marzo 03, 2009

Paco Calderón

Plataforma panista

Javier Corral Jurado
Profesor de la FCPyS de la UNAM
El Universal

La plataforma que Acción Nacional registró en el IFE, como la propuesta básica de su acción en la nueva Cámara de Diputados, contiene definiciones relevantes que han escapado a los medios. El documento es fruto de la deliberación de los órganos directivos del PAN, fundamentalmente de su Consejo Nacional, que en noviembre hizo un balance franco de la situación política del país, y desde el cual partieron propuestas que se concretaron el pasado 14 de febrero en la plataforma 2009-2012.

La condición de AN como partido gobernante hace que su plataforma tenga una mayor significación, sobre todo a la mitad del sexenio de l presidente Felipe Calderón, pues se trata del programa que debe orientar la acción de sus futuros legisladores. En comparación con los documentos que registraron el PRI y el PRD, la del PAN se constituye en un listado puntual de propuestas de reformas en 109 apartados temáticos, sin vacilar en llamar a las cosas por su nombre. Está ahí una respuesta clara a exigencias sociales y a una inquietud de la militancia panista por consolidar el cambio democrático de las estructuras políticas y económicas de la República.

Las definiciones sobre las que por ahora me interesa llamar la atención son aquellas que se refieren y vinculan al combate de los monopolios, y a la democratización y una mayor competencia en las telecomunicaciones y la radiodifusión.

En el capítulo de economía quedó asentado: las prácticas monopólicas, la dominancia en servicios o zonas geográficas y, en general, los fenómenos de concentración ocasionan precios excesivos para consumidores y para empresas que dependen de sus insumos.

Por ello, las y los diputados de AN tomarán las medidas necesarias, como el fortalecimiento de la Cofeco y las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, para fortalecer la ejecución de una política antimonopólica decidida e inteligente que permita proteger al consumidor e incrementar la competitividad nacional, al bajar los precios de insumos básicos y facilitar así la creación de cadenas productivas, y en el caso de servicios concesionados por el Estado, una mayor presencia de nuevos operadores.

Este compromiso de AN deriva en abrir sectores donde la dominancia o los altos niveles de concentración de espectro imponen barreras infranqueables a la entrada de nuevos competidores. El desarrollo de las telecomunicaciones es uno de ellos, si queremos fomentar el crecimiento económico, la competitividad, la creación de empleos, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de nuestra democracia.

La plataforma panista propone fortalecer a la Cofeco con modificaciones legales a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, que garanticen la vigencia de la rectoría del Estado sobre las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, su función social, la libre concurrencia, la competencia efectiva, así como el fortalecimiento de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Además, estas reformas deberán incluir los derechos de las audiencias y de los usuarios, el impulso a la interconexión con tarifas justas y competitivas, un marco eficiente para lograr la transición tecnológica, el reordenamiento de los medios públicos, las radios comunitarias e indígenas y el fortalecimiento de la autonomía, capacidades y funciones de la Cofetel. Adicionalmente, se promoverá el acceso a la sociedad de la información sobre un estado de derecho y garantizando el acceso en condiciones de igualdad.

En México no hay mecanismos legales que den seguimiento y obliguen a cumplir las ofertas de candidatos y partidos. La falta de esa vinculación hace que los ciudadanos se muestren escépticos, y que la oferta programática pase a un segundo plano en los medios. Sin embargo, las plataformas están ahí y deben ser examinadas, comparadas, como referentes de un compromiso ético que no pueden seguir posponiendo los partidos en su promesa con los electores.

La del PAN es una plataforma que atiende la realidad; lejos de la autocomplacencia, se compromete con acciones legislativas profundas y en varios asuntos, incluidos los de libertad de expresión, derecho a la información y la libertad de prensa; se coloca muy por encima de la propuesta de los dos principales partidos de oposición. Eso también hay que decirlo cuando objetivamente se estudian los tres documentos.

El desastre aéreo (I)

Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio

Del movimiento y culto, han pasado al cultivo. Florestán

Al accidente, fatal, del Learjet 35 de la Secretaría de Gobernación en el que perdió la vida Juan Camilo Mouriño y 13 personas más, siguió la oportunidad de reordenar el sector aéreo del gobierno, que es un desastre, rehén de la anarquía, la corrupción y las vanidades.

Aquella tragedia del 4 de noviembre pasado dejó ver la descomposición de la flota aérea oficial, prisionera del soborno y de las pretensiones de los altos cargos del gobierno.

La investigación confirmó los intereses que dominan en este sector en la compra de los aparatos, su mantenimiento y contratación por parte del sector público y su manejo; con una Dirección General de Aviación Civil disminuida hasta el punto de anularla, a raíz de la modernización de la administración de gobierno arrancada en el salinismo y cuyas secuelas se sufren hoy.

En tiempos de Miguel de la Madrid (1982-1988) y ante el desastre heredado en el manejo de los aviones oficiales durante la gestión de su antecesor José López Portillo (1976-1982), se creó la Unidad de Transporte Aéreo para Ejecutivos Federales (Utapef) que, coordinada por el Estado Mayor Presidencial, agrupó bajo un solo mando todos los aviones del Poder Ejecutivo federal, los de las empresas descentralizadas incluidos.

Fue un primer intento de ordenar aquel caos en el que los altos funcionarios y sus familias utilizaban los aviones de gobierno como particulares para ir de vacaciones y en viajes personales, sin tener que rendir cuentas a nadie. Entonces el gobierno federal contaba con un total de 80 aviones, ahora suman 300.

A Carlos Salinas (1988-1994) lo convencieron del anacronismo que era el que un ente controlara todos los aviones, y desapareció la Utapef con el argumento de que los aviones eran viejos, y todo volvió a ser como antes: aviones públicos manejados como aviones privados, con casos de escándalo.

(Continuará)

Retales

1. PURI. Los expertos, algunos de las fuerzas armadas, que han revisado la carta amenaza contra Luis Téllez, han concluido que la letra es del puño de Purificación Carpinteyro, lo que son malas noticias para ella. Los audios ya deben estar en la PGR, como anunció Fernando Gómez Mont;

2. MISIÓN. El próximo día 20, en Los Pinos, José Luis Soberanes rinde su último informe como presidente de la CNDH. Y a partir de entonces se soltarán las ambiciones, pues su gestión termina el 16 de noviembre. El proceso sucesorio debería irse hasta septiembre, con la nueva legislatura, pero, insisto, la codicia está suelta; y

3. PROYECTO. Si Beatriz Paredes quiere ser diputada, lo será; si quiere ser coordinadora de su bancada, lo será; pero si quiere esto y la presidencia del PRI, no la dejarán. Una u otra es la opción que le han planteado. Ambas no, que elija una, le dijeron.

Nos vemos mañana, pero en privado.

Narco vs.narco

Yuriria Sierra
Nudo Gordiano
Excélsior

Se programan para matar al enemigo. Comandan y planean golpes. Tejen su red y se infiltran en el enemigo para conocer sus debilidades y saber hacia dónde dirigir sus balas, dónde recoger las esquirlas. Vigilan en silencio a su rival para adelantarse a los movimientos y ganar terreno.

Es el retrato de una guerra cualquiera, cuando la fuerza se mide en la cantidad de sangre derramada, en las líneas dibujadas en la pared para contar los muertos que se atribuyen. Pero sobre todo en las plazas conquistadas, en los territorios anexados y el botín que se reparten.

El miedo que provocan y que les da la complicidad requerida para ganar esa guerra o guerras, porque no sólo se tienen que pelear con quienes deben defender al resto, sino con sus “colegas”, con quienes comparten el negocio a la fuerza y, obviamente, de no existir, su andar tendría menos obstáculos y sus arcas serían mucho más cuantiosas. Aunque el negocio “alcanza para todos”, con agradecimiento especial a los vacíos sociales e individuales que no se llenan, existen desde antes de la llegada de la posmodernidad y los hace decir: ¿por qué compartirlo, si yo puedo tenerlo todo?

Son los cárteles del narcotráfico, quienes han sabido sobrevivir a pesar de estar en medio de varias guerras, al menos dos, una contra el Estado —en esa ya re, re y renombrada pelea contra el crimen organizado— y otra contra los cárteles que les pelean el mercado.

Escuchamos a diario, aferrándonos a no acostumbrarnos, los números que cuentan sangre, vidas que cobran la factura de una guerra que no da señales de victoria pero alientan en combate.

Pensamos en esa batalla del narco contra el Estado (o viceversa) donde es claro hacia qué lado señalamos, pero pocas veces hacemos hincapié en la otra (a pesar de ser la verdadera causante de toda la violencia), esa otra: la que es cártel contra cártel, sicario contra sicario, capo contra capo. Algo afortunado, dicen unos, porque así se matan entre sí. Pero la mala noticia es que el exterminio mutuo no parece una posibilidad real: alguien siempre ocupará la plaza.

Y la pregunta es siempre la misma, ¿cómo pueden disparar para tantos lados y cómo pocas veces sabemos el punto de partida de las balas?, ¿cómo se protegen?, ¿cómo han logrado hacer casi su propia república, sus propias leyes y mimetizarlas con las nuestras?

La respuesta es, también, siempre la misma: no podrían hacerlo sin un respaldo de nuestro lado, el lado de la civilidad y de la ley (violada, puesta a su servicio).

Así ocurre en Chihuahua, donde el grupo comandado por El Chapo Guzmán allana las calles de Ciudad Juárez y, con ayuda de jóvenes sicarios, se enfrentan con el cártel que lleva el nombre de esa tan lacerada ciudad donde lo menos que se respira es el derecho al respeto ajeno.

Entre mujeres mutiladas, en todos los sentidos posibles, ejecuciones y enfrentamientos Estado vs. narco también constituye un campo de batalla de esa lucha donde el premio es un título de propiedad ganado con miedo y sangre.

Inevitable resulta pensar en esas conexiones que, entre las autoridades locales de los municipios y de los estados deben existir para que esas luchas puedan realizarse. ¿De qué otro modo podrían hacerlo?

Es claro que, en estas circunstancias, esas algunas autoridades están más vinculadas con el narco que con los pasos que da el Estado a nivel federal para combatirlo. Y eso origina que lo único que se vea y se escuche, como parte de esas estrategias federales, sea el sobrevuelo de los helicópteros y las avionetas del Ejército, eso, como única manera permanente de intentar mediar en una guerra, para poder ganar en la otra…

Ahora sí

Macario Schettino
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

En eso me sorprende un poco la declaración de Agustín Carstens de que dice que el mercado está “subvaluando” el peso. Y me sorprendo porque la gente de Hacienda nunca quiso aceptar que el peso podría sobrevaluarse, en aquellas épocas en que eso ocurría, con el argumento de que bajo un régimen de tipo de cambio flexible no existe ni sub ni sobrevaluación. Aunque ahora sí existe. Bueno.

Le comento que la situación se está complicando mucho a nivel global, no en México. En Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama ha sido extremadamente lento en resolver el principal problema, en términos de urgencia, que es la caída de los activos del sistema financiero. Se dedicaron todo el primer mes de su gestión a sacar adelante el paquete de impulso económico, los casi 800 mil millones de dólares que se aprobaron hace una semana y que le permiten a Obama presentar un inmenso presupuesto para el nuevo año fiscal, pero dejaron de lado el rescate financiero, que es fundamental en tanto que puede detener el flujo de recursos en la economía.

Lo que ha ocurrido es lo siguiente: los bancos y otras instituciones financieras empezaron a tener problemas con su cartera hipotecaria desde mediados de 2006, pero eran problemas razonablemente manejables. Sin embargo, la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre provocó que estos problemas dejaran de ser manejables y se convirtieran en una terrible espiral. Lehman tenía conexiones con todos, y al dejar de cubrir sus obligaciones, todas las grandes instituciones financieras del mundo tuvieron que cubrir ese faltante con recursos líquidos, que no tenían. Al intentar acumular esos recursos, jalaron la cobija, y dejaron al aire a todos los demás. Y cuando todos jalan la cobija al mismo tiempo, la cosa se pone muy complicada.

De septiembre a fines de enero el sistema bancario de Estados Unidos había perdido dos terceras partes de su valor, pero sobre todo había perdido el activo principal del sistema financiero: la confianza. Al no saber quién si puede pagar y quién no, al perder toda referencia, lo que los financieros intentan hacer es acumular liquidez. Pero no existe liquidez suficiente para cubrir los activos. No existe ahora, ni nunca. Es una característica propia del sistema financiero: el dinero ahorrado se presta, y en ese momento deja de ser líquido, pero le permite al banco obtener un rendimiento. Ese proceso se llama “creación de dinero bancario”, y es perfectamente normal.

Tal vez un ejemplo ayude a comprender esto. Si usted ahorra 100 pesos, el banco se queda con 5 como reserva líquida y presta 95 pesos. Esos 95 que prestó, digamos para un crédito hipotecario, son usados por el cliente del banco para pagarle al vendedor de la casa, que guarda esos 95 pesos en el banco. El banco guarda 5 pesos como reserva y presta 90 a un cliente. Mire lo que ha pasado: usted tiene 100 pesos en su cuenta, el vendedor de la casa tiene 95 pesos. Hay ahora 195 pesos en la economía, partiendo de los 100 que usted tenía. Si de pronto el banco quiere cubrir sus activos con efectivo, lo más que podrá hacer es obtener 100 pesos, que son los que existen. Si hace eso, la economía tiene que reducirse hasta que esos 100 pesos equivalgan a los 195 que se querían cubrir.

Eso es lo que ocurre hoy en el sistema financiero. Y no hay solución a ello más que un rescate del gobierno estadounidense, vía nacionalización de los bancos o vía la creación de una institución que compre todos los créditos impagables (como Fobaproa en México hace 14 años). Pero el gobierno estadounidense no decide qué quiere hacer, amplía su tenencia en los bancos, pero no quiere aceptar la nacionalización, y no crea el “banco malo” que concentre esos créditos impagables. Como no se ve nada claro, los bancos atesoran efectivo, que no les alcanza, sus activos se deterioran y el futuro se empieza a ver realmente espantoso.

Si el sistema bancario continúa así sólo unas pocas semanas, ya no habrá dinero para que las empresas no bancarias operen normalmente. Cuando esto ocurra, empresas perfectamente sanas entrarán en quiebra, provocando una recesión similar a la de 1929, cuando Estados Unidos redujo su valor agregado a la mitad en tres años. Todo como resultado de una combinación de malas actitudes de las personas, no por cuestiones estrictamente económicas o financieras.

Ya se rompió el piso de las bolsas de valores, que usted recordará habíamos fijado en 750 puntos del índice SP500 para la bolsa de Nueva York. Ahí se detuvo la caída en noviembre, cuando parecía que el nuevo gobierno de Estados Unidos actuaría rápidamente para evitar el hundimiento. No lo hizo, regresó la caída, y se ha roto ese piso. Si las decisiones siguen tardando, y me refiero a muy pocos días, la dinámica de la crisis ya no podrá detenerse sino hasta tocar un fondo que usted no quiere siquiera imaginar.

Ahí está el problema. No le busque por ningún otro lado, ni se imagine conspiraciones alrededor del peso, o soluciones milagrosas por parte del gobierno en nuestro país. No podemos hacer nada más que esperar que Obama y su equipo se iluminen. Y no tienen 100 días para hacerlo…

De regreso

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Si las elecciones fueran hoy, nos dice María de las Heras en MILENIO de ayer, 40% de los votantes escogerían al PRI, 34% al PAN, 19% al PRD.

Esto daría al PRI, según la misma María, 241 diputados, diez menos que la mayoría absoluta en la cámara baja del Congreso federal.

Sería una desgracia nacional y una derrota del PRI que el éxito político en puerta, de lograrse, les susurrara al oído a los triunfadores que nada hay que cambiar en sus ideas ni en sus propósitos históricos.

Sería triste que la victoria anunciada les hiciera pensar que los votantes los premian por su pasado más que por lo que puedan ofrecer de porvenir.

La pregunta vuelve a ser pertinente: ¿para qué quieren los priistas volver al poder? ¿Qué país ven adelante y cuál quieren construir?

No lo sabemos, ni ellos parecen ocupados en decirlo. Quieren primero reocupar la casa que perdieron y después decidir lo que harán con ella. Sus ingenieros electorales trabajan más que sus diseñadores de proyecto de país.

No hay grandes cambios en el discurso priista, ni indicios públicos de una reflexión articulada sobre los retos del futuro. Hay, sí, un cambio profundo en la estructura misma del poder del partido.

La democracia ha descentralizado al PRI. Al quitarle la Presidencia le quitó el dueño, pero dejó intactos muchos de los poderes antes piramidados por la disciplina presidencialista.

A partir de la pérdida de la Presidencia, el PRI dejó de ser un edificio con dueño único y empezó a ser un condominio.

La diversidad de los condóminos del PRI es ostensible, lo mismo que su autonomía. Hay una libertad de maniobra y de acción desconocida en el pasado para gobernadores, sindicatos, legisladores.

En cierto modo el PRI ha vuelto a ser una asamblea de notables con poderes propios, como lo fue la asamblea de jefes militares, generales y políticos que constituyeron en marzo de 1929 el Partido Nacional Revolucionario, el mitológico PNR, abuelo del PRI.

Toda proporción guardada —entonces para controlar rebeliones, ahora para ganar elecciones— el PRI ha regresado al inicio: debe conciliar su diversidad en un nuevo trato.

No hemos oído mucho de lo que sería ese nuevo trato ni de si responde a los problemas del México de este siglo. Pero como dice el clásico: primero el poder, luego veremos para qué.

Tula

Francisco Garfias
Arsenal
Excélsior

Salvo un improbable viraje de última hora, la nueva refinería, anunciada en octubre pasado por el presidente Calderón como parte de su plan anticrisis, será construida en Tula, Hidalgo, aseguran a este espacio fuentes bien informadas. Precisan que ese es el motivo principal por el cual esa localidad será sede de la conmemoración de la expropiación petrolera, el próximo 18 de marzo.

La decisión por “Nuevo Tula” se habría mantenido como secreto de Estado para evitar no sólo la especulación con los terrenos en la zona —ya hay autorizados mil 200 millones de pesos para adquirirlos—, sino la tentación de nuevos atencos que puedan dar al traste con el proyecto, como le sucedió al gobierno de Fox, en el sexenio pasado, con el aeropuerto.

La definición se habría tomado exclusivamente desde el plano técnico-económico.

Tula, ubicada en una entidad gobernada por el PRI, ofrece las mejores condiciones operativas y de ubicación para la nueva refinería. Su cercanía con la sobrepoblada Ciudad de México, que importa del extranjero, a un costo exorbitante, la mitad de la gasolina que consume, la colocó inmediatamente como la primera opción. Otras ventajas que ofrece son los oleoductos para transportar el crudo de la vieja refinería, que ya están construidos, y las inmejorables vías de acceso a la capital del país.

A pesar de todo, las demás entidades que aspiran a albergar la construcción de la nueva refinería aún no bajan la guardia. Son 15 las localidades que se están disputando edificarla, entre ellas Cadereyta, Nuevo León; Campeche, Campeche; Dos Bocas, Tabasco; Tuxpan, Veracruz; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo, Colima; Salina Cruz, Oaxaca y, Tula, Hidalgo.

Tabasco, por ejemplo, recibirá, el próximo 11 de marzo, a Jesús Reyes Heroles. El director general de Pemex viajará a esa entidad acompañado de un grupo de técnicos de la paraestatal, a fin de intercambiar opiniones sobre el tema. La nueva refinería arrancará con una inversión inicial calculada en 12 mil millones de dólares y está proyectada para procesar 300 mil barriles de crudo al día.

* * *

Gerónimo Gutiérrez será designado como nuevo subsecretario de Gobierno de la Segob, en lugar de Abraham González, quien decidió buscar una curul en el Congreso de Jalisco. El nuevo colaborador de Fernando Gómez Mont, al parecer nombrado desde Los Pinos, se desempeña actualmente como vicecanciller para América Latina y el Caribe.

La carrera reciente de Gutiérrez nada tiene que ver con política interior. Su mundo es la diplomacia. Tampoco es cercano al grupo de Fernando Gómez Mont, quien hasta la muerte de Juan Camilo Mouriño estaba dedicado a su despacho de abogados.

En otros tiempos, Gerónimo fue el cabildero consentido del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, quien lo nombró subsecretario para América del Norte.

* * *

En el PRD no acaban de entenderse. El supuesto regreso de Marcelo Ebrard con los radicales del obradorismo —bejaranos, batres y anexas— tiene descontroladas a las huestes de Nueva Izquierda, que ya no ven lo duro, sino lo tupido.

El perredista Fernando Belaunzarán, cercano a Los Chuchos, nos hizo llegar un artículo en el que acusa a Ebrard de construir un bloque para combatir a Nueva Izquierda. Este bloque, asegura, cuenta con el aparato, los programas y los recursos del segundo gobierno más importante del país.

“Es entendible —aunque no compartible— que un hombre de poder, como Marcelo, priorice el control político de la Ciudad de México”, dice el ex ceuista, pero advierte:

“Conseguir la ansiada docilidad legislativa, desplazando a Nueva Izquierda, tiene daños colaterales. El primero es que con ello pierde la posición privilegiada (de gozne entre chuchos y obradores) que había conseguido tras las traumáticas elecciones internas del año pasado.”

Este punto de unidad es necesario, no sólo para el partido y la izquierda, sino también para él mismo, “dada su debilidad orgánica en el PRD”, puntualiza.

Por cierto, Ebrard le dijo a Adela Micha, en su noticiario de Imagen, que eso de la rudeza con Los Chuchos es sólo “una declaración” (de Víctor Hugo Círigo). ¿Será?

* * *

El diputado del Panal Guillermo Xiuh Tenorio, ex gordo, guerrillero antitabaco, recibirá este martes la Medalla al Mérito en Salud Pública, de manos del Secretario de Salud, José Ángel Córdova, por haber impulsado la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el DF. También será reconocido el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (así se escribe), quien impulsó la legislación a nivel federal.

En el evento, que va a realizarse en el Instituto Nacional de Salud Pública, estarán los directores del IMSS y del ISSSTE, Juan Molinar Horcasitas y Miguel Ángel Yunes, respectivamente, y el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame.

Pretextos

Germán Martínez Cázares
Presidente nacional del PAN
El Universal

Recuperar y hacer viable al Estado, al estado democrático y de derecho, frente al desafío que representa la delincuencia, sobre todo esa que llamamos “organizada”, es y debe ser una prioridad nacional.

Es absolutamente falso que el Partido Acción Nacional haya levantado el tema de seguridad como un tema de precampaña con propósitos electorales.

El PAN, que por su puesto respalda al presidente Calderón, tiene el tema de la seguridad pública y la seguridad nacional en la agenda de sus prioridades, porque así lo dijo el Presidente desde el primer día de su mandato, cuando dejó claro que la recuperación del estado de derecho era la principal tarea de su gobierno.

¿De dónde sacan nuestros adversarios argumentos para afirmar que nos mueven motivos electorales, si el Presidente tiene toda su administración insistiendo en la necesidad de dar un combate frontal, cierto y decidido al narcotráfico y sus secuelas?

¿De dónde dicen que sacamos ahora ese tema, cuando el presidente Calderón propuso al Congreso una serie de reformas a la Ley General de Salud, al código sustantivo y adjetivo penal federal desde el 2 de octubre del año pasado, para combatir al narcomenudeo, es decir, a la actividad delictiva que soporta, en parte, a la delincuencia organizada?

Hace falta una actitud, de parte del PRI, que anteponga, sin chantajes, el interés nacional por encima del interés particular. Nada justifica dilatar aún más las medidas legislativas que permitirían una mayor eficiencia del Estado.

¿De qué lado está el PRI, del lado de los pretextos de partido o del lado de la eficiencia y cooperación entre todos los gobiernos para combatir al narcomenudeo?

¿Por qué detiene la extinción de dominio, es decir, por qué demora las medidas que buscan quitarles a los narcotraficantes las propiedades que obtienen con sus actividades ilícitas?

De los 450 mil policías que trabajan en el país, sólo 5% es del gobierno federal. ¿Por qué no obligar a todos a combatir, desde estados y municipios, al parejo con el gobierno federal, al narcomenudeo? Los que se oponen a las medidas antinarcomenudeo, ¿con qué medios materiales y humanos, desde el gobierno federal, quieren combatir a todas las tienditas, picaderos y lugares donde se facilita la droga a los jóvenes de México?

Acción Nacional seguirá apoyando con determinación al presidente Calderón en esta lucha contra la delincuencia.

Sólo los pretextos pueden ser la explicación de quien niega el valor y la decisión del Presidente en esta lucha.

No hay otra ruta. Legalizar algunas drogas como propuso el ex presidente Zedillo es una puerta falsa. Combatir sin la intensidad que ordena el Presidente, también. ¿Pactar con los delincuentes? ¿Eso quieren quienes critican la estrategia de seguridad del gobierno panista? Que lo digan.

***

La senadora con licencia Martha Sosa Govea es la candidata del PAN a gobernadora de Colima. Ya gobernó Colima una mujer priísta. Llegó la hora de que el PAN tenga, por primera vez, una mujer gobernadora.

No que no, Marcela, José Agustín, Epigmenio

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

En septiembre, Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo y voces afines a ese movimiento llamaron a derrocar al gobierno de Felipe Calderón. Pero algo ocurrió, giraron y cambiaron el lenguaje. Entonces comenzaron a decir que ellos nunca habían dicho eso.

Reclamaron que las declaraciones de Porfirio (hechas a MILENIO, por lo demás) fueron sacadas de contexto, que las versiones del derrocamiento habían salido de los “spin doctors” de Los Pinos (Marcela Gómez Zalce), o de “plumíferos inteligentes bien pagados y colocados en posiciones estratégicas” (José Agustín Ortiz Pinchetti); o que fue una puñalada trapera de “colegas que han señalado con dedo flamígero las intentonas golpistas” (Epigmenio Ibarra).

Pero el reciente jueves 19 de febrero, en una gira por Durango, López Obrador dijo con todas sus letras que había llegado la hora de derrocar a la mafia que encarna al régimen espurio de Calderón. Casi nadie le hizo caso.

Quizá por ello, Muñoz Ledo declaró el sábado 28 en la presentación de su libro (versión estenográfica del video que se difundió ese mismo día en MILENIO Noticias): “En el 2010, este país va a cambiar, pero no por métodos tradicionales. Va a cambiar por la movilización social. Si yo estoy pidiendo la suspensión constitucional del mandato de Felipe Calderón, sé de lo que estoy hablando. El pueblo debe forzar la salida de Calderón a más tardar en el 2010. Esa es mi tesis”.

¡El pueblo debe forzar la salida de Calderón a más tardar en el 2010! ¡A chingao!, las invenciones de los “spin doctors” y los “plumíferos bien pagados” se han convertido seis meses después en el discurso oficial del movimiento que abandera, sí y sólo sí, las causas del pueblo bueno.

¿O estaremos inventando de nuevo?

¿Quién fiscaliza a los partidos?

Jorge Triana Tena
Vicecoordinador del GPPAN en la ALDF IV Legislatura
La Crónica de Hoy

Por tratarse de una exigencia ciudadana, la reforma constitucional en materia electoral de 2007 disminuyó drásticamente los montos de financiamiento de los partidos para sus campañas (hasta en un 70% en elecciones intermedias) y no obligaba a las entidades federativas a hacer lo mismo para las elecciones locales, pero los diputados a la ALDF consideramos necesario sumarnos a esta medida, porque así lo exigían los capitalinos.

Siendo así, en el DF este año los partidos políticos recibirán del erario poco menos de 105 millones de pesos, cantidad inferior a la de la elección anterior y a la que debemos agregar el financiamiento que reciben para actividades ordinarias, las aportaciones de particulares y los gastos de precampaña que cada uno de los cientos de aspirantes a candidatos están realizando en estas fechas. Si sumáramos todo lo anterior, tendríamos el dato preciso de cuánto gastarán los partidos en el DF para esta elección local.

La pregunta obligada es: ¿Quién fiscaliza estos gastos de los partidos? Con la anterior reforma, fue creada la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF), órgano técnico del IEDF dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será electo por las dos terceras partes de los consejeros electorales de entre una terna de propuestas que le envíe el contador mayor de Hacienda de la ALDF.

Han trascurrido 14 meses desde la entrada en vigor del nuevo Código Electoral del DF y aún la UTEF no cuenta con un titular, sino con un encargado de despacho. Cabe mencionar que el Consejo General desechó una primera terna enviada por el contador mayor, pero ya se ha enviado una nueva terna y el consejo aún no la vota.

Exhortamos al Consejo General del IEDF a que vote la nueva terna de aspirantes a la UTEF, pues consideramos que ésta está integrada por personas con la trayectoria, el perfil profesional, académico y apartidista que se necesita para este cargo. Es por el bien de los ciudadanos contribuyentes y de la democracia misma en el DF.

En picada, el peso mexicano

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

El precio de un producto sube cuando hay más demanda que oferta. Eso es lo que está sucediendo con los dólares en México. Ayer, el precio de la divisa estadunidense llegó a cotizarse hasta en 15.70 en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Esto significa una devaluación del peso de aproximadamente 57% desde el verano pasado. La pérdida de valor se ha acelerado en los últimos días. El 20 de febrero, un dólar costaba 14.82 pesos. En diez días nuestra moneda perdió 88 centavos con respecto a la del vecino del norte: una devaluación de seis por ciento. Se trata de un magnífico rendimiento para todos aquellos que compraron dólares. En pocos días consiguieron una utilidad similar a la que ofrecen los cetes en un año entero. En el corto plazo, invertir en dólares está dando buenos resultados.

La pregunta que todo el mundo se hace, y con razón, es si el peso mexicano se recuperará, estabilizará o seguirá perdiendo valor. Muchos economistas piensan que será lo primero o lo segundo. Creen que el incremento en el tipo de cambio no se justifica por las variables macroeconómicas, tanto por la situación de la balanza de pagos, como por la cantidad de reservas internacionales del Banco de México. De hecho, el fin de semana, el secretario de Hacienda afirmó que el peso se encontraba subvaluado, es decir, el gobierno mandó el mensaje de que ve el dólar caro. Las declaraciones de Agustín Carstens, sin embargo, no calmaron el apetito por dólares. El lunes, como se mencionó antes, el tipo de cambio llegó a un nuevo récord histórico.

El asunto es de extrema urgencia para el país. Mientras no se estabilice el tipo de cambio, será difícil que empresas y consumidores recuperen la confianza para invertir y consumir. Un mayor precio del dólar significará una mayor inflación, aunque la demanda esté cayendo por la crisis económica mundial. Imagine usted a todos aquellos productores que venden bienes y servicios que cotizan en dólares. ¿En qué precio venden sus productos? Algunos tendrán compradas coberturas en el mercado de derivados pero eventualmente estos seguros expirarán y tendrán que ajustar sus precios al alza, si es que el dólar sigue subiendo.

Entonces, ¿podrá la Comisión de Cambios, donde participan el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, estabilizar al peso?

A diferencia de crisis económicas anteriores, es una buena noticia que el gobierno tenga una buena reserva para intervenir en el mercado cambiario. Si esto fuera un juego de póquer diríamos que la Comisión de Cambios tiene muchas fichas para jugar. Al 20 de febrero, el saldo de la reserva internacional era de 80 mil 933 millones de dólares. Esta cifra es menor en cuatro mil 508 millones de dólares a la del cierre de 2008 (85 mil 441 millones de dólares). El Banco de México ya usó 5% de las reservas desde principios de 2009 al 20 de febrero. Es previsible que en los últimos diez días haya utilizado aún más. Tan sólo ayer subastó otros 400 millones de dólares para calmar el apetito de billetes verdes.

Hay fichas para jugar. Pero del otro lado de la mesa hay muchos jugadores deseosos de quedarse con ellas. Además de la reserva del Banco de México, el gobierno cuenta con una línea de crédito de la Reserva Federal estadunidense por 30 mil millones de dólares más. Un total de 110 mil millones que, bien jugados, sí podrían estabilizar al peso. Pero he ahí el punto crítico: ¿cómo jugar para estabilizar al peso?

La Comisión de Cambios no puede soltar todas las fichas al mismo tiempo. Pero tampoco puede irlas gastando en una lenta hemorragia. El gobierno debe ser muy cuidadoso en administrar esta crisis cambiaria. En los próximos días veremos qué tan bien está jugando frente a muchos actores que demandan dólares por el pesimismo que tienen con respecto a la economía de Estados Unidos que inevitablemente está arrastrando a la de México.

El abuso

Alberto Aziz Nassif
aziz@ciesas.edu.mx
Investigador del CIESAS
El Universal

La cifra es escandalosa y monumental. Con excepción de Alfredo Figueroa, que se opuso, los consejeros del IFE querían recibir 330 mil pesos de salario al mes. El aumento de 46% a un salario que ya era alto significa en buen español un agandalle, un acto ventajoso de alevosía y abuso. Fue tal la indignación pública, que los consejeros tuvieron que dar marcha atrás y ahora se quedaron sin el aumento y con la mala fama. La justificación del aumento fue para cumplir con el artículo 41 de la Constitución, en el que se dice que los consejeros ganarán igual que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué legalidad puede consignar tal tipo de aberración? Sólo la misma que explica por qué los legisladores establecieron en la Constitución su financiamiento, otro abuso.

Pero no se trata sólo del IFE, sino del Poder Judicial, que poco a poco han construido un paraíso salarial: ministros que gana 347 mil pesos, consejeros de la Judicatura que se llevan 337 mil pesos, los magistrados del Tribunal Electoral reciben 343 mil pesos. No hay nada que justifique esos salarios. ¿Cuántos servidores públicos en el mundo ganan 4 millones de pesos al año (264 mil dólares)? Quizá ninguno, pero en México hay unos cuantos privilegiados que tienen estos niveles de salario. No se trata de derechos, sino de privilegios. El salario mínimo más alto del país es 200 veces menor al de un ministro o un magistrado. ¿Qué labor hacen para justificar esta desigualdad? La lógica salarial de estos sectores está equivocada: un salario alto no garantiza más autonomía ni una mejor impartición de justicia. Si el salario se calculara con base en eficacia, resultados, acceso del sistema de justicia a los más desprotegidos, quizá no se llegaría ni al salario mínimo.

La reforma electoral en 2007 dejó las cosas en los mismos términos para el IFE; sin embargo, en el proceso de la reforma hubo propuestas del Comité Conciudadano para que el salario de un consejero fuera similar al de un profesor universitario del más alto nivel, pero los legisladores ni siquiera se tomaron la molestia de revisar la norma.

Ahora llama la atención que algunos legisladores se hayan rasgado las vestiduras por el aumento en el IFE, cuando fueron ellos los que diseñaron la norma salarial en el artículo 41 de la Constitución y que en 2007 pudieron haber modificado. Cuando un país le puede pagar 330 mil pesos al mes al que organiza las elecciones, es decir, el doble del titular del Poder Ejecutivo, algo anda muy mal.

Los salarios en México dentro del sector público son la expresión de una desigualdad enorme, pero dentro del Poder Judicial se llevan la medalla de oro. La autonomía les ha servido no para tener salarios, sino privilegios, abusos. Sólo hay que asomarse a ver lo que ganan los maestros de primaria para ver la diferencia, los salarios de un médico en el Seguro Social o de una enfermera, al igual que un policía o un bombero; todo ellos rondan entre 4 mil y 8 mil pesos.

Pero no sólo la desigualdad es abismal, sino que el momento actual resulta por demás crítico. Se necesita mucho cinismo para aprobarse un aumento de 46% de los salarios, cuando la situación económica golpea con furia y todos los días hay no sólo malas noticias, sino pésimas: crece el desempleo por cientos de miles; la economía está en recesión y no se sabe con precisión cuánto va a caer el PIB este año. En las empresas se imponen programas de austeridad, incluso en diversos gobiernos se han adoptado medidas de reducción de presupuesto. Los consejeros del IFE que justificaron el aumento me recuerdan a los yuppies financieros de Wall Street que hace poco, mientras los bancos en Estados Unidos quebraban, ellos se otorgaban bonos millonarios.

La relación entre impartición de justicia y salarios es negativa. Recordemos algunas resoluciones de la Corte que pasarán a la historia como una vergüenza: los casos de Lydia Cacho y de Atenco, en los cuales se justificó la impunidad, recubierta de un sofisticado discurso jurídico. Pero también recordemos la decisión mayoritaria del Consejo General del IFE el pasado 13 de febrero, que fue un monumento a la ilegalidad.

Ahora se ha descubierto que los 125 alcaldes del estado de México abusan en sus percepciones y se niegan a revelar sus ingresos reales (EL UNIVERSAL, 2/III/09). Sin duda, urge una regulación salarial republicana que detenga el abuso.