Otros tres

María Amparo Casar
Reforma

Concluyen hoy los primeros tres años de la administración. El Presidente reseñó algunos logros: las reformas a las pensiones y al sistema de seguridad y justicia, la liquidación de Luz y Fuerza, el combate al crimen organizado, el aumento en la cobertura del Seguro Popular y de Oportunidades. Advirtió que las condiciones externas han sido adversas y que sus efectos se mitigaron por la acción del gobierno. Recordó que en la crisis de 1995 se perdieron uno de cada 10 empleos y en ésta uno de cada 100; que en aquel entonces se sumaron a la pobreza 17 millones de mexicanos contra 6 millones en esta crisis. Podía haber agregado que en esta crisis no hubo un fenómeno similar al Fobaproa que costó a México más de 10 puntos del PIB.

Aún así las percepciones de los ciudadanos son más negativas que nunca. Lo son porque no crecen la economía, ni el empleo, ni la calidad educativa, ni las exportaciones, ni la inversión extranjera, ni la producción de petróleo. Porque no disminuye la pobreza, ni la desigualdad, ni la corrupción, ni el crimen.

En todas las encuestas sin excepción la aprobación del Presidente ha disminuido notablemente. Ha retrocedido a los niveles de hace tres años cuando asumió la Presidencia en las condiciones más adversas que se recuerden. Según la encuesta de GEA, apenas el 52% de la población aprueba la su gestión. En contraste la desaprobación saltó del 19% al 46%.

La factura también la está pagando el partido en el gobierno. La caída quedó evidenciada en las pasadas elecciones cuando el PAN perdió más de 10% de su votación. Hoy las cosas le pintan peor. Según la encuesta de Consulta hoy en día sólo el 19% votaría hoy por el PAN y el 29% lo rechaza como opción.

Seguramente los partidos de oposición están celebrando esta caída en la aprobación gubernamental por los beneficios electorales que ello reporta. Hoy el PRI es el partido con mayor preferencia (38%) y la brecha entre PAN y PRD se cierra a la baja.

Pero la situación no tiene nada de celebrable porque más allá de quién esté mejor posicionado electoralmente, lo que muestran las encuestas es una decepción generalizada con la democracia. Es una desaprobación a la gestión del Presidente pero también a la de los legisladores, gobernadores, partidos, policía y jueces; a todos los que tienen algún tipo de responsabilidad política o de gobierno. Lo que las encuestas revelan es que lo único que crece es la desconfianza en la situación económica (80% cree que será peor) y la situación política (79% cree que será peor).

Que el desempleo/subempleo hayan crecido hasta alcanzar el 11%, que la economía haya decrecido en 7%, que los pobres hayan aumentado en 6 millones, que el saldo del crimen organizado sume más de 15,000 ejecutados no son buenas noticias para nadie. Menos lo es que en esta situación de crisis los partidos sigan sin proponer alternativas y enfrentados en lugar sentados a la mesa para ver cómo arreglan la casa que es de todos y cuya responsabilidad recae en todos.

Las encuestas no deben ser motivo para que los políticos que hoy ocupan la Presidencia se depriman y los políticos que la buscan hacia delante se pongan a festejar. Deben servir para recibir unos cuantos mensajes y actuar en consecuencia.

Más allá de que nuestra cultura presidencialista haga recaer en la Presidencia todo lo bueno y malo que ocurre en este país, el sistema hace recaer la responsabilidad y el trabajo en todos aquellos con cargos políticos. Por eso el rechazo de la población es a todo lo que huela a política.

Quedan tres años de gobierno con un Presidente de un partido, un Congreso de otro partido y gobiernos locales de todas las denominaciones. Los tres años que restan son suficientes para sacar a México del hoyo. El Presidente no se muestra en tono de resignación sino de discusión y acción. Su disposición a actuar se reflejó en la tantas veces anunciada y por fin concretada extinción de la Compañía de Luz y Fuerza. Su disposición a la discusión en la reafirmación de una agenda ambiciosa para regresar a la senda del crecimiento y que incluye desde la reforma fiscal, laboral, energética y de telecomunicaciones hasta la reforma política.

Los partidos no han dado su opinión sobre ella. El Presidente tiene sin duda la responsabilidad de mostrar liderazgo, presentar ya las iniciativas correspondientes y buscar acuerdos, pero el resto tiene la responsabilidad de sentarse a la mesa y concretarlos. Cuando menos, la de dar su opinión sobre esa agenda o de proponer una alternativa.