Siglo de emigrantes

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

Una de las grandes sorpresas que tuve cuando me ganaba la vida en España fue descubrir que mi condición de extranjero era una realidad absolutamente inseparable a mi persona. Es cierto que nunca me fue adosado el adjetivo de ”sudaca de mierda” —hubiera yo, en todo caso, reclamado mi atributo de nordaca— pero esto, sin duda, se debió a que no formaba parte de ese proletariado de inmigrantes que puebla la periferia de las ciudades.

De cualquier manera, nunca dejé de ser una especie de individuo bajo sospecha —“y éste, qué hace aquí, por qué no se queda en su país; de seguro no tenía trabajo allá”— por más que los estadunimexicanos, que no solemos emigrar a la Península sino a Estados Unidos (de América), gocemos de un trato preferente y hasta cariñoso.

Miles de descendientes de españoles —ésos, justamente, que en tiempos de pobreza dejaban el terruño para buscar fortuna no sólo en los prósperos países de la Europa septentrional sino en el Nuevo Continente— pueden reclamar, ahora, la nacionalidad de sus antepasados. Y así, gracias a las nuevas disposiciones legales, los consulados del Reino de España en muchos países de Iberoamérica han visto una auténtica avalancha de solicitantes, gente que, por cuenta de los malos gobiernos que sojuzgan a los pueblos de Latinoamérica (países de extraordinaria riqueza y potencial como la Argentina Venezuela han sido llevados a la ruina con singular empeño por sus politicastros), busca fuera de sus fronteras las oportunidades de futuro que no tienen en sus países.

El siglo XXI será una era de grandes migraciones. Europa está condenada a acoger a millones de ciudadanos de otras latitudes porque su población autóctona no crece. Lo más curioso, en el caso de España, es que los nietos de los antiguos emigrantes reciban el trato discriminatorio reservado a los extranjeros siendo que su presunta pureza ibérica no está en entredicho. Pero, en fin, el hecho es que la xenofobia y el racismo serán cada vez más difíciles de conciliar con la avasalladora realidad de la inmigración.

Orgullo

Pedro Ferriz
El búho no ha muerto
Excélsior

Un extranjero del auditorio me apuntaba, ante la eterna pregunta de ¿cómo verá a México, la nueva administración de Barack Obama? Que lo que nos hace falta es una revaloración de lo que somos, para que no estemos buscando siempre identificar beneplácitos de terceros. No hay mucho que meditar para entender que tiene razón. Por lo que me lanzo a asimilarla. Lo primero que me asalta es la devaluación social en la que estamos inmersos. Aparte de abismos entre personas, historias de desencuentros y manipulación de la ignorancia en la que todos tenemos algo que ver. Sé que el principal desequilibrio está en la forma en la que vemos la vida. Nos hacemos pocas preguntas y esperamos menos respuestas a las escasas inquietudes que nos animan. Siendo estrictos… corremos fácil por el hilo de la improvisación y el acaso. Si la realidad es así… ¡que sea! Nada podrá cambiar lo que de todos modos sucederá o nunca será.

Pero, ¿qué es lo que mueve al mundo? En la vida moderna, la mejor herramienta es la ciencia de la mano de la tecnología. El desarrollo científico y la investigación con ligas anímicas a la imaginación, han constituido siempre las veredas que llevan a otros horizontes. Escenarios que el hombre va descubriendo, justo para cambiar su entorno… pero más importante, para reafirmarse como ser creativo. Esa constante “gimnasia del pensamiento” es el puente que comunica a una sociedad… y un tiempo.

¿Qué ciencia se desarrolla en México? ¿Qué investigación? ¿Qué tecnología?...

Nuestra cultura es la causa del vacío. Más bien nuestra incultura. El sistema educativo falló. Es deber nacional reconocerlo y nadie lo ha hecho. Hoy nos corresponde proponer cambios radicales al ritmo, tónica, forma y profundidad de nuestra enseñanza. El sector productivo también ha fracasado de forma escandalosa. Gastamos entre 10 y 15 millones de pesos en preparar a un científico y lo condenamos a ingresos de 10 ó 15 mil pesos mensuales o a un subempleo que nos margina a todos, de sus potenciales propuestas, resultados, logros en terrenos de sofisticación a los que nunca llegará. En el mejor de los escenarios (para él o ella), acabarán tomando un posgrado y serán absorbidos en otro país.

No existen mecanismos educativos que nos enseñen a retar a lo existente. Nunca lanzamos a nuestros jóvenes a la aventura de indagar en espacios no vistos. Nuestro conocimiento formal está basado en libros de texto sobre hechos consumados, pero no los forzamos a encontrar cosas nuevas. Decía Benjamin Franklin: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” y yo les diría, mejoro.

Se imaginan dónde estaría nuestra identidad nacional si pudiéramos poner un hombre en la luna. Si desarrolláramos una pastilla para matar al cáncer. Un coche que no tocara el piso. Una semilla de maíz de extraordinarios rendimientos. Un foco que nunca se fundiera. Formas de llegar a nuestro petróleo de aguas profundas o la cura del catarro.

La tarjeta de identidad de los pueblos está íntimamente ligada a su orgullo. El orgullo, ligado a un logro… El logro a un fruto… y me pregunto ¿dónde están los nuestros?

La tarjeta de identidad de los pueblos está íntimamente ligada a su orgullo. Éste, a un logro… El logro a un fruto...

¿Estado fallido, o gobiernos que fallan?

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

Gobernadores, de PRI, PAN o PRD, son virreyes y dueños en sus estados
No existe poder capaz de una sanción ejemplar a malos gobernantes

Todo indica que asiste la razón a quienes argumentan que es un despropósito señalar como “fallido” al Estado mexicano. ¿Por qué?

Porque en efecto, el Estado en su conjunto es mucho más fuerte que los flagelos que pretenden debilitarlo; por más peligrosa que sea la violencia, por más desbordados que se encuentren los cárteles criminales y de la droga, por más incapaces que sean las instituciones responsables de la seguridad y de impartir justicia. En el fondo, el Estado es más que un todo —el conjunto institucional, los tres órdenes de gobierno, los tres poderes, los sectores político, económico y social—, es la suma de sus partes.

Pero muy pocos de quienes defienden la fortaleza del Estado ante los embates que intentan debilitarlo, se han ocupado precisamente de la salud de esas partes; en especial de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión. ¿De qué estamos hablando?

En el primer caso, el de los gobiernos municipal, estatal y federal, muy pocos estudiosos han advertido de la feudalización resultante de la llamada “pluralidad democrática” en el poder, de que a la fragmentación del presidencialismo resultante de la caída del PRI, y nos paramos frente a un barril de pólvora que —para efectos prácticos—, estimuló el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico.

Es decir, que con la desaparición del eje articulador del poder presidencial en manos del PRI —que era vertical, autoritario, pero al tiempo controlador de municipios y gobiernos estatales—, y con la llegada al poder de gobiernos azules o amarillos a municipios y entidades federativas, se creó el clima ideal para la coagulación territorial en feudos tricolores, azules o amarillos, lo que a la postre permitió el control regional de las bandas del crimen organizado.

Si en los tiempos de la hegemonía del PRI en los tres órdenes de gobierno las bandas criminales negociaban con la cabeza de la pirámide, hoy los barones del crimen y la droga lo hacen —para poner un ejemplo a nivel estatal— con un alcalde tricolor, con el gobernador amarillo y con diputados azules del Congreso local. La pluralidad en los tres órdenes de gobierno no sólo fracturó la vieja estructura del poder presidencial vertical, en donde el presidente de la República mantenía el control total, sino que facilitó la negociación criminal por regiones.

Y es que a partir de la llegada de los gobiernos del PAN y PRD en los niveles municipal y estatal, no pocos de esos gobiernos —y claro, con ello los congresos locales, las comisiones de derechos humanos, de transparencia, etcétera—, se convirtieron en verdaderos virreinatos en donde la cúspide del poder es el gobernador en turno —sea tricolor, azul o amarillo—, los cuales no obedecen más a dictados del centro y menos del Presidente de la República —aunque sea de su propio partido, el azul—, al grado que son dueños y señores de todo lo que pasa en su entidad.

No pocos de esos virreyes tricolores, azules o amarillos han pactado con el crimen organizado —en el mejor de los casos—, mientras que otros tantos están sometidos por el poder fáctico de los criminales organizados y el narcotráfico, que compra, corrompe, financia, seduce y, como resultado, somete. ¿Cuántos gobernadores, alcaldes, diputados locales, federales, senadores, le deben sus cargos al narcotráfico. ¿A cuántos financió el crimen organizado para acceder al poder? ¿Cuántos otros llegaron a los gobiernos ya como caballos de Troya de azules, tricolores o amarillos?

Lo cierto es que bajo las actuales reglas que regulan la operación del Estado mexicano, no existe ningún contrapeso, control, sistema de vigilancia y sanción hacia los gobernadores. Son virreyes absolutos, dueños de vidas, carreras y fortunas; son capaces de cualquier acuerdo, negociación, pacto, que lo mismo puede convertir tal o cual entidad en el reino del crimen, que puede transformarse en la entidad que con más fuerza combate a esos flagelos.

¿Cuántos gobernadores —además del caso escandaloso de Mario Villanueva— han sido enjuiciados por sus incapacidades, dilates, malas gestiones, vínculos con criminales organizados y narcotraficantes? ¿Cuáles son las reglas constitucionales —además del ineficiente juicio político— para sancionar a un mal gobernante; sea alcalde, gobernador o presidente de la República?

El problema no parece quedarse en un Estado fallido —a partir de la incontenible ola criminal—, sino que va mucho más allá; parece estar en la incapacidad del Estado para impedir los feudos políticos y de gobierno, que se traducen en feudos del crimen y en islas donde reina y florece la impunidad, los gobiernos fallidos.

Sólo los mejores candidatos

María Elena Álvarez de Vicencio
malvarezb@diputadospan.org.mx
La Crónica de Hoy

En nuestro país nos preparamos para una elección “intermedia” que tradicionalmente no despierta un gran interés en los ciudadanos, como sucede cuando se elige al Presidente de la República. Esto se debe a que no hay una clara conciencia del papel de los legisladores y se desconoce cómo impactan e influyen las decisiones de la Cámara en la calidad de vida de los mexicanos. Los partidos políticos tienen la gran responsabilidad de presentar candidatos a diputados que con su desempeño garanticen que el trabajo del Poder Legislativo sea, ante todo, para bien del país y de todos lo mexicanos y no sólo en beneficio de ciertos grupos.

Algunos ciudadanos que no militan en ningún partido, pero que sí están interesados en la política, sostienen que los partidos no son los mecanismos adecuados para la postulación de candidatos y plantean que sean los propios ciudadanos los que directamente postulen, o se propongan, para cualquier candidatura. Afirman que “la partidocracia” no beneficia al país.

Los que así opinan no explican quién financiará las campañas de los ciudadanos independientes o a qué intereses particulares o de grupo responderían esas candidaturas y si como candidatos o funcionarios no se comportaran adecuadamente ¿quién respondería por ellos, a quién se le reclamaría, quién los llamaría a cuentas?

Nuestra democracia se sustenta en un sistema de partidos y si hay algo o mucho que no satisface, o no le conviene al país, la solución no está en desaparecerlos sino en reformarlos y exigirles estricto apego a la ley.

Cada partido es un fragmento de la sociedad y los ciudadanos deciden afiliarse al partido que con sus postulados respondan a sus necesidades y formas de pensar. Es conveniente que haya varios partidos para que todos los ciudadanos se vean representados en la doctrina que sustentan y en las políticas públicas que proponen aplicar para resolver los problemas que nos aquejan. La pluralidad es positiva, pero no conviene que sean muchos los partidos porque en la práctica no hay tantas doctrinas ni formas de resolver los problemas de la sociedad y sucede que varios partidos proponen casi lo mismo y sus propósitos responden sólo a intereses personales, familiares o de grupos.

Las personas que los partidos propongan como candidatos deberán reunir todos los requisitos legales además de capacidad, experiencia, ética y deseo de servicio para que los ciudadanos tengan la seguridad de que cumplirán satisfactoriamente con las responsabilidades del cargo para el que resulten electos. Los partidos están obligados a dar certeza a los electores de que sus candidatos son garantía de honestidad, ética y capacidad para trabajar por el bien de México.

Tenemos en el país vecino del norte un ejemplo sobre esto. El candidato ganador en Estados Unidos logró su triunfo porque fue reconocido como un hombre caritativo, padre y esposo amoroso, político honesto, vecino cooperativo y ciudadano comprometido. Aceptó su inexperiencia política y se propuso suplirla invitando a su gabinete a personas de experiencia. La ciudadanía le entregó su voto de confianza porque tiene una vida transparente que todos conocen, congruente con su forma de vivir y trabajar. No hizo promesas deslumbrantes que no pudiera cumplir y puso énfasis en pedir la cooperación de todos los ciudadanos.

Si para un gobernante de quien sus electores dicen que es un magnífico ser humano, bien intencionado, talentoso y con un equipo de colaboradores de gran calidad, que comparten sus cualidades y el empeño por hacer un buen gobierno, no les será fácil cumplir su encargo, pensemos ahora qué pudiera pasar si el funcionario que fue electo no reuniera estas cualidades.

Por eso es necesario ofrecer a los ciudadanos candidatos que garanticen un comportamiento intachable y que obtengan resultados satisfactorios para los electores.

Los partidos tienen Códigos de Ética que los funcionarios electos o designados se comprometen a cumplir. Los ciudadanos deben conocer estos códigos y exigir y vigilar que sus representantes los cumplan y en caso contrario reclamarlo y denunciarlo.

La política deberá ser regida por la ética y por la responsabilidad personal que tendrá que llegar hasta la generosidad.

Acción Nacional como partido del Presidente tiene una mayor responsabilidad en esta elección y en el desempeño de sus funcionarios. El presidente Felipe Calderón así lo considera. Recordemos unas frases que pronunció en 1996 cuando compitió por la jefatura del partido:

“No hemos recorrido el largo viaje para darle a México un nuevo espectáculo de lucha de apetitos por el poder público. No hemos enterrado a quienes nos precedieron en la tarea ni se ha ofrendado tanto esfuerzo sólo para darle a nuestro México modelos políticos incapaces de generar reformas de fondo”.

“Queremos llegar al poder sí, pero sólo para hacerlos trascender. Queremos que el partido sea corresponsable del éxito de nuestros gobiernos y que nuestros gobernantes panistas tengan plena conciencia de lo que significa enarbolar la bandera de Acción Nacional. Nos proponemos que la conducción política del PAN genere acompañamiento respetuoso, constructivo y objetivo a nuestros funcionarios, comunicación intensa y apoyo político a nuestros gobiernos”.

“Para nosotros el poder es un medio, no un fin en sí mismo. No galardón de concupiscencias personales, sino herramienta de cambio, un instrumento valioso para la salvación de México”.

Los spots de la ira

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Sus promotores en el Congreso admiten que el engendro en vigor, plagado de imprecisiones, es una especie de borrador, pero que la ley electoral “definitiva” (la que regirá las elecciones de 2012) será “mucho mejor”.

Lo cierto, sin embargo, es que mucho menos peor era la ley anterior, hecha trizas por el rencor, la venganza y el oportunismo de los partidos grandulones: el PRD, por la frustración de haber perdido la elección presidencial; el PRI, por echar a los consejeros dizque “gordillistas”, y el PAN por sacar adelante la reforma fiscal.

Haiga sido como haiga sido, el esperpento que regula hoy la contienda electoral es lo que dio pie al desgreñe que se traen partidócratas contra mediócratas, a causa de los antipopulares spots que se transmitieron en las dos principales cadenas televisivas, interrumpiendo los partidos de futbol.

La Ley Federal Electoral y su reglamento de radio y tv en materia electoral se prestan a diversas y encontradas interpretaciones, de suerte que su aplicación hace temer que aumente el desencanto de los votantes hacia los políticos.

Sus detractores en los partidos y el Congreso achacan a la telecracia todos los males, a sabiendas de que los 24 millones de spots con que se despacharán de aquí al 2 de julio son peores que los más infames programas de cualquier canal.

Y así como chillaron por la transmisión cada hora de los vomitivos comerciales políticos, el gimoteo de ayer se dio porque durante ocho deportivas horas no se difundió ningún spot.

No obstante, según declaró el consejero Virgilio Andrade a la reportera Angélica Mercado, “es un avance que no se interrumpan los partidos de futbol; eso nos regresa a cierta normalidad…”.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, había considerado “conductas atípicas” las interrupciones de los juegos. Tan “atípicas”, le faltó acotar, como las generalidades que borbotean en el reglamento, por ejemplo:

De la asignación de tiempos, horarios y duración de los mensajes. 1.- Desde el inicio del periodo de precampaña electoral federal y hasta el término del día de la jornada electoral, el Instituto administrará 48 minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario de programación comprendido entre las 06:00 y las 24:00 horas...

El “por cada hora” sugiere por igual que las televisoras hicieron lo correcto al interrumpir los partidos de futbol; que pudieron administrar los spots para transmitirlos cada 45 minutos, o que debieron difundirlos cada hora y media.

Para beneficio de los televidentes, los electores y la democracia, la ley “definitiva” que venga debe contemplar que los 48 minutos diarios de basura electorera pasen (y hasta se repitan), pero de corrido… entre las dos y cuatro de la mañana.

El padre Maciel, la intolerancia y la legalidad

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

La confirmación de que el padre Marcial Maciel tuvo por lo menos una pareja y un hijo, si bien no constituye la confirmación de los abusos de los que fue acusado desde hace años por varios antiguos integrantes de la orden de los Legionarios de Cristo, sí demuestra que la entereza que se pregonaba para defender a Maciel de esas acusaciones era, por lo menos, infundada.

La información, que publicó originalmente The New York Times, no fue desmentida por el vocero de la orden y su director ejecutivo, Álvaro Corchera, está recorriendo los distintos países en donde los Legionarios tienen presencia para explicar la situación. En los hechos, no sólo es una derrota, en muchos sentidos, de Maciel, acabadas ya definitivamente sus ambiciones (o la de un grupo de sus seguidores) de poder trascender, sino también lo es de quienes, cuando se presentaron las denuncias originales sobre distintos tipos de abusos, prefirieron acusar de un complot contra la orden y su fundador a las víctimas y a quienes se hicieron eco de ellas sin reflexionar ni investigar sobre la verosimilitud de las denuncias. Hace una década la respuesta fue cerrar el debate, la información, la discusión sobre el tema. Hubo enormes presiones, políticas, económicas y sociales, para que no se siguiera avanzando en la discusión.

Las conspiraciones algunas veces existen, otras se trata, simplemente, de una conjunción de hechos que se concatenan y se alimentan recíprocamente. Las acusaciones contra el padre Maciel no eran parte de una conspiración ni en su contra ni contra los Legionarios de Cristo, que tiene numerosos miembros dignos de su fe. Era una denuncia basada en el dolor y la indignación de hombres que habían creído en un liderazgo que simplemente había abusado de ellos. En última instancia se trataba de un capítulo más del aprendizaje que debemos adoptar como sociedad, de la necesidad de una mayor tolerancia, más comprensión y mejor búsqueda de diálogo. En una encuesta que publica la revista Nexos este mes, no deja de ser francamente preocupante que, por ejemplo, más de un tercio de la población considere a un político conciliador como un traidor. Sería absurdo si no fuera una realidad.

Y con esa intolerancia va de la mano, también, la aceptación de la mentira o la ilegalidad como parte de objetivos personales, políticos o de grupo. Eso es lo más grave del caso del padre Maciel: sus abusos y errores son personales, pero para defender una organización, una visión de la vida y de las cosas que no tendrían por qué verse afectadas por las culpas y los daños causados por uno de sus integrantes, se ejecutó una defensa a ultranza del mismo que ha terminado, ahora, dañando a todos, a las víctimas y a quienes defendieron al victimario.

Y ello se repite una y otra vez en nuestra vida cotidiana como sociedad: López Obrador vuelve a violar la ley, en este caso la de su partido, y nadie osa exigirle que cumpla con ella. Hace propaganda por otros partidos y los dirigentes del PRD dicen que “no están locos” como para exigirle que cumpla con las normas internas. Si no se lo exigen a él que fue su presidente nacional y su candidato presidencial, ¿con qué autoridad moral se lo pueden exigir a cualquiera de sus militantes? Ya lo habían hecho antes cuando se defendió a López Obrador cuando fue candidato al DF, pese a que no cumplía con los requisitos legales para serlo. Lo denunciaron en su momento los propios perredistas, pero se llegó a un acuerdo político para violar la ley y permitirle competir. Se volvió a presentar la situación cuando fueron los videoescándalos o después el desafuero: era evidente que en el primer caso López Obrador había, por lo menos, tolerado las violaciones a la ley de su equipo más cercano y, en el segundo, que él mismo no había acatado una orden de la propia Suprema Corte. Violó la ley y quedó impune, y lo consiguió con un discurso desafiante e intolerante, sin que mediara ni siquiera un reconocimiento de sus errores. Si esos son los líderes, ¿por qué entonces le podemos exigir a la gente que actué de otra manera?

Se podrá decir que esas normas no se adaptan a la realidad, pero entonces lo que se debe demandar es que se modifiquen las reglas, mas no que se las viole con impunidad y que esa violación sea defendida por los mismos que condenarían por esos mismos hechos a sus adversarios.

El caso del padre Maciel también es reflejo de ello. Humanamente se puede comprender, por ejemplo, que haya tenido un amorío y concebido un hijo (por supuesto que no los abusos denunciados con anterioridad), pero, ¿no se debería entonces, antes de tratar de ocultar los hechos o de defender una norma, el celibato, cada día más alejada de la realidad, revisarla? A fines de los años 70 fue célebre el caso de un grupo de monjas belgas que fueron secuestradas y salvajemente violadas en el Congo. Quedaron embarazadas y se les autorizó, en esos años, a realizarse un aborto. ¿Por qué condenar a una mujer que sufre una violación y no desea tener a ese hijo? La Iglesia no acepta el divorcio, sin embargo todos sabemos de una enorme cantidad de parejas que han obtenido la disolución de su vínculo religioso mediante diferentes gestiones ante la Rota Romana. ¿Por qué no aceptar que no necesariamente una pareja puede durar toda la vida, sin que ello viole algún principio de fe?

Lejos de los linchamientos y de los autos de fe (que también se practican fuera de las distintas religiones) el caso del padre Marcial Maciel debería servir para que reflexionemos, todos, sobre los límites de la tolerancia, de la aceptación del otro, del respeto a las leyes y las normas, de los daños del integrismo. Y, sobre las defensas a ultranza de personajes que en muchas ocasiones sencillamente se equivocaron, fallaron, a los suyos y a los otros.

República patética

Leonardo Curzio
Analista político
El Universal

Más que un Estado fallido, me parece que nos encontramos frente a una República patética. Patética en el sentido más literal de la palabra y República en el sentido etimológico de la misma. Carecemos, al parecer, de un cuerpo de valores que nos permitan articular algo que los teóricos del poder llaman la voluntad nacional. No existe posibilidad de desplegar grandeza en un país dominado por los intereses inmediatos o, como los llamaba Ortega y Gasset, el particularismo.

Cada quien lo suyo. La sabiduría salomónica preconiza que frente al dilema de dividir a un hijo en dos mitades, la verdadera madre optará siempre por su sacrificio y la salvación del hijo. La capacidad de sacrificio es patrimonio de quienes tienen sentimientos superiores a sus intereses inmediatos. La constante en esta República ha sido la defensa de los particularismos y que parta el hijo.

No quiero asumir el papel del “ciudadano impecable” que desde la columna periodística acusa a todos de no hacer lo que les corresponde, ya hay muchos (as) que juegan ese papel de plañideras profesionales. Lo que no puedo es evitar constatar que ante la crisis que vivimos y que amenaza con destruir el patrimonio de millones y hacer retroceder varios años la lucha contra la pobreza y la desigualdad, los diferentes grupos que integran las fuerzas económicas y políticas parecen más interesados en una combinación de “sálvese quien pueda, pero yo primero” y “me alegro de que sea una grave crisis porque ya se los había dicho”.

No quiero detenerme en esa declaración de ultratumba de Joaquín Gamboa Pascoe, diciendo que la reforma laboral no pasa por la renovación del sindicalismo corrupto y vetusto. Tampoco me quiero detener en quienes hoy están especulando contra el poder adquisitivo del peso, pero tampoco puedo cerrar los ojos ante tamañas felonías. Más que un Estado fallido, somos una República de la que es lícito extraer, es decir mamar, lo que se pueda y hasta donde se pueda.

No quisiera extenderme tampoco en la actitud desafiante de las televisoras que vuelven a demostrar que el único México que les preocupa es el suyo. Pregonan la cultura de la legalidad, pero cuando son llamadas a capítulo, entonces es lícito hacer escarnio de la autoridad. ¡Qué tiempos, qué costumbres!

No quisiera tampoco extenderme en el patetismo de un sector empresarial acostumbrado a vivir en gran medida de las exenciones fiscales, pedir más apoyos: ¿en qué país del mundo los ciudadanos piden que se derogue un impuesto de control por el que pagan, en principio, menos de 10 puntos porcentuales que el Impuesto Sobre la Renta? La respuesta es simple y luminosa: siempre han pagado tipos inferiores o han utilizado el fisco para pagar sus coches, sus comidas, sus viajes, sus regalos. ¿De qué otra manera se podría entender el lloriqueo contra el IETU? Eso sí, todo revestido de un discurso de emergencia.

¿Qué hace una República cuando sus ciudadanos más acaudalados en vez de dar, exigen apoyo; en vez de innovar, reclaman subsidios al diesel? Allí no les preocupa la violación de las leyes del mercado. El drama de México estriba en la inveterada incapacidad para tener un propósito común. Son 200 años de vida independiente y nos comportamos como si fuéramos colonizadores recién llegados, no como ciudadanos de este país. Entiendo que un sector de las élites sigue pensando que su solución en el fondo es emigrar a Miami o San Diego, ¿pero acabarán aceptándonos a todos?