septiembre 20, 2008

Chávez corre al director de HRW

(Chávez, con los mismos argumentos de Evo y del peje, si pudiera)

Excélsior
EFE y AP

CARACAS.— El gobierno venezolano expulsó al director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, horas después de la presentación en Caracas de un informe del grupo con críticas al Ejecutivo del presidente Hugo Chávez.

Vivanco, afirmó por su parte en Sao Paulo que el gobierno de Venezuela intenta “intimidar” a la sociedad con medidas como su expulsión de ese país.

También fue despedido el subdirector de HRW, Daniel Wilkinson, según un comunicado oficial de la Cancillería venezolana.

La nota del ministerio señala que el gobierno decidió la expulsión tras evaluar las declaraciones públicas hechas por Vivanco y establecer que con ellas “ha violentado la Constitución y las Leyes” de Venezuela “agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana”.

Señala asimismo que se ha inmiscuido “ilegalmente en los asuntos internos” del país.

La Cancillería agrega que el gobierno decidió la expulsión de Vivanco, con pasaporte chileno, “con base en los valores constitucionales de defensa de la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano”.

Precisa que decidió además la expulsión de “su acompañante” Daniel Wilkinson, con pasaporte estadunidense.

“Es política del Estado venezolano, apegado a los valores de las más avanzada y democrática constitución que haya tenido nuestro país en su historia, hacer respetar la soberanía nacional y garantizarle a las instituciones y al pueblo su defensa frente a agresiones de factores internacionales”, indica la nota.

Afirma que esas “agresiones de factores internacionales” responden “a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de Estados Unidos”.

En el comunicado, el gobierno dice notificar a ambos “la obligación de abandonar de manera inmediata la patria del Libertador Simón Bolívar”.

El jueves, la organización no gubernamental presentó en Caracas un informe de 267 páginas en el que criticó el “desprecio” del presidente Chávez por “derechos fundamentales”, bajo el titulo Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.

El documento destaca que el “presunto compromiso” del jefe del Estado venezolano para con la democracia es “contradictorio con el desprecio, por parte de su gobierno, de garantías institucionales y derechos fundamentales”.

En la rueda de prensa de presentación del informe, Vivanco señaló que “particularmente serio es el debilitamiento sistemático, y creemos, deliberado, de las instituciones democráticas”.

“Nos preocupa mucho la situación en Venezuela, nos preocupa que el debate político se dé en un contexto donde hay instituciones políticas tan débiles”, agregó.

Human Rights Watch en español

Ciudad Gótica a la mexicana

José Contreras
La Crónica de Hoy

Todas las corporaciones policiacas, incluidos los cuerpos de élite que tienen la función de resguardar la integridad física de los gobernantes, están infiltradas por la delincuencia organizada.

La mafia sólo da dos opciones a los policías: se venden y se ponen al servicio de los delincuentes o se exponen a ser ejecutados.

El crimen organizado actúa con extrema violencia. Realiza ejecuciones ejemplares y utiliza los medios electrónicos para difundir, mediante videos, su capacidad para torturar antes de matar.

La infiltración de las policías ha sido clave para que la delincuencia organizada tenga el control de la situación. Los capos son dueños del territorio y se dan el lujo de cometer actos terroristas con explosivos para amedrentar a las autoridades y a la población. Con todo eso tienen en jaque a la autoridad.

Aunque lo parezca, no estamos hablando de la situación por la que atraviesa el país en estos momentos, sino de lo que ocurre en la película Batman, El caballero de la noche, que aún se encuentra en cartelera.

Es una breve y mala sinopsis de la cinta de Christopher Nolan, pero bien podría aplicarse en términos generales al grave problema de violencia y de inseguridad que vive México.

Las organizaciones criminales que controlan Ciudad Gótica contrataron a un psicópata sanguinario y sin escrúpulos para que elimine a su principal amenaza.

La estrategia de El Guasón para cumplir con su labor es la contratación de un ejército de sicarios que están por toda la ciudad y la compra de voluntades de los servidores públicos.

La infiltración es tal que el fiscal, Harvey Dent, es secuestrado por sus propios hombres de confianza. Y el comisionado Gordon (el jefe de la policía) se ve obligado a desaparecer y a fingirse muerto para no ser ubicado por los hombres de El Guasón.

Es una historia de ficción pero bien podría ser una metáfora de lo que ocurre en nuestro país.

Todas las corporaciones policiacas federales, estatales y municipales están infiltradas por la delincuencia organizada.

No lo dice quien esto escribe. Lo reconocieron el pasado 11 de septiembre el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Antes, el 25 de agosto, el gobernador de Tabasco, Andrés Granier, había declarado que el narcotráfico logró reclutar a unos 200 policías federales y estatales de 10 municipios de la entidad.

Pero, más allá de las declaraciones, la infiltración del crimen organizado en los altos mandos de las corporaciones policiacas es un hecho verificable.

La subinspectora de la Policía Federal Preventiva, Lorena González, es integrante de la banda de La Flor y está detenida como presunta responsable del secuestro y asesinato del menor Fernando Martí.

El pasado 5 de septiembre, el Ejército y fuerzas federales detuvieron a los titulares de las policías preventivas del estado de Tabasco y del municipio de Cárdenas, por su presunto involucramiento en actividades del narcotráfico.

Como en la película del caballero de la noche, el crimen organizado ha lanzado un desafío a las autoridades; las tiene a prueba y las ha obligado a cambiar las prioridades.

En la película, las autoridades quedan rebasadas y es un ciudadano indignado por que de niño presenció la ejecución de sus padres, quien toma la justicia en sus manos y se enfrenta con éxito al Guasón.

El México real está lleno de Guasones que contratan sicarios capaces de decapitar a 12 de un jalón en Yucatán, acribillar a 14 en Chihuahua o rematar con el tiro de gracia a 24 en una sola acción, en el Estado de México.

Nuestros Guasones ya empezaron a perpetrar actos terroristas con la explosión de dos granadas en Morelia, al igual que el Guasón de la película hizo explotar todos los hospitales para provocar terror entre la población.

En el México real también han surgido “hombres murciélago” que han tomado la justicia en sus manos y con ello han superado a la policía, como Eduardo Gallo, quien atrapó a varios de los secuestradores y asesinos de su hija Paola.

O Isabel Miranda, quien con sus recursos ubicó y logró la detención de varios de los secuestradores de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Desde luego que el surgimiento de otros Batman no es precisamente lo que el país necesita para combatir a los Guasones.
Lo deseable es que exista voluntad de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión para combatir a la delincuencia, sin demagogia, sin tanto discurso, sin operativos de relumbrón.

Hay recursos materiales, hay herramientas legales, lo que falta es voluntad de quienes tienen en sus manos esos recursos para llevar a cabo acciones más eficaces y menos efectistas.

Urge que lo hagan, porque al paso que vamos la realidad está dejando muy atrás a la ficción.

OFF THE RECORD

Damnificado por el “decretazo” publicado el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, el senador Manlio Fabio Beltrones ya prepara una nueva iniciativa de reformas a Ley Federal de Radio y Televisión para establecer el refrendo automático de las concesiones. Manlio Fabio siente que el Ejecutivo le plagió su iniciativa que proponía facilitar el que los concesionarios de AM transiten a FM y ahora, dice, espera que no le haga lo mismo con el tema de los refrendos.

El regateo y la tormenta

Ivonne Melgar
Retrovisor
Excélsior

Cauteloso y desconfiado, el calderonismo le apostó a sus cuadros políticos y a una alianza con el priismo legislativo.

Bajo esa estrategia, el segundo gobierno del PAN trazó planes para desmontar la idea de que los acuerdos políticos eran imposibles y aplicar un plan sin precedentes en la confrontación a las bandas delictivas.

Hasta hace poco, la jugada funcionó bastante bien. Con el motor tricolor, se aprobaron las reformas en pensiones, la hacendaria, la electoral y la de seguridad. Y en el tema del combate al crimen organizado, la percepción social crecía a favor de un gobierno dispuesto a todo, incluso a utilizar el concepto de guerra.

Los problemas comenzaron sin embargo en este 2008, cuando en el arranque de su gestión como secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, no logró sortear con éxito las impugnaciones del PRD por presunto conflicto de intereses entre sus tareas políticas y los negocios familiares.

La apuesta de la confianza en los cuadros políticos del presidente Felipe Calderón quedó averiada. Y el PRI se sumó al cuestionamiento del principal interlocutor del gobierno frente a la oposición, particularmente a través de su legislador más importante, el jefe de la bancada en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.

En ese contexto, la iniciativa de reforma petrolera ya no corrió la misma suerte que las anteriores, aun cuando en Los Pinos formularon una propuesta sujeta a las condiciones que el priismo había puesto para sacarla adelante.

Si bien el freno del proceso legislativo en el tema energético representa un tropiezo para el calderonismo, esto pasó a segundo plano ante el trato que su supuesto aliado político, el PRI, le dio a la ola de violencia agudizada en los últimos meses.

Justo cuando el gobierno debía cumplir con el segundo informe, la crítica tricolor alcanzó su mayor tono porque a la descalificación de la estrategia en seguridad, sumó aquella frase del senador Beltrones de que se trataba de una administración de “cuates y de cuotas”.

Y, sin embargo, ya Calderón había echado a andar el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el que por cierto no participaron los partidos políticos, sino únicamente sus representantes legislativos, aunque en esa firma del 21 de agosto, brillaron por su ausencia justamente los priistas.

Aun cuando los ajusticiamientos, decapitados, narcomantas y enfrentamientos siguieron manifestándose con gravedad, el gobierno federal encontró en el cumplimiento de ese acuerdo un nuevo instrumento de negociación política y de búsqueda de la credibilidad ciudadana, hasta que las granadas de Morelia dejaron al descubierto el tamaño del problema.

Si algo hay unánime ahora es la conciencia de que a partir del 15 de septiembre el asunto del crimen organizado escaló a un grado de violencia para el cual no había apartado ni compromiso alguno dentro del acuerdo ni leyes y mucho menos capacidad de respuesta en las instituciones.

Se llama terrorismo y basta el telegrama solidario enviado este viernes por el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero para entender que es eso y que si le tenemos miedo al término, no habrá valentía posible en el enfrentamiento de sus ejecutores.

Como toda situación límite, el hecho y su condena no admiten medias tintas ni regateos. Y en términos formales, digamos que nadie se quedó sin pasar lista. Lo hicieron los congresos, la Corte y los partidos. Deploraron y prometieron respaldo a las instituciones.

No obstante, pasada la paja retórica, la semana que termina deja al descubierto de qué profundidad es la fractura de la apuesta calderonista en una alianza con el PRI ahora desmantelada por el espejismo electoral.

Porque ese partido ha resuelto capitalizar la compleja coyuntura en beneficio de su expectativa de convertirse en primera fuerza legislativa para 2009.

Y todavía más: le está regateando a la institución presidencial incluso el formalismo de una mera declaración de papel, de las que mueren con el periódico de ayer.

Eso es lo que ocurrió este jueves en la víspera de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública para evaluar y ratificar el pacto posible del acuerdo. Calderón invitó a comer a las dirigencias de los ocho partidos políticos. Si el PRI, el PAN y el PRD habían suscrito una condena conjunta, comprometiéndose a fortalecer las instituciones de la República para enfrentar, “sin fisuras, al crimen organizado”, en Los Pinos se pensó que era momento de traducir esa palabra en un cierre de filas.

El perredista Guadalupe Acosta Naranjo se disculpó por mantener la distancia dictada por el pejismo. Y a su negativa se adhirió la del PT y Convergencia.

El resto acudió. Germán Martínez del PAN, Beatriz Paredes del PRI, Jorge Emilio González del Verde Ecologista, Alberto Begné de Alternativa y Jorge Kahwagi de Nueva Alianza. Entre la sopa y el guisado, nadie dijo no a la idea de poner en blanco y negro el compromiso colectivo en torno a la unidad reclamada por el gobierno para aplicar la fuerza del Estado. Pero llegada la hora de la digestión, el priismo optó por el silencio.

Cero pronunciamientos.

Simultáneamente, en la casona de Xicoténcatl, sin la virulencia de días anteriores, el senador Beltrones llenaba el hueco con el anuncio irónico de que su grupo parlamentario pediría una audiencia con el Presidente: “Queremos preguntarle directamente qué necesita y qué es lo que podemos hacer en el Senado para ayudar a que México salga adelante”.

En su declaración a los medios, avizoró el sonorense que “la tormenta que viene nos impactará en el futuro”. Debe ser. Sobre todo porque a estas alturas el gobierno federal no parece decidirse a balconear el doble juego del supuesto aliado. Y como con el foxismo, por la vía de los hechos, el presidente va solo. Esta vez la idea de que sí habría un PAN acompañando al gobernante, es una pretensión que hace agua.

Edomex, territorio en disputa

Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
El Universal

Considerado “plaza” de los hermanos Beltrán Leyva —luego de éstos rompieron con Joaquín El Chapo Guzmán y su Cártel de Sinaloa—, el territorio del estado de México es escenario de una de las disputas más sangrientas entre narcotraficantes, que han desatado en la entidad una ola de violencia y ejecuciones que ya tocó, incluso, la antesala del gobernador Enrique Peña Nieto

Si la ejecución de La Marquesa había prendido los ‘focos rojos’, el asesinato de un guardia de Humberto Benítez Treviño confirmó que violencia del narco tiene uno de sus puntos más intensos en esa entidad
Considerado “plaza” de los hermanos Beltrán Leyva —luego de éstos rompieron con Joaquín El Chapo Guzmán y su Cártel de Sinaloa—, el territorio del estado de México es escenario de una de las disputas más sangrientas entre narcotraficantes, que han desatado en la entidad una ola de violencia y ejecuciones que ya tocó, incluso, la antesala del gobernador Enrique Peña Nieto.

El asesinato de un escolta del secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, ocurrido el pasado 15 de septiembre, se suma a una serie de hechos violentos que han tenido como escenario el estado de México, uno de los más ricos del país. Es esa riqueza y su ubicación estratégica lo que la ha vuelto una de las plazas más codiciadas por los narcotraficantes.

Información de la PGR señala que la ola violenta se debe a la llegada de La Familia, ligada al Cártel del Golfo, a territorio mexiquense. El grupo michoacano intenta apropiarse de municipios del área conurbada y comenzó a cobrar “derecho de piso” a narcomenudistas y secuestradores, lo que provocó una violenta reacción de los Beltrán Leyva. En ese enfrentamiento se inscriben los 24 cadáveres que aparecieron hace una semana en La Marquesa y que, según se sabe ahora por las investigaciones, se trataba de albañiles, jardineros y otros hombres de origen humilde que fueron levantados en Huixquilucan dentro de una venganza, aunque la mayoría no tenía nada que ver con el narcotráfico.

Si esa ejecución masiva había prendido ya los focos rojos, el asesinato de uno de los guardias que custodiaban al ex procurador federal Humberto Benítez Treviño, ocurrido el lunes pasado y poco difundido, confirmó que la ola de violencia asociada al narcotráfico que vive todo el país tiene uno de sus puntos más intensos en la estratégica entidad mexiquense.

Benítez Treviño no es un funcionario cualquiera; ex procurador general de la República, es uno de los hombres de confianza del gobernador Enrique Peña Nieto y pieza clave en los programas de seguridad que ha implementado el priísta.

El jueves pasado, cuando firmó el Acuerdo para la Seguridad Pública Integral de los Mexiquenses, junto con todos los alcaldes, empresarios y el Congreso local, Peña Nieto mandó un mensaje que parece responder a la guerra que libran los cárteles de la droga por su estado:

“Hoy nos ponemos de acuerdo para evitar que el enemigo implique a las instituciones. No permitiremos en el estado de México a delincuentes con plaza, y vamos a extender esta política a todos los municipios de la entidad… Hoy estamos unidos para hacer frente a los enemigos del orden, la paz y la tranquilidad social”, dijo, y definió 100 acciones inmediatas que tomará su gobierno contra la inseguridad.

Y es que en los últimos meses no sólo han crecido las ejecuciones y la violencia asociada al narcotráfico en la entidad. Ha habido varios hechos en torno al propio gobernador, algunos mantenidos en secrecía, que hablan del embate del crimen organizado. El mes pasado, según fuentes de inteligencia, un elemento de seguridad del gobernador fue asesinado, y en marzo, cuando volvía del DF a Toluca, el convoy que custodia a Peña Nieto fue perseguido por sujetos armados. Una de las camionetas giró en plena autopista y se quedó a enfrentar a los atacantes, mientras el vehículo donde iba el mandatario aprovechó la situación para llegar rápidamente a Toluca.

Tras esos eventos, la seguridad de Peña Nieto se multiplicó y el 21 de marzo, durante la celebración del natalito de Benito Juárez, el paso del gobernador era vigilado a los lejos por francotiradores. La violencia y el descontrol en la guerra contra el narcotráfico afectan a todo el país y varios estados viven situaciones límite. Pero así como es caja de resonancia política y económica, la sucesión de hechos violentos en el estado de México cobra especial relevancia y habla del asedio del narco, que del territorio mexiquense puede fácilmente brincar a buscar el control de la capital de la República.

“Si no sabe, que no hable”

La expresión de molestia se escuchó en círculos militares y entre expertos en seguridad nacional, tras la declaración del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, que el jueves calificó los atentados de Morelia como “actos terroristas”.

Lo primero que provocó el malestar es que el “responsable” de la gobernación en el país hiciera esta declaración hasta el jueves, más de 24 horas después de que el embajador de EU, Antonio Garza, ya había hablado de “narcoterrorismo”. ¿Tuvo primero que dictar la línea Washington para que el gobierno mexicano aceptara lo que era evidente? ¿Sabrá realmente Juan Camilo a qué se refiere cuando habla de “acciones terroristas”?, se preguntaban en los círculos referidos.

Mouriño declaró eso tras una reunión con legisladores del PAN en la Cámara de Diputados, y lo que llamó la atención fue la pobreza de sus comentarios, que se limitaron a adjetivar los atentados de Morelia, sin aportar ningún elemento nuevo o información que indicara que realmente domina el tema y está al tanto de los últimos avances en las investigaciones.

Sobre el origen del atentado, las líneas de investigación que se siguen tanto en el Ejército como en la PGR apuntan a dos vertientes: por un lado un pleito interno en el cártel del Golfo entre la fracción que apoya a La Familia michoacana y el grupo de Los Zetas que intentaran fracturar a ese grupo local. La otra hipótesis apunta a la guerra que libra en estos momentos La Familia con los hermanos Beltran Leyva, luego de que los michoacanos intentan arrebatarles plazas importantes del estado de México y Guerrero.

Expertos en seguridad consultados afirman que los atentados pudieron ser obra de un cártel que no tiene el control de Morelia y que, con la agresión artera a la población civil, buscaba obligar a que el Ejército tome la plaza y así afectar al cártel local.

Eso explicaría, a decir de esos expertos, por qué La Familia dice en mensajes por internet que hará “su propia investigación” para demostrar que ellos no arrojaron las granadas que mataron a siete personas e hirieron a más de 100. Ya se verá el avance de las investigaciones que tendrá que ser rápido y derivar en un castigo ejemplar, si no se quiere que la impunidad invite a otros grupos del narco y del crimen organizado a recurrir a tan deleznables tácticas de presión.