Voto por voto

José Antonio Crespo
Horizonte político
Excélsior

El candidato panista para gobernador de San Luis Potosí, Alejandro Zapata Perogordo, al enfrentar un resultado desfavorable y poco claro, solicitó un recuento total, un “voto por voto, casilla por casilla”, pretensión legítima y natural, pero que su partido condenó en 2006 como inadecuada. Dijo el PAN que era un ejercicio reiterativo y que se ponía en duda la buena fe o la habilidad de los funcionarios de casilla. Pero esos funcionarios, como cualquiera, pueden equivocarse sin mostrar mala fe, como lo reflejaban las dos millones y medio de inconsistencias aritméticas que registró el PREP en aquel año (diez veces más que la distancia con que oficialmente ganó Felipe Calderón). Que no se hayan abierto los paquetes no era un problema de la ley, según argumentó el PAN en aquel entonces, sino de falta de voluntad, pues según el Tribunal Electoral el IFE debió recontar 64 % de los paquetes electorales, pero sólo lo hizo en 2.5 %. Al PAN le están recetando ahora una sopa de su propio chocolate en San Luis Potosí, pues el Instituto Electoral estatal le negó el elemental derecho de transparencia y certeza.

El problema de los “empates técnicos”, que cada vez se presentan con más frecuencia, no ha quedado del todo saldado en nuestra legislación. Es cierto que se agregaron a la nueva legislación electoral algunas disposiciones para favorecer el recuento, lo que llevó el miércoles pasado a un amplio recuento en varios consejos distritales. Las nuevas disposiciones son:

A) Que si la diferencia de votos emitidos por el candidato puntero respecto de su más cercano seguidor es menor de 1%, se estipula un recuento total en el distrito respectivo. Eso ayuda a dar certeza a la elección de diputados de mayoría relativa, si bien podrían darse casos en los que la distancia entre los punteros sea mayor de 1% y, sin embargo, las inconsistencias superen esa brecha, en cuyo caso, de no abrirse suficientes paquetes, se caería también en una situación de opacidad e incertidumbre. Pero esta fórmula sirve de poca cosa en una elección presidencial, pues el ganador en ella se define por la mayoría del voto directo en todo el país y no por el número de distritos de mayoría ganados por cada candidato (esa fórmula conlleva varias ventajas, mas no es la vigente en México). Si a nivel nacional el ganador lo hace con una ventaja menor de 1% (como ocurrió en 2006), no sirve de mucho que se abran los paquetes en unos cuantos distritos. Algo que los legisladores debieran actualizar antes de 2012, si no queremos caer de nuevo en una elección impugnada, opaca e incierta.

B) Se abrirán también aquellos paquetes cuya acta registre que el número de votos nulos supera la distancia entre el primero y segundo lugar. Esta disposición viene de que, también en 2006, el número de votos nulos cuadriplicó la distancia en votos con que oficialmente ganó Felipe Calderón. La pertinente duda era que, si un buen número de esos votos sí marcaban una clara preferencia, como se vio en muchos de los revisados por el Tribunal, quizá podría modificarse el resultado final. Se trató de resolver ese punto con la nueva disposición que ha obligado a recontar los votos en muchos distritos. Sin embargo, esa causal de recuento tampoco resuelve el problema, ni siquiera en lo que toca a las elecciones de diputados, pues se reproduce la inconsistencia de nuestra legislación electoral entre la fórmula para dar el triunfo en una circunscripción y las condiciones para transparentarla plenamente. Supongamos que la distancia entre punteros en un distrito sea de 1.5%, y el número de votos nulos en casillas no recontadas (por no cumplir los requisitos de ley en su casilla) sumase 2% (algo no descabellado), no se tendría tampoco certeza del resultado final en esa demarcación.

El caso es que en muchos distritos en las zonas más anulistas se tuvo que hacer el recuento de numerosas casillas, pues al elevarse el número de votos nulos por haber elegido muchos ciudadanos esa opción de protesta, varios paquetes cayeron en dicha situación. Evidentemente, el legislador no tenía en cuenta que habría un movimiento de inconformidad hacia el sistema de partidos, anulando el voto. Pero eso sucede justamente porque, entre otras cosas, no existe en México un recuadro en la boleta para ese propósito (el voto en blanco) con algún efecto punitivo a los partidos, como sí sucede en varios países democráticos, incluso latinoamericanos. De existir dicha opción, esos votos de protesta se contabilizarían de manera diferenciada respecto de los votos anulados por error y no se caería tan frecuentemente en el supuesto de la actual ley para abrir un paquete electoral. Es justo una de las demandas del movimiento anulista, que permitiría al ciudadano “multar” a los partidos cuando ninguno le satisfaga (lo que generaría incentivos a partidos y legisladores para un mejor desempeño político). Sin embargo, había una mejor forma de protestar que anulando el voto, y era sufragar por algún candidato registrado (real o ficticio), pues ello no se confunde con los anulados por error. El voto por candidato no registrado, a diferencia del nulo, no es tomado en cuenta para la apertura de los paquetes electorales. Pero no hubo tiempo ni recursos para instruir a los anulistas potenciales de cómo protestar de esa manera (algo que sí hizo, por ejemplo, el Dr. Simi, hace tres años, y por eso ahora los votos por candidato no registrado se redujeron a la mitad). El grupo Voto Independiente, de Elisa de Anda, solicitó al IFE informar a la ciudadanía sobre todas las opciones contempladas por la ley (incluido el sufragio por candidato no registrado), para que el elector tuviera todos los elementos antes de decidir su voto. Algo que, evidentemente, el IFE no hizo, pues en este asunto “tomó partido por los partidos”, descalificó al voto de protesta y desinformó a la ciudadanía al respecto. Y es que los jefes del IFE son los partidos, no la ciudadanía.

El sufragio por candidato no registrado, a diferencia del nulo, no es tomado en cuenta para la apertura de los paquetes electorales.