Dinero sindical

Sergio Sarmiento
Jaque Mate
Reforma

"Sigue el dinero". Garganta profunda, Watergate

En la última renegociación de su contrato colectivo de trabajo, el Sindicato Mexicano de Electricistas pidió a Luz y Fuerza del Centro 160 millones de pesos "para gastos de revisión", los cuales servían para llevar a cabo una "asamblea legislativa" de los trabajadores. La empresa sólo entregó 115 millones de pesos. La asamblea se llevó a cabo con 1,300 trabajadores, de los 44 mil que tenía la empresa. Esto significa que la asamblea le costó al sindicato 88,461.54 pesos por cada trabajador que asistió.

Esta información la dio a conocer ayer el secretario de Trabajo, Javier Lozano, en una conferencia de prensa. Los 115 millones de pesos, señaló, "fueron entregados a los dirigentes del sindicato sin ningún tipo de transparencia y sin saber a dónde fueron a dar". Cuando se hacían revisiones salariales, según el secretario Lozano, también se hacían peticiones especiales; para ellas se otorgaron 35 millones de pesos en 2008, 30 millones en 2007 y 75 millones en 2006. Nadie parece saber cómo se usó este dinero.

No es el SME, sin embargo, el único sindicato en que los líderes manejan de manera discrecional el dinero de los trabajadores. Bajo el pretexto de la "autonomía sindical", la mayoría de las organizaciones obreras de nuestro país han mantenido siempre en secreto sus finanzas. Ni los trabajadores ni ninguna autoridad se enteran de lo que se hace con las cuotas de los trabajadores, ni mucho menos con el dinero adicional que constantemente los líderes piden a los patrones.

Ni siquiera Hacienda puede meterse a revisar los ingresos de los sindicatos ya que no pagan impuestos. Lo anterior no solamente es injusto para los contribuyentes sino que da mayores libertades a los líderes para manejar el dinero a discreción.

Todos los conflictos sindicales tienen como explicación real el dinero. Los sindicatos son negocios que los líderes cuidan con mucho cuidado. El conflicto en el sindicato minero es también un asunto de dinero. Un fideicomiso bancario creado para los mineros de Cananea fue tomado por el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia con el argumento de que sólo el sindicato puede manejar el dinero de los trabajadores. Esta apropiación es el origen de los procesos legales que actualmente enfrenta el líder exiliado en Vancouver, Canadá.

La situación existe porque los legisladores la han permitido. Son ellos los que han dado a los sindicatos un trato fiscal especial y los que han creado un concepto de autonomía sindical que permite que los líderes se eternicen en los cargos de mando y manejen a discreción el dinero de los trabajadores.

Uno puede entender que los líderes sindicales defiendan el sistema que los ha hecho ricos y poderosos. Estos dirigentes nunca aceptarán que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro reciban una indemnización, por generosa que sea, para dar por terminada su relación laboral porque su negocio es el sindicato, el cual desaparecería si el gobierno logra la extinción de Luz y Fuerza.

Lo que sorprende, sin embargo, es que los partidos y activistas de izquierda se hayan unido a un movimiento que busca defender los privilegios de unos cuantos ante los derechos de millones, los mexicanos, que somos los verdaderos propietarios de Luz y Fuerza y de las demás empresas paraestatales. En algún lado se les perdió la izquierda a estos grupos y se volvieron simplemente corporativistas. Al hacerlo, sin embargo, están protegiendo un sistema que ha explotado a los trabajadores para enriquecer a los líderes sindicales.

Fistoles de oro

Me parece bien que los diputados estén revisando los gastos de la Cámara. Eliminarán, por ejemplo, los gastos de alimentación de las comisiones, que ascendían a 35 millones de pesos en el año. También cambiarán los fistoles de oro que usan por unos de latón, con lo que ahorrarán 2 millones de pesos al año. ¿Cuánto? ¿Pagábamos los contribuyentes 2 millones de pesos por los fistoles de los diputados?

Preguntas impropias

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Con su habitual, insólita, libertad de espíritu, Luis González de Alba ha postulado que hay una paidofilia buena y una mala, una que le hace bien a los menores, pues satisface sus necesidades y fantasías, y otra que abusa de ellos. (MILENIO, 11/10/09).

El planteamiento deja caer una interrogación como un mundo: ¿hay que castigar el sexo consentido entre menores y mayores de edad? ¿Todos los menores son víctimas sexuales cuando se relacionan con adultos o pueden ser gozosos cómplices del hecho?

Y cuando son buscadores activos de la transgresión penalizada, ¿siguen siendo la parte a proteger o simplemente desafían nuestros prejuicios opresivos, vueltos ley, sobre la sexualidad infantil y adolescente?

Hablo, como Luis, del sexo consentido entre menores y mayores de edad. El sexo no consentido, logrado bajo cualquier forma de coerción, es punible por sí mismo, en todas las edades. Y debe castigarse con particular rigor cuando se ejerce contra menores, lo mismo en redes de prostitución y pornografía infantil y juvenil, que en los casos de abuso familiar.

Hace poco, la revista The Economist dedicó un artículo a explorar los efectos perversos de leyes virtuosas contra el abuso sexual, leyes que han vuelto sex offenders a una gigantesca cantidad de ciudadanos (900 mil, si recuerdo bien). Leyes y jueces incluyen en esa categoría y dan trato social parejamente discriminatorio al violador y al acusado de cualquier trato o intento de trato sexual con un menor.

La discriminación del trato consiste en que las señas y la dirección del sexual offender está a disposición de todos los ciudadanos interesados, a fin de que los vecinos de cualquier barrio puedan saber cuántos sexual offenders hay en ese barrio y dónde viven.

En Los Ángeles, el sexual offender está obligado a poner un letrero en su ventana diciendo que ha sido procesado como tal.

El problema es que la mayoría de esos sexual offenders no tiene nada que ver con el abusador sistemático, el violador, el proxeneta o el pornógrafo infantil y juvenil, sino con gente que ha tenido o intentado tener, relaciones con un menor. O que las ha consentido.

Un caso notable citado por The Economist es el de una mamá que fue procesada por consentir que su hija, menor de edad, tuviera relaciones sexuales con su novio, también menor de edad, en su propia casa.

La pregunta, enorme, sigue ahí: ¿qué hacer con la sexualidad, consentida o activa, del menor en busca de placer con otro menor o con sus mayores?

La respuesta quizá no puede ser sino una: no hay que hacer nada, hay que dejarla ser. Pero apenas escribo esto me doy cuenta de que piso terrenos pantanosos, de que no hay respuestas sencillas, ni cortas, ni generalizables, para las buenas preguntas.

Palo a Ulises

Francisco Garfias
www.elarsenal.net
Arsenal
Excélsior

No sucedió en el Caso Atenco, con Enrique Peña Nieto. Tampoco en el de Lydia Cacho con el gober precioso. Pero al gobernador Ulises Ruiz no se la perdonaron. Una mayoría de ministros de la Suprema Corte lo consideran responsable “por omisión” de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Oaxaca, durante el conflicto que se vivió en la entidad en 2006.

Los ministros enmendaron incluso la plana a su colega Mariano Azuela, encargado de la investigación, quien había señalado que Ruiz tenía “responsabilidad limitada”. Al final quedó establecido que la responsabilidad del gobernador de Oaxaca es lisa y llana.

Azuela tendrá ahora que hacer lo que se llama el “engrose” —las suma de las opiniones de todos los ministros— y detallar de qué tamaño son las omisiones de Ulises. El documento final será enviado a la Presidencia de la República, la PGR y el Congreso local. Pero también a la Cámara de Diputados, donde ya se habla de fincarle juicio político al gobernador de Oaxaca. ¿Adiós a sus sueños de presidir el PRI?

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En la reunión que sostuvieron ayer los integrantes de la cúpula del PAN con el presidente Calderón se registró una notable ausencia. Josefina Vázquez Mota no acudió a Los Pinos. La coordinadora de los diputados del PAN se encontraba en plena negociación sobre el Presupuesto, en un lugar no precisado. Sus colaboradores adelantan que se prepara una sorpresa en materia de egresos. ¿Qué será, será..?

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Hoy es la prueba de fuego para el SME. Veremos de qué tamaño es la fuerza de su movimiento. A la marcha de esta tarde está convocada la clase obrera. Traen de refuerzo al movimiento obradorista, con El Peje a la cabeza. ¿Cuántos juntarán? ¿100 mil? ¿200 mil? ¿Más? ¿Menos? El número importa para que el gobierno le mida el agua a los camotes, pero no para resucitar Luz y Fuerza. No hay marcha atrás en el decreto.

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El método de elección del candidato a gobernador de Veracruz provoca polémica en el seno del PAN. Los partidarios del elbista Miguel Ángel Yunes, actual director del ISSSTE, quieren unos comicios acotados a los militantes. Alegan que abrirla a los adherentes, que son más, es entregarla a Gerardo Buganza, “es decir, a Fidel Herrera”.

Hay otros dos azules que aspiran: el senador Juan Bueno Torio, y el ex alcalde de Veracruz, Julen Rementería.

En el PRI navega solito el diputado Javier Duarte, delfín del gobernador.

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La muerte de Ramón Rodríguez Reyna, corresponsal en Maimi de Notimex, puso al descubierto la compleja situación laboral que viven los trabajadores de esa agencia estatal de noticias asignados en el extranjero. A la viuda no se le cubrieron los gastos funerarios, tampoco el traslado del cuerpo, mucho menos una pensión.

El director de la agencia, Sergio Uzeta, admite que la situación es compleja, debido a que los corresponsales en el extranjero fueron contratados en anteriores administraciones, bajo el concepto de Servicios Profesionales por Honorarios, y ahorita la SHCP está intransitable.

“No existe forma de reconocerles derechos laborales, ya que por su forma de contratación no se les puede considerar como empleados de Notimex, aún con la permanencia y constancia de tantos años prestando sus servicios de manera exclusiva a la agencia”, dice un escrito entregado a este reportero.

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Cambios en la CNOP: ChonOrihuela va a la secretaría ejecutiva; Óscar Pimentel a la de organización; Silvio Lagos, a gestión social; Alfredo Villegas, a coordinación legislativa; y Eduardo Sánchez, a planeación y evaluación. El relevo del líder cenopista, Marco Bernal, quien aspira a gobernar Tamaulipas, no es para ahorita. Emilio Gamboa tendrá que esperar.

www.elarsenal.net

http://panchogarfias.blogspot.com

La muerte del corresponsal de Notimex descubre una compleja situación laboral.

Luz… y fuerza

Alfonso Zárate
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal

Ya era hora. Tanto sembraron “diablitos” que al final se les apareció Satanás. Ahora resulta claro a qué se refería el presidente Calderón cuando en su mensaje del 2 de septiembre advirtió que el país requería cambios de gran calado y que los haría aún a pesar de sus riesgos y costos.

En los últimos años, el descrédito del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue creciendo: lo vulneraron la ineficacia y la corrupción; las trampas en sus elecciones internas que agotaron su perfil democrático; el discurso bravucón, intimidatorio, hacia la autoridad; su resistencia a instrumentar los programas de productividad pactados; el agotamiento de la empresa mientras la cúpula sindical engordaba... El SME terminó constituyendo un dique a la salud financiera, la modernización y la eficiencia. Poco a poco fue mostrando nítidamente su verdadera naturaleza: el “comité central” no resultó sino una camarilla apropiada de la empresa que hizo del patrimonialismo su modus operandi.

La arrogancia y la insensatez de esa dirección sindical se nos restregó una y otra vez a lo largo de los años. Sólo dos ejemplos: después de la demanda incluida en el pliego petitorio de la más reciente revisión de su contrato colectivo de terapia con delfines, la última excentricidad fue la inauguración, en plena época de “vacas flacas”, de un gimnasio que requirió una inversión de 103 millones de pesos.

Nadie debería reprobar que en un país de enormes desigualdades haya un sector de trabajadores con jugosos ingresos y prestaciones. Lo grave es que esas condiciones no corresponden a la realidad de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ni del país. No estamos ante una empresa minera o telefónica que gana miles de millones al año y en la que el reclamo de una distribución más justa de la renta se justificaría plenamente. Aquí, por el contrario, los gravosos términos pactados en las negociaciones colectivas se explican por la debilidad en unos casos y la irresponsabilidad en otros, de quienes, desde la dirección de la empresa y los niveles políticos más altos, fueron cediendo a lo largo de décadas a pliegos petitorios onerosos, excesivos, que hoy pesan sobre los contribuyentes y resultan impagables.

Con sentido de oportunidad política —la celebración del triunfo de la Selección Mexicana de Futbol sobre la de El Salvador—, la Policía Federal ocupó las instalaciones mientras se publicaba en el Diario Oficial la decisión gubernamental de extinguir el organismo público Luz y Fuerza del Centro.

Lo que ocurra con LyFC y el SME es un asunto de seguridad nacional, tanto por su ubicación geográfica (atiende la zona central de la República, aproximadamente, 25% de los mexicanos) como porque asegura el funcionamiento de zonas industriales que generan aproximadamente 40% de la producción nacional.

Detrás de la decisión del gobierno de Felipe Calderón hay razones económicas, técnicas, políticas... En lo económico, la inviabilidad de la empresa que impactaba severamente en el presupuesto; en lo técnico, los impactos en la prestación del servicio de la deficiente operación; en lo político, evitar que el mal ejemplo cundiera y restarle recursos al presidente legítimo.

Como en tantos otros espacios de la vida pública, el sector eléctrico mexicano debe cambiar profundamente y en plazos muy cortos, tomando en cuenta las décadas de atraso tecnológico, abandono financiero y desorden administrativo, y transformarse para responder a las exigencias económicas, socioproductivas y democráticas del nuevo tiempo mexicano inscrito en el complejo escenario mundial.

Pero ante la liquidación de la empresa no sigue el pasmo; distintas acciones de resistencia están en curso y, a diferencia de otras organizaciones, los electricistas no están solos. El SME —un sindicato pragmático con un discurso de izquierda— se ubica en el sindicalismo llamado “independiente” y su densa red de aliados incluye lo mismo académicos que partidos políticos, sindicatos que organizaciones sociales e, incluso, grupos antisistémicos. Por eso a sus movilizaciones, como la de esta tarde, se agregará un variopinto conjunto de organizaciones que intentarán estirar la liga y pueden trastocar la capital del país y otras áreas bajo su influencia.

El expediente no está cerrado. La decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro puede detonar un movimiento social de gran envergadura que, más allá de la protesta callejera, incluya la interrupción intencional del servicio o, incluso, expresiones de sabotaje que afecten el suministro de la energía eléctrica.

En un momento en que el desempleo alcanza niveles inéditos, se suman 40 mil desempleados más, al tiempo que crece el número de pobres. Estos y otros datos (la lenta recuperación de la economía, la caída de las remesas, etcétera) parecen configurar condiciones para una conflictividad social en la que el SME no sería sino un pretexto, porque los verdaderos temas son el empleo, la desesperanza y el resentimiento social.

El gobierno de Felipe Calderón hizo lo que tenía que hacer. Se necesitaba algo más que determinación para enfrentar a esta organización y se tuvo: luz… y fuerza.

Por qué defender al SME

Carlos Elizondo Mayer-Serra
elizondoms@yahoo.com.mx
Reforma

Hay cuatro razones para que usted defienda a LyFC y sobre todo a su sindicato, el SME, el dueño real de la empresa extinta el fin de semana pasado. Una, su oposición por principio al Presidente. Lo que haga Calderón es criticable y sospechoso. Los adversarios de Calderón son, por definición, aliados del sindicato. Dos, usted recibe dinero, apoyo político de algún tipo o energía eléctrica gratuita a través de un diablito tolerado o vendido por el SME. Tres, usted tiene acceso al gimnasio de 100 millones de pesos inaugurado por el SME hace una semana o recibe alguno de sus privilegios, como retirarse a los 30 años de servicio, sin importar la edad que tenga. Tal era el caso de su líder, Martín Esparza, quien inició labores en la empresa a los 15 años de edad, la plaza se heredaba o se conseguía con el apoyo de familiares miembros del SME. Cuatro, usted es parte de un sindicato con ese tipo de abusos contra el contribuyente y cree será el siguiente en ser disciplinado.

Si no se encuentra usted dentro de las anteriores causales es absurdo no apoyar la medida del gobierno de Calderón, salvo preguntarse por qué no lo hizo en marzo del 2008 cuando se renegoció el contrato colectivo. El gobierno, desde hace décadas, para evitar problemas, fue avalando los excesos. Total, la cuenta parecía pagable y no era su dinero. Con todo, siempre es mejor más tarde que nunca.

Los números hablan por sí solos. Los 43 mil 720 trabajadores serán sustituidos por unos 10 mil de la CFE, que sin ser modelo de eficiencia, lo es mucho más que LyFC. Para mantener ese exceso de personal y sus generosas pensiones, dada la joven edad de retiro, tuvimos los contribuyentes que darles este año 41 mil 945 millones de pesos, más que el presupuesto combinado de la UNAM, el IPN y la UAM.

En otros países una empresa como ésta, en la zona más privilegiada para dotar del servicio eléctrico a sus habitantes dado su ingreso y su concentración, ya sea pública o privada, gana dinero. Acá la subsidiábamos. Estos recursos fiscales han costado empleos en otros lados, por los impuestos de más que tenemos que pagar y que castigan el consumo y la inversión de un conjunto de contribuyentes. O por ponerlo por el lado del gasto, sin este injustificable exceso que ha sido LyFC podríamos haber duplicado la oferta educativa federal en la Ciudad de México, con los consiguientes empleos adicionales, sin aumentar un centavo los impuestos. Sólo la UNAM tiene más de 38 mil trabajadores, entre personal administrativo y académicos de tiempo completo.

Un país que tolera una empresa organizada en torno de un sindicato que le extrae recursos y que, como no puede quebrar luego exprime al fisco, no puede pretender ser serio ni crecer a tasas más elevadas. Por supuesto que hay muchos otros excesos, y el gobierno deberá también enfrentarlos. Sin embargo, bajo cualquier indicador LyFC y el SME eran el peor de los abusos. Además, en términos operativos era relativamente fácil cubrir el servicio con la otra empresa del Estado, como lo estamos viendo, sin problemas mayores en el suministro de electricidad y también es pagable liquidar conforme a la ley y al propio contrato colectivo a todos los trabajadores afectados.

Con esta decisión, finalmente el Estado recupera la rectoría sobre el sector. Se trata de una segunda nacionalización del sector, dado que LyFC estaba privatizada a favor del SME. Con la decisión de darle la tarea a la CFE, no sólo se cumple con el objetivo inicial de la nacionalización de la industria en 1960, sino que se revierte una de las más oportunistas decisiones de Salinas, quien detuvo el proceso de liquidación de LyFC porque el SME, con ese talento que tuvo para maximizar la exprimida de recursos al fisco, fue el primer sindicato que le dio a Salinas su apoyo después de su controversial y disputada elección. Con ello, el SME ganó 20 años más de explotación al contribuyente.

Queríamos recortes del gasto más de fondo. Por supuesto que a alguien le duelen, pero acá está uno importante. Ahora el gobierno deberá disminuir sus pretensiones recaudatorias.

Con su extinción, ganamos los contribuyentes. Sin embargo, veremos por varias semanas hasta dónde pueden llegar los afectados por la medida. El SME, como lo ha dicho ya sin pudores, va a tratar por todos los medios de recuperar su empresa y son muchos quienes tienen razones para apoyarlos, mientras que los ganadores con este tipo de medida no solemos salir a la calle a apoyar la decisión.

Hoy, el último canto del SME

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Marcharán decenas de miles. Atravesarán el centro de la ciudad, pisarán el Zócalo religioso y lanzarán las viejas consignas del siglo XX, que poco dicen al final de la primera década del XXI, y de poco le servirán a un sindicato al que ocho de cada diez ciudadanos le han volteado la espalda.

El SME presumirá esta noche que 100 mil almas, o más, marcharon en respaldo de su lucha. Pero sabrá bien que esos 100 mil, o más, son los amigos: los de a de veras, o a los que no les quedó de otra. Denunciará la “ilegalidad” en la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Reclamará una mesa de diálogo con el gobierno que ya lo liquidó. Señalará la estrategia privatizadora de “la oligarquía”. Renegará de los medios y soltará una que otra mentira, comprensible en los días de batalla, como ésa de que Los Pinos no paga la luz.

¿Y después? Es probable que se anuncie un plan de resistencia. Moderado, porque los líderes saben que la sociedad no los acompañará en una aventura tipo plantón de Reforma 2006. El golpe del sábado les quitó la iniciativa. Y el oxígeno.

La suerte del SME, contrario a lo que varios creíamos, no se jugará en las calles, así vengan otras “megamarchas”. Se definirá en la capacidad que tenga la Comisión Federal de Electricidad en los próximos 15, 20 días para operar la desmedrada infraestructura, más o menos como la operaba el satanizado SME.

Si la CFE lo hace, y además el número de electricistas que pasen a cobrar las suculentas liquidaciones es cuantioso, el SME, ya derrotado en los hechos, habrá sido barrido de la faz de la tierra.

La marcha de esta tarde, pues, no sería más que el canto del cisne. Ronco. Triste: no por los líderes, sino por los muchos buenos electricistas que hoy pisarán el Zócalo religioso.

Por México, ¡fuera fueros e impunidades!

Rafael Álvarez Cordero
raalvare2009@hotmail.com
Excélsior

Vimos con sorpresa y agrado cómo, unidos y coordinados, Gobernación, Hacienda, Trabajo, Energía y Comisión Federal de Electricidad, dieron en minutos el más contundente golpe al charrismo sindical.

Bien y de buenas estuvo el sábado pasado el Presidente, mostró lo que debe hacer un primer mandatario para acabar con la impunidad y, de un solo golpe, con precisión quirúrgica, logró lo que por sexenios parecía imposible, liquidar a Luz y Fuerza del Centro y, de paso, acabar con el insaciable y corrupto Sindicato Mexicano de Electricistas.

Y vimos con sorpresa y agrado cómo, unidos y coordinados, Gobernación, Hacienda, Trabajo, Energía y Comisión Federal de Electricidad, dieron en minutos el más contundente golpe al charrismo sindical; lo que será histórico y puede ser presagio de otras acciones igualmente benéficas para México.

Tradicionalmente, la impunidad y los fueros han dañado al país y, si Calderón decidió de una vez por todas terminar con la impunidad sindical —escudada en consignas como “autonomía”, “derechos sindicales” etcétera—, debe continuar con otros sindicatos, mientras los legisladores terminan con el mentado “fuero”.

Porque hoy el fuero es una patente de corso: el clown nacional Fernández Noroña quiere entrar por fuerza a Palacio Nacional para “exigir la renuncia de Calderón”, los guardias lo quieren detener y él les grita que no le pueden hacer nada “porque tiene fuero”; el decrépito Porfirio Muñoz Ledo ocupa un asiento de primera clase en un avión, teniendo boleto de turista, la azafata le pide que se quite porque otra persona tiene su boleto y él se niega, “porque tiene fuero”; el diputado-porro Cristian Vargas llega a su oficina de la Asamblea de Representantes, la encuentra cerrada y la rompe a patadas, luego golpea a una funcionaria de Medio Ambiente y le roba su bicicleta, “porque tiene fuero”.

¿Cuántos casos conoce usted así?, ¿cuántas veces el mentado “fuero” ha solapado a ladrones, narcos y aun asesinos?

El llamado “fuero” o “inmunidad parlamentaria” como aparece en la Constitución, es simple y sencillamente una cortina de humo para que los delincuentes se oculten y no puedan ser juzgados, junto con Noroña y Muñoz Ledo y Vargas, vemos a legisladores que fuman en San Lázaro, que, borrachos, estrellan sus autos, atropellan a inocentes, orinan en la vía pública y el “fuero” los protege. Vemos al gobernador de Jalisco, al alcalde de Celaya y aun a la gobernadora de Zacatecas dando dinero a las iglesias y erigiendo estatuas a la Purísima Concepción. Los fueros, como las impunidades, deben desaparecer.

En 2007, diputados del PRI y del PAN presentaron iniciativas para acotar el fuero, como ya está acotado en las constituciones de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, España, Francia, Italia, Estados Unidos, pero esas iniciativas aún duermen en la congeladora.

¡Fuera fueros e impunidades!, que los sindicatos ayuden realmente al desarrollo del país, que los buenos trabajadores tengan recompensa, que los malos líderes vayan a su casa o a la cárcel, que los legisladores y funcionarios que violan las leyes sean desaforados y castigados.

Es tiempo de leyes, no exigimos nada menos.

SME: las mentiras

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

Del viejo refranero de la política rescatamos un clásico: “Cuando se acaban los argumentos, aparecen mentira e insulto”. Y viene a cuento por la reacción del SME y sus aliados a la sorpresiva liquidación de LyFC. Es evidente que se quedaron sin argumentos y que, por ello, reaccionaron con el arsenal de mentiras.

1. La madrugada del domingo 11, voceros y líderes del SME gritaron a los cuatro vientos que en la toma de las instalaciones de LyFC participó el Ejército. ¿Por qué esa mentira? Porque intentaron darle al golpe un matiz represivo. Saben que venden el 68 y el 71.

2. Con la misma lógica gritaron que la PFP reprimió y golpeó a trabajadores y causó destrozos. Mentira, porque de haber existido un solo golpeado, lo habrían exhibido como espectáculo de circo.

3. Sin ofrecer un análisis, estudio o peritaje de especialistas, también gritaron que el decreto era ilegal e inconstitucional. Estrategia idéntica a la del “fraude”, luego del 2 de julio de 2006. Sin evidencia, reclamaron controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad y, en el extremo, crear una comisión del Congreso. Mentira y pataleo.

4. Con mayor estridencia que las anteriores mentiras, antes, durante y después de la liquidación de LyFC gritaron que el perverso gobierno escondía la privatización eléctrica y el remate a particulares de la fibra óptica. Mentira, la CFE se hará cargo, y punto.

5. En el colmo del engaño y la desesperación, Martín Esparza gritó fuera del Congreso que en Los Pinos no se pagaba la luz. Mentira que exhibió como mentiroso a Esparza, quien no ha dicho que es un rico hacendado —criador de caballos y gallos— y gana 372 mil pesos al mes.

6. El martes, voceros y líderes del SME dijeron en diversos medios que policías federales secuestraban a trabajadores para llevarlos a reparar las fallas; que les ofrecían 26 mil pesos para regresar a trabajar; que los sacaban de sus casas por la fuerza para hacer reparaciones... Todo eso lo avaló el propio Esparza. Mentira que tampoco prendió.

7. Los dirigentes del SME dijeron públicamente que no habría sabotaje. Lo cierto es que en buena parte de las colonias donde se registraron apagones, la CFE encontró “las cuchillas bajadas”. Por prudencia, el gobierno no ha hablado de sabotaje, pero coinciden las “cuchillas bajadas” con los reportes de falta de suministro. ¿Casualidad?

8. Dice el SME que tiene el apoyo social. ¿Apoyo social o acarreo interesado? Al tiempo.

EN EL CAMINO En el PRI van a salir con su domingo siete. Apoyarán buena parte del presupuesto de Calderón, pero le darán una revolcada. Por eso el secreto.