diciembre 09, 2008

'Horneándose' por Paco Calderón

Seguir siendo humanos

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

Los principios del Estado deben de estar siempre por encima de las cualidades de los individuos. Esta afirmación parece realmente escandalosa. Pero, no estamos hablando del sacrificio de la soberanía individual en la hoguera de un aparato totalitario ni de la renuncia a la sacrosanta potestad de la persona sino, por el contrario, de la obligada superioridad moral de un ente que, antes que nada, debe garantizar justicia a todos por igual y asegurar las condiciones que exige la convivencia civilizada.

Hemos recorrido un largo camino desde los tiempos de la horda promiscua, un auténtico calvario de salvajadas, atrocidades, infamias y atropellos. Es muy reciente, en términos históricos, la preeminencia de los derechos humanos en oposición a las épocas en que los individuos vivían en un absoluto desamparo frente a los abusos del poder. Aquí mismo, en la Nueva España de la Inquisición, bastaba con la denuncia de un envidioso para ser perseguido, martirizado y, finalmente, descuartizado frente a una multitud sanguinaria. El aparato del Estado era tan inhumano como el más descarnado de los hombres, tan cruel como el verdugo que ejecutaba a sus víctimas y tan insensible como el juez que decretaba los tormentos. Curiosamente, la brutalidad no nos es todavía muy ajena: el episodio de Tláhuac, en tiempos recientes, nos pinta de cuerpo entero a un alcalde que, en vez de horrorizarse, avaló con escandaloso oportunismo a la turba bestial. Con todo, no hay razón alguna que justifique la barbarie por más que ciertos caudillos pretendan estar en permanente sintonía con el pueblo “bueno”.

Han sido, más bien, los perseguidos y los disidentes quienes, desde su precariedad, han lanzado los gritos de alarma para que este mundo sea un poco más habitable, es decir, cada vez menos despiadado. Y, poco a poco, las sociedades se han ido humanizando. Tenemos así leyes sensatas e instituciones justas. No podemos, hoy, ir hacia atrás, volver a los tiempos de la crueldad legalizada y el horror oficial. Debemos ser mejores, no peores.

Caso Silvia: de los errores a lo inhumano

Martín Moreno
Archivos del poder
Excélsior

El jueves pasado, Nelson Vargas recibió una llamada telefónica del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien le notificó, a manera de atención personal, que tenía informes de que un interno del penal de Barrientos había declarado haber participado en el secuestro de Silvia Vargas Escalera y afirmaba saber dónde estaba el cadáver de la adolescente.

Horas después de la llamada, a quien fue director de la Conade en el sexenio pasado lo contactó la PGR. El viernes 5 estuvo prácticamente todo el día en la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO). Ese mismo día, la Procuraduría emitió un comunicado cuya cabeza decía: “Avances en la investigación del secuestro de Silvia Vargas Escalera”. Fue un texto, más que desafortunado, con una alta dosis de deshumanización.

El primero párrafo del boletín 979/08 señala:

“La PGR informa que se tienen datos que refieren la ubicación de un domicilio donde, según testimonios, Silvia Vargas Escalera, fue privada de la vida.”

Tan insólito como inhumano. ¿Cómo se le puede decir a un padre de familia que hay avances en su caso y, al mismo tiempo, anunciarle que su hija fue asesinada? ¿Por qué esa falta de calidad humana en la PGR al mencionar la palabra “avances” cuando, desde cualquier ángulo, la muerte de Silvia no puede clasificarse como un “avance”? ¿Por qué manejar de manera tan poco solidaria el fallecimiento de una secuestrada?

¿O, acaso, bajo la más ruin de las condiciones humanas, le estarán cobrando revancha a Nelson Vargas, por aquella su frase de “eso es no tener madre..?

Más allá del lamentable boletín de la PGR y que, hasta el momento de escribir esta columna, no se había identificado plenamente que el cuerpo hallado a la medianoche del viernes pasado en Bellavista 51, colonia San Miguel Xicalco, Ajusco, sea el de Silvia, aunque hay muchas probabilidades de que así sea tras realizarse la prueba definitiva, la del ADN, debemos mencionar algunos errores garrafales —deliberados o involuntarios— que se cometieron durante la investigación fallida de la PGR en torno a este caso. Omisiones que llevan a preguntar: ¿quién mató a Silvia: sus secuestradores o la ineptitud policiaca?

1) Desde las horas posteriores al plagio de Silvia, la familia insistió en que se revisaran las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde se cometió el secuestro, rumbo al colegio Alexander Bain, ubicado en la colonia Las Águilas. Era una de las pistas fuertes, ya que así se conocería el número de personas que participó, quién iba manejando, cuántos vehículos se utilizaron y otros detalles importantes.

“No hay cámaras”, se le dijo a Nelson. Pero le mintieron. En realidad había ¡43 cámaras de video! en la zona del secuestro y no fueron revisadas en el momento oportuno. La responsable directa de esta falla es Isabel Hernández, quien era jefa de Grupo de la PFP en ese momento, y a quien, sospechosamente, se le acaba de elevar de rango: es ya directora de la Unidad Antisecuestros. Así se premia a la ineficacia.

2) La primera llamada de los plagiarios a Nelson Vargas se le hizo desde el celular de su hija Silvia. La segunda se realizó desde otro teléfono móvil, pero resulta que los investigadores de la PFP jamás revisaron la “sábana” — registro de llamadas— del segundo aparato, para tratar de establecer así la red de vínculos que los podría llevar con el propietario del aparato. Fue otra pista desperdiciada.

3) No se hizo un adecuado “estudio de gabinete” —como se le conoce en el medio policiaco— y que consiste en realizar un exhaustivo trabajo de escritorio para armar, como un rompecabezas, todas las líneas de investigación. Ningún investigador de la PFP o de la PGR tuvo el empeño ni mucho menos la destreza para efectuar esta labor, necesaria con el fin de determinar el modus operandi de los secuestradores.

4) Lo inaudito: durante la investigación, la PFP extravió —¿por accidente o a propósito?— una bolsa que contenía pistas valiosas, como una carta que le escribió Silvia al padre, Nelson Vargas, así como unos dibujos y cosas personales de la adolescente secuestrada. ¡Perdieron parte de las evidencias! Es el grado máximo de la ineptitud. O de la complicidad.

5) La camioneta en la que se llevaron a Silvia estuvo abandonada, al menos, durante diez días, aunque versiones de vecinos de la colonia Guerrero —donde fue dejada la unidad— señalan que estuvo ahí más de dos semanas.

Cuando Nelson la encontró y la reportó, teniendo el cuidado de no tocarla o moverla, la PGR le respondió: “Puedes recogerla y llevártela a tu casa”, sin siquiera hacerle la prueba de luminol o dactiloscópica. Por esa irresponsabilidad se perdió toda posibilidad de encontrar las huellas digitales de quienes tuvieron contacto con la joven.

Después de estos errores, ¿cómo querían encontrar a Silvia Vargas? ¿En manos de quién quedó esta investigación, por demás ensuciada y fracasada?

¿Qué está pagando Nelson Vargas: haber denunciado la ineptitud oficial y haberles dicho: “Eso es no tener madre…”, refiriéndose al lamentable y criminal desperdicio de pistas?

Mucho, pero mucho tienen que responder las cabezas de la seguridad nacional sobre el caso de Silvia VargasEscalera aunque, como en la mayoría de las ocasiones, el manto protector presidencial los seguirá cobijando.

Basta saber que, después de aquel día, en que la impotencia de Nelson se convirtió en la lapidaria frase del “eso es no tener madre…”, ninguna autoridad de alto nivel, ni el Presidente de la República ni los titulares de la PGR o de la SSP federal, han tenido la atención de comunicarse siquiera con él.

Lo que no se vio en el Teletón

Carlos Loret de Mola
Historias de un reportero
El Universal

Un grupo de científicos no duerme las 30 horas del programa. Las lágrimas de Lucero se miden en pesos y cómo coopera el país

Perdida entre camerinos con nombres famosos, entre cientos de personas que corren por los pasillos del foro, sillas de ruedas y el permanente ruido de la producción televisiva más monumental del año, una oficina de 10 metros cuadrados —con un austero cartel en la puerta que dice “Cifra”— es lo menos visto del Teletón.

Adentro, un grupo de científicos tampoco duerme las 30 horas que dura el programa. Ahí, el Teletón pierde sentimiento y gana rigor numérico: las lágrimas de Lucero se miden en pesos; los exhortos de Fernando El Chobi Landeros, en depósitos, y se puede establecer si la invitación a donar en favor de los niños con discapacidad hecha por Marco Antonio Regil atrajo más dinero en Nuevo León o en Oaxaca. Los milagros necesitan quién les haga la talacha. Para eso, el Teletón ha creado una estructura que mide todo en hojas de cálculo: cuánto se ha depositado por teléfono, cuánto en sucursales, cuánto por tarjeta de crédito o internet, cuánto por estado, cuánto en el extranjero y cómo se comparan esas cifras con años anteriores.

Así, se pueden ir incorporando a la transmisión en vivo invitaciones focalizadas, basadas en datos, para promover los donativos ahí donde está floja la participación: hay que hacer un llamado a los ricos porque van 35% abajo las tarjetas de crédito, diles a los yucatecos que están aportando la mitad que el año pasado, una sucursal de Coahuila lleva media hora sin recibir nada. La presión por no llegar a la meta que se exhibe al aire tiene sustento matemático: una gráfica muestra minuto a minuto el comparativo del monto recaudado en el año con el inmediato anterior.

No es casualidad qué casos se presentan. Ni siquiera el horario en el que aparecen. Está medido que México coopera más cuando percibe que en el caso que se expone hay esperanza de recuperación y la obra del Teletón ha rendido frutos. La gente se solidariza más cuando el niño con discapacidad es elocuente que si los elocuentes son sus padres. Los más prometedores van al prime time.

Se planea hasta qué conductor presentará cada historia: si una niña se llama Lucero, quién más sino su tocaya famosa. Con base en perfiles y oficios se asignan a cada conductor los expedientes con los que puedan motivar la generosidad. Cada uno conoce con semanas de anticipación las historias de los niños y familias que entrevistará, se organizan convivencias para “romper el hielo” y cada presentador es informado de un índice que cuantifica el promedio de lo que recaudó por cada persona que estaba viendo la tele cuando salió al aire la historia a su cargo.

Mucho, mucho más allá de las emociones del Teletón, hay una fundación que asume con responsabilidad científica la oportunidad de tener 30 horas de televisión para juntar dinero en favor de su causa para dar atención de primer mundo al mayor número de niños con discapacidad que se pueda. Y eso no se ve, pero sí se siente.

SACIAMORBOS

El “penoso” quiere ser candidato a la Presidencia por el PRI. En serio. Lo impulsa un conocido operador político cuya señora esposa es una respetada encuestadora.

Los muertos del otro Learjet

Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio

Con la verdad también se mete la pata. Florestán

Ninguno de los que lo vivimos olvidaremos la trágica jornada del pasado martes 4 de noviembre, cuando al desplomarse el Learjet 45 de la Secretaría de Gobernación murieron 14 personas, entre ellas, Juan Camilo Mouriño.

En las horas siguientes, el presidente Calderón ordenó una investigación a fondo y un flujo constante de información sin ocultar un solo detalle.

Así nos enteramos de las sombras en la compra del avión, de la anarquía en la adjudicación de contratos, de la falta de rigor en la preparación de pilotos oficiales, del círculo de corrupción y del caos generalizado que reina en todo el sector aeronáutico del gobierno federal, entendiendo por eso el desbarajuste que hay en el manejo discrecional de su flota aérea, la mayor de América Latina en número de aviones.

El siniestro era una oportunidad para poner orden en ese sector, tarea imposible por haber chocado con todo tipo de intereses, como los del uso de esos aviones para viajes familiares, de descanso y políticos.

Y la anarquía sigue, como lo demuestra el accidente del viejísimo Learjet 23 propiedad del gobierno federal a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda.

Al inicio de la actual administración federal, en diciembre de 2006, este avión fue entregado al gobierno de Tlaxcala, que asumió la calidad de su depositario, sin que a nadie le importara que se tratara del primero y más viejo de la serie Learjet, aviones construidos en 1964, hace casi medio siglo, y de los que se harían cien más para suspender la producción dos años después, en 1966, cuando se inició la del Learjet 24.

Sólo en México operaba ese modelo de Learjet 23, con 44 años de servicio, y que se vino abajo el domingo en una laguna tlaxcalteca, ocasionado la muerte de dos tripulantes que, en otras condiciones, no tendrían por qué haber muerto y del que a la hora de las responsabilidades todos miran para otro lado: el gobierno de Tlaxcala diciendo que lo rentaba ocasionalmente a Hacienda, y ésta respondiendo que el responsable era el depositario.

¿Cuántos Learjets más serán necesarios para ordenar ese sector del gobierno?

Retales

1. QUE SÍ. Marcelo Ebrard me dijo ayer en Radio Fórmula que sí aspira a la Presidencia en 2012 pero que no la confunde con su quehacer como jefe del GDF;

2. AGUAS. Alerta en el Gobierno del Distrito Federal ante los bajos niveles de almacenamiento de agua en el Sistema Cutzamala, que abastece del líquido a la Ciudad de México y que está en un punto crítico por la falta de lluvias; y

3. FUGA. Eduardo Medina Mora deberá detener las filtraciones que salen de la oficina de Comunicación Social de la PGR porque al final se las endosan todas, aunque sean del Poder Judicial, y él ajeno.

Nos vemos mañana, pero en privado.

Silvia: ¿por qué así?

Yuriria Sierra
Nudo Gordiano
Excélsior

Catorce meses secuestrada, tres conferencias de prensa dadas por sus padres para pedir lo justo: que la encuentren. Y nada. Silvia Vargas sigue desaparecida. Según las autoridades, como ya nos dieron cuenta, se armaron varias líneas de investigación, se hicieron cateos e indagatorias, pero todo condujo a nada. Todos conocemos ya la historia. De cuando la hija de Nelson Vargas fue secuestrada mientras se dirigía a su escuela en la colonia Las Águilas. De cuando hubo un acuerdo para su liberación que después se transformó en silencio. De cuando la desesperación llevó a su familia a una búsqueda mediática y eso evidenció la falta de pericia de las autoridades que dicen que lo intentan, pero no llegan a nada. Es ridículo que las hipótesis más lógicas de lo que pudo haber sucedido y de quiénes pueden estar relacionados sean resultado de investigaciones hechas, en paralelo y de manera privada, por la familia Vargas Escalera. Aquella relación del chofer de la familia con la banda de secuestradores conocida como Los Rojos fue descubierta por la familia y no por las autoridades. Más ridículo aún que ahora sea un recluso quien dé pistas de lo que pudo haber pasado con Silvia Vargas. E insisto en algo: “De lo que pudo haber pasado”, pero de informaciones concretas, de resultados de la investigación, nada más que hipotéticos escenarios hasta el momento…

Autoridades que ahora siguen una línea de investigación proporcionada por quien paga una condena en la prisión de Barrientos, en el Estado de México. Pero más increíble aún es la manera en que las autoridades fueron puestas sobre aviso. Según cuentan, este recluso habló con sus compañeros dentro del penal acerca de su participación en el secuestro de la hija de la familia Vargas Escalera; los demás presos, al escucharlo, dieron cuenta a las autoridades, quienes, al corroborar la información y conocer la versión completa de los hechos, corrieron al predio de la colonia San Miguel Xicalco. Ya sabemos que sí se encontró un cuerpo, también que algunos indicios hacen pensar que esos restos fueron sepultados hace unos meses. También que, cualquier resultado, no puede darse como cierto mientras no se conozca lo que los peritos tengan que decir, cosa que hasta este momento sigue estando en espera. La sola declaración de quien dice haber participado en el secuestro no puede ser un argumento contundente en el caso, al menos, si hablamos del paradero de Silvia. Y convertir la versión en un hecho mediático, menos. ¿Por qué si había pistas que seguir antes de concluir absolutamente nada no fueron integradas en la averiguación antes de difundirlas en los medios? Si no había elementos concluyentes sobre el cadáver encontrado, ¿por qué y para qué suponer que se trata del cuerpo de Silvia Vargas Escalera? ¿No es irresponsable por parte de los involucrados emitir una “hipótesis” así, antes de tener todas las pruebas concluyentes en las manos?

Lo que sí es contundente es la manera tan ligera con que se dio a conocer la información. En caso de resultar cierto lo escuchado en Barrientos, tendríamos a un recluso purgando una media sentencia. ¿Dónde está el sentido común de las autoridades, quienes tendrían que agotar todas las posibilidades, todos los supuestos? Y es que no sólo es el dolor, la impotencia y la indignación de una familia lo que ahora los debe mover. Hoy, ya es un país entero el que les pide justicia, ese derecho que va más allá de los resultados que puedan ofrecer. De Silvia, Nelson Vargas y familia nos queda la entereza y el valor de haberse enfrentado a los nudos que envuelven el sistema judicial de nuestro país. Más aún: la entereza de ofrecer todavía una última conferencia, con el alma en vilo, diciendo que esperarán los resultados de las pruebas de ADN, ya que la necropsia fue insuficiente.

De nuestro país, nos queda la solidaridad que muestra cuando un caso como éste, sea del nivel que sea, quita máscaras. De las autoridades, nos queda la certeza de que algo pasará, algo deberán hacer ellos y nosotros, porque la confianza se ha perdido y, cuando la confianza es imposible de recuperar, lo que queda es cambiar y ahí, nosotros, como ciudadanos, tenemos la última palabra.

Beltronazo mediático

Javier Corral Jurado
Profesor de la FCPyS de la UNAM
El Universal

Operador sinuoso de la aprobación de la ley Televisa hace tres años, Manlio Favio Beltrones no desiste en restituirle al duopolio de la tv las prebendas legales que hace más de un año perdió por virtud de la sentencia de inconstitucionalidad emitida por la SCJN sobre las principales y abusivas pretensiones de esa reforma.

Impune en términos de la sanción pública que señaló a otros operadores menos taimados que él y Emilio Chuayfet, Beltrones quiere regresarles el refrendo automático a perpetuidad, ahora disfrazado de prórroga, reiterándoles cada 20 años las concesiones mediante un acto discrecional de la autoridad, por tiempo indefinido. Ello sin que, como estableció la Corte, al término de las concesiones éstas se vuelvan a licitar dando entrada a nuevos solicitantes y sólo en caso de empate por una igualdad absoluta de posiciones se prefiera al actual concesionario sobre terceros.

La desfachatez de Beltrones en la iniciativa presentada la semana pasada, y suscrita por otros cuatro senadores aspirantes a gobernadores, tiene el colmo del cinismo: hacerlo en nombre de la sentencia de la Corte, para dotar de “seguridad jurídica a las empresas de comunicación”. En ese planteamiento tramposo se va muy lejos, manipula el texto de la sentencia a su antojo, edita párrafos, rasura renglones y omite criterios esenciales que, de ser citados, pondrían a la vista la embustera interpretación que hace de lo que se asentó en el engrose de aquella resolución judicial, votada por unanimidad.

Más allá de tratar de prostituirles a nuestros jueces constitucionales su lenguaje, la iniciativa tiene errores técnicos de primer orden al pretender comparar las telecomunicaciones —ya no digamos minas, pesca, aguas, puertos, carreteras, aeropuertos o ferrocarriles— con la radio y la tv, no sólo por la función social que tiene asignada, sino porque ni una sola de las actuales concesiones de radio y tv abiertas se sometieron antes a un proceso de licitación, ni se pagó por ellas un solo centavo al Estado.

Para justificar la omisión de la licitación, Beltrones envía una bola engañabobos al decir que por lo menos ahora sí pagarían una contraprestación al recibir la prórroga, y hasta en eso trampea. En un comunicado difundido el mismo día en que la iniciativa se presentó, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información afirmó que: “Esa no es más que una simulación porque sugieren que para integrar ese pago se tome en cuenta el valor de los espacios que las estaciones de radio y televisión tienen obligación de entregarle al Estado. Entre esos espacios se encuentra el tiempo para propaganda de los partidos políticos cuya gratuidad estableció la reforma constitucional de hace un año”.

Así que de prosperar la iniciativa de Beltrones, los empresarios de la tv y la radio no sólo no pagarían por la renovación de sus concesiones. Además existiría la posibilidad de que el Estado tuviera que pagarles la diferencia entre los derechos por la prórroga y el monto de los tiempos estatales que hasta ahora han tenido que abrir para la difusión de mensajes institucionales y, ahora, de los partidos.

¿En qué se basa Beltrones para hacer una propuesta tan regresiva? ¿Dónde deposita su apuesta de que no le costará políticamente proponer una iniciativa contraria al interés público y a la soberanía del Estado? Sin duda, en la cultura de la complicidad y la simulación que se vive en la política partidista, primero, y luego en la red de protección, convenios y alianzas que cada día aumenta entre los medios electrónicos y los medios impresos, lo que minimiza si no es que excluye el tratamiento de estos asuntos.

Es claro que se trata de una maniobra electorera que busca congraciarse con los principales consorcios mediáticos del país y redimirse ante ellos, a manera de arrepentmiento, por lo que se hizo en la reforma electoral, que les afectó jugosas ganancias al prohibirles a partidos y candidatos la compra de propaganda electoral en radio y tv. Quizá tenga la misma motivación que el planteamiento de restablecer en la Constitución la pena de muerte, para llamar la atención y documentar ante los interesados que por lo menos se intentó aunque fueron otros los que no quisieron. Pero la experiencia aconseja que debemos estar alerta, pues más que la Navidad y los Santos Reyes, las campañas electorales traen grandes regalos para los propietarios de los medios.

La escisión de la izquierda

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

La semana pasada quedó definida la escisión de la izquierda. De un lado el PRD en manos de la corriente de Jesús Ortega, separada ya del liderato de López Obrador. Del otro lado el Frente Amplio Progresista (FAP), con Convergencia y el Partido del Trabajo, alineados con la causa y la candidatura de López Obrador.

De las consecuencias electorales de esta escisión hubo ya un aviso en las elecciones municipales de Acapulco, donde el llamado FAP no pudo tener un candidato común. Convergencia y PT tuvieron uno, el PRD tuvo otro. Ambos sumaron más de 50% de los votos, pero la cifra de cada uno no alcanzó para derrotar al candidato del PRI, que se llevó la alcaldía.

Muy desdichada será la aventura electoral de la izquierda si esto se repite en 2009.

De por sí es clara la pérdida de intención de voto para el PRD y para la izquierda luego de estos años de destrucción del propio capital político. Las encuestas recientes indican un regreso del PRD a cifras de 15-17% en las preferencias del voto, luego del 35% alcanzado en 2006.

Las cifras de Convergencia y el PT no son significativas, pero lo serán si, como en el caso de Guerrero, construyen su estrategia electoral para competir con el PRD, exacerbar las escisiones internas de este partido y trasladar a la nueva casa de López Obrador los seguidores que éste conserva en el PRD.

Si el apoyo de López Obrador y sus seguidores fortalece a Convergencia y al PT, debilitará al PRD, pues de ningún otro sitio podrá trasvasar votantes y militantes.

Podríamos estar en el inicio de una nueva batalla histórica de la izquierda para lograr el empobrecimiento de todos sus grupos.

Así las cosas, el 15-17% de intención del voto para el PRD podría caer por un aumento de sufragios para el FAP, de modo que el PRD se quedará en 2009 con 10-11% de los votos y el FAP con 5-6%.

No habrían hecho sino devolver a la izquierda al papel de tercera fuerza disminuida, frente a los dos partidos grandes que se disputan realmente el poder, el PRI y el PAN.

Otro asunto será la elección presidencial, donde los candidatos tienen peso propio. La escisión se anuncia ya también en ese frente. El PRD de Jesús Ortega parece ahora abierto a Marcelo Ebrard, mientras que el FAP pretende cosechar votaciones históricas repitiendo a López Obrador.

De la izquierda que tenía, otra vez me quedan dos.

Coda: El mayor responsable de una división es el que la encabeza, a menudo el único que puede evitarla.

Ebrard: 70 mdp en hornear galletas

Jorge Triana Tena
Vicecoordinador del GPPAN en la ALDF IV Legislatura
La Crónica de Hoy

Era evidente que las galletitas que horneaba Ebrard hace un par de semanas en un programa de Televisa no eran de a gratis (como sostuvo Comunicación Social del GDF). Ayer, un periódico de circulación nacional dio a conocer que los montos que erogó el Gobierno del Distrito Federal este año por promocionales en televisión es mayor al reportado por el propio gobierno (según el GDF, el gasto fue de 36.5 millones de pesos, pero de acuerdo a las copias de los contratos el gasto fue de 105.3 millones), y es en el portal de transparencia del gobierno local en donde aparece la información falsa.

En su obra El presidencialismo mexicano (1978), Jorge Carpizo denomina “el privilegio ejecutivo” al acto a través del cual el Ejecutivo federal se negaba a proporcionar información al Poder Legislativo, y si el Ejecutivo negaba información al Legislativo evidentemente los ciudadanos no tenían la más mínima esperanza de que una información solicitada al gobierno federal les fuera entregada.

Así era la época de oscuridad informativa gubernamental en México. La fiscalización de los recursos públicos era realizada por un órgano cuyo titular era impuesto por la mayoría priista en la Cámara de Diputados. Nadie sabía, a ciencia cierta, cuánto y en qué gastaba el gobierno los dineros de los mexicanos.

Esta lamentable realidad comenzó a cambiar no hace mucho, con las reformas que dieron vida a la ASF y al IFAI. El acceso a la información pública es uno de los grandes avances de nuestra joven democracia, por lo que resulta para los ciudadanos del Distrito Federal, por decir lo menos, indignante una “mentirita” de casi 70 millones de pesos.

Su mentira debe ser castigada. Indagaremos hasta donde sea necesario para saber quién mintió y qué pasó con estos millones no reportados, porque lo que hicieron es un delito, y lo tienen que pagar.

El perdón de Bejarano

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

René Bejarano, quien fue secretario particular de López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal, está de regreso en la política abierta y reapareció en un evento de masas en el que pidió perdón por los errores cometidos.

Primero es preciso subrayar que Bejarano tiene derecho a hacer política y también a pedir perdón.

Sin embargo hay una pregunta fundamental que debería contestar: ¿perdón de qué?

Durante todo este tiempo que ha transcurrido desde que aparecieron los videos donde se embolsaba miles de dólares en un maletín, en las bolsas del saco, en la camisa, en los pantalones, él dijo que había sido víctima de una trampa, ¿de qué quiere ser perdonado?

Bejarano dijo que lo que vimos en televisión fue producto de una manipulación, ¿por qué pide perdón?

Le echó la culpa a Brozo, a los directivos de Televisa, a Rosario Robles, a Ahumada… ¿entonces? ¿De qué se trata el perdón que pide Bejarano.

Se hizo pasar por víctima de Ahumada, y por su victimario al que le cobraba dinero. ¿Le pide perdón a Ahumada?

En esos días del escándalo que significó ver al entonces líder del PRD en la Asamblea Legislativa del DF guardarse los dólares con la naturalidad de quien se lava los dientes, dijo que todo era un complot para destruir políticamente a su jefe, Andrés Manuel López Obrador.

Si fue así, ¿por qué ahora pide perdón? ¿Perdón de qué?

Bueno, esa es una pregunta, pero hay muchas que sería saludable que Bejarano contestara, y que por lo visto nunca se las hizo su amigo, el fiscal de la PGJDF que le asignaron para llevar su caso.

Antes de entrar a ellas es preciso reiterar que Bejarano tiene derecho a pedir perdón y a reintegrarse a la política en el movimiento al que nunca ha estado ajeno: el lopezobradorismo.

Para que haya perdón, sin embargo, debe haber arrepentimiento.

¿De qué se arrepiente el profesor Bejarano?

Es que con esa petición de perdón, Bejarano deja más dudas que certezas.

¿Se arrepiente de haber extorsionado a un empresario de la construcción, de quien recibía miles de dólares a cambio de agilizar pagos pendientes en la Tesorería del Distrito Federal?

Miles de dólares. ¿Cuántos miles?

¿Se arrepiente de haber cobrado esa cantidad aún indeterminada de dinero del empresario Carlos Ahumada? ¿O también se arrepiente de haber recibido dinero de otros empresarios que prestaban sus servicios en el gobierno capitalino?

En lo personal tengo la impresión de que Bejarano era sólo un cobrador de porcentajes y mordidas a empresarios, y que él no se embolsaba el dinero para integrarlo a su patrimonio personal.

El secretario particular de López Obrador no es como el secretario de Finanzas de López Obrador, Gustavo Ponce, que robaba a empresarios para comprarse coches de lujo y despilfarrar en los salones VIP de Las Vegas.

Aquí hay otras cosas. Por ejemplo, la lealtad de Bejarano a López Obrador es ejemplar.

Aguantó el desafuero y la cárcel (aunque sea jaula de oro, no deja de ser prisión) y jamás reveló para quién era ese dinero.

Por cierto, una de las preguntas que tendría que contestar el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza es ¿adónde iba el dinero que recibía?

No ha habido una respuesta clara, ni siquiera medianamente vaga, acerca del destino de esos dólares y de quién sabe cuántas otras cantidades que recibía el secretario particular de López Obrador.

En uno de los videos Bejarano le dice a Ahumada que “Andrés está al tanto de todo lo que yo hago”, en referencia a las recolecciones de dinero que en ese momento recibía del empresario de la construcción.

López Obrador, es cierto, nunca lo dejó solo.

Le puso un fiscal a modo y ahora su hermano Arturo aparece entre los integrantes del movimiento recién fundado por Bejarano.

Así es que todo indica que el dinero que recogía Bejarano en maletines y bolsas del súper, no era para enriquecerse a sí mismo, sino que lo recolectaba para su jefe.

Eso no justifica la extorsión, desde luego, pero la pone en perspectiva.

Quien tiene que pedir perdón es López Obrador.

Instituciones derruidas

Alberto Aziz Nassif
aziz@ciesas.edu.mx
Investigador del CIESAS
El Universal

Las malas noticias no terminan, todos los días aparece un nuevo hallazgo que pone a temblar al país. Hace unos días nos enteramos de que la mitad de los policías se ubican en una categoría de incompetentes, no confiables y no sirven para realizar sus tareas. Después llegó otro dato más preocupante, porque al final de cuentas las policías no gozan de mucha credibilidad; más bien están en el sótano de la confianza. Pero cuando el propio Ejército indica que su poder se encuentra en peligro de “degradación” y que en unos años esa situación puede ser irreversible, sin duda estamos antes un problema muy grave para la gobernabilidad. Además, hay 150 mil desertores en los últimos ocho años, muchos de ellos convertidos en sicarios. Con ese tipo de instituciones el actual gobierno enfrenta la peor batalla que se ha librado en contra del crimen organizado.

Dentro de las instituciones que tienen más baja credibilidad se encuentra la policía, para cerrar la brecha de la percepción ciudadana y los estudios oficiales, porque la descalificación no la hizo la oposición o un grupo radical de ciudadanos, que fue una evolución del propio gobierno.

Según la medición de Consulta Mitofsky (octubre 2008), existe un bloque de instituciones que tienen baja confianza ciudadana: senadores, sindicatos, policía, diputados y partidos, prácticamente todos por debajo de seis puntos; en el bloque intermedio se encuentran el IFE, la SCJN, la Presidencia, empresarios y bancos; y en la parte de mayor confianza están las universidades, la Iglesia, el Ejército y los medios. En estos tres bloques se fragmenta la percepción ciudadana del eje confianza-desconfianza. Llama la atención que de una año a la fecha el Ejército bajó ligeramente su calificación de 8 a 7.8 en esta misma medición. En suma, buena parte de los actores de la política formal, la representación democrática del país, si es que así se puede denominan, los partidos y las dos cámaras del Congreso están reprobados en materia de confianza. En cualquier sentido, resulta complicado que una democracia funcione con estos actores tan mal apreciados por la ciudadanía.

Con estos antecedentes podemos entender de mejor forma la evaluación del Informe 2008 que presentó recientemente Latinobarómetro, medición que se hace en 18 países de América Latina. Se pueden resaltar algunas de las cifras particularmente preocupantes, por ejemplo, el crecimiento de una actitud de hartazgo o incluso de desesperación frente a las falsas promesas de una democracia que no ofrece resultados.

A la pregunta de si está de acuerdo con que exista un gobierno no democrático si resuelve los problemas económicos, hay un promedio latinoamericano de 53 puntos sobre 100, pero la nota de México es superior y se ubica en 61 puntos, el más alto es Paraguay con 69 puntos y el más bajo es Uruguay con 31. Ante los problemas económicos que cada día se agravan por la crisis, más los problemas de seguridad que señalamos antes, la perspectiva de salidas institucionales a los graves problemas resulta complicada. Otro de los datos de esta encuesta latinoamericana es la comprensión de que un sistema democrático garantiza libertades, pero no seguridad y bienestar, porque hasta la fecha la democracia en nuestros países no ha generado una mejor distribución del ingreso ni protección a los ciudadanos contra el crimen.

Quizá por ello en México sólo 23% piensa que la democracia que tenemos funciona mejor que en otros países. Año con año el apoyo a la democracia en México se deteriora, en esta ocasión el apoyo bajó cinco puntos porcentuales, y la satisfacción ha seguido deteriorándose; ahora llegó a niveles de sólo 23%, perdió ocho puntos porcentuales en el último año; además, sólo 17% considera que el sistema económico funciona bien.

Con este conjunto institucional plagado de incapacidades ahora hay oportunistas y demagogos que piden la pena de muerte. Sin embargo, lo más preocupante es que 70% de la ciudadanía está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte (EL UNIVERSAL, 8/XII/2008). Imaginemos el desastre que sería la pena de muerte en México. Uno de los mayores retos es la reconstrucción institucional. ¿Por dónde empezar?

Fox de nuex

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Con autorización papal (de 1946), el obispo Sergio Méndez Arceo bendijo en 1961 el proyecto del padre Gregorio Lemercier para psicoanalizar a monjes benedictinos en el monasterio de Santa María de la Resurrección, en Cuernavaca.

En 1962, los resultados (falta de vocación, apetitos de poder, neurosis, perversiones, misoginia, psicosis, homosexualidad…) obtenidos por especialistas que asesoraron los doctores Gustavo Quevedo, Frida Zmud y hasta Erich Fromm fueron publicados en Le Monde.

¿Resultado? El Vaticano sometió a Méndez Arceo, hizo abortar el experimento y orilló a Lemercier a colgar la sotana.

Cuatro décadas y chorrocientos curas pederastas después (ninguno, claro, psicoanalizado antes de su ordenación), el Vaticano “estudió” a Vicente Fox y le halló un “grave trastorno de personalidad”, con “rasgos narcisistas e histriónicos”.

Igualito, pues, que todo político, todo artista… y todo sacerdote.

Sólo un jerarca eclesiástico, al traicionar sus votos y balconear algo más que un secreto de confesión, pudo cometer esta descomunal marranada.

Pena de muerte, justo castigo

Juan Manuel Asai
jasaicamacho@yahoo.com
La Crónica de Hoy

La pena de muerte es justa pero inaplicable. Por eso, porque es justa, a la humanidad se le ocurrió, en un gesto desesperado, inventar el infierno. La gente ansía saldar cuentas aunque sea en otra vida. Hay crímenes que no se pagan con años de cárcel ni siquiera con una cadena perpetua. Si un sujeto secuestra, tortura, asesina a una persona y, además, extorsiona a los familiares para obtener dinero, como en los recientes casos Martí y Vargas, por supuesto que merece pararse frente a un pelotón de fusilamiento, o que le apliquen una inyección letal, que es una opción ligth, según dicen en Coahuila.

¿Pena capital a Moreira?

La decisión del profesor Humberto Moreira de colocar en el tapete de la discusión nacional la pena de muerte ha sido fructífera. Permitió arrojar luz sobre el país que tenemos y al que aspiramos. La primera reacción fue calificar la propuesta de “electorera”, como si eso de entrada fuera algo negativo y, sobre todo, como si los políticos en busca de popularidad no dijeran cualquier cosa. El populismo forma parte del DNA de la propaganda política. Fox, por ejemplo, aseguró que, si lograba vencer al PRI, dotaría a cada familia mexicana de vocho, changarro y tele. Calderón, todavía más cruel, aseguró que si votábamos por él crearía millones de empleos. Obama, en el paroxismo, aseguró que “cambiará al mundo”. Si Moreira buscaba hacer ruido lo logró. Eso poco tiene que ver con la conveniencia de aplicar la pena capital para ciertos delitos.

Después, analistas apegados a las estadísticas demostraron que este castigo no contribuye a disminuir el número de delitos graves. No disuade a los criminales. Mostraron números irrebatibles. No dudo de las estadísticas, pero no vienen al caso. La pena de muerte no es una forma de cambiar las estadísticas, es una opción de reparar un daño. Caín merecería la pena de muerte por matar a Abel, aunque representara, en ese momento, la cuarta parte de la humanidad. Sería, por su fuera poco, una forma de acabar con la posibilidad de que el criminal, desde la comodidad de su celda, con manjares, visitas conyugales, pantallas de plasma y teléfonos celulares de última generación, continuara con su carrera delictiva en prisión. Mientras que su víctima, en el panteón, guarda silencio eterno.

Otra corriente, ésta más ilustrada, aseguró que la pena capital afectaría nuestro proyecto civilizador. Nos haría un país salvaje. Seguramente no les dio tiempo de consultar la revelación de que en los últimos dos años se han registrado en el país siete mil ejecuciones, sin mediar juicio ni recurrir a abogados ni a testigos, a nada que no sean los fusiles de asalto. ¿A cuál proyecto civilizador se refieren?

Nuremberg

La pena de muerte es una forma de que el Estado, que nos representa, ejerza la legítima defensa. Propongo a las personas que se han escandalizado ante los dichos de Moreira realizar el siguiente ejercicio. Digamos que un país extranjero asegura poseer un documento que comprueba que Antonio López de Santa Anna, en uno de sus delirios, le vendió la Península de Yucatán. Manda gente a ocuparla. Los soldados mexicanos repelen la agresión y matan a balazos a los invasores. ¿Eliminar a los invasores se vale? ¿Es más preciado el territorio que la vida de los compatriotas? Según esto ¿procede matar a los secuestradores cuando están perpetrando el delito? ¿Si los intelectuales que se han pronunciado contra la propuesta de Moreira hubieran sido parte del jurado en Nuremberg, los jefes nazis hubieran muerto de viejos, en su cama, rodeados de sus nietos de caireles rubios, como si nada?

La pena de muerte es inaplicable. Los obstáculos en el procedimiento son insalvables. Mientras exista la posibilidad de castigar inocentes no puede instrumentarse. En México, donde el sistema de procuración de justicia tiene pintado en el lomo un signo de pesos, donde muchos policías preventivos, agentes judiciales, custodios, ministerios públicos, jueces y magistrados han llevado la incompetencia y la corrupción a la estratosfera, donde operan despachos de abogados que nunca pierden, aunque defiendan al mismísimo Satanás, la pena de muerte no tiene cabida. Pero de que es justa, lo es.

García Luna, el Ejército y la propaganda negra

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Ayer aparecieron, en tres estados con fuerte presencia de Los Zetas y los Beltrán Leyva, 16 narcomantas dirigidas al Presidente de la República a quien “respetuosamente” (¿recuerda usted la fórmula?) le informaban de los presuntos vínculos del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y de su equipo, con el narcotráfico, para proteger al cártel de Sinaloa. Como única novedad y quizá como resultado de la reciente incorporación del general Javier del Real a la SSP, se acusaba también al Ejército de ello, incluso se dice que los grupos de reacción inmediata son en realidad los sicarios de esa organización criminal.

En este espacio nos hemos hecho el propósito de no divulgar los mensajes de los grupos criminales, porque ello sólo es una forma de difundirlos y de colaborar, consciente o inconscientemente, en su respectiva estrategia de medios para debilitar a las fuerzas del Estado. Pero, en este caso, es importante retomar el punto porque resulta un capítulo más en la escalada, cada día más virulenta y vacía, que se realiza contra las dos únicas áreas del gobierno federal con capacidad de operación contra el crimen organizado: el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública y su titular, García Luna. Asombra que los “respetuosos” narcotraficantes se den tiempo de hacer narcomantas, unificar textos, colgarlas en distintos lugares de la República, como si no tuvieran otra actividad más importante. Pareciera que la propaganda negra, que saben que será amplificada por algunos medios y retomada por ciertos grupos políticos, les resulta más eficiente que las armas. Y las narcomantas se cruzan entonces con las extorsiones, los chantajes, los asesinatos violentos y masivos para conmocionar a la sociedad (se pueden comprender los ajustes de cuentas, pero si no es por desarrollar una táctica de terror no tiene sentido decapitar, como ocurre, a un muerto; arrojar cuerpos en la puerta de una escuela o asesinar a parejas o a hijos de delincuentes rivales). El crimen organizado ha descubierto que, como consecuencia de nuestra debilidad social, es más eficiente la propaganda negra (que realizan con eficiencia y aliados insospechados) que enfrentarse abiertamente a las fuerzas del Estado. Tanto lo han conseguido que, en la pésima reforma del sistema de seguridad pública que acaban de votar los diputados, han logrado dos objetivos centrales para que la lucha contra la inseguridad no avance: quitarle atribuciones a la dependencia encargada de garantizar la seguridad a nivel federal y balcanizar la toma de decisiones, dejando en la oscuridad el principal propósito que animaba a esa reforma: que los estados y los municipios se hicieran responsables, en forma obligatoria, de coordinar sus acciones de seguridad con la Federación. Y el argumento utilizado para aprobar ese disparate legislativo estuvo animado por los mismos objetivos que enarbolan los narcotraficantes: “Quitarle poder” a García Luna y, al mismo tiempo, pedir pero rechazar la presencia del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado.

¿Por qué García Luna y ahora en forma cada vez más destacada el Ejército? Porque la PFP y las Fuerzas Armadas, incluida la Marina, son las únicas con el despliegue territorial suficiente para intentar cumplir esa tarea: la PGR no tiene capacidad de despliegue territorial similar y, por eso, no aparece en estos mensajes, aunque muchos grupos criminales suelen utilizar uniformes similares a los de la AFI. Lo cierto es que esa diferenciación, sumada a las distinciones reales que existen en diversas áreas de seguridad y son alimentadas por estas mismas campañas de medios y propaganda, es lo que hace a éstas más eficientes. Si a eso se suma el que la nueva ley de seguridad confirma que las fuerzas estatales y las municipales seguirán descentralizadas y ejerciendo una colaboración sólo voluntaria con las autoridades federales, el debilitar a las Fuerzas Armadas y la Policía Federal es clave para la estrategia del crimen organizado: si éstas son inmovilizadas o se sumergen en un vendaval de acusaciones recíprocas, si continúa teniendo éxito la división interna en el gobierno federal y la falta de visión de los legisladores, gobernadores y presidentes municipales, los grupos criminales (y las organizaciones políticas ultrarradicales que apuestan por la violencia) saben que las fuerzas de seguridad no podrán controlarlas, por incapacidad, debilidad estructural o corrupción.

No nos engañemos, ¿desde cuándo los narcotraficantes se dedican a tender mantas, desde cuándo resulta que sus operadores son también jefes de relaciones públicas, desde cuándo están tan interesados en, “respetuosamente”, informarle al Presidente de la República quiénes son los supuestos infiltrados? No dudo que la Policía Federal debe crecer, cambiar, ser más eficiente y hacer un esfuerzo aún mucho mayor por limpiar sus filas. Tampoco que la función de nuestras Fuerzas Armadas no es la de combatir la inseguridad pública y que sería deseable contar con fuerzas civiles que pudieran realizar plenamente esa tarea. Pero, mientras desde el Congreso se torpedea el fortalecimiento de las áreas de seguridad, mientras los estados y los municipios regatean su participación en ese combate, mientras la Policía Federal no termina de construirse plenamente, ¿qué institución del Estado se encuentra en condiciones de dar ese sustento de seguridad? Sólo las fuerzas militares. Y si éstas, por una parte, buscan ser debilitadas y, por la otra, el principal impulsor de una fuerza policial civil sólida, centralizada y con capacidad de operación en todo el país, está bajo un golpeteo injusto y sin sustento, lo único que queda de manifiesto es una convergencia, consciente o no, de intereses de grupos criminales con grupos políticos y de poder que debilitan y balcanizan al Estado.

Muerte

Germán Martínez Cázares
Presidente nacional del PAN
El Universal

Fusilar, degollar o ahorcar es la ocurrencia del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, para combatir el secuestro. Regresar a su terruño la pena de muerte, en alguna de esas modalidades, es la solución esperpéntica de Moreira para acabar con la delincuencia.

De entrada el ofrecimiento es criticable por limitado. ¿Qué tal un empalamiento en la plaza de Parras, como hacían los aztecas? ¿Por qué dejó fuera el gobernador la hoguera? Devolver esa técnica medieval y chamuscar a los delincuentes en Monclova, con transmisión en vivo por la tv, atraería más votos. También eché de menos al potro desmembrador. ¿Por qué no en Cuatro Ciénegas manda amarrar de brazos y piernas a los criminales y hace tirar a cuatro caballos para descuartizarlos? Aunque en esas desérticas tierras coahuilenses, donde el agua llega a ser un lujo, Moreira se achicó, faltó el proyecto estrella: ahogar a los secuestradores en una enorme piscina de cristal.

Nada le importó que el PRI y el propio Congreso local durante su sexenio hayan abolido ese castigo capital. Tampoco le interesan las estadísticas que demuestran fehacientemente la inutilidad de la pena de muerte para acabar con la delincuencia. Menos, mucho menos, debe conocer el estudio de César Beccaria, quien desde 1764 demostró la inutilidad de las penas severas y dejó claro que es la eficiencia policiaca y la correcta impartición de justicia lo que verdaderamente inhibe a los delincuentes.

Ningún argumento vale cuando se decide caminar al lado de la muerte. O de plano, cuando el sadismo es la oferta pública de un gobernante. Moreira no apela a razones, afirma emociones. Es patético que a estas alturas crea que la letra con sangre entra. ¿Después de matar qué se podría prohibir? Si las encuestas dicen que la gente apoya la pena de muerte, ¿por qué no encuesta a sus gobernados si quieren pagar impuestos?

El debate que debe darse no es el de la pena de muerte, sino el cómo limpiar a las policías de la corrupción. ¿Toda la policía de Moreira está limpia para agarrar a un presunto secuestrador y asesinarlo? ¿Está seguro de que su policía y los jueces de su entidad no van a ejecutar venganzas legales?

Debemos hablar más de controles de los cuerpos policiacos, de sistematizar y coordinar la información de los delitos. De policías confiables y seguros. No de aniquilar, vengar o matar, medidas que Europa repudia y tiene mejores índices de seguridad que Texas, donde se aplica la pena de muerte light de la inyección letal. Después de su bufonada, ¿con qué autoridad reclamará al gobierno de EU la pena de muerte a un mexicano?

Ya ni para qué hablar del respeto a los derechos humanos. El fondo de la propuesta es la barbarie. Es la regresión, la alabanza del pasado, del imperio del ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura. Ese fondo exhibe al PRI, que no tiene más razón que regresar al país al pasado. Añoranza por el ayer es lo que confesó y exhibió, con singular desvergüenza el señor Moreira, y no lo hizo él solito, por iniciativa propia; eso es lo que sueña todo el PRI.

***

Paul Krugman, el Nobel de Economía 2008, afirmó ayer que la crisis mundial puede ir para largo. EU ha perdido casi dos millones de empleos. Chicago Tribune y Los Angeles Times, al borde de la quiebra. El plan de infraestructura de Obama es clave.

¿El mismo PRI de siempre?

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

PT, Panal, PVEM, Convergencia; a cuál colonia del PRI se refiere Germán
¿En 2009 el PAN será el mismo de siempre, o será nueva conquista del viejo PRI?


En su mensaje al Consejo Nacional, Germán Martínez dijo que el adversario del PAN en 2009 será “el PRI de siempre, que ofrece lo de siempre y actuará como siempre”.
No sabemos si el presidente de Acción Nacional ensayó una metáfora o si al formular esa declaración resultó traicionado por el subconsciente. ¡Claro!, además de que olvidó decir a los militantes, simpatizantes y votantes del partido azul si el PAN de 2009 también sería “el mismo de siempre”.

Primero valdría la pena que explicara a los suyos si cuando se refería al “PRI de siempre” también se refería al PRD, a Convergencia, al Panal, al Partido Verde, al del Trabajo; porque todos esos partidos son colonias bien asentadas del “viejo PRI”, el “de siempre”, a decir de Germán Martínez, y todos ellos practican las mismas trapacerías del viejo partido.

Casi todos ellos —y por el momento se salva el PRD, porque con la llegada de Los Chuchos se sacudió la grosera tutela de sus caudillos— son empresas familiares que no sólo heredaron las peores artes del PRI, sino que insultan a los ciudadanos por su estructura de empresas familiares que no le rinden cuentas a nadie. ¿Quiénes son, han sido y serán los dueños de Convergencia, Nueva Alianza, Verde Ecologista, del Trabajo? ¿No es cierto que son grupos familiares que viven del dinero público?

Como queda claro, el PRI —en tanto fuerza política nacional— no sólo es la suma de sus partes; tantos partidos como gobernadores —porque en cada entidad gobernada por el PRI el mandatario es dueño y señor todopoderoso que hace del tricolor lo que le viene en gana—, sino que también deben sumarse sus extensiones y colonias, entre ellas PRD, PT, Convergencia, Panal y Partido del Trabajo. ¿Ese es el PRI de siempre? Creemos que no, y que el jefe del partido azul se equivoca en el diagnóstico. ¿A cuál de esos muchos PRI se refería Germán Martínez?

A menos, claro, que el jefe panista se haya referido al fenómeno del bipartidismo que en términos reales se vive en México. ¿A qué bipartidismo nos referimos? El asunto es más sencillo de lo que parece. En realidad en México existen sólo dos tendencias partidistas; la derecha y el PRI. O si se quiere con más claridad, la derecha panista y los muchos PRI. Todas esas expresiones del tricolor a las que nos referimos arriba.

Si así es como lo entiende Germán Martínez, entonces debemos reconocer que tiene razón. En efecto, en 2009 el único adversario será el PRI de siempre, sólo que ahora los hijos, las viudas, los herederos ya pusieron casa aparte cada uno de ellos. Elba Esther Gordillo, la mítica profesora que pregonaba llevar al tricolor en la sangre y en los huesos, decidió poner casa propia. La casa es conocida por todos como Panal. Dante Delgado hizo lo propio con Convergencia; igual que Alberto Anaya con el PT. El caso del Partido Verde es la casa de los herederos del PRI, y el PRD fue, hasta hace pocos días, la casa de reputados priístas como Cárdenas, Muñoz Ledo y López Obrador.

Y decíamos que Germán Martínez olvidó “voltear el índice”. Es decir, luego de señalar al PRI señalar al propio PAN. ¿Es el mismo de siempre el Partido Acción Nacional? ¿Es el mismo que llegó al poder en 2000? ¿Es el mismo que de panzazo ganó en 2006? ¿Es el PAN que construyeron los fundadores? ¿O qué clase de partido azul veremos en julio próximo? Ese es precisamente el problema.

En el pasado Consejo Nacional, tanto el presidente Calderón como Germán Martínez pretendieron enviar el mensaje de un partido que regresa a sus raíces, al origen, en consonancia con el cambio que le imprimió Calderón a una parte de su gabinete, sobre todo con la llegada de Fernando Gómez Mont. Apeló a las raíces, a los mejores hombres, a la doctrina. ¿Por qué?

Porque igual que casi todos los partidos políticos, en México o en el mundo, lo que importa es el poder antes que la doctrina, que los principios. Y desde la llegada del neopanismo, desde 1988, los grupos empresariales, los políticos emergentes, los oportunistas de la política usaron al partido azul como pasaporte al poder político. Y todos esos hombres del poder emergente se construyeron en las mismas prácticas del PRI. ¿Por qué los electores se alejan del PAN y regresan al PRI? Porque el PAN ya no es diferente al PRI. Eso le faltó decir a Germán Martínez. Al tiempo.

EN EL CAMINO

Por cierto, el ex priísta, hoy diputado por el PAN, Benjamín González Roaro dijo que frente a la crisis económica, financiera y de seguridad, el Congreso ha logrado acuerdos impensables y reformas que parecían imposibles. La pregunta es si eso es suficiente.