diciembre 15, 2008

Aplicar la ley y ya

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

Ya no son momentos de educar ni de rehabilitar. El tiempo se nos ha venido encima. No podemos, por ahora, permitirnos exquisiteces. La delincuencia que padecemos no es un asunto económico (todos los pobres serían secuestradores, entonces) sino la muestra palmaria de que el Estado mexicano ha fracasado estrepitosamente en la trasmisión y preservación de los valores morales. Ésa es una verdad tan grande como una casa y tan inquietante como la existencia misma de los delincuentes que nos acosan. Sabemos que la educación tiene un valor supremo en la formación de los individuos pero, a estas alturas, el daño ya está hecho. Es decir, los sujetos que secuestran a un niño y lo matan, los que extorsionan a un padre de familia, los que denuncian a un compañero por encargo de un narcotraficante, toda esta gente es absolutamente irrecuperable. No son personas que entiendan de razones ni que respondan a sentimientos tales que la culpa, la compasión, la generosidad o, simplemente, el deseo de no hacer daño a sus semejantes. El único argumento que tiene el Estado para enfrentarlos, por lo tanto, es la fuerza, o sea, el castigo. Hay solamente un camino: terminar con la impunidad para que el infractor sepa que sus acciones serán irremediablemente sancionadas.

Al asesino no le preocupa el sufrimiento de su víctima ni la monstruosidad de sus propios actos. Pero, la perspectiva de pasar el resto de sus días en una cárcel sí que es disuasoria. Los delincuentes tendrían que poder establecer una relación muy clara de causa y efecto entre crimen y castigo. Sin embargo, eso no ocurre en México: matan, violan, secuestran y torturan sin que nadie les pase la factura. La carrera criminal es así fabulosamente rentable y, naturalmente, muy atractiva para los individuos —muchos, a juzgar por lo que estamos viviendo— que no han asimilado siquiera los más elementales fundamentos de la convivencia civilizada. Tan sencillo, entonces, como aplicar la ley. Y, justamente, tan complicado como eso en un país como éste.

Herejía y escándalo

Jesús Silva-Herzog Márquez
http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/
Reforma

La Iglesia Católica entiende los usos de lo que le repugna. Por eso reconocen sus textos sagrados la necesidad de que haya herejías. El infiel desafía a la comunidad, la pone a prueba y permite, según su cuento, el triunfo de la fe. Para la Iglesia el hereje peca al negar lo que debe ser creído. Por ello merece castigo. El hereje es un loco que piensa y vive como si no existiera Dios ni hubiera infierno. Pero de esa necedad emergen bienes valiosísimos. En La ciudad de Dios, Agustín de Hipona escribe: "Hay muchos puntos tocantes a la fe católica que, al ser puestos sobre el tapete por la astuta inquietud de los herejes, para poder hacerles frente son considerados con más detenimiento, entendidos con más claridad y predicados con más insistencia. Y así, la cuestión suscitada por el adversario brinda la ocasión para aprender". Resulta así que el "error" tiene sus provechos: ayuda al esclarecimiento de la verdad y pone a prueba la virtud. Los malos nos son útiles, dice San Agustín. Su desafío nos fortifica.

No es que el error esconda verdades antes ignoradas o que alumbre algún nuevo conocimiento. Los servicios de la herejía son otros y muy distintos a los que aprecia el liberal en el debate pluralista. La herejía lanza pruebas al temple del creyente y colabora para reforzar lo ya sabido. Por ello no puede haber tolerancia de esa locura: combate tenaz para que no se extienda. Tras la prueba, la fe saldrá tonificada.

Oportet et haereses esse: es necesario que haya herejes. Lo mismo podríamos decir de los escándalos: Oportet et scandalum esse: conviene que haya escándalo. Como la herejía es impugnación que vigoriza, el escándalo es prueba de salud para cualquier régimen político. Desde su origen la palabra alude a un brinco inesperado e ingrato, al brote súbito de algo desagradable. Lo que salta a la vista es el tropiezo de otro: ante los ojos de todos, quien creíamos virtuoso ha caído en una trampa. El escándalo es una transgresión indignante que surge al desaparecer su ocultamiento. Pone a prueba, por ello, a un abanico de actores públicos y, en el fondo, a todo un régimen político. La emergencia del escándalo pone a un sujeto en el fogón de la ofendida opinión. Sometido al imperio de los reflectores, cada uno de sus movimientos presentes y pasados es examinado con atención. Papeles, grabaciones, imágenes, palabras dichas bajo la protección del secreto son expuestas públicamente. El resto de los actores se ve obligado a tomar posición para defender al defenestrado o para exigirle cuentas y llamar al castigo. Los medios están igualmente a prueba: pueden ayudar al esclarecimiento de los hechos y aportar explicaciones que ubiquen el contexto y la magnitud de lo escandaloso. O pueden aportar alimento a la rabia. Los que observan son, de la misma manera, sometidos a prueba. Pueden exigir justicia o linchamiento; pueden registrar los hechos en su memoria o desprenderse de ellos con un olvido apresurado.

No hay régimen político que esté libre de escándalos. En los regímenes cerrados, los escándalos sirven para fundar una purga. El dictador hace revelaciones que exhiben la traición de algún subordinado, agita la indignación colectiva para después arrojarlo por la ventana. Tras motivar el apetito de escarmiento, condena fulminantemente al traidor. Pero el poder es capaz de mantener ocultas muchas cosas indignantes. Se sospechan los malos manejos, se intuye y se huele la corrupción pero es imposible documentarla y exhibirla públicamente sin el permiso del mandamás. En la política abierta todos podrían tener capacidad para destapar un escándalo y todos podrían conocerlo. Un adversario, un periodista, un subalterno, un ciudadano cualquiera podrían divulgar hechos que susciten una irritación generalizada. Ahí comienza la prueba democrática: ¿qué sucede tras la revelación? ¿Cómo actúan los agentes del poder? ¿Qué efecto tiene el develamiento?

La política norteamericana nos ha ofrecido recientemente una serie de escándalos que nos hacen recordar que su estructura de poder está muy lejos de ser un jardín de virtudes. Escándalos sexuales protagonizados por cruzados de los valores familiares; descarada corrupción por parte de un paladín de la moralización. Pero lo importante es que cada hecho escandaloso tiene efectos políticos inmediatos. El homófobo senador que frecuentaba el baño de un aeropuerto para sus placeres anónimos renunció poco tiempo después de que se hicieran públicas sus costumbres. El alcalde en guerra contra la prostitución se vio obligado a dimitir tras descubrirse su hipocresía. Y ahora un gobernador que organizaba la subasta de un puesto público es detenido drásticamente por el gobierno federal. Los escándalos no serán muy edificantes, pero pueden resultar ejemplares. En cada uno de ellos, la malla del poder ha reaccionado, las instituciones políticas han demostrado cierta agilidad para dar respuesta a la indignación colectiva.

El contraste con nuestra política no podría ser mayor. Es cierto que ha crecido nuestra capacidad para conocer. La publicidad ha ganado terreno, reduciéndose significativamente los refugios del secreto. El problema es que, tras la revelación del escándalo parece seguir el silencio, la inacción, la ausencia de consecuencias. Así, la publicidad incrementa la frustración y consagra el cinismo. Conocemos pero no pasa nada. Los abusivos son descubiertos y exhibidos con las manos en la masa y no pasa nada. Ya saben que el escándalo es un vendaval que hay que resistir con paciencia, ya vendrá el siguiente escándalo que dejará al escándalo previo en el olvido.

¿Estado fallido?

Leonardo Curzio
Analista político
El Universal

La pregunta es cada vez más frecuente en los medios internacionales: ¿se está desmoronando México por la violencia del narcotráfico? Más allá del título efectista que ha usado la revista Forbes, hay implícita una duda razonable sobre la capacidad del Estado mexicano de lidiar con una crisis de seguridad como la que enfrentamos.

En esta misma semana un reportaje de la publicación Newsweek titulado “Sangre en la frontera” describía la situación que prevalece en Ciudad Juárez y planteaba: “la violencia del narco… ha creado el equivalente de un Estado fallido a nuestras puertas.”

Se puede discutir, en un contexto académico, si la categoría analítica del “Estado fallido” es apropiada para caracterizar lo que hoy sucede en nuestro país, pero de lo que no hay duda es que avanza la percepción de que el mexicano es un Estado que no consigue imponer su ley. Un Estado que no controla sus fronteras y que por las mismas entran y salen las drogas que fortalecen a sus enemigos y las armas que las refuerzan. Un Estado que es incapaz de ubicar y detener a un personaje como El Chapo que lleva 8 años viviendo a “salto de mata”, pero en su permanente huída se burla con escarnio de todos los aparatos de seguridad. Miles de millones de pesos usados para corromper a funcionarios no son detectados por un Estado que sólo parece organizado para recaudar de los contribuyentes cautivos.

Es probable que no estemos todavía ubicados como un Estado fallido, pero hay muchas regiones del país en las que el imperio de la ley y la soberanía del Estado están paladinamente ausentes. El gobierno de Felipe Calderón ha lanzado una guerra contra el crimen sin precedente y la comunidad internacional se lo reconoce, lo complicado es que una guerra se puede ganar… o no.

Entiendo la lógica comunicativa de muchos integrantes del gabinete, especialmente la PGR, que repiten con insistencia que van ganando la guerra contra los criminales, pero el optimismo declarativo no debe nublar lo que es un balance objetivo y un temor creciente que se refleja en las percepciones de los medios extranjeros. En estos tiempos Sedena reconoce que seguirán en la lucha a pesar de las presiones políticas para bajar la intensidad de los operativos sobre los narcos, pero al mismo tiempo reconoce que se vive una situación de seguridad interna de una gravedad nunca vista. El panorama que el titular de esa dependencia ha delineado no es para tomar las cosas a la ligera. La cifra oficial de muertes tampoco. En un año han muerto 6 veces más personas en México que las que ha matado ETA en 50 años.

No creo que sea inútil que en las semanas por venir se tomen algunas medidas para revertir esa creciente percepción. La primera es que el gobierno requiere de una sucesión de golpes (por lo menos tres) lo sufiencientemente contundentes (como el de Ye Gon) para mejorar su posición de campo. Los niveles de penetración a los que llegó el crimen organizado en las estructuras de decisión y operación han pulverizado buena parte de las ganancias en imagen conseguidas en los primeros meses. Los nuevos mandos deben ofrecer resultados tangibles. Es importante igualmente aprovechar la coyuntura mediática para posicionar en la opinión pública estadounidense que un Estado fallido en México sería la peor de sus pesadillas y que más vale que se tomen en serio el apoyo.

Ocurrencias legislativas

Luis González de Alba
La Calle
Milenio

Los legisladores buscan justificar su última tropelía: 252 mil pesos de “aguinaldo”… (menos mal que enarbolan la bandera del laicismo), y creen convencernos al autoalabarse de la más grotesca manera. Hundidos hasta el último lugar en la apreciación de los ciudadanos, peor calificados que nuestra pésima y corrupta policía, se dedican a bordar ocurrencias mientras combaten las reformas que podrían paliar la crisis que nos llega del mundo y nuestra legislación agrava. No pudieron diseñar una reforma que atraiga inversiones a energía, no quisieron bajar el IVA de 15 a 10 general. Pero se les fundieron los fusibles cerebrales para subir a la Constitución el “derecho a la cultura” y hacer obligatoria la educación media superior.

En los tiempos del PRI, desde la izquierda hacíamos mofa de la creencia mágica según la cual una vez que la alimentación era declarada derecho inalienable, los legisladores priistas se iban tan orondos a celebrar que habían puesto el hambre fuera de la ley. Ocurre lo mismo ahora, en estos tiempos pluripartidistas, porque ¿sabe usted?, resulta que son los mismos: allí siguen Arturo Núñez, Ricardo Monreal y tantos que cambiaron de chaqueta, pero no de pensamiento.

Un tal César Duarte no tiene empacho en proclamar “histórica” la actual legislatura porque “hemos alcanzado acuerdos sustantivos”… ¡oh! Dos son los ya citados: declarar obligatoria la educación media superior y pronunciarse por el derecho a la cultura. ¿Y eso qué carajos significa? Define el DRAE: “Cultura. f. cultivo. Conjuntos de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social.”

¿Necesitamos en la Constitución esa definición que pertenece a los diccionarios? En otra acepción, cultura es el conjunto de conocimientos que permite a una persona desarrollar su juicio. ¿Hay forma de que eso cambie porque se instale o no en la ley?, ¿a quién obliga que la educación media superior sea obligatoria? Un país de oropel y opereta legislado por bufones.

No consiguen legislar lo importante, pero en las trácalas para arrebatarse la piñata de nuestros impuestos nadie los iguala. Los principios del PRD son tan sólidos que, habiendo acusado al PT de invención salinista (el diablo mayor), no tuvieron empacho en aliarse con eso para obtener unos millones extra, aunque debieran perder senadores según hizo falta: prestaron a Rosario Ibarra y a una Josefina Cota al PT para cobrar los millones destinados a quien tiene al menos cinco curules… Cota regresa al PRD por exigencia de la nueva presidencia, pero ordena López Obrador a Ricardo Monreal cubrir el hueco, y ninguno se sonroja. Luego acusan de corrupto al PRI…

El antisalinismo se les disolvió en cuanto vieron que podían acaparar unos millones más para el Frente que formaban con el PT si, contra toda voluntad de los electores, reetiquetaban PT a senadores elegidos como PRD. Ni siquiera es afán de poder, es de dinero. En eso resultaron peores que su padre el PRI, que a todos engendró.

La señorita Morett

“Algo temen Rosario Ibarra de Piedra y destacados miembros del PRD, que nada tiene que ver con la integridad de Lucía Morett. El celo por “protegerla” parece estar asociado a lo que ella sabe y no debe decir.

Morett no era la estudiante inocente que llegó al campamento de las FARC en Ecuador en busca de material para su tesis profesional. De hecho, hace años que Lucía Morett dejó la universidad.

El campamento de la narcoguerrilla al que llegó estaba rodeado de minas antipersonales. Ella entró en esos terrenos con autorización del alto mando de las FARC, que no se andan con niñerías de tesis profesionales.” Pablo Hiriart, Excélsior, 12/12/08.

En un mundo empeñado en eliminar las minas antipersonales, la narcoguerrilla colombiana las sigue plantando. Cuando la defensa de las mujeres denuncia el abuso sexual, Morett se aloja con el presidente de Nicaragua que enfrenta juicio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación continuada de su hijastra. Tema que aún espera a su Lydia Cacho, su Carmen Aristegui.

Eso es lo que defiende el “escudo humano” de legisladores perredistas que recibió en el aeropuerto a la señorita Morett, sin orden de aprehensión en México, donde no representa riesgo alguno, salvo para las actividades de Rosario Ibarra y secuaces, tan atemorizados en cuanto oyen una descarga de agua en un excusado: se sienten en riesgo.

50 años después, Cuba no tiene mucho que mostrar

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

Cincuenta años después de que Fidel Castro llegó al poder en Cuba, la gran pregunta sobre la Revolución Cubana no es si fue justificada, sino si valió la pena. Sobre la base de las evidencias disponibles, la respuesta es un claro no. La dictadura cubana ha mejorado algunos indicadores sociales, pero otros países de AL han hecho lo mismo sin sacrificar libertades básicas

Un vistazo desapasionado sobre la Cuba de hoy demuestra que aunque el país ha erradicado los bolsones de pobreza extrema que existían durante la dictadura de Fulgencio Batista, la mayoría de la población tiene un estándar de vida más bajo y menos oportunidades de progreso personal que hace cinco décadas.

Los cubanos de hoy tienen un ingreso per cápita más bajo que gran parte de los países latinoamericanos. Tienen menos televisores, teléfonos, computadoras y automóviles en proporción con su población que la mayoría de los países de la región y figuran en el último lugar de América Latina en porcentaje de personas con acceso a internet, incluso por debajo de Haití.

Y aunque en algunos rubros Cuba sale bien parada, como en la alfabetización y la mortalidad infantil, en otros deja mucho que desear. Cuba, por ejemplo, tiene uno de los índices de suicidio más altos de las Américas.

Antes de hablar de mis impresiones de cuando viajaba con frecuencia a la isla a principios de la década de 1990, veamos las estadísticas concretas.

En el aspecto positivo, Cuba tiene 99.8 por ciento de alfabetización entre los adultos, uno por ciento más que Trinidad y Tobago, y una tasa de mortalidad infantil de 6 por cada mil nacidos vivos, un poco más baja que la de Chile, según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2008. Eso convierte a Cuba en el país con la mejor tasa de alfabetización de adultos y mortalidad infantil en la región.

Sin embargo, según el Anuario Estadístico de la ONU de 1957, Cuba ya estaba entre los cuatro países latinoamericanos con más alfabetizados y con mayor porcentaje de consumo calórico en ese año, así como el índice más bajo de mortalidad infantil de la región. En otras palabras, Cuba ha ascendido tres puestos en la clasificación de alfabetización y ha conservado su primer lugar en el índice de mortalidad infantil.

En lo que respecta al ingreso per cápita, el Informe de Desarrollo Humano de la ONU -la fuente estadística favorita del régimen cubano- indica que el ingreso per cápita de la isla es de 6 mil dólares anuales, aunque la cifra está acompañada por un asterisco que indica que se trata de un cálculo del Gobierno cubano y que "procuramos generar un cálculo más preciso".

De hecho, Cuba se niega a calcular su ingreso per cápita según las normas internacionales. Lo mismo ocurre con el índice de pobreza.

Cuba emplea métodos estadísticos internacionales en los sectores que le conviene, como en algunos rubros de la salud y la educación, pero se niega a hacerlo en áreas en las que no sale bien parada.

El informe de la ONU deja en blanco el casillero que corresponde a Cuba en el rubro del porcentaje de la población que vive en la pobreza.

"Ni las Naciones Unidas ni ninguna otra institución internacional tienen la menor idea de cuál es el ingreso per cápita o la tasa de pobreza en Cuba porque Fidel (Castro) ordenó que el país usara su propia metodología", dice Carmelo Mesa Lago, profesor de Economía retirado de la Universidad de Pittsburgh, que desde hace tiempo es uno de los analistas más serios de la economía cubana.

"Las cifras del Gobierno cubano no son creíbles, lo que hace que todo el mundo tenga que usarlas con un asterisco o no usarlas en absoluto", añadió.

Lo que se puede constatar es que el salario promedio de los cubanos es de alrededor de 20 dólares mensuales, según lo han reconocido los medios oficiales, lo que daría un ingreso promedio de 240 dólares anuales.

Incluso si uno quiere darle al Gobierno cubano el beneficio de la duda y aceptar su dudosa cifra de ingreso per cápita de 6 mil dólares anuales -que supuestamente toma en cuenta los subsidios a los alimentos, la salud y la educación-, Cuba ocupa el puesto número 21 en Latinoamérica, muy por debajo de países como Argentina, México, y Brasil, e incluso por debajo de la República Dominicana, Surinam y Belice, según el informe de la ONU.

Otras instituciones internacionales publican cifras que ofrecen un cuadro aún más sombrío de la Cuba actual.

Mientras que en 1959 Cuba ocupaba el primer lugar de Latinoamérica en el porcentaje de familias con televisores, hoy sólo 70 por ciento de las familias cubanas tienen televisor, comparado con 97 por ciento en Argentina, 93 por ciento en México, 83 por ciento en El Salvador y 76 por ciento en la República Dominicana, según los Indicadores Mundiales de Desarrollo de 2008 del Banco Mundial.

En lo que corresponde a los teléfonos, sólo 9 por ciento de los cubanos tienen acceso a un teléfono de línea fija y apenas uno por ciento de la población está suscrita a un servicio de telefonía móvil, según las cifras del Banco Mundial, uno de los porcentajes más bajos de la región, muy inferior al de Honduras.

Lo que es peor, sólo 2 por ciento de los cubanos tiene acceso a internet. En comparación, 27 por ciento de los costarricenses, 10 por ciento de los guatemaltecos y 7 por ciento de los haitianos tiene acceso a internet, según las cifras del Banco Mundial.

El Gobierno cubano culpa de sus problemas económicos al embargo comercial de Estados Unidos.

Pero aunque algunos creemos que el embargo en su forma actual es una política desacertada, tiene tantos agujeros que difícilmente se le puede culpar por el bajo nivel de vida en la isla.

Estados Unidos es ya el principal exportador de productos alimenticios a la isla y muchos otros productos estadounidenses entran a Cuba a través de terceros países.

La vida en Cuba es sombría, según pude apreciar cuando viajaba a la isla y lo que cuentan los recién llegados.

La isla es como un enorme jardín de infantes, donde todos tienen garantizado un ingreso de subsistencia pero el Gobierno decide lo que uno puede estudiar, donde uno puede trabajar, qué cosas uno puede comprar y si puede viajar al exterior.

Es un buen lugar para subsistir si uno es un holgazán, o un inepto, pero puede ser muy exasperante para el que sea ambicioso o tenga opiniones propias.

Recuerdo una entrevista que le hice en La Habana al nieto del Che Guevara, Canek Sánchez Guevara, en 1991, cuando era un joven veinteañero y tocaba en una banda de rock heavy metal.

Canek, quien más tarde emigró a México, era muy crítico -como muchos jóvenes cubanos- de la Revolución.

"Esta Revolución está en ruinas", me dijo. "No hay comida, ni libertad... La gente dice que todo es culpa de la agresión yanqui, pero eso es un mito... un cuento infantil".

La gente joven no tenía nada que hacer en Cuba, me dijo Canek. Él estudiaba diseño gráfico en una escuela de arte, pero consideraba que era una pérdida de tiempo.

"No hay papel, ni lápices, ni interés de parte de los profesores en hacer nada", me dijo. "Y si te gradúas, no hay trabajo en tu especialidad. Te van a pedir que vayas al campo para trabajar en la agricultura. Aquí no hay futuro".

Cuando le pregunté qué pensaría el Che Guevara de estas palabras si estuviera vivo, el nieto del héroe cubano dijo: "Estaría orgulloso de mí. El Che Guevara era un rebelde. Jamás aprobaría en lo que ha terminado esta Revolución".

Y las cosas no han cambiado mucho desde entonces. No es sorprendente que cada periodista que viaja a la isla regrese contando lo mismo: es un país detenido en el tiempo, esperando -hasta el momento en vano- que algo cambie.

La parte de la familia del Che Guevara que conocí en Cuba es un ejemplo típico de la división generacional que existe en la isla.

Los abuelos tienden a apoyar la Revolución -han invertido su vida en ella- mientras los cubanos de mediana edad tienden a ser escépticos y la mayoría de los jóvenes son críticos.

Como me dijo un joven en La Habana, "esta Revolución se ha convertido en una institución".

La desesperanza que reina en la isla es posiblemente uno de los factores que inciden en el alto índice de suicidio, de 24.8 por cada 100 mil personas. A principios de esta década, Cuba tenía el índice de suicidio más alto de Latinoamérica, pero este año ha descendido al cuarto puesto, detrás de Guyana, Uruguay y Trinidad y Tobago, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.

Los funcionarios gubernamentales admiten que muchos cubanos se quejan de la falta de alimentos y oportunidades, pero alegan que la mayoría del país apoya a la Revolución.

Lo dudo mucho, por tres motivos fundamentales: Primero, porque he escuchado a muchos cubanos decir lo contrario -muchos con miedo a que los escuchen- en la época en la que viajaba a la isla con frecuencia.

Segundo, porque una encuesta realizada en Cuba este mismo año por el Instituto Internacional Republicano revela que casi 70 por ciento de los cubanos de entre 19 y 49 años dijo que les gustaría tener un sistema democrático con elecciones multipartidistas y libertad de expresión.

Tercero, y más importante, porque el régimen cubano tiene una maquinaria de encuestas muy bien aceitada.

Si el Gobierno de Castro creyera que puede ganar en elecciones libres y que el pueblo cubano está tan orgulloso de los logros de la Revolución, hubiera permitido elecciones libres hace mucho tiempo. Si no lo ha hecho es porque sabe que las perdería.

Entonces, ¿valió la pena mejorar algunos indicadores sociales al precio de bajar el estándar de vida general de la isla?

Definitivamente no. Otros países, como Chile y Costa Rica, han reducido la pobreza a un mínimo y con mucho menos trauma social.

En Cuba casi 10 por ciento de la población huyó al exilio, cientos de miles de familias quedaron separadas, sin poder verse durante muchos años, y miles -decenas de miles, según algunos informes- han muerto en el mar tratando de abandonar la isla.

Millones de los que se quedaron fueron forzados al llamado trabajo voluntario, cortando caña o destinados a otras "tareas revolucionarias".

Y todo eso sin tomar en cuenta a las víctimas de la violencia política. Un total de 2 mil 77 cubanos murieron en las llamadas guerras internacionalistas de Cuba en Angola, Mozambique, Etiopía y otros países africanos, según cifras oficiales citadas por el autor Norberto Fuentes en su Autobiografía de Fidel Castro.

Además, el Archivo Cubano, con sede en Nueva Jersey, afirma que ha documentado 8 mil 273 ejecuciones, asesinatos extrajudiciales y desapariciones en la isla desde 1959.

"Tenemos los nombres y las fuentes de todas esas muertes y están disponibles en internet", dice María Werlau, directora del Archivo.

El precio que han pagado los cubanos en libertades básicas perdidas ha sido enorme.

Hay más de 200 prisioneros políticos en la isla, entre ellos 29 periodistas arrestados en 2003, según los grupos de derechos humanos.

Adolfo Fernández Sáinz, uno de esos 29 periodistas, cumple una condena de 15 años de cárcel por "subvertir el orden interno de la nación". En su juicio, el Gobierno presentó "pruebas" de su delito confiscadas en el apartamento del periodista: una máquina de escribir y libros prohibidos, entre ellos 1984, de George Orwell.

Mi conclusión: la dictadura cubana ha mejorado algunos indicadores sociales, pero otros países latinoamericanos han hecho lo mismo sin sacrificar libertades básicas y a un costo muchísimo menor en sufrimiento humano. Para los cubanos, la Revolución puede haber sido justificada, pero no valió la pena.

El país de la angustia

Pedro Ferriz
El búho no ha muerto
Excélsior

“Todas las limitaciones conducen a la felicidad”. Schopenhauer fue un filósofo que entendió, no solamente las necesidades de su mundo y su presente, sino la realidad del mundo y el tiempo. “Cuando no se obtiene felicidad, no se actúa”. “Sólo cuando se alcanza felicidad se llega a la acción”… Pero fundamental resulta desear la felicidad. La particularidad de “su” concepto de ser feliz, se entiende cuando liga a la cultura occidental, con principios orientales, vinculando a la austeridad, en contra de la opulencia del entorno en el que se desarrolló. Pensar que alguien puede ser feliz en la carencia, resulta un contrasentido. Promover a las limitaciones como la razón misma de ser feliz, merece una reflexión más profunda. De hecho, la base de la confrontación que vive la sociedad moderna, tiene como ingrediente, un sustrato de insatisfacción. Las limitaciones derivadas de la lógica de ser tantos seres humanos, nos llevaría a pensar que estamos condenados a la infelicidad. Nunca vamos a llegar a tener todo aquello que hay. Imposible pretender pensar que puedo ser dueño inseparable de lo que me impacta y deseo para satisfacer mis sentidos. Puedo ver un palacio, pero eso no implica que por fuerza llegue a ser mío. La opulencia que sólo está al alcance de mis ojos o mi entendimiento, será el medio que me conduzca a la frustración, si no sé manejar los impulsos que han llevado al individuo a un materialismo galopante. Lo que es peor. Aspirar a lo imposible, tiene que llevarnos a la frustración de no poder gozar lo asequible. Por lo mismo resulta esencial apreciar lo que se tiene. Sea patrimonial, intelectual, salud. En suma… ¡bienestar! No ver así las cosas, nos coloca en un lugar del que parece, la sociedad moderna no ha podido salir. “Vivir en el país de la angustia”.

Pasamos tiempos difíciles. Vendrán —seguro— momentos peores. Veo que lo que me rodea, anda de hombros encogidos, ojos entreabiertos, ceño fruncido… presagiando lo peor. Condición que llegará, si queremos que así sea. No es un curso motivacional. Lo que intento es hacer que aflore una actitud. Cambiar la queja por la lucha. Hacer mutar presagio por augurio implica procesar un pensamiento. Pensar… La acción más depurada, excelsa de los seres racionales. (Hace unos días me dijo mi padre: “Lo último creado en el Universo, ¡seguro fue el pensamiento!”).

Hoy que recapacito en el constante aprendizaje del camino de vivir, te invito a pensar. Pensar como una acción patrimonial. Libre. Pensar como herramienta depurada de la inteligencia. Pensar como ventaja sobre los que no lo hacen. Pensar como camino a entender. La vida sin reflexión, es cadena de casualidades. La casualidad se vuelve sorpresa. La sorpresa, no siempre es grata. El pensamiento en cambio, tiene algo de proyecto, plan, voluntad, actitud, conocimiento, dominio. Y no hay nada que resulte más afortunado, que estar en control.

Este mundo desbocado lamenta la recesión, inflación, estancamiento, desempleo, escasez, deshonestidad, mentira, desengaño y discordia. Lo entiendo. Es la serie que describe “al país de la angustia”. ¡Sal de ahí! Aprecia estas limitaciones. Es lo que hoy tenemos… no hay más. Con eso hay que hacer arte. Con eso belleza. Aroma. Esperanza. Oportunidad.

Deja a otros el lamento. Un héroe se define cuando rebasa la adversidad. Los demás son soldados. Simples soldados rasos, autómatas de la angustia. Gente pequeña zozobrando en un mar de frustración.

El buen juez por casa empieza

Lydia Cacho
Plan B
El Universal

El problema al que nos enfrentamos es que el doble discurso del ministro presidente es poco creíble; las promesas de apertura de la Corte podrían ser ofertas retóricas destinadas a retrasar los verdaderos cambios

Justo cuando había decidido hacer una tregua navideña y hablar de asuntos de amor y solidaridad, sale el Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia con su discurso de transparencia, y se descubre a los diputados evadiendo impuestos.

Me parece que una buena parte de los servidores públicos han entendido lo que Sara Sefchovich tan bien nos explica en su libro País de mentiras: que nunca como ahora ha sido tan necesario mentir para mantenerse en el poder. Por otro lado, consumida por el miedo y harta de la violencia, la sociedad mexicana pide una luz ante tanta oscuridad; una combinación peligrosa para fabricar respuestas fáciles.

Mientras las y los diputados asisten a trabajar un día por cada cuatro de ausencia, lograron por una parte pagar impuestos, y por otra recuperarlos con partidas especiales. El país está urgido de recursos para abatir la pobreza y la violencia en tanto nuestros legisladores dedican sus días laborales a burlar la ley con estrategias para hacer su pago fantasma de impuestos.

Por otro lado Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte, anunció que la ciudadanía evaluará el trabajo que realizan los jueces, supervisará su actuación y fiscalizará sus sentencias, porque 2009 será “el año de la sociedad”. Fue cuidadoso, evitó comprometerse a la trasparencia dentro de la propia Corte. Sabemos que los exámenes que pasan quienes desean convertirse en jueces y magistrados son pruebas de alto nivel académico, pero ese no es el problema de fondo.

Habló emocionado sobre por qué la sociedad se debe involucrar en cómo se eligen a los jueces, pero evitó comprometerse para transparentar a la Corte que él mismo preside. La sociedad le creería a Ortiz Mayagoitia si rindiera informes reales de todas las sentencias de la Corte desde que él la preside. Los juzgados de los estados son una muestra burda de los altos niveles de corrupción, sólo uno de cada cien delitos terminan en sentencia, por corrupción y por fallas estructurales, no necesariamente por incapacidad.

Los ministros de la Corte son intocables, algunos de ellos tienen fascinación por el dinero, el poder y del tráfico de influencias. El último miembro de la Suprema Corte que fue a prisión por corrupción fue Ernesto Díaz Infante, quien en 1988 a cambio de 500 mil dólares presionó al magistrado Gilberto Arredondo para que liberara a El Chacal de Acapulco, el secuestrador pedófilo Alejandro Braun, quien sigue prófugo. Se afirma que Carlos Salinas solicitó a dos ministros de la Corte que ayudaran a su hermano Raúl; ellos se negaron. Por otro lado, Mario Marín y sus cómplices sí salieron ilesos de la Suprema Corte en 2007.

Los observatorios ciudadanos podrán ser útiles en la medida en que dentro de la propia institución la estructura sea realmente transparente. La esencia del poder de jueces y ministros en México reside en buena medida en la opacidad con la que se conducen y su capacidad para negociar atrás de los tribunales. El problema al que nos enfrentamos es que este doble discurso es poco creíble; las promesas de apertura de la Corte podrían ser ofertas retóricas destinadas a retrasar los verdaderos cambios. Ojalá que las y los ciudadanos que participen de buena fe aprovechen esta oportunidad para abrir espacios y no para terminar como cómplices involuntarios de la corrupción del sistema.

Tránsfugas

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Se usa la excesiva palabra tránsfuga para hablar de quien se cambia de partido político. La palabra tiene un matiz de traición militar inadecuado para lo que describe: el deseo de cambiar de bando político.

La reciente mudanza del senador perredista Ricardo Monreal a las filas senatoriales del Partido del Trabajo nos recuerda lo fácil que es transfugarse institucionalmente en el seno del mismísimo Congreso de la Unión. Basta que un senador diga ya no soy de mi bancada, sino de aquella otra, y queda transfugado.

Monreal, un talentoso político de tiempo completo, se muda de la bancada del PRD a la del PT, en un movimiento cuyo sentido es permitir al PT seguir funcionando como bancada con derechos plenos: ser parte de la junta de coordinación política del Senado, tener gente en las comisiones y recibir dinero adicional como bancada (un millón y medio de pesos mensuales, aparte de las dietas de los legisladores) (MILENIO, 12/12/08).

El problema de fondo con estas facilidades otorgadas al transfuguismo es que atentan contra la noción pura y dura de sufragio efectivo: alteran sustantivamente el mandato ciudadano emitido en las urnas.

Si los ciudadanos no votaron por el PT lo suficiente para que sea una fuerza parlamentaria con derechos plenos, ¿por qué los otros partidos han de regalarle votos y ponerlo en situaciones de favor que no otorgaron los votantes?

Ya era bastante escandaloso que con el sistema antiguo de coaliciones no pudiera saberse cuántos votos sacaba cada uno de los partidos coaligados y las dirigencias se repartieran lo ganado según sus acuerdos políticos, no según la voluntad expresa de los votantes, única fuente de legitimidad y de poder en la materia.

La ley ha cambiado y ahora sabremos lo que gana cada quien. Pero los reglamentos de las cámaras, al menos la del Senado, permiten que los arreglos políticos entre partidos alteren la representación otorgada en las urnas.

Precisiones

Corrige Sergio Sarmiento las cifras de homicidios publicadas en mi columna “La violencia mexicana”, (MILENIO, 11/12/08):

“En el Segundo Informe de Gobierno se dice que en 2007 hubo en México 28,877 homicidios. Esto es 26 por cada 100 mil habitantes (no 10 como yo decía citando una nota de prensa). La tasa de Colombia ha bajado de más de 60 a 18 homicidios por 100 mil habitantes (no a 30, como yo decía en mi nota). España tiene 1.5, según la página de internet Nationamster.”

Las cifras no desmienten del todo el argumento de mi artículo, pero casi.

Ebrard, en desacato

Pablo Hiriart
Vida Nacional
Excélsior

Ni con una semana entera en el canal 2 de televisión pudo Marcelo Ebrard remontar en las encuestas para comenzar a perfilarse a la candidatura presidencial del todavía lejano 2012.

Lástima. No es un mal prospecto para la izquierda, pero algo le falta para conectar con la población.

Eso que le falta, sin embargo, no es perseverancia.

Como no pudo levantar su imagen con la preparación de galletas y con la amabilidad de Galilea Montijo y Andrea Legarreta en el Canal de las Estrellas, ahora el jefe de Gobierno busca hacerse la víctima.

Quiere que lo desafueren. Ya violó un amparo.

A ver si por esa vía logra ganar popularidad: lo podrían desaforar y quitar de la Jefatura de Gobierno por desconocer la decisión del juzgado XVI de Distrito en Materia Administrativa.

Su maestro Andrés Manuel López Obrador manejó muy bien esa coyuntura: violó un amparo, dijo que a él los jueces le hacían lo que el viento a Juárez, y aunque fue desaforado, contó con el favor del gobierno que se echó para atrás.

A diferencia de su polémico antecesor, Ebrard está haciendo obras importantes y necesarias en la ciudad (aunque todas al mismo tiempo), por lo que sería un retroceso para el DF que dejara el cargo tan pronto.

Pero todo indica que a eso juega Marcelo Ebrard.

El pasado día 10 el Juzgado XVI emitió una resolución que no admite interpretaciones:

“Se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no se ejecute la asignación directa que hizo el gobierno del Distrito Federal a Controladora Comercial Mexicana S. A. B. de C. B. (BMV: COMERCI) respecto de la adquisición de Vales de Despensa relativos al Estímulo de Fin de Año para los trabajadores del gobierno del Distrito Federal correspondiente al año 2008.”

Dos días después, el jefe de Gobierno se pasó por donde quiso la resolución emitida por la secretaria del Juzgado XVI, licenciada Noemí Moreno.

El Universal On Line reportó el viernes 12 que “para Marcelo Ebrard no habrá problema en la entrega de esos vales, pues según el mandatario ese recurso jurídico no tiene efectos suspensivos. ‘No hay riesgo en la entrega de los vales y que éstos se hagan efectivos para los trabajadores; ya lo verificamos desde el día de ayer y cualquier trabajador puede ir a la Comercial a hacer efectivos sus vales, no tenemos problemas’, expresó el jefe de Gobierno.”

Entonces, la suspensión otorgada por el Juzgado XVI le hace a Marcelo Ebrard Casaubón, lo que el viento a Juárez.

Otra vez volvemos a confirmar que el amparo no sirve cuando de poderosos se trata.

Si un particular viola una suspensión, se mete en un lío judicial que lo puede llevar a la cárcel.

Pero cuando el que viola esa garantía constitucional es un poderoso, tal desacato lo puede llevar a la Presidencia de la República.

No hay ningún fin altruista en el desacato de Ebrard.

El Gobierno del DF le inyectó, por la vía de adjudicación directa, dos mil 100 millones de pesos a Comercial Mexicana.

De esa manera los trabajadores capitalinos quedaron atados a comprar únicamente en la empresa del pelícano, y se privan de comparar precios y calidad con otras alternativas.

Esa manera tan ostentosa de ayudar a una empresa, nos llevó a hacernos algunas preguntas hace exactamente una semana:

¿Por qué la generosidad de las autoridades capitalinas hacia una empresa privada en problemas?

¿El gobierno capitalino se involucró, en su momento, en la compra de derivados que hizo Comercial Mexicana?

¿El GDF ha perdido dinero en las transacciones que la Comercial le realiza: licencias y pagos de servicios, por ejemplo?

¿Se está aprovechando el momento de confusión que envuelve a esta empresa y se comienza a engordar un cochinito para alguna candidatura presidencial?

Sobre esa operación oscura, viene ahora el desafío de Ebrard: viola un amparo y se pone en circunstancia de desafuero para ser separado del cargo y enfrentar un proceso judicial por desacato.

A ver si así levanta en las encuestas.

La frivolidad del pesimismo

Ricardo Raphael
Analista Político
El Universal

Va terminando uno de los años más desagradables que los mexicanos vivos hayamos visto transcurrir. 2008 será difícil de olvidar. La violencia que sólo ha sabido crecer, la expectativa de una crisis económica que se anuncia devastadora y la percepción de un Estado incapacitado para reducir las incertidumbres, son hechos que nos arrojan a una tenaz condición angustiosa.

Hay sin duda sucesos abundantes para vivirse con alarma. Baste hojear las primeras planas de los diarios, recorrer las revistas que hacen análisis o escuchar al locutor radiofónico de nuestras preferencias matutinas, para ratificar la percepción de que, en efecto, estamos viviendo lo peor.

Escasea la información que sirva para mutar el estado de ánimo. Espiritualmente nos ronda lo desastroso, lo lúgubre, lo sombrío. El pesimismo se nos ha vuelto poderosamente cotidiano. Unos más que otros, quizá, pero todos andamos en la creencia de que lo más temible está por venir.

Sin que hayamos tomado conciencia de cómo ocurrió, este año en México se instaló el culto por los aspectos más desfavorables de nuestra existencia social. La inteligencia colectiva ha quedado atrapada por el énfasis hacia lo negativo, hacia el más infame de los posibles puntos de vista.

Confieso: si me pongo a escoger entre lo horrendo y lo valioso atiendo más enérgicamente a lo primero y menosprecio lo segundo. Me llaman más la atención las ejecuciones en Ciudad Juárez, los abominables secuestros y asesinatos, la traición de militares y mandos policiales, el ingreso abultado de los jóvenes al narcotráfico, los despidos masivos en las armadoras de automóviles o la mezquindad de los señores diputados cuando, en tiempos de crisis, se regalan fastuosos aguinaldos.

En cambio, mis neuronas a penas si se detienen a trabajar cuando topan con hechos o con vidas que contrastan por su luminosidad. Casi nada sé del general que llamó al Presidente de la República para decirle que seguiría enfrentando al crimen organizado en la zona militar bajo su responsabilidad, al día siguiente de que las mafias secuestraran y asesinaran a su hijo.

He puesto también mucha atención en los reclamos que personalidades como Alejandro Martí o Nelson Vargas han levantado en contra del gobierno, sin mirar apenas el mecanismo íntimo que llevó a que estos mismos hombres se decidieran a trocar el horror de su personal tragedia, en energía rigurosa para la transformación de su espacio público.

Aún si secretamente albergo el deseo de ver partir las cosas más desagradables de esta historia, yo también practico la devoción hacia la catástrofe. Poco sé, y asumo que pocos sabemos, sobre las pequeñas vidas que todos los días se empeñan en combatir al México corrupto, al México mafioso, al México complaciente con la impunidad.

Hoy contamos con muy poca información y nulo material sobre lo bueno que todavía le ocurre al país. ¿Dónde están esas otras historias que sí son ejemplares? ¿Dónde esas expresiones de la ética y la vida buena que igualmente suceden en las casas, los barrios, los poderes públicos, las letras o las ciencias? Frente a la fatalidad, ahora nos hacen más falta que nunca como referente al cual asirnos.

No habría de tomarse como cursilería o como ingenuidad el deseo por combatir la exaltación de lo pésimo. Se trata en realidad de una poderosa pulsión por la sobrevivencia que los seres humanos —incluidos los mexicanos— llevamos como dispositivo interno, y que de vez en vez deberíamos sacar a pasear.

En tiempos de abundancia y seguridades, el pesimismo es una actitud social tolerable porque mueve al cuestionamiento y la autocrítica. Pero en momentos de alta gravedad, como los que ahora padecemos, el culto hacia lo pésimo es una imperdonable frivolidad.

Nuevas cárceles

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Hace 103 años, en la mayor de las Islas Marías (María Madre, a 112 kilómetros de la costa de Nayarit), comenzó a operar la colonia penal cuyo perfil se volvió, pese al mar, de baja seguridad a partir de los años 70.

Siendo la más antigua (la cuarta es San Juanico y las otras dos Magdalena y Cleofas), es una de tan sólo seis de rango federal que existen en el país, cuya población sumaba el año pasado poco más de tres mil personas, en su mayoría familiares de los 804 internos repartidos en 11 campamentos-crujía.

La cifra es ínfima si se toma en cuenta la sobresaturación del sistema penitenciario nacional: 447 cárceles con capacidad para 163 mil 867, pero donde hoy se hacinan 217 mil reclusos.

En los restantes cinco penales a cargo del gobierno federal, con capacidad de 6 mil 192 internos, hay poco más de la mitad: tres mil 221.

Lo anterior quiere decir que no todas las cárceles están sobrepobladas pero, las que sí, constituyen el 53 por ciento, donde no hay cabida física racional para 53 mil reos.

A mediados de 2006, el entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, previno sobre el crecimiento de la población penitenciaria en el país, y diagnosticó que se requiere aumentar la capacidad de reclusión en 32.5 por ciento.

Las demás cárceles están repartidas así:

Diez, donde caben 18 mil 340 reclusos, están bajo la administración del gobierno del Distrito Federal; 336, para 135 mil 978 reos, de los gobiernos estatales, y 95 para una población de tres mil 357, de los municipales.

Total aproximado en 2007: 217 mil presos, mezclados los que están bajo proceso con los sentenciados.

Hace un año las prisiones registraban 216 mil 845 internos, 166 mil 395 por delitos del fuero común y el resto por delitos federales (aunque sólo tres mil 221 con encierro en los seis penales federales).

Del total de la población penitenciaria, 124 mil 464 internos (57 por ciento) estaban sentenciados y el resto, más de 90 mil, sorteaba su proceso.

Los datos vienen a cuento porque el Sistema Nacional de Seguridad tiene prevista la construcción de 12 penales, tres de los cuales correrán a cargo del gobierno federal el año entrante: dos en tierra firme y otro en alguna de las islas del Pacífico.

Es lógica la tentación por María Madre, de 126.4 kilómetros cuadrados, con su centenaria historia de prisión.

Sin embargo, la Isla Socorro, de 132 kilómetros cuadrados y a 720 de la costa de Manzanillo, en el archipiélago de Revillagigedo (de la que forman parte las islas Clarión y San Benedicto, así como el islote Roca Partida), ofrece condiciones ideales para una cárcel de máxima seguridad, entre éstas que se encuentra siete veces más lejos que la penitenciaría de las Marías.

Hay quien alega que sería muy costoso hacer un penal allí, pero en otros asaltos podrá verse que desapareciendo la colonia de María Madre y aprovechando mejor esta isla, la nueva puede salir gratis y subsidiar todas las demás…

Ley de Seguridad Pública para vivir mejor

María Elena Álvarez de Vicencio
malvarezb@diputadospan.org.mx
La Crónica de Hoy

Desde finales del pasado siglo se hicieron en México varias reformas para abatir la violencia y la inseguridad. En la reforma de 1994, se aprobaron las bases jurídicas para establecer una política en materia de seguridad pública; en la que se habló por primera vez de un esfuerzo sistematizado a nivel nacional para combatir la delincuencia. Esta reforma en materia de seguridad pública fue parte de la última etapa del desarrollo jurídico-social de nuestro país. Esta ley satisfizo parcialmente las necesidades para las cuales fue aprobada y cumplió en su momento con sus planteamientos; sin embargo, a 14 años de distancia, nadie puede negar que la realidad de nuestro país es otra, el constante desenvolvimiento de las fuerzas sociales y los cambios vertiginosos a nivel mundial, han generado que nuestro país, en menos de tres lustros, viva otros escenarios en el ámbito de la seguridad pública.

México ocupa el segundo lugar mundial en secuestros, el primero lo tiene Colombia. En 2008, nuestro país llegó a una cifra record de cinco mil asesinatos del crimen organizado. La delincuencia se expresa en múltiples formas y aún cuando las víctimas no lleguen a perder la vida hay numerosas personas, de todas las edades, que sufren daños físicos o en sus pertenencias. Además, los recursos que se invierten para combatir a la delincuencia son cuantiosos. Según datos el Instituto Ciudadano de Estudios de la Inseguridad A.C. (ICESI) desde la segunda mitad del sexenio del presidente Zedillo hasta 2007 se han gastado 961,953 millones de pesos que pagamos los mexicanos con nuestros impuestos. El costo del delito equivale al 1.05 por ciento del Producto Interno Bruto.

El ICESI realizó la Quinta Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2008, la cual arrojó datos impresionantes: durante 2007, el 11 por ciento de la población de mayores de 18 y más años fueron víctima de algún delito en la República Mexicana. Las entidades con mayor criminalidad son el Distrito Federal, Estado de México, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, en contraste, los estados que se consideran más seguros son Yucatán y Querétaro. El arma de fuego seguida por el arma blanca, son las más utilizadas para delinquir. En Guerrero casi seis de cada 10 delitos se cometen con algún arma y en el Distrito Federal la mitad son a mano armada. Además, la delincuencia ya no es exclusiva de los hombres, el 2% de los delincuentes son mujeres.

Esta realidad se agudiza por la incapacidad para detener a los delincuentes y por la frecuencia con que ocurre que muchos detenidos se dejan libres por corrupción o por una legislación insuficiente, aunado al hecho de que el 79 por ciento de las víctimas no denuncian.

Los esfuerzos realizados en el pasado no han logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional, ni una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, organizada a partir de una perspectiva del sistema federal y traducida en una eficiente convergencia de competencias corresponsables.

Ante esta realidad eran inaplazables las reformas legislativas que permitan detener esta violencia que ofende a la sociedad y termine con la impunidad que alienta a la comisión de nuevos delitos.

En respuesta a estas demandas el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En un proceso de profundo análisis y buscando el mayor consenso, los diputados aprobaron el dictamen del Proyecto del Ejecutivo, el cual involucra a la Procuraduría Federal de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública.

La ley regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública; establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Reglamenta además las distintas etapas del servicio de carrera así como la certificación y registro de los servicios e instituciones de seguridad. Regula también los sistemas disciplinarios, los reconocimientos, estímulos y recompensas; determina criterios uniformes para la organización, administración, operación y modernización tecnológica de la instituciones de seguridad pública; establece las bases de datos criminalísticos, y las del personal para las instituciones de seguridad pública, entre otras.

Señala de manera específica deberes y obligaciones de la Federación, estados y municipios que deberán observarse en materia de seguridad pública, atendiendo a su ámbito de competencia, dejando atrás el esquema de convenios de coordinación sin efectos vinculatorios.

Posteriormente se aprobó en la misma Cámara el paquete de iniciativas en materia penal para adecuar y actualizar el entramado jurídico y para fortalecer a las instituciones encargadas de su aplicación. Estos ordenamientos otorgan mayores herramientas para combatir e investigar determinados delitos, sobre la base de reglas claras y precisas que a su vez eviten excesos o abusos en su actuación, respetando las garantías fundamentales de los gobiernos.

La consolidación democrática de un pueblo sólo puede darse cuando sus ciudadanos, confiados en las instituciones de seguridad pública, pueden disfrutar de una vida familiar sin temor a sufrir algún menoscabo en su integridad personal o en su patrimonio a mano de los grupos delictivos. Esperamos que las leyes aprobadas puedan alcanzar esa meta.

Cárdenas, la coherencia y la respetabilidad

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Para doña Amalia Solórzano, con un abrazo solidario a Cuauhtémoc y la familia Cárdenas.

La foto del presidente Calderón junto con Cuauhtémoc Cárdenas, rindiendo honores a la señora Amalia Solórzano de Cárdenas, esposa del ex presidente Lázaro Cárdenas y madre del fundador del PRD, dice más que muchas declaraciones, sobre el respeto mutuo, la tolerancia y la posibilidad de convivir, con todas las diferencias lógicas de la política, en forma armónica y civilizada.

En el mismo espacio, en el velatorio de doña Amalia, horas después estuvo Andrés Manuel López Obrador: apenas tuvo un saludo protocolario con Cárdenas. A metros de él se encontraba el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, pero López Obrador no se dignó ni siquiera a mirarlo, mucho menos a saludarlo. Más tarde llegó Porfirio Muñoz Ledo, que se ha cansado de traicionar su perdida amistad con Cuauhtémoc Cárdenas. La mayoría de los asistentes simplemente le puso mala cara o lo ignoró. En ese espacio, en el velatorio de esa gran mujer que fue doña Amalia Solórzano viuda de Cárdenas, no sólo se asistió a la despedida de un personaje importante de la historia reciente de México, sino también tuvimos una suerte de microcosmos de lo que es y puede ser el país del futuro... y el del PRD.

El presidente Calderón y Cuauhtémoc Cárdenas, como ocurrió con su hijo Lázaro cuando éste fue gobernador de Michoacán, han demostrado que se puede convivir, respetar, ser tolerantes y tener posiciones políticas diferentes, incluso encontradas, sin romper las formas institucionales y el respeto mutuo. Durante muchos años se dijo que Cuauhtémoc era el “líder moral” del PRD. En lo personal nunca me gustó ese término: lo de “líderes morales” suele ser una forma elegante de designar otro tipo de liderazgos, no siempre deseables. Pero, con el paso del tiempo, Cuauhtémoc se ha convertido, sin duda, en un referente moral y ético para buena parte de la clase política nacional, sobre todo si lo analizamos de cara al deterioro evidente que ha sufrido su partido en los últimos años, más durante el periodo de la hegemonía, que parece estar concluyendo, de López Obrador.

No se trata de analizar los aciertos y los errores que ha tenido Cárdenas a lo largo de su carrera política, lo que importa es su actitud ante la vida y el poder. Se trata de un político digno, respetado y respetable y con quien se pueden tener pequeñas o grandes diferencias pero con el que siempre se puede dialogar. El presidente Calderón, al honrar a doña Amalia Solórzano, no sólo estaba haciendo un evidente reconocimiento a una de las primeras damas más influyentes en la historia del país, sino también corroborando el respeto recíproco con Cuauhtémoc Cárdenas. No es un gesto menor.

Comparemos ese gesto, esa personalidad del fundador del PRD, con lo que estamos viviendo en estos días en ese partido y en la actuación del lopezobradorismo. El ex candidato presidencial, un personaje soberbio y arrogante, que divide el mundo entre los suyos (incondicionales por definición) y los demás, que siempre son considerados enemigos, no adversarios, no se dignó saludar a su sucesor, Marcelo Ebrard. El pecado de éste ha sido reconocer a Jesús Ortega como presidente del PRD cuando no era el candidato de López. Más grave aún: Ebrard ha dicho que quiere ser candidato presidencial, algo inaceptable para un personaje que cree que ese es su destino manifiesto.

La diferencia está en la personalidad. Después de las cuestionadas elecciones de 1988, muchos le proponían a Cárdenas que desconociera al gobierno, a las instituciones e incluso había quienes proponían trabajar en una suerte de movimiento insurreccional. Cárdenas apostó a consolidar instituciones y a trabajar en la transformación democrática del país, a crear un partido, el PRD, para consolidar su participación política, electoral y legislativa. Acertó y cometió errores: su momento más alto lo tuvo en 1997 con el arrollador triunfo en la Ciudad de México con el mejor discurso electoral que el PRD ha enarbolado en toda su historia. Pasaron los años, y López Obrador desplazó a Cárdenas: lo hizo traicionándolo y utilizando todas las armas del poder para consolidar su correspondiente liderazgo. Y lanzó una línea codiciosa, caminando siempre en el límite de la legalidad y que hizo de la agresión, desde la verbal hasta la física, una línea de conducta. Polarizó a la sociedad y puso a una mayoría en su contra. No aprendió la lección y lo que ha hecho desde 2006 hasta ahora ha sido ahondar la polarización, apostar al derrumbe de las instituciones y perdió en el camino el control del PRD: ahora trata de destrozarlo desde adentro. En esa carrera son aceptables y vistos con lealtad personajes que van desde René Bejarano hasta Rosario Ibarra, desde Gerardo Fernández Noroña hasta Dante Delgado, pero son desechados, considerados enemigos, desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Jesús Ortega, desde Marcelo Ebrard hasta Ruth Zavaleta.

En las últimas semanas ha trabajado para vaciar al PRD. Primero impulsó, con la disciplina acrítica de los dirigentes de esos partidos, una coalición entre Convergencia y el PT para tener su propia base partidaria. Luego, cuando la senadora Josefina Cota decidió regresarse a la bancada del PRD, de donde había salido “a préstamo” para que el PT pudiera construir su “propia” bancada legislativa, López Obrador le ordenó a Ricardo Monreal que dejara el grupo parlamentario del PRD, del que era subcoordinador, para convertirse en un senador más del PT. El tema no es político, sino de pesos y centavos y el lopezobradorismo quiere los millones que hacen la diferencia entre el ser o no una bancada en el Senado de la República. Monreal dijo que el suyo era un acto de coherencia. Lo será con López, porque no lo es ni con el PRD ni con él mismo.

Silvia: ¿y luego qué sigue?

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

  • Nadie renunció a pesar de que Vargas demostró el nivel de incapacidad oficial


  • ¿Quién, en la PGR, en la SSP, desestimó la hipótesis de ‘Los Rojos’ como los presuntos responsables?
Las palabras, los gritos, la indignación parecen haber perdido todo significado frente al México real; el de la violencia incontenible y la terca ineficacia gubernamental.
Al dolor, a la tragedia, a la entereza y a esos policías sociales que han sido María Elena Morera, Isabel Wallace, las familias Gallo y Martí —entre muchos otros héroes anónimos que luchan en todo el país contra la violencia a costa de su propia vida— hoy se sumó otra familia: Vargas Escalera.

Y es que apenas el pasado sábado fueron cremados los restos de la joven Silvia Vargas Escalera, secuestrada el 10 de septiembre de 2007 e identificada apenas horas antes, después de 15 meses de que fue asesinada por sus captores, quienes la sepultaron de manera clandestina luego de cobrar el rescate. ¿Cuántas familias más deben pasar por ese espanto que es el secuestro, la incomunicación indefinida y el asesinato de sus seres queridos para que se detenga esa escalofriante espiral de violencia?

Los políticos se dicen preocupados, expresan condolencias, lamentan los secuestros, las desapariciones interminables, legislan, mientras que los gobernantes prometen y prometen sin más resultados que su buena fe o sus malas mentiras. A su vez, los ciudadanos parecen cansados de los repetidos “¡Ya basta!”, “¡Si no pueden renuncien!”, “¡Por piedad, devuelvan a mi hija!” y los furiosos “¡No tienen madre!”.

Y es que frente al dolor reiterado, a los insistentes gritos de desesperanza, a la recurrencia de la violencia y a la ineficacia oficial, parece que las palabras ya no tienen sentido, ya no dicen nada ni a gobernantes y menos a ciudadanos. ¿Qué debe gritar ahora la sociedad mexicana en conjunto para que los tres órdenes de gobiernos se transformen en oficinas que cumplan su elemental responsabilidad como parte del Estado? Que no es otra que garantizar los bienes y la vida de los ciudadanos.

En el México real parecen agotarse las palabras para sancionar desde la trinchera social la prevalencia del crimen y la incapacidad oficial para contenerlo y combatirlo. Pero también la paciencia social está por llegar al extremo. ¿Qué pensarán miles o millones de mexicanos cuanto en julio de 2009 estén parados frente a la boleta para votar por su nuevo diputado federal, alcalde, jefe delegacional y/o gobernador de su entidad natal?

Está claro que nadie sabe lo que ocurrirá en esos segundos que pasarán los electores frente a la urna en julio venidero. Nadie sabe siquiera si acudirán a votar. Lo que sí sabemos todos, o casi todos, es que el asunto de la persistente inseguridad, los niveles escandalosos de impunidad, y la incapacidad oficial para resolver un conflicto que ya es histórico, son un conjunto de elementos que, sin duda, ponderarán los electores, sea para castigar a los ineficaces y prepotentes políticos, o para ratificar en sus puestos a los que hacen bien su trabajo.

Las de julio de 2009 —y debemos insistir en ello— serán elecciones cuyo resultado dependerá de la capacidad oficial y/o de los partidos opositores para convencer al electorado de que son realmente eficaces en la lucha contra el narcotráfico y la violencia; contra la inseguridad en general. Pero si las palabras, los gritos, los reclamos ya no significan nada, los ciudadanos y potenciales electores reclaman otros signos que hagan posible comunicación alguna. ¿Cuáles serán esos nuevos signos, la nueva simbología para que sean posibles puentes mínimos entre ciudadanos y políticos?

Lo que viene, según especialistas de la comunicación, es el duro lenguaje de los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Elemental: que al no existir resultados reales y tangibles —y ante el fracaso de los recurrentes llamados sociales, que van desde el “¡Ya basta”, hasta el “¡No tienen madre!”— los electores se mudarán de preferencia política o de plano se abstendrán de votar. En pocas palabras, que los propios electores empujarán la caída de los malos servidores públicos, gobernantes, políticos y partidos. ¿Será eso posible? Esa es la gran interrogante.

Por lo pronto, en el caso Silvia Vargas no puede existir más impunidad. El pasado lunes, en este espacio dijimos que según expertos forenses, superaban 90% las posibilidades de que los restos encontrados en Tlalpan eran los de Silvia Vargas. Y preguntamos: ¿Quién va a renunciar? Ya se confirmó que, en efecto, los restos son de la joven. Pero todo sigue igual.

Nadie renuncia, nadie paga por su ineficacia, nadie detiene a la banda criminal. Todo, a pesar de que Nelson Vargas demostró que los secuestradores y criminales de su hija podían ser los integrantes de la banda conocida como Los Rojos. Nadie le hizo caso entonces. Hoy todo sigue igual. Y sí, no tienen madre.