julio 20, 2009

Fabricación de culpables

Denise Maerker
Atando Cabos
El Universal

No sólo estamos expuestos a ser cualquier día víctimas del crimen organizado, sino que además tenemos que vivir con el temor de que la impericia y/o la mala fe de algunos policías terminen igualmente con nuestras vidas al ser erróneamente señalados como culpables de algún delito.

Lo escribíamos aquí hace unas semanas: da miedo. Y repetimos: la prioridad no puede ser detener a la mayor cantidad de sospechosos posibles sin de forma paralela profesionalizar, capacitar y mejorar los métodos de trabajo de quienes están encargados de integrar las averiguaciones en que se basa un juez para determinar la culpabilidad o la inocencia de un sospechoso. Detener a diestra y siniestra sin garantizar un juicio justo es sentar las bases de un régimen de terror.

Dos casos recientes vienen a confirmar este temor. Uno, la detención por parte de la PGR del asesino confeso de Alejandro Martí. En la conferencia de prensa, Luis Cárdenas Palomino puso especial énfasis en señalar que los detenidos y sus aún prófugos jefes no tienen ninguna relación con quienes están detenidos luego de haber sido acusados del mismo crimen por parte de la PGJDF. Ni una mención de que podría tratarse de células paralelas; todo lo contrario, una acusación apenas velada de que en la PGJDF se fabricaron culpables. De ser cierto sería una tragedia, para las víctimas desde luego, pero también para todos nosotros.

El procurador Mancera rechaza que su equipo haya inventado culpables, dice que cuenta con los testimonios de las víctimas de secuestro que reconocen a los encarcelados, y se disponía anoche a sustentar la solidez de su investigación frente al Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal. Habrá que esperar.

Pero no es el único caso. Ayer mismo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le dirigía la recomendación 47/2009 al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en la que documenta las irregularidades en que incurrieron el Ministerio Público y un grupo de agentes federales de investigación en el caso que tiene en prisión desde hace tres años a la indígena Jacinta Francisco Marcial y a dos mujeres más, por haber supuestamente secuestrado a seis afis en el poblado de Santiago Mexquititlan. Las irregularidades son muchas y muy graves. Esas mujeres no han podido defenderse porque no se les ha dado la oportunidad, su supuesta culpabilidad quedó fabricada desde la deficiente y malintencionada integración del expediente.

¿Cómo no tener miedo?

¿No sabe para quién trabaja?

Luis González de Alba
La Calle
Milenio

Al querido Guillermo
Schulenburg, hombre de fe,
no de necedad

Señala Luis de la Barreda en La razón este viernes 17: “Me deja estupefacto la declaración del presidente de la CNDH: ‘El crimen organizado no se combate con más balas porque la delincuencia tiene más y mejores balas… ya es momento de que México deje de hacer el trabajo sucio al principal consumidor de drogas (que es), Estados Unidos… la estrategia debe replantearse a fin de que ese trabajo sucio lo hagan otros’”.

¿Ah, no? ¿El crimen no se combate también con balas?, nos preguntamos los lectores de esa alucinante aberración. Sigue De la Barreda: “¿Estaría (Soberanes) de acuerdo con la estrategia del gobierno federal si se incrementaran y mejoraran las armas de las fuerzas de seguridad?” Y dispara a la línea de flotación del ombudsman: “¿Así que la persecución de delitos tan graves como secuestros, homicidios y extorsiones, perpetrados en nuestro país contra mexicanos, es un trabajo sucio en beneficio de Estados Unidos? ¿Así que lo que debe hacer el gobierno federal es buscar a otros que hagan ese trabajo? ¿Mediante concurso?”.

El gran jurista que es Luis de la Barreda se queda estupefacto porque le concede mucho a Soberanes: lo cree inteligente y por eso se asombra. Otros acumulamos su declaración en el enorme costal del oportunismo, la frivolidad, la ignorancia y hasta la tontería del ombudsman. Porque debe ser tonto de remate quien, desde los Derechos Humanos, descalifica un pleito que llama “de verduleras”, para usar como insulto el oficio de mujeres, pobres, que se ganan la vida con mucho más esfuerzo que el capitán de nuestros derechos humanos.

El asunto con respecto a la guerra contra el narcotráfico es que, lo hemos señalado decenas, la prohibición misma produce la delincuencia. Tequila Cuervo y Sauza no dirimen con metralleta sus diferencias en la conquista del mercado. Lo hace la publicidad y, quizá, hasta el espionaje industrial, que eso existe. Pero, además pagan impuestos y se someten a la vigilancia de la Secretaría de Salud. Nada de eso sería posible si el tequila estuviera prohibido y nadie supiera si lo que va a ingerir es 100 por ciento agave o 100 por ciento aguarrás.

Otros vamos todavía más allá: ¿con qué derecho al gobierno le importa lo que me meta por donde se me dé la gana, siempre y cuando no afecte a terceros? Todos los días tenemos accidentes mortales en los que un borrachazo cobra la vida de peatones o conductores inocentes. Nunca he sabido que la mota afecte la capacidad de conducir, pero, de ser así, se prohíbe conducir enmotado y basta. Es un asunto de derechos humanos el que puedo comer, beber, inhalar o inyectarme lo que quiera si soy adulto. Lo único que toca al Estado es ofrecerme una campaña inhibitoria, como la que se hace para limitar alcohol y tabaco.

Póngase la leyenda: “Este producto es nocivo para la salud” al crack, la mota, la coca y todo lo que venga, porque los laboratorios producen novedades, tantas que, como decía el cuplé: la ciencia avanza que es una barbaridad. Y que paguen impuestos, Salud analice los productos, inscriban a sus empleados en el IMSS y aporten cuotas para vivienda. No pasa nada. Y lo que ha de pasar, pasa aunque esté prohibido… o por eso mismo.

Una campaña permanente contra el uso de drogas y un sistema para ayudar a dejarlas a quien lo desee, nos costaría la centésima parte de lo que se invierte en la guerra contra los narcos, con su inmensa capacidad de corrupción. Tanta que, guiados por el “piensa mal y acertarás” ya puede uno preguntarse el porqué de tanto ruido al respecto de derechos humanos violentados en la guerra antinarco. Ya vimos el empleo de “manifestantes” que exigían el retiro de las tropas y resultaron movilizaciones pagadas por el narco. A Soberanes sinceramente no creo que lo haya seducido una de las bandas, pues gana una fortuna. Pero se monta en la ola, al fin oportunista y tonto, y no sabe para quién trabaja. O… ¿sí sabe? Dijo Beatriz Paredes: no meto la mano al fuego ni por mí misma. Sabia mujer.

AVIONETAS GRITONAS. Sobre Zapopan, ya casi a diario pasa una avioneta a peligroso vuelo rasante, pegando berridos que nadie entiende: ¿es un circo, grandes rebajas, un candidato a diputado?, ¿alguien entiende lo que berrea? Como no hay leyes, saco mi bazuka mental, apunto, disparo y veo con inmenso placer cómo cae dejando una estela de humo.

Indefensión

Pedro Ferriz
El búho no ha muerto
Excélsior

En cualquier democracia, un ciudadano es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad. Esa es la base del sistema jurídico. La libertad —por definición— es inmanente al hombre. Por lo que “el hombre es hombre, en tanto es libre”. Sólo en regímenes autoritarios, ese principio es transgredido y de ello deriva toda una serie de atropellos que acaban lesionando la dignidad ciudadana.

El viernes pasado le informé a usted, de un reporte lacónico del director de Inteligencia y Prevención del Delito de la SSPF, Luis Cárdenas Palomino. Presentó a la sociedad al secuestrador y asesino confeso de Fernando Martí y Antonio Equihua. La nota resultó extraordinaria. Aunque contrasta con otra realidad.

Los gobiernos perredistas instalados en la Ciudad de México, desde Cuauhtémoc Cárdenas (me duele decirlo) hasta hoy, se han caracterizado por una evidente incapacidad para encontrar servidores públicos capaces y honestos, sumados a la supuesta causa de una izquierda comprometida con los desposeídos de la gran metrópoli. Sólo han logrado democratizar la corrupción y envilecer la acción de la justicia. La lista de pillos e incapaces es infinita. No quiero decir con esto que los gobiernos anteriores al sol azteca fueron modelo de eficiencia, pero los márgenes eran “tolerables”. Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas apostando fuertes sumas en Las Vegas. René Bejarano, Carlos Imaz y Graco Ramírez y sus ligas con Carlos Ahumada. Ni hablar del corazón roto de Rosario Robles con este caradura. Armando Quintero, su hermano Guadalupe y los taxis pirata. Edgar Elías al frente del Tribunal Superior de Justicia del DF que es como dejar la iglesia en manos de Lutero. Fernando Shutte y sus atrocidades empresariales solapadas por el carnal Marcelo. Los robos de la Tesorería del Distrito Federal con tenencias y prediales. Francisco Chiguil, entonces primate delegado en la Gustavo A. Madero cuando el News Divine. Joel Ortega creador de la malograda y nonata Unipol, uno de los fracasos más sonados de la presente administración. La flamante Unidad Antisecuestros, recientemente estrenada con el operativo que condujo a la muerte de la secuestrada Yolanda Cevallos Coppel… y mucho más que sólo roba tinta. Pero ahora nos enteramos de que todo el esquema de la investigación que se llevó en la Procuraduría del Distrito Federal en torno al secuestro y muerte de Fernando Martí, no resultó otra cosa más que un “cuento chino”, con datos fabricados a satisfacción de una opinión pública sedienta por encontrar culpables. Noé Robles Hernández es el nombre del verdadero asesino del joven Martí. Sergio Humberto Ortiz Juárez, el Apá, consignado desde el 8 de septiembre del año pasado, no es siquiera reconocido por Noé Robles en sus declaraciones. Ni Lorena González —La Lore—. Ni Marco Antonio Moreno Jiménez ni Noé e Israel Caña Vázquez… ni nadie de la banda de La Flor, tuvieron que ver con el secuestro y muerte de Fernando Martí y Antonio Equihua. No digo con esto que los aquí citados y no involucrados en los hechos sean unas “blancas palomas”. Seguro son culpables de muchas cosas. Pero en esto, que llegó a mover a tantas voluntades, no tienen nada que ver.

El cuento de la banda de La Flor, nunca me acabó de llenar el ojo. La inconsistencia de su sustento resultaba incómoda. En nadie había la sensación de que se estaba haciendo justicia. Estaba claro que los inculpados parecían fabricados… como suele ser común. Y ahora aparece una banda de Los Petriciolet, que por cierto falta su líder, como la verdadera protagonista de estos casos que han sacudido al país y todo el esquema investigativo de la Procuraduría del DF se viene abajo.

Siempre he querido pensar bien de Miguel Mancera y su desempeño como procurador, después de la intempestiva salida de Rodolfo Félix Cárdenas y sus esquinas sesgadas. Pero siento que hoy, Miguel, seriamente nos debes una explicación. “Si no pueden”… ¡por lo menos renuncien!

En nadie había la sensación de que se estaba haciendo justicia. Estaba claro que los inculpados parecían fabricados...

Martí: ¿quién se va?

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

Si no lo hacen por razones éticas, por una mínima responsabilidad con la sociedad que les paga su salario, los encargados de procurar justicia en el DF —el señor Miguel Ángel Mancera y sus policías que fabrican delincuentes— debían renunciar por vergüenza elemental. Claro, si es que la conocen.

Pero además —y ante las evidencias apabullantes de que Mancera no sólo inventó culpables en el caso Martí, sino que recurrió al más ofensivo control de daños mediático para ocultar su fracaso—, Marcelo Ebrard está a tiempo de enmendar la plana de lo que podría terminar en su Waterloo rumbo al 2012.

Es decir, si insiste en mantener a Mancera y éste sostiene el engaño de que El Apá y socios son culpables del crimen del niño Martí, desde hoy y hasta julio de 2012 habrá mucho tiempo para que se construya la imagen de un presidenciable —como Ebrard— capaz de todo tipo de trampas y engaños a la sociedad, con tal de alcanzar el poder. Claro, si no es que el autor del engaño es el propio Marcelo.

Hace poco más de un año —luego de la tragedia de la familia Martí—, el patriarca, Alejandro, acuñó un reclamo célebre de lo que puede y debe hacer la sociedad frente a la ineficacia del Estado y sus instituciones —a través de esa institución social fundamental que es la opinión pública y sus leyes—: “Si no pueden, renuncien”. Entonces, todos lo recuerdan, Ebrard aceptó el reto. Pronto, el procurador Mancera sorprendió a todos con la versión moderna de La Paca —la vidente que delirante dijo que Raúl Salinas era un asesino—, y anunció que El Apá comandó a los asesinos del niño Martí.

Hoy ese teatro mediático está en el suelo. Y la imagen de Marcelo podría terminar ahí. Hoy Mancera se meterá más al lodo cuando intente justificar lo injustificable ante parientes de personas secuestradas y organizaciones contra el secuestro. Los ofenderá por partida doble ya que el secuestro es la mayor ofensa a un ciudadano por la incapacidad oficial. Y es que todos ellos tienen certeza de que Mancera fabricó a los culpables del crimen. Y algunos incluso advirtieron a Alejandro de los engaños de Mancera. Y si Marcelo defiende el engaño de Mancera, será arrastrado. ¿Quién le va a creer?

Lo curioso es que el caso Martí es parte de los fracasos de gobiernos de izquierda en impartir justicia: crímenes y tragedias como los de Paco Stanley, Loboombo, New’s Divine, Casitas del Sur, Vargas, Martí y Equihua son muestra. Marcelo quiere ser presidente en 2012. ¿Esas son sus cartas? No, así no, Marcelo.

EN EL CAMINO

Por cierto, ¿dónde estaban la CDHDF y la CNDH en el caso de El Apá? Mera duda.

Ya es tiempo de cambiar

María Elena Álvarez de Vicencio
malvarezb@diputadospan.org.mx
La Crónica de Hoy

En la pasada contienda electoral se hicieron visibles estrategias exitosas que se tradujeron en triunfos de quienes las aplicaron, pero al mismo tiempo aparecieron prácticas corruptas que a pesar de los amplios marcos normativos no dejaron de realizarse.

Entre otras, vimos en los medios de comunicación la promoción de candidatos disfrazada de entrevistas noticiosas o de asistentes a inauguraciones de obras públicas. Apareció de nuevo la compra del voto y la confiscación de credenciales de elector, la amenaza intimidatoria sobre la pérdida del empleo si no se vota en el sentido indicado, el uso de recursos públicos para la promoción de partidos de varios colores… y la lista podría seguir.

Todo esto sucedió enmarcado en un conjunto de normas que parecían suficientes para que la elección se desarrollara con legalidad. Sin embargo, ocurrió lo que el sabio Isócrates dijo en la antigüedad: “Lo que más ayuda al avance de los pueblos no es que los pórticos estén cubiertos de decretos, sino que la justicia habite en el alma de los hombres”; ahora añadiríamos también de las mujeres.

Las leyes electorales no fueron suficientes, como no lo están siendo las de transparencia en el ámbito de la administración pública.

En casi todos los países del mundo se ha constatado que las leyes y las acciones coercitivas no son suficientes para impulsar o inhibir las conductas que dependen de la voluntad personal, ya que muchas de ellas no pueden ser evaluadas ni fiscalizadas por agentes externos y, en ocasiones, aun cuando los efectos del comportamiento sean visibles, es difícil y a veces imposible fincar responsabilidades por ilícitos que no deja huella del actor. En tales casos la única garantía es la responsabilidad personal y la calidad moral del servidor o funcionario público.

En muchos países se han empleado como instrumentos muy útiles los códigos de ética, los cuales son ordenamientos que, sin contener sanciones de carácter vinculante, se proponen como guía de comportamiento y para obtener de las personas un compromiso individual, para que por voluntad propia se obliguen a cumplir normas de conducta congruentes con el ideal deseado de servidor público.

Los códigos de ética pueden ser también instrumentos de capacitación para los ciudadanos, pues a través de ellos se les informa qué es lo que deben esperar de la conducta del servidor público y, al conocer lo que se les exige, se orienta a los ciudadanos para estar en mejores condiciones de elegir a quien les garantice que cumplirá con tales exigencias.

Los códigos de ética ayudan a las instituciones a dejar en claro cuáles son las conductas que convienen al éxito del grupo y cuáles son las conductas que lo afectan; también ayudan a crear un ambiente de colaboración y de participación en los éxitos de la organización. Como instrumentos para la labor de vigilancia de los ciudadanos, ayudan a comparar si el comportamiento de los servidores públicos está apegado a lo que les señala el código de ética como compromisos a cumplir.

Los códigos de ética son instrumentos auxiliares de las leyes y sus enunciados tienden a obtener, de quienes los suscriben, un compromiso personal que va más allá de las leyes objetivas, compromiso que propone una mística y un propósito superior de servicio y que, una vez aceptado, obliga al aceptante, por voluntad propia, con una fuerza igual o mayor, que una ley.

El elemento más importante para que un código de ética tenga éxito es el compromiso personal y el ejemplo que den los superiores. Si el superior no cumple con las reglas, es como si las reglas no existieran. El argumento convence, pero el ejemplo arrastra.

Cuando se refiere a un sistema de ética de la gestión pública, al código de ética deben agregarse las leyes y reglamentos que constituyan la parte prescriptiva de la función pública, los cuales señalan las obligaciones, derechos y, en su caso, las faltas o delitos y las sanciones inherentes al ejercicio de la gestión pública. En este caso, los códigos de ética deben tener una relación vinculatoria con la normatividad para la aplicación de sanciones.

Para los procesos electorales, cabría la posibilidad de formular códigos de ética para los distintos actores, por ejemplo, para los funcionarios electorales, para el votante, para los candidatos, etcétera.

La corrupción se retrae en la medida en que la democracia avanza y se arraiga en la cultura popular la necesidad de obedecer las leyes. La clave para tener buenos resultados consiste en una adecuada interrelación entre los controles administrativos, jurisdiccionales, sociales y políticos; ninguno es suficiente por sí mismo, más aún, cualquiera de ellos solo, puede ser contraproducente.

Para combatir la corrupción, a veces se requiere tomar decisiones que enfrentan fuertes intereses económicos y de poder, y es muy difícil que el poder se castigue a sí mismo o que castigue a los suyos: el poder busca siempre castigar a los otros. Por otra parte, los ciudadanos no se han decidido a asumir la vigilancia de sus gobernantes, ni han hecho valer su exigencia para que los servidores públicos tengan un comportamiento ético y eficaz. Ya es tiempo de cambiar.