¿Quién tiene la culpa?

Ana María Salazar
salazaropina@aol.com
Analista política
El Universal

Lamentablemente, 2009 será un año récord de asesinatos en México. Hasta la fecha se han documentado más de 6 mil ejecuciones, y todavía no termina el año. Hay que recordar que en 2008 se reportaron más de 5 mil ejecuciones, que fue casi el doble de las registradas en 2007 (EL UNIVERSAL, 3 de diciembre 2008).

Al mismo tiempo que se incrementa el número de muertos relacionados con esta “guerra” en contra del crimen organizado, también está aumentando el cuestionamiento acerca de si las Fuerzas Armadas deben de continuar ejerciendo el liderazgo en la estrategia para controlar estas organizaciones. Para desfortuna del Ejército y de la Marina, el número de muertos se está convirtiendo en la vara con que se evalúa la efectividad y la capacidad de estas instituciones. ¿Cuánto ha impactado en la reputación del Ejército el hecho de que, a pesar de su despliegue en Juárez, dos de cada tres homicidios en este país suceden en esa ciudad fronteriza?

Al Ejército mexicano no se le debería responsabilizar por lo que podría ser el fracaso de la estrategia antidrogas del país, ya que el éxito de esta estrategia depende no sólo de los uniformados, sino de la capacidad o de la complicidad de las corporaciones civiles en el ámbito federal y estatal, además de la coordinación eficaz entre todas las instituciones que tienen la responsabilidad de la seguridad pública y la seguridad nacional de este país.

En este último punto, el de la falta de una coordinación adecuada entre Sedena, Seguridad Pública, PGR y Gobernación, sigue siendo probablemente incomprensible por qué permite esto el Presidente. Hay que reconocerlo, el poder de los presidentes mexicanos se ha ido acotando a través de los años, pero no implica que no tengan ni la facultad ni la capacidad de controlar a sus secretarios.

Si un presidente no tiene suficiente poder o voluntad política para ordenar a su gabinete de seguridad que se coordine, básicamente estamos ante una situación en la que el mandatario no va a ser eficaz, y si además no existen los mecanismos para que se dé una coordinación real entre los diferentes niveles de gobierno en materia de seguridad, no podemos hablar de una guerra con posibilidades de ganarse.

En una conversación que tuve con Shlomo Ben-Ami, el ex secretario de Seguridad Pública de Israel, en una visita a Tampico, él señalaba que en México “todo este círculo tiene que funcionar de una manera integrada, y lo que es absolutamente importante es que todos aquellos implicados en la lucha tengan la misma visión del campo de operación, o sea, que todos tengan la misma inteligencia y que todos sepan qué es lo que ocurre en el terreno, que no haya visiones que choquen una con la otra”.

Y si el gobierno no puede coordinarse adecuadamente, Ben-Ami fue tajante: “Si es incapaz puede ya rendirse porque no va a tener éxito en la guerra contra los grupos violentos; de seguir de una forma anárquica, un esfuerzo aquí, otro esfuerzo aquí, un pequeño éxito aquí y otro fracaso allá, pero eso no va a crear una masa crítica que cambie la realidad, la realidad no cambia porque has dado un golpe muy serio a un grupo criminal, porque un grupo criminal siempre tendrá la capacidad de reaparecer de otra forma, lo que cambia estratégicamente la situación es que todos estén coordinados”.

También en Tampico, en este foro organizado por el gobierno de Tamaulipas, Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia, me hacía comentarios ante el argumento del impacto que podría tener en la credibilidad de las corporaciones militares su participación en la persecución del crimen organizado: “En el caso colombiano llevamos a cabo una gran campaña en todas las fuerzas para que entendieran que en el trato hacia la población tenían que ganarse la mente y los corazones de los colombianos, y que de esa forma podían ser mucho más efectivos, no porque nos lo dijeran las ONG, sino por la propia legitimidad de las Fuerzas Armadas, ya que para poder combatir dependen del respeto y de la colaboración de la ciudadanía. Esto fue porque las fuerzas militares estaban cuestionadas, por su comportamiento en cuanto a los derechos humanos”.

Juan Manuel Santos de hecho asegura que el Ejército y la policía ahora son de las instituciones con más aceptación en su país en este momento.

Yo creo que la pregunta fundamental que debemos hacernos es: ¿qué tan malo es para la democracia mexicana involucrar a las Fuerzas Armadas en estas actividades? Ante la experiencia colombiana el ex ministro de Defensa me respondió: “Es peor para la democracia que las mafias se impongan”.