enero 16, 2009

México necesita una voz en Washington

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

A pesar de las fotos sonrientes del Presidente electo, Barack Obama, y el Presidente mexicano, Felipe Calderón, tras su primera reunión en Washington, México tendrá que esforzarse para ser escuchado dentro del Gobierno de Obama

Y esto no sólo porque EU tendrá prioridades más urgentes en otras partes del mundo.

Es cierto que Obama dijo, tras su reunión con Calderón del lunes, que las relaciones entre Estados Unidos y México "pueden ser aún más fuertes, y ese será el compromiso de mi Administración"'.

Sin embargo, a juzgar por los funcionarios que Obama ha escogido para conformar su gabinete y por la historia personal del Presidente electo, México -que está enfrentando una guerra contra los carteles de la droga que ha cobrado unas 5 mil 700 vidas el año pasado- se encontrará sin interlocutores de alto nivel en el nuevo Gobierno estadounidense.

Fíjense en los siguientes datos: · Obama nunca ha visitado México, ni tampoco el resto de Latinoamérica, y no tiene una conexión personal con la región. El Presidente electo me dijo en una entrevista durante la campaña que planeaba visitar México antes de asumir su cargo, pero nunca alcanzó a hacerlo. Visitó Europa e Iraq, pero no el sur.

El Presidente saliente, George W. Bush, había tenido un trato cotidiano con México como Gobernador de Texas antes de su elección presidencial del 2000, y había visitado México antes de ser Presidente.

· Obama, quien hizo su carrera política en Illinois, realizará su primer viaje al extranjero a Canadá, según dicen funcionarios de su equipo. En comparación, Bush hizo su primer viaje presidencial al exterior a México.

· México perdió a su interlocutor más importante en el equipo de Obama cuando el Gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, retiró recientemente su nominación al cargo de Secretario de Comercio, tras una investigación federal sobre contribuciones políticas.

Richardson, cuya madre es mexicana y vive en México, habla español con fluidez y conoce México como pocos políticos estadounidenses. Recientemente me dijo, divertido, que cuando le informó a su madre que se presentaría como candidato presidencial en 2008, ella le preguntó: "¿De qué país?".

El Secretario de Comercio saliente, Carlos Gutiérrez -quien nació en Cuba pero se educó en México-ha sido un influyente interlocutor de México en temas comerciales y de inmigración. Ahora que Richardson ya no está, México no tiene un amigo similar en el gabinete de Obama.

· La Secretaria de Estado designada, Hillary Clinton, a pesar de que ha viajado frecuentemente a la región como Primera Dama, nunca se destacó por destinarle un interés especial a México o a Latinoamérica. Durante su campaña, sus asistentes se esforzaron por demostrar que supuestamente se había opuesto al acuerdo de libre comercio con México, que Obama prometía renegociar.

El martes, en su presentación ante el Senado durante su audiencia de confirmación, Clinton se refirió a México y al resto de Latinoamérica casi al final de su lista de prioridades regionales, por debajo de Australia y el sudeste asiático y sólo antes de Africa.

· El Vicepresidente electo, Joe Biden, quien ocupó el cargo de presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y que será una voz influyente dentro del equipo de política exterior de Obama, no ha sido muy amigo de México en el pasado.

"México es una ex democracia" que tiene "un sistema corrupto", dijo Biden el 27 de noviembre del 2006, según lo citó The Associated Press. De hecho, las siete décadas de Gobierno autoritario unipartidista de México terminaron en 2000.

Con respecto al libre comercio, un tema clave para México, Biden se ha opuesto a todos los recientes acuerdos de libre comercio con países latinoamericanos, incluyendo el acuerdo con Perú, respaldado por Obama.

Personas cercanas al equipo de transición de Obama dicen que, aunque el retiro de Richardson dejará un enorme agujero para Latinoamérica en el gabinete de Obama, las políticas serán mucho más importantes que los nombramientos en el nuevo Gobierno.

"Lo fundamental, y mucho más importante que las designaciones, es que los valores del Gobierno de Obama serán valores mucho más caros a los latinoamericanos, como el multilateralismo", me señaló Nelson Cunningham, un ex funcionario del Gobierno de Bill Clinton cercano al equipo de Obama. "El propio Obama se crió en el exterior y entiende bien la perspectiva del mundo en desarrollo".

Mi opinión: Estoy de acuerdo en que los valores de Obama, como el multilateralismo y el hecho de que no esté contaminado por el fiasco de la guerra de Iraq, le darán una enorme oportunidad para empezar a recuperar la imagen estadounidense en América Latina.

Pero, quiérase o no, las relaciones personales y las afinidades culturales pesan mucho en Washington. México, y Latinoamérica en general, necesitarán un amigo en el círculo íntimo de Obama. Ojalá el Presidente electo sea consciente de ese vacío y haga algo al respecto.

Los escoltas de AMLO

Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio

Al pasar, unos dejan marcas, otros dejan huella. Florestán

El pasado martes 6, un convoy de tres camionetas con once personas a bordo se dirigía a Hermosillo cuando fue detenido en un retén en Villa Unión, cerca de Mazatlán, para una revisión.

Seis de ellos portaban armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y se identificaron con credenciales de la Policía Bancaria e Industrial de Seguridad Pública del Distrito Federal, sin oficio de comisión para portarlas fuera de la Ciudad de México. Los demás lo hicieron con credenciales expedidas por el Gobierno Legítimo de México y el IFE, por lo que fueron entregados al Ministerio Público de la Federación.

Al menos seis de ellos formaban parte del equipo de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, al que alcanzarían en Sonora.

El asunto se resolvió cuando una alta instancia política del gobierno federal estuvo de acuerdo en que los dejaran ir por ser policías bancarios en comisión de seguridad privada, lo que provocó un disgusto en los mandos de la Defensa Nacional, que aparecían como los transgresores de la ley por detenerlos.

El viernes 9 por la noche, la Sedena dio a conocer un comunicado reiterando que los escoltas fueron remitidos por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por el calibre de las armas y porque la licencia colectiva a la policía capitalina sólo les permite usarlas en el Distrito Federal, además de ser para seguridad pública, no privada.

A raíz de este hecho, hubo voces condenando el que López Obrador tuviera seguridad, en lo que difiero. Sería riesgoso si no la tuviera.

Lo que debe determinarse es por qué esos escoltas traían armas donde no tenían permiso para portarlas y transparentar su contratación. Por lo demás...

Retales

1. APUESTA.- La discusión en el Consejo del Banco de México es sobre las tasas: bajarlas o no moverlas. El tipo de cambio, que tiene al dólar en su máximo histórico, podría ser el factor que pospusiera para febrero el recorte que, me dicen, sería lo aconsejable. Pero hoy podrían dar a conocer la rebaja de un cuarto de punto que de beneficios no traerá ninguno pero sí de perjuicios, como encarecer aún más el dólar;

2. ADIÓS.- Antonio Garza deja su cargo como embajador de Estados Unidos en México, pero se quedará a vivir aquí. Busca contratarse con un despacho de abogados y parece ser que ya lo tiene amarrado. Su legado es el de un buen embajador, de los mejores en los tiempos modernos; y

3. DILEMA.- Se debate el futuro de quien fuera designado por el gobierno de México como enlace entre la Policía Federal y la DEA, y que servía al cártel de los Zambada. Edgar Enrique Bayardo ha sido un testigo protegido de la SIEDO, que cumplió los dos períodos de arraigo. Denunció, entre otros, al que fuera comisionado de la PFP, Gerardo Garay, hoy en la cárcel.

Nos vemos el martes, pero en privado.

Reaparecen El Encino y el capricho del GDF

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

En el año 2000, en los últimos meses del gobierno de Rosario Robles, la entonces jefa de Gobierno del DF, expropió el predio El Encino, en el contexto de la edificación del hospital privado ABC, en la zona de Santa Fe, la de mayor plusvalía en la Ciudad de México. La idea, se dijo, era hacer una vialidad que comunicara con ese hospital. Ya no le tocó trabajar en ello, sino que fue su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, quien tomó el caso. Los legítimos propietarios de El Encino se ampararon con una razón absolutamente lógica: no había ninguna necesidad de expropiar ese predio para realizar la vialidad porque, como finalmente ocurrió, simplemente trasladando unos metros las obras se podría construir en otros espacios, sin tener que realizar expropiación alguna.

Los propietarios ganaron un amparo tras otro en ese proceso, pero el Gobierno del Distrito Federal desconoció sistemáticamente esas decisiones judiciales y se iniciaron las obras en el predio. Debemos recordar que, con todas sus deficiencias, el amparo es el único instrumento que tienen la sociedad, el ciudadano, la gente, para oponerse legalmente a una decisión de la autoridad. Y, una y otra vez, las autoridades concedieron amparo a los dueños de ese predio para que no se avanzara en las obras mientras se discutía si había razones fundadas o no para la expropiación. No fue, como se ha dicho, que se inició el proceso de desafuero en contra de López Obrador por la expropiación del predio: fue porque desoyó, una y otra vez, las órdenes del Poder Judicial, hasta que éstas llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ese desacato se votó el desafuero. Mismo que tuvo un enorme efecto propagandístico basado en el argumento de que el desafuero tenía como objetivo sacar de la carrera presidencial a López Obrador y que todo, incluida la evidente corrupción de René Bejarano y varios de sus colaboradores, era parte del ahora famoso complot. La versión que daba López Obrador es que lo querían encarcelar por intentar hacer un camino para un hospital. Nunca decía que era para un hospital privado de primer nivel y que el camino, como finalmente se hizo, podría realizarse sin problema alguno desviando su ruta apenas una decena de metros. Se buscó el enfrentamiento en forma consciente y se apeló, con éxito, a la victimización.

No sé si la intención del gobierno consistía en deshacerse por la vía del desafuero de López Obrador. Si era así, no lo lograron. Lo que sí sé es que el ex jefe de Gobierno estaba violando en forma evidente la ley durante todo el proceso de expropiación de El Encino y simplemente se negaba a cumplir con las órdenes judiciales de amparo contra sus legítimos propietarios. Pero eso pasó completamente desapercibido en aquellos días de mucha demagogia y poca sensatez.

Lo cierto es que ahora un juez del Distrito Federal emitió una sentencia que tendría que ser ya definitiva para que, nueve años después, el Gobierno del DF le regrese de una vez por todas ese predio a sus propietarios. Y, otra vez (aunque habría que recordar que la historia se repite, pero la primera vez como tragedia y la segunda como comedia), el gobierno capitalino se niega, aunque ahora lo hace llevando el caso ante un Tribunal Colegiado administrativo. Ya no alegan que el predio fue expropiado por utilidad pública, porque ésta ha desaparecido desde el momento en que el famoso camino se construyó, sin problemas, en otro espacio. Los argumentos de ahora rozan en lo ridículo (otra vez la tragedia y la comedia): dicen que quienes presentaron el amparo son dueños de 87% ciento del terreno y que no saben cómo harán para regresárselos íntegro, como dice la sentencia (¿no sería sencillo regresarle ese 87% y ya?), y argumentan que tampoco se lo pueden regresar en las condiciones en que estaba porque en la época de López Obrador se habían comenzado las obras, éstas finalmente quedaron inconclusas y obviamente el terreno no está en las mismas condiciones en que se encontraba cuando se lo expropió. El único detalle es que los dueños quieren que se los regresen como está. Y eso es lo que ordenó el juez.

El caso no tiene ningún futuro, pero permitirá alargar la decisión algunos meses más y, si es necesario, volver a recurrir a la victimización política. Es parte de un capricho, quizás de un símbolo, pero también de una terquedad que demuestra el poco sentido cívico de muchas autoridades. Se asemeja al acoso al que es sometida la delegada de la Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, por atreverse a realizar dos obras viales, además, imprescindibles, mientras que, hoy, al mismo tiempo el Gobierno del DF está realizando en la capital del país más de 400, algunas de ellas incomprensibles, como el encarpetado, en tres ocasiones consecutivas y en apenas un año, de la ruta del Microbús sobre la avenida Insurgentes. El desconocimiento de las decisiones judiciales, la apelación a chicanas legales para entorpecer un proceso que lleva ya casi una década, el acoso sin fundamento a una delegada de oposición (en una ciudad donde prácticamente todas las delegaciones son gobernadas por un solo partido y el gobierno capitalino tiene enorme poder sobre ellas), son, sencillamente, actitudes poco dignas del Gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo.

Y que reapareciera el tema de El Encino sirve también para recordarnos lo lenta y tortuosa que es nuestra justicia. Dicen que la justicia que no es expedita no es justicia, y este caso lo confirma plenamente. ¿Cómo puede ser que tenga que pasar una década para que una autoridad pueda decidir si un terreno fue expropiado justamente o no?, ¿cómo puede haber autoridades que hagan hasta lo imposible para evitar que se tome una decisión?, ¿qué armas tenemos los ciudadanos si la justicia no es rápida y concluyente para oponernos a las decisiones de las autoridades, en éste o en cualquier otro caso?

Estado reprobado…

Ana María Salazar
salazaropina@aol.com
Analista política
El Universal

Hace casi un año, durante una conversación con un reconocido economista estadounidense, él me preguntó si pensaba que México estaba en vías de convertirse en un Estado fallido. Me sorprendió su pregunta porque, aunque México en ese momento enfrentaba serios retos en el ámbito de seguridad pública, mis consideraciones como analista eran que había suficientes instituciones (excepto las que administran justicia) que garantizarían el camino de México hacia la transición y por lo tanto la democracia mexicana no correría peligro.

El economista me señalaba que una de las características de un Estado fallido es la inhabilidad para proveer un crecimiento económico generalizado que garantice el empleo y una manutención que satisfaga las necesidades básicas de la población, desarrollo que se obtendría a partir de la reducción de la inequidad. Batista me explicaba que si México no lleva a cabo importantes reformas estructurales en el ámbito laboral y económico, incentivando la creación de empleo, además de buscar mayor competitividad con nuevas industrias, el statu quo podría llevar al país a ser un Estado fallido en algunos años.

El éxodo masivo de la clase media y de “cerebros” por falta de oportunidades, aunado al importante declive en la capacidad económica de la población, es otra característica de un Estado en vías de ser fallido, situación que en México se agudizará ante la crisis.

Meses después almorcé con el líder de una de las cámaras industriales del país y me expresó su preocupación ante la posible ingobernabilidad que generan la inseguridad y la crisis económica, además de la irresponsabilidad de la clase política. Aunque yo argumentaba que la crisis política de 2006 se había superado, dicho empresario me hizo reflexionar sobre los factores que impedirían a Andrés Manuel López Obrador continuar con la creación de un ambiente propicio para la zozobra y la violencia social, tomando en cuenta que las protestas sociales violentas de gran magnitud y frecuencia constituyen otra característica de los estados en vías de ser fallidos.

El año pasado no sólo vimos las narcoejecuciones de más de 5 mil personas; también hubo un atentado directo a la sociedad en la plaza de Morelia que se encontraba repleta de familias celebrando el Grito.

Antes de finalizar el año, el Departamento de Justicia de EU publicó un reporte en el que identifica a grupos del crimen organizado de todo el mundo, y los que representan la amenaza más importante para la seguridad de EU son los grupos provenientes de México.

Esta semana hubo reacciones de rechazo por parte del gobierno de México y de algunos analistas ante un reporte militar del Comando de Fuerzas Conjunto (USJFC) en el que se señala que existen factores que podrían convertir a Paquistán y México en una amenaza que requeriría intervención militar. De ser así, estos países no sólo llegarán a catalogarse como estados fallidos, sino que surgirán un rapid collapse. Más allá de la impresión que se tenga en México, en EU ya se está cocinando la idea de que México está en un proceso de degradación. Tal vez México no es un Estado fallido en este momento, ¿pero con base en qué podríamos asegurar que no lo será?

Para acceder a estos reportes ir a www.anamariasalazar.com.