septiembre 19, 2008

Gramática del miedo

Juan Villoro
Reforma

El terrorismo borra las nociones militares de "frente" y "retaguardia"; carece de táctica visible; no se sabe si avanza o retrocede. Es más: no se sabe quién es el enemigo. Su única noticia es el horror inesperado.

Cada mañana los periódicos mexicanos anuncian los muertos de la jornada anterior. Para sobreponernos, relegamos el drama a una zona ajena: "los narcos se matan entre ellos". Esta negación es ya imposible. La violencia ha llegado al territorio de los inocentes.

El peligro es difuso: ¿quién ataca? Este espanto es seguido por otro: ¿quién defiende? Las recientes detenciones de secuestradores revelan la participación de mandos policiacos. El combate se está perdiendo, pero lo más dramático es que ni siquiera podemos establecer los bandos. Mientras el Poder Judicial no se depure, no habrá otra sensación que la impotencia.

Todos los sectores políticos han contribuido a esta incertidumbre. El crimen organizado sentó sus reales durante los gobiernos del PRI y el PAN ha sido incapaz de frenar la violencia. El PRD no ha ofrecido mejores resultados en los sitios donde ha gobernado.

La mayor responsabilidad compete -por razones obvias- al Ejecutivo. La inepta política del presidente Calderón ha provocado una reordenación de los cárteles. El Ejército salió a las calles a simbolizar poderío y sólo consiguió agitar un avispero, incrementando las ejecuciones. Las redes de financiamiento y lavado de dinero del narco están intactas y no ha habido detenciones de altos cargos coludidos con el crimen organizado (el último fue Mario Villanueva, por iniciativa del gobierno de Zedillo). El narco mueve el mismo dinero que el petróleo. Es obvio que ese circulante sólo puede llegar a su destino con complicidades oficiales. Sin embargo, los dos gobiernos de la alternancia han perdido la oportunidad de investigarse a sí mismos.

En respuesta al patrullaje del Ejército, las mafias reformularon su estrategia. Ricardo Ravelo ha documentado en la revista Proceso las "narcocumbres" que condujeron a una nueva repartición del territorio. Además, el crimen emprendió una progresiva difusión del terror. Los cadáveres configuran un discurso progresivamente escabroso en el que es posible distinguir "firmas": una banda deja encajuelados, otra decapitados, otra encobijados. Las huellas de tortura y las mutilaciones integran un alfabeto, un estilo reconocible de aniquilación. El video de la autopsia del cantante Valentín Elizalde se puede ver en la red y es posible advertir una técnica cada vez más precisa en la divulgación de atrocidades. Lo que antes eran fotos tomadas con un celular ahora son artificios con posproducción.

El derroche de armamento también es una táctica teatral: los narcos tienen tantas armas largas que se dan el lujo de abandonar 15 en el lugar de los hechos; algunos atracos son cometidos por sicarios disfrazados con uniformes reglamentarios; otros ocurren a afrentosa cercanía de los cuarteles; en todos, el impacto escénico es notorio.

Ante los indistinguibles cuerpos policiacos prospera el "oprobio de autor", la violencia con un estilo reconocible. El enemigo es incierto, pero su salvajismo es cada vez más próximo y diferenciado. La disparidad entre no saber quién amenaza y saber muy bien de qué es capaz crea un clima donde la paranoia es una forma de la sensatez.

El narco va ganando dos guerras: una la realidad, otra en la representación de la violencia. ¿De qué manera se puede reaccionar? La peor respuesta sería la de la normalización de la mirada, aceptar -en la célebre formulación de Hannah Arendt- la "banalidad del mal".

¿Es posible estar informado sin que los datos del horror paralicen al testigo? ¿Cuáles son los límites para exponer los saldos del crimen? ¿Hasta qué punto apoyamos el horror al conjugar su gramática en los medios? Los locutores hablan de "levantones" como si usaran un sustantivo común y los noticieros se ordenan según el guión de "trabajo" del crimen organizado. La indiscriminada exhibición de la violencia acaba por convertirse en un infomertial de quien la comete. ¿Perderemos la cabeza a fuerza de ver decapitados?

No se trata de ocultar la verdad, sino de articular un discurso oponente. Urge una conferencia nacional de medios para llegar a acuerdos sobre cómo regular la difusión del crimen en la arena mediática, donde su efecto es tan fuerte como en el mundo de los hechos. En la sociedad de la información, la resistencia y la esperanza se deben comenzar a construir en los espacios simbólicos que ahora se limitan a ser la caja de resonancia donde el delito adquiere la acrecentada contundencia del sonido directo y el close-up.

Llegamos al último y más dramático punto de esta guerra: las víctimas han dejado de ser selectivas. Cualquiera califica como secuestrable o sujeto de venganza. Los 24 ejecutados de La Marquesa han sido descritos como albañiles o jornaleros. Las granadas lanzadas en Morelia el día del Grito atentaron contra una indefensa multitud. Las amenazas que han llegado por correo electrónico en Villahermosa y Ciudad Juárez se dirigen al ciudadano común. No sabemos quién es el enemigo. No sabemos quién es la policía. Sabemos que estamos en la mira.

En 2007 Rosa María Robles presentó en Culiacán "Alfombra roja", una instalación que de manera irónica aludía a la pasarela de las celebridades en Hollywood. La pieza estaba hecha con ocho mantas de encobijados. La artista logró disponer de evidencias reales, teñidas con la sangre de las víctimas. Esto dio lugar a un contencioso y las alfombras fueron retiradas. Entonces, Rosa María Robles tiñó una cobija con su propia sangre.

El arte se adelanta a la cosas que vendrán. Las dos fases de "Alfombra roja" revelan la forma en que el horror se ha desplazado. Antes la sangre era de "ellos". Ahora es nuestra.

La guerra ganable

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Aparte del miedo, que ocupa un nuevo espacio social desde el atentado de Morelia, el rasgo más desalentador de la violencia criminal que vive México es la complicidad política y policiaca con el crimen.

No hay caso de alguna importancia –corrupción, robos, secuestros o asesinatos— donde no aparezca alguna forma de complicidad si no es que de liderato policiaco. Ochenta municipios de Michoacán están controlados por distintos cárteles del narco. Eso no puede ser sin complicidad de los políticos y los policías locales.

Las policías son la pieza clave. Hay una diferencia fundamental entre que los delincuentes sean policías en activo o ex policías. Los primeros delinquen con la representación del Estado, criminalizan una pieza esencial de la defensa de la sociedad.

La contaminación actual es enorme. Según un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública sólo la tercera parte de los policías del país es confiable. Los otras dos terceras partes no pasarían los exámenes de control de confianza, que incluyen edad, antecedentes, uso de alcohol y drogas, manejo de armas, condición física y capacitación policiaca. (Citado en Crónica, 14/9/08)

Salvo por inacción de las autoridades, no hay razón por la que en un plazo razonable no pueda someterse a exámenes de control de confianza a todos los policías del país, con la consecuente expulsión de los desconfiables y arresto o su seguimiento preventivo.

La limpia policiaca no es algo que pueda hacer solo el gobierno federal. Es una tarea de todo el Estado; muy señaladamente, de los gobiernos locales.

Según el estudio mencionado, hay 375 mil policías en México. Sólo un poco más de 20 mil son federales. En los gobiernos estatales trabajan 203 mil agentes, más del 54 por ciento del total. En corporaciones municipales trabajan 152 mil, más del 40% del total. La federación controla sólo el 5.4% de todos los policías de la República.

Si los 32 gobernadores y los más de dos mil presidentes municipales se ponen a depurar sus policías, el país podría tener al menos la certeza, fundamental, de que sus policías no son parte del crimen, y el Estado una fuerza pública que no duerme con el enemigo.

Para dar la guerra contra el crimen, los gobiernos deben ganar primero la guerra que libran contra si mismos en el seno de sus corporaciones policiacas.

Mi convicción es que el Estado puede y debe ganar esa guerra. Limpiar las policías de delincuentes es limpiar el Estado de una enfermedad mayor, devolverle los brazos y las piernas que necesita para su lucha contra el crimen.

¡Seguía siendo la economía, estúpido!

Fran Ruiz
fran@cronica.com.mx
La aldea global
La Crónica de Hoy

¿Recuerdan aquella célebre frase acuñada por James Carville, asesor de Bill Clinton en la campaña de 1992: “¡Es la economía, estúpido!”? Pues bien, en esa estamos de nuevo a menos de dos meses para las elecciones del 4 de noviembre, porque es la marcha de la economía de Estados Unidos y las recetas que propongan los candidatos las que muy probablemente decidirán quién será elegido presidente de la primera potencia.

Los estadunidenses están asistiendo entre estupefactos y aterrorizados al hundimiento de su sistema financiero y a cómo sus bancos, hipotecadoras y aseguradoras caen en bancarrota, se venden a precio de saldo a otras firmas o tienen que ser intervenidas por un gobierno que hasta hace, como quien dice, dos horas, se pavoneaba ante el mundo por su economía hiperliberalizada, sin ningún tipo de control y, lo peor, que condenaba el intervencionismo estatal en otros países.

La frase que ayudó Bill Clinton a ganar las elecciones en 1992 no era pura retórica. Su antecesor, George Bush I, perdió entre otras cosas porque había dejado al país con un déficit histórico de 290 mil millones de dólares. Al final de su segundo mandato, en el año 2000, el demócrata dejó en herencia a George Bush II una herencia de 190 mil millones de dólares (aunque, para su desgracia y la del candidato Al Gore, el mundo sólo hablaba entonces de Mónica Lewinsky).

¿Qué herencia va a dejar Bush a su sucesor tras ocho años de mandato? Básicamente un déficit de 482 mil millones de dólares y otras decenas de miles de millones gastados para intervenir instituciones gigantescas, como las firmas hipotecarias Fannie Mae y Freddy Mac, o la aseguradora AIG, con la excusa (cierta) de que dejarlas caer habría provocado un agravamiento de la crisis de consecuencias catastróficas.

La lógica dice que cuando la economía va mal en campaña electoral el candidato “oficialista” sale perjudicado, y esto es, precisamente, lo que le está pasando al republicano John McCain, que empieza a pagar los platos rotos de Bush con una caída en las encuestas, pequeña aún, pero que si la crisis se agrava (y nada indica que vaya a ocurrir un milagro de aquí a siete semanas) podría costarle la presidencia.

Para colmo, sus declaraciones en estos últimos días han sido desconcertantes, anunciando primero que, en el caso de AIG, el contribuyente estadunidense no debía pagar su rescate financiero, y un día después, dando marcha atrás al afirmar que la Casa Blanca había hecho bien nacionalizando la mayor aseguradora del país, a la que inyectó 85 mil millones de dólares, sacados de las arcas públicas.

Si Obama logra mandar al electorado el mensaje de que su política de contención del gasto —por ejemplo en centenares de miles de millones en guerras impopulares e inútiles, como la de Irak— y de eliminación de privilegios tributarios a los más ricos saneará las finanzas y harás menos vulnerable al sistema financiero, podría tener a su alcance la presidencia.

Bastaría, por ejemplo, con recordarles a los estadunidenses que ejecutivos como James Cayne, quien se vio obligado a dejar el mando del banco Bear Stearns, luego de llevarlo prácticamente a la bancarrota y humillar a una de las mayores instituciones financieras de Estados Unidos con su venta a precio de saldo a su competidora JP Morgan, recibió como finiquito 60 millones de dólares.

La suspensión de garantías individuales

Francisco Martín Moreno
fmartinmoreno@yahoo.com
Excélsior

El Presidente tiene diversas armas de las que puede echar mano con el ánimo no sólo de atrapar a los criminales de Morelia, sino de combatir con más éxito al narco

La nación se estremeció en sus cimientos con el atentado terrorista perpetrado en el estado de Michoacán durante la celebración de la Independencia de México. El hecho de arrojar granadas de mano en una plaza saturada por familias mexicanas, entre los que se encontraban un sinnúmero de niños y mujeres, obviamente inocentes, no puede sino responder a un impulso de maldad desconocido en el reino animal. Los únicos seres que se acribillan en masa son los propios humanos. La supuesta justificación del imperdonable delito sobre la base de que se trata de meros actos de locura ejecutados por personas privadas de sus facultades mentales, es tanto como aceptar que en México y en el mundo dejaran de existir los malvados para que su lugar lo ocupen los locos. Ahora ya no existe la maldad, sino los enfermos mentales.

El evento terrorista de la semana en curso debe ser sancionado por la autoridad sin tardanza alguna echando mano, si fuera el caso, del FBI, de la Guardia Civil española, de la Policía Montada del Canadá, de Scotland Yard o bien de la policía secreta israelí. Si se trata de desafiar a las instituciones de la República, es ahora cuando los tres Poderes de la Unión, junto con todos los estados de la Federación, aliados con las policías internacionales, deben imprimir sus mejores esfuerzos para dar con estos criminales enemigos de la paz pública del país. La sanción es impostergable para sentar el debido precedente: no intenten repetir la fechoría.

El presidente Calderón tiene diversas armas de las que puede echar mano con el ánimo no sólo de atrapar a los criminales de Morelia, sino de combatir con más éxito a los narcotraficantes que agreden a la nación, paralizan al país y envenenan a la sociedad.

Concretamente propongo aplicar el artículo 29 de la Constitución que establece: “en los casos de… perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente… de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente rápida y fácilmente a la situación”.

De suspenderse las garantías individuales en el estado de Michoacán, todo aquello establecido en el artículo 14 en el sentido de que “nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”, dejarían de tener fuerza jurídica. Es decir, a los delincuentes que se les halle in fraganti o que se hubiera delatado su localización, la policía tendrá derecho a privarlos de la vida, de la libertad, de sus propiedades o derechos de aquellos involucrados en el crimen organizado o en el desorganizado… Es evidente que no se requerirá que la autoridad emita una orden de aprehensión ni una orden de allanamiento ni una orden de clausura. La suspensión de garantías permite matar, arrestar o privar de sus propiedades a los narcotraficantes o secuestradores, entre otros más. Si estos últimos han roto todas las reglas, entonces, ¿por qué la policía antes de arrestar a dichos asquerosos victimarios se ve obligada todavía a recabar una orden de aprehensión dictada por un juez competente para poder aprehender a los enemigos de la paz pública?

Eso de que nadie puede ser molestado, según el artículo 16, en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, deja de tener absoluta vigencia desde el mismo momento en que se dicta la suspensión de garantías. Claro que los delincuentes pueden ser molestados en sus personas, rodeados de sus familias, en sus domicilios sin necesidad de recabar la autorización de la respectiva autoridad local.

Resulta evidente que la suspensión de garantías puede ocasionar un sinnúmero de arbitrariedades, ataques y venganzas injustificadas, sólo que si la nación ya se encuentra en un entredicho acosada y agobiada por los cuatro costados por el crimen organizado, resulta a todas luces obligatorio, no sólo armar y capacitar a las policías nacionales, sino también facilitarles las herramientas jurídicas que les permitan cumplir con mayor oportunidad y eficiencia con las facultades encomendadas en términos de la ley. Si el día de mañana la policía federal o la estatal diera con las pistas necesarias para aprehender a los terroristas que atentaron en contra de la vida de nuestros compatriotas durante la semana en curso, es claro que no se pueden exponer, con hampones de semejante naturaleza, a solicitar legalmente a un juez que obsequie una orden de aprehensión mientras dichos asesinos se pueden dar a la fuga.

¿Por qué no pensar en la suspensión de garantías por un tiempo determinado?

Armas

Yuriria Sierra
Nudo Gordiano
Excélsior

Lo de Morelia nos ha despertado muchas dudas y no sólo las que tienen que ver con la identidad de los responsables y sus motivos. También nos preguntamos cómo es que estos grupos han logrado operar con armas que, en un escenario deseable, serían de uso exclusivo del Ejército. Al menos así lo estipula el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Armas de todos los calibres, municiones y granadas es lo utilizado por quienes se han encargado de sembrar miedo en todo el país. Cifras que nos digan con exactitud cuántas de ellas están en manos de estos grupos delictivos, no existen. Se sabe de ellas al efectuarse un decomiso exitoso o si son atrapados in fraganti quienes en el camino las llevan a los sicarios. Camino, evidentemente, ilegal.

Los índices delictivos —de secuestro, robo o del narco— no podrían ir en ascenso sin que el tráfico de armas vaya en paralelo con ellos. Aunque no se ha logrado identificar el punto preciso donde se inicia el trayecto de las armas que llegan a nuestro país, es decir, no hay identidades, los decomisos realizados sí han dado nacionalidades, modus operandi y algunas vías de acceso.

Según datos proporcionados por la Procuraduría General de la República, en los tres mil 152 kilómetros que México tiene de frontera común con Estados Unidos existen 19 cruces de paso formales y una cantidad incontable de informales. Esos son los más importantes accesos para las armas, ya sean ocultas en las llantas de refacción, el respaldo de los asientos o en oquedades hechas en alguna parte de la carrocería de los vehículos; cualquier espacio es propicio para introducir armas a nuestro país.

¿Por qué se habla principalmente del paso entre México y Estados Unidos?

Los mismos documentos de la PRG donde se dieron a conocer cifras de los operativos contra la delincuencia organizada realizados en los 21 meses que van del sexenio de Felipe Calderón, también dan cuenta, a detalle, del origen de las armas incautadas. Según este informe, son de 13 marcas distintas, de las cuales diez son estadunidenses. La razón de esto es muy simple y radica no solamente en la colindancia.

Sabemos que en territorio de Estados Unidos la venta de armas es un negocio formal y supeditado a unas cuantas restricciones. Tan sólo en la línea fronteriza existen más de 100 mil permisionarios que venden legalmente armas e incluso se llevan a cabo ferias llamadas Gun Show, donde también se comercializa armamento legalmente. En esta compra-venta es donde aparecen los intermediarios, aquellos que hacen que las armas crucen la frontera y lleguen a su destino. Es decir, ciudadanos comunes del otro lado de nuestra frontera son los encargados de comprar las armas, para después entregarlas a las redes criminales.

Así, más de 75% de las armas ilegales que entran a México provienen de nuestro vecino del norte, ese mismo país que nos culpa de sus líos de narcomenudeo.

Y aunque los números no dan cifras de lo que hay, sí nos proporcionan otras que dicen cuánto es lo recaudado y dan una idea de lo bien armados que se encuentran quienes delinquen tan atrozmente.

Durante estos 21 meses que lleva Felipe Calderón en el mando del país, el decomiso de municiones se incrementó 132.6% con respecto al mismo periodo en que Vicente Fox estuvo al frente de Los Pinos. En lo relativo a las armas largas, el incremento en lo incautado fue de 101.13% y, finalmente, en lo que se refiere a las granadas —protagonistas de la historia de Morelia— el incremento fue brutal: pasó de 47 a mil 402 artefactos decomisados.

Tan sólo en lo que va de 2008 han sido 805 granadas las decomisadas en los distintos operativos realizados, una cifra muy por encima de las 25 que durante todo 2002 fueron encontradas en manos de criminales.

Estos números son fragmentos del parte médico de un país enfermo de violencia y reflejan cómo es que los grupos delictivos han rebasado a las autoridades que, dando pasos muy cortos, intentan asestarles algunos golpes que, como ya hemos visto, no han sido tan duros, al menos no iguales a los dados por ellos hacia los que habitamos el país.

'La familia' por Paco Calderón

Anuncia Corea del Norte reactivación de reactor de Yongbyon

El régimen comunista considera que ya dio pasos significativos, como la entrega de su inventario nuclear, que Estados Unidos ve incompleto, y la demolición televisada de la torre de refrigeración de la central de Yongbyon.

Pekín.- Corea del Norte está restaurando el complejo nuclear de Yongbyon en represalia a la decisión de Estados Unidos de no retirar al país de la lista de terrorismo, informó la cancillería norcoreana a través de la agencia oficial KCNA.

"Se ha suspendido el desmantelamiento de las instalaciones nucleares", indicó un portavoz de la cancillería, tras precisar que "desde hace algún tiempo se trabaja para restaurar las instalaciones nucleares de Yongbyon a su estado original".

El vocero dijo que se trata de una "medida de represalia" por la decisión de Washington de no retirar a Corea del Norte de la lista de países que patrocinan el terrorismo.

Corea del Norte anunció la interrupción de su proceso de desnuclearización el pasado 26 de agosto, para protestar contra Estados Unidos.

Los trabajos de desactivación de Yongbyon, que puede producir plutonio para armas nucleares, fueron iniciados tras un acuerdo alcanzado durante las conversaciones a seis (las dos Coreas, China, Rusia, Japón y Estados Unidos) para obtener una solución al dossier nuclear norcoreano.

Washington exigía que Pyongyang aceptara la verificación del proceso de desnuclearización antes de retirar al país de la lista de países terroristas.

El régimen comunista considera que ya dio pasos significativos, como la entrega de su inventario nuclear, que Estados Unidos ve incompleto, y la demolición televisada de la torre de refrigeración de la central de Yongbyon.

¿Qué pactar, con quién y para qué?

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Uno de los objetivos de los actos terroristas de la medianoche del 15 de septiembre es imponer en la sociedad y a las autoridades la idea de pactar con el narcotráfico, de negociar con él para que pueda continuar su negocio sin demasiadas molestias a cambio de que ya no haya violencia. Ello se basa en la falsa idea de que en el pasado no había tanta violencia porque las autoridades en turno pactaban con el narcotráfico para que, utilizando un lenguaje llano, la fiesta marchara en paz.

Lamentablemente es mentira. Primero porque violencia del narcotráfico siempre ha habido y la misma es inherente a esa actividad. Segundo porque no dudo de que algunas autoridades hayan pactado con el narcotráfico, pero en realidad lo que hicieron la mayoría de ellos fue venderse al narcotráfico y terminar siendo aliados, socios o empleados del mismo, con costo a la sociedad y al país.

Esa lógica fue una de las que permitió que el crimen organizado creciera en forma constante y consistente y que, en la misma medida en que crecía, tomara mayores territorios bajo su control y comenzaran sus enfrentamientos, con un saldo de violencia altísimo que, como tenemos poca memoria histórica, provocó crisis brutales, por ejemplo, la de 1994: ¿o alguien cree que los asesinatos del cardenal Posadas Ocampo, de Luis Donaldo Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu, no tuvieron nada que ver con los acuerdos políticos que unos u otros grupos políticos tenían o suponían tener con distintas organizaciones criminales tan poderosas entonces como ahora?, ¿acaso se puede olvidar la ola de violencia que devino del arresto del ex general Gutiérrez Rebollo, uno de los que había pactado con el cártel de Juárez para perseguir a los Arellano Félix y dejar a sus aliados operar sin molestias, o la que se dio casi inmediatamente después, cuando fue asesinado por sus propios aliados Amado Carrillo Fuentes?, ¿alguien recuerda la ola de asesinatos y secuestros que asoló a Tijuana luego de que se rompieron pactos, como lo denunció en su momento, y casi le cuesta la vida, don Jesús Blancornelas y cómo esos pactos permitieron crecer a los Arellano Félix?, ¿alguien recuerda cómo comenzó la ola de secuestros en Cuernavaca y el resto de Morelos luego de un supuesto pacto con Amado Carrillo y Juan José El Azul Esparragoza que vivían a unos metros de la casa de gobierno?, ¿qué pasó con los supuestos pactos que hace años se establecieron con el cártel del Golfo, después de la detención de García Abrego?, ¿no nacieron de allí Osiel Cárdenas y Los Zetas? No hay pactos, lo que hay son complicidades y una violencia que se incrementa cada vez que una de estas organizaciones quiere ocupar el espacio de sus rivales o quiere avasallar a las instituciones del Estado.

Leo una entrevista con un personaje importante, serio, respetable de la política nacional como Mauricio Fernández Garza, diciendo que “hay que negociar hasta con el diablo” y que preferiría negociar con el crimen organizado a que “me siguieran matando y secuestrando gente”. Mauricio dice después que lo que se debería hacer es “pegarles en la lana” a los traficantes, en los mecanismos de lavado de dinero que suman miles de millones. La visión, en términos utópicos es atractiva, el problema es que resulta imposible de aplicar. Quienes como Mauricio dicen que se debe pactar o negociar con el narco, ¿qué pactarían?, ¿impunidad para manejar su mercancía, protección de las autoridades con el fin de hacerlo?, ¿cómo harían para combatir el lavado de dinero y “pegarles en la lana” sin que hubiera reacciones violentas de los afectados?, ¿o alguien piensa que el narcotráfico se mueve por alguna razón diferente al dinero? Se confunde quizás al crimen organizado con una agrupación guerrillera con la que se puede llegar a un acuerdo de paz y desmovilización. Con el narcotráfico nunca ha sido así y sólo se han logrado acuerdos para la detención, a cambio de ciertas condiciones de vida, por ejemplo para los hermanos Rodríguez Orejuela o más recientemente los líderes paramilitares o de las FARC que se entregaron al gobierno de Álvaro Uribe. Lo mismo ha sucedido con las grandes organizaciones mafiosas en Italia o Estados Unidos. Fuera de ello no puede haber pactos porque no hay materia sobre la cual pactar. ¿Acaso se pactará que los narcotraficantes puedan vender droga a los niños y a los jóvenes como lo vienen haciendo desde hace años (el consumo interno se disparó desde 1994, no desde 2006) a cambio de que no haya violencia?

La opción de pactar es una alternativa falsa, que puede surgir de la desesperación o de una imaginación frondosa pero que no tiene bases reales de sustentación. Las experiencias internacionales, todas, de pactos con este tipo de organizaciones, han concluido mal para el Estado: en Colombia se intentó negociar con el narcotráfico sobre las extradiciones y fue un desastre. Las cosas comenzaron a tomar su curso cuando quedó en claro que no había mayor margen de negociación que la entrega de los delincuentes a las autoridades. Y lo mismo ha sucedido en otros países.

Insistimos en un punto: habrá más violencia porque ello es parte de la lógica de este enfrentamiento; habrá que revisar estrategias y tácticas, probablemente personal y alineaciones; deberá haber mucha mayor coordinación y cuidar que la sociedad no se divida en el tema. Pero que nadie se engañe: el pacto con el crimen para frenar la violencia es sólo una coartada de esas mismas organizaciones para tener un respiro y continuar con su negocio. Sería uno de los mayores errores que podrían cometer las autoridades, sean federales, estatales o municipales. Y una de las tentaciones en las que la sociedad no puede caer.

De mentes brillantes

Oscar Mario Beteta
dikon2001@yahoo.com.mx
En Petit Comité
Milenio

La universidad entra en la escena política con un diagnóstico sobre el origen del más grave problema que enfrenta México y establece: “La desigualdad social es el caldo de cultivo de la delincuencia”, lo cual no es nuevo ni extraño para nadie.

Y advierte: “En el fondo, mientras no se corrija la gran desigualdad y la injusticia que vivimos en México, continuará la violencia”. ¿Atenderá alguien esa voz de alerta?

El problema de la inseguridad es tan grande, y preocupante, que algunas de las más importantes universidades públicas y privadas, como UNAM, IPN, UAM, Colmex, ITESM y UIA, han decidido aportar abiertamente, como en muy pocas ocasiones, a la eventual solución del caso.

Este loable hecho llevó al rector de la UIA, José Morales Orozco, a plantear que el Estado debe confiar en la educación para superar las taras de la violencia y la inseguridad; la corrupción y la impunidad, lo que sin duda debe ser compartido por sus pares y por toda la sociedad. ¿Coinciden con eso quienes gobiernan?, ¿escuchan la voz de la ciencia?

En contra de lo único que parece ocurrírseles a estos, hizo notar en una declaración de prensa que para curar el cáncer de la criminalidad no basta con incrementar los fondos en materia de seguridad y justicia [...]. “Se deben atender las desigualdades [...]; se debe poner énfasis en las causas sociales, así como crear una cultura que rechace la corrupción y la impunidad”.

Ver juntas a grandes universidades oficiales y privadas en proyectos públicos comunes no es de lo más común. Qué bueno que coincidan en el compromiso de ilustrar a la población sobre las dimensiones que alcanza la delincuencia y sus posibles soluciones, y en dar seguimiento a los compromisos contenidos en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Pocas entidades y/o personas, como las universitarias, tienen la autoridad moral y las luces para encarar y resolver los grandes problemas nacionales que han colocado al país en el tobogán de la muerte. En ellas está una posible salida.

Mas, para que la contribución de la universidad y de sus mentes más lúcidas alcancen éste cometido, deben ser escuchadas por la élite político-económica dominante e impulsar en paralelo un proyecto educativo homogeneizador ampliamente incluyente.

Sotto voce

La reacción de la sociedad contra los hechos criminales de Morelia refleja un consenso, sí, para que las autoridades pongan orden. Por eso están obligadas a responder. ¿Lo harán?

Todos contra uno

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

Ayer en el programa Frente al País, el colega Juan Carlos Giraldo, editor de RCN-Televisión, de Colombia, nos explicó que atentados terroristas como el de Morelia suele darles, a los grupos que los ejecutan u ordenan, buenos resultados mediáticos.

Al principio, no. Hay una ola de indignación contra los asesinos y se viven momentos de unidad nacional.

Pero después la sociedad tiende a flaquear.

Cuando vienen más atentados, los narcos o quienes los hayan perpetrado, logran esparcir el terror entre la población y ésta le reclama al gobierno una salida rápida. Una de esas salidas es negociar con las mafias.

Nos recordó el periodista colombiano que en su país ha sido posible ir derrotando al narcoterrorismo gracias a la unidad nacional, que incluye a los medios de comunicación. “Todos contra uno”, fue la expresión que usó.

Aquí eso de la unidad de los medios de comunicación en contra del enemigo de México es todavía un buen deseo, pues en la práctica no se da.

Ayer un importante matutino de la capital, expuso en su editorial institucional que los criminales que lanzaron granadas contra personas inocentes, desarmadas y desprevenidas en el zócalo de Morelia, “no son traidores a la patria”.

El diario dejó ver su molestia por los adjetivos con que el presidente Calderón se refirió a los autores del atentado. “Los ácidos denuestos vertidos por Calderón contra los agresores criminales dejaron ver inseguridad y descontrol”.

Curiosa la vara para medir que tienen algunos comunicadores. A los que matan a mansalva a ciudadanos mexicanos que no le han hecho daño a nadie y sólo cometieron el “delito” de acudir a dar el Grito de Independencia a una plaza pública, no se les puede llamar traidores a la patria porque, “en rigor, no lo son”.

Ellos sí pueden llamar “traidores a la patria” a quienes buscan modernizar la industria petrolera (tal vez estén equivocados, o no, pero es un asunto de ideas) o a los que simplemente no piensan como ellos ni como su líder político.

Al Presidente de la República sí se vale decirle toda esa retahíla de insultos que cada día les endilgan el derrotado candidato presidencial, su prensa y quienes le acompañan en sus aventuras, pero a los narcoterroristas que lanzan la granadas y matan personas, no se vale tocarlos ni con el adjetivo de cobardes.

Por otra parte, ayer leímos una declaración del PRI en la Cámara de Diputados, en la que se afirma que el presidente Calderón debe cambiar su política de combate a la delincuencia porque ha fracasado.

El planteamiento es respetable, pero está equivocado, y sobre todo parece adelantarse a la ola de temor que provoca el terrorismo.

¿Cómo que ha fracasado la lucha contra el crimen organizado?

En un año y medio de gobierno se ha decomisado una cantidad igual de cocaína (más de 61 mil kilos) a la decomisada por las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, juntas.

En poco más de año y medio de gobierno, a los narcos y al crimen organizado se les han decomisado casi la misma cantidad de vehículos terrestres que en la administración de Zedillo y Fox, juntas.

Durante los gobiernos de Zedillo y Fox, es decir en 12 años, se le decomisaron al narco 123 aviones. Tan solo en los primeros ocho meses de este año se les han quitado 228 aviones.

En el primer año y medio de gobierno de Calderón se han detenido a más delincuentes (41, 222) ligados al tráfico de drogas que en todo el sexenio de Zedillo (30, 368) y que todo el sexenio de Vicente Fox (27, 036).

Durante el gobierno de Zedillo se le decomisaron al narco, en seis años, 728 mil 511, dólares. En el de Vicente Fox se les decomisaron 29 millones 385 mil 637 dólares. Y en lo que va del gobierno de Calderón que aún no cumple su primer tercio, se les han decomisado 278 millones 538 mil 194 dólares.

¿Vamos mal?

¿Hay que cambiar la política de combate a la delincuencia?

¿Vamos a hablarles de usted a los narcoterroristas porque nos van ganando?

¿De veras nos van ganando?

Todos contra uno, nos dijo el colega colombiano.

Esa es la clave.

Nuestros bosques

José Sarukhán
jose.sarukhan@hotmail.com
Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM
El Universal

Escribir (o hablar) acerca de la situación de los bosques mexicanos es tocar un tema tan manido y con tan poco efecto en la sociedad como lo era hace un tiempo hablar de los sempiternos problemas del Valle del Mezquital, o de los henequeneros, o actualmente de la corrupción policiaca.

El común de la gente no puede pensar en los bosques mexicanos sino como en un enorme saco sin fondo que no logra llenarse de corrupción, ilegalidad, crimen, ineficiencia, etcétera. Hay muy buenas razones para ello, y han estado ahí por mucho tiempo. Sin embargo, es bueno citar unos cuantos datos acerca de los bosques mexicanos y sus dueños antes de entrar más en materia.

Un poco menos de un tercio del territorio nacional (56.5 millones de hectáreas, ha) está cubierto por bosques y selvas; de esa superficie, un poco más de la mitad (54%) corresponde a bosques de zonas templadas (de pinos y/o encinos primordialmente) y el resto son selvas, es decir, comunidades boscosas tropicales. Adicionalmente hay unos 22 millones de ha de bosques en diversos estados de deterioro y transformación.

No debería quedarnos duda de que la vocación de la mayor parte de nuestro territorio es forestal. Para sorpresa de mucha gente, México es el país con más especies de pinos y de encinos del mundo a pesar de no ser el centro de origen de estos grupos de especies. Nuestros extensos e intricados sistemas montañosos son en gran parte responsables de esta potencial riqueza forestal y de que muchas de esas especies sean exclusivas (endémicas) de México, las cuales tienen tasas de crecimiento de las más altas del mundo.

Un segundo hecho crucial para entender lo que ocurre en los bosques es que una gran proporción de esta cobertura forestal (80%) es propiedad de comunidades rurales o indígenas. La población que habita en y vive de los bosques es, coincidentemente, el 20% más pobre y marginado de la sociedad mexicana. En estos terrenos se encuentra, irónicamente, una porción mayoritaria (75%-80%) de la diversidad biológica del país.

Perdemos cada año una extensión de bosques y selvas que oscila entre 300 mil y 700 mil ha, proporcionalmente más de estas últimas. Aparte de lo grave del hecho de la pérdida, México no cuenta hasta ahora con medios confiables e indiscutibles para determinar con precisión la tasa de deforestación. Los motores de esa pérdida de bosques son su transformación primero a zonas agrícolas de temporal y posteriormente a praderas que sostienen una “ganadería” en extremo ineficiente.

Nuestros bosques son, en gran medida, riqueza irrealizada. Muchas razones inciden en ello. Una, especialmente importante para las selvas, ha sido, hasta recientemente, nuestra dependencia tecnológica. La maquinaria forestal, especialmente las sierras para industrializar la madera, viene de países templados donde las especies producen madera suave. Esto hace que esas sierras sean incapaces de cortar las innumerables especies tropicales de maderas duras que hasta hace poco quedaban tiradas pudriéndose.

Otro elemento es la falta de caminos rurales adecuados, lo que causa que la mayor parte del costo de producción de la madera sea el transporte. Pero, en mi opinión, un elemento aún más importante ha sido la explotación desbocada, por todo tipo de intereses, de los grupos comunitarios indígenas y rurales, dueños de los bosques, tema al que me referiré en entregas futuras.

Calderón y el terrorismo

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

“Ojalá que por lo menos nos quede a todos muy en claro que el terrorismo no puede ser tolerado en la más mínima expresión. A quienes insisten en buscarle atenuantes y justificaciones hay que marcarles enfáticamente que se están convirtiendo en el peor enemigo de la humanidad. Más vale que lo entendamos así”. Esto escribía Felipe Calderón el 13 de septiembre de 2001 en el periódico Reforma donde era editorialista. Se refería, por supuesto, a los atentados terroristas que habían ocurrido en Nueva York y Washington dos días antes.

En su colaboración del 20 de septiembre en el mismo diario, el entonces diputado analizaba, con gran realismo político, las posibles reacciones del gobierno estadunidense: “El mundo continúa en vilo, a la espera de conocer cuál será la respuesta de Estados Unidos a los brutales ataques que esa nación sufrió el pasado martes 11. Es muy probable que sea de carácter militar. Es una parte triste de la historia de la humanidad: toda agresión violenta genera una reacción también violenta cuando se tiene la capacidad de llevarla adelante. Las medidas retaliatorias forman parte de los códigos de seguridad y de guerra. Ninguna nación con capacidad militar superior a sus adversarios ha dejado de contestar un ataque, menos en el caso de Estados Unidos”.

Sin embargo, el panista también se mostraba inquieto: “Por supuesto que tal reacción militar preocupa, y preocupa más todavía el tipo de estrategia que se pueda implementar. Desde el lanzamiento de misiles hacia objetivos militares hasta el ataque indiscriminado sobre el territorio anfitrión del principal sospechoso, Afganistán, incluyendo el ataque a civiles. Y aunque ha sido descartado implícita o explícitamente por los expertos, la verdad es que aterra tan sólo pensar en que el poder atómico sigue ahí, esperando órdenes. Algo que de tan reprobable es improbable”.

Calderón, por un lado, admitía el inevitable uso de la fuerza para atacar al terrorismo pero, por el otro, tenía dudas de hasta dónde. La misma dualidad la expresó en otro editorial titulado “El absurdo camino de la guerra” publicado en Reforma el 4 de abril de 2002: “Israel ha sido durante milenios un pueblo perseguido, masacrado, asesinado. Comprendo y comparto hasta donde ello es posible la indignación y la rabia de quienes todos los días ven amenazada su vida, su seguridad, su integridad personal y la de su familia por la agresión y el acoso constantes del terrorismo fundamentalista. Bajo ningún concepto es admisible la violencia homicida contra personas inocentes, contra mujeres y hombres, adultos y niños. Pero no es correcto el suponer que esta violencia homicida terminará con la puesta en marcha de medidas que a final de cuentas son también violentas. La espiral del terrorismo y la represalia violenta es infinita. No hay salida contra ella. Y en esa espiral de violencia están las vidas de cientos, miles de seres humanos inocentes, judíos, musulmanes o cristianos”.

De acuerdo con Calderón, la violencia homicida no se solucionaba con medidas también violentas. Esto sólo conducía a una espiral de muerte. Cosas del destino, ahora este hombre es el Presidente de una nación amenazada por el terrorismo. Sobre los bombazos en Morelia, el mandatario dijo que eran actos execrables cometidos por traidores a la patria. Y prometió: “Contra los enemigos de México se aplicará todo el rigor de la ley y se actuará con todo el poder y la fuerza del Estado”. Todo indica que vendrá una respuesta violenta del Estado contra los autores del acto terrorista. La pregunta es obligada: ahora que está del otro lado del escritorio, ¿seguirá pensando Calderón que una represalia de este tipo nos llevará a una inevitable espiral sin salida que condenará la vida de cientos, quizá miles, de mexicanos?

¿Que renuncie Calderón?

Esteban Moctezuma Barragán
Presidente ejecutivo de Fundación Azteca
emoctezuma@tvazteca.com.mx
El Universal

Últimamente, como en los inicios de otros sexenios, se han expresado algunas voces por una salida anticipada del presidente de la República, por renuncia o al proponer fórmulas de revocación del mandato.

Esta “grilla” es absurda, porque constitucionalmente no es posible y si acaso se cambiara la ley, no significaría esto avance alguno. Veamos por qué.

El tema es muy delicado y mucho más profundo que coyuntural. En primer lugar, si incorporáramos en nuestra legislación la figura de la revocación del mandato, no habría presidente municipal que permaneciera tres años en su encargo, ni gobernadores que concluyeran los seis años de su mandato y mucho menos presidente de México que terminara su sexenio.

Ponerles a diversos actores y partidos políticos la manzana de revocar el mandato a una autoridad electa es iniciar una era de lucha sin cuartel.

En vez de fortalecer la garantía de permanencia en el encargo, se fortalecería la inestabilidad, que agravaría los problemas que se buscan solucionar.

En segundo lugar, si el presidente dejara su lugar a otra persona, es ingenuo pensar que de un momento a otro pasaríamos de un país ahogado en el problema del narcotráfico, a un país seguro y en paz.

No, señores. El narco está ahí y lo que debemos hacer es unirnos en su combate, no debilitar a nuestros servidores públicos e instituciones.

Los mexicanos estamos obligados a apoyar a las autoridades legalmente constituidas. Esto no significa estar siempre de acuerdo, no. En muchas ocasiones habrá que oponerse, pero para ello también hay medios y formas legales. Hoy apenas se respeta a un presidente que va a estar seis años en su encargo. ¿Imagina usted el respeto que tendría un jefe del Ejecutivo que puede ser removido en cualquier momento?

Las fórmulas académicas y las figuras legales hay que imaginarlas aterrizadas en nuestra realidad. En México, no se deja gobernar a un presidente por definición. Renuncia o revocación del mandato nos llevarían al siglo XIX. Quienes lo proponen deberían recordar la historia de México en ese siglo. Un siglo de divisiones, golpes de Estado, invasiones, asonadas, dictaduras, que nadie debe olvidar.

Si queremos cambios, pensemos en otros. Es mucho más sensato pensar en la reducción del periodo de gobierno y pasar de seis a cuatro años, con posibilidad de reelección. Así podríamos concluir antes los gobiernos ineficaces y mantener unos años más los gobiernos efectivos, pero nunca “tumbarlos legalmente”. ¿O tampoco estamos maduros para ello?