La pregunta de Zelaya

Solange Márquez Espinoza
De mundo a mundo
El Universal

"¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva constitución política?"
El golpe militar que depuso a Manuel Zelaya como presidente de Honduras, tomó por sorpresa al mundo entero y ha sido condenado por la comunidad internacional denunciando un atentado contra la democracia en Honduras. Los abusos militares a los derechos de los ciudadanos, los toques de queda y las cruentas represiones que hemos visto por televisión nos dejan una sensación de vuelta al pasado.

La pregunta de Zelaya no era inocente. Con su “encuesta” Zelaya buscaba tener facultades para llamar a un nuevo Congreso Constituyente y echar por la borda la actual Constitución Hondureña, en lo que muchos han interpretado como un intento por perpetuarse en el poder.

La Constitución Hondureña contiene lo que se llaman “artículos pétreos” que son artículos que la propia Constitución señala como INMODIFICABLES, es decir, nadie, por ningún motivo puede cambiarlos o pretender cambiarlos bajo el riesgo de incurrir en un delito. Tales artículos son los que se refieren al periodo presidencial de cuatro años y a la no reelección en la presidencia del país.

Zelaya negó que buscara reelegirse inmediatamente, pero no descartó que podría volver a ser presidente “si el pueblo así se lo pidiera”. En esa intentona, en la destitución del Jefe de las Fuerzas Armadas y en su negativa a acatar las órdenes de los jueces, Zelaya, claramente violentó preceptos constitucionales, calificados así por el propio Poder Judicial.

Hablar de buenos y malos en este conflicto nos llevaría a un debate sin sustancia. Ni Zelaya es el demócrata bueno maltratado por las élites hondureñas, ni el Congreso, el Poder Judicial y el Ejército de Honduras son los perversos oligarcas que han llevado a cabo un golpe contra las instituciones democráticas del país. Tampoco es lo contrario.

Tanto unos como otros han cometido errores y han afectado las instituciones democráticas del país; tanto el primero como los segundos han violentado la Constitución y las leyes que protestaron defender y proteger.

Todos estos hechos nos dan un motivo para debatir y repensar en la necesidad de analizar nuestros sistemas de protección constitucional. La historia reciente ha demostrado que en América Latina no tenemos mecanismos para evitar que presidentes todopoderosos como Zelaya busquen manipular las leyes y a la ciudadanía con el fin de perpetuarse en el poder.

Hoy por hoy, aún quedan volando muchas preguntas: ¿Qué pasará en la reunión Zelaya-Micheletti en Costa Rica? ¿qué pasará si Chávez cumple su amenaza de utilizar sus propias fuerzas armadas en Honduras? ¿Apoyarían la OEA, Estados Unidos o México tal intervención? ¿podemos calificar de “vendida” a la Corte Suprema de Honduras que calificó de anticonstitucionales las intenciones de Zelaya y le ordenaba (como son sus atribuciones en Honduras) reinstalar al jefe de las fuerzas armadas?

¿Quién defiende a al democracia en Honduras? ¿el que violó reiteradamente las normas constitucionales y pretendía perpetuarse en el poder a través de una falsa “consulta popular” llevada a cabo por él mismo y calificada por él mismo ó quienes siguieron los pasos legales para echar atrás esas intenciones y que luego sobrepasaron también los limites y se han excedido en el uso de la fuerza? ¿estaríamos en México dispuestos -verdaderamente dispuestos- a debatir y analizar la reelección presidencial? ¿no les parece raro ver a Calderón sentado al lado de Chávez, Ortega y Castro?