julio 27, 2009

El fragmentado PRD

José Antonio Crespo
Horizonte político
Excélsior

Las derrotas electorales suelen ser acompañadas de recriminaciones, deslindes y reajustes en los partidos políticos. El PRD se encuentra fragmentado, por lo cual las corrientes rivales buscan un esquema de convivencia como alternativa a la abierta ruptura. No es la buena voluntad ni el entendimiento lo que los motiva a ello, sino la estricta racionalidad tras haber constatado que la decadencia del partido se traduce en la debilidad de cada corriente. A todos conviene, en principio, limar asperezas y mantener la unidad. Pero eso no será posible bajo las condiciones imperantes. Compiten dentro de ese partido dos visiones distintas (al menos) de cómo hacer las cosas, dos rutas estratégicas de conducción frente a las demás fuerzas políticas. Dos líneas que probablemente volverán a chocar. Unos son, a la vista de los otros, colaboracionistas con el gobierno, y los otros son considerados rijosos, radicales, hasta violentos. Y ambos han pasado por alto en distintos momentos la normatividad interna y los acuerdos previamente alcanzados. En los sucios comicios internos del año pasado para elegir al dirigente nacional, ambos incurrieron en trucos y fullerías. Los obradoristas van por la libre cada vez que así lo considera conveniente su líder, Andrés López Obrador. Y Jesús Ortega aceptó la inadecuada y sospechosa designación hecha desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando lo más sensato y razonable era admitir la anulación de esos comicios, para reponer el proceso después de las eleccione intermedias. La sentencia del Tribunal sólo exacerbó la conflictividad interna y dinamitó cualquier puente de entendimiento que pudiera quedar en pie en ese tiempo. Por todo lo cual, no hay la confianza mutua entre las facciones para cohabitar juntos en el partido y recomponerlo. Pero el intento prosigue ante las enormes pérdidas para todos que una fractura franca pudiera provocar: un claro juego de suma negativa. Los partidos que formaron el Frente Amplio Progresista en 2006 perdieron casi seis millones de votos. Y si la comparación se hace respecto de 2003, hubo también pérdidas importantes en votos y curules.

Ahora, preservar la validez de la normatividad interna exigiría darle cabal cumplimiento. Y eso implicaría llevar a cabo las expulsiones previstas por los estatutos a quienes promovieron a partidos rivales o aceptaron candidaturas bajo siglas contrarias, como muchos hicieron en esta ocasión bajo la égida de López Obrador. Eso daría pie a la ruptura que se pretende evitar, por ser muchos y varios con peso político quienes se hallan en esa situación. Por otro lado, si se optara por una “amnistía general”, se envía el mensaje de que las reglas pueden violentarse abierta e impunemente. Una disyuntiva difícil, sin duda. Debido a lo cual, en un comunicado del partido, de la Comisión Política, tras reunirse en Cuernavaca, la semana pasada, se dice: “Se manifiestan diferencias respecto al tema de qué debe hacer la dirección del partido respecto a aquellos compañeros perredistas que fueron candidato por otros partidos que son representantes de otras organizaciones partidistas o que son francamente dirigentes formales de otros partidos” (17/VII/09). Se ha sugerido que la expulsión ante tales infracciones no es algo que deba decidirse mediante un proceso formal, con posibilidad de defensa de los infractores, sino que ocurre en automático. Pero en México las leyes siempre pueden cumplirse eludiéndose al mismo tiempo. Por lo cual también se ha planteado que, quienes resulten expulsados, podrían ser recibidos al día siguiente, si así lo consideran conveniente. Se supone que la expulsión no es una sanción menor, y por ello se aplica sólo a quienes incurren en conductas que afecten gravemente al partido: la idea es que dicha penalización sea permanente, o al menos aplicable por un lapso respetable, para sentar un precedente eficaz. Ese juego de espejos (expulsar un día para reincorporar al día siguiente) es muy frecuente en nuestros políticos (y no sólo del PRD, desde luego).

Por su parte, y quizá como contrapeso a la amenaza de expulsión, los obradoristas dijeron también en Cuernavaca que “Jesús Ortega debe renunciar. La derrota no fue menor, exige una mínima congruencia y dignidad política. Su dimisión sería el costo menor que habría que pagar. Si permanece en el cargo no habrá unidad posible al interior, no se unificará la izquierda partidaria y la sociedad no verá que el PRD sabe corregir errores y, con hechos, es capaz de reivindicarse ante el electorado” (17/VII/09). Hay, en efecto, una responsabilidad de Ortega en los resultados, como la que corresponde a cualquier jefe de partido en el mundo. Pero hay también corresponsabilidad de los obradoristas por profundizar la fractura operando a favor de partidos formalmente rivales del PRD (al menos en esta ocasión). Y, en medio de todo el conflicto, surge la figura de Cuauhtémoc Cárdenas para exigir la aplicación cabal de los estatutos o la renuncia de Ortega por no aplicarlos. Formalmente puede tener razón, pero ya no se le reconocer mucha autoridad moral en su partido al haberlo abandonado en el trance de luchar por la Presidencia en 2006. Su falta de respaldo a López Obrador (que le ganó la candidatura presidencial) pudo haber hecho la diferencia. Tampoco gustó mucho, supongo, que en pleno conflicto postelectoral de 2006, Cárdenas aceptara un cargo en el gobierno de Vicente Fox. Se tomó como una bofetada, no sólo a AMLO, sino a todo el PRD. En todo caso, es lamentable que el país no pueda contar con una izquierda moderna y democrática (el PRD no lo es ni el PT ni el PC, desde luego), y tampoco tenemos una derecha moderna y democrática (el PAN no lo es), con lo cual se allana el terreno a un partido como el PRI, tampoco moderno ni democrático, pero lo suficientemente avezado para capitalizar las pugnas y claudicaciones de sus adversarios.

Las derrotas electorales suelen ser acompañadas de recriminaciones, deslindes y reajustes en los partidos políticos.

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