Gobernadores mañosos

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

Ahora resulta que entre los gobernadores hay una verdadera rebatinga por quedarse con la refinería que se va a construir.

Son útiles como generadoras de empleo e impulsoras de la industria asociada. Atraen tecnología, absorben técnicos calificados y detonan una cadena de beneficios a su alrededor.

El problema es que sólo se va a construir una, y la va a hacer el Estado.

Pero si los gobernadores hubieran tenido una buena interlocución con sus senadores y diputados, probablemente se podrían hacer otras cuatro.

¿Por qué no se construyen?

Porque los senadores y los diputados se oponen a que el sector privado las construya y maquile a Pemex la producción de gasolinas y otros derivados del petróleo.

Según los legisladores eso es “privatizar” la renta petrolera, con lo cual confunden la gimnasia con la magnesia.

En la refinación de petróleo no hay renta petrolera.

Eso se ha explicado en los medios de comunicación, lo han hecho Pemex y la Secretaría de Energía, pero los diputados y los senadores se hacen como que no entienden.

Si los gobernadores hubieran puesto en juego su autoridad política y dedicado tiempo a convencer a los legisladores de sus estados acerca de que es necesario que el sector privado participe en la refinación, hoy el panorama sería diferente.

Tendríamos un fuerte atractivo para la llegada de capitales, inversión, y con ello empleo y crecimiento de la actividad económica.

Es decir, tendríamos lo que se necesita en este momento de crisis.

Por eso la rebatinga de los gobernadores por una sola refinería, a la que se le va a hacer una inversión inicial de apenas 12 mil millones de pesos, que es decir un 13 o 15% de su costo total.

Se están disputando un bocadillo cuando podrían tener una canasta completa para repartir.

Los gobernadores, por lo menos muchos de ellos, no movieron un dedo para que la propuesta de abrir la refinación al sector privado se aprobara.

Y no lo movieron por alguna de estas dos razones: porque su liderazgo político es prácticamente nulo y carecen de ascendiente moral sobre los legisladores que representan a sus estados o porque varios gobernadores se han convertido en auténticos zánganos.

Hay casos en que sólo estiran la mano para que la Federación se las llene con el dinero de los excedentes petroleros y no hacen ni la finta de un esfuerzo por ayudar a llenar la alcancía nacional ni la estatal.

Los gobernadores no quieren cobrar impuestos, pero sí que el gobierno federal saque recursos de algún lado para que ellos puedan hacer alguna obra que los justifique, sin mayor esfuerzo.

Hay gobiernos estatales que sólo están dedicados a profitar del trabajo de la Federación. Y cuando les va mal, le echan la culpa al gobierno central.

Ello ocurre no sólo en el caso del dinero, pues no apoyan una reforma que a todas luces conviene al país —y por ende a sus estados y a sus gobernados— ni quieren cobrar impuestos locales, sino que este fenómeno se da también en el caso de la seguridad.

Todos sus problemas de seguridad se los debe resolver la Federación.

¿Y qué hacen ellos? Por un lado piden, imploran, la presencia del Ejército en sus entidades. Por el otro, sus legisladores declaran una y otra vez en contra de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Un gobierno estatal, Chihuahua, puede contabilizar más de mil asesinatos en su territorio, y se queja de la Federación.

Los crímenes pertenecen al fuero local, no al federal.

Con un Presidente del PRI en Los Pinos, el gobernador Reyes Baeza ya habría caído desde hace rato.

¿Cómo que más de mil muertos en lo que va del año, y la culpa es de la Federación?

Es cierto, esos asesinatos están vinculados, en su mayoría, al tráfico de drogas, que es de competencia federal, pero… ¿y qué hace el gobierno estatal?

En Ciudad Juárez prácticamente todos los policías asesinados son municipales. Y en Chihuahua capital, los policías muertos son, prácticamente todos, judiciales.

¿Ese es problema federal?

Volvamos al punto: los gobernadores —no todos, desde luego— no hacen su trabajo. No ejercen su liderazgo político para colaborar con la marcha del país.

Quieren que les vaya bien sin despeinarse.

Y entre ellos hay algunos verdaderos zánganos de la política.

Mariguana booge

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Estoy azorado con el repentino debate sobre una eventual iniciativa que legalizaría cierto consumo y cierta producción de mariguana.

Primero, por el atrevimiento y lucidez de la propuesta que presentó el líder de la Asamblea Legislativa del DF, el perredista Víctor Hugo Círigo. Reconoce el problema, lo mide, lo proyecta y lo liga a la vida cotidiana: se podría fumar una dosis, portar una dosis, cultivar una dosis.

Segundo, por la reacción tartamudeante de la presidenta del PRD en la capital, Alejandra Barrales, designada para matar en caliente la propuesta de Círigo. Puros lugares comunes: que la drogadicción, que los jóvenes, que las escuelas, que la chin… che mota Creía estar escuchando a su colega del PAN, Mariana Gómez del Campo. Tan persignadas las dos.

Tercero, por el frío pragmatismo del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. Si a 80 por ciento de la población le asusta la palabra mariguana, metamos la mariguana al clóset: “Cuando nos consulten, diremos no”.

Ni en Ebrard ni en Barrales escuché algo en torno del inmenso acervo de conocimiento científico sobre el tema, que prueba que las alteraciones producidas por el cannabis no son mayores que las del alcohol, y que sus efectos, incluso, pueden ser más moderados. Tampoco una evaluación sensata sobre en cuánto esta hipotética legalización podría mejorar las cifras negras de violencia asociada a las drogas. Los perredistas llevan once años en el gobierno del DF y sus logros en prevención y rehabilitación de adicciones, combate al narcomenudeo y el crimen son mínimos. Pero cómo se amedrentan ante una idea controvertida que huele a izquierda.

Políticos en el poder, al fin, sólo reman con el viento a favor.

La crisis de la incertidumbre

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Ayer se realizó el último de los debates entre John McCain y Barack Obama y no hubo, no tenía por qué haberlas, sorpresas: cada uno de ellos, aunque se enfocaron sobre todo en la crisis financiera que vive su país y se ha contagiado al resto del mundo, se mantuvo en las posturas tradicionales de su respectivo partido. Se concentraron en temas fiscales y en los apoyos que le brindarán a la gente, tratando de mantener a sus electores y de no cometer errores a dos semanas de los comicios. Si las cosas continúan así, tampoco habría sorpresas si el ganador del 4 de noviembre es Barack Obama.

El problema estriba en que, en un mundo económico marcado por la desconfianza, los mercados internacionales tampoco saben a ciencia cierta qué hará Obama e incluso quiénes serán sus economistas de cabecera. Por lo pronto, ha comenzado a ofrecer algunas entrevistas sobre el tema donde quiere erradicar la imagen de un político intervencionista y destacar que mantendrá un manejo ortodoxo de la economía. Paradójicamente, lo que Obama y muchos en el mundo le critican a Bush ha sido el desastroso manejo de la crisis, basado en una sucesión tardía de reacciones a los eventos que se podrían haber previsto y evitado, sobre todo la quiebra de Lehmann Brothers, con gravísimas consecuencias en todos los niveles.

La lectura que deja todo esto es que no habrá, sino hasta después de las elecciones del 4 de noviembre, un ambiente de relativa calma para que se estabilicen los mercados internacionales. No tienen por qué hacerlo cuando ven a la Casa Blanca relativamente paralizada y la mayoría de las iniciativas para salir de la crisis están viniendo del primer ministro Gordon Brown, de la Gran Bretaña, y en menor medida de la alemana Angela Merkel y el francés Nicolas Sarkozy. En los hechos, Estados Unidos ha ido detrás de esos países europeos en la aplicación de medidas de control ante la crisis.

El problema es que los tiempos pueden ser muy largos: dos semanas para las elecciones, pero luego casi tres meses hasta la toma de posesión del 20 de enero de 2009. En ese periodo, quien gane las elecciones tendrá que tomar el control de la economía: ¿lo permitirá la Casa Blanca de Bush sobre todo si el ganador es Obama? Se trata de un momento complejo, quizá sólo equivalente, ante lo volátil de la situación durante esos meses de transición (aunque el desafío estuviera entonces en la seguridad nacional y no necesariamente en la economía), al de la transición entre James Carter y Ronald Reagan, en plena crisis de los rehenes en Irán, en 1979, cuando Carter ya no tenía los resortes reales del poder en sus manos y Reagan tampoco había podido hacerse de ellos. Fueron tres meses larguísimos para la política exterior estadunidense y la estabilidad internacional. Ahora será peor, porque lo que está en juego es la economía de todas las naciones. Quizá por eso, los líderes europeos, sobre todo Sarkozy, han insistido en que debe haber una cumbre en Nueva York (“donde comenzó todo”, dijo el presidente francés para dejar claro a quién hace responsable de la crisis), a mediados de noviembre, asumiendo que, para esa fecha, ya habrá un presidente electo en Washington que pueda hacerse cargo de los acuerdos de cara al futuro.

De este lado de la frontera, las cosas en ese periodo de transición tampoco serán fáciles. Primero porque sigue sin quedar claro cuál es el orden de prioridades sobre todo de Obama con respecto a México, muy probablemente lejos hoy del centro de sus preocupaciones. Y si bien las medidas anunciadas y que comienzan a ser aprobadas por el Congreso pueden permitir capear el temporal, cuanto más tiempo pase para la estabilización de los mercados, mayores serán los costos potenciales internos. Y mayor también el uso político de la crisis.

El tema, por ejemplo, de la especulación con el peso, luego de la fuerte subasta que tuvo que realizar la semana pasada el Banco de México, generó una serie de reacciones que se concentraron en la presunta maniobra especulativa que efectuaron un grupo de empresarios, para cubrirse, ante adeudos muy importantes en dólares. Como aquí hemos dicho, ello no es ilegal, aunque camine, sobre todo en el caso de Comercial Mexicana, en el filo de lo mismo (en todo caso, el problema de esta empresa no es que haya intentado cubrir sus adeudos, sino que no informó a los accionistas ni a la Bolsa la magnitud de sus operaciones en derivados, que superaban por mucho su flujo de recursos anual). No hubo, como dijo Guillermo Ortiz, un ataque especulativo contra el peso, pero en eso se hubiera convertido si no se hubiera contado con las reservas suficientes para hacerle frente a la demanda de dólares. Y, en ese contexto, algunos de los que especularon ganaron con ello, pero muchos otros terminaron perdiendo y la volatilidad actual se explica por la inquietud por equilibrar sus números, además del hecho de que el propio Banco de México y las autoridades hacendarias consideran que, en las siguientes dos semanas, podrán terminar de deshacer todas esas maniobras de alto riesgo que ponen en peligro a las empresas y a las finanzas nacionales.

En realidad, con detalles y algunos errores puntuales, el manejo financiero que ha tenido el país en todo este entorno de crisis ha sido el adecuado. Quedan, como decíamos, algunos aspectos que deben atenderse, desde la garantía de los depósitos (aunque todos los actores con los que hemos hablado, tanto del sector privado como del público, insisten en que no debe haber peligro alguno para ellos en el actual contexto) hasta establecer una política con las tasas de interés que dependerá del entorno global y de los programas que se adopten en términos nacionales para que sigua fluyendo el crédito sin fomentar la inflación.

Pero el periodo más delicado para todo este proceso será de aquí al 4 de noviembre: el momento en el que no habrá certidumbres, sino apuestas, y éstas siempre son peligrosas.

¿Cuál fue peor?

Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio

Y ahí van corriendo al precipicio, ciegos de codicia. Florestán

El miércoles pasado en el debate de Tercer Grado, al hablar de las crisis cíclicas en México, mi compañera y amiga Denisse Maerker sostuvo que ésta, a diferencia de la de 1994, encuentra a un México en una situación de fortaleza económica y de debilidad política, haciendo alusión a lo que yo había dicho del terrible año que fue el último de Carlos Salinas, cuando se gestó la crisis financiera, y el primero de Ernesto Zedillo, al que le estalló.

Con el respeto y cariño que le tengo, reconocí su punto sobre la gravedad del narcotráfico hoy, con una presencia en todos los niveles y en la violencia que no había entonces, y también el punto de la polarización social. Pero aún así, remontándome a aquellos días, creo que aquel escenario social y político era peor.

Y lo era porque aquel 1 de enero, un grupo guerrillero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que cautivaría al mundo, se levantó en armas en nombre de los indígenas oprimidos, declarando la guerra al gobierno y al Estado mexicanos, con enfrentamientos y muertos de ambos lados, lo que tomó a Carlos Salinas desprevenido, en la euforia por la entrada en vigor del TLC.

A esto seguirían los grandes secuestros del 94: Joaquín Vargas, Alfredo Harp y Ángel Lozada, por parte de otro grupo guerrillero, el EPR, que se hacía presente en aquella arena.

Y después, los grandes asesinatos políticos de aquel año: el 23 de marzo, del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, el sucesor de Salinas, y que se consideró como un magnicidio, el primero en México desde el asesinato de Álvaro Obregón, en julio de l928; y unos meses más tarde, el 28 de septiembre, el del secretario general del mismo PRI, José Francisco Ruiz Massieu, confirmado líder del Congreso y en vías de asumir la secretaría de Gobernación, y ex cuñado del mismo Salinas, para más peso.

Unos meses antes, en mayo de 1993, habían asesinado en Guadalajara a un príncipe de la Iglesia, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

Y por si fuera poco, a diez días de terminar su gobierno, el 20 de noviembre, Salinas tuvo un violento desencuentro con el ya Presidente electo Ernesto Zedillo, por el tema de la devaluación del peso y la designación del secretario de Hacienda, lo que se filtró cuando en la reserva quedaban nueve mil millones de dólares, la tercera parte de lo que había en febrero, y que en diciembre, ya con el nuevo gobierno, se redujeron a menos de cuatro mil, ya con la crisis fuera de control y el enfrentamiento público entre saliente y entrante.

Por eso, para mí aquella crisis encontró a un México en peores condiciones políticas que éste, que de sus debilidades podría construir sus fortalezas.

Y esto lo detallo, querida Denisse, con mi afecto reiterado.

Nos vemos el martes, pero en privado.

¿Miedo a que le chiflen?

Francisco Garfias
Arsenal
Excélsior

Hay perredistas que no soportan a Andrés Manuel López Obrador. Piensan que el obcecado tabasqueño dejó ya de ser un activo para la izquierda. Uno de ellos es el senador Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara alta y representante del amarillo en las negociaciones para la reforma energética.

Graco nos había confirmado que estaría presente la tarde del pasado miércoles, en el Hemiciclo a Juárez, para la Asamblea Informativa convocada por el legítimo, pero no asistió. ¿Qué pasó?, preguntamos. “No es por miedo a que me chiflen, sino porque no quiero someterme a Andrés Manuel; ya nos ha costado mucho electoralmente”, respondió.

El legislador morelense tenía un año ocho meses, contaditos, de no ver siquiera al caudillo tabasqueño por la gracia de Fox. Se lo topó hace tres días en casa de José María Pérez Gay, con motivo de una reunión a la que asistieron los intelectuales que forman parte del Movimiento para la Defensa del Petróleo, que encabeza el tabasqueño. Los dos aplicaron la táctica salinista de “ni lo veo ni lo oigo…”

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El lunes próximo habrá un cónclave amarillo que será clave para la reforma energética. Asistirán todos los gobernadores del PRD, el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, los coordinadores parlamentarios y los legisladores involucrados en las negociaciones. De allí saldrán definiciones que serán determinantes para que haya o no reforma de consenso.

Los representantes del PRD no firmaron los tres dictámenes aprobados en comisiones, a pesar de que no tenían objeciones de fondo. Dijeron que lo harían cuando estuvieran listos los siete dictámenes que componen la reforma energética. Eso ha provocado fuertes tironeos entre los negociadores y ha atemperado el optimismo inicial. Esta ambigua posición del senador Pablo Gómez provocó que uno de los integrantes de la Comisión reprochara: “No me padrotees”.

Dos temas provocan la incertidumbre: las filiales paraestatales que quiere el PRI y los famosos “contratos incentivados”. Estos últimos tienen que ver con dinero privado en la exploración de nuevos yacimientos y servirán de pretexto a Andrés Manuel López Obrador para movilizar a sus huestes contra la reforma.

Por lo pronto, el diputado obradorista Alejandro Camacho ya dio color sobre lo que piensan de los contratos incentivados: “Son contratos de riesgo, son de la misma parentela, nada más que nos quieren hacer creer que es una propuesta diferente”, declaró.

De lo que se viene, dijo: “Estamos en alerta roja. No se descartan varias acciones que, por cuestiones de estrategia, no podemos detallar. Lo que sí podemos aseverarles es que nos estamos preparando para paralizar el Congreso de la Unión, si esto es necesario”.

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A Agustín Carstens “le ganó la emoción” en las acusaciones que hizo a un grupo de empresas de especular con el tipo de cambio y hundir el peso. “Definitivamente fue un desliz”, reconocen altos funcionarios del gobierno federal, quienes hubiesen preferido que el secretario de Hacienda evitara ese episodio lopezportillesco, que colocó a la clase empresarial, sin distinción, en una posición muy incómoda.

Los llamados a Carstens para que haga públicos los nombres de los supuestos especuladores se han multiplicado. El pleno del Senado aprobó ayer, por la vía de urgente y obvia resolución, un punto de acuerdo que exige al secretario de Hacienda información al respecto.

El problema es que la ley no le permite revelar los nombres. Los que compraron masivamente los dólares, y no cometieron ninguna falta, están amparados por el secreto bancario. “Mientras no haya sanciones, no se pueden revelar los nombres”, recordó la misma fuente gubernamental.

Los senadores tendrán que atenerse a ello o cambiar la ley.

* * *

Carlos Jiménez Macías levanta la mano y dice “aquí estoy” para la elección de gobernador en San Luis Potosí. A la encuesta de Mitofsky, que ubica al diputado Jesús Ramírez Stabros como el gallo fuerte del tricolor, el senador contrapone las de Parametría y Arcop, que lo ubican como el priista que encabeza las preferencias.

Arcop dice que 16% de los militantes está de acuerdo en que Jiménez Macías sea el candidato, por encima de Jesús Ramírez Stabros, quien registra cinco por ciento. Parametría destaca que, sin haber emprendido campaña alguna, el senador tiene una diferencia de apenas ocho puntos por debajo del panista Alejandro Zapata Perogordo, el puntero en todas las encuestas. A Jiménez Macías no le gustó que 23 de los 26 presidentes municipales priistas se pronunciaran por Jesús Ramírez Stabros como “candidato de unidad”. El senador quiere la consulta directa a militantes y simpatizantes.

“Si me ganan bien, lo acepto, no estoy obsesionado. Ya se me pasó la calentura. ¿Qué la consulta divide? El PRI debe correr los riesgos de la democracia”, opinó el senador potosino.

Dos pájaros, una pedrada

José Sarukhán
jose.sarukhan@hotmail.com
Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM
El Universal

En mis dos últimas entregas traté el tema de los bosques, algunos de los problemas que los afectan y el potencial real —realizado— que presentan. México es un país único por el tipo de tenencia de los bosques, pues 80% de ellos es propiedad comunal o ejidal (sólo Nueva Guinea y China se le comparan), pero en especial porque los dueños tienen la capacidad real de manejar sus bosques comunitariamente. Ningún otro país posee esta característica.

Para algunos, convencidos de que “la gente de campo (léase “los indígenas”) es incapaz de hacer las cosas bien”, ésta es una gran desventaja. Para otros, entre los que me encuentro, esto es no sólo una gran ventaja, sino que refleja la realidad que tenemos en el país, independientemente de que esta “gente del campo” ha demostrado con creces saber hacer las cosas tan bien como cualquier otro mexicano. Las cifras que mencioné anteriormente de las empresas comunitarias forestales hablan por sí mismas.

También relaté los diversos problemas que le han dado una pésima reputación al sector forestal y han estancado la producción del bosque. Ejemplo de ello es que, aunque EU tiene cuatro veces el área forestal de México, su producción del ramo es 50 veces mayor a la nuestra y Chile, con 25% de nuestra superficie forestal, cuadruplica nuestra producción de madera.

Necesitamos desarrollar ya en México una verdadera política nacional de impulso a este tipo de industria forestal, más que a “proyectos piloto”. Ciertamente no todas las comunidades o ejidos son igualmente adecuados para desarrollar proyectos forestales comunitarios. Se requiere primero seleccionar a las que reúnen características que aumentan la probabilidad de éxito, como una sana organización y gobernanza social, con sentido comunitario de responsabilidades y derechos. Un programa nacional de apoyo financiero a quienes se inicien en estas empresas, así como capacitación técnica, financiera, de administración y de mercadeo. Impulso a mercados nacionales, regionales e internacionales para sus productos.

De esta manera se podrían resolver dos de los problemas más severos y acuciantes para el país: a) la protección de nuestro capital natural renovable por medio de manejo sustentable basado en la mejor ciencia disponible y b) ayudar a rescatar de la pobreza a 20% más marginado de nuestra sociedad. Habría un efecto aún más importante y transformador sicológico de este sector de la población: darle a los dueños de los bosques el sentimiento de ser empresarios, dueños de su futuro, empoderarlos de a de veras para ser mexicanos productivos, activos y seguros de sí mismos.

No conservaremos nuestro capital natural (los ecosistemas, la biodiversidad que contienen y los vitales servicios que nos prestan) si sus dueños (ejidatarios y comuneros) no reciben beneficios tangibles, adecuados y permanentes por esa conservación, lo cual se puede lograr sólo si los ecosistemas son manejados sustentablemente.

Tenemos claros ejemplos de que es posible matar dos pájaros con la misma piedra: conservar nuestro capital natural renovable manejándolo sustentablemente y al mismo tiempo generar ingresos económicos dignos y permanentes para los dueños de esos recursos. Decenas de casos confirman esta posibilidad. Tenemos el conocimiento de cómo hacerlo. ¿Seremos capaces de hacerlo por ese 20% más marginado de la población y por el futuro de México?

La respuesta a la crisis

Ezra Shabot
Reforma

Lo más angustiante de la crisis actual es el hecho de que ninguna autoridad fue capaz de advertir el grado de descomposición de la estructura financiera internacional, y actuar en consecuencia. La tesis de la desregulación, que implica principalmente la reducción de los controles estatales sobre las instituciones bancarias y financieras, demostró una vez más que el mercado operado sin reglas impuestas desde el gobierno puede terminar por devorarse a sí mismo. Es cierto que los viejos mecanismos que ataban a estos grupos a políticas gubernamentales sumamente restrictivas impedían un desarrollo rápido y eficiente. Pero dejar que casas de Bolsa, hipotecarias y otras agencias no bancarias funcionaran sin supervisión ni control condujo a la bancarrota a gran parte del sistema.

Es este el momento en que los gobiernos y sus instancias económicas están obligados a impedir que el capitalismo salvaje se engulla a sí mismo, destrozando la vida a millones de personas. No se trata de salvar a los especuladores o a aquellos que tomaron riesgos y que tendrán que pagar por ello, pero el Estado, representante de la ciudadanía, no puede dejar abandonados a su suerte a aquellos que actuaron de acuerdo con las reglas y mantuvieron sus ahorros en instituciones bancarias que suponían eran garantes de su capital, independientemente de su monto.

Esto, además de la responsabilidad que tiene en el terreno económico y social. En este contexto, el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo propuesto por el presidente Calderón supone un viraje radical de la ortodoxia financiera que niega la posibilidad de crecer con un déficit fiscal manejable. La política contracíclica de aumentar el gasto público en un momento de recesión mundial, y reducir sustancialmente los trámites burocráticos para que este gasto se ejerza rápidamente, es una apuesta que pretende evitar vincular la economía mexicana a la norteamericana en un momento de parálisis y falta de crédito.

Las reservas del Banco de México, que tantas críticas recibieron por no ser utilizadas en otros rubros que no fueran la acumulación misma, son hoy la garantía principal para que el peso mexicano pueda regresar a niveles adecuados y no caer de nuevo en un perverso ciclo inflacionario, devaluatorio y recesivo. La política de expansión no implica necesariamente que no se puedan reducir gastos superfluos y excesivos en el gobierno central y en los poderes Legislativo y Judicial. Sin tomar en cuenta propuestas demagógicas y descabelladas como la de López Obrador, en el sentido de reducir el gasto público en 200 mil millones de pesos (lo que implicaría dejar al país sin seguridad y sin docentes), sí es factible establecer un programa de ahorros en todas las dependencias.

Resulta una grata sorpresa ver a todos los partidos políticos nacionales unidos en torno a este programa de reactivación económica, más aún cuando el proceso electoral 2009 ha dado inicio formalmente. Es cierto que si estas medidas conducen a estabilizar el mercado nacional y mantener un crecimiento sostenido en medio de la recesión mundial ya presente, la ganancia política será principalmente para el gobierno y su partido, aunque la oposición podrá explotar una buena parte del éxito al apoyar las reformas propuestas por Calderón.

Por otra parte, la primera gran crisis financiera de la era de la globalización amenaza con revivir el viejo discurso proteccionista según el cual la liberalización económica empobrece más a los países no industrializados, por lo que habría que restablecer aranceles y limitaciones a las importaciones. Para México, cualquier retorno a formas que reduzcan el libre comercio, principalmente con Estados Unidos, sería catastrófico dada la estructura productiva nacional, en donde las exportaciones de manufacturas son la base de una gran parte de la economía nacional.

Éste sería el peor de los escenarios, en caso de que el nuevo gobierno norteamericano, probablemente encabezado por Barack Obama, intente reabrir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio como consecuencia de fuertes presiones internas de los sindicatos. Cualquier replanteamiento del TLC tendría un carácter proteccionista a favor de Washington, lo que sería terriblemente dañino a nuestro país. La crisis apenas comienza y habrá que defenderse con astucia y decisión.

¿Se acabó la petrofiesta chavista?

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

El colapso financiero del 2008 no perdona ninguna ideología: ha pulverizado la escuela del capitalismo sin regulaciones del Gobierno de Bush y arruinará también el populismo de izquierda del Presidente venezolano Hugo Chávez, basado en los altos precios del petróleo

Casi todos los economistas coinciden en que Venezuela será el país latinoamericano más golpeado por la recesión mundial que se viene.

Eso se debe a que Venezuela obtiene el 94 por ciento de sus ingresos extranjeros del petróleo, y los precios del petróleo han bajado desde un récord de 146 dólares el barril en el mes de julio a alrededor de 75 el miércoles.

En una recesión mundial, los países industrializados comprarán menos petróleo. El banco Goldman Sachs estimó esta semana que los precios del crudo caerán a un promedio de 70 dólares el barril para fin de año, y que pueden bajar hasta 50 si la recesión mundial se profundiza.

Con estos precios, Chávez tendrá problemas para mantener los planes sociales en su país, lo que podría agravar las tensiones sociales. Y las grandiosas promesas de ayuda económica que Chávez hace diariamente a otros países serán aún más difíciles de cumplir.

PFC Energy, una empresa consultora con sede en Washington, dice que Venezuela necesitará que el precio del petróleo se sitúe a 97 dólares el barril para poder equilibrar su balanza de pagos externa en el 2009, una cifra muy superior a los precios actuales. Rose Anne Franco, una de las autoras del informe de PFC, me dijo que esa estimación no incluye miles de millones de dólares prometidos por Chávez a otros países, que aún no han sido oficializados.

Los funcionarios venezolanos dicen que el presupuesto del 2009 fue calculado a 60 dólares el barril, pero economistas independientes coinciden en que eso no dice mucho porque los Presidentes venezolanos siempre han presupuestado el petróleo a precios bajos para poder gastar a su discreción los excedentes que proyectan para el futuro, y Chávez ha hecho esto más que nadie.

"En Latinoamérica, Venezuela sería sin lugar a dudas el principal perdedor si los precios del petróleo siguen bajos, por la inmensa importancia del petróleo en la economía", dice Augusto de la Torre, el principal economista para Latinoamérica del Banco Mundial. "La cosa puede hacerse muy difícil, porque hay un ritmo de gasto público muy elevado y no va a ser fácil políticamente reducir el gasto público para ajustarlo a un menor nivel de ingresos".

El mayor problema de Venezuela es que, aunque los precios del petróleo se han quintuplicado en los últimos seis años, el gasto público ha crecido proporcionalmente. Para empeorar las cosas, el Gobierno de Chávez no ha incrementado suficientemente las reservas extranjeras del país para poder afrontar años de vacas flacas y no puede aumentar la producción de petróleo para compensar la caída de precios porque muchas de las instalaciones del monopolio estatal PDVSA no se han mantenido adecuadamente.

"Se acabó la fiesta, y se viene un ajuste muy importante", dice Ramón Espinasa, asesor de energía del Banco Interamericano de Desarrollo y ex jefe de economistas de PDVSA. "Va a ser un choque fuerte respecto de la inercia del aumento del gasto público de los últimos seis años".

Venecomy, un boletín informativo venezolano, dice que el país podría estar "en el umbral de una de las peores crisis económicas de su historia".

Con el precio del petróleo al nivel actual, es probable que el Gobierno devalúe la moneda antes de fin de año, o que aumente el impuesto al valor agregado, o que anuncie un recorte drástico del gasto público, o haga una combinación de todas estas cosas, dice la publicación. También empezará "a buscar chivos expiatorios, y si Bush ya no está disponible, tal vez escoja al sector privado venezolano", especula el informe.

Mi opinión: La caída del precio del petróleo no le impedirá a Chávez seguir gastando muy por encima de sus posibilidades durante las próximas semanas, porque la primera prioridad del Presidente narcisista-leninista de Venezuela será ganar las elecciones estatales de fines de noviembre.

Y tampoco es probable que la recesión provoque la caída de Chávez del poder. Ahora controla las reservas del Banco Central, que puede usar para absorber un poco el impacto de la crisis. Y siempre puede culpar al "imperio" norteamericano por el inevitable ajuste del cinturón al que deberá someterse Venezuela.

Pero, con los actuales precios del petróleo, el petropopulismo chavista se quedará sin combustible (perdonen el juego de palabras, pero está mandado a hacer). La megalomanía del Presidente venezolano siempre ha sido proporcional a la subida de los precios del petróleo.

Y con esos precios en baja, prepárense para ver a un Chávez menos locuaz, o a un Chávez que seguirá hablando hasta por los codos, pero con menos gente que le preste atención.