Alejandro Cárdenas López
Enviado
El Universal
En un hecho inédito ante la falta de recursos legales para realizar un juicio político, aproximadamente 200 jueces ciudadanos pondrán en el banquillo de los acusados al mandatario del Estado
Un grupo de ex políticos, activistas y abogados realizará un juicio oral al gobernador saliente de Nuevo León, Natividad González Parás, a fin de evaluar su función en materia de seguridad, educación, salud y manejo discrecional de recursos y los eventos del Forum de las Culturas, entre otros temas.
El juicio, que se planea realizar el próximo 15 de septiembre, convertirá el centro de convenciones Convex en un "tribunal colegiado moral y ético", donde aproximadamente 200 jueces ciudadanos pondrán en el banquillo de las acusados al mandatario del Estado.
El grupo organizado es denominado "Movimiento Ciudadano Evolución Mexicana 2010", donde participan algunas personas que colaboraron en la reciente campaña a la alcaldía de San Pedro Garza García de la ex panista, Tatiana Clouthier, quien aunque se denominó candidata ciudadana, fue respaldada por el partido Nueva Alianza, que terminó como tercera fuerza política en el estado.
Según Clouthier el "juicio popular" es un hecho inédito porque ante la falta de recursos legales para realizar un juicio político, se pondrán sobre la mesa oralmente los argumentos contra el mandatario estatal, con todas las figuras jurídicas que normalmente se utilizan, "pero teniendo al jurado más importante, que es el mandante: la ciudadanía", dijo.
La hija del extinto político panista Manuel Clouthier agregó que participarán alrededor de 200 ciudadanos de Nuevo León, quienes ya se están registrando vía Facebook y en internet, pero con acceso restringido.
"Es importante tener nombre y apellido para saber quién está ahí para que no te vayan a reventar el evento", dijo.
Este grupo de ciudadanos realizará la función de jurado y al escuchar la información jurídicamente planteada, emitirán un voto a decir: culpable o inocente.
La ex candidata afirmó que participarán algunos líderes de organizaciones civiles y tendrán observadores e invitados de otros estados que visualizarán el ejercicio para ver cómo se podrían replicar en los estados como Jalisco, Puebla o Sonora, donde sus mandatarios han sido fuertemente cuestionados.
"Lo que es inédito es que ante la falta de compromiso del Congreso Local para hacer lo que le corresponde, la sociedad se tenga que organizar para tomar las riendas de lo que sus elegidos no pudieron hacer", expresó Clouthier.
Negó que sea un movimiento partidista y afirmó que "podrían decir que es partidista si consideran que nuestro partido se llama México".
Otro de los organizadores es la activista regia Dolores García Téllez de Landa, quien se presentó como vocera del grupo.
Para ella el evento no será un mero espectáculo de cinismos y burlas, "sino al contrario, que con toda seriedad se van a poner los cimientos de las auditorías ciudadanas que en un futuro cercano empezamos a hacer al gobernador entrante, como a los diferentes presidentes municipales", agregó.
Landa, hija del reconocido abogado Ignacio García Téllez, quien fue muy cercano a Lázaro Cárdenas y fue ex Secretario de Gobernación, dijo que en el juicio estarán presentes un fiscal, el acusador, jueces y el abogado defensor y de oficio en caso de que no se presente el acusado.
"El juicio es como prototipo de un gobernante que ha traicionado a su comunidad, porque seguimos inmersos en los grandes problemas que él dijo que iba a tratar de solucionar y no se ha solucionado; por el contrario, se han empeorado", agregó.
"Es gente muy comprometida la que está con nosotros", expone y presenta a una mujer de 83 años, bisabuela, con 8 hijos, 25 nietos y 9 bisnietos. "Y estoy metida esto porque me siento poseedora de la carga de 4 generaciones", apunta la octagenaria.
Formato de juicio ciudadano
Para la realización del evento se han apoyado en la asesoría de doctores en Derecho, entre ellos algunos miembros del Poder Judicial y de universidades de la región, aunque no especificaron los nombres.
Al inicio del evento se elegirá un "magistrado" para que presida la sesión al estilo de juicios orales, ahí se nombrará a 12 personas como jueces. El inculpado será notificado un día antes del evento y "si no acude al apercibimiento se le nombrará un abogado de oficio".
Una vez presentado el resolutivo, se enviará oficio de esa resolución a los partidos políticos, medios de comunicación, instituciones educativas, al Presidente de México, a las Naciones Unidas, "para que conozcan lo que un grupo de ciudadanos piensan de él y garantizar que no lo reciclen en otros puestos políticos", según los organizadores.
Fundamentos legales
Otro de los representantes del movimiento es el abogado penalista de Nuevo León, Jorge Reza Holguín, quien afirmó para EL UNIVERSAL que el evento busca crear conciencia política porque sería irrisorio intentar enjuiciar a González Parás con el sistema que maneja la técnica jurídica, "pero el sistema tiene sus juegos y sabemos que con esos recovecos no llegaríamos a nada porque se burlaría el sistema".
Según explica el juicio popular es histórico, se ha realizado desde tiempos de los griegos y hace dos o tres siglos era muy utilizado en México, todavía en 1810 y 1910 jugaban un papel importante".
"Hoy el sistema los ha ido reduciendo y acotando, de tal suerte que todavía los contempla la Constitución Mexicana (artículo 20, inciso B, fracción VI) y el Código Federal de Procedimientos Penales Federal, entre el 308 y 309", explicó.
Explicó que dentro del grupo, decidieron tocar a una figura como González Parás, porque en los últimos cinco sexenios "no se había visto un gobernador con tan poca ética como el que tenemos ahora, y en el estado no se da la división de poderes y el gobernador influye en el Ejecutivo y el Legislativo".
"Son de dominio público los actos, hechos e ilegalidades y está documentado en los medios que no ha habido una administración adecuada y no se han manejado los fondos hacendarios adecuados", comentó el abogado postulante.
"El juicio lo van a hacer los ciudadanos, conscientes de que el gobernador no otorgó el bien común y en la toma de protesta juró y protestó respetar la Constitución mexicana y en su defecto, remarcó, que la sociedad me lo demandé, pues nosotros se lo vamos a demandar".
El grupo de personas se ha reunido en la planeación del evento y prevé nombrar una comisión para dar una resolución a la sentencia del juicio que ofrezcan los jurados ciudadanos, y ahí se realizarán unos resolutivos, a lo cual finaliza Reza, "dudo que vayan a ser absolutorios".
Otros juicios similares en México
La propuesta de Evolución Mexicana es parecida al "juicio popular" que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México en agosto del 2007, contra el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz por integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, donde estuvieron presentes académicos como José Dávalos y actrices como Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina.
En Jalisco también se realizó un acto similar contra Francisco Ramírez Acuña como titular del ejecutivo estatal en Jalisco en febrero del 2007, organizado por diversas organizaciones civiles entre ellas la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
septiembre 11, 2009
Impuestos: de mal en peor
Arturo Damm Arnal
arturodamm@prodigy.net.mx
La Crónica de Hoy
En materia tributaria lo ideal es un impuesto único (ni uno más), universal (sin excepciones), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), no expoliatorio (para que su cobro no degenere en un robo con todas las de la ley), al consumo (no al ingreso, no al patrimonio), ideal que debe servir para calificar los cambios que, en materia de impuestos, se propongan (por el Ejecutivo) y se aprueben (por el Legislativo).
Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda ha propuesto, para el año entrante, uno, la creación de un nuevo gravamen, que sería un impuesto general a las ventas del dos por ciento, por lo cual los productos que hoy no están gravados (medicinas, alimentos, libros) pagarían ese dos por ciento, y aquellos ya gravados con el IVA pasaría del 15 al 17 por ciento; dos, la creación de otro nuevo impuesto a servicios de telecomunicaciones (telefonía celular, telefonía fija, televisión restringida y servicios de internet, quedando exentos la telefonía pública y la rural), mismo que se cobraría a una tasa del cuatro por ciento; tres, aumentar la tasa del impuesto a los depósitos en efectivo del 2 al 3 por ciento y reducir la cantidad a partir de la cual se cobra de 25 mil a 15 mil pesos; cuatro, el incremento en la tasa marginal del Impuesto sobre la Renta del 28 al 30 por ciento; cinco, aumentos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cobrado a cigarros y bebidas alcohólicas, todo lo cual apunta en la dirección contraria a la que aconseja el sistema tributario ideal del impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio, al consumo, razón por la cual los legisladores deben echar para atrás la propuesta del Ejecutivo y proponer, en su lugar, una que apunte en la dirección correcta. Los legisladores, ¿estarán a la altura?
La propuesta tributaria de Hacienda muestra que los ahorros que se pretenden obtener de acciones que van desde la eliminación de secretarías de Estado, hasta un ejercicio más honesto y eficaz del gasto gubernamental, no se traducirán, ¡tal y como debería ser!, en una menor carga tributaria para los contribuyentes, quienes, por lo menos el año que entra, y si los legisladores no disponen otra cosa, terminarán tributando más: el gobierno los obligará a entregarle una mayor parte del producto de su trabajo, y no con el fin de que los gobernantes cumplan con honestidad eficacia con la tarea de garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, sino con el objetivo de seguir redistribuyendo, ya sea en la modalidad de gobierno hada madrina, que pretende concedernos todos los bienes, ya en el de ángel de la guarda, cuya pretensión es preservarnos de todos los males, gobierno ángel de la guarda que se llevará seis de cada diez pesos del presupuesto, gobierno hada madrina que se llevará tres de cada diez, gobierno gobierno al que le quedará el peso restante, gobierno gobierno cuya tarea es garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, presupuestariamente lo menos importante
arturodamm@prodigy.net.mx
La Crónica de Hoy

Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda ha propuesto, para el año entrante, uno, la creación de un nuevo gravamen, que sería un impuesto general a las ventas del dos por ciento, por lo cual los productos que hoy no están gravados (medicinas, alimentos, libros) pagarían ese dos por ciento, y aquellos ya gravados con el IVA pasaría del 15 al 17 por ciento; dos, la creación de otro nuevo impuesto a servicios de telecomunicaciones (telefonía celular, telefonía fija, televisión restringida y servicios de internet, quedando exentos la telefonía pública y la rural), mismo que se cobraría a una tasa del cuatro por ciento; tres, aumentar la tasa del impuesto a los depósitos en efectivo del 2 al 3 por ciento y reducir la cantidad a partir de la cual se cobra de 25 mil a 15 mil pesos; cuatro, el incremento en la tasa marginal del Impuesto sobre la Renta del 28 al 30 por ciento; cinco, aumentos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cobrado a cigarros y bebidas alcohólicas, todo lo cual apunta en la dirección contraria a la que aconseja el sistema tributario ideal del impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio, al consumo, razón por la cual los legisladores deben echar para atrás la propuesta del Ejecutivo y proponer, en su lugar, una que apunte en la dirección correcta. Los legisladores, ¿estarán a la altura?
La propuesta tributaria de Hacienda muestra que los ahorros que se pretenden obtener de acciones que van desde la eliminación de secretarías de Estado, hasta un ejercicio más honesto y eficaz del gasto gubernamental, no se traducirán, ¡tal y como debería ser!, en una menor carga tributaria para los contribuyentes, quienes, por lo menos el año que entra, y si los legisladores no disponen otra cosa, terminarán tributando más: el gobierno los obligará a entregarle una mayor parte del producto de su trabajo, y no con el fin de que los gobernantes cumplan con honestidad eficacia con la tarea de garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, sino con el objetivo de seguir redistribuyendo, ya sea en la modalidad de gobierno hada madrina, que pretende concedernos todos los bienes, ya en el de ángel de la guarda, cuya pretensión es preservarnos de todos los males, gobierno ángel de la guarda que se llevará seis de cada diez pesos del presupuesto, gobierno hada madrina que se llevará tres de cada diez, gobierno gobierno al que le quedará el peso restante, gobierno gobierno cuya tarea es garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, presupuestariamente lo menos importante
¿Hasta dónde luchará Calderón?
Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior
Hace una semana, el Presidente anunció un cambio de estrategia. Prometió pasar de la lógica de los “cambios posibles” a la búsqueda de los “cambios de fondo”. Se comprometió a dar la lucha, en la segunda parte de su sexenio, por resolver diversos problemas del país. El discurso fue, en general, bien recibido. Pero, como he insistido muchas veces en este espacio, a los políticos hay que juzgarlos por lo que hacen y no por lo que dicen. Todavía tenemos que esperar para ver hasta dónde llevará el Presidente su lucha por lograr los cambios de fondo que México requiere.
Por lo pronto, ya dio un primer paso. Mandó al Congreso un paquete severo en materia de finanzas públicas. Calderón entiende que hay que aprovechar la actual crisis económica para corregir la débil y endémica estructura tributaria que sólo recauda 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El Presidente hubiera podido recurrir al expediente fácil de la deuda como, al parecer, quieren todos los partidos de la izquierda, incluido el PRI, además de voces preocupadas por los recortes presupuestales, por ejemplo las del rector de la UNAM.
Calderón está proponiendo incrementar el déficit público en medio punto porcentual del PIB en 2010. Podría ser más, como quieren ciertas voces, pero el Presidente sabe que el endeudamiento pone en riesgo la calificación crediticia del país. Una baja de dicha calificación sería desastrosa para las tasas de interés y el tipo de cambio. De ahí que el Ejecutivo, con muchos pantalones, asumiendo costos políticos, mejor proponga un incremento en todos los impuestos, incluida la generalización del IVA disfrazada en una Contribución para el Combate de la Pobreza con una tasa de 2% a todas las transacciones comerciales.
Falta ver, sin embargo, hasta dónde llevará Calderón su lucha en el Congreso. Los priistas, junto con otros partidos minoritarios, seguramente presionarán por incrementar más el déficit (léase la deuda) que decretar un alza a los impuestos, lo cual siempre es impopular. ¿Lo permitirá el Presidente?
Recordemos que el año pasado Calderón envió al Congreso una reforma para permitir la inversión privada en diversos negocios exclusivos de Pemex. López Obrador se movilizó. El PRI también se negó a cualquier tipo de apertura al capital privado. Al final, la oposición impuso una reforma estatista. Al Presidente le rasuraron la mayor parte de sus propuestas modernizadoras. ¿Y qué hizo? Promulgar la ley y festejarla en Los Pinos cuando lo que debió de haber hecho es vetar dicha legislación. Porque para eso sirve el veto presidencial: para oponerse a una ley que el Ejecutivo cree que no podrá ejecutar. El resultado está a la vista de todos: la reforma no ha funcionado. La caída en la producción petrolera continúa. Calderón cree que se debe hacer una nueva reforma. La oposición, por su parte, piensa que el problema es que el gobierno no ha implementado bien la reforma del año pasado.
¿Hará lo mismo Calderón en esta ocasión con el paquete fiscal? ¿Habrá mandado una iniciativa agresiva para que la oposición la rasure y acabe imponiendo la suya? De ser así, ¿la promulgará y hasta festejará? ¿O esta vez será distinto? ¿Va a ser más agresivo como prometió en su discurso? ¿Va a dar la lucha por los cambios profundos que requiere el país?
Ante la posibilidad de que la oposición endeude a México, con todos los riesgos que ello implica, el Presidente tiene que salir a explicar por qué es mejor incrementar los impuestos que aumentar la deuda. Debe utilizar su popularidad y el poder de la tribuna para convencer a la opinión pública que su propuesta es mejor. Incluso debe estar dispuesto a vetar la Ley de Ingresos en caso de que la oposición quiera endeudar al país.
Calderón, en los hechos, tiene que demostrar que va en serio. Que lo suyo no fue un discurso bonito sino un golpe de timón que implica tener un Presidente dispuesto a dar la lucha de verdad.
Juegos de Poder
Excélsior

Por lo pronto, ya dio un primer paso. Mandó al Congreso un paquete severo en materia de finanzas públicas. Calderón entiende que hay que aprovechar la actual crisis económica para corregir la débil y endémica estructura tributaria que sólo recauda 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El Presidente hubiera podido recurrir al expediente fácil de la deuda como, al parecer, quieren todos los partidos de la izquierda, incluido el PRI, además de voces preocupadas por los recortes presupuestales, por ejemplo las del rector de la UNAM.
Calderón está proponiendo incrementar el déficit público en medio punto porcentual del PIB en 2010. Podría ser más, como quieren ciertas voces, pero el Presidente sabe que el endeudamiento pone en riesgo la calificación crediticia del país. Una baja de dicha calificación sería desastrosa para las tasas de interés y el tipo de cambio. De ahí que el Ejecutivo, con muchos pantalones, asumiendo costos políticos, mejor proponga un incremento en todos los impuestos, incluida la generalización del IVA disfrazada en una Contribución para el Combate de la Pobreza con una tasa de 2% a todas las transacciones comerciales.
Falta ver, sin embargo, hasta dónde llevará Calderón su lucha en el Congreso. Los priistas, junto con otros partidos minoritarios, seguramente presionarán por incrementar más el déficit (léase la deuda) que decretar un alza a los impuestos, lo cual siempre es impopular. ¿Lo permitirá el Presidente?
Recordemos que el año pasado Calderón envió al Congreso una reforma para permitir la inversión privada en diversos negocios exclusivos de Pemex. López Obrador se movilizó. El PRI también se negó a cualquier tipo de apertura al capital privado. Al final, la oposición impuso una reforma estatista. Al Presidente le rasuraron la mayor parte de sus propuestas modernizadoras. ¿Y qué hizo? Promulgar la ley y festejarla en Los Pinos cuando lo que debió de haber hecho es vetar dicha legislación. Porque para eso sirve el veto presidencial: para oponerse a una ley que el Ejecutivo cree que no podrá ejecutar. El resultado está a la vista de todos: la reforma no ha funcionado. La caída en la producción petrolera continúa. Calderón cree que se debe hacer una nueva reforma. La oposición, por su parte, piensa que el problema es que el gobierno no ha implementado bien la reforma del año pasado.
¿Hará lo mismo Calderón en esta ocasión con el paquete fiscal? ¿Habrá mandado una iniciativa agresiva para que la oposición la rasure y acabe imponiendo la suya? De ser así, ¿la promulgará y hasta festejará? ¿O esta vez será distinto? ¿Va a ser más agresivo como prometió en su discurso? ¿Va a dar la lucha por los cambios profundos que requiere el país?
Ante la posibilidad de que la oposición endeude a México, con todos los riesgos que ello implica, el Presidente tiene que salir a explicar por qué es mejor incrementar los impuestos que aumentar la deuda. Debe utilizar su popularidad y el poder de la tribuna para convencer a la opinión pública que su propuesta es mejor. Incluso debe estar dispuesto a vetar la Ley de Ingresos en caso de que la oposición quiera endeudar al país.
Calderón, en los hechos, tiene que demostrar que va en serio. Que lo suyo no fue un discurso bonito sino un golpe de timón que implica tener un Presidente dispuesto a dar la lucha de verdad.
¿Son estos los hombres del Presidente?
Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio
Son de nociones, no de conceptos. Florestán
El presidente de la República designó a tres nuevos integrantes de su gabinete, todos de bajo perfil, por decir lo menos, que contrastan con el elogio y reconocimiento que hizo a las virtudes de los salientes.
Antes de anunciar la desaparición de tres dependencias de su gabinete, aceptó, dijo, las renuncias de Alberto Cárdenas a la Secretaría de Agricultura; de Eduardo Medina Mora, a la PGR, y de Jesús Reyes Heroles, a la dirección de Pemex, cuando en realidad los relevó por haber perdido funcionalidad por diversas razones.
Cárdenas, por perder su interlocución con las organizaciones campesinas, mayoritariamente del PRI; Medina Mora, por el mismo desgaste del cargo y el choque con el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y Jesús Reyes Heroles, por su permanente conflicto con la cabeza del sector, Georgina Kessel, y la desconfianza crónica de los panistas duros a un priista.
En reemplazo de los que se fueron, el Presidente de la República designó a Francisco Mayorga como secretario de Agricultura, cargo que ocupó en el último tramo del sexenio foxista, cuando Javier Usabiaga se fue a buscar el gobierno de Guanajuato y con el que había sido subsecretario, impulsor del programa Aserca. Mayorga que, cercano también a Cárdenas, no tiene su nivel de conflicto político, y eso pesó.
La designación del director de Pemex pasó por Francisco Gil Díaz, que no aceptó pero propuso a Juan José Suárez Coppel, que con Fox había colocado en la dirección financiera de esa empresa, a lo que me refería ayer en este espacio, y que llega cuando el idóneo, Alejandro Werner, no pudo por incumplir el requisito legal de ser mexicano por nacimiento.
Y la propuesta al Senado de Arturo Chávez Chávez para la PGR avanzó en Los Pinos cuando Francisco Blake, amigo del Presidente, fue vetado por la mayoría priista por no reunir, dijeron, el perfil de un procurador General de la República.
Para algunos, estos son los mejores hombres del Presidente y para otros los idóneos, lo que hasta ahora es una apuesta, que el tiempo calificará.
Para mí, que son los únicos que tenía, como lo confirma sus nombramientos.
Retales
1. SOBREVALUADOS. El Senado quiere un aumento de 21 por ciento en su presupuesto del año que viene, 685 millones de pesos más, hasta tres mil 819 millones. Y los diputados cinco mil 153 millones de pesos. Casi nueve mil millones de pesos para los legisladores en 2010. ¡Qué bárbaros!;
2. JUANITO. Pues le creció Juanito a López Obrador y le mandó decir de que ya no cuenta con él y que lo desconoce como presidente legítimo por su desdén y falta de apoyo. La arrogancia de AMLO reventó este conflicto. Nunca se dignó hablar con su pelele. Fue una falla en su esquema de infalibilidad política.
Nos vemos el martes, pero en privado.
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio
Son de nociones, no de conceptos. Florestán

Antes de anunciar la desaparición de tres dependencias de su gabinete, aceptó, dijo, las renuncias de Alberto Cárdenas a la Secretaría de Agricultura; de Eduardo Medina Mora, a la PGR, y de Jesús Reyes Heroles, a la dirección de Pemex, cuando en realidad los relevó por haber perdido funcionalidad por diversas razones.
Cárdenas, por perder su interlocución con las organizaciones campesinas, mayoritariamente del PRI; Medina Mora, por el mismo desgaste del cargo y el choque con el titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y Jesús Reyes Heroles, por su permanente conflicto con la cabeza del sector, Georgina Kessel, y la desconfianza crónica de los panistas duros a un priista.
En reemplazo de los que se fueron, el Presidente de la República designó a Francisco Mayorga como secretario de Agricultura, cargo que ocupó en el último tramo del sexenio foxista, cuando Javier Usabiaga se fue a buscar el gobierno de Guanajuato y con el que había sido subsecretario, impulsor del programa Aserca. Mayorga que, cercano también a Cárdenas, no tiene su nivel de conflicto político, y eso pesó.
La designación del director de Pemex pasó por Francisco Gil Díaz, que no aceptó pero propuso a Juan José Suárez Coppel, que con Fox había colocado en la dirección financiera de esa empresa, a lo que me refería ayer en este espacio, y que llega cuando el idóneo, Alejandro Werner, no pudo por incumplir el requisito legal de ser mexicano por nacimiento.
Y la propuesta al Senado de Arturo Chávez Chávez para la PGR avanzó en Los Pinos cuando Francisco Blake, amigo del Presidente, fue vetado por la mayoría priista por no reunir, dijeron, el perfil de un procurador General de la República.
Para algunos, estos son los mejores hombres del Presidente y para otros los idóneos, lo que hasta ahora es una apuesta, que el tiempo calificará.
Para mí, que son los únicos que tenía, como lo confirma sus nombramientos.
Retales
1. SOBREVALUADOS. El Senado quiere un aumento de 21 por ciento en su presupuesto del año que viene, 685 millones de pesos más, hasta tres mil 819 millones. Y los diputados cinco mil 153 millones de pesos. Casi nueve mil millones de pesos para los legisladores en 2010. ¡Qué bárbaros!;
2. JUANITO. Pues le creció Juanito a López Obrador y le mandó decir de que ya no cuenta con él y que lo desconoce como presidente legítimo por su desdén y falta de apoyo. La arrogancia de AMLO reventó este conflicto. Nunca se dignó hablar con su pelele. Fue una falla en su esquema de infalibilidad política.
Nos vemos el martes, pero en privado.
¿Cuestión de valor?
Denise Maerker
Atando Cabos
El Universal
Para ser procurador del gobierno del presidente Felipe Calderón lo que hace falta es tener el valor necesario para serlo. No se necesitan capacidad, reputación, experiencia, eficacia probada, nada de eso. Al menos así parece indicarlo la propuesta de Arturo Chávez Chávez como nuevo procurador general de la República.
Se dicen muchas de cosas de este señor, pero Chávez Chávez no ha sido condenado por ningún hecho o dicho. Sin embargo, y pese a que en nuestro país suele ser difícil evaluar el desempeño de los funcionarios por la falta de memoria y de datos, en este caso tenemos elementos concretos que nos permiten hacernos una idea clara de su capacidad como funcionario, y por lo tanto, de la decisión del Presidente de proponerlo como procurador.
En el informe final de la fiscalía especial para homicidios de mujeres en Ciudad Juárez se puede leer que: “La impunidad de los casos no resueltos se produjo principalmente entre los años 1993 al 2003 por causa de las graves omisiones en que incurrió el personal que laboró en la Procuraduría del Estado”. Y se enlistan las irregularidades: se omitió declarar a los testigos que descubrieron los cadáveres, se agregaron en los expedientes declaraciones de personas sin relación con la investigación, existe una marcada inactividad en los expedientes relacionados con las investigaciones de homicidios sucedidos entre 1993 a 2000, en un número importante de expedientes existen graves errores de forma en las actuaciones, no se apreció que se haya solicitado dictamen pericial alguno, en buen número de las averiguaciones no se hace constatar el nombre del funcionario que la firma.
Las responsables de estos informes son categóricas: la presencia de Arturo Chávez Chávez al frente de la Procuraduría de Chihuahua (principios de 1996 a fines de 1998) no se tradujo en mejoría alguna del desempeño de los ministerios públicos ocupados de estos homicidios. Tenemos entonces a un abogado que llega al puesto con todos los reflectores encima por la multiplicación de asesinatos de mujeres en su estado, y que es incapaz de dejar una huella positiva a su paso por el cargo. Todo lo contrario, en esos dos años justamente no hubo un solo caso que el MP haya podido presentar ante tribunales.
Entonces, ¿por qué Calderón lo propone? Las mentes más truculentas dicen que es una treta del Presidente para que el PRI lo rechace en el Senado y luego no les quede otra que aceptar la segunda propuesta. Suena muy elaborado.
La otra explicación es que nadie más haya aceptado. O porque, como les gusta pensar en Los Pinos, los abogados penalistas de México no tienen el valor y el compromiso que se necesitan hoy para ocupar este puesto, o porque ningún abogado penalista de prestigio quiere aceptar ese puesto en este gobierno en particular.
¿Cuál será?
Atando Cabos
El Universal

Se dicen muchas de cosas de este señor, pero Chávez Chávez no ha sido condenado por ningún hecho o dicho. Sin embargo, y pese a que en nuestro país suele ser difícil evaluar el desempeño de los funcionarios por la falta de memoria y de datos, en este caso tenemos elementos concretos que nos permiten hacernos una idea clara de su capacidad como funcionario, y por lo tanto, de la decisión del Presidente de proponerlo como procurador.
En el informe final de la fiscalía especial para homicidios de mujeres en Ciudad Juárez se puede leer que: “La impunidad de los casos no resueltos se produjo principalmente entre los años 1993 al 2003 por causa de las graves omisiones en que incurrió el personal que laboró en la Procuraduría del Estado”. Y se enlistan las irregularidades: se omitió declarar a los testigos que descubrieron los cadáveres, se agregaron en los expedientes declaraciones de personas sin relación con la investigación, existe una marcada inactividad en los expedientes relacionados con las investigaciones de homicidios sucedidos entre 1993 a 2000, en un número importante de expedientes existen graves errores de forma en las actuaciones, no se apreció que se haya solicitado dictamen pericial alguno, en buen número de las averiguaciones no se hace constatar el nombre del funcionario que la firma.
Las responsables de estos informes son categóricas: la presencia de Arturo Chávez Chávez al frente de la Procuraduría de Chihuahua (principios de 1996 a fines de 1998) no se tradujo en mejoría alguna del desempeño de los ministerios públicos ocupados de estos homicidios. Tenemos entonces a un abogado que llega al puesto con todos los reflectores encima por la multiplicación de asesinatos de mujeres en su estado, y que es incapaz de dejar una huella positiva a su paso por el cargo. Todo lo contrario, en esos dos años justamente no hubo un solo caso que el MP haya podido presentar ante tribunales.
Entonces, ¿por qué Calderón lo propone? Las mentes más truculentas dicen que es una treta del Presidente para que el PRI lo rechace en el Senado y luego no les quede otra que aceptar la segunda propuesta. Suena muy elaborado.
La otra explicación es que nadie más haya aceptado. O porque, como les gusta pensar en Los Pinos, los abogados penalistas de México no tienen el valor y el compromiso que se necesitan hoy para ocupar este puesto, o porque ningún abogado penalista de prestigio quiere aceptar ese puesto en este gobierno en particular.
¿Cuál será?
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