julio 28, 2009

FARC tienen lanzacohetes de Venezuela, dice Colombia

José Vales Enviado
El Universal


BOGOTÁ.— Una nueva denuncia del gobierno colombiano volvió a poner al rojo vivo la situación diplomática en la región andina. Primero fue el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien denunció el domingo que “terroristas” habían adquirido lanzacohetes. Pero no dijo el nombre ni del grupo terrorista ni del país de origen de las armas encontradas en julio de 2008 en poder de las FARC. Ayer, el vicepresidente Francisco Santos, acostumbrado a decir lo que el jefe de Estado “no puede”, denunció a Venezuela como el país de donde habrían llegado a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las armas adquiridas en Suecia.

“Ya en varios operativos en los que hemos podido recuperar arsenales de las FARC hemos encontrado municiones potentes, equipos potentes, entre otros armas antitanque que un país europeo le vendió a Venezuela y que aparecieron en manos de las FARC”, explicó Santos ayer.

El domingo Uribe advirtió que la cancillería ya había presentado “la queja por los canales diplomáticos respectivos”. Esa nota, según fuentes gubernamentales consultadas por EL UNIVERSAL, fue entrega al gobierno sueco, ya que los lazacohetes secuestrados a las FARC fueron fabricados por la empresa de ese país Saab Bofors Dinamic,

De inmediato, el gobierno sueco, a través de Jens Eriksson, consejero político del Ministerio de Comercio, avaló la denuncia colombiana y advirtió que pedirá explicaciones al presidente del gobierno venezolano.

“Está confirmado por el momento que una pequeña cantidad de armamento fue encontrada en un campamento de las FARC. Pedimos explicaciones a los responsables del gobierno de Venezuela para que nos diga cómo explica que este equipo haya sido encontrado en Colombia”, dijo Eriksson en Estocolmo, la capital sueca.

Jan-Erik Lovgren, director del estatal Servicio de Inspección de Productos Estratégicos, que supervisa la exportación de armas suecas, dijo que los equipos fueron vendidos a Venezuela en los años 80. El funcionario colombiano indicó que la venta fue en 1988. “´En este caso obviamente ha habido, en una violación a acuerdos de licencias de uso y convenciones internacionales, de alguna manera entregas a Colombia”, dijo.

Según AP, los tres lanzacohetes fueron encontrados en octubre en una incursión militar a un campamento de un jefe rebelde conocido como Jhon 40, pero el gobierno de Colombia sólo pidió recientemente a Suecia confirmar si habían sido o no vendidos a Venezuela.

Desde Caracas, la respuesta no tardó en llegar, Partió de la boca del ministro venezolano del Interior, Tareck El Aissami, quien calificó la denuncia colombiana como de “película barata” y de “mentiras e infamias”, en tanto aclaró que la cancillería en las próximas horas emitirá un comunicado al respecto. Para el canciller Nicolás Maduro, esta “es una campaña brutal” con la que se trata “de justificar el acuerdo para la presencia militar estadounidense en Colombia”.

“Desmentimos absolutamente que nuestro gobierno, nuestras instituciones estén prestas para colaborar con algún tipo de organización criminal o terrorista. Todo lo contrario”, precisó El Aissami.

La revista colombiana Semana sostiene que fuentes gubernamentales colombianas le hicieron saber “hace más de dos meses” al gobierno de Hugo Chávez de la incautación de los lanzacohetes AT4, ralizada en julio de 2008, “pero no se recibió respuesta”.

Es en el marco del acuerdo que se aprestan a firmar Bogotá y EU para que militares estadounidense puedan operar en tres puntos de Colombia, y la consecuente polémica que esto genera entre los países de la región, es que ahora tiene lugar el capítulo en los lanzacohetes.

En la victoria y en la derrota

María Amparo Casar
Reforma

No debería sorprender que la democracia en México sea incapaz de procesar institucionalmente las diferencias propias de la pluralidad si los partidos no pueden hacerlo en su vida interna. Tampoco la falta de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas si no los hay entre miembros del mismo partido.

Hemos pasado más de un año padeciendo y reflexionando sobre las barbaridades que ocurren al interior del PRD. El PAN se le quiere parecer: zancadillas entre precandidatos, judicialización de los pleitos, fuego amigo, boicot de los procesos internos...

No se trata de tener una visión idílica de los partidos. Es obvio que como en cualquier otra organización hay una lucha por el poder. Se entiende que diferentes grupos quieran apoderarse de una organización política que con todo y crisis recogió 28% de la votación, tendrá 143 diputados, 51 senadores, 7 gubernaturas y la Presidencia. Una organización que recibe un presupuesto de cerca de 800 millones de pesos, goza de espacio en los medios y tiene a su disposición miles de puestos que repartir. Se trata del real politik. Por eso mismo extraña que manejen de manera tan torpe sus conflictos internos.

Adjudicar los problemas del PAN a la derrota electoral es ignorar la historia reciente. Los pleitos internos han sido la norma desde que el PAN se hizo del gobierno federal. Lo fueron con Fox durante todo el sexenio. Lo han sido con Calderón: en la victoria (2006) y en la derrota (2009). El PAN está en crisis porque hay una lucha por el poder que los panistas no han podido procesar. Porque a nueve años de ocupar la Presidencia no pueden resolver la relación partido/gobierno.

Cuando Fox, los panistas decían que las cosas se dificultaban porque el Presidente no era uno de ellos, porque había llegado al poder con una estructura paralela y porque no había llenado de azules al gobierno. Decían que daba prioridad al PRI en la negociación, que no los consultaba, que se enteraban por los medios de las medidas tomadas por su Presidente, que no respetaba los principios de Acción Nacional. Decían que quería que el partido fuera un apéndice sin vida propia y sumiso ante la voluntad presidencial.

Cuando el presidente Calderón llegó a la Presidencia, las críticas fueron similares. Es cierto que él es panista de cepa pero sus propios correligionarios lo han acusado de conductas semejantes a las que practicó Fox: insuficiencia de militantes en el gabinete, no repartir todas las delegaciones federales entre los panistas, negociar con el PRI, aliarse con Elba Esther Gordillo y querer mandar sobre el partido.

No hay mejor muestra de la absoluta confusión en la que sigue viviendo el partido en el gobierno que uno de los titulares del periódico Reforma: Exigen a Calderón manos fuera del PAN (21 de julio).

No piden que el presidente Calderón se abstenga de utilizar prácticas ilegales para inclinar el sentido de la elección. No. Simplemente le piden que no intervenga, que no tenga preferencias, ni cabildee a favor de su candidato, ni busque ganar posiciones en el partido. Como si el Presidente no tuviera ese derecho, como si no fuera fundamental para él tener un aliado en la dirigencia, como si debiera ser indiferente ante quien dirija el partido.

Esto no exime de responsabilidad al presidente Calderón en la generación y reproducción de la crisis de su partido. Es válido que quiera tener un partido alineado que le sirva de soporte. Pero por eso mismo entre sus obligaciones está la de velar por mantener su unidad. Un partido dividido no le será útil, le causará problemas que lo alejen de su principal tarea que es la de gobernar y demostrará sus deficiencias como líder.

Es igualmente válido que otros grupos se opongan a quien es ostensiblemente el candidato del Presidente. Oponerse no es declararle la guerra a él o a su programa de gobierno. Lo que es cuestionable son los métodos utilizados. Reventar el quórum o promover la anulación para evitar la elección de un nuevo dirigente no es lo más sensato. Podrán lograr su propósito pero lo harán a costa del partido con el que se pretenden quedar. Lo harán a costa de debilitar a su gobierno y de fortalecer a sus adversarios.

Queda claro pues que, por segunda vez consecutiva, los panistas no han podido cumplir con su anhelo de ganar el gobierno sin perder el partido.

Hágase la ley… en los bueyes de mi compadre

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

¿Con quién está el compromiso de nuestros partidos?, ¿con la legalidad o con el oportunismo? Las preguntas son válidas porque no puede dejar de sorprender algunas de las decisiones que impulsan, dentro y fuera del Congreso, los partidos, al mismo tiempo que hablan y pregonan el respaldo de la legalidad. Un caso: Lucía Morett. Esta joven fue detenida el primero de marzo del año pasado cuando recibía entrenamiento en el principal campamento de las FARC, ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador, del lado ecuatoriano. Allí murió el hombre que a todos los efectos estaba al mando de esa organización considerada por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y también por México como terrorista, además de que es el principal productor de cocaína a nivel mundial. Allí murieron también un grupo de jóvenes militantes mexicanos que colaboraban y recibían entrenamiento de las FARC. Toda la información de esos hechos consta en el libro que escribimos Las FARC en México (Aguilar Nuevo Siglo, 2008) con base en la documentación encontrada, luego del ataque del ejército colombiano, en las computadoras de Raúl Reyes.

Deberíamos pensar que todas las fuerzas democráticas de México condenan el terrorismo, están en contra de los narcotraficantes y de todas las acciones colaterales desarrolladas por éstos. Pero, la verdad, no es así: la joven Morett es reclamada por el gobierno de Ecuador y el de Colombia, acusada de diversos delitos por su participación en las FARC. Los dos la solicitan para ser juzgada en ellos. No sé si México debe entregar a Morett a la justicia de esos países: en principio, si se garantiza que tendrá un juicio justo, debería ser obvio que ello así ocurriera. Pero lo que resulta inverosímil es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión apruebe un punto de acuerdo, impulsado por el PRD y el PT, para que el gobierno defienda a Morett y le brinde su apoyo o, también, que antes lo haya hecho el Consejo Universitario de la UNAM. Tanto o más inverosímil el que un partido, el PT, la haya lanzado como candidata con el único objetivo de que ganara una diputación y así tuviera fuero para no responder por esas acusaciones.

Un punto es central en todo esto: Lucía no está siendo juzgada en Colombia y Ecuador debido a sus ideas políticas, sino, en el primer país, por pertenecer a un grupo al que se considera terrorista, que está en guerra contra la democracia colombiana y profundamente involucrado en el narcotráfico (con socios y repercusiones, eso también debe ser destacado, en nuestro país). En Ecuador está siendo juzgada porque participaba en un grupo armado ilegal que operaba desde territorio ecuatoriano y afectaba la seguridad nacional de ese país. Y si hay dos gobiernos enfrentados, por éste y muchos otros temas, son los de Ecuador y Colombia. Mas, para los dos, Lucía era parte de las FARC.

¿Cómo puede la mayoría de la Comisión Permanente aprobar un punto de acuerdo donde le pide al gobierno que proteja a un connacional acusado de delitos tan graves por el solo hecho de serlo? Insisto, si Morett no cometió delitos en México, quizá por razones políticas y diplomáticas podría no ser extraditada y tal vez defender su causa en Ecuador y en Colombia desde México (aunque deberíamos preguntarnos si nos gustaría que esos gobiernos tomaran la misma decisión si se diera el caso de una persona de origen colombiano o ecuatoriano acusada de cometer delitos en nuestro país), pero de allí a exigir que sea defendida por el gobierno o, más aún, a proponerla como candidata a diputado para que de esa forma evada la justicia, hay una distancia enorme. Volvamos al mismo punto: Morett no está siendo acusada por sus posiciones políticas, sino debido a su presunta participación en una organización que la comunidad internacional considera terrorista y parte de las redes internacionales del narcotráfico.

Otro caso: Julio César Godoy, el medio hermano del gobernador Leonel Godoy, acusado de pertenecer al cártel de La Familia, actualmente prófugo y también diputado electo por el estado de Michoacán, posición a la que fue impulsado por el gobernador y su partido a pesar de que, mucho antes de la elección, por lo menos desde el famoso michoacanazo, se le habían presentado a Godoy indicios muy claros de que su medio hermano estaría involucrado con el crimen organizado. Una vez más, como había ocurrido con su ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández, las advertencias fueron desoídas y se buscó proteger de la acción de la justicia a Julio César a través del fuero constitucional. Pero la historia no concluye allí: el PRD, el PT y Convergencia ahora tratan de lograr que, de todas formas, aunque esté prófugo de la justicia, Godoy pueda asumir su cargo como diputado. ¿Estaremos ante el futuro líder de una narcobancada?, ¿eso es a lo que apuestan esos legisladores?,¿no tienen ni la menor duda de que Godoy tiene algo o mucho que ver con el cártel de La Familia o es que sus convicciones en torno a la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada tienen, como en el caso Morett, límites marcados por la coyuntura política de muy corto plazo?, ¿no comprenden que lo único que le falta a nuestra Cámara de Diputados, para caer aún más en el descrédito, es que entre sus 500 integrantes estén personajes acusados de terrorismo internacional o de participar activamente en el narcotráfico?

Dicen los dirigentes de los partidos, sobre todo del PRD y del PT, que todavía no han sido sentenciados por esos presuntos delitos. Es verdad, pero, ¿no se les ocurre que ellos están tratando de impedir precisamente que sean juzgados?

Finalmente, esto nos lleva a otro punto: el del fuero. El mismo se ha establecido para que los legisladores no sean perseguidos por sus posiciones políticas, no para poder conducir borracho o evadir la ley. El fuero no debería ser sinónimo de patente de corso.

A Morett no la acusan por sus posiciones políticas, sino debido a su presunta participación en una organización terrorista.

La victoria

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

La selección de México ganó la Copa Oro a Estados Unidos y calló a sus críticos con cinco goles. Dio también jugosas municiones a sus mayores enemigos: aquellos que inventan esa selección como un equipo de posibilidades extraordinarias para luego derogarla porque no llena la exigencia de calidad que le han impuesto.

Es un mecanismo reflejo de comentaristas y medios asumir que el Tri es mucho mejor de lo que se ve en la cancha. Dado este principio, lo que se ve en la cancha siempre está por debajo del nivel que el Tri podría tener.

Todavía en la transmisión del domingo, cuando el Tri daba un concierto de imaginación ofensiva y de goles de colección, alcancé a oír a alguno de los comentaristas diciendo algo así como que este equipo sí estaba “más cerca” de lo que el Tri puede ser.

Como si ese concierto de futbol arrasador que estábamos viendo pudiera ser cosa de todos los días para el Tri y no la excepción de virtuosismo y eficacia que sólo se alcanza de tarde en tarde.

El perverso mecanismo de opinión pública que conspira contra la selección mexicana no es hijo maquiavélico de nadie, sino la consecuencia de una mecánica en la que el negocio montado en torno a la selección depende de que la gente crea locamente en ella.

La gente quiere creer y los intereses comerciales en torno a la selección necesitan que crea. Se juntan el hambre con las ganas de comer. Antes de darnos cuenta, el Tri se convierte en una enorme promesa de triunfo. Se espera que venza a cualquiera. De la esperanza desmesurada a la exigencia desmesurada no hay más que un paso. Ahí empieza la cuesta descendente: “Este Tri no sirve”, “no está a su nivel”, “el entrenador está equivocado”, a los jugadores les falta carácter”, “corran al entrenador”.

Nadie organiza las cosas para que el Tri tenga un sistema estable de planeación y desarrollo, no hay paciencia para que maduren los planes, las alineaciones ni la forma de jugar, cosas que sólo pueden darse con la continuidad de entrenadores, justamente lo que más cambiamos.

La victoria del Tri puede acabar pesando como una losa de expectativas desmesuradas sobre los jugadores y el entrenador para el 12 de agosto, día en que México tiene un juego clave con EU para la calificación al Mundial.

Lo menos que se le pedirá a la selección es que le repita la dosis y tenga otra actuación genial. Porque las actuaciones geniales son las que están “más cerca” del verdadero nivel que puede tener este equipo. Cómo le explico.

Por una izquierda progresista

Federico Reyes Heroles
Reforma

Algo no cuadra. Ser de izquierda hoy, en México, se está volviendo muy complicado. A diferencia de lo que ocurre en otras latitudes en que la concepción de izquierda se amplía y su fuerza crece, en nuestro país los dogmas y las degradaciones han convertido al sello de izquierda en un galimatías. Antes alguien que luchaba por el cambio, quien era crítico del statu quo, era visto de inmediato como progresista. Los que se encontraban en el polo contrario, los que consideraban que las penas nacionales siempre tenían una explicación profunda, un justificante, eran los reaccionarios. Los primeros casi siempre eran de izquierda y los segundos de derecha con muchos matices intermedios. La izquierda apelaba a los intereses generales y la derecha a los particulares. Pero en México las categorías han sido trastocadas. La confusión impera.

En un hermoso libro llamado Diccionario del ciudadano sin miedo a saber, Fernando Savater afirma que hay reaccionarios de derecha y también de izquierda y que esa definición casi binaria, reaccionario o progresista, en contra del cambio o a favor de él, resulta mucho más útil. Un ejemplo, México es uno de los países del mundo con mayor desigualdad. Es un lugar común, ya casi nos acostumbramos al hecho como algo irremediable. Pero en el mundo la desigualdad se combate con muchas armas, la principal es un sistema fiscal progresivo. Por lo tanto en México los progresistas deberían de estar a favor de modificar lo existente, por que algo está muy mal. Nuestro sistema fiscal es muy deficiente: brutal evasión, elusión y concentración en pocos causantes. Se grava más a la producción que al consumo. Los opositores a una reforma hacendaria profunda argumentan que la desigualdad podría empeorar. Con esa premisa lo mejor en un país con decenas de millones de pobres es no moverse. Una conclusión reaccionaria.

La izquierda en el mundo apoya medidas generales: seguridad social para todos, sin privilegios; pensiones y por supuesto educación eficiente y universal tanto como sea posible. La derecha pelea por derechos grupales. Pero en México resulta que muchos de los sindicatos más voraces, aquellos que impiden la expansión de los servicios a todos los mexicanos ¡son defendidos nada menos que por los que se dicen de izquierda! Un ejemplo, según las cuentas de Carlos Elizondo el subsidio anual a la Compañía de Luz y Fuerza, una empresa que debería ser rentable, es equivalente a la suma de los subsidios de la UNAM, el IPN y la UAM. Un progresista debería de preferir el doble de educación superior anual para cientos de miles de jóvenes mexicanos que favorecer a un grupúsculo de privilegiados. Pero resulta que cierta "izquierda" los defiende a muerte. No se entiende.

La lucha en contra de los privilegios indebidos define a la izquierda. En México muchas de las críticas a los privilegios provienen de ciudadanos que la izquierda no ha podido acercar e incluso de empresarios pequeños y medios que sufren las prebendas y condiciones monopólicas. ¿Acaso serán reaccionarios? Hablar de productividad es progresista. ¿Acaso se es progresista simplemente por no ser empresario? Con esa lógica no se va a llegar muy lejos. La exclusión era un signo inequívoco de la derecha, de los reaccionarios. Pero hoy algunas de las señales más preocupantes de exclusión vienen de la izquierda radical que habla de los ciudadanos "auténticos", que están con ellos y (por lógica) los falsos que son el resto. En eso la Iglesia Católica y esa izquierda se parecen mucho: reclaman una verdad única.

Una de las amenazas más perversas del conservadurismo es esa defensa de la identidad, de una identidad que se sobrepone al individuo, una identidad que necesita ser protegida. Para protegerla son indispensables los vigías, los comisarios. El fantasma de la pérdida de la identidad ha servido de justificación al encierro, al control central de la cultura. Las identidades se construyen a diario y cada quien debe poder escoger aquello que más le convenga. Quién pelea hoy por la defensa de la identidad, sea eso lo que sea: los reaccionarios para los cuales México estaría mejor si no se hubiera contaminado con el TLC que da empleo a cientos de miles de mexicanos. Con ese criterio las ideas de la Ilustración nunca debieron haber tocado a otros países. ¿Existe el conservadurismo de derecha? Por supuesto que sí y sus temas-obsesiones los conocemos. Son reaccionarios para los cuales todo tiempo pasado fue mejor que luchan por la recuperación de sus privilegios. Pero en realidad cada día pesan menos y sus posiciones son tan arcaicas que con frecuencia reciben la burla y mofa de un México joven, más informado y abierto. Allí está el futuro.

El debilitamiento de la izquierda en un país como el nuestro es una mala noticia. México necesita más y mejores planteamientos de igualdad y justicia social, de progreso, de cambio. La lección del 2009 es clara. Una izquierda reaccionaria no tiene futuro.

¿Qué espera Mancera?

Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
El Universal

A Miguel Ángel Mancera no le queda mucho tiempo para sostener su equivocada investigación que asegura que Sergio Ortiz Juárez El Apá y la banda de La Flor fueron los autores del secuestro del joven Fernando Martí. No se puede sostener por mucho tiempo una mentira. La supuesta conexión entre La Flor y la banda de Los Petriciolet no existe y ya se lo demostraron, con evidencias e investigaciones precisas, al titular de la PGJDF.

Por más que hable de “células” de una misma banda, el procurador Mancera sabe a estas alturas que El Apá sí es líder de una banda de secuestradores, como él lo afirma, que tiene en su haber a varias víctimas; pero no fue la que secuestró y mató a Martí, por lo que se equivocaron garrafalmente al presentar el caso en agosto de 2008 como mediática y lucidora respuesta al “Si no pueden, renuncien” de Alejandro Martí.

Ayer cuatro periodistas, entre ellos el que esto escribe, fueron invitados a conocer los pormenores de la investigación a cargo de la SSP federal. Ahí se informó que Mancera ya se reunió con Genaro García Luna la semana pasada y conoció a detalle todas las evidencias que confirman que la banda de Los Petriciolet, encabezada por Abel Silva Petriciolet, fue la que secuestró, en junio de 2008, en un falso retén de la AFI, al joven Martí. Fue la misma banda —personalmente Abel Silva, según peritajes de voz de la SSP— la que negoció el secuestro y mató al hijo de Alejandro Martí al no recibir el dinero del rescate.

La prueba de que se equivocó la PGJDF es que en la misma casa de seguridad donde tuvieron a Fernando y a su chofer, y donde después mataron al jovencito, Los Petriciolet realizaron, tras la captura de El Apá (agosto de 2008), cuatro secuestros más cuyas víctimas estuvieron ahí y están plenamente identificadas por la SSP. Es decir, la banda de Los Petriciolet siguió operando y secuestrando sin ningún problema tras la captura de Sergio Ortiz, porque no tenían nada que ver con La Flor.

Pero el argumento más contundente contra el caso de la PGJDF es la presencia de Alejandro Martí en las instalaciones de la SSP federal el 20 de julio. Fue recibido por Genaro García Luna, quien le presentó las evidencias que llevaron a la captura de Noé Robles, asesino confeso de su hijo. Cuentan que al llegar a ese encuentro el empresario aún dudaba de cuál de las dos instituciones decía la verdad; pero al salir se convenció de que Los Petriciolet secuestraron y mataron a su hijo.

¿Qué espera entonces el procurador para aceptar su error y evitar que siga creciendo la percepción de que buscó —él o quienes lo asesoraron— fabricar culpables para ayudar a su jefe a cumplir el reto de Martí? ¿Qué espera Ebrard para pedirle una rectificación o su renuncia?

Danzón presidencial

Juan Manuel Asai
jasaicamacho@yahoo.com
Códice
La Crónica de Hoy

Alguna vez, en medio de uno de los problemas en los que suele meterse, Calderón declaró que le emocionaba enfrentar la adversidad. Le parecía más divertido gobernar en ríos de aguas bravas, que en plácidos laguitos artificiales. De acuerdo a esa lógica malsana, el mandatario debe estar teniendo jornadas muy emocionantes, superdivertidas, pues la situación del país se deteriora día con día ante nuestra atónita mirada. El mandatario tiene motivos de sobra para divertirse, mientras los demás se angustian.

Crisis impúdica

Una de las consecuencias de la jornada electoral del domingo 5 de julio es que el tema de la crisis económica, que trató de ocultarse por meses tras los uniformes de agentes federales y soldados que participan en la lucha contra el crimen organizado, salió a la luz pública. Ahora se pasea, impúdica, en las primeras planas de los diarios. Aparece en forma de cifras que documentan el pesimismo colectivo, como la caída vertical del PIB, de 9 por ciento; de la baja en las remesas, del aumento del desempleo y, lo que es más doloroso, en el incremento del número de compatriotas sumidos en la pobreza, lo que constituye una derrota compartida. No podemos olvidar ante este panorama, que posterga las expectativas de una vida mejor para muchos mexicanos, que el responsable de las finanzas públicas diagnosticó la situación como “un catarrito”.

El posicionamiento en los medios de comunicación del tema económico no restó ni gravedad ni presencia al asunto de la seguridad pública, en el que la sociedad no advierte avances. “Si no pueden, renuncien”, exigió un padre de familia herido por el secuestro y asesinato de su hijo adolescente. El tiempo pasa, hay nuevos secuestros y los antiguos no se esclarecen y, claro, nadie renuncia. De hecho, en el caso del joven Martí cada día hay más preguntas que respuestas. Las autoridades tejen una maraña de enredos para ocultar su ineficacia.

En el frente de la guerra contra las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al tráfico de drogas pero que también incurren en otros delitos como la extorsión y el robo, la gente tiene la sensación de que vamos perdiendo. Tal vez no, es probable que ante el acoso de los fuerzas federales los delincuentes estén desesperados y por eso se atrevan un día a levantar, torturar y matar a una docena de agentes, y al otro día hablar por teléfono a un programa de televisión para demandar que el gobierno de siente a negociar, bajo sus condiciones. La gente percibe esas acciones como el desafío de una fuerza que se siente superior a la del Estado. El discurso envalentonado de los funcionarios públicos, comenzando con el propio Calderón y emulado por Gómez Mont, cada vez impresiona menos. Más resultados, más paz social y menos declaraciones tronantes es lo que la gente espera de sus gobernantes. Que se ahorren discursos y que atrapen a los capos. Si lo hacen, habrá aplausos para todos.

Ladrillito

En el flanco político, la nueva correlación de fuerzas deja a Calderón el espacio de un ladrillito para operar. Tendrá que aprender a bailar danzón para simular movimiento sin dar un paso. Gobernadores, alcaldes y legisladores priistas lo tienen rodeado. No tiene para dónde hacerse. En otro tipo de régimen político, uno parlamentario por ejemplo, Felipe habría tenido que entregar el poder después de la derrota del PAN con el propósito de que un nuevo gobierno, con mayoría legislativa, pudiera poner en marcha al país. Como no es el caso, lo que queda a la administración panista es nadar de muertito de aquí al 2012, o seguirle la corriente al PRI.

La única opción para ampliar su margen de maniobra es abrirse a la participación de nuevos jugadores y no enconcharse. Pero el estilo personal de gobernar de Calderón no lo permite. Va contra su naturaleza. Como se está viendo en el proceso de selección del nuevo dirigente nacional del PAN, en lugar de sumar, resta. De pronto, los tres años que faltan a la presente administración de Calderón parecen una eternidad.

Otras automáticas

Marcelino Perelló
bruixa@prodigy.net.mx
Excélsior

Hace algunos años, un grupo de amigos, miembros de la dirección de una “organización popular” no poco conocida, se dirigieron a mí, para solicitarme que los asesorara en la conformación de una cooperativa.

Se trata de un fenómeno mundial y muy antiguo. En cada país y en cada época cobra formas distintas y específicas, pero se trata, en última instancia, del mismo mecanismo. Los distintos grupos de poder (con minúscula) que se encajan, sobreponen o enfrentan para conformar el Poder (con mayúscula), en una compleja dinámica, acostumbran poseer un conjunto de asociaciones sociales que les son dependientes e incondicionales.

Estas asociaciones pueden ser muy grandes, ostentar un nombre público o, al contrario, pueden ser más bien pequeñas, anónimas y más bien discretas o de plano secretas. Estas últimas actúan de manera velada. Unas y otras están al servicio del grupo de poder que las patrocina y sostiene. A partir de ahora también las llamaré “grupos”, pero esta vez grupos de presión. Así pues, el grupo de presión está supeditado a los intereses del grupo de poder.

Estos últimos también pueden ser públicos o privados. A veces son auténticos trusts o partidos políticos enteros. En otras constituyen únicamente una fracción o incluso se generan en torno a un solo hombre, político o militar, empresario o financiero.

Los primeros, los de presión, actúan en los más diversos ámbitos sociales: gubernamentales o legislativos, judiciales o policiacos; sindicales, periodísticos, militares, económicos, estudiantiles, en organizaciones, frentes o uniones de todo tipo. Unos poseen más autonomía que otros, pero todos operan bajo las consignas del grupo de poder al que están supeditados.

La supeditación se ejerce a través de ciertas prebendas y privilegios que el grupo de poder otorga al de presión; ya sea en la simple forma de dinero contante y sonante o bajo procedimientos diversos y de magnitud variable: hacerse de la vista gorda frente a prácticas ilícitas, ofrecimiento de cargos públicos o de dirección, otorgamiento de permisos para explotar determinada actividad, ocupar terrenos, construir inmuebles, dotar de armas, obsequiar viajes, ofrecer entradas para los partidos de futbol. Qué sé yo.

El mecanismo tradicional por el que actúan los grupos de presión es el chantaje. Chantaje contra los grupos de poder adversarios, por supuesto. “Si no cedes aquí, o no concedes tal cosa, te armo un desmadrito del que a ver cómo te libras”. O más sibilino: Primero armo el borlote y después te ofrezco resolverlo a cambio de que te rindas y salgas lo mejor librado posible.

En otras ocasiones, sin embargo, el propósito no es el chantaje, sino la intención clara y directa de defenestrar y derribar la opción opuesta. Cuántos gobiernos no han sido derrocados gracias a la acción premeditada de grupos de presión. No cuesta nada propiciar el “malestar social” y presentar un tumulto o asonada como “revolución”. Usted búsquelos y encuéntrelos, culto e informado lector. No tengo espacio para ponerme a mencionarlos yo. Ni quiero meterme en camisa de 11 varas.

Un ejemplo, no obstante y ya pensándolo bien, sí le tengo que dar. En primer lugar porque es harto ilustrativo y en segundo porque sólo lo conozco yo y le sería asaz difícil dar con él. No voy a mencionar nombres ni de personas ni de organizaciones, pues correría yo el riesgo de pasar por integrante de un grupo de presión.

Hace algunos años, un grupo de amigos, miembros de la dirección de una “organización popular” no poco conocida, se dirigieron a mí, para solicitarme que los asesorara en la conformación de una cooperativa. Déjeme asentar que mi amistad con ellos no tiene nada que ver con su participación en la mentanda —no mentada— organización. Nos reunimos una buena y agradable noche, en mi casa.

“Tú sabes de eso”, me dijeron. “Algo sé de cooperativas, en efecto —les respondí, entre halagado y divertido—, pero nunca he participado ni mucho menos he formado una”. De todos modos, insistieron. Su intención era la de montar una gran cooperativa agrícola nacional, que distribuyera los productos de los campesinos independientes, para liberarse de la pesada y abusiva carga que constituían los organismos oficiales.

“No son habas —les dije de entrada—, se necesita un montón de lana para adquirir o al menos alquilar silos, bodegas, transportes; un aparato administrativo considerable”. “Ese no es problema —me contestaron al bote pronto—, lo conseguimos”. En pleno azoro, les pregunté cómo. “Pues como siempre. De las organizaciones gubernamentales, de los gobiernos locales, estatales y municipales”. “¿Y se los van a dar? —inquirí, sin salir de mi asombro— ¿Por qué lo harían?” “Pues como siempre. A base de mítines, plantones y bloqueos, acaban siempre doblando las manitas”.

Al servicio de quién sabe quién están. Los grupos de presión, luego son como condotieri. Ahora con éste, ahora con aquél. Soldados de fortuna.

Aunque usted no se haya dando cuenta, embaucado lector, estoy hablando del 68. En particular del hecho de que al mero principio del movimiento, los últimos días de julio, en los campi empezaron a aparecer armas. Sobre todo en el Politécnico. Armas largas. A través de la FNET ciertos politicastros de nivel medio entregaron a grupos de lumpen-estudiantes cajas enteras de rifles de repetición.

La FNET, Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, era un grupo de presión. Paralelo, guardando todas las distancias, como hacen las líneas paralelas, con la FUSA, Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos, de la UNAM. Ahí los llamábamos porros. Pues tenían su origen en los grupos de animadores, porras, de los equipos de futbol americano. Al servicio de algunas autoridades universitarias, pero también de otros funcionarios de mayor nivel.

Los porros eran —¿son?— golpeadores, rompehuelgas, y en más de una ocasión, asesinos de activistas estudiantiles. Una de las cosas que más me sorprendió, en los días —las horas— de eclosión del movimiento, fue la ausencia absoluta de resistencia por parte de los porros. La ausencia de los porros. Algo raro pasa aquí, pensó aquel escuincle de 23 años. Hoy, el viejo de 64, sigue pensando lo mismo.

Todo ello podría ayudar a explicar “los nervios” del gobierno frente al movimiento y la represión desmedida e incontrolada de la que fue objeto. Del 2 de octubre, en particular, existen testigos respetables y creíbles que afirman que, sobre la tribuna del Chihuahua, sí llovió fuego real. Entre ellos, lo afirman Luis González de Alba, Eduardo Valle y Pablo Gómez. Su error es, sin duda, el pensar, de manera automática, que el único que disparaba ahí era el Ejército. Cuando había, en los techos de los edificios que rodean la plaza, otras automáticas.

Martí: las mentiras de Mancera

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

Si Marcelo Ebrard pudiera regalarse una mañana para revisar los expedientes en los que la PGR y la PFP sustentan las pesquisas del secuestro del niño Fernando Martí —que en su momento conoció la Procuraduría capitalina—, desde hace muchos días habría despedido a Miguel Mancera, titular de la PGJDF

¿Negociadores y la PGJDF se robaron el dinero?
¿Quién será el valiente en decir la verdad?

S i Marcelo Ebrard pudiera regalarse una mañana para revisar los expedientes en los que la PGR y la PFP sustentan las pesquisas del secuestro del niño Fernando Martí —que en su momento conoció la Procuraduría capitalina—, desde hace muchos días habría despedido a Miguel Mancera, titular de la PGJDF.

¿Y por qué debía despedirlo?

Porque el procurador Mancera no sólo fabricó culpables en el caso Martí, sino que insiste en su intentona de engaño colectivo a los ciudadanos del Distrito Federal —se aferra a la falsa teoría de que la banda de El Apá es responsable del crimen y secuestro del niño Martí—, y porque con ese montaje no sólo ensucia la credibilidad en la impartición de justicia del GDF, sino que estimula la impunidad criminal en la capital del país y arrastra la imagen del presidenciable que es su jefe, Marcelo Ebrard.

Pero también existe la posibilidad de que Mancera defienda con uñas y dientes su falsa teoría sobre el caso Martí —de que la banda de La Flor es la responsable—, no por tapar a sus “ineficaces subalternos”, sino porque la orden pudiera venir de arriba. Es decir, abundan los indicios en dirección a que salió de la oficina del propio Marcelo Ebrard la tesis de que El Apá es el secuestrador y criminal de Fernando Martí. Sólo así se entendería que Mancera siga en el cargo.

En todo caso, lo interesante son las evidencias que la PGR y la PFP tienen en su poder. Por lo pronto, resulta ilustrativo que cuando el escolta de la familia Martí —que sobrevivió al secuestro y a un intento de asesinato—, fue llevado a la casa de seguridad donde la banda de los Petriciolet mantuvo cautivo a Martí, lo primero que hizo luego de reconocer la casa a plenitud fue una elocuente exclamación, seguida de un gesto de pesadumbre: “¡Y ahora que voy a decir!”.

Cristian Salmones reconoció plenamente la casa de seguridad donde estuvo secuestrado Martí y entendió que esa nueva evidencia echaba por tierra todo el montaje preparado por la PGJDF. Algo parecido ocurrió con el propio Alejandro Martí —padre del niño asesinado—, quien incluso pudo comprobar que su hijo Fernando fue asesinado cuando se encontraba inconciente, luego de ser sedado.

Pero más aún, los expedientes en poder de la PGR y la PFP confirman que la banda de los Petriciolet actuó con el mismo modus operandi, con las mismas células, en la misma casa de seguridad, con el mismo negociador, los mismos miembros, y con la misma logística, no sólo una, dos o tres ocasiones posteriores al secuestro y crimen de Fernando Martí, sino luego de cinco secuestros y a lo largo de casi un año. En pocas palabras, que luego de secuestrar y asesinar a Fernando Martí y durante cinco secuestros más —hasta el del niño Antonio Equihua, en mayo de 2009—, la banda de los Petricciolet siguió actuando igual y de manera impune, mientras que el procurador Mancera y Marcelo Ebrard insistían en que los responsables del secuestro y crimen de Martí eran El Apá y su banda. ¿Qué más necesita Marcelo para darse cuenta del engaño?

Si hace falta más, otro dato. Según periciales de voz, el negociador del caso Martí es el mismo negociador de los cinco secuestros siguientes que cometió la banda. Pues resulta que ese negociador advirtió a la familia de la víctima del secuestro que siguió al de Martí —nombre de cuya familia nos reservamos el nombre por razones obvias—, lo siguiente: “Si me hacen lo que el caso anterior, que no me pagaron, también lo voy a matar”.

¿Qué revela lo anterior? Poca cosa, que al niño Fernando Martí lo mataron porque no se pagó el rescate. ¿Quién no pagó? El padre de Fernando, Alejandro Martí, asegura que entregó poco más de cinco millones de pesos a los negociadores —de la familia y la PGJDF—, que no fueron entregados a los secuestradores. ¿Quién se quedó con el dinero? Esa respuesta la tienen los negociadores de la familia y, por supuesto, la Procuraduría del Distrito Federal. Se presume que entre los negociadores de la familia y los policías de la PGJDF se habrían quedado con el dinero.

En resumen, que los encargados de negociar el rescate de Fernando Martí —designados por la familia del secuestrado y por la PGJDF— se habrían robado el dinero del rescate. Por esa razón habrían matado al niño Martí. ¿Por qué no investiga todo eso el jefe de Gobierno? No, es más fácil inventar culpables. Al tiempo.

EN EL CAMINO

Por cierto, en cualquier momento se podrían dar a conocer grabaciones de La Tuta, el jefe de La Familia michoacana, que muestran quién gobierna en Michoacán. Está cercana la caída de Godoy.

Derechos humanos y averiguaciones previas

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

En vez de impugnar ante la Suprema Corte la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debió inconformarse, en todo caso, ante el Congreso de la Unión por haber legislado el Código Federal de Procedimientos Penales que impide balconear las averiguaciones previas.

A la institución que preside, argumenta el doctor José Luis Soberanes, se le niega acceso a pruebas útiles para cumplir su cometido, pues la norma impugnada condiciona la entrega de información a que no se pongan en riesgo las investigaciones en curso y la seguridad de las personas.

Pues… sí.

De hecho, el Código Federal de Procedimientos Penales establece que “al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda...”.

Si la ley impide la protección a los derechos humanos, la “culpa” es de los legisladores.