febrero 25, 2009

Políticos jugando con el narcotráfico

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Una de las consecuencias menos deseables de la actual coyuntura de seguridad pública que estamos viviendo es una partidización lamentable del tema. La seguridad es, por supuesto, un capítulo de la agenda política, pero si estamos ante un desafío mayor que involucra autoridades federales, estatales y municipales, la división y las recriminaciones recíprocas son el mejor modelo para llevar esa batalla al fracaso.

Los últimos días han demostrado que nuestra clase política no parece estar preparada ni siquiera para los papeles que ella misma se ha otorgado. Los errores surgen de todas partes: Gerardo Ruiz Mateos, con su declaración parisina, ligera y sobre todo desafortunada por especulativa, que ahora desde ciertos ámbitos oficiales se quiere dar por buena e incluso el presidente del partido parece refrendarla al decir que son los gobernadores priistas quienes no han apoyado la lucha contra el crimen organizado. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, al asegurar que lo que sucede es lo contrario: que el gobierno federal “ha dejado solo” al de su estado y por ello la ola de ejecuciones y el atentado contra el gobernador José Reyes Baeza, que intentó ser minimizado hasta convertirlo, casi, en un incidente vial, como si un enfrentamiento entre su custodia y un comando de sicarios en el que participaba por lo menos un ex militar y que dejó muertos y heridos, pudiera ser minimizado. En el PRD reclaman mayor firmeza del gobierno federal en la lucha contra el crimen, mientras no dicen ni una palabra de que un ex funcionario de López Obrador esté detenido por su participación en el asesinato de un general y que el alcalde con licencia de Ixtapaluca, Mario Moreno Coronado, esté arraigado por colaborar con el narcotráfico.

Todos están equivocándose: no es verdad, como dice el presidente nacional del PAN, que los gobernadores priistas no colaboran en la lucha contra el narcotráfico. Algunos lo hacen, otros prefieren no involucrarse, otros juegan con diversas cartas simultáneamente. Pero lo mismo sucede con los gobernadores panistas y los perredistas. Y la situación se pone aún peor cuando bajamos a los ámbitos municipales. Si no se comprende que la corrupción o la intimidación derivada de la delincuencia organizada no respeta banderas partidarias ni ideologías, no podemos entender el tipo de fenómeno que estamos enfrentando.

Se equivoca Duarte al decir que el gobierno federal ha dejado solo al de su estado o a cualquier otro. La administración de Calderón podrá haber cometido muchos errores pero ninguno ha pasado por abandonar una sola entidad del país en la lucha contra el narcotráfico. El problema es otro: no existen fuerzas federales suficientes para atacar el problema en forma integral y los partidos han bloqueado la posibilidad de contar con una policía federal centralizada. Pero tampoco se han asumido a nivel estatal y municipal los compromisos integrales requeridos.Volvamos a Ciudad Juárez: hace unos meses, la enorme mayoría de sus policías no pasaron las pruebas de control de confianza. Llegó un nuevo mando, un mayor retirado del Ejército, que comenzó a poner orden en la corporación y a hacerla operativa. Esta misma semana tuvo que renunciar, por las amenazas del narcotráfico. Viendo las cosas desde otro espectro partidario, en Cancún, en un municipio gobernado por el PRD, a uno de los generales más preparados para este tipo de tareas lo asesinaron a unas horas de ser presentado oficialmente y de ello se encarga una banda dirigida por el secretario de Seguridad Pública municipal. Esos hombres fueron enviados por la Federación, ha habido apoyo, incluso sin reciprocidad. Pero sabemos que, con el actual esquema de seguridad y los huecos que se han dejado en términos legales, cumplir con ello resulta por lo menos difícil.

Me preocupa más la lectura que se quiere dar ahora a la famosa frase de Ruiz Mateos en París sobre un hipotético futuro mandatario proveniente del narcotráfico. Creo que el secretario de Economía se equivocó: su papel y su responsabilidad pasan por otros andariveles claves para el futuro del país, sobre todo en medio de la crisis económica internacional más importante en décadas. Tampoco es para crucificarlo por esa declaración. Pero resulta peor que ahora se deje trascender que en realidad no fue un error sino una apreciación real. Claro que la misma existe, tanto como que en el futuro tengamos como presidente a un buen samaritano (sin duda está más cercana la primera opción), pero el problema radica en que en política no se puede, a esos niveles, especular. Y a eso se suma que existe una maniobra muy evidente. Hace algunos meses, el ex presidente Fox volvió a rescatar la vieja acusación de que Manlio Fabio Beltrones habría tenido alguna relación con el narcotráfico, a partir de acusaciones que venían, a su vez, del tristemente célebre periodo de Chapa Bezanilla en la PGR y reproducidas en una serie de reportajes en The New York Times que les valió a los autores un Premio Pulitzer otorgado con ligereza, y también una demanda presentada por Beltrones en Estados Unidos que éste ganó y los autores perdieron. El hecho es que no existe prueba alguna de que el actual coordinador de los senadores priistas haya tenido alguna relación con el narcotráfico, sencillamente no es verdad y las autoridades, de aquí y de Estados Unidos, lo saben. La pregunta entonces es por qué volver a resucitar ese fantasma y la respuesta es electoral. Con una adición: en varios sectores del panismo, a quien ven como su verdadero adversario en el PRI es a Beltrones. Y quieren ajustar cuentas con él desde ahora. Le están dejando un espacio de operación cada vez mayor y al atacarlo sin fundamento están haciendo crecer a quien consideran, con o sin razón, su principal adversario.

Preparémonos para el PRI

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

La pregunta hoy no es si el PRI va a ganar las elecciones de julio, sino si lo hará con un margen tal que le permita alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Es una pregunta que se hacen en el PAN, en Los Pinos y, claro, en el PRI.

Consciente de que las encuestas los tienen 10 puntos abajo, el líder del PAN, Germán Martínez, debe pensar que es buena idea recordarle a los ciudadanos algo por lo demás cierto: la tragedia de la inseguridad es una herencia de los gobiernos del PRI. Los priistas, con las mismas encuestas en la mano, le ordenan que deje de decir estupideces.

Esta vez fue Jesús Murillo Karam, secretario general tricolor, el encargado de tirar el golpe, pero pudo haber sido cualquiera. Lo más notable del PRI tras la vapuleada del 2006 ha sido su capacidad para mostrarse como un grupo macizo, sin pleitos internos significativos. La presidenta Beatriz Paredes ha hecho en ese sentido una gestión de excelencia. Y Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa se han encargado de labrar una imagen de serenidad, experiencia, eficacia y poder.

El resto ha sido labor de los gobernadores, que manejan con una maestría que da miedo su poderío político. No solucionan problemas sociales, enflaquecen frente al crimen, pero no pierden una elección. Llámense Aguilar, Moreira, Hernández, Marín, Herrera, Ruiz…

Y hay algo más. Los priistas parecen llegar al 2009 en el entendido de que, por el momento, no hay más candidato para el 2012 que el mexiquense Enrique Peña Nieto. Es decir, no están distraídos en el mortífero juego de la sucesión. Por el momento.

Cincuenta y ocho por ciento de los votos en 1991; 48.6 en 1994, ¿42.3 en 2009? Vaya si hay vida después de Madrazo y Montiel.

Preparémonos para verlos de regreso.

Testigos protegidos

Alfonso Zárate
Usos del poder
El Universal

Para Adriana

La idea de aprovechar el conocimiento que tiene un delincuente de los integrantes de su banda, su modus operandi, su estructura jerárquica y sus redes de complicidad con el poder político puede abreviar tiempos en una investigación criminal, pero está cargada de riesgos.

La reforma constitucional de junio de 2008 sustentó la figura de “testigos colaboradores”: “La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada”.

En sintonía, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece la figura de “testigo colaborador”, denominación que se da a quien contribuya en la investigación de algún delito, aun cuando el mismo hubiera sido copartícipe; entre los beneficios que puede lograr está la reducción de sus penas o, incluso, el beneficio de la libertad preparatoria o la libertad condicional. Los “colaboradores” pueden alcanzar la condición de “testigos” y obtener la protección de las leyes y del Ministerio Público.

La posibilidad de obtener una reducción sustancial de la pena aplicable a cambio de incriminar a sus cómplices y/o protectores es muy tentadora. Por ello, incentiva a los delincuentes a lanzar imputaciones, reales o inventadas, para alcanzar esos beneficios legales. Pero no es el único riesgo; también abre las puertas a las revanchas: la posibilidad de golpear con sus acusaciones a quienes los persiguieron y metieron a la cárcel. En un medio en el que abundan los fanfarrones, muchas veces ni siquiera refieren hechos que les consten sino que hablan de oídas, cuentan lo que escucharon de otros.

Otro riesgo no menor es la posibilidad de que esas incriminaciones sean inducidas —“fabricadas”— para saldar conflictos internos: golpear a un adversario dentro de la propia institución.

La experiencia reciente tiene más oscuros que claros. Como parte de la Operación Limpieza, mandos superiores de las instituciones encargadas de combatir a la delincuencia a nivel federal han sido arraigados y algunos, como el ex titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, sometidos a proceso luego de un arraigo de 80 días, con evidencias muy endebles, denuncias inconsistentes de testigos colaboradores y ninguna prueba “dura”.

Basten dos ejemplos: el acusador anónimo refiere un encuentro con Ramírez Mandujano en un restaurante, pero en una fecha en que el funcionario se encontraba viajando hacia Estados Unidos, en comisión de trabajo; en otro caso, uno de los supuestos testigos ingresó a trabajar al restaurante donde habría ocurrido el evento en una fecha posterior a los hechos que dice haber presenciado.

En los últimos meses se han publicado denuncias estridentes por parte de delincuentes confesos, como la supuesta “fiesta” en la casona del Desierto de los Leones en la que el comisionado Édgar Garay habría organizado, delante de todos sus hombres, el desenfreno. Se han hecho acusaciones inverosímiles que, no obstante, son desplegadas en los medios: Víctor Hugo Martínez, traficante de drogas y confeso de sobornar a funcionarios, ha declarado que adquirió, por cuenta de su jefe, a quien identifica como El Patrón, yates y residencias para regalar a Genaro García Luna y a Facundo Rosas. Una elemental prudencia llamaría a tomar con reservas las declaraciones de estos personeros.

Se ha dicho para justificar la figura del “testigo colaborador” que, ante la posibilidad de acusaciones infundadas, un hábil abogado defensor podrá impugnarlas y, en su momento, las desecharía el juez, escenario lastimoso. ¿Qué ocurrirá si, al final de un largo proceso, un juez decreta la libertad por falta de méritos de los funcionarios denostados? ¿Será suficiente un “usted disculpe” para reparar los daños morales causados a ellos y a sus familias?

La urgencia de dar resultados es mala consejera. Instrumentos diseñados para encarar situaciones excepcionales están siendo abusados: en sólo un año, de 2007 a 2008, ha crecido en 700% el uso del arraigo, una figura jurídica fuertemente criticada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el reciente examen al gobierno mexicano; nuestras autoridades se comprometieron a revisar esa herramienta y su compatibilidad con estándares internacionales.

Algunas acciones espectaculares —como el arraigo y ulterior consignación de funcionarios de alto nivel— pueden resultar un fiasco, “palos de ciego” que, al final, vulneren más a instituciones endebles, desprestigien a la autoridad, lastimen a funcionarios honestos y lesionen seriamente el espíritu de cuerpo que debe prevalecer en las corporaciones policiales.