diciembre 11, 2008

Chávez recoge firmas para conseguir su reelección indefinida

LUDMILA VINOGRADOFF | CARACAS

ABC España - En la caraqueña plaza Bolívar, a tres cuadras de MIraflores, el presidente Hugo Chávez inició la recolección de firmas para solicitar la enmienda constitucional que le permita reelegirse ilimitadamente, a pesar de que su segundo mandato vence en el 2012 cuando cumpliría hasta ese momento 14 años en el poder.

Los curiosos se han aglomerado en la plaza para ver al mandatario invitando a los venezolanos a suscribir las planillas de su reelección indefinida pero los cinco anillos de seguridad, integrados por agentes cubanos, les impidieron acercarse. Sólo se escuchó su arenga por los altavoces.

En tono iracundo Chávez aseguró que deseaba enmendar un solo artículo de la Carta Magna venezolana, el 230, y nada más mientras atacaba a la oposición.

Dijo que uno de los motivos por los cuales quería impulsar el cambio constitucional para poder reelegirse sin límites era el de la oposición. En su opinión habría diez opositores interesados en competir en las elecciones presidenciales del 2012, entre ellos el actual alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, un ex dirigente del socialdemócrata Acción Democrática.

"Entre ellos (los opositores) se matan a cuchillos por lograr el respaldo del imperio (de los EEUU). Ellos sí quieren el poder para masacrar al pueblo. Así que mientras yo sea presidente lo voy a impedir", dijo. Y añadió "yo soy el único que puede dar garantía de paz y libertad a todos los venezolanos y llevar este país hacia la revolución. Cualquier opción de la oposición sería violencia y caos para Venezuela".

Después de invitar a firmar por la enmienda, resaltó la instalación del Comando Simón Bolívar, cuyo jefe es el alcalde caraqueño chavista y ex presidente del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez y los batallones para llevar adelante la campaña por la reelección que sería para finales de febrero próximo.

La farsa de Lucía Morett

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

Si no fuera por la tragedia que antecedió a los hechos, la llegada de Lucía Morett a México, luego de su “exilio” en Nicaragua, sería una buena broma, de esas que tanto necesitamos en estos días aciagos.

La señorita Morett, como se recordará, estaba en un campamento de la narcoguerrilla colombiana, las FARC, en la selva de Ecuador, cuando las Fuerzas Armadas de Colombia atacaron a los narcoguerrilleros.

Ella resultó herida y recibió atención en Quito y luego fue llevada en un avión militar a Nicaragua, donde fue recibida como heroína por el presidente de ese país, Daniel Ortega.

Hasta ahí, es asunto suyo, personal. Allá ella si quiso irse a Nicaragua a cobijarse en una casa de un presidente pederasta, quien por años abusó sexualmente de su hijastra Zoilamérica.

Lo divertido del caso fue que la semana pasada regresó a México en medio de un aparato de propaganda, como si volviera del destierro, y rodeada de un “escudo de protección” de legisladores del PRD y de la señora Rosario Ibarra.

En el aeropuerto del DF, narra Blanche Petrich, de La Jornada, Morett “hizo una declaración largamente pensada”.

¿Cuál fue la declaración “largamente pensada”?

Dijo: “Ejerzo mi total derecho a permanecer en mi patria y a no seguir más en un exilio injusto”.

¿De qué exilio habla la señorita Morett?

¿Quién la expulsó del país?

Nadie. Ella se fue voluntariamente a la guerrilla, en la que militaba, y ahora regresa por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin que nadie la moleste.

Morett declaró a la prensa, a su llegada al DF: “No tengo ninguna orden de aprehensión. No pueden acusarme de nada”.

¿Entonces? ¿A santo de qué viene el cuento del exilio?

Dice que estaba desterrada y que regresa porque nadie la persigue.

La nota de la enviada de La Jornada dice que, a su salida de Managua, “flanqueada (Morett) por sus padres, ambos antropólogos, su abogado Hugo Rosas y dos legisladores del Partido de la Revolución Democrática, le dijo adiós a una situación de asilo informal que le impedía regresar a México”.

¿Quién le impedía regresar a México?

Continúa la nota de Petrich: “Horas después (de su salida de Managua) mostraba (Morett) sus documentos a sonrientes empleados de Migración y cruzaba la puerta de arribos deslumbrada por los flashes de medio centenar de fotógrafos”.

Entonces, la perseguida que vivía en el exilio en Nicaragua no fue recibida por policías ni por agentes del Ministerio Público, sino por “sonrientes empleados de Migración” y por medio centenar de fotógrafos.

¿No es para reírse? Sí, pero lo que sigue es aún más divertido:

“Ahí estaban (en el aeropuerto del DF), para completar el escudo de protección, más legisladores perredistas, encabezados por la dirigente de Eureka, Rosario Ibarra de Piedra: Aleida Alavez, Cuauhtémoc Sandoval, José Jacques Medina”.

¿Escudo de protección?

Sí, eso dice la nota.

Bueno, en síntesis: la señorita Morett regresó de un exilio que “le impedía regresar a México”, donde no existe orden de aprehensión ni de nada contra ella. Fue recibida por sonrientes agentes de Migración, y protegida luego por “un escudo” compuesto por legisladores del PRD.

¿A quién le quieren tomar el pelo?

Esa farsa debe tener alguna explicación.

Puede ser el caso que Lucía Morett sí sea militante del grupo de guerrilleros narcotraficantes.

Puede ser que haya estado en adiestramiento militar en el campamento cuyo jefe era el número dos de las FARC.

Puede ser, además, que la señorita Morett sepa muchas cosas relativas a la relación que hay entre las FARC y grupos clandestinos ligados al PRD en México.

Alguna explicación debe haber, más allá de la jocosa pantomima de ese “escudo” de legisladores a su regreso.

Mañana habrá más datos.

'Amor es...' por Paco Calderón

La violencia mexicana

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Vuelvo a las cifras de homicidios en México con que terminé mi columna de ayer. En su conferencia de prensa del lunes, el procurador Medina Mora dio las cifras comparativas del homicidio en México.

Asumo que sus cifras son correctas y que el diario las transcribió con precisión. Son estas:

Por cada cien mil habitantes hay en México un promedio de 11 homicidios dolosos por año. Esto incluye la cuota descomunal de muertos que van dejando tras de sí las bandas de sicarios del narco, cuya violencia extrema, dijo ayer el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se debe a la novatez, es decir a su inexperiencia como matones, lo que sugeriría la idea de una escasez de reclutas “profesionales”. (MILENIO, 9/12/08)

El caso es que incluyendo esa enorme cuota de sangre, los homicidios que se cometen en México no son proporcionalmente muchos más que en Estados Unidos, donde hay 10 homicidios al año por cada cien mil habitantes.

La comparación se vuelve significativa cuando se hace con Colombia, donde hay 33 homicidios por cada cien mil habitantes, o con Brasil, donde la cuota es de 40 homicidios por cada cien mil habitantes. Ya no se diga con Guatemala, donde mueren cada año en forma violenta 50 de cada cien mil habitantes.

Proporcionalmente hablando, Colombia es un país tres veces más homicida que México, Brasil cuatro veces más y Guatemala cinco veces más.

Se dirá que mal de muchos consuelo de mexicanos, pero no me llaman la atención estas cifras porque sean consoladoras para México, sino porque muestran que, fuera de la violencia del narco, la mexicana es una sociedad menos homicida que las arriba mencionadas, pese a la fama de pueblo que desprecia la muerte y la vida, que no vale nada.

A esto habría que agregar el hecho de que la abstinencia homicida en México es por su mayor parte voluntaria, pues se castiga menos del cinco por ciento de los homicidios que se cometen. Aquí se puede matar con 95 por ciento de probabilidades de no ser castigado.

Cuando alguien quiere matar, como los sicarios del narco, no hay fuerza legal ni estatal que los contenga, como no la hay para perseguir y detener al 95 por ciento de los homicidas del país.

Si todo esto es cierto, nuestro problema con la violencia no sería tanto la pulsión homicida nacional como la impunidad de los homicidas, el hecho terrible de que aún en la experiencia extrema de matar el cumplimiento de la ley en México no es un asunto obligatorio, sino voluntario.

Ni en su casa

Yuriria Sierra
Nudo Gordiano
Excélsior

Han pasado dos años de este sexenio. Los problemas del país continuan siendo los mismos. Las causas siguen estando a la vista y poco se ha hecho por ellas. Los secretos que se encierran en las más altas esferas de poder, se van dejando seducir por la libertad o, en el peor de los casos, por quienes alguna vez callaron y otorgaron, a cambio de unos cuantos, muchos pesos o dólares. La corrupción que ha nutrido el lado más vergonzoso de nuestra clase política ha dejado de ser secreto.

Y cuando pensamos en lo que este país debería ser, en lo que tiene y en la gente que está al mando, en ocasiones pensamos en un sinfín de cosas que están mal y hacemos uso, por supuesto, de la iniciativa que nos caracteriza.

Y no es que, en otros años, los miembros del gabinete se hayan destacado por su personalidad o por logros que hayan sido más allá de lo imaginable; pero, desde que se inició este sexenio, muchos notamos que los miembros del gabinete, incluso el Presidente en sus inicios, tenían un halo gris a su alrededor, poca presencia y nombres desconocidos.

Doce meses después, y aunque parezca no ser cierto, las cosas siguen en las mismas. Los miembros del gabinete continuan sin ser reconocidos por el común del pueblo. Trabajan para un país que no sabe quiénes son.

Esta declaración, basada en lo que se ha venido escuchando desde hace meses, se sustenta con la encuesta realizada por Ulises Beltrán y Asociados y publicada en este periódico el pasado lunes.

Los resultados, tan obvios como desalentadores para el ego que todo político lleva dentro, dan cuenta de que la situación de violencia que se vive en los 31 estados de la República y en su capital, ubican a los encargados de la seguridad y la justicia como los más famosos del gabinete: Genaro García Luna, de la SSP; Fernando Gómez Mont, el recién llegado a la Segob, Eduardo Medina-Mora, de la PGR. Algo que tampoco es para alegrarse, pues ese reconocimiento surge por circunstancias poco deseables. Su fama es más por esos logros que siguen en planes y no forman parte de la realidad.

Junto a ellos, se ubica Josefina Vázquez Mota, la mera mera de Educación, quien es la única mujer dentro de este raquítico jet set, integrado por aquellos que alcanzan 30% de popularidad entre la población.

Una cifra casi igual que la de George W. Bush. Claro que, en su caso, ese 30% es de aprobación y no de popularidad.

Pero lejos de cifras, esta encuesta resulta importante porque mucho tiene que ver el cómo se ve el gobierno hacia el interior de su país, para que sus instituciones funcionen mejor. ¿Cómo esperan que se entienda una cultura de denuncia si los ciudadanos no saben a dónde acudir?

Tampoco significa que nuestros funcionarios deban ser rockstars, pero sí es importante que sean ubicados, más que por dar la cara en los poco afortunados acontecimientos que a últimas fechas inundan al país, por los logros que sus secretarías a cargo consigan.

Y, aunque en la política, donde mucho tiene que ver el carisma y el show que estén dispuestos a dar, una presencia notable es también resultado de la relación que se tenga con todas las líneas.

Si bien la polémica es el mejor aliado de la fama, en estos tiempos complicados, la neta, esperamos que sean logros y no acusaciones lo que haga que el gabinete pueda presumir mejor de su estadía. Porque no hay mejor termómetro de un buen gobierno, que la popularidad que dentro de su pueblo posea.

En estos tiempos esperamos que sean logros y no acusaciones lo que haga que el gabinete pueda presumir de su estadía.

Noticias del exterior

Macario Schettino
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

Hace justo una semana le comentaba acerca de la globalidad de la crisis. No se trata, como en tantas ocasiones anteriores, de un problema de México, provocado por nosotros, y que nos pone en una situación de desventaja frente al resto del mundo. Ahora es al revés

Ahora la crisis viene de fuera, no la provocamos nosotros, y no necesariamente estamos en mala posición frente a ella. Las autoridades mexicanas insisten en que estamos bien preparados, y es posible que tengan razón.

A diferencia de otras ocasiones, hoy México tiene la menor deuda externa pública entre los países grandes y medianos del mundo, tenemos una inflación en niveles bajos (similar a la de hace medio siglo), márgenes de maniobra, etc.

Pero aunque estemos preparados, el golpe no lo podemos evitar. Lo que lograremos es que no nos derrumbe, pero de que lo vamos a sentir, no hay duda. Y sobre esto me parece que seguimos sin asimilarlo. Es cierto que los precios suben, pero la inflación ha pasado de 4% del año pasado a 6%, nada comparable con el inmenso movimiento de 1995, cuando pasó de 7% a 52%. Las tasas de interés, aunque suben, lo hacen en un rango igualmente limitado, y es sólo para quienes tienen deudas caras para quienes hay problemas hoy. Y muchos de ellos nunca han visto cuál es la tasa que pagan, nada más la sienten.

Pero que estos efectos no sean de la magnitud de los que vivimos en los últimos 30 años no significa que la crisis sea una cuestión menor. Creo que enero será un mes muy complicado, con muchas personas liquidadas en diciembre que estarán buscando ocupación. Y aunque la inflación esté en niveles bajos, sí se va a resentir en la cuesta de enero.

Ahora permítame comentarle dos noticias que aparecen en la revista The Economist de esta semana, una de ellas que ya EL UNIVERSAL ha publicado hace un par de días. La primera, dato fresco, es que ayer miércoles se publicaron los datos de comercio exterior de China para noviembre, y muestran una caída en las exportaciones de 2.2% frente a noviembre de 2007. Pero en las importaciones la caída es de 18%. Son datos espantosos.

China había mantenido una tasa de crecimiento en las exportaciones, en esta década, de 20% anual. Ahora es negativa. Y hablar de una contracción en las importaciones de la magnitud que mencionamos indica una caída en la actividad económica, que el jueves veíamos desde el indicador adelantado de actividad industrial. Nuevamente, no contamos con suficiente información de la economía china como para estimar lo que pasa con la actividad económica, pero todo indica que hablamos ya no de una reducción en el crecimiento, sino posiblemente de una contracción.

Es una mala noticia, por donde se vea, ya que China ha sido el mecanismo de transmisión de la economía mundial en los últimos años. Le venden sobre todo a Estados Unidos y a sus vecinos asiáticos, pero compran en todas partes para hacerlo. Y la caída en las importaciones implica una reducción en el crecimiento de todos los que venden algo a China. Sudamérica será una de las regiones seriamente afectadas por esto.

Adicionalmente, este cambio en el ritmo de China implica problemas internos complicados. El modelo de desarrollo, moviendo paulatinamente población del campo a las ciudades, sufre un ajuste que no será fácil de administrar, incluso para una burocracia tan desarrollada como la de ese país.

Este fenómeno, como otros que hemos comentado aquí, pueden modificar significativamente el escenario, alterando de manera definitiva las cosas. Así como el ajuste del dólar, debido a la crisis financiera estadounidense, ha modificado ya nuestro panorama, así puede pasar con China, pero en un tema mucho más complicado de manejar, y de consecuencias mucho más amplias.

La otra noticia es acerca de la corrupción en los negocios. De acuerdo con la nota de The Economist, Rusia es el país cuyas empresas recurren más frecuentemente al soborno y al uso de relaciones privilegiadas. Pero en un destacado segundo lugar estamos nosotros. Una de cada tres relaciones económicas con México pasa por sobornos. Para Rusia es una de cada dos. Para China e India, una de cada cuatro. El país desarrollado con mayor uso de sobornos es Italia, uno de cada cinco.

No crea que el mundo industrializado está libre de esta humana debilidad, uno de cada 10 negocios en Francia, Estados Unidos o España sufren de esto, y en menor medida están Japón, Canadá o Inglaterra.

Lamento darle dos malas noticias, una de coyuntura y otra estructural, pero así está la información en estos días. De la crisis mundial, hay poco que hacer, pero con respecto a nuestro corrupto comportamiento, ya es tiempo de tomarlo en serio. Vamos a tratar de hablar de ello con más detalle, porque tal vez sea uno de los problemas más importantes para nuestro país.

Pena de muerte, una tentación

Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio

No, no se hace camino al hablar. Florestán

Uno de los temas más incorrectos, políticamente hablando, es el de la pena de muerte.

Desde que el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, repuso este tema en la agenda nacional, la discusión se dio en dos niveles: en el de los actores políticos, desechándolo y en el de una mayoría abrumadora, 75 por ciento de la sociedad, apoyándola.

Lo de esos protagonistas lo entiendo por el argumento del inicio, lo políticamente correcto, que es un modo de eludir una realidad y, además, ahorrarse los argumentos de fondo.

En su negativa, presentaron dos argumentos, que no razones: uno, que no inhibe, dicen, el delito, lo que es absurdo. Con esa métrica habría que anular las penas corporales de cárcel que tampoco lo inhiben. Además, las penas son para castigar no para predicar; y, dos, que es un asunto electorero, que puede serlo, por lo que habrían de pasar su discusión para después de las elecciones.

Los más documentados han apuntado que la Constitución la prohíbe, lo que no sería un dogma intocable, ¡cuántas veces la han modificado! Y han argumentado que México tiene suscritos acuerdos internacionales en ese sentido, que también son intocables.

Pero muy pocos de los opositores de la pena de muerte han basado su negativa en el respeto a la dignidad humana que, para mí, es el argumento esencial, lo que les parece de poco lucimiento o escaso peso.

El punto es que estando contra la pena de muerte, hay momentos en que dudo, y no me sentiría mal si a los autores de los secuestros, torturas y asesinatos, por ejemplo, de Fernando Martí y Silvia Vargas Escalera, y a otros más, se las aplicaran.

El riesgo es que con esa debilidad nacional por la victimización, los sentenciados a muerte se convertirían en lo que no son, en víctimas.

Pero hay veces...

Retales

1. TONY.- Antonio Garza deja su cargo como embajador de Estados Unidos en enero, con el nuevo gobierno de Obama. Durante su gestión, en la que casó con Mariasun Aramburuzavala, se mostró como un conciliador y amigo de México. No sé si volverá a Texas por la gubernatura, o se quedará aquí, para desarrollar proyectos personales;

2. RELEVO.- Finalmente, Jessica Miranda sale de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal. Para enderezar esa oficina lastrada, Marcelo Ebrard designó a un profesional de muchos años, Óscar Argüelles; y

3. DESTROYER.- No cabe duda que cada partido tiene su Fernández Noroña -y que me perdone Gerardo-, pero ahí anda otra vez Manuel Espino, endilgando a todo el que se deja su autodiagnóstico favorito: mentiroso. La más reciente víctima de su ira es Gustavo Madero por el desalojo de la casa que le dio Santiago Creel, lo que no puede superar, y amenaza, dice, con unir la venganza de todos los partidos de América. ¡Uy, qué mello!

Nos vemos mañana, pero en privado.

Pena de muerte: una cortina de humo

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Para mi hija Ana, felicidades.

Hoy se cumplen los primeros 60 años de la Declaración de los Derechos del Hombre, el acuerdo internacional más enaltecedor, el que mejor interpretó cuál tenía que ser el tipo de sociedad que debía surgir de las cenizas de la devastadora, aterradora, Segunda Guerra Mundial: desde los campos de concentración nazis y las pesadillas fascistas hasta el holocausto nuclear en Hiroshima y Nagasaki, la humanidad y los gobiernos sabían de la enorme capacidad de destrucción y la degradación a la que la sociedad podía ser reducida. La Declaración de los Derechos del Hombre fue la respuesta más civilizada, más inteligente, más profunda, que podía darse a ese desafío. Veríamos después que la capacidad de destrucción no había disminuido: vinieron Corea, la Guerra Fría, la caza de brujas del macartismo, supimos de los crímenes de Stalin, Vietnam, los golpes militares y las dictaduras en Centro y Sudamérica, la destrucción sistemática, humana, material, cultural, de África. Ahora, la brutalidad del terrorismo y el narcotráfico, las guerras en Irak y Afganistán. La Declaración de los Derechos del Hombre ha sido, en ese aspecto, un escudo, una referencia para saber que el mundo puede y debe enfrentarse, con armas legítimas, las de la razón, el derecho, la decisión social, a esos desafíos y puede tener en ella el objetivo al cual quiere dirigirse.

Mientras en distintos países se celebran hoy los 60 años de esa histórica declaración, en México estamos inmersos en un debate falso: el de la pena de muerte, que no tiene más objetivo que utilizar como un arma publicitaria y electoral una medida erradicada de todas las democracias occidentales (con excepción de algunos estados de la Unión Americana) y que todo especialista serio sabe que no tiene ninguna influencia a la hora de mejorar o no la seguridad. Simplemente es un acto de venganza que ni siquiera, sobre todo en nuestras condiciones, se sabe si se aplicará a los verdaderos responsables.

Los derechos humanos tienen mala fama entre nosotros. En parte porque muchas veces las comisiones (las oficiales y las privadas) han volcado sus esfuerzos, así lo ha percibido la gente, más en la defensa de los delincuentes que de la sociedad agredida por ellos. No hay organismo de derechos humanos que lo reconozca públicamente, pero es un hecho, una realidad inocultable, y así ha ocurrido muchas veces, con excepciones, por supuesto (pocas comisiones han tenido un papel más destacado que la de Guadalupe Morfín en un pasado ya lejano en Jalisco o actualmente la de Emilio Álvarez Icaza en el DF, o de su antecesor Luis de la Barreda), y la sociedad se ha dejado seducir por mensajes terribles, como aquel que lo llevó a ganar la elección en el Estado de México a Arturo Montiel: “Los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas”.

Lo cierto es que la gente está, con toda razón, enojada, indignada, asustada y cree, un porcentaje alto de la población, que ello podría solucionarse con la pena de muerte. Y algunos partidos y gobernantes han tomado esa bandera simplemente porque saben que eso significa votos. Es una brutal irresponsabilidad: como decíamos, ningún país democrático aplica la pena de muerte, salvo algunos estados de EU. Está comprobado que no reduce los delitos violentos (nadie ejecuta más que Texas, en ningún otro sitio hay tantos actos violentos y en ningún otro de Estados Unidos, la discriminación a latinos, sobre todo méxico-americanos y afroamericanos, a la hora de aplicar la medida, es tan evidente); está comprobado que la justicia es falible y en muchos casos se ha terminado ejecutando a inocentes; también que alienta los instintos más bajos, no los más sublimes, de una sociedad. No sirve.

Existen otras penas mucho más duras y ejemplificadoras que pueden aplicarse: verdaderas condenas perpetuas, que no permitan libertades anticipadas; un sistema de centros de reclusión de verdadera alta, mediana y baja seguridad y no como los actuales: centros de corrupción, delincuencia e impunidad; construyamos centros donde quienes tengan que purgar una pena y puedan ser rehabilitados, lo sean, y quienes deban estar aislados de la sociedad sean detenidos de por vida

Políticamente, plantear la pena de muerte y que lo hagan el PRI y el Verde, es una enorme incongruencia: el PRI se acaba de declarar socialdemócrata. Quizá no lo saben, pero no hay ningún partido socialdemócrata en el mundo que proponga esa pena, ni siquiera en América Latina. Tal vez están pensando en Cuba o en China, pero esos países, vale recordarlo, son dictaduras, no democracias, y no tienen nada de socialdemócratas. Lo del Verde raya en lo absurdo: no se puede ser ecologista para preservar la naturaleza y proponer la pena de muerte. En las temporadas de toros siempre hay junto a la Plaza México un grupo de pintorescos militantes del Verde, pidiendo que se prohíban las corridas porque son inhumanas y crueles con los animales... ¿y proponen la pena de muerte? Es absurdo.

El tema es mucho más sencillo: el problema está en la impunidad. Hoy sólo siete de cada mil delincuentes terminan cumpliendo una condena. Hoy el nivel de impunidad ronda en 98% de los delitos cometidos. Hoy no tenemos ni la policía ni los ministerios públicos ni el sistema de justicia que nos permita reducir seriamente esos brutales índices de impunidad. Los legisladores y los partidos tienden una cortina de humo con el debate sobre la pena de muerte para ocultarnos que sus reformas a la seguridad y a la justicia, esas que nos tendrían que dar mejores policías, mejores ministerios públicos, mejores jueces, están muy lejos de las expectativas creadas. Si están preocupados por la gente y la seguridad deberían, en forma ineludible, comenzar por ello. No con cortinas de humo.

La muerte y la pena

Ricardo Rocha
Detrás de la noticia
El Universal

Es penoso hablar de la muerte en México porque somos un pueblo discriminatorio y clasista hasta en ese trance

Más allá del oportunismo político del señor que la propuso y que le ha dado gratis ríos de tinta y miles y miles de minutos electrónicos, es una pena hablar de la muerte en este país.

Y no me refiero al lugar común de rechazar por bárbara, inmoral e incivilizada la pena de muerte. Tampoco a que se trata de un retroceso inaceptable e irrealizable por oponerse a los preceptos constitucionales y a las convenciones internacionales. Ni siquiera a la displicencia bravucona de que alardeaba el inolvidable Charro Avitia: “¡En qué quedamos, pelona, me llevas o no me llevas!”.

Es penoso —por no decir vergonzoso— hablar de la muerte en México porque somos un pueblo profundamente discriminatorio y clasista hasta en ese trance. Porque, para empezar, tenemos aquí muertos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta.

El mejor ejemplo de este ránking macabro es, por supuesto, Juan Camilo Mouriño, un muerto de primerísima al que el gobierno calderonista dedicó un homenaje digno de un héroe histórico y convirtió en un asunto de Estado el desplome de su avión. Por cierto, en la misma tragedia se ejemplificaron los muertos de segunda, como José Luis Santiago Vasconcelos y los otros 13 infortunados cuyo destino fatal no mereció homenaje alguno y tampoco la visita presidencial a su sepelio.

Hay también muertos de tercera, como los de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque y tantas otras matanzas en que miles de mexicanos han sido víctimas de la represión, el terrorismo de Estado o la guerra sucia. Y cuyos nombres se han quedado por allí perdidos en el olvido. Condenados a un ostracismo conveniente y convenenciero. Muertos prescindibles según el gobierno en turno, del signo que sea. A ellos se agregan los caídos en el fuego cruzado de la irracional guerra contra el narco. Y quienes fueron balaceados por el error encervezado de un piquete de soldados en La Joya de los Martínez, Sinaloa; donde los sardos asesinaron a una joven madre y a sus dos pequeños de siete y dos años porque se pasaron el alto en un retén. Tampoco nadie acudió a sus funerales. Ni una sola autoridad municipal, estatal y ni se diga federal. Ni siquiera una condolencia. Para qué.

Y todavía hay muertos de cuarta. Para los gobiernos, que no para sus deudos y la memoria histórica. Como doña Ernestina Ascencio, la de Zongolica, que por decreto presidencial murió de gastritis crónica y de la que en el fango de una mentirosa campaña oficial llegó a decirse de ella que cómo tan viejita y prietita les iba a gustar a los soldados como para que la violaran y luego la mataran.

Y todavía insisten en que la pena de muerte sí se la merecen los secuestradores y asesinos. Y uno se pregunta: ¿por qué nada más ellos? Porque con todo y lo horrendos que son esos criminales, a ver cómo califican a estos otros: los que han saqueado a la nación, amasado fortunas y se han robado hospitales, escuelas y cosechas en forma de cantidades insultantes de pesos en delitos de pluma fuente; qué castigo merecerían los que han condenado a este país a una deuda monstruosa como la del Fobaproa que nos cambió el destino a la baja y que contribuye a matar de hambre a 17 millones de mexicanos que la padecen; cuál sería el castigo para la infamia de todos los gobernantes y representantes populares que salen hinchados de dinero cada que dejan un cargo; y cuáles las sentencias merecidas para los violadores de niños desde la impunidad del poder político y para los torturadores policiacos y para los jueces que condenan a inocentes por encargo y para quienes envenenan el alma y el cuerpo de sus semejantes. Y para los cómplices oficiales de todos ellos.

Por eso y más, qué pena hablar de la muerte en este país.

De un Estado responsable

Oscar Mario Beteta
dikon2001@yahoo.com.mx
En Petit Comité
Milenio

Hablar de la crisis económica que envuelve al planeta sirve para confirmar sus dimensiones colosales, percatarse de que a ella no escapa nadie y tratar de encontrar una salida a sus perniciosos efectos; pero también es útil para saber que al menos por el momento Barack Obama es una sólida esperanza para todos.

La zozobra, enseñoreada por doquier, deja sus primeros saldos funestos con el cierre de empresas, pérdidas bursátiles, desinversiones, desempleo, baja en el consumo, inflación, que hacen de la realidad una pesadilla.

La mayoría de los gobiernos no tienen dinero, las compañías claman por ayuda, las sociedades se hunden en la incertidumbre por los estragos, y los planes para salir adelante no rinden resultados.

En ese panorama sólo existe la expectativa, casi en un status de fe, de que el presidente electo de Estados Unidos haga lo que se propone. Parece el gran político para la situación mundial de precariedad extrema. Si resulta el hombre que reclama su tiempo, la angustia pasará pronto.

Para alentar esta idea, es preciso revisar el capital que tiene para hacer las cosas; de eso podría derivar su grandeza.

La verdad: sin taxativas dice a su pueblo: “Las perspectivas de la economía irán peor antes de mejorar”.

La legalidad-legitimidad: llegó al poder incuestionablemente. No tiene ningún condicionante que lo sujete a su interés o capricho.

Autoridad moral: derivado de lo anterior, puede hablar a quien sea en los términos más duros. “Tenemos que brindarles ayuda (a los fabricantes de autos), pero que esa asistencia esté condicionada a que realicen cambios significativos”.

Sentido de justicia: rescatará a las tres grandes automotrices, pero salvará dos millones de empleos.

Con esas virtudes, esencia del verdadero político, Obama tiene todo para remolcar a otros gobiernos, ser inspiración de sus programas económicos, y artífice fundamental de la reorientación que reclama el capitalismo.

Con el poder del Estado que esgrimirá en esa tarea, no sólo lo reinsertará en la economía, sino en la sociedad, de la que lo alejaron los neoliberales, desnaturalizándolo... de lo cual deberían avergonzarse.

Sotto voce

Lamentable, que legisladores pusilánimes e hipócritas cobijen a la aprendiz de guerrillera Lucía Morett. Ignoran que en Colombia se gestiona una solicitud de extradición y en Ecuador avanza una orden de aprehensión en su contra. ¿Seguirá el Consejo Universitario de la UNAM gastando el presupuesto para protegerla?

La fuerza del Estado

Juan Manuel Asai
jasaicamacho@yahoo.com
Códice
La Crónica de Hoy

Agradezco a quienes que se tomaron la molestia de escribir para comentar el artículo del martes pasado. Algunos lo hicieron respaldando las tesis planteadas, otros estuvieron en contra. Su activismo confirma que el tema de la pena de muerte está en la mente de los lectores. La inquietud popular merece, por parte de políticos y analistas, reflexiones que vayan más allá de la descalificación automática.

El tema de la pena capital se ha abordado desde ángulos que impiden hacer la pregunta pertinente: ¿Cuándo el Estado puede matar con legitimidad?

Los Estados matan. De hecho tienen el monopolio de la violencia en sus respectivos territorios. Cuentan, como en el caso de México, con cientos de miles de agentes policiacos, soldados y marinos que portan armas letales. Asisten a cursos para mejorar su puntería y dar en el blanco. Cada año esos cuerpos reciben incrementos presupuestales, por parte de los legisladores, para comprar armas más modernas y poderosas, con las cuales, llegado el momento, sean capaces de someter a los enemigos del Estado.

Si un policía ultima a un malhechor que trata de secuestrar a una persona, es condecorado por sus superiores y, en ocasiones, hasta recibe las llaves de un diminuto apartamento en Ecatepec. Pero si el malandrín mata al policía, concreta el secuestro, tortura y asesina a la victima y además extorsiona a los familiares, entonces no se le puede tocar ni un pelo. No tiene sentido. ¿Capturar al criminal disminuye sus culpas? ¿Lo que se protege es la integridad de los policías, que tienen armas y entrenamiento para defenderse, pero no la de las personas comunes, absolutamente vulnerables, que sólo pueden emitir gritos de angustia y dolor? ¿La legítima defensa de un policía es superior a la defensa de un ciudadano? ¿Cuándo el Estado puede matar con legitimidad?

Electoreros todos

No salgan con que la iniciativa del gobernador Moreira es una propuesta electorera, porque todo, absolutamente todo lo que hacen los políticos, en el gobierno o en la oposición, es electorero. Lucrar electoralmente está en su naturaleza, en su información genética. Con una hojeada a los periódicos de esta mañana se puede salir de dudas: que Felipe Calderón diga que en México habrá “cero tolerancia” a los funcionarios corruptos es electorero y demagógico, sobre todo si tomamos en cuenta que durante las administraciones panistas ningún pez gordo ha sido encarcelado. Que Marcelo Ebrard se tome fotos cargando en sus rodillas a niños “en situación de vulnerabilidad” es electorero. Que Chucho Ortega y la Zavaleta protagonicen un espot de tele para decir: perdón por el cochinero por medio del cual nos agandallamos el partido, es electorero y patético.

Desde luego hay que disminuir los índices de impunidad y corrupción. Si no atrapamos a nadie, para qué poner penas más severas, dice gente con sentido común. Si los maleantes que conseguimos detener salen gracias a que, sospechosamente, el Ministerio Público integra mal el expediente del caso, para qué establecer la pena capital, afirman otros desalentados. El culpable casi nunca pisa la cárcel, para qué edificar un muro de fusilamientos. Eso se entiende, pero es una discusión que avanza en un carril diferente. Desde luego que el sistema de procuración y administración de justicia es un desastre, pero lo que se plantea es si procede o no que el Estado aplique un castigo equivalente al daño que se perpetró. ¿Si alguien mató con premeditación, alevosía y ventaja, merece un castigo equivalente?

Show del terror

No digo que el patíbulo ocupe el lugar de la pista de hielo montada en la plancha del Zócalo capitalino, lo que por cierto también es un acto electorero. No se trata de fomentar shows del terror, ni de que la gente aplauda cuando se accione la guillotina. No deseo que Almoloya sea sucursal de Kabul. Nada de eso. El propósito es que nos acerquemos al tema de la pena de muerte, respondiendo primero la pregunta de cuándo se vale, bajo qué condiciones es legítimo que los agentes del Estado, policías pero también jueces, maten. ¿Ante una invasión, en una revuelta popular, para proteger la vida a un funcionario público, frente a un acto de traición a la patria? ¿Cuándo?

¿Por qué queremos la pena de muerte?

Rafael Álvarez Cordero
raalvare@infosel.net.mx
Excélsior

Es absurdo e inútil discutirla, pero, al proponerla, millones de mexicanos estamos mandando un mensaje a las autoridades: ¡Basta de impunidad!

Como millones de mexicanos, amo la vida. Como millones de compatriotas considero que es el valor más importante y, por eso, considero que la pena de muerte no es la solución para disminuir la delincuencia rampante que padecemos. Entonces, ¿por qué tres de cada cuatro mexicanos queremos la pena de muerte?

Queremos la pena de muerte porque 200 años después de la Independencia, 100 años después de la Revolución (sic), 70 años de priato, ocho años después del panato, la impunidad es el sello distintivo de todo el sistema judicial mexicano.

Queremos la pena de muerte porque los delincuentes se apoderaron del país, han llegado a todos lados y a todos los niveles, desde policías de crucero hasta comandantes, desde agentes del Ministerio Público hasta jueces de la Suprema Corte, desde anónimos diputados plurinominales hasta grandes gallones de la política, y por eso la justicia no existe en el país.

Queremos la pena de muerte porque, de acuerdo con las informaciones con las que nos atosigan todos los días, se ha detenido a miles de delincuentes, pero, ¿qué ha pasado con ellos?, ¿alguno fue ya sentenciado? (siete de cada mil encarcelados); ¿cuántos salieron porque los ministerios públicos “integraron mal el expediente”?

Queremos la pena de muerte porque tenemos un sistema judicial arcaico, en el que las averiguaciones tardan meses o años, se escriben documentos “a fojas”, como en tiempos de la Colonia, se conforman expedientes de decenas de miles de hojas (hay jueces que presumen de “un expediente de ocho kilos”) que, en pleno siglo XXI, ¡se siguen cosiendo con hilo y aguja! Las resoluciones duermen el sueño de los justos y una palabra equivocada hace que se archive el documento durante meses y que se alarguen los procesos judiciales.

Queremos la pena de muerte porque los magistrados de la Suprema Corte de Justicia reinstalaron a casi la mitad de los jueces removidos de sus cargos por su relación con narcos, por fallar a favor de un secuestrador, traficar con coca, acoso sexual, alcoholismo y demás. Su reinstalación es una afrenta al Poder Judicial y a la Suprema Corte de (in)Justicia.

Queremos la pena de muerte porque los legisladores, una vez más, le han tomado el pelo a 110 millones de mexicanos. La cacareada reforma de seguridad no sirve para nada. Por razones puramente partidistas se negaron a que hubiera un mando único y a la centralización de todas las policías y, con miras a proteger la impunidad de los gobernadores, no aceptaron que fuera obligatoria la rendición de cuentas y la información cruzada de estados y municipios y, no sólo eso, sino que, si no cumplen, no tendrán sanción alguna. Seguiremos teniendo más de mil 500 cuerpos policiacos, dispersos, inconexos, ineficientes, y los gobernadores y los presidentes municipales, desorganizados, dispondrán a su antojo del presupuesto para seguridad, mientras la delincuencia, que sí es organizada, siembra el terror en el país.

La pena de muerte no tiene cabida en México, es absurdo e inútil discutirla, pero, al proponerla, millones de mexicanos estamos mandando un mensaje a las autoridades, a todas, sin excepción: ¡Basta de impunidad!, ¡basta de ocultamiento y corrupción!, ¡queremos vivir en paz!; ¡estamos hasta la madre!

Nota: varios lectores me señalaron la pifia de hace una semana cuando hablé de picadores en el primer tercio de una corrida, gracias, eso confirma que a mí no me gustan los toros.

DF: el reino de la impunidad

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

En la capital, cualquiera puede hacer cualquier cosa… y no pasa nada
En ese clima, jefes del crimen pueden pagar matarifes para “fusilar” policías


Más allá de la polémica sobre los niveles de inseguridad que se viven en el Distrito Federal, está claro que pocos objetarían que es la ciudad reina de la impunidad.
Y es seguro que no faltarán las voces que pretendan negar lo que está a la vista de todos —lo que es evidente y padecemos todos—, y sin duda uno que otro hasta se atreverá a cuestionar: ¿Por qué la certeza?

Y la respuesta la saben todos los que viven en la capital del país. El Distrito Federal es el reino de la impunidad, porque en las calles del “Deefe” cualquier ciudadano puede hacer cualquier cosa, sin que pase nada. Todo tiene arreglo, precio, forma de solucionarse. Todas las autoridades tienen precio y todos —o casi todos, para no ofender a las buenas conciencias— somos corruptos, en mayor o menor medida.

En las avenidas más importantes de la capital del país, cualquiera puede meter su camión de carga, su microbús, su camioneta de redilas para vender bolsas de fruta; cualquiera se puede poner de acuerdo con los policías de tránsito para estrangular una calle —como ocurre cada tarde en el entronque de Viaducto y Periférico—, que permite la vendimia en plenas vialidades primarias; cualquiera puede hacer un plantón, bloquear esas “arterias viales”, protestar por lo que sea, durante el tiempo que sea.

Cualquiera se puede apoderar del corredor Reforma-Zócalo, bloquear la avenida Bucareli frente al reloj chino, plantar durante días, semanas y hasta meses casas de cartón, madera o ladrillo en la explanada del Monumento a la Revolución, en la plaza de La Madre; cualquiera puede cerrar la continuación de Tlalpan hacia el sur, para instalar la feria del pueblo y provocar cada tanto un caos monumental; cualquiera se puede desnudar en Reforma y alardear de un movimiento social fantasma.

Cualquiera puede colocar los camiones de basura, en los alrededores de las “Estaciones de transferencia”, para convertir las calles en industrias para separar los desperdicios reciclables; cualquiera puede convertir la calle en mercado sabatino o dominguero —en las avenidas más transitadas— o establecer una extensión del taller mecánico en plena calle. En decenas de unidades habitacionales, cualquiera puede construir extensiones de las casas, apoderarse de los jardines colectivos, de las áreas comunes y edificar una nueva casa en esos espacios.

Cualquiera puede convertir en propiedad privada tal o cual calle, la que alquila para estacionar automóviles. Cualquiera puede convertir una calle —como ocurre en Tepito— en un mercado privado, con techo, agua, energía eléctrica, calle por la que se prohíbe el libre tránsito de las personas; cualquiera puede abrir un antro, un centro de espectáculos sin contar con estacionamiento, sin medidas de seguridad, sin reglas; cualquiera puede especular a la vista de todos con los boletos para tal o cual espectáculo, cultural, deportivo, musical.

Cualquiera puede plantar puestos ambulantes —del giro que guste y mande, en esta o aquella calle; llevar tanques de gas para las fritangas, vender enseres robados, piratas; cualquiera puede pagar a un herrero para que cierre la calle y se permita sólo el tránsito local, cualquiera puede pagar a otro herrero para construir un puesto fijo en cualquiera de las calles; cualquiera puede clonar un automóvil robado, pintarlo como taxi, dar servicio y usarlo para el robo y el secuestro.

En el Distrito Federal cualquier ciudadano puede hacer esas y muchas cosas más, y no pasa nada, ninguna autoridad pone orden, hace valer un reglamento, sanciona, libera las vialidades, cancela las irregularidades. Ya sabemos que si un hijo de vecino saca un puesto a la calle, llega de inmediato el policía y… siempre existe forma de arreglarse. En ese y en todos los casos arriba citados se llega a arreglos, siempre por debajo del agua, con dinero de por medio.

Desde movimientos políticos y sociales, hasta francas industrias del delito, en las calles de la ciudad de México todos pueden hacer lo que les plazca, sin que pase nada. Se vive en la impunidad total. Y viene a cuento el tema por la ejecución —verdadero fusilamiento—, de un alto jefe policiaco del Distrito Federal; Víctor Hugo Moneda Rangel, asesinado cuando llegaba a su casa la noche del pasado lunes.

Y en ese reino de la impunidad que es el Distrito Federal, cualquiera de los jefes de las mafias puede pagar a sicarios o matones a sueldo para asesinar a jefes policiacos. Total, es el reino de la impunidad. Y cuidado, por ahí se le puede ir a Marcelo Ebrard la candidatura presidencial.

EN EL CAMINO

Por cierto, Édgar Elías, presidente del Poder Judicial del DF, rindió su primer informe de labores. Y prometió una batida contra la impunidad.