, según las autoridades, ya tenían pistas que inferían sus actividades criminales.

Semanas más tarde, Ortiz Juárez sufre un atentado que lo manda al hospital. Una de las heridas lo dejará parapléjico. Al día siguiente de su entrada al nosocomio, es detenido; se anuncia su arraigo en calidad de líder de la banda La Flor, ejecutora del secuestro y el asesinato de Fernando Martí.

Esta semana, sus hijos emprenden una campaña en medios para desvirtuar las acusaciones de la Procuraduría capitalina.

“¿Creen que el jefe peligrosísimo de una banda va a ir a dar sus datos y a poner de su puño y letra lo ocurrido en el asalto y su firma?”

“¿Por qué si la Procuraduría ya tenía indicios de él, no lo detuvieron en el Ministerio Público?”

El menor de sus hijos, Miguel Ángel, logra acreditar la vida “desahogada” que su padre ha mantenido por años: dos jubilaciones y la renta de un local comercial. Cosa de doce mil pesos mensuales. Además, asegura que su padre jamás ha asistido a Sport City, a lo mucho, a un gimnasio ubicado en Coyoacán cuyo costo es mucho menor.

Con esto, afirman que su padre es parte de una estrategia de las autoridades capitalinas con el fin de resolver el caso Martí de una buena vez y sobre quien sea. La finalidad de esto, dicen los hijos de Ortiz Juárez, es calmar la presión que hay sobre ellos, esa que les pide que cumplan con lo prometido en materia de seguridad.

Su historia también cuadra, al menos, lo que sabemos hasta hoy.

Así tenemos dos juegos distintos de piezas para armar un mismo rompecabezas. Uno de los dos está incompleto, falta la pieza que cierre el cuadro y nos diga quién miente.

Podrían ser los hijos de Ortiz Juárez en un plan para intentar salvar al padre. O podríamos estar presenciando una tomada de pelo de colosales dimensiones… Asunto que sería terrible, desastroso, la puntilla para acabar con la credibilidad de las autoridades en su lucha contra el crimen. ¡Imagine usted que, efectivamente, Ortiz Juárez fuera ahora un secuestrado, pero de quienes actúan en nombre de la ley! Eso nos aterra tanto (o más) que la criminalidad misma…

Siete años después...

Ana María Salazar
salazaropina@aol.com
Analista política
El Universal

Se cumplieron siete años de los atentados del 11 de septiembre en EU. Este aniversario se lleva a cabo en un ambiente politizado, ya que los vecinos viven las últimas semanas de las campañas presidenciales. Si usted, estimado lector, ha seguido estas elecciones, se habrá dado cuenta de que en este momento los candidatos republicano y demócrata van empatados; en este momento en las encuestas tal vez John McCain tendría una pequeño margen a su favor.

Pero aun ante esta realidad, tuvieron la capacidad de llegar a un acuerdo: irían juntos al espacio donde antes se erigían las torres gemelas en memoria de las víctimas de los atentados. Esta capacidad de acuerdo podría ser una lección para políticos que viven agarrados de las greñas en todas partes del mundo. Parecería que el mensaje a los electores era que tratarían de sacar raja política en este aniversario. ¿O en verdad fue este su mensaje?

Tal vez ambos candidatos reconocieron que si uno de ellos trataba de buscar ventaja ante esta tragedia, el electorado lo castigaría. Les saldría el tiro por la culata. En EU cualquier candidato que busca ventajas ante una tragedia corre muchos riesgos políticos. Más allá, quien sea el nuevo presidente de EU enfrentará un difícil dilema: seguir con la estrategia en Irak, ir lentamente reduciendo la presencia de tropas extranjeras a pesar del cansancio ante la guerra y continuar protegiendo el país de actos terroristas de grupos musulmanes fundamentalistas, al mismo tiempo que se enfrenta a un EU en una grave crisis económica a pesar de los que diga el presidente Bush.

La semana pasada entrevisté a Robert Grenier, ex director de la unidad terrorista de la CIA. La plática confirmó mi percepción sobre el tema. Un primer asunto a desentramar es el statu quo de Al-Qaeda. A siete años de distancia: ¿cómo se encuentra? ¿Sigue siendo fuerte? ¿Continúa ejerciendo la misma influencia? Un primer análisis me dice que el movimiento se ha debilitado en su seno, en sus estructuras ideológicas más profundas, y que en el mundo islámico está destinado a fracasar sobre todo en su parte doctrinal, ya que los más importantes líderes del islamismo están contra Bin Laden y los objetivos de su movimiento.

De acuerdo con el ex funcionario, la misma organización terrorista no sabe o no quiere aceptar o no le importa su condición de debilidad ideológica, por lo que podemos estar en presencia de una lucha a largo plazo, sangrienta, desgastante y costosa, principalmente en Afganistán y Paquistán, donde ha logrado consolidarse en su estrategia de plantar una zona de seguridad entre las fronteras de ambos países, lo que está fomentando un conflicto regional. Ahí es donde se dará la batalla y donde es posible que se establezca el siguiente gran frente de batalla contra el terrorismo.

Próximamente, es también conocido que EU está a poco menos de tres meses de elegir a su nuevo presidente, lo cual podría significar un cambio sustancial en la estrategia contra el terrorismo, una nueva visión, algo. Sin embargo, atendiendo a los perfiles de McCain y Obama y a la situación del país, es previsible que en lo general no haya cambios, pero en lo que se refiere a Afganistán y Paquistán, por lo menos Obama —quien ha afirmado que la estrategia antiterrorista de EU se ha centrado obsesivamente en Irak—, de convertirse en presidente deberá justificar con hechos las declaraciones que con tanta fuerza ha sostenido.

A pesar del panorama de regionalización del conflicto y de debilidad ideológica del movimiento, que lo condenará tarde o temprano al fracaso, expertos en seguridad nacional no descartan la posibilidad de que se presente un ataque terrorista (islámico), porque aún existen células sumamente interesadas en pasarle factura a EU y afectar severamente sus intereses. Lo sorpresivo de esta crónica de un ataque terrorista anunciado no radica en que se vaya a presentar, sino en que los expertos se preguntan por qué todavía no se ha dado. El siguiente presidente, ya sea Obama o McCain, no la tendrá fácil. Para ver parte de la entrevista con Robert Grenier ir a www.anamariasalazar.com.