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La Crónica de Hoy
El gobierno federal se ha cansado, sobre todo a través de los medios electrónicos de comunicación, de informarnos que el año entrante realizará ahorros extraordinarios, para lo cual tomará medidas que van desde la eliminación de privilegios de los funcionarios gubernamentales hasta la desaparición de secretarías de Estado, todo lo cual suena bien, en primer lugar, por lo que el ahorro significa en términos de progreso económico.El progreso económico consiste en la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios, lo cual depende de las inversiones, que a su vez dependen del ahorro: los recursos para invertir surgen del ahorro, de tal manera que el primer paso hacia el progreso económico es el ahorro, razón por la cual, aparentemente, hay que aplaudir la intención del gobierno de realizar ahorros extraordinarios, y escribo aparentemente porque, bien vistas las cosas, nada justifica el ahorro gubernamental.
Que el gobierno ahorre supone que el recaudador obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo, una fracción del cual los gobernantes utilizan no para ofrecer bienes y servicios a los ciudadanos sino para prestárselo a alguien más a cambio de los intereses que ese alguien le pagará, situación ante la que el contribuyente debe reclamar, ya que la parte de sus impuestos que se ha destinado al ahorro del gobierno no lo beneficia de ninguna manera y ello hace del cobro de esos impuestos un robo con todas las de la ley.
El análisis anterior supone que lo que el gobierno llama ahorro es realmente ahorro, entendido como una inversión financiera, es decir, como el préstamo de dinero que se hace a cambio del interés que se recibe. El gobierno, al hablar del ahorro extraordinario que pretende realizar el año entrante, ¿se refiere realmente al ahorro, es decir, a una inversión financiera hecha con dinero de los contribuyentes? Si la respuesta es afirmativa, entonces los contribuyentes debemos oponernos, ya que no se vale que el gobierno haga negocio con aquella parte del producto de nuestro trabajo que nos obligó a entregarle y que invierte financieramente.
Al hablar del ahorro extraordinario que pretende realizar en 2010, ¿el gobierno se refiere realmente al ahorro entendido como inversión financiera? No. Entonces, ¿a qué se refiere? A un menor gasto, en determinadas partidas del presupuesto, con el fin de aumentar los recursos canalizados a otros rubros del gasto, como lo es el destinado al combate a la pobreza, algo muy distinto al tan cacareado ahorro: gastar menos en A, para gastar más en B, no es más que una reasignación de gasto, pero de ninguna manera un ahorro, ahorro que, cuando del gobierno se trata, hace del cobro de impuestos destinados a tal fin una expoliación legal, una violación al derecho de propiedad de los contribuyentes sobre sus ingresos, clara muestra del Estado de chueco, que es la antítesis del Estado de Derecho.
Hay que distinguir entre gastar menos porque el ingreso se ha reducido y, suponiendo que el ingreso se mantiene constante, ahorrar más. Son cosas distintas.
Continuará.
Funcionarios estadounidenses han desdeñado desde hace tiempo advertencias de sectores conservadores de que el Presidente venezolano, Hugo Chávez, representa una amenaza para Estados Unidos. Pero ahora que Chávez dice abiertamente que está trabajando en un programa nuclear conjunto con Irán, muchos se preguntan si la percepción estadounidense cambiará.
El pasado jueves se cumplieron 20 años de que Manuel Clouthier, Maquío, perdiera la vida en un accidente automovilístico. Evidentemente, cuando un personaje político de primer nivel fallece en condiciones anómalas, surge de inmediato la sospecha de que esa muerte haya podido ser inducida. Desde luego, las figuras públicas pueden y suelen ser víctimas de accidentes genuinos, pero tampoco es descabellado suponer que, en ciertas condiciones, puedan ser objeto de atentados disfrazados de contingencia. En el caso de Clouthier, en un primer momento no había motivos para suponer que el régimen vigente quisiera deshacerse de él; el peligroso, el latoso, el radical, era, en todo caso, Cuauhtémoc Cárdenas, quien no sólo abrió un boquete en el PRI —que jamás habría de cerrarse— sino que escatimó verosímilmente el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Clouthier, es cierto, también cuestionó la legitimidad del triunfo de Salinas, pero no se adjudicó la victoria, sino que pedía la anulación por no ser posible saber con certeza cómo habían votado los electores.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) puede tener hoy un día decisivo en su ruta de colisión con el gobierno.
Llueve y se va la luz. Sopla el viento y se va la luz. Se cae un árbol y se va la luz. Hay un pleito entre el sindicato y el gobierno y se va la luz. Pero eso sí, a pesar del servicio errático, la cuenta de Luz y Fuerza del Centro siempre llega de manera puntual y con cobros inexplicables. La empresa emplea a 44 mil personas aunque podría operar con 8 mil 500. Las transferencias y los subsidios gubernamentales para mantenerla funcionando equivalen a dos veces el presupuesto del programa Oportunidades y a 157 por ciento del presupuesto de la UNAM. Síntomas de un arreglo político insostenible, de una relación corporativa cada vez más costosa, de un acuerdo que mantiene privilegios sindicales ordeñando las ubres estatales. Un pacto fundacional que nadie ha querido tocar por la inestabilidad política que el Sindicato Mexicano de Electricistas amenaza con producir. Pues adelante. Convoquemos a su dirigente -Martín Esparza- a marchar, a bloquear, a chantajear y a justificar los privilegios que defiende.