octubre 09, 2009

La parálisis política mexicana

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

Todo lo que podría andar mal parece andar mal para México, el país latinoamericano cuya economía tendrá el peor desempeño este año. Pero una nueva idea del Gobierno podría volver a poner a este país en el camino a la prosperidad, si es que la empujan en serio.

En este momento, México está peor que en mucho tiempo: la economía caerá casi 7 por ciento este año por la drástica depresión de las exportaciones a Estados Unidos, los precios del petróleo se han desplomado, una epidemia de gripe porcina está causando estragos a la industria del turismo y una oleada de violencia de los carteles del narcotráfico sin precedentes ha ahuyentado a los inversores nacionales y extranjeros.

Pero el mayor problema de México es que el Gobierno del Presidente Felipe Calderón tiene las manos atadas, y puede hacer muy poco para resolver estos problemas. Debido a un sistema político anticuado, México tiene un Presidente débil que no puede hacer aprobar ninguna reforma significativa en el Congreso.

Calderón, que ganó las elecciones de 2006 con tan sólo 35 por ciento de los votos, apenas un 0.6 por ciento más que el candidato perdedor, enfrenta una sólida mayoría opositora en el Congreso. En las elecciones legislativas de este año, su partido, Acción Nacional, sólo consiguió 29 por ciento de las bancas del Congreso.

En consecuencia, las iniciativas de Calderón para reactivar la economía aumentando los impuestos -México es, junto con Guatemala, el país latinoamericano con el menor porcentaje de recaudación impositiva- y abriendo sectores del monopolio petrolero Pemex al sector privado, entre otros planes económicos, han sido sistemáticamente bloqueadas por la Oposición.

Eso no es nada nuevo en México, donde el propio partido de Calderón hizo el mismo juego de obstrucción cuando estaba en la posición. México tiene tres partidos políticos principales, y dos de ellos tradicionalmente bloquean cualquier iniciativa presidencial. Como resultado, el país no va para ninguna parte.

Pero el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, presentó recientemente ante el Congreso una serie de propuestas para destrabar la parálisis política mexicana. Gómez Montt dijo que el Gobierno enviará al Congreso una reforma política que incluirá la ratificación parlamentaria de los miembros del gabinete, la reducción del tamaño del Congreso, de 500 miembros, y -quizás- la introducción de una segunda vuelta electoral, para asegurar que los futuros Presidentes puedan gobernar. Gómez Montt pidió al Congreso "analizar'' si una segunda vuelta electoral sería "conveniente'' para el país.

¿Aceptarán una segunda vuelta los partidos de Oposición? Un funcionario de alto nivel del Gobierno me dijo privadamente que no se puede descartar que lo hagan. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que controla 41 por ciento de los escaños parlamentarios y que es el mayor partido de Oposición, ha dicho inicialmente que está en contra de la idea, pero podría cambiar de idea, me dijo el funcionario.

"El PRI está convencido de que tiene posibilidades de ganar las elecciones de 2012, y tendrían el mismo problema si ganaran'', dijo el funcionario. "Posiblemente terminen aceptando la idea de una segunda vuelta electoral, o algo así''.

Miguel Angel Romero, asesor del líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, me dijo que su partido presentará al Congreso a fines de este mes una contrapropuesta de reforma política "que no incluirá una segunda vuelta electoral''. Las elecciones con segunda vuelta son demasiado costosas, y con frecuencia obligan a los candidatos a formar "coaliciones artificiales'' que no garantizan la estabilidad política, agregó.

La propuesta del PRI incluirá otras ideas destinadas a salir del estancamiento, como la ratificación parlamentaria de los miembros del gabinete -como en EU-, destinadas a crear "un nuevo equilibrio político'' que pueda generar una mayor gobernabilidad, explicó.

Mi opinión: el problema más grande del país es político, no económico. El sistema de toma de decisiones está trabado. La única manera de lograr reformas económicas que hagan a México más competitivo y lo saquen de la crisis será una reforma que cambie la arquitectura política de la nación.

Y eso sólo se podrá alcanzar por medio de una reforma que introduzca un sistema electoral con segunda vuelta, un sistema de representación en el Congreso que le de una mayor sobrerrepresentación al partido ganador, o por medio de la creación del cargo de un Primer Ministro ratificado por el Congreso.

Me temo que cualquier otra cosa condenará a México a una permanente mediocridad en el mejor de los casos, o a un espiral descendente en el peor de ellos.

Ni un peso más III

Denise Maerker
Atando Cabos
El Universal

Definitivamente no debemos aceptar que nos cobren más impuestos. A sólo dos semanas de que se tome la decisión, se nos exige otra vez una mayor contribución sin ofrecer a cambio gastar menos y mejor. Sobran las evidencias de que no hay control ni transparencia en el manejo de miles de millones de pesos, y abundan los casos de pequeños y grandes excesos.

Y no es que no haya buenas razones para aumentar los impuestos. Los especialistas llevan semanas explicándonos que el problema es real y serio, que las finanzas públicas están en problemas y que cada año, conforme disminuyan los ingresos petroleros, será más difícil. Las cifras no mienten: en Brasil la gente paga 20% de IVA y en Chile el IVA es de 19%.

Nadie puede estar tampoco en contra de que se aumente el presupuesto de Oportunidades para mitigar el impacto que tendrán sobre las familias más pobres la crisis económica y el aumento del precio de los alimentos. Y sí, todos tenemos la obligación de pagar impuestos y de participar en el esfuerzo colectivo aunque no lo notemos en la esquina de nuestras casas. En un país con la pobreza y la desigualdad del nuestro, los impuestos se tienen que notar en Chiapas, en Oaxaca, en la Tarahumara y en puertos y carreteras. La discusión no esta ahí.

El problema es que si hoy aceptamos pagar más impuestos sabemos que éstos van a acabar en manos de una clase política que está acostumbrada a los excesos y a la opacidad. Unos datos: entre 2001 y 2007 aumentó 68% el dinero que se gastaron los municipios en burocracia. Los estados recibieron entre 2006 y 2008, gracias a los excedentes petroleros, 14% más de lo que tenían presupuestado, y no sólo se lo gastaron todo sino que además se endeudaron. Estos son los grandes datos. Pero todos los días nos enteramos de excesos inadmisibles.

La respuesta del gobierno y de la clase política a la exigencia de austeridad ha sido muy tímida: una que otra declaración sin consecuencias, uno que otro gesto individual, algunas propuestas sin concretarse y un rechazo escandaloso por parte de los gobernadores y de los legisladores que los obedecen para que se plantee siquiera el que los estados rindan cuentas de las millonarias transferencias que reciben. El tema no les gusta, el dinero es poder.

Además, la política en nuestro país ha sido vista siempre como un medio de ascenso social y una estrategia para acumular riquezas. Por eso, y mientras tanto, ni un peso más.

Sindicatos: nuevas reglas del juego

Arturo Damm Arnal
arturodamm@prodigy.net.mx
La Crónica de Hoy

Para contar con sindicatos legítimos, honestos y eficaces, hay que cambiar las reglas del juego del sindicalismo, comenzando por aquellas que tienen que ver con su financiamiento, mismo que debe ser aportado voluntariamente por los agremiados, trabajadores que deben agremiarse voluntariamente, condiciones indispensables para lograr sindicatos verdaderamente autónomos, autonomía que forma parte de su legitimidad, sin la cual más que garantizar derechos lo que hacen es defender intereses, existiendo una enorme diferencia entre lo primero y lo segundo, sobre todo cuando los intereses a defender son, no los de todos los agremiados, sino los de la camarilla en el poder.

En materia de financiamiento a los sindicatos tres deben ser las reglas del juego: 1) Ningún sindicato recibirá subsidio del gobierno o, dicho de otra manera, el gobierno no obligará a los contribuyentes a entregarle parte del producto de su trabajo para dárselo a los sindicatos, subsidio que, para los contribuyentes, no es otra cosa más que un robo con todas las de la ley. 2) Ninguna ley obligará a la empresa a subsidiar al sindicato, independientemente de cómo se le llame a esa transferencia, misma que al final de cuentas es un impuesto, es decir, un desembolso obligatorio, impuesto por el gobierno, contra el contribuyente, y a favor del receptor de dichos recursos; 3) Todo el financiamiento de los sindicatos provendrá de las cuotas obligatorias de aquellos quienes, ¡voluntariamente!, se hayan integrado a la organización sindical, por considerar que esa es una buena manera, no de promover sus intereses, sino de garantizar sus derechos, pago obligatorio de cuotas que, al final de cuentas o por principio de ellas, resulta voluntario, dada la decisión del trabajador de afiliarse al sindicato.

El sindicalismo legítimo supone, irrenunciablemente, las siguientes libertades. Primera: para crear organizaciones sindicales. Segunda: para decidir, sí o no, la afiliación al sindicato. Tercera: para elegir, éste o aquel, el sindicato al cual afiliarse, tercera libertad que, obviamente, supone la primera. Cuarta: para trabajar sin necesidad de afiliarse a algún sindicato, cuarta libertad que supone, indiscutiblemente, la segunda, libertades que no deben limitarse ni mucho menos eliminarse, por ningún motivo, mucho menos para consolidar algún monopolio sindical, libertades que son la condición necesaria para tener un sindicalismo legítimo, honesto y eficaz.

En el caso de los sindicatos de empresas gubernamentales, que ofrecen algún bien o servicio estratégico (siendo estratégicos los bienes y servicios que, como la electricidad, se usan, de entrada, en todos los procesos de producción), no debe concederse el derecho a huelga, cuando ésta suponga la interrupción en la provisión del bien o servicio. Si los monopolios del gobierno en los sectores estratégicos de la actividad económica son una calamidad, los sindicatos de dichos monopolios son una calamidad, no multiplicada por dos, sino elevada al cuadrado, más interesados en promover intereses, comenzando por los pecuniarios, que en garantizar derechos, comenzando por el derecho del trabajador a la productividad.

¿Quién tiene las ideas suficientemente claras, y los pantalones suficientemente bien puestos para iniciar la reforma del sindicalismo mexicano?

¿Qué hacer con Luz y Fuerza?

Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma

No podemos dejar de decir una palabra ante la insensibilidad y aun torpeza de los dirigentes electricistas, particularmente Martín Esparza, el secretario general del SME. Acaso para mejorar su posición en el frente interno, inauguraron un magnífico gimnasio, vecino a la sede sindical, construido con las cuotas sindicales. Pero deberían saber que además del frente interno, donde el gremio está dividido a la mitad, hay un frente externo, la sociedad, el público, los usuarios, irritados ante lo que juzgan un derroche imperdonable de recursos públicos.

Ese frente externo estaría inclinado a la liquidación del organismo denominado Luz y Fuerza. Y de él se aprovecharía la estrategia gubernamental, si la hay, para cegar ese barril sin fondo en que, por decisiones propias del gobierno, se ha convertido el organismo público denominado Luz y Fuerza, que antaño fue Compañía Mexicana de Luz y Fuerza y después Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Es difícil hallar en ese frente externo defensores del servicio que presta LyF a través del sindicato. La frecuente interrupción del suministro, los cobros abusivos, el maltrato cuando se trata de corregir el consumo mal medido son algunas de las formas de relación de los usuarios con una empresa que, además de esa realidad irritante e inocultable, padece el sostenido esfuerzo propagandístico para desprestigiar al organismo y a sus empleados.

Un importante grupo de organizaciones civiles, algunas de ellas con verdadera implantación social, y otras que son nada más membretes, ha hecho un reclamo que no puede ser desatendido. Con un imperativo Ya, como título, esas agrupaciones publicaron anteayer un mensaje sobre el derroche en LyF, aunque algunas de las deficiencias señaladas, como el "robo de luz", son más bien daños al organismo público que la Policía Federal no impide. La protesta centra su atención en las relaciones laborales: "Las prestaciones a los trabajadores están fuera de toda proporción. Una mujer que es contratada a los 18 años de edad se puede jubilar a los 43 años y gozar de su sueldo de por vida, disfrutando de las prestaciones que otorga el sindicato de ahí en adelante". "El pasivo laboral derivado de las jubilaciones asciende a más de 100 mil millones de pesos. ¿Cómo los vamos a pagar?". "Se cuenta con poco más de 44,500 trabajadores y con más de 22,000 jubilados, lo que resulta que por cada dos trabajadores en activo existe un jubilado". "Se dice que la Compañía puede operar con alrededor de 8,500 trabajadores...". "La Compañía requiere de subsidios permanentes para poder operar. En el 2008 ascendieron a $42,000 millones". "La Compañía está quebrada. Al 31 de diciembre del 2008 su pasivo asciende a 140,900 millones de pesos mientras que su patrimonio es negativo y asciende en cifras rojas a 8,740 millones de pesos".

El mensaje no concluye con un pedido terminante de que LyF cierre sus puertas. Sus firmantes razonan que "en esta crisis... todos debemos poner mucho a favor del país" y se preguntan "¿Qué pone Luz y Fuerza del Centro?". A otras interrogaciones debe también responder el presidente Calderón, ante la conjetura de que pretende liquidar ese organismo, para lo cual debe resolver una cuestión de previo y especial pronunciamiento, el asentimiento sindical. Cuando el presidente Zedillo desmanteló los ferrocarriles mexicanos, eliminó el servicio de pasajeros y entregó las concesiones de carga a particulares (a los que la Comisión Federal de Competencia tiene que frenar para que no concentren el servicio en pocas manos), contó con un sindicato a modo, controlado por Víctor Flores, todavía al frente de esa organización, a quien lo último que importó fue el destino de los trabajadores afectados por esa privatización.

Ése es el camino escogido por el gobierno. Debilitar al sindicato para que la dirigencia que emerja del actual conflicto interno no tenga más remedio que aceptar la disminución de sus condiciones laborales, o bien suscitar una resistencia que implicaría un conflicto violento, sumamente riesgoso si se produce al margen de la ley. Para evitar este extremo, el gobierno debe hacer conocer sus propósitos.

Nadie duda que es preciso transformar el organismo que suministra el fluido eléctrico a las entidades del centro del país. Hay quienes opinan que más vale liquidarlo. No queda claro qué seguiría a esa decisión: ¿la Comisión Federal de Electricidad extendería su operación a los espacios en que actualmente trabaja LyF? ¿Subsistiría el SME con la CFE como patrón sustituto? ¿Se forzaría a los miembros de este sindicato a integrarse al SUTERM? ¿Se respetarían los derechos adquiridos de los jubilados? No sería la solución ideal al problema, pues los usuarios de la CFE no viven en el mejor de los mundos posibles, como lo saben quienes se movilizan a favor de tarifas más bajas, pues son impagables las de ciertas zonas en ciertas épocas.

Otra opción gubernamental puede ser la privatización. No es posible constitucionalmente, pero el presidente Carlos Salinas horadó la ley para que por allí se cuelen modalidades de prestación del servicio eléctrico. ¿Se buscaría recorrer este camino, no obstante la fragilidad jurídica que implica para los inversionistas? ¿Habría un concesionario para todo el territorio actualmente servido por LyF y sólo pasaríamos del monopolio gubernamental a uno privado?

Para tomar una de estas opciones el gobierno requiere varios consensos. No le hacen falta si opta por dar un manotazo

Cajón de Sastre

Más francamente que las agrupaciones citadas en el cuerpo principal de esta columna, María Elisa Graue hizo publicar ayer un desplegado de media plana en que de modo más directo propone un destino para Luz y Fuerza: "Resulta impostergable que el Gobierno de México declare su quiebra". Es un mensaje llamativo por dos razones. Comete errores elementales como decir que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue nacionalizada en 1950, siendo que esa empresa no existía entonces ni en 1960 cuando en efecto se realizó la mexicanización. La firmante tiene el mismo apellido que Bernardo Graue, un politólogo que presuntamente de su peculio pagó el año pasado varios mensajes en donde exponía, obviamente sin decirlo así, los propósitos del gobierno en materia petrolera. Aquellos recados fueron estériles.

La cabeza de la víbora

Francisco Martín Moreno
fmartinmoreno@yahoo.com
Excélsior

He criticado en este mismo espacio al secretario del Trabajo; sin embargo, dentro de un ejercicio de objetividad, reconozco que Lozano está poniendo al gobierno de Calderón en una posición de vanguardia.

A Manuel Reguera: el abogado laboral por definición.

La mayor parte de la sociedad —sólo los sectores podridos y atenazados por intereses inconfesables se oponen— demanda a gritos la liquidación de Luz y Fuerza, empresa que ha devorado y devora el ahorro de los mexicanos. ¿Para qué volver a enumerar los privilegios de que disfrutan los trabajadores de dicha compañía, ciertamente aberrantes, si se les compara con las prestaciones a que tienen acceso los empleados de empresas privadas? Baste decir que LyF es un gigantesco pozo sin fondo, una asociación delictuosa de líderes venales que succionan, a placer y sin piedad, las ubres esqueléticas de la empresa.

Javier Lozano está ejerciendo las facultades que le concede la ley y demostrando una marcada audacia política desconocida lamentablemente en casi todo el gabinete calderonista. He criticado en este mismo espacio al secretario del Trabajo, sin embargo, dentro de un ejercicio de objetividad, reconozco que Lozano está poniendo al gobierno de Calderón en una posición de vanguardia que, de ser bien operada sin ignorar la presencia aviesa de enemigos evidentes y potenciales, bien podría lanzar a México a un estadio de desarrollo y de higiene política, con el que hemos soñado a partir de las medidas expropiatorias suicidas que se ejecutaron irresponsablemente durante el siglo XX. Ahí están los resultados. LyF es tan sólo un caso…

Creo que, dentro de la actual política orientada a desarmar a uno de los sindicatos oficiales que tienen secuestrado a nuestro país, debe existir una meticulosa estrategia que contemple las posibles alianzas que pudiera llegar a trabar el sindicato de LyF en el momento en que se dicte la liquidación definitiva de la empresa. Si Calderón se declaró dispuesto a su propia inmolación para rescatar a la patria, ha llegado su gran oportunidad. La coyuntura ideal se ha presentado de nueva cuenta, sí, pero sobre la base de no perder de vista el escenario en su conjunto. El problema no se reduce al hecho de liquidar al sindicato de LyF, así se indemnice a sus trabajadores en términos legales, no: el conflicto bien puede extenderse a otras uniones de obreros con mucho más poder que el de dicha empresa. ¿O ya se nos olvidó cuando el sindicato de petroleros amenazó al presidente De la Madrid con aquello de que, si se hunde Pemex, se hunde su gobierno y se hunde México?

Quiero pensar que Calderón, Guillermo Galván Galván, Lozano, Gómez Mont, así como los directivos de las instituciones nacionales de inteligencia, llevan mucho tiempo analizando y perfeccionando las estrategias para arrancar a estas enormes sanguijuelas gelatinosas del cuello de las principales empresas públicas mexicanas. Quiero pensarlo: no deseo ni imaginar que se trate de una política aislada todavía no consensuada con las diferentes fuerzas políticas, en particular, claro está, con el PRI… Supongo que ya existe un frente político sólido e inexpugnable, para soportar la feroz embestida que se avecina, obviamente, no sólo encabezada por LyF… Ahí está el sindicato de la UNAM, el de Pemex, el de la CFE, el de la SEP, el del IMSS, entre otros tantos secuestradores más de México, sin contar al sector fascista del PRD o del PT… Entre ellos se brindarán protección: ¡Cuidado!

Otra estrategia jurídico-política para desintegrar a dichos sindicatos consiste en la posibilidad de que el gobierno, previas modificaciones legales en alianza con el PRI, dejara de retener las cuotas sindicales a cargo de los trabajadores. A partir de ese hecho, los empleados pagarían voluntaria y directamente a la respectiva tesorería de su organización, sus cuotas, es decir, el sindicato podría pulverizarse, dividirse entre otros tantos más y, sobre todo, al privar a sus líderes de recursos multimillonarios, se les privaría de toda fuerza política, por lo que, de ahí a su desintegración, bastarían muy pocos pasos… ¡Que pague “quien quiera hacerlo” al sindicato de su preferencia —¿por qué sólo a uno?— pero que sus cuotas tengan un destino claro, democrático y transparente! Que se politicen los sindicatos y que estos mismos administren sus propios recursos. ¿Por qué el gobierno tiene que entregarle las cuotas sindicales a líderes venales, con representación ilegítima, para que aquéllos compren casas de lujo, yates, condominios y ranchos en México y en el extranjero? Usted dirá, querido lector: ¿Es mejor atrapar a la víbora por la cola o por la cabeza..?

Abrelatas

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Las vueltas que dan los legisladores haciendo propuestas en torno del hoyo fiscal recuerdan el famoso chiste del economista y los náufragos en la isla desierta.

Los náufragos hambrientos ven recalar en la playa una lata de conservas pero no tienen como abrirla. Uno de ellos, físico, sugiere exponerla al oleaje de la marea contra la roca. El economista dice: muy mala solución. Si funciona, los alimentos se llenarán de agua salada.

El químico sugiere usar la savia corrosiva de unas plantas que ha descubierto en la isla. El economista dice: muy mala solución. Si los líquidos corroen la lata, envenenarán el alimento.

Los náufragos irritados se voltean contra el economista y le preguntan cómo resolver el problema. El economista responde: muy fácil. Supongamos que tenemos un abrelatas.

Pensé en el chiste cuando leí ayer la propuesta de algunos legisladores de llenar el hueco fiscal que aqueja al gobierno subiéndole el precio del barril del petróleo al documento de ingresos presentado por Hacienda: Supongamos que tendremos más ingresos petroleros de los que vamos a tener.

Naturalmente que en el precio del petróleo puede haber un margen a favor el año entrante. Y que Hacienda está haciendo un cálculo conservador. Pero puede haber también un margen en contra y no hay que jugar apuestas en el mercado de futuros petroleros. El gobierno no está para eso, no queremos un gobierno apostador.

Lo notable en ésta y en otras propuestas es que siguen girando en torno a la receta que dejó de funcionar —llenar el hueco con el petróleo— y no miran hacia lo que exige realmente la situación, que es cómo pagar nuestro gobierno si cada vez son menos los recursos petroleros.

El dilema insalvable ya está aquí y no hará sino crecer con el tiempo: o pagamos más impuestos o tenemos menos gasto. Si queremos pagar menos impuestos tengamos menos gobierno. Y viceversa. La verdad es que siempre hemos tenido la combinación peor: un gobierno a la vez pobre y dispendioso.

Durante demasiado tiempo el petróleo pagó una parte elevada del gasto gubernamental, un porcentaje de 35 por ciento. El petróleo podrá pagar cada año menos de ese porcentaje, porque su declinación no es episódica, sino histórica.

Nuestro desafío fiscal también es histórico. Pide una respuesta duradera para el futuro, porque el hueco fiscal llegó para quedarse.

No podremos seguir llenándolo con petróleo. Hay que llenarlo con recortes o con impuestos, no con los sucesivos abrelatas que pasan frente a nuestros ojos los legisladores.