octubre 06, 2008

El narcotráfico y el dinero electoral

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Resulta poco menos que ridícula la forma en la cual los partidos políticos quieren desatenderse de la responsabilidad de evitar que el narcotráfico penetre en las campañas electorales. Primero, porque el narcotráfico ya ha penetrado de tiempo atrás en ellas y, segundo, porque tienen que ser los partidos los que deben conocer a sus candidatos y establecer mecanismos de control con el fin de evitar que el dinero financie esas campañas.

Es evidente que en 2006 hubo algunas donde el narcotráfico hizo mucho más que guiños para apoyar a ciertos candidatos y ya había ocurrido desde tiempo atrás. Muchos de los ajustes de cuentas y asesinatos de policías o funcionarios locales que comete el narcotráfico se relacionan con esos fenómenos: financian campañas, exigen las designaciones clave en las áreas de seguridad y, cada vez más, por ejemplo, en Michoacán, también las de obras públicas. Cuando no se cumplen los compromisos o eso se hace con el grupo “equivocado”, el dinero suele dar paso a las armas.

Lamentablemente, el diseño bajo el que fue creada la nueva ley electoral propiciará una presencia mayor del dinero sucio, del narcotráfico y de otros orígenes, en las campañas, y hará más difícil detectarlos. Al centralizar toda la operación y al darle un poder aún mayor sobre las campañas a las dirigencias nacionales, los candidatos en los municipios y en los distritos deberán tratar de mantener su presencia en campañas crudamente centralizadas y legalmente no podrán recurrir siquiera a incrementar su publicidad si sienten que están abajo o no han alcanzado suficiente presencia. Ahí es donde entrará el dinero sucio que no va a ingresar formalmente a la campaña pero financiará los capítulos subterráneos de la misma. Los partidos o el IFE nos quieren tomar el pelo cuando dicen que se deben controlar las campañas a partir de las aportaciones o de los spots registrados. No llegará ningún cheque firmado por El ChapoGuzmán o Heriberto Lazcano. Llegará el dinero por los distritos, los municipios y, desde allí, se financiará todo lo que la ley no cubre.

En este sentido, la petición que realizaron los partidos, aceptada verbalmente por el IFE y rechazada por el Tribunal Electoral, de que el Cisen se encargara de otorgar una suerte de certificado de buena conducta a los futuros candidatos, cae en el ridículo. Primero porque no es tarea del Cisen, no debería serlo, andar investigando la vida privada de un candidato: estamos hablando del que debe ser el centro de información (de inteligencia) para la seguridad nacional: sus temas y objetivos son y deben ser otros. Segundo, porque si lo hiciera los primeros que pondrían el grito en el cielo serían los partidos. Si se diera luz verde al Cisen para realizar esas investigaciones y se encontrara algún indicio de relación con el narcotráfico de algún candidato, ¿quién lo aceptaría sobre todo si se tratara de candidatos de peso? Y finalmente habría que recordar que, si se encontraran esos indicios, no habría que advertirle al partido, sino iniciar una averiguación previa contra el presunto delincuente. ¿Se imagina la reacción partidaria?

Fuera de ello, como sostuvieron los miembros del Tribunal Electoral, si se creó toda una estructura nacional para sacar al gobierno de las elecciones, ¿cómo otorgarle ahora la enorme potestad de investigar oficialmente a los candidatos para decidir si pueden participar o no? El tema lleva a otra reflexión sobre la fallida reforma electoral aprobada el año pasado por el Congreso: se prohíbe, supuestamente, la publicidad negativa sobre los candidatos. Supongamos que uno de éstos, pese a sus relaciones con el narcotráfico, se lanza a la campaña, ¿quién podrá denunciar públicamente esas relaciones?, ¿el partido que lo lanzó como candidato? Los otros partidos lo tendrán prohibido y a la sociedad ni siquiera se le permite acceder a esos espacios publicitarios y, si de alguna manera lo hicieran, esa denuncia estaría prohibida salvo, obviamente, que el asunto terminara en el Ministerio Público. ¿Cómo se canalizará entonces la publicidad negativa? Como ha ocurrido ya en varias elecciones locales (Nayarit fue paradigmática en ese sentido): con campañas negativas realizadas desde los subterráneos. Y ahí entrará, nuevamente, el dinero del narcotráfico.

El control debe venir de los partidos, y la responsabilidad también. Hoy si algún partido termina lanzando a un candidato a algún puesto de elección popular y resulta estar ligado al narcotráfico o si su campaña recibió recursos de éste, la responsabilidad nunca es del partido en cuestión. Si tuvieran no sólo enormes atribuciones, sino responsabilidades que fueran más allá de lo político, invertirían, algo de su dinero y esfuerzo, en tratar de impedir que se les “pasaran” candidatos u operadores del narcotráfico en sus campañas.

La Belisario Domínguez para Granados Chapa

Mi candidato, y el de otros, para la Medalla Belisario Domínguez este año era Gilberto Rincón Gallardo. Sigo pensando que era el mejor candidato para ella. El Senado decidió otorgarla al periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Como en alguna otra oportunidad lo habíamos escrito en este espacio, en muchas oportunidades hemos estado de acuerdo o en desacuerdo con Granados Chapa, pero no podemos olvidar que cuando comenzamos a hacer periodismo queríamos hacer una columna que fuera como Plaza Pública: bien escrita, que se olvidara de los subterfugios, que expresara las opiniones del autor. Lo importante en esta profesión no es sólo la persistencia, sino la coherencia. Granados ha sido persistente y ha sido coherente con su forma de ver las cosas y de llevarlas cotidianamente al papel, coincidamos o no con sus opiniones, eso es lo menos importante. Y merece el reconocimiento sincero de quienes nos dedicamos, desde distintas ópticas, a contar las historias del poder y la sociedad. Felicidades y enhorabuena.

Partidocracia y narcopolítica

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

Los acuerdos y exhortos de las dirigencias partidistas parecen llamadas a misa
La reelección daría a los ciudadanos control de las alcaldías y los puestos legislativos


Entendida como “el control total de la sociedad por los partidos”, la “partidocracia” parece no ver que en muchas regiones del país ya es rehén y víctima del narcotráfico.

Y frente a esa tragedia —que ataca a todos, pero en especial a los tres grandes partidos—, al arranque del proceso electoral de 2009 vemos lo mismo el desinterés —PRI, PRD, PVEM, Panal, PT y Convergencia— y las tibias reacciones —del PAN y Alternativa— que más bien parecen respuestas de coyuntura.

¿Alguien sabe el tamaño de la penetración del narco en los partidos? A reserva de que la inteligencia del Estado cuente con esa información —lo que parece imposible—, lo cierto es que ninguna dirigencia nacional sabe con precisión dónde y quiénes de sus políticos, militantes, gobernantes mantienen relación con el narcotráfico.

Pero una cosa es “no conocer con precisión” a quienes han sido presa de la llamada narcopolítica, y otra muy distinta es la presunción a partir de evidencias de que en las regiones de fuerte influencia criminal la política partidista se ha “desdoblado” hasta convertirse en narcopolítica. ¿Dónde tiene mayor influencia el narco? ¿En qué regiones se asientan los jefes de las bandas? ¿Qué territorios son parte de las rutas? ¿En qué municipios un precandidato a regidor, alcalde, diputado, senador o gobernador de pronto realiza una campaña multimillonaria que lo lleva a ganar la candidatura y luego el puesto de elección popular?

La respuesta a esas interrogantes —y a muchas otras sobre el control territorial de las bandas— supone que cada partido, los órganos de seguridad del Estado como el Cisen, y el propio IFE, debían contar con un atlas de los municipios donde se cultivan y procesan las drogas, donde llegan al país, por donde circulan y cruzan a EU… En todas esas regidurías, municipios, diputaciones locales, federales e incluso gobiernos estatales, los partidos están obligados a extremar la vigilancia sobre sus candidatos, gobiernos y legisladores, a no someter a elección interna las candidaturas, y a vigilar la evolución patrimonial de los candidatos y luego gobernantes.

Además, una herramienta fundamental contra la narcopolítica es que las candidaturas a puestos de elección popular dejen de ser propiedad de partidos y grupos de poder y pasen a manos de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que es urgente legislar la reelección de alcaldes, diputados locales y federales, senadores… Los narcos podrán comprar o imponer a un candidato, pero no a todos los votantes, que ante la posibilidad de la reelección, tendrían en su poder el premio y/o el castigo para los buenos o malos políticos y gobernantes.

Ante el avance de la narcopolítica, la arrogante partidocracia parece omisa, complaciente la mayoría de las veces y de tanto en tanto muestra pinceladas de reacción que más bien parecen reflejo mediático. Acaso por eso, el PRD en su más reciente congreso aprobó una reforma estatutaria que faculta al CEN del partido para imponer desde el centro candidatos a puestos de elección popular en regiones conflictivas por el narcotráfico. Pero más pareció una llamada a misa, porque es un enunciado aislado, sin reglamentación, que sólo opera en el PRD pero no en sus aliados del FAP, y que a nadie parece importarle en estados como Michoacán y Guerrero, bastiones amarillos en donde es sabido por todos que las bandas criminales compran alcaldías y diputaciones locales, entre otras posiciones.

Acaso por eso, en otro chispazo mediático, partidos “elevador” como Alternativa —les llaman “elevador” porque militancia y dirigencia caben en un elevador—, le piden al IFE que “haga el favor” de blindar a sus candidatos para el proceso 2009, en tanto que en una aberración política y conceptual, casi todos estuvieron de acuerdo en pedir al Cisen que “haga el favor” de blindar a candidatos a puestos de elección ese año.

Con un poco más de idea, mediante un decálogo que suponemos será la base de algo más serio y formal, el PAN de Germán Martínez le envió al IFE una propuesta para blindar del narco la elección de 2009. Propone el líder azul un mapa de riesgos del narco en todo el país, declaración patrimonial de precandidatos y candidatos, acceso a cuentas bancarias, y que se obliguen a declarar conflictos de interés. Otra vez parece una llamada a misa. ¿Qué tiene que pasar para que reaccione la partidocracia?

EN EL CAMINO

Dicen los que saben que un sismo de alta intensidad afecta a la Secretaría de Seguridad Pública federal. Que se tambalea una cabeza: la de Genaro García Luna. ¿Será?

Respondón, y qué

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

De haber expresado su apoyo el mismo día en que ocurrió el incidente, Andrés Manuel López Obrador hubiera podido, inclusive blofeando, capitalizar el hecho de que la Presidencia de la República no levantara cargos contra el par de jóvenes que tuvieron la temeridad y el arrojo de descalificar la legitimidad de su cargo e increpar a Felipe Calderón.

El Estado Mayor Presidencial hizo mal, muy mal, en poner a disposición de un Juzgado Cívico a Andrés Leonardo Gómez Emilsson por gritarle a Calderón “¡espurio!”, y a Mario Virgilio Santiago Jiménez por gritar que “¡no hay libertad…!”. El aludido, por fortuna, ordenó que no se hiciera ninguna acusación, y los muchachos fueron de inmediato puestos en libertad.

No deja de ser graciosa la declaración que López Obrador hizo al día siguiente:

“Lo que dijo ayer mi tocayo (Andrés Leonardo) es la pura verdad. Calderón es un usurpador, se lo vuelvo a recordar desde aquí, desde Rayones (Nuevo León). No lo van a poder acusar de mentiroso, porque lo que dijo es la pura verdad…”.

Quien le gritó “¡espurio!” a Calderón dijo después: “No es mi Presidente (…). He visto análisis estadísticos de las elecciones y es obvio que es un fraude. Hay asimetrías estadísticas que son imposibles de explicar, a menos que haya un fraude”.

Cuando recibió su reconocimiento, el medio tocayo de Andrés Manuel sonrió como lo hacían el Presidente y la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, y a Calderón le musitó un forzado “gracias”.

En su discurso, el Presidente citaba el caso de la indígena oaxaqueña Eufrosina Cruz (le fueron violados sus derechos políticos): “Por eso cuenta con nuestro apoyo por la dignidad humana, por la de las mujeres indígenas, por la democracia”. En este punto se oyó “¡espurio!”, pero Calderón continuó, improvisando ahora sobre la libertad de expresión: recordó “la masacre de Tlatelolco, que fue precisamente uno de los momentos más tristes de la historia del México contemporáneo, y a la vez un momento que marcó el inicio de una nueva etapa de lucha democrática (…) y para que los jóvenes puedan hablar con toda libertad…”.

“¡No hay libertad!”, increpó entonces Mario Virgilio Santiago Jiménez.

Calderón prosiguió: “Las cosas han cambiado. Los mexicanos tenemos libertad para expresarnos pacíficamente y existen instituciones donde se pueden tener espectáculos como éste…!”.

Pese a la contingencia, el Presidente quiso saludar de mano a los 17 ganadores del Premio Nacional de la Juventud, pero cuando buscó la de Gómez Emilsson éste lo atajó:

—Yo no te puedo dar la mano.

—Está bien, muchacho —aceptó Calderón.

Al final del acto (que sin serlo iba saliendo tan perfecto como una buena puesta teatral), el EMP salió con su “justiciera” batea de babas.

Después de todo, como dijo luego, Andrés Leonardo debió contar con “inmunidad diplomática por haber recibido el premio…”.

Partidocracia sin límites

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

En un artículo provocador, Jorge Fernández se pregunta si México no habrá pasado de una Presidencia imperial a un Congreso imperial. En el ánimo de contribuir a esta provocación que lanza nuestro colega de Excélsior, presento mi postura: más que tener frente a nosotros un Congreso imperial, lo que tenemos es una partidocracia que quiere gobernar al país sin límite alguno.

¿Quién domina las cámaras?

Para reformar la Constitución se necesita una mayoría de dos terceras partes del quórum de la Cámara de Diputados, dos terceras partes del quórum del Senado y la aprobación de 16 de los 31 congresos de los estados. ¿Cómo deciden los legisladores federales y locales si aprueban o no una reforma constitucional? ¿A qué intereses responden?

Partamos de la premisa de que un político está en el negocio del poder. Entre más tenga, mejor. Entre más tiempo se mantenga en el negocio, mejor. En la medida en que los legisladores federales y estatales no pueden reelegirse, tienen que pensar qué harán cuando termine la Legislatura, a qué puesto irán para continuar en el negocio de la política. Su carrera, en este sentido, no depende del electorado que ya nos los puede reelegir sino de la dirigencia de su partido que es la única que puede asegurarle el tránsito a otro puesto político. Esto se debe a que el monopolio de las candidaturas a puestos de elección popular lo tienen los partidos. Al no existir reelección inmediata consecutiva en el Legislativo, los legisladores obedecen las órdenes de las dirigencias de sus partidos.

En la medida en que las decisiones políticas más importantes del país pasan por el Poder Legislativo, y en la medida en que los congresos están dominados por las dirigencias partidistas, pues los que gobiernan en México son los partidos, en particular los tres grandes (PAN, PRI y PRD). Es lo que se ha venido a llamar como la partidocracia.

Reformar la Constitución

No es fácil que los tres partidos dominantes se pongan de acuerdo para cambiar una legislación o reformar la Constitución. Sin embargo, en una cosa sí se ponen de acuerdo: en legislaciones que fortalezcan su poder. Es lógico y racional. Imagine que usted tuviera el poder de imponer las reglas para tener cada vez más dinero y más poder. ¿A poco no lo haría? Pues los partidos sí lo hacen. Y eso es lo que precisamente realizaron el año pasado con una reforma electoral que fortalece su posición política y económica. No voy a repetir todas las medidas que tomaron los partidos en este sentido. Mucho se ha escrito al respecto. En esta ocasión me gustaría resaltar si debe o no haber un límite a lo que pueden cambiar los legisladores en nuestra Constitución.

Varios ciudadanos pensamos que sí. Que la SCJN debe revisar el acto reformista para ver si se cumplió debidamente con el procedimiento y si la reforma no violenta los derechos humanos consagrados en la misma Constitución, que son intrínsecos del individuo. Por eso varios nos amparamos frente a la reforma electoral. Y la SCJN, en una primera instancia, decidió que el juicio de amparo sí procedía en materia de reformas constitucionales.

La “partidocracia” reacciona

Es raro ver que los tres partidos declaren lo mismo con respecto a un tema. No tienen la misma postura ni siquiera en el gravísimo asunto del crimen organizado. Pero, cuando se trata de algo que amenaza los intereses de la partidocracia, ahí sí que hay coincidencias. Como era de esperarse, la decisión de la SCJN del lunes pasado los fastidió.

Ricardo Monreal del PRD declaró que era gravísimo ya que “no puede un poder constituido revisar un poder constituyente” y promovió un “extrañamiento” del Congreso a la Corte. Manlio Fabio Beltrones del PRI afirmó que “sería un exceso por parte de la Corte tratar de limitar el ejercicio del Poder Constituyente, porque la división de poderes sufriría en consecuencia”. Advirtió que la SCJN “también tiene límites, no nada más el Congreso”. Santiago Creel del PAN argumentó que “cuando habla el Constituyente Permanente, es la voz de la Constitución, es su lenguaje. La resolución de la Corte va en sentido contrario, por eso genera tanta tensión, es muy grave”. Y el senador panista Ricardo García Cervantes se atrevió a calificar la decisión como “un golpe de Estado técnico”.

¿A quién representan estos legisladores? ¿En nombre de quién están hablando? ¿Qué intereses protegen? Resulta interesante que todos estos senadores fueron elegidos por el principio de representación proporcional. Sus partidos los pusieron en una lista y así aseguraron un escaño. Ni siquiera tuvieron que hacer campaña para ahora “representar” al pueblo. Y estos señores, que en realidad no representan a nadie más que a sus partidos, son los que lideraron el año pasado que la Constitución fuera transformada para fortalecer, ¡oh sorpresa!, a los partidos. Y ahora no quieren que nadie, absolutamente nadie, revise este acto que aumentó el poder de los partidos en detrimento de la ciudadanía.

Sin ningún contrapeso

Desde que se dio la noticia de que la SCJN admitía el amparo para reformas constitucionales, Creel y Beltrones adelantaron que los ministros sólo permitirían revisar el procedimiento de cómo se enmendó la Constitución pero que no entrarían al fondo del asunto, es decir, si la reforma electoral contraviene los derechos humanos. Vaya coincidencia: la SCJN luego declaró que haría exactamente esto.

Con esta nueva decisión de la Corte, queda muy claro que lo que tenemos en México, más que un Congreso imperial, es una partidocracia de tres partidos dominantes que pueden cambiar a su antojo la Constitución en beneficio de los partidos y en detrimento de los derechos ciudadanos. Y que los partidos no quieren que haya contrapeso alguno en este tipo de decisiones.

Paramilitares en casa

Lydia Cacho
Plan B
El Universal

Monterrey, DF, Sinaloa y Guadalajara tienen el mayor número de familias protegidas por escoltas privados

Cuando aún tenía escoltas de la AFI por amenazas de muerte, los guardias privados de mi vecino, un millonario norteamericano, preguntaron a mi escolta cómo conseguir armas. Cada día encontramos más grupos de seguridad privada dispuestos a llevar armas, legales o ilegales, para proteger las propiedades y personas de las familias adineradas de México, que a pesar de la inseguridad eligen quedarse en nuestro país.

Las leyes de la física dicen que todo vacío tiende a llenarse eventualmente; es así como el vacío de seguridad poco a poco es llenado por especialistas de protección personal. Ni siquiera las agencias de seguridad tradicional parecen confiables para quienes pueden pagarlas. Nada pueden contra narcotraficantes, sicarios, zetas y secuestradores profesionales fuertemente armados. El comercio de armas ilegales es una realidad.

Este fenómeno no es nuevo, Colombia pasó por la creación de cuerpos especializados que más tarde pasaron a formar parte de grupos paramilitares criminales llamados Autodefensas Unidas. La complejidad del tema apenas nos permite poner sobre la mesa algunas preocupaciones.

En los tiempos del famoso Tigre Azcárraga, dueño del gran emporio televisivo nacional, el Ejército creó un grupo de especialistas asignados para él y para los periodistas de la empresa. Estos soldados fueron elegidos minuciosamente, entrenados como escoltas y dotados de armas, cuyos permisos se renuevan cada año luego de un examen y el registro. Nadie más que el Ejército puede autorizar la asignación de armas legales para guardianes que no pertenezcan a agencias policiacas especializadas. Y sólo el Ejército aprueba la portación de armas para caza deportiva o clubes de tiro. Los escoltas desarmados, lo sabemos, no son otra cosa que escudos humanos para balas, testigos de robo o secuestro, o choferes de lujo. Los empresarios también lo saben.

Monterrey, el Distrito Federal, Sinaloa y Guadalajara son algunas de las ciudades con un mayor número de familias resguardadas por escoltas privados, la mayoría armados y entrenados para matar si es necesario. Algunos privilegiados, como la dueña de FEMSA, son escoltados por el FBI.

Cada día más empresas especializadas en valoración de riesgo (risk assesment) abren oficinas en México. Son ejecutivos altamente especializados en estrategias integrales de protección de personas y familias adineradas. Negocian rescates, investigan al personal que labora en casa o en la empresa, desde la nana hasta la secretaria. Algunos que han hecho grandes fortunas en Colombia, a raíz de la guerra contra el narco y la inseguridad resultante, han visto el potencial de México. Su creciente presencia contradice las buenas noticias que nos cuentan desde Gobernación. Más allá de la anécdota resulta imprescindible analizar las consecuencias que pueden resultar de este fenómeno de cuerpos de seguridad privada o policías paralelas. Cuando el dueño de un poderoso diario nacional dijo que huye de México por miedo, otros 20 le siguen. El nerviosismo del gobierno no es menor, los inversionistas que se expatrían por la inseguridad, eventualmente se llevarán su dinero, dejarán de invertir en nuestro país. Décadas de corrupción e impunidad revelan sus efectos, ahora contra ricos y pobres.

68: cursilería y mentiras

Luis González de Alba
Se descubrió que...
Milenio

El segundo crimen de Tlatelolco, hoy incruento, es convertir esa fecha en una feria de cursilería y mentiras. Si la marcha es ya propiedad de los vándalos, pues los viejitos no logran imponer orden, la historia alcanza en algunas voces excesos risibles. Veamos algunos aspectos de esta semana en que la TV nos masacró con Tlatelolco.

1. En efecto, el 2 de octubre ocurrió un crimen de Estado, una masacre contra un mitin que ni siquiera interrumpía el tránsito pues se realizó en una plaza cerrada. La presencia del Ejército, hasta si llegó sólo a dispersar, fue injustificada, arbitraria y fuera de la ley. No había motivo para dispersar el mitin; pero, en todo caso, para eso está la policía.

2. La versión original del Estado mexicano, en voz del presidente Díaz Ordaz, aplaudida por el Legislativo (incluido el entusiasta diputado Porfirio Muñoz Ledo) y firmada por el Judicial, se esfumó de la retórica del PRI desde los tiempos del presidente López Portillo. No la sostiene ya nadie. La aparición de las declaraciones, ante el Ministerio Público, de heridos que dijeron ser militares, formar parte del Batallón Olimpia y haber recibido orden de presentarse en ropa civil y con un guante blanco para detener a los líderes estudiantiles, aclara la provocación. Dos de ellos son el teniente Sergio Alejandro Aguilar Lucero y el capitán Ernesto Morales Soto, éste dice que iban al mando de Ernesto Gómez Tagle.

3. Ellos comenzaron los disparos, como vimos los allí presentes. Fui el último en ser puesto contra la pared, en el tercer piso del edificio Chihuahua, tribuna del mitin, por eso los vi disparar. Los vi, también, aterrados de que el Ejército les respondiera con fuego nutrido. En el tiroteo cruzado cayeron heridos y muertos, hay fotografías y nombres. Los nombres están en la lápida levantada en la plaza, obtenidos por una comisión del Congreso con participación de dirigentes del 68, ya diputados por partidos de oposición.

4. Pero la estrafalaria idea, expresada por el entonces profesor Fausto Trejo, de 70 camiones llenos de muertos, no hace ningún bien a la historia porque, cuando a uno lo pescan en una mentira, la duda se extiende a todo. En la plaza no hubo ni 8 ni 10 mil asistentes para llenar esos camiones de cadáveres y “echarlos al mar”, como dice. Salió de la plaza la inmensa mayoría, él entre miles porque no era conocido. Se han transmitido imágenes abundantes, puede usted contar: no llegan a 4 mil, la pequeña plaza no está llena ni apretada. Los testimonios de Humberto Mussachio y otros presentes señalan que hubo soldados que ayudaron a manifestantes a salir. Yo también lo supe, ya en la cárcel. Eso niega nuestra primera versión y la intención genocida.

“Es que yo lo vi” no es suficiente… Los vi disparar y lo prueban imágenes en TV. Pero también, la noche del 2, mis amigos, todos sanos y todos libres, escucharon a un testigo que me vio, a mí, muerto con el cráneo destrozado.

5. Es indignante escuchar que en el Campo Militar echaron muertos y heridos a los hornos crematorios, como señala el profesor, ya desde 68 visto con precaución en la Coalición de Maestros encabezada por Heberto Castillo. Y que desde el interior de los hornos se oían los gritos de los asados vivos es una pendejada infinita que sólo hace daño al recuerdo del 68 porque nos presenta como rodeados de imbéciles.

6. Desde la primera asamblea en Filosofía y Letras, yo mismo anuncié al auditorio lleno que el bazukazo contra la puerta de la Preparatoria 1 había producido “muchos” muertos. Nunca pude dar un solo nombre. Ahora nos dice el citado que “nunca pudimos recuperar los cadáveres”. No, ni los nombres tampoco. Quizá hubo, lo supusimos sin pruebas porque era “lógico” y nos gustaba la idea, al fin mexicanos. No repitamos lo mismo con las cabezas blancas.

7. Como dirección cometimos errores garrafales que nadie menciona: en agosto recibimos un llamado del secretario de Gobernación, Echeverría, y decidimos no ir. El de Agricultura intentó acercarse y lo rechazamos. Quedarse el 27 de agosto en el Zócalo “a esperar al Presidente” fue una provocación de Sócrates Campos … sí, pero los demás dirigentes no nos opusimos. La gente votó quedarse y no lo hizo, la escasa guardia fue dispersada. “Hubo aplastados por los tanques”, decíamos. “Los pedazos de cuerpos los recogían con pala”, añade Trejo… Nunca tuvimos un nombre.

Mentiras de unos y melcocha de quien jamás asistió a nada: es el segundo crimen.

El Refugio

Pedro Ferriz
El búho no ha muerto
Excélsior

Estamos viviendo el reacomodo más grande de la historia. Si bien el ultimo tramo del siglo XX marcó el final de la era del esplendor socialista que sucumbió al cobijo de un capitalismo deformado. Hoy presenciamos la agonía de la base con la que operó el desarrollo occidental, desde Adam Smith y sus fundamentos del capitalismo. Pasando por John Locke y las ideas de un liberalismo social que proponía una soberanía emanada del pueblo, donde la propiedad privada es el derecho básico. Con un Estado que tiene como principal misión, la de garantizarla… así como a las libertades individuales de los ciudadanos. “Los hombres viven en desorden, necesitando a una autoridad con la función de protegerlos… lo que nos deriva a la necesidad de un Pacto Social, entregándole al Estado la tutela de los derechos naturales y fundamentales del hombre”. El derrumbe de los mercados —y algo más profundo— de la confianza en la estabilidad y probidad de las instituciones financieras más sólidas conocidas, nos tiene que conducir a pensar, que en este tramo del Siglo XXI, la humanidad procesa un reacomodo de la manera en la que funcionamos. Francoise Houtart, uno de los pensadores más vanguardistas de la actualidad, propone que vivimos un desequilibrio fundamental de dos orígenes, pero con una lógica: La destrucción de los recursos naturales de la tierra y de una gran parte de la humanidad. De la naturaleza, porque se ha explotado para hacer fuentes de ganancia y acumulación, lo que lleva al capitalismo a reaccionar de manera totalmente equivocada. De la humanidad, porque estamos agotando niveles de convivencia que irremediablemente nos llevan a un enfrentamiento, tal vez nunca antes visto. Nos preocupa el calentamiento global. Aunque parecemos ignorar que el calentamiento social es mucho más grave, ya que el ingrediente humano de cantidades crecientes y disímbolas, exacerba el camino a un enfrentamiento contenido. La naturaleza del hombre guarda en su esencia al conflicto como fórmula de “progreso”. El aparente callejón sin salida en el que nos hemos metido, hace necesario un replanteamiento de todo. Créanme, no estamos viviendo una crisis más. Ingresamos a otra etapa que por nueva también resulta desconocida. La inteligencia con la que apliquemos los siguientes pasos, será clave para la viabilidad que pretendemos alcanzar.

Algunos han querido identificar al momento vivido en Wall Street, como una nueva crisis. Como lo vivido en Japón o Argentina. La del Brasil o la nuestra “entequilada”. Wall Street es otro bicho. Enorme y poderoso. Como una bomba nuclear. Es la pieza clave que sostenía el andamio en el que nos movíamos. Esa que acabará por derrumbarlo todo para forzosamente tener que comenzar.

¿Qué cuánto va a durar?... Las cosas que empiezan de nuevo, tienen un inicio como marca. El tramo hacia adelante resulta indefinible. No lo veo. No lo sé. Estoy seguro que no hay nadie que tenga siquiera una visión somera de cuanto, cuando, donde y porqué. Los principios y los valores, si bien Universales, tendrán que ser adaptados a una realidad, insisto, desconocida. Espero inteligente y dramáticamente vital.

No… esto no es la simple gripe que acatarra a los Estados Unidos. Ni la vanagloria, en nuestro caso, para ostentar la fortaleza de nuestros “fundamentales”. Acabamos de entrar a un nuevo tramo de la historia que llama a nuevas reglas. A otro juego distinto. A buscar el rostro de un hombre hasta hoy desconocido. Principio de una era de estabilidad basada en la buena voluntad humana… o la hecatombe que conlleva un desencuentro irreconciliable. La caída del comunismo acabó por refugiarse en el capitalismo. Y el capitalismo… ¿En donde encontrará un refugio?

Mi opinión

Arturo Damm Arnal
arturodamm@prodigy.net.mx
La Crónica de Hoy

¿Cuál es mi opinión sobre el rescate que, por 700 mil millones de dólares pretende aplicar el gobierno estadunidense a favor de los bancos que por obra y gracia de una desastrosa política monetaria, de un marco regulatorio que indujo prácticas crediticias poco prudentes, y de otorgamientos imprudentes de créditos, hoy se encuentran quebrados? Esa opinión la sintetizo en 10 puntos.

1.- Pagan justos (contribuyentes) por pecadores (autoridades monetarias, autoridades reguladoras y banqueros imprudentes), ya que los recursos para el rescate salen de los bolsillos de quienes pagan impuestos.

2.- Premia la irresponsabilidad, sobre todo de los banqueros que, “motivados” por la desastrosa política monetaria de la Reserva Federal, e “impulsados” por un marco regulatorio igualmente desastroso, concedieron créditos a agentes económicos que no eran sujetos del mismo.

3.- Promueve comportamientos irresponsables, ya que ¡nuevamente! se muestra la inclinación del gobierno a rescatar —eso sí: con recursos de los contribuyentes—, a quienes cometen errores, sobre todo si quien los comete es considerado demasiado grande como para quebrar.

4.- En general es malo para la economía, porque no permite que opere el mecanismo de la quiebra, es decir, de la eliminación de activos que ya no sirven al consumidor, y de la reasignación de factores de la producción, comenzando por el trabajo, hacia actividades económicas productivas y competitivas.

5.- No implica, como más de uno lo ha afirmado, una inyección de liquidez a la economía, sino una reasignación de liquidez de los contribuyentes hacia el gobierno y del gobierno hacia los bancos, ¡algo muy distinto!

6.- Aumenta el poder de los políticos, y la corrupción entre los mismos, quienes eligen contra las fuerzas de los mercados, que en este caso quiere decir contra las decisiones de los consumidores, quién será rescatado y quién no.

7.- Aumenta el contubernio entre los políticos y los empresarios o, dicho de otra manera, incrementa el incentivo para que los segundos se acerquen a los primeros en búsqueda de rentas, es decir, en espera de obtener dinero que, ¡no lo olvidemos!, sale del bolsillo de los contribuyentes.

8.- Agrava la ya de por sí difícil (no falta quien la califica de desastrosa) situación financiera del gobierno estadunidense, a quien los contribuyentes, ¡obligados!, rescatan una y otra vez.

9.- Parte del supuesto de que el gobierno, principal responsable de la crisis, es capaz de corregirla. En el mejor de los casos es capaz de posponer algunos de sus efectos, pero no de eliminar sus causas, mismas que ya operaron en el pasado.

10.- Es un paso más, por la vía de una mayor gubernamentalización de la economía, comenzando por el sector bancario, hacia el socialismo.

Por estos 10 motivos, y por algunos más, mi opinión es que el rescate es un error más, de entre los muchos que ha cometido el gobierno estadunidense en materia económica.

Gritándole al Presidente

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

El mundo al revés: conmemorando el 2 de octubre de 1968, vandálicos manifestantes golpean a su gusto a un cuadro de inermes granaderos. No los linchan porque no quieren: nada hay que se los impida.

Al día siguiente, un par de jóvenes premiados por el gobierno le gritan al Presidente que es un Presidente espurio y que no hay libertad en el país. Sus rostros y sus historias cubren las primeras planas de los diarios al día siguiente.

Los granaderos apechugan golpes, el Presidente descalificaciones. Son las dos caras de una moneda que hemos desgastado en estos años hasta volverla calderilla: la moneda de la autoridad.

Combatiendo el autoritarismo hemos llegado a diluir la autoridad y pagamos eso todos los días en el desorden, frecuentemente abusivo o ilegal, de nuestro espacio público.

La autoridad no impone miedo físico en su modalidad de cuerpo de granaderos, temible en las calles de México hace 40 años, cuando el 68. Salir a la calle a manifestarse entonces era correr el riesgo real de un apaleo. Había que tragar seco para salir a marchar. Hoy tragan seco los granaderos.

La autoridad no impone tampoco miedo moral –-respeto, modales— en su modalidad de Presidente de la República, la figura máxima del Estado, temida y reverenciada como ninguna otra hace 40 años. De ahí la fuerza política y moral del movimiento estudiantil de aquel año: desafió un tabú corriendo riesgos reales.

Pocas cosas han sido tan rentables en ella como descalificar al que la gobierna. Hace falta más valor para defender que para atacar al Presidente.

Hemos pasado en 40 años de la rentabilidad de la adulación a la rentabilidad del vilipendio, incluyendo esa forma del negocio crítico que es recibir premios o publicidad del gobierno y a cambio descalificarlo.

Si el Presidente que da el premio a unos muchachos es espurio el premio que sale de sus manos también debe serlo. Pero quien lo llama espurio mientras recibe el premio no cree en el contagio: su premio le parece legítimo; el que se lo da, no.

La irreverencia presidencial de ese muchacho es el espíritu del 68 reencarnado, me dijo un amigo. No lo creo. Alguien metido en el espíritu del 68 habría rechazado por igual al quien considerara espurio y a su premio.

Estamos en realidad en el espíritu de 2008: tomo lo que me conviene y rechazo lo que me viste. Un espíritu público de pleitos sin riesgo y tratos sin reciprocidad. Cada quien para su cosa.

Para ubicar presente y futuro

Macario Schettino
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

Como usted sabe, se ha hundido Wall Street. Como si fuese un país en vías de desarrollo, Estados Unidos tiene que aplicar medidas de rescate financiero hoy, y mañana de responsabilidad fiscal y monetaria. Como lo hicimos muchos países en las décadas pasadas. Por la misma razón: un endeudamiento superior a la capacidad de pago.

Hay quienes quieren ver en los eventos recientes el fin del capitalismo, quienes encuentran en ellos la caída definitiva de Estados Unidos, quienes perciben una conspiración detrás. Guárdese de hacerles caso, que no saben lo que dicen. Las conspiraciones son invenciones que ayudan a no pensar, y por eso son tan populares (según demuestran Whitson y Galinski, Science, 3/X/08, 115-117).

Ya en los años 30, frente a la Gran Depresión, hubo quien enterró al sistema económico que más crecimiento ha producido, y erró. Y en 1979, frente a la crisis bursátil, la elevada inflación, y la revolución en Irán, muchos apostaron al fin de la supremacía estadounidense. Pero al inicio del siglo XXI, el capitalismo había derrotado a sus rivales, y Estados Unidos seguía siendo primera potencia.

No es por ahí, aunque muy probablemente sí nos encontremos al final de una apuesta por la desregulación financiera y la reducción de impuestos, la esencia del esperpento llamado Reaganomics. Son esas medidas las que estrictamente corresponden a la etiqueta de neoliberalismo, aunque en México le asociemos cualquier intento de modernización.

La creencia en que estas medidas permitirían un crecimiento estable de la oferta llega a su fin (Fukuyama, Newsweek, 2/X/08). La mala noticia es que es probable que junto con ellas tiremos una gran cantidad de decisiones que permitieron, desde inicio de los 90, una nueva época de expansión global (Baker, The Times, 3/X/08). El fin de semana, los líderes europeos se reunieron para culpar a EU de la crisis global, como ya lo había hecho reiteradamente Putin. Aunque nunca lo culparon del crecimiento de los últimos lustros. Y es que podrán criticar lo que sea, pero Europa enfrenta ahora una situación aún más grave que la del vecino.

Desde Asia no se oye mucho, y es que tanto China como Japón resultan ser los mayores inversionistas en EU, específicamente en las instituciones inmobiliarias hoy quebradas. Hace un mes, el banco central de China tenía un millón de millones de dólares en bonos estadounidenses, la cuarta parte en Fanny Mae (Bradsher, The New York Times, 5/IX/08).

Vienen días agitados, y luego muchos meses difíciles. Es momento de actuar con serenidad y perspectiva. Ganará la cabeza que no se deje vencer por la tripa.

Carta abierta a Andrés Gómez y Marco Jiménez

Cecilia Soto
ceciliasotog@gmail.com
Excélsior

Estimados Andrés y Marco:

Leí entre divertida y nostálgica la narración de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de la Juventud. Supe así del grito “¡Espurio!” dirigido al presidente Felipe Calderón y, sobre todo, de la afirmación de Marco, de que en México “no hay libertad”. “¿No hay libertad?”, me pregunté y recordé una de las muchas historias en las que se “ofendió” la figura presidencial y que describe el ambiente de opresión que vivíamos los mexicanos, sobre todo los jóvenes, hace poco más de 30 años. Sus dichos durante la ceremonia de premiación me hicieron sonreír pese a que no comparto el calificativo al presidente Felipe Calderón pues soy una de las 244 mil personas que decidieron cambiar su voto a favor del candidato panista una semana antes de la elección. La historia que les contaré les permitirá apreciar qué tanta libertad hemos ganado y cuánta nos falta por alcanzar.

En marzo de 1974, al presidente Luis Echeverría se le ocurrió “hacer historia” y entrar a la UNAM, territorio vedado para los presidentes por muchas buenas razones. Todo estaba más o menos coreografiado para que no hubiera problemas en el Auditorio de la Facultad de Medicina o eso creían las autoridades. A la salida del Auditorio, después de una agitada sesión de gritos en la que los estudiantes le reclamaban a Echeverría las matanzas de Tlatelolco y el 10 de junio (mi bautizo de fuego), el Presidente recibió una pedrada que marcó su calva frente.

Esa noche, mi esposo, Patricio Estévez, y yo, volamos a Bogotá para un viaje largamente planeado. Éramos muy jóvenes, pertenecíamos a una organización política y desde hacía dos años estábamos fuera de la UNAM pues había que dedicar la vida entera a cambiar el mundo. Evitar la presencia de Echeverría en el campus nos parecía mera política estudiantil y no tuvimos nada que ver con la pedrada.

Quince días después de llegar a Bogotá, nos hablaron desde México para informarnos que tres colegas habían sido secuestrados por la temible Dirección Federal de Seguridad. Después de dos semanas de desaparecidos, los soltaron en un estado lamentable por la gravedad de las torturas. El abanico completo de torturas físicas y sicológicas: golpes, toques eléctricos, ahogamientos y, sobre todo, simulacros de fusilamiento, fue usado contra ellos. Los policías querían que confesaran que mi esposo —que coincidentemente voló a Bogotá la noche del incidente en lo que parecía una huida— había lanzado esa primera piedra.

Las torturas fueron tan dolorosas e insoportables que, dicen mis amigos, por momentos se borraba la línea entre verdad y confusión y alguno estuvo a punto de darle a los torturadores la versión que querían. A uno de mis colegas, se le puso la pistola en la sien mientras lo obligaban a mirar fijamente una foto de mi esposo, amenazándolo a gritos y golpes con jalarle al gatillo si no admitía que el de la foto había sido el autor del ataque al Presidente. Mi amigo, al que como parte de las torturas sicológicas se le había dicho que ya había muerto uno de los otros dos secuestrados, respondió en forma increíblemente valiente, “Se parece… pero no es”. Aunque se hizo una fuerte presión internacional con el fin de que los soltaran, pasaría mucho tiempo para que supiéramos la verdadera razón de por qué los dejaron ir.

Más de diez años después, nos entrevistamos, no recuerdo para qué, con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. Nos dijo que nos mostraría unas fotos del autor de la pedrada. Nos mostró algunas y me fui de espaldas: dos de ellas mostraban a una persona prácticamente idéntica a mi esposo. Pero al ver la colección completa de fotos identifiqué a un querido compañero de la Facultad de Ciencias. En ciertos ángulos hasta yo podía confundirlos; en otros, se apreciaba la diferencia. Ese estudiante tuvo que huir de México y exilarse en el extranjero por varios años.

En resumen, por algo un poco más grave que lo que ustedes hicieron, pero no mucho más, tres jóvenes mexicanos fueron brutalmente torturados, a un grupo más amplio lo espiaron y vigilaron durante muchos años y un cuarto joven, destacado estudiante de matemáticas, tuvo que salir del país varios años por haberle gritado al Presidente y lanzarle una piedra.

Darle con una piedra al titular del Ejecutivo seguramente merecería hoy pasar por el Ministerio Público, gritarle cualquier cosa, inclusive algo tan poco original como “espurio”, no merece que se levanten cargos. De tal manera que, si comparan lo que sucedía antes a los jóvenes con alguna actividad política, tendrían que concluir que hemos ganado libertades y derechos políticos inimaginables hace apenas unas décadas. Pero si se compara con lo que nos falta por alcanzar, ustedes tienen toda la razón, pues hay un mundo por hacer para que esas libertades ganadas puedan realizarse con plenitud. Para ello, hay que mirar por el espejo retrovisor, aunque sea de reojo, con miras a conocer y cuidar lo que con tanto trabajo se construyó en el pasado y enfocarse hacia el futuro, intentando ser fieles al lema que aparece en el blog de Andrés: “Piensa por ti mismo… cuestiona la autoridad.” Cordialmente, Cecilia Soto.

Libertad, denigración, calumnia y campaña electoral

Ricardo Becerra
ricbec@prodigy.net.mx
La Crónica de Hoy

Como se sabe, la reforma electoral del año pasado colocó un párrafo fatídico en la Constitución. El apartado C del artículo 41 dice: “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”. Y el Código Electoral reitera la idea incluyendo un insólito dispositivo de emergencia (art. 233) “El Consejo General estará facultado para ordenar… la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda”. Más adelante (artículos 367 al 371), se dibuja un procedimiento para que el IFE desahogue urgentemente denuncias relacionadas con la calumnia y denigración. Y todo esto, lo veremos en operación, por primera vez, en el proceso comicial federal que acaba de comenzar.

Lo más notable (y quizás, lo más irónico) es que esta regla fue construida por unanimidad de los partidos políticos, o sea, por los mismos que nos ofrecieron un festival de diatribas y denuestos en la campaña del 2006 (el consejero Arturo Sánchez, del IFE, calcula que de los millones de spots propalados entonces por partidos, entre el 24% y el 15% fueron ideados expresamente para vilipendiar al adversario). Y aunque el repertorio de insultos está aún lejos de las proporciones que alcanza en los Estados Unidos (75%-60%), el ejemplo federal fue rápida y ferozmente remedado en las campañas locales de nuestro país. Allí están las consecuencias.

No obstante su inteligencia mefítica, las estrategias y los teóricos de las campañas negras exhiben algo de ingenuidad: que una vez que se conoce el resultado electoral, los partidos y candidatos —vencedores o derrotados— (y bañados por el estiércol de la propaganda) se sentarán a tomar el té y volverán a la vida política “normal”.

No es así. Puesto que las palabras pesan, los insultos dejan heridas o incluso destruyen personalidades y ponen en movimiento una dialéctica de desquite que no se queda en el círculo elitista de los políticos profesionales. Más abajo, en las bases de militantes, entre los líderes menos rutilantes, entre opinadores y votantes, el odio se larva y permanece. La cosa se vuelve todavía más insidiosa en nuestro caso, pues el poder y la representación nacional están distribuidos entre tres (al menos) y el acuerdo no solo es una buena práctica de políticos democráticos, sino una urgencia vital para poder gobernar. La apuesta por ganar mediante la campaña negativa se vuelve contra sus demiurgos, ennegreciendo su gestión y complicando todos los días a su gobierno.
En esas estamos y por eso —entre otras buenas razones— no es tan impertinente la nueva disposición de la Constitución. El gran problema, (que ahora tiene en sus manos la autoridad electoral, por orden constitucional) es ubicar con buen juicio, la mojonera de la difamación y de la diseminación del odio.
Soy de los que piensan que la libertad de expresión y la crítica mordaz son el oxígeno de la democracia y de las campañas electorales. Sigo creyendo que los argumentos del adversario deben estrujarse, que los dichos y programas de los candidatos deben ser revisados con fruición para encontrar todas sus necedades y que las ideas deben poder vapulearse hasta que queden bien claras las bobadas o las ofertas desvergonzadas. Todo eso con los argumentos, los dichos, las ideas… pero con las personas, no. Es ahí donde se haya uno de los (pocos) límites admisibles a la libertad de expresión: hay que debatir todo lo duro que se pueda, distinguiendo siempre entre el proyecto y la persona. “No es al tonto, sino a las tonterías” y hay que “… destruir una idea sin rozar la piel de su autor”, como reclamaba Bernard Shaw.

El otro límite es casi administrativo pero igual de importante. Tal y como lo explica Owen Fiss (La ironía de la libertad de expresión) y como lo expuso claramente Raúl Trejo en un coloquio reciente, la autoridad solo debe actuar a petición de parte y sobre todo, en los casos más extremos, de falsedad flagrante. El IFE no es la prefectura del buen comportamiento, ni una autoridad que actúa conmovida por la “sensibilidad del ofendido” (Fiss), sino por la abultada falta de verdad en la propaganda.
Lo que nos lleva al último límite: la verdad exigida en el debate público. El biólogo R. Dawkins, discutiendo las mentiras que justificaron la guerra de Irak, proponía un mandamiento irrecusable para el debate político: “No intentarás convencer a nadie de nada para lo que no dispongas de comprobación objetiva”. Se puede acusar a un candidato de corrupto, sí; de narco, sí; de pederasta, sí… a condición de presentar las pruebas.

En el debate político racional, no basta con la intención de decir lo que uno “cree”. Hay que asegurarse que es verdad, hay que disponer de evidencia demostrable. Y si uno no dispone de ella, entonces debe abstenerse de propalar en spots o en declaraciones lo que no es sino mera suposición.

Creo que este es el tipo de criterios que merece el IFE y que podría civilizar de modo duradero, a la obscena y adolescente, democracia mexicana.

El patio trasero

Leonardo Curzio
Analista político
El Universal

Hace algunos años Alain Touraine planteó, con su habitual lucidez, que los atentados de septiembre del 2001 abrían para América Latina una coyuntura especialmente favorable para repensar su circunstancia. Con una potencia hegemónica distraída en otros temas, el subcontinente tenía la histórica oportunidad de trabajar con relativa autonomía su propia historicidad, es decir, la capacidad de producirse a sí mismo.

Esta particularidad se acentúa ahora que la crisis económica y financiera agobia a nuestros vecinos y que para bien o para mal, la región ni siquiera figuró como tema marginal en el primer debate de los candidatos presidenciales. Y, sin embargo, los pueblos de nuestra América no han logrado la madurez necesaria para desarrollar un pensamiento que reduzca las tradicionales asimetrías entre las dos Américas.

Un pensamiento profundamente colonial sigue lastrando las posibilidades de crecimiento espiritual de nuestra región.

No sabemos vivir sin ellos. Por un lado tenemos élites tecnocráticas y empresariales que sueñan con importar franquicias y esperar a que algo triunfe en Estados Unidos para importarlo sin traducción. Parecen negadas para crear un pensamiento y una base tecnológica propias. Por el otro, tenemos a una contra élite que se regodea en el tradicional victimismo y sigue repitiendo el insufrible e insostenible latiguillo de que el neoliberalismo ha hecho pobres a estos pueblos.

Seguimos relacionándonos con una potencia que ni nos ve ni nos oye, sin audacia porque seguimos dominados por atavismos y graves complejos de inferioridad histórica. Tal parece que ser el patio trasero es lo que más conviene a nuestro ser nacional y a pesar de que el patrón lleva ocho años sin fijarse en su trastienda, nosotros somos incapaces de abandonar ese rol histórico de sociedad dependiente y quejumbrosa