octubre 08, 2009

Brasil

Macario Schettino
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

El otorgamiento de la sede de los Juegos Olímpicos de 2016 a Río de Janeiro le ha dado nueva vida a la competencia natural entre México y Brasil. Ahora, sin duda, con una ventaja del país sudamericano que genera envidias en el nuestro. Nos recuerda que fuimos el primer país en vías de desarrollo en organizar unos Juegos Olímpicos y, peor aún, el único que sigue estando en vías de serlo después de tal evento.

Las comparaciones con Brasil no son sencillas ni determinantes. Según el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, en su última entrega, Brasil está en el lugar 56 y nosotros en el 60. Según el Índice de Desarrollo Humano, publicado la semana pasada, México está en el lugar 53, mejorando, y Brasil en el 75, estancado. En materia educativa, que es nuestro gran problema de largo plazo, México tiene un desempeño general superior al de Brasil (“sólo” 50% de nuestros egresados de secundaria son analfabetos funcionales, frente a más de 60% en Brasil), pero una clara desventaja en el nivel de excelencia, en el que se encuentra sólo 0.3% de nuestros jóvenes frente a 1.5% en Brasil.

Sin embargo, en los pocos años que llevamos del siglo XXI hay una creciente percepción de que Brasil tiene un mejor desempeño que México. Percepción que no se puede sustentar en los datos del párrafo anterior, evidentemente, de forma que debe tener que ver más con expectativas que con resultados. Durante la última docena de años, Brasil ha logrado tomar decisiones que le amplían sus posibilidades de éxito, mientras México, con muchas dificultades, ha tomado decisiones que apenas le permiten sobrevivir. Esta parece ser la gran diferencia.

A pesar de que Brasil tiene un problema de desigualdad económica y social superior al de México, a pesar de un nivel de pobreza también superior al nuestro, resulta que ese país tiene un futuro más prometedor que México. Un futuro que han construido en 12 años, no más, partiendo de una reforma energética seria, construyendo un Estado fiscalmente sano e implementando programas contra la pobreza basados en los nuestros. En menos palabras: el futuro de Brasil se está construyendo en reformas. En las mismas reformas que nosotros no queremos hacer.

Cuando Petrobras se reformó profundamente, dejando de ser algo similar a Pemex para convertirse en una empresa seria, con inversión privada y capacidad de asociarse con otras, Brasil empezó a producir petróleo de manera significativa. Hoy, 12 años después, producen prácticamente lo mismo que nosotros y tienen más reservas. Antes, era tal su insuficiencia que inventaron el uso del etanol como combustible. Una reforma energética que ha hecho a ese país exitoso, es decir, realmente soberano.

Brasil recauda impuestos por más de 30% del PIB. Es más pobre y más desigual que nosotros, pero tiene un IVA promedio de 17% del que sólo se excluyen libros, periódicos, frutas y vegetales. El impuesto tiene una tasa mayor para energéticos, alcohol, tabaco y telecomunicaciones que funciona como el IEPS nuestro. Este impuesto es estatal (con una base nacional de 12%), de forma que los estados cobran, se financian solos, y no son dependientes del poder central. En los últimos 12 años este impuesto ha crecido hasta representar 40% de los ingresos del gobierno.

La evidencia de que nuestros problemas se derivan de las malas decisiones del pasado es contundente y abrumadora, pero nuestra capacidad de negar la realidad es todavía mayor. Es claro que todos los países desarrollados tienen leyes laborales flexibles, empresas energéticas privadas o públicas con capacidad de asociación, y recaudación fiscal superior a 30% de su PIB con base en Impuesto Sobre la Renta del orden de 35% e IVA de entre 18% y 20%, en ambos casos prácticamente sin deducciones. Pero nosotros decimos que eso no está bien, y que es preferible nuestra forma de administrarnos, a pesar del evidente fracaso de nuestro país, que entonces achacamos al neoliberalismo, o a lo que sea.

Como acabo de mostrarle, Brasil ha decidido seguir el camino de los países desarrollados, y por eso su futuro ha crecido de tal manera que hoy puede convertirse en el segundo país latinoamericano en organizar los Juegos Olímpicos, simple reconocimiento a la promesa que es hoy esa nación.

Pero nosotros decimos que eso no está bien, y me imagino que no nos quedará más que calificar a Lula de neoliberal, puesto que sigue el camino de esos países desarrollados que nosotros despreciamos. Reitero, la evidencia de nuestros errores es inmensa, pero nuestra ceguera es aún mayor. No hay izquierda en el mundo que se oponga al alza de impuestos, salvo la nuestra; no hay país que niegue a sus empresas la posibilidad de asociarse para producir más rentas nacionales, salvo nosotros.

O liberamos nuestra mente de las taras que nos limitan, o habremos destruido a México a golpe de necedad y estupidez. Los datos hablan.

El SME, El Peje y sindicatos radicales, bomba de tiempo

Víctor Sánchez Baños
La Crónica de Hoy

El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
Buda (563 AC-486 AC) Fundador del budismo.


No me sorprende de que en política, como en algunos negocios, no existan los escrúpulos. Sin embargo, no deja de generar indignación que el líder moral del PRD, Andrés Manuel López Obrador, conocido en el bajo mundo como El Peje, haga alianzas con grupos que generalmente rompen la ley. Hoy es el caso del SME, de Martín Esparza, a quien se le comprobaron violaciones graves en las pasadas elecciones sindicales, por lo que el proceso fue invalidado al negarle la “toma de nota” por parte de la Secretaría del Trabajo que encabeza Javier Lozano.

Pero este asunto lleva más fondo. El Peje sabe que hay interés gubernamental en cerrar Luz y Fuerza del Centro, que desde hace varios sexenios debía haber sido quebrada. Por ello, se acerca a Esparza para apoderarse de la clientela de electores y para generar condiciones de inestabilidad política.

Por personajes como El Peje, el país siempre se ha mantenido estancado. Él, como en la antigüedad lo hicieron los políticos conservadores y liberales o de cualquier tendencia ideológica, hundieron al país en el caos para obtener cotos de poder y dinero.

En fin, hoy el sindicalismo radicalizado, como el caso de los electricistas, no abandonará esa ínsula de poder y dinero. El Peje tampoco la abandonará. Si se fusiona como la CFE o bien se vende, LyFC, podría sacar de sus filas a tanto trabajador corrupto que se aprovecha de los recursos públicos para mantenerse como una burocracia “dorada”.

LyFC debe estar en juicio concursal y tal parece que el gobierno se fajó los pantalones y el secretario de Trabajo, Javier Lozano, no le está temblando la mano para debilitar a ese sindicato y quebrar a la empresa, que genera pérdidas anuales por más de 30 mil millones de pesos. En los últimos 10 años se hubieran ahorrado 300 mil millones de pesos que implica el haber tapado el boquete que hoy tiene el gobierno federal.

Acabar con feudos políticos o financieros es fundamental para el desarrollo del país. Para ello se necesita valentía.

PODEROSOS CABALLEROS.- Con el acuerdo de las fracciones parlamentarias en el Senado, todo hace indicar que la Corte considerará como ilegal el estado jurídico de Banamex en México, luego que el principal accionista de Citi, dueño del banco, es el gobierno de Estados Unidos. *** El nuevo gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, cumplió su compromiso de campaña y eliminó la tenencia. Esto sacudió el avispero de gobernadores. Ni modo, los políticos deben hacer valer su palabra, aunque les cuesten algunos millones de pesos. A Calzada le representa un sacrificio de 400 millones de pesos. *** Dos funcionarios de carrera con talento a posiciones clave. Por una parte Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, nombró a Carlos Almada como secretario de la oficina del gobernador. Fernando Macías fue nombrado director de la oficina de Comunicación de la Asamblea Legislativa.

Aguas con el gato por liebre

Jorge G. Castañeda
jorgegcastaneda@gmail.com
Reforma

Aún recurriendo a uno de los peores vestigios del corporativismo sindical mexicano, como es la toma de nota, la decisión de la Secretaría del Trabajo puede arrojar resultados positivos en el combate a uno de los peores vicios de ese corporativismo sindical: la reelección perpetua a la Fidel Velázquez. De ahí que genere esperanza dicha decisión, y que despierte muchas discusiones entre quienes hemos pensado que la gran ausencia del sexenio es algún intento por desmantelar el viejo sistema heredado de la era del PRI. Pero antes de echar las campanas al vuelo, conviene subrayar tres confusiones que pueden conducir a que algunos sientan que les dieron gato por liebre.

En primer lugar, la medida de negarle la toma de nota a Martín Esparza en su tercera elección como dirigente del SME es una medida sindical, posiblemente a favor de una mayor democracia sindical, si es que efectivamente se produjo el fraude que se aduce, e incluso lograr ésta por una vía autoritaria como es la injerencia directa del Estado en los asuntos de los sindicatos, pero no equivale a una postura antimonopólica. La toma de nota, cuyo anverso de la medalla es la cláusula de exclusión -el Estado decide quién dirige el sindicato y el sindicato decide quién trabaja en la empresa-, en sí misma no reviste ninguna implicación en cuanto al carácter de la empresa. Puede ser intrínsecamente positiva para el país, para el Valle de México, pero en sí misma carece por completo de sentido antimonopólico.

En segundo lugar, la medida puede constituir un primer paso para debilitar a los sectores más retrógrados y nocivos de la vieja izquierda mexicana: pepina, nacional-revolucionaria, autoritaria, demagoga y, ahora, pejista. Si se piensa que, al final del día, México necesita de una izquierda moderna, debilitar a los segmentos más poderosos de la izquierda más arcaica es también intrínsecamente positivo. Pero, de nuevo, no es en sí misma ninguna decisión antimonopólica o que apunte al desmantelamiento del viejo sistema de concentración de los poderes fácticos de México.

En tercer lugar, quizá esto sea lo más importante, la negación de la toma de nota no equivale a la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Peor aún, incluso dicha liquidación, por positiva, ahorrativa o modernizadora que fuera, no encierra ningún contenido anticorporativo o contrario a los poderes fácticos. Sólo conduciría a que la CFE se hiciera cargo de la generación y transmisión de electricidad en el Valle de México; aunque dentro del corporativismo mexicano y los monopolios públicos y privados CFE es más moderna y competitiva que Luz y Fuerza; y el SUTERM seguramente más corrupto que el SME, pero al mismo tiempo más modernizante. Pero de nuevo no confundamos las cosas: la negativa de la toma de nota sólo conduciría a la liquidación de Luz y Fuerza si el sindicato y sus aliados -AMLO, el PT, el PRD y la UNT- caen en la trampa que les ha tendido el gobierno: responder a la provocación mediante la huelga, la toma de instalaciones, la toma de tribunas, el bloqueo del Periférico; y en general a llevar una disputa legal e interna a la calle, a la palestra pública y al terreno del discurso "privatización-defensa de la soberanía". Podrían Esparza y el SME caer en ella y darle así entonces al gobierno la oportunidad, ante la opinión pública y ante el PRI, de proceder a la liquidación -carísima, no menos de 5 mil millones de dólares, y dolorosa- por los pleitos callejeros que acarrearía, claro, si la decisión es efectivamente un primer paso hacia la introducción de mayores elementos de competencia en la generación de electricidad en México. Pero si no caen, el gobierno se puede quedar chiflando en la loma: esperando a que el sindicato lo provoque. Y se seguirá careciendo de un discurso antimonopólico, anticorporativista, antipoderes fácticos que justifique una decisión deseable, aunque difícil al extremo, como sería la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

SME, mentiras y política

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Ahora resulta que, según sus simpatizantes y algunos comunicadores, se persigue al Sindicato Mexicano de Electricistas por sus posiciones políticas. El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, afirma que la mejor demostración de ello es que se acosa a ese sindicato, según él, progresista, y no a los otros, como el petrolero o al de los maestros. Algunos grupos sindicales afirman que se está violando la autonomía sindical al negar la toma de nota y se preguntan por qué sólo a esa agrupación gremial.

En realidad, nada de eso es verdad. Cuando dicen que persiguen al SME por su posición política habría que preguntarse cuál es esa posición: ¿La del apoyo inicial al presidente López Mateos, que salvó a la empresa privada canadiense The Mexican Light and Power Co. de la quiebra, al “nacionalizarla”, pagando 70 millones de dólares por una empresa que debía 78 millones, los cuales el gobierno absorbió? ¿La del apoyo a José López Portillo para que no se cumpliera con el decreto de 1974 que autorizó la disolución y liquidación de la empresa porque, desde entonces, sus números eran insostenibles? ¿O la posición política que los llevó en 1988 a apoyar la candidatura de Carlos Salinas de Gortari a cambio del compromiso de que en su sexenio no se liquidara a Luz y Fuerza del Centro? ¿Se referirán al abierto coqueteo que realizó el SME en 2000 con el candidato Vicente Fox o a la abierta participación en la candidatura en 2006 de López Obrador o la que en las elecciones de julio pasado apoyó al PRI en diversos distritos de Puebla? El SME lo que ha demostrado es que la posición política que ha marcado su accionar es aquella que le permite defender sus intereses de grupo y ha cambiado de partido y candidato cada vez que ha sido necesario.

Se podrá argumentar que es legítimo hacerlo y que otros sindicatos también actúan de la misma forma. Es verdad, pero, precisamente por eso, la razón de fondo de que se desconozca la elección en el SME no son sus cambiantes posiciones políticas, sino algo mucho más simple: en esos comicios internos se hizo un fraude inocultable. Hubo 40% más de votos que electores registrados, y la diferencia entre Martín Esparza y Alejandro Muñoz fue de apenas 325 votos. Las irregularidades registradas son más de 40, incluida la muy folclórica tradición de hacer votar a los muertos.

Habría que preguntarle a quienes hablan de la violación a la autonomía sindical si ella incluye la posibilidad de realizar fraudes o de utilizar, como lo hace la dirigencia del SME, los recursos que reciben en forma absolutamente discrecional. Por ejemplo, según el tesorero, Alejandro Muñoz, el salario de Esparza es de unos 370 mil pesos, o sea que en realidad ganaría unas dos veces más que el director de la empresa. Pero, con ese salario, sin duda bueno, no se explica que el dirigente sindical tenga caballos, caballerangos, gallos de pelea y los entrenadores correspondientes. Lo cierto es que las pérdidas de Luz y Fuerza del Centro, que el gobierno federal subsidia, equivalen a prácticamente todo lo que se recaudaría con el impuesto generalizado de 2%, y esos recursos simplemente no se sabe a dónde van.

La diferencia es que se intenta politizar el conflicto para no asumir esa realidad. Es tan absurdo plantear que se persigue al SME por sus posiciones políticas como lo declarado por Esparza de que en realidad lo que se busca es la privatización de Luz y Fuerza. Olvidemos por un momento que esa supuesta privatización estaría prohibida por la Constitución y que para hacer una reforma de ese tipo se requerirían dos terceras partes de los votos en el Congreso, algo imposible de lograr en la actual coyuntura. Pero imaginemos que esto se pudiera dar, ¿qué empresario sensato quiere una empresa que pierde 42 mil millones de pesos al año, con 40 mil empleados, cuando, si tomamos como parámetro la CFE, se podría operar con nueve mil?

Lo que viene es un conflicto político y legal que deberá evitarse que discurra por los mismos caminos que transitaron hace seis años los videoescándalos y el desafuero. En aquella oportunidad, la insuficiente capacidad política del gobierno y las dudas del PRI permitieron que quienes habían violado la ley aparecieran como víctimas y nos precipitamos en una crisis que aún no concluye.

En última instancia, se debe evitar que se oculte el capítulo central: el despilfarro de recursos en un sindicato cuestionado y una empresa quebrada.

El SME, ¿error de cálculo?

Joaquín López-Dóriga
lopezdoriga@milenio.com
En privado
Milenio

En las crisis, los expertos y los servicios de inteligencia oficiales siempre se equivocan. Florestán

Cuando todo parecía entrar a una inercia diferente a la que se había anunciado, y temido, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, o quienes duros lo empujan, parece haber dado un paso en falso.

Me refiero a la posibilidad, cierta, de que hoy, como acto central de la marcha y mitin en Los Pinos, anuncie el emplazamiento de huelga a Luz y Fuerza del Centro por “violaciones al contrato colectivo de trabajo”, cuando había dicho que no lo haría.

Ayer, en conversación con el disidente Alejandro Muñoz, secretario tesorero del SME, y contrincante de Esparza por la Secretaría General del sindicato, reveló que éste preparaba dicho movimiento, lo que momentos después tuvo que aceptar el dirigente desconocido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Categóricamente decimos que el tema de emplazar a huelga es un asunto que el jurídico (del SME) está revisando a partir de que el secretario del Trabajo y un servidor, pues han dado documentos a Luz y Fuerza para poder hacer las propias gestiones (...) Nosotros estamos esperando a que el jurídico tenga los elementos necesario para poder emplazar. Si los hay, se hará, y no me corresponde a mí decirlo, sino al jurídico del propio sindicato”, dijo.

Este anuncio fue descalificado por el opositor Muñoz, diciendo que sin tener toma de nota de la STPS aquél no puede emplazar a huelga, y lo calificó de “aberración”, “valentonada” y “locura”.

Pero lo de peso será la reacción del gobierno federal si es que Martín Esparza da ese paso en falso de emplazar a huelga a Luz y Fuerza del Centro.

Lo digo porque podría ser lo que necesita para intervenir en la empresa, disolverla y con ella al SME, independientemente de sus secuelas, más que económicas, políticas y gremiales, que es donde está el riesgo.

Hoy lo sabríamos.

Retales

1. REVANCHA. El día 18 hay elecciones en Coahuila. Ahí, el PAN tiene en Torreón su octava alcaldía más importante que, todo indica, va a perder ante el PRI. En dos municipios, Castaños y Ciudad Acuña, va aliado con el PRD. Así estrenarán a César Nava;

2. EXCLUSIÓN. El PRD, en la Asamblea, dejó al PAN fuera de las comisiones económicas, en represalia por la designación, en la Cámara de Diputados, de Gabriela Cuevas al frente de la Comisión del DF. Los panistas tendrían que reclamarle a otra, de los suyos, pero en San Lázaro; y

3. DESMARQUE. Andrés Manuel López Obrador se deslindó del accidente en el que el ex diputado tabasqueño Dorilián Díaz atropelló, mató a una persona y huyó, diciendo que iba con él. AMLO aclaró que ni iba en su comitiva ni participó en sus actos, y le exigió que asuma se responsabilidad y responda a la autoridad y a los deudos.

Nos vemos mañana, pero en privado.

Patanería legislativa

Alfonso Zárate
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal

“Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”: artículo 61 de la Constitución

Eran los primeros días de una nueva Legislatura en septiembre de 1964. Un hombre con un coche modesto llegó a estacionarse en la calle de Donceles, en el Centro Histórico. En aquel tramo de la calle había un señalamiento que decía: “Reservada para los C.C. senadores”. Apenas estaba acomodando su vehículo cuando se le plantó un oficial de tránsito que levantándole la voz le dijo:

—¡Quite su coche, este lugar es exclusivo para los senadores!

El conductor reaccionó con un lacónico:

—¡Chingue usted a su madre!

—Perdone, jefe, usted sí es senador —le respondió sumiso el tamarindo.

Para eso servía el fuero en los días de Gustavo Díaz Ordaz. Con las charolas se podía mentarle la madre a los policías de tránsito, estacionarse en lugares prohibidos, pasarse los altos… pero no legislar; había un solo y único legislador, el señor presidente de la República. El fuero duraba tres años, pero el descrédito toda la vida.

Hoy, en pleno siglo XXI, la alternancia ha potenciado las atribuciones que acompañan al fuero. Pero no necesariamente para bien. Junto a legisladores serios, profesionales, están otros, personajes de historieta, merolicos o “gestores” que usufructúan causas populares; llegan al Poder Legislativo y sienten que con el fuero todo lo pueden. Pero sus bravatas no expresan valor civil sino cretinismo e ignorancia. Sus desplantes no tienen nada que ver con la rectitud y la valentía que mostraron en otro tiempo aquellos legisladores que sabían que denunciar los excesos del poder implicaba arriesgar la propia vida.

Belisario Domínguez, un médico de enorme sensibilidad social y valor civil a toda prueba, condenó el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez y llamó a Victoriano Huerta “impostor”, “inepto”, “malvado que lleva a la patria a la ruina”. Pagó su temeridad con la muerte. Fue asesinado el 8 de octubre de 1913. Aurelio Manrique se atrevió a llamar “¡farsante!” al general Plutarco Elías Calles en plena sesión del Congreso el 1 de septiembre de 1928. Su temeridad pudo costarle la vida y lo sabía. Pero hoy, cualquier patán con fuero se regodea lanzando improperios a secretarios de Estado que acuden a las comparecencias sin los instrumentos jurídicos —aunque también, hay que reconocerlo, en muchos casos sin la estatura profesional— para hacer una defensa lúcida y vigorosa de su desempeño y del gobierno al que sirven. Es inadmisible la precariedad política, cultural, intelectual de varios de los comparecientes, por lo que al final las comparecencias resultan monólogos paralelos con sus respectivos guiones: unos golpean, otros callan y evaden.

No es valor civil el que exhiben los legisladores-patanes, es cobardía. Sin riesgo alguno, se escudan en el fuero constitucional y en las contrahechuras de estas instituciones que le exigen a los comparecientes un comportamiento franciscano: poner la otra mejilla, emular en su humildad a la madre Teresa de Calcuta.

Hemos transitado de la Presidencia monárquica, cuando sólo alabanzas hacia el “jefe de las instituciones nacionales” salían de las bocas de los legisladores, a los gobiernos divididos en los que sobresale la chabacanería de legisladores que no se respetan a sí mismos y faltan a la más elemental cortesía: reciben en su casa, San Lázaro, a los miembros del gabinete para insultarlos. A nadie debe alarmar la estridencia ni la vulgaridad, sino la ausencia de contenidos que reemplazan la argumentación con alaridos.

En una democracia —así sea balbuceante, como la nuestra— la responsabilidad del Poder Legislativo es mayúscula. La Constitución faculta a las dos cámaras del Congreso para realizar el análisis del Informe y citar a los secretarios de Estado, al procurador y a los directores de las entidades paraestatales, a que comparezcan y rindan informes (artículo 69). Pero en vez de usar ese momento para plantearles una crítica acuciosa, sustentada, demoledora, como la del senador Pablo Gómez en la comparecencia de Arturo Chávez Chávez, lo que repiten son insultos e injurias que no buscan examinar a fondo su trayectoria y desempeño —mostrar su incompetencia, sus limitaciones y deficiencias, sus yerros— sino hacer el escarnio de los comparecientes, lo que es más fácil, pero más inútil; les da rating, pero no dignidad.

En octubre del año pasado el diputado priísta Israel Villa llamó “burro pardo” al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas. Hace unas semanas el diputado local priísta Alan Cristian Vargas rompió a patadas una puerta de las oficinas de la Asamblea Legislativa del DF y pretendió justificarse recordando que los diputados perredistas han hecho cosas peores.

¿Para qué sirve el fuero? No se trata de escandalizarse ante la vulgaridad de unos cuantos, sino de lamentar que los representantes populares sustituyan las ideas por denuestos y provocaciones; que no hagan su trabajo: el escrutinio serio y riguroso del desempeño de los miembros del gabinete presidencial.

Ni halagos ni insultos por consigna. Los mismos que mandan al diablo a las instituciones se escudan en una de ellas, el fuero, para exudar vulgaridad y contribuir al desprestigio de las prácticas democráticas.

Patanería legislativa

Alfonso Zárate
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal

“Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”: artículo 61 de la Constitución

Eran los primeros días de una nueva Legislatura en septiembre de 1964. Un hombre con un coche modesto llegó a estacionarse en la calle de Donceles, en el Centro Histórico. En aquel tramo de la calle había un señalamiento que decía: “Reservada para los C.C. senadores”. Apenas estaba acomodando su vehículo cuando se le plantó un oficial de tránsito que levantándole la voz le dijo:

—¡Quite su coche, este lugar es exclusivo para los senadores!

El conductor reaccionó con un lacónico:

—¡Chingue usted a su madre!

—Perdone, jefe, usted sí es senador —le respondió sumiso el tamarindo.

Para eso servía el fuero en los días de Gustavo Díaz Ordaz. Con las charolas se podía mentarle la madre a los policías de tránsito, estacionarse en lugares prohibidos, pasarse los altos… pero no legislar; había un solo y único legislador, el señor presidente de la República. El fuero duraba tres años, pero el descrédito toda la vida.

Hoy, en pleno siglo XXI, la alternancia ha potenciado las atribuciones que acompañan al fuero. Pero no necesariamente para bien. Junto a legisladores serios, profesionales, están otros, personajes de historieta, merolicos o “gestores” que usufructúan causas populares; llegan al Poder Legislativo y sienten que con el fuero todo lo pueden. Pero sus bravatas no expresan valor civil sino cretinismo e ignorancia. Sus desplantes no tienen nada que ver con la rectitud y la valentía que mostraron en otro tiempo aquellos legisladores que sabían que denunciar los excesos del poder implicaba arriesgar la propia vida.

Belisario Domínguez, un médico de enorme sensibilidad social y valor civil a toda prueba, condenó el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez y llamó a Victoriano Huerta “impostor”, “inepto”, “malvado que lleva a la patria a la ruina”. Pagó su temeridad con la muerte. Fue asesinado el 8 de octubre de 1913. Aurelio Manrique se atrevió a llamar “¡farsante!” al general Plutarco Elías Calles en plena sesión del Congreso el 1 de septiembre de 1928. Su temeridad pudo costarle la vida y lo sabía. Pero hoy, cualquier patán con fuero se regodea lanzando improperios a secretarios de Estado que acuden a las comparecencias sin los instrumentos jurídicos —aunque también, hay que reconocerlo, en muchos casos sin la estatura profesional— para hacer una defensa lúcida y vigorosa de su desempeño y del gobierno al que sirven. Es inadmisible la precariedad política, cultural, intelectual de varios de los comparecientes, por lo que al final las comparecencias resultan monólogos paralelos con sus respectivos guiones: unos golpean, otros callan y evaden.

No es valor civil el que exhiben los legisladores-patanes, es cobardía. Sin riesgo alguno, se escudan en el fuero constitucional y en las contrahechuras de estas instituciones que le exigen a los comparecientes un comportamiento franciscano: poner la otra mejilla, emular en su humildad a la madre Teresa de Calcuta.

Hemos transitado de la Presidencia monárquica, cuando sólo alabanzas hacia el “jefe de las instituciones nacionales” salían de las bocas de los legisladores, a los gobiernos divididos en los que sobresale la chabacanería de legisladores que no se respetan a sí mismos y faltan a la más elemental cortesía: reciben en su casa, San Lázaro, a los miembros del gabinete para insultarlos. A nadie debe alarmar la estridencia ni la vulgaridad, sino la ausencia de contenidos que reemplazan la argumentación con alaridos.

En una democracia —así sea balbuceante, como la nuestra— la responsabilidad del Poder Legislativo es mayúscula. La Constitución faculta a las dos cámaras del Congreso para realizar el análisis del Informe y citar a los secretarios de Estado, al procurador y a los directores de las entidades paraestatales, a que comparezcan y rindan informes (artículo 69). Pero en vez de usar ese momento para plantearles una crítica acuciosa, sustentada, demoledora, como la del senador Pablo Gómez en la comparecencia de Arturo Chávez Chávez, lo que repiten son insultos e injurias que no buscan examinar a fondo su trayectoria y desempeño —mostrar su incompetencia, sus limitaciones y deficiencias, sus yerros— sino hacer el escarnio de los comparecientes, lo que es más fácil, pero más inútil; les da rating, pero no dignidad.

En octubre del año pasado el diputado priísta Israel Villa llamó “burro pardo” al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas. Hace unas semanas el diputado local priísta Alan Cristian Vargas rompió a patadas una puerta de las oficinas de la Asamblea Legislativa del DF y pretendió justificarse recordando que los diputados perredistas han hecho cosas peores.

¿Para qué sirve el fuero? No se trata de escandalizarse ante la vulgaridad de unos cuantos, sino de lamentar que los representantes populares sustituyan las ideas por denuestos y provocaciones; que no hagan su trabajo: el escrutinio serio y riguroso del desempeño de los miembros del gabinete presidencial.

Ni halagos ni insultos por consigna. Los mismos que mandan al diablo a las instituciones se escudan en una de ellas, el fuero, para exudar vulgaridad y contribuir al desprestigio de las prácticas democráticas.